Perú

Anuncian marcha de sacrificio desde Bambamarca a Cajamarca por contaminación ambiental

Dirigentes sociales de Hualgayoc vienen buscando llamar la atención a la situación de contaminación ambiental, así como para que se tome en cuenta su pedido de que no haya más expansión de la actividad minera en la provincia.

En tal sentido, además de la denuncia que hace unos días se interpuso en contra de Minera Gold Fields por el derrame ocurrido en diciembre del año pasado, y el viaje realizado esta semana a la ciudad de Lima para difundir la situación en la zona y la de los dirigentes, se ha programado la denominada “Marcha de Sacrifico” para el mes de noviembre, desde la ciudad de Bambamarca hasta Cajamarca.

Como se conoce, la distancia entre ambas ciudades es de 113 kilómetros que comprenden zonas altas por encima de los 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar y llegando hasta los 3 mil 900 metros. Según el dirigente del Comando de Lucha, Víctor Cruzado, las personas que se sumen a la marcha caminarán esta distancia con la finalidad de exigir atención para las personas contaminadas, la remediación ambiental y mostrar su rechazo a la minería. El objetivo es que lleguen caminando hasta la sede de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la ciudad de Cajamarca.

“Las personas que iremos caminando llevarán el mensaje del pueblo, enseñando los resultados (de la actividad minera) a la Fiscalía, porque la vida y la salud están graves. No podemos esperar a ser como Cerro de Pasco, estamos a tiempo. Invitamos a las autoridades y dirigentes que se sumen a la marcha. Luchamos por las personas contaminadas para que los niños tengan vida saludable, sean indemnizados y nunca más haya contaminación en esa gravedad, como lo han hecho las empresas mineras”, dijo en declaraciones a medios de comunicación de Bambamarca.

Según Cruzado, en la sede de la Fiscalía se exigirá que se avance en la denuncia realizada hasta que se emita sentencia en contra de Gold Fields por el derrame del año pasado. Del mismo modo, se presentarán los resultados de las personas a quienes se les ha detectado presencia de metales en la sangre producto de la contaminación por los pasivos ambientales sin remediar, presentes en la provincia desde hace décadas. Precisamente, se coordinará la participación en algunos tramos de la marcha de las personas afectadas por la contaminación.

“Nuevamente haremos historia porque iremos en marcha de sacrificio. Perderemos uno o dos días, pero no podemos condenar a niños o personas que mueran por la grave contaminación de las empresas mineras. Queremos hacer un día de sacrificio para pedir que se atiendan a las 372 personas contaminadas y para decir que no queremos más expansión ni contaminación minera”, añadió.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/anuncian-marcha-de-sacrificio-desde-bambamarca-cajamarca-por-contaminacion-ambiental?fbclid=IwAR2lG0XlM_spAqQG6ounJ2RNPhI3aVK1xGggnMUe1si1ncRdhODVXvqjB_k

Perú

Pobladores del distrito de Pisac no permitirán concesiones mineras

Pobladores del distrito de Pisac de la provincia cusqueña de Calca, ayer desarrollaron una singular movilización pacífica hacia nuestra ciudad, en protesta contra las concesiones mineras que se presentaron en dicha localidad, el cual no lo permitirán de ninguna manera.

Los dirigentes campesinos, señalaron que emprenden esta lucha en defensa de la vida y no a la minería que es un atentado para ello, por esta razón demandaron a las autoridades de la ciudad y la región a que los apoyen y eviten este propósito.

En esta ocasión la delegación se movilizaron ante el INGEMENT, Gobierno Regional, Ministerio de Cultura donde presentaron los memoriales, exigiendo a que intervengan de oficio y se retire la concesión que tiene el ciudadano Esteban Sicuas, el cual rechazan de plano.

Explicaron que la concesión minera está en la comunidad campesina de Pampallaqta, que está a 20 a 30 minutos del distrito de Pisac donde hay tres lagunas que son centros de riego de terrenos de cultivos donde se pretende imponer la minería artesanal, el cual afectará la contaminación toda vez que en esta zona hay minerales del oro, plomo y  plata.

“Demandamos al Congreso de la República a derogar la ley de la minería que afecta a la población, desde el distrito de Pisac, vamos a implementar las medidas de fuerza más drásticas.

 

Fuente:https://aprimerahora.pe/2019/08/13/pobladores-del-distrito-de-pisac-no-permitiran-concesiones-mineras/?fbclid=IwAR0Qx2U61G5NIx6jlDvG8bEFKy7Y6YNcVvADz4GTAz00A3V0ygv_LZ044Lg

Costa Rica

Pueblos Indígenas de Costa Rica denuncian despojo y violencia

Venidas/os de diferentes Territorios, de los Pueblos Chorotega, Maleku, Bribri, Cabécar, Boruca, Bröran, Ngöbe, delegadas y delegados con el propósito de realizar las Sesiones de Apertura e Instalación del Congreso Indígena Nacional (COIN) en Costa Rica, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Nos unen los valores del Buen Vivir, la defensa y el respeto de nuestra Madre Tierra, nuestra autonomía, diversidad e identidad cultural y espiritual.

Reconocemos que estas Sesiones de Apertura e Instalación del Congreso Indígena Nacional son parte de un proceso previo de encuentros preparatorios en las comunidades desde el año 2018.

Manifestamos que el Congreso Indígena Nacional constituye un espacio de participación indígena para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural y espiritual, y la articulación de los Pueblos Indígenas en Costa Rica con motivo de avanzar en una Agenda Común Propia y representativa desde la Autonomía de los Pueblos Originarios y nuestros Derechos reconocidos por Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la legislación costarricense.

Considerando que el día 8 de agosto del 2019 se realizó la Primera Sesión de Apertura e Instalación de este Congreso donde se adoptaron acuerdos básicos para la organización y funcionamiento; consensuamos comisiones interculturales e inclusivas de: Facilitación, Ceremoniales, Secretaría y Comunicación; hemos trazado las claves de funcionamiento del Congreso Indígena Nacional en Costa Rica. El Congreso está abierto e instalado.

Afirmamos en reunión y reflexión que la Agenda del Estado y Gobierno costarricense No representa la voz de los Pueblos Indígenas en Costa Rica. La Agenda Oficial del Estado costarricense tiene planes de desarrollo que No son compatibles con los valores que nos unen. La Agenda estatal ha sido contraria a nuestras espiritualidades y ha logrado que con la imposición de sus programas y políticas, algunas/os de nuestras/os hermanas/os se sientan ajenos a los temas propios de nuestra realidad y por eso no se identifican con la lucha de sus derechos.

Repudiamos la indiferencia del Gobierno hacia el proceso de recuperación de tierras ejercido de forma directa por compañeras/os indígenas en diferentes pueblos como parte del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma, en muchos casos con el cómplice respaldo a personas usurpadoras; incluso en claro desacato de la Medida Cautelar 321-12 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Resolución 16/15 del 30 de abril del 2015, las cuales ordenan al Estado costarricense la adopción de medidas que garanticen la vida e integridad personal de nuestras/os hermanas/os en Térraba y Salitre, como quedó demostrado con el asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz a pesar de ser beneficiario directo y la continua amenaza, agresiones y persecuciones a quienes seguimos luchando por nuestros derechos.

Denunciamos que después de 527 años de conquista y colonización, continúa la violencia e ineficiencia articulada y cómplice de los órganos del Estado, en especial del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo, con sus instancias gubernamentales como el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio de Seguridad bajo mando del Presidente de la República, jueces y fiscales, que crearon un clima propicio para la violencia contra los Pueblos Indígenas y el favorecimiento a personas No indígenas.

Responsabilizamos al Estado y Gobierno costarricense por la criminalización de nuestra lucha, que ha llegado al asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, miembro del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). El incumplimiento de las leyes y la inoperancia de las estructuras Estatales en continua y manifiesta negligencia de sus deberes en cuanto a ordenamiento y saneamiento territorial, en observancia del Derecho Consuetudinario, es causa estructural y sistemática de la violencia contra nuestros pueblos, del despojo de nuestras tierras y la violación a nuestros derechos.

 Reafirmamos que nuestra defensa es por el Proyecto de Vida de cada uno de nuestros Pueblos, frente al Proyecto de Muerte que pretende nuestra aniquilación a veces disimulada y otras descaradas.

 Manifestamos que el Proyecto de Muerte a nuestras culturas es todo aquello que amenaza el fluir de Nuestra Madre Tierra, pretende el despojo y exterminio de nuestras culturas.

Alegres nuestros espíritus y con la disposición de sacar adelante nuestra causa, hemos consensuado y reafirmado la importancia de articularnos con la mirada en alto. La lucha y la causa indígena son ancestrales, hoy seguimos defendiendo a Nuestra Madre Tierra, nuestros Territorios, Cultura, Identidad Lengua y Autonomía.

Recordamos y reafirmamos que aunque la sangre de compañeras/os ha sido derramada vilmente, seguiremos defendiendo nuestro derecho a la Tierra, a la Autonomía de nuestros Pueblos, a la Libertad, nuestro derecho al Buen Vivir; no vamos a claudicar.

Enfatizando que somos los descendientes directos de los pueblos originarios, con respaldo del Derecho Consuetudinario e instrumentos legales que le protegen, exigimos la ejecución del correspondiente saneamiento territorial para que las tierras sean devueltas a nuestros pueblos y queden libres de invasiones y usurpaciones.

Reclamamos el respeto de nuestra Autonomía para el fortalecimiento sin obstaculización de las estructuras ancestrales que transmiten nuestra Cultura, Espiritualidad, Educación Propia y Derecho Originario.

Rechazamos que nuestras tierras se entreguen a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs) por ser una estructura impuesta; nuestras tierras deben ser devueltas a los pueblos indígenas y que sean las estructuras de Autogobierno Tradicional de cada Territorio las que las administren.

También rechazamos cualquier estructura o entidad impuesta por el Estado. Los Pueblos Originarios tenemos Autogobiernos Propios, estas son las únicas estructuras legitimas para decidir sobre cada acción en nuestro Territorio.

Identificamos que nuestras prioridades colectivas y comunes giran en torno a defender a Nuestra Madre Tierra y luchar a favor de la recuperación de nuestras Tierras, Espiritualidad, Autonomía, Cultura, Gobernanza Tradicional, Identidad, Educación propia, la búsqueda de la Unidad Nacional de los Pueblos Indígenas en Costa Rica y la erradicación de instancias impuestas como las ADIs, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Mesa Nacional Indígena y cualquier otra que haya pretendido acaparar nuestra voz.

Proclamamos en los siguientes siete ejes la Agenda Común Propia Indígena, Recuperación de Tierras, Autonomía, Cultura, Gobernanza Tradicional, Identidad, Espiritualidad, Educación Propia. Esta Agenda la trabajaremos en cada Comunidad, en cada Territorio, en cada Pueblo.

Destacamos la obligación del Estado y Gobierno costarricense frente a los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación de instrumentos que reconocen Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la existencia en letra de múltiples normas nacionales en ese mismo sentido.

Demandamos del Estado y Gobierno de Costa Rica el respeto y voluntad política para la ejecución de esta Declaración, la Protección para los Pueblos Indígenas y sus defensoras/es. Y como gesto de buena fe para los Pueblos Indígenas en Costa Rica, exigimos el respeto de nuestra Madre Tierra, cumpliendo con el saneamiento territorial, aplicando las Sentencias de desalojo en firme que ya existen, y sólo indemnizar a los poseedores que demuestren la buena fe según las leyes y desalojar a las personas usurpadoras.

Exhortamos a todas las autoridades, en especial a las autoridades judiciales, jueces, magistrados/as, abogados/as y demás operadores del Derecho, el deber de interpretar y aplicar las leyes de acuerdo a los Convenios Internacionales y las resoluciones relacionadas con nuestros Derechos.

Exigimos justicia pronta y cumplida en la determinación y ejecución de responsabilidades para los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak de Salitre, miembro fundador del FRENAPI y miembro del Concejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CODIAW) Cuidadores de la Madre Tierra.

Reafirmamos nuestra voluntad de continuar el proceso del Congreso Indígena Nacional (COIN) en nuestros pueblos y comunidades en lucha, resistencia y reivindicación por nuestra autonomía y derechos.

Escuela Gremial (Sindical) de ANDE, Belén, Heredia. Costa Rica 9 de agosto, 2019 
Firman Delegadas/os asistentes al Congreso Indígena Nacional (COIN)

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/pueblos-indigenas-de-costa-rica-denuncian-despojo-y-violencia/

Perú

Moquegua: Agricultores bloquean tramo de la carretera Binacional en rechazo a mina Quellaveco

Comercio, transporte y otras actividades se realizan con normalidad en Moquegua. Grupo de agricultores bloqueó un tramo de la carretera Binacional.

Un tramo de la carretera Binacional, cerca al sector de Tumilaca fue bloqueado este lunes por un grupo de agricultores en rechazo a la empresa Anglo American que ejecuta el proyecto minero Quellaveco en Moquegua.

Los agricultores bloquearon esta importante vía usando piedras y quemando llantas. De esta manera los hombres de campo se sumaron al pedido que hace la población a la empresa minera, que no estaría cumpliendo los acuerdos a los que llegaron cuando se aprobó la ejecución del proyecto.

Días atrás el Comité de Monitoreo, Vigilancia y Seguimiento que se encarga de verificar los acuerdos suscritos, denunció que la empresa no estaría cumpliendo con el acuerdo N° 25 que señala que el 80% de personal de la mina deberían ser trabajadores locales y el resto foráneos. Actualmente, ocurriría todo lo contrario.

A esto, el Sindicato de Construcción Civil, entre otros gremios, denuncian también que la empresa no cumple con el acuerdo N° 24 que señala que deben de abastecerse de productos de los proveedores locales.

Los agricultores piden que la empresa Anglo American se retire de Moquegua. Los acusan de contaminar el agua y el medio ambiente.

Actividades con normalidad

En Moquegua ciudad, el comercio, transporte, educación y otras actividades se desarrollan con normalidad. Solo un grupo reducido de manifestante se concentraron en la plaza El Maestro.

Para mañana se tiene programado una movilización en la ciudad de Ilo convocado por el sindicato de Construcción Civil. El pasado 7 de agosto en esta ciudad se realizó también un paro de 24 horas dónde se bloqueó las vías de ingreso y salida de esta ciudad.

Los agricultores de la Junta de Usuarios de Moquegua también sostendrán una reunión para acordar la movilización.

Por su lado el representante de la sociedad civil en el comité de monitoreo de verificación de los acuerdos suscritos con Anglo American, Oscar Zevallos Guevara, remitió lo dijo por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, quien se comprometió a exhortar a la empresa minera a que cumpla los acuerdos. Evalúan esperar hasta el 19 de agosto, fecha en la que vence un plazo fijado con anterioridad.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/12/moquegua-con-bloqueo-de-vias-inicio-el-paro-indefinido-contra-quellaveco/?fbclid=IwAR1c6l5748s6njWxmswn57LMt7ZUa3NYFQ021f4s9QLedv_EyHU62anOdFs

Internacional

El trazo sucio de la minas, rastreado en tres continentes

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”.

 

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona.

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania.

 

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

Esto es lo que le sucedió al reportero Carlos Choc, miembro de una comunidad guatemalteca Maya Q’eqchi en El Estor, que durante un año debía trabajar en un proyecto de investigación sobre el impacto medioambiental y social de una mina de ferroníquel local. El 27 de mayo de 2017, un grupo de pescadores organizó un bloqueo para protestar a la vez contra las autoridades, que consideraban que les habían abandonado, y contra la mina, propiedad del grupo suizo Solway, al que acusaban de contaminar el lago Izabal que es su principal fuente de sustento.

Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, un pescador yacía muerto en el suelo en medio de un charco de sangre, con un proyectil en su pecho disparado por un policía. Carlos Choc, que capturó la escena con su cámara, fue inmediatamente acusado de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

“La compañía de níquel, a través de sus trabajadores, estaba diciendo cosas como que yo llevaba un arma de fuego, o que yo llevaba un machete, o un palo y que era yo quien dirigía el grupo”, explica Choc. “Yo repito que, en primer lugar, nunca he llevado un arma de fuego. Mi trabajo es cargar una cámara fotográfica, o simplemente una grabadora, y llevar mi teléfono celular y mi computadora portátil. Eso es todo lo que llevo, no llevo nada más”.

Los periodistas, coordinados por Forbidden Stories, descubrieron que tanto los propietarios de las minas como las autoridades guatemaltecas mintieron repetidamente sobre la protesta y el impacto medioambiental de la mina. Un portavoz de la mina negó que la planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de las pruebas fotográficas que indican lo contrario. En cuanto a la contaminación del lago, entrevistamos expertos que cuestionan las afirmaciones de las autoridades. “Al comparar los niveles de níquel que se encuentran en el lago junto a la mina y la planta para procesar su mineral, con los niveles de las aguas que se encuentran más alejadas, hay pruebas bastante sólidas para sostener que la mina y la planta están contaminando el lago”, dijo el biólogo portugués Eduardo Limbert.

La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Mientras las autoridades le perseguían con cargos criminales, Choc, tuvo que vivir clandestinamente durante más de un año, lejos de sus hijos. La situación era insostenible. Tras conocer que un colega suyo había sido arrestado por los mismos cargos, decidió esconderse de las autoridades hasta poder presentarse ante el juez.

Choc, finalmente pudo ver a un juez en enero y lograr así evitar la prisión preventiva. Ahora está a la espera de la audiencia sobre su caso.

Confrontado a todos estas informaciones, José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal de la Corte de Guatemala, dijo a los periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) que iniciaría una investigación sobre el juez Édgar Aníbal Arteaga López, el magistrado a cargo de perseguir judicialmente tanto a los pescadores como a Carlos Choc.

“La libertad de expresión está incluida en la Constitución, por lo que no constituye un delito”, subrayó Baquiax.

“Cuando los periodistas informan sobre temas medioambientales, a menudo informan sobre compañías o actores corruptos que están en total sintonía con el gobierno”, dice Bruce Shapiro, director de Dart for Journalism and Trauma de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. “Esto significa que los protagonistas de las investigaciones se convierten los enemigos más peligrosos del mundo, y me cuesta pensar en una categoría de reporteros de investigación que trate habitualmente con actores más peligrosos que los periodistas medioambientales”.

 

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Esto a menudo significa enfrentarse a organizaciones poderosas. En el sur de la India, el cacique local de la minería de arena, S. Vaikundarajan, encabeza un imperio fundado por su padre en 1989. Su principal compañía, VV Mineral, extrae más arena de la que está oficialmente permitida y en lugares donde no se permite la minería.

“Aproximadamente, digamos que del 85 al 90% de la extracción de arena en la playa, legal e ilegal, está monopolizada por esta única familia”, dice Sandhya Ravishankar, un periodista de 37 años que trabaja en Tamil Nadu, un estado de la India donde la extracción ilegal de arena está devorando las tierras.

En Tamil Nadu, la extracción ilegal de arena ha ido aumentado desde los años 2000. En 2012, las autoridades del Estado decidieron actuar. Un prohibición fue declarada, mientras que investigaciones se abrieron sobre las potenciales actividades ilegales de la minería privada. Aun así, entre 2013 y 2016, las mineras exportaron más de 2 millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado al Tribunal Superior de Madras.

Vaikundarajan dijo a Forbidden Stories que “la suspensión de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a una prohibición de la minería”.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayó los impactos ambientales y sociales de la extracción de arena, afirmando que es un tema de importancia mundial.

“Hay indicios de que nos estamos acercando a un futuro en el que el acceso a este recurso será un problema crítico para la sostenibilidad, y todos los costos de la extracción de arena sin control, están por venir”, enfatizó.

“Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de erosión del litoral al calentamiento global.

Ravishankar comenzó a informar sobre la extracción ilegal de arena de playa en 2013. Tan pronto como apareció su primera historia, recibió un recordatorio sobre la sensibilidad del tema: “El día que lo publicamos, al cabo de una hora o dos, llegó al periódico una demanda por difamación en la que se incluía mi nombre entre los acusados”.

La periodista de Chennai luego escribió una serie de seis artículos más pero nadie parecía dispuesto a publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio The Wire, publicó los resultados de su investigación. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Ravishankar no ha viajado a la región desde 2015 por miedo a su seguridad.

“Hay una verdadera parálisis por culpa de los ataques”, afirma Saul Elbein, un profesional independiente que ha escrito sobre el asesinato de periodistas medioambientales, para el Centro Pulitzer.

“A medida que el mundo se precipita hacia una crisis medioambiental, los reportajes más significativos que se realizan en los lugares remotos donde ocurren los delitos medioambientales, son cada vez más escasos. En otras palabras, las luces se están apagando, justo cuando son más necesarias.”

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/el-trazo-sucio-de-la-minas-rastreado-en-tres-continentes/

Mexico

Megaproyectos mineros en Wirikuta, ¿desarrollo o etnocidio?

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), representantes del pueblo wixarika, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A. C. (UWCC), emitieron una respuesta a la convocatoria  procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

 

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika a través del CRW (organismo oficial de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario y la UWCC A.C.) en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

*David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-o-etnocidio/

Colombia

En Consulta Popular Legítima en Colombia Mercaderes dijo NO a la explotación del territorio

Con más de 6000 votantes en contra de la destrucción territorial y de las aguas por parte del modelo extractivo en el municipio colombiano de Mercaderes, departamento de Cauca, cerró el 3 de agosto la Consulta Popular Legítima.

Luego de la negativa del Estado colombiano a realizar la consulta, la población organizada articuló esa instancia. Más de la tercera parte de la población habilitada para participar de la votación acudió a las urnas y con más del 99 por ciento de los votos en contra de la explotación territorial se selló este proceso autogestionado, respuesta a la falta de voluntad política estatal.

El departamento del Cauca es uno de los fuertemente golpeados en Colombia por el modelo extractivo minero-energético, la imposición del modelo transnacional y la violencia contra la población y los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos. No obstante, también el Cauca es un ejemplo de lucha y organización popular para la defensa territorial, tanto desde los pueblos indígenas y afrodescendientes, como desde las comunidades campesinas que habitan mayoritariamente el territorio departamental. Y fue esta vez la comunidad campesina la que en su ejercicio de autodeterminación y soberanía popular manifestó su total negativa a la destrucción del agua por el modelo minero energético, aspecto central en torno al cual fue convocada la Consulta a través de la Coordinadora Integral Social Mercadereña.

Días previos a la realización de la instancia de votación, esa estructura popular emitió un comunicado en el que señaló: “la Coordinadora Integral Social Mercadereña, consciente de la falta de consciencia por parte de la institucionalidad nacional para proteger los territorios, y luego de reflexionar y llevar a cabo acciones para la defensa de las aguas, ha convocado a la Consulta Popular Legítima el próximo 3 de agosto de 2019”. “La próxima cita democrática en el municipio de Mercaderes tiene el objetivo de fomentar la planeación y el ordenamiento popular alrededor de las economías propias, posicionar el agua como un derecho fundamental y convocar a una amplia participación para el cuidado de los bienes comunes municipales y regionales”, agregó el parte de prensa.

Nuestro colaborador en Colombia Danilo Urrea estuvo presente en el desarrollo del ejercicio de participación y autodeterminación popular en Mercaderes, a donde también fue invitada la red de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), como garante internacional del proceso.

Luego de conocidos los resultados, la ambientalista Daniela Rojas, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, dijo en la actividad pública que “esta consulta es un paso, un paso más que se da alrededor de la autonomía y la soberanía, y para que este paso nos haga seguir caminando hay que impulsar y seguir andando”. “Hay que saber cómo dar el próximo paso. Aquí esperamos que el compromiso de todas las personas que estuvieron en esta campaña, en estos años de tanto cariño, de tanta fuerza, de tanto esfuerzo también, siga estando y sigamos construyendo el colectivo”, agregó.

En tanto, la activista Elizabeth Castillo, integrante de la Coordinadora Integral Social Mercadereña, manifestó en entrevista brindada a Danilo que “dentro del equipo estamos muy animados porque la gente ha respondido con todo el proceso que la Coordinadora ha venido haciendo”. Catalogó la jornada de la votación como “muy positiva” y agregó que se trató de un proceso “histórico”. Es que “a pesar de tantas trabas y limitantes jurídicas hemos concientizado a las personas de que no necesariamente debemos tener una aprobación legal, que podemos también desde lo local, lo comunitario, exigir nuestros derechos y que eso también es válido y muy legítimo”. “Y a partir de ello podemos empezar a cambiar muchas de las cosas en términos no solamente del agua y el territorio, sino de la vida y los derechos humanos”, razonó Castillo.

 

Fuente:https://rmr.fm/informes-especiales/colombia-consulta-popular-industria-extractiva-locomotora-minero-energetica/?fbclid=IwAR0_ylDQF6z8IfWattPsLNnsQ42_JHa6NhGAgc29QMdvV02-8E-TaTuQFZU

Perú

Alcalde de Arequipa anuncia suspensión de licencia de obras de Tía María

El anuncio lo hizo el alcalde Omar Candia. El Consejo de Minería emitió su decisión de oficio. Sin embargo, quedan pendientes dos medidas cautelares entablada días atrás por la Municipalidad Provincial de Islay y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, hizo publica parte de lo que sería la resolución del Consejo de Minería. “A través del auto Nro 014-2019, resolvió suspender la licencia de construcción de Tía María”, precisó.

De este modo, el proyecto cuprífero Tía María, situado en el valle de Tambo de la provincia arequipeña de Islay, quedaría en compás de espera. A raíz de la aprobación de la licencia de construcción a favor de la minera Southern, propietaria del proyecto, se desataron una serie de protestas y desmanes de parte de la población.

A decir de Omar Candia “la noticia concreta el compromiso que el presidente de la República, Martín Vizcarra, había asumido con Arequipa (…) Demostrando su vocación democrática y lo importante que es el dialogo en la solución de conflictos”.

El mandatario -recordó la autoridad de Arequipa- habría señalado que la resolución estaría lista entre este viernes o el lunes próximo. Finamente, hace unas horas el anuncio fue realizado a Omar Candia luego de una comunicación oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, producto de las reuniones en la ciudad de Lima, en busca de dar una solución a este conflicto social que degeneró en una huelga.

La resolución del Consejo de Minería es de oficio y fue emitida con el propósito de resolver primero los recursos ingresados en contra del proyecto. Detallan que dentro de un plazo no mayor a 120 días naturales y concluidos los informes orales, la causa quedará expedita para ser resuelta en un plazo no mayor a 15 días.

MEDIDAS CAUTELARES

Una de las medidas cautelares innovativa administrativa fue presentada contra la Resolución Nro 328-2019-MINEM-DGM/V, a través de la cual se concede la autorización de construcción a la empresa Southern Perú para el proyecto Tía María. La Municipalidad Provincial de Islay, situada en la región Arequipa, fue la responsable de presentar el recurso, el pasado 02 de agosto, ante el Ministerio de Energía y Minas, a fin de que se suspenda los efectos legales y cualquier acción tendiente a iniciar las obras de proyecto cuprífero.

También esta pendiente la medida cautelar de los agricultores de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, quienes pretenden paralizar la ejecución del proyecto minero Tía María. Argumentan que es inviable debido a que tajo La Tapada si sitúa a 800 metros del principal río de la zona.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/08/09/alcalde-de-arequipa-anuncia-suspension-de-licencia-de-obras-de-tia-maria/?fbclid=IwAR22LGnR6pa5K_yzf4QN-qLqDesgRQRYjLt-SRWyldu9Ur-Wdt8VLAgeI-I

Chile

Expectación ante inminente fallo de la Corte Suprema por Dominga: ¿Cuáles son los escenarios posibles para el proyecto?

La empresa Andes Iron, la comunidad de La Higuera, los opositores de la iniciativa y el Gobierno esperan que en estos días el máximo tribunal se pronuncie respecto al futuro de la mina a rajo abierto.
El caso del proyecto minero portuario Dominga está a días de volver a ubicarse en el centro de la atención mediática. Es que a cinco meses de las audiencias por los recursos de casación presentados ante la Corte Suprema, se calcula que el máximo tribunal estaría ad portas de dar a conocer su fallo respecto a la polémica iniciativa que se ubicaría en la comuna de La Higuera, Coquimbo.
Así, en la recta final de la espera, fuentes al interior de la empresa dueña del proyecto, Andes Iron, confirmaron a Emol que «hay mucha expectación» y que «obviamente esperamos un fallo favorable que ratifique la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Eso sería el ideal para Dominga».
Por su parte, Ezio Costa, el abogado representante de Oceana -una de las ONG que se ha mostrado abiertamente en contra del proyecto y que presentó uno de los seis recursos de casación en contra de lo decidido por el Tribunal de Antofagasta- insistió en que «la sentencia del tribunal tiene falencias notorias y creemos que la Suprema va a modificar la sentencia manteniendo el rechazo a Dominga como debe ser».
Sin embargo, para entender qué es lo que está juzgando el máximo tribunal y los escenarios que podrían darse con su sentencia, es necesario recordar la serie de episodios del caso Dominga, los que provocaron, entre otras cosas, la salida del equipo económico del Gobierno de Michelle Bachelet.
Lo que la Suprema tiene que juzgar
En marzo de 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, integrada por 10 Seremis, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Intendencia, rechazó la construcción del proyecto minero portuario que tendría por ubicación la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. La votación tuvo un empate de seis votos por lado y fue el intendente Claudio Ibáñez quien tuvo que tomar la decisión final.
La empresa apeló apuntando no a los temas ambientales, sino que al «actuar desapegado a la ley de los seremis que rechazaron la iniciativa al no fundamentar su voto en aspectos técnicos». Así, el caso pasó al Comité de Ministros, el cual mantuvo el rechazo al proyecto gracias a los votos de los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, mientras que Minería y Energía votaron a favor de su construcción.
 Fue precisamente por estas dos votaciones -la de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y la del Comité de Ministros- que Andes Iron escaló su caso hasta el Tribunal Ambiental de Antofagasta presentando un recurso de reclamación en noviembre de 2017. ¿El objetivo? Revertir ambos procesos, los que, a juicio de la empresa, no se ajustaron a derecho.
A fines de abril de 2018, el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor del proyecto y se ordenó retrotraer el procedimiento hasta la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo argumentando que los rechazos no se habían dado cumpliendo las formalidades necesarias.
Ante el nuevo escenario, los detractores de la mina a rajo abierto llegaron hasta la Corte Suprema con el objetivo de que el máximo tribunal deje sin efecto la resolución del Tribunal Ambiental y se confirme el rechazo a Dominga.
El fallo de la Suprema y sus escenarios posibles
Desde las partes involucradas, la empresa y los opositores a la iniciativa, confirmaron a Emol que son tres los posibles escenarios que podría desencadenar la Suprema al momento de emitir su fallo.
US$2.500 millones es la inversión de Andes Iron para construir Dominga y su vida útil es de 26,5 años
El primero, es que la Corte acoja los alegatos de los detractores y anule el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, con lo cual el proyecto se mantendría rechazado y sería, por ahora, el fin de Dominga.
De todas formas, el abogado de Oceana y también director ejecutivo de FIMA explicó que «eso no implica que los dueños de las pertenencias mineras puedan presentar de nuevo otro proyecto para explotar mineral, pero tendrían que empezar de cero y, obvio, tendrían que enfocarse en los estudios de impacto ambiental, que son los que en Dominga tienen información deficiente».
Sin embargo, desde la empresa defienden los estudios medioambientales del proyecto, «porque sabemos que es una zona delicada». Lo anterior, ya que el terminal de embarque portuario de Dominga y su planta desalinizadora se ubicaría a sólo 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zona mundialmente conocida por su biodiversidad y riqueza ecológica única en el planeta. (Ver mapa más abajo)
«Con una operación a rajo abierto, Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto» Andes Iron
Así, la segunda posibilidad es que el máximo tribunal rechace los recursos de casación y respalde lo decidido por el Tribunal de Antofagasta. En ese caso, el proceso comenzará de nuevo desde la votación de la Comisión de Coquimbo, lo cual, de no satisfacer a alguna de las partes, podría volver a escalar hasta el Comité de Ministros, el Tribunal Ambiental y la Suprema.
Por último, aunque menos factible según las partes, existe la posibilidad de que la Corte Suprema rechace los alegatos de los opositores, pero genere una sentencia nueva, diferente a la hecha por el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Ministro Prokurica: «Los fallos se respetan nos gusten o no»
Consultado por la situación, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, confirmó a Emol que desde su cartera están pendientes del tema y que él mismo se ha reunido con el alcalde de La Higuera y las comunidades de la zona, por lo que ha visto cómo algunos están en contra y otros a favor del proyecto.
«Tengo confianza en la institucionalidad, yo creo que funciona y si algún tribunal, ya sea medioambiental o la propia Corte Suprema, declara que un proyecto tiene que ir adelante porque no daña el medio ambiente, bueno, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es respetar un fallo cuando nos gusta y cuando no nos gusta» Baldo Prokurica
Así, el ex parlamentario por la Región de Atacama enfatizó que «en Chile existe una institucionalidad sólida y que cualquiera de los pasos que se den, deben dar seguridad y certeza no solo a la inversión, sino también al cuidado del medio ambiente. Cualquier fallo que salga de la Corte Suprema lo vamos a respetar y vamos a hacer todo lo posible para que se cumplan estos dos objetivos».
Consultado por la situación en la que quedaría el Gobierno en caso de que el fallo fuera a favor de Dominga y considerando que Chile será sede de la COP25 en diciembre, el ministro indicó que «todos tenemos opiniones en esa materia y el Gobierno del Presidente Piñera no está disponible a apoyar proyectos que no hayan pasado por al legislación vigente y la institucionalidad».
«Por lo tanto, si la institucionalidad que tiene Chile determina que el proyecto A, B o C no se puede hacer porque daña el medio ambiente, ese proyecto no se hace. Por el contrario, si se determina que es un proyecto que respeta el miedo ambiente, a mí me parece que nadie puede excluirse de respetar los fallos de los tribunales. Nosotros, como Gobierno, tampoco».

Y concluyó: «Las empresas, los medioambientalistas, los pescadores, los agricultores, los pueblos originarios, todos tenemos que respetar la institucionalidad, porque cuando se rompe, se puede romper por cualquiera de los dos lados».

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/08/03/956743/La-expectacion-ante-el-fallo-de-la-Suprema-por-el-proyecto-minero-Dominga.html

Internacional

La crisis por el agua pronto afectará a un cuarto de la población mundial

Los países en donde vive un cuarto de la población del planeta enfrentan un riesgo cada vez más urgente: la posibilidad de quedarse sin agua.

Desde India e Irán hasta Botsuana, hay diecisiete naciones en el mundo que ya tienen un estrés hídrico extremadamente alto, lo cual significa que están usando prácticamente toda el agua que tienen disponible, de acuerdo con datos del World Resources Institute que fueron publicados el 5 de agosto.

Muchos de esos países de por sí son áridos; algunos están desperdiciando la poca agua que les queda. Varios dependen demasiado de aguas freáticas que deberían estar resguardando en casos de sequía.

En aquellos países hay muchas ciudades grandes y sedientas que han tenido escasez pronunciada en fechas recientes, incluyendo São Paulo, Brasil; Chennai, India, y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que en 2018 apenas pudo superar el llamado “día cero”, cuando todo el suministro iba a secarse por completo.

 

Estrés hídrico en zonas urbanas con más de 3 millones de habitantes

Más de un tercio de estas urbes tienen un estrés hídrico alto o extremadamente alto.

“Es muy probable que veamos más días cero en el futuro», dijo Betsy Otto, quien dirige el programa global de agua del World Resources Institute. “Es un panorama alarmante en muchas partes del mundo».

El cambio climático agrava este riesgo. A medida que los patrones de lluvia se vuelven más erráticos, el suministro de agua se torna más variable. Al mismo tiempo, como los días se están volviendo más calurosos, se evapora más agua de las reservas justamente cuando hay una mayor demanda por esta.

Los lugares en estrés hídrico muchas veces tienen una doble maldición: São Paulo, por ejemplo, fue azotada por inundaciones un año después de que vivió una sequía prolongada. Chennai tuvo anegaciones fatales en 2015; ahora sus depósitos de agua están prácticamente vacíos.

Las aguas subterráneas desaparecen

Ciudad de México ha estado sacando sus aguas freáticas con tal rapidez que se está hundiendo, literalmente. Daca, la capital de Bangladés, depende de sus aguas subterráneas tanto para los residentes como para las fábricas de ropa que engullen agua, por lo cual ahora tiene que sacar el líquido de acuíferos a más de 100 metros de profundidad. Los habitantes indios de Chennai, acostumbrados a depender de las aguas freáticas, ahora se enfrentan al hecho de que ya no las hay. En partes de India y de Pakistán, los agricultores están drenando los mantos acuíferos para cultivos, como el algodón y el arroz, que implican un uso intensivo de agua.

El pronóstico: más estrés

En 33 de las ciudades con más de tres millones de habitantes (con una población conjunta que supera los 255 millones de personas), los investigadores del World Resources Institute concluyeron que ya hay un estrés hídrico extremadamente alto, lo que tiene repercusiones para la salud pública y puede significar agitación social.

Para 2030, se prevé que la cantidad de ciudades en la categoría de estrés hídrico extremadamente alto aumente a 45 urbes, con casi 470 millones de personas afectadas.

¿Cómo se puede gestionar el problema?

Hay mucho en juego para los sitios que enfrentan estrés hídrico. Cuando una ciudad o un país está usando prácticamente toda el agua que tiene disponible, una sequía puede ser catastrófica.

En 2018, después de una sequía de tres años, Ciudad del Cabo se vio forzada a tomar medidas extraordinarias para racionar el agua que quedaba en sus depósitos. La severa crisis no hizo más que aumentar el problema en una ciudad cuyos cuatro millones de habitantes compiten con los agricultores por los pocos recursos hídricos que hay.

Los Ángeles vive algo parecido. La sequía más reciente en la ciudad californiana terminó este año, pero el suministro de agua ahí no está a la par de la enorme demanda. Tampoco ayuda que hay una amplia tendencia a que la gente tenga piscinas en el patio trasero.

En Bangalore, una serie de años con poquísima lluvia exhibieron la muy mala gestión que la ciudad india había tenido del agua. Los muchos lagos que alguna vez adornaron la urbe y las áreas circundantes han sido tapados por construcciones o se han vuelto vertederos de desechos. Ya no son los almacenes para agua de lluvias que alguna vez fueron. Así que la ciudad tiene que buscar en lugares cada vez más lejanos de dónde sacar el agua para sus 8,4 millones de habitantes; buena parte de ese líquido se pierde en el camino.

Sin embargo, sí hay mucho que puede hacerse para mejorar la gestión hídrica.

Primero, los funcionarios de las ciudades pueden tapar las fugas en el sistema de distribución hídrico. Las aguas residuales pueden ser recicladas. El agua de lluvia puede ser recolectada y almacenada para cuando el recurso falte: los lagos y humedales pueden limpiarse y los pozos viejos pueden restaurarse. Además, los agricultores pueden hacer el cambio de cultivos intensivos en agua, como el arroz, a cultivos menos sedientos como el mijo en grano.

“El agua es un problema local y requiere de soluciones locales», dijo Priyanka Jamwal, del Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Fondo Ashoka para la investigación Ecológica y Medioambiental), con sede en Bangalore.

 

Fuente:https://www.nytimes.com/es/interactive/2019/espanol/ciencia-y-tecnologia/crisis-del-agua.html?fbclid=IwAR2kRL4BBpE5DpLEPOPdzU36xn5Oh4YdNIF2yie5ATldfUEb9ykDNrXkchM