Bolivia, Perú

El 80% de exportaciones de oro de Bolivia viene de la minería ilegal de Perú

08/12/2023
Especialista remarca que la producción proviene de Madre de Dios, Puno y Arequipa. El país altiplánico no pone restricciones para comprar contrabando, incluso existe mecanismos legales para adquirirlo a privados.

Un estudio presentado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha señalado que la minería ilegal e informal genera pérdidas en Perú por más de 22.700 millones de soles al año, lo que representa el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Estos mineros, además de operar al margen de las normas, transportan el mineral extraído a otros países como Bolivia.

El especialista en temas de minería ilegal, César Ipenza, mencionó a La República que, según el Colegio de Economistas de Tarija (Bolivia), el 80% de las exportaciones de oro de Bolivia tienen origen peruano. Esta cifra coincide con lo revelado previamente por el expresidente de Perumin, Miguel Cardozo, quien afirmó que más del 50% de la producción ilegal de oro en Madre de Dios y Puno es contrabandeada a Bolivia sin pagar impuestos.

Respecto al proceso de salida del oro, Ipenza explicó que el oro enviado a Bolivia proviene de las plantas procesadoras de mineral ubicadas en Chala (Arequipa) y Nazca (Ica). «Estas plantas no son de pequeña minería, sino más bien de mediana minería disfrazada como pequeña, y procesan oro no solo de Arequipa, sino también de Pataz y otras regiones», sostuvo.

El experto indicó que tras el procesamiento, el oro se envía por la frontera hacia Bolivia, donde no existen restricciones para su compra, e incluso hay mecanismos legales para adquirirlo de privados. Además, resaltó la alta comercialización de mercurio que es vendido desde Bolivia hacia Perú y otros países, lo que facilita aún más el comercio ilegal de oro.

Según Ipenza, las autoridades peruanas deben intervenir utilizando herramientas y unidades de inteligencia para incautar el mineral, determinar su procedencia y asegurar su devolución al Estado, permitiendo que este último tome las acciones correspondientes.

El especialista también señaló la falta de capacidades adecuadas en los gobiernos regionales e incluso a nivel nacional para abordar el problema de la minería informal. Aunque la Ley N° 27651, conocida como la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, regula la formalización de los mineros informales, los avances en este proceso son limitados.

Hasta octubre de este año, el Gobierno Regional de Arequipa informó que aproximadamente 17.000 mineros artesanales operaban al margen de la formalización, mientras que solo 1.500 estaban formalizados. Ipenza enfatizó que aunque las normas pueden mejorarse, lo preocupante es la constante ampliación de plazos.

El Congreso extendió el plazo de formalización hasta diciembre de 2024, lo que, según él, desalienta la verdadera voluntad de formalización entre los mineros, ya que muchos confían en que los plazos seguirán ampliándose. Además, el hecho de iniciar el proceso de formalización e inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera no garantiza el cumplimiento de las normas por parte de los mineros informales.
https://larepublica.pe/sociedad/2023/12/08/arequipa-puno-madre-de-dios-el-80-de-exportaciones-de-oro-de-bolivia-viene-de-la-mineria-ilegal-de-peru-lrsd-664712

Latinoamerica, Litio

América Latina apunta al boom del litio, pero la oposición persiste

Este año varios países de la región han tomado nuevas medidas para impulsar sus industrias del litio, pero los impactos de la minería y el uso del agua siguen preocupando.

ROCÍO LLORET/ JAVIER LEWKOWICZ / DIÁLOGO CHINO03 de diciembre de 2023 (00:00 h.)
Imagen panorámica del salar de Pastos Grandes, donde se construirá una de las plantas industriales de carbonato de litio. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
Imagen panorámica del salar de Pastos Grandes, donde se construirá una de las plantas industriales de carbonato de litio. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
TAGS: LITIO AMÉRICA OPOSICION LATINA
América Latina apunta al boom del litio, pero la oposición persiste
Andrea Calcina, de 58 años, con la piel color caoba teñida por el sol, ha vivido toda su vida en la comunidad de Calcha K, un conjunto de casas de adobe a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En este punto de los andes bolivianos, donde todo parece secarse rápidamente, Calcina señala un pozo de agua que sigue abasteciendo a los residentes, aunque no como antes.

“Antes había más. Con esta agua lavamos, sembramos, regamos hortalizas y quinua”, dice Andrea, quien vive en una comunidad de 100 familias, donde la queja es recurrente: “Ya no llueve como antes”. Calcha K es parte del municipio de Colcha K, en el sudoeste del departamento de Potosí, al sur de Bolivia. Forma parte de las 46 comunidades asentadas en los alrededores de los salares de Uyuni y Pastos Grandes, dos de los tres grandes reservorios de litio que tiene el país. El tercero, Salar de Coipasa, se encuentra en Oruro, en el oeste de Bolivia.

Este año, el gobierno boliviano ha anunciado una serie de acuerdos para construir complejos industriales de litio en esta zona: un consorcio formado por la rusa Uranium One Group y la china CITIC Guoan construirá plantas en Pastos Grandes y Uyuni, mientras que CATL, también china, construirá plantas en Uyuni y en Coipasa.

La empresa estatal de litio Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), socia de estos acuerdos, ha organizado periódicamente charlas públicas sobre los proyectos en las zonas cercanas, con el fin de obtener la aprobación de las comunidades. Pero algunos de los asistentes consideran que no se trata de una verdadera “consulta”, derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En estas charlas, funcionarios han explicado los beneficios que obtendrá Bolivia una vez que cuente con una industria operativa para producir carbonato de litio, precursor de las baterías de iones de litio y el producto de litio con mayor volumen de transacción a nivel internacional.

Aquilina Mamani, antigua dirigente de una comunidad cercana llamada Aguaquiza, dice que las explicaciones en estas charlas han sido técnicas, por lo que muy poca gente las entiende. Además, hablan al público en español, cuando muchas personas solo hablan quechua, su lengua materna.

Aunque la producción de litio ha sido una promesa para el país desde hace mucho tiempo, la agenda retomó fuerza la última semana de junio, cuando el presidente Luis Arce dio a conocer la firma de convenios que comprometen una inversión extranjera de 2.800 millones de dólares para industrializar el metal. Anuncio que no cayó del todo bien en los alrededores de los salares.

“El miedo es (perder) el agua”, sentencia Marcial Muraña Ramos, cacique justiciero de Mallku Villamar, una comunidad próxima al salar de Pastos Grandes. Quizá sea un temor justificado ante una actividad que consume mucha agua y cuyas promesas para los países latinoamericanos ricos en litio han ido acompañadas hasta ahora de dudas sobre sus posibles impactos.


Flamencos en una laguna de Mallku Villamar, cerca del salar de Pastos Grandes. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
EL ESTADO DEL LITIO SUDAMERICANO

Según un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Chile, Argentina y Bolivia ―el llamado “triángulo del litio” que se extiende por sus fronteras andinas― concentran el 68% de las reservas mundiales de litio, en forma de salmueras, los yacimientos con mayor concentración del metal. Sin embargo, el ritmo de extracción de cada país es diferente.

Chile lleva produciendo litio desde 1984 y la producción total en 2022 fue de 39.000 toneladas. Argentina, que lo hace desde 1997, produjo 6.200 toneladas el año pasado. Bolivia, sin embargo, lleva mucho tiempo luchando por hacer despegar su extracción, aunque el gobierno afirma que podrá producir 100.000 toneladas anuales en 2025, cuando empiecen a funcionar las plantas de carbonato que tiene previstas.

Argentina tiene cinco proyectos en distintas etapas avanzadas de construcción, que se sumarían a los tres que se encuentran en producción: Salar de Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, y Salar de Olaroz y Salar de Cauchari-Olaroz, ambos en Jujuy.

Chile, el segundo mayor productor mundial de litio detrás de Australia, tiene dos explotaciones en el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, en el norte del país. Entretanto, ya se realizan perforaciones en el Salar Cuenca Francisco en Atacama, también en el norte, y se prevé producir carbonato de litio y cloruro de potasio como subproducto en el Salar de Maricunga, en la misma región.

Bolivia tenía prevista la inauguración de su primera planta industrial de carbonato de litio en agosto de este año, 15 años después de iniciada su construcción. Esto finalmente no se concretó y el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz, removió al presidente de YLB, Carlos Ramos, y posesionó en su lugar a Karla Calderón Dávalos.

Este año también se firmaron convenios para emplazar cuatro plantas, aunque se desconocen tiempos y condiciones, porque los documentos no fueron hechos públicos y ni siquiera congresistas tuvieron acceso a ellos, según respondió a Diálogo Chino el equipo de prensa de la senadora Cecilia Requena, de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Con unos yacimientos relativamente pequeños, aún sin explotar, situados más allá del extremo norte del triángulo, Perú es un actor menor y un recién llegado al escenario del litio. En mayo, sin embargo, el país aprobó la exploración del proyecto de litio Falchani, en la región suroriental de Puno, por parte de Macusani Yellowcake, filial de la empresa canadiense American Lithium Corp.

Perú puede convertirse en un cuarto punto destacado del “triángulo del litio”. “Se ha obtenido una alta recuperación de carbonato de litio puro” en el yacimiento Falchani, según declaró en junio Ulises Solís Llapa, director general en Perú de la empresa canadiense American Lithium Corp. Con una reserva de 880 mil toneladas, Perú rápidamente podría competir con sus vecinos.


Sistema de bombeo que suministra agua a una planta piloto de carbonato de litio en Llipi, en el salar de Uyuni. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
GRANDES RESERVAS, GRANDES DESAFÍOS

Aunque las legislaciones sobre inversión extranjera son diferentes en los cuatro países, el desarrollo del litio en América Latina está en manos de grandes compañías transnacionales.

En Argentina el control sobre la producción primaria y sobre los salares está en manos de empresas estadounidenses, francesas y chinas, con participación de provincias y del gobierno nacional a partir del cobro de impuestos y regalías.

Lo mismo puede decirse de la incipiente industria peruana, donde el ministro de Economía, Álex Contreras, le dijo al medio Swissinfo que la apertura de su país “es total”. “Nuestro objetivo es atraer inversión en diferentes etapas del proceso productivo (de extracción del litio), en aquello en lo que somos competitivos”, enfatizó.

Bolivia, en cambio, ha priorizado el control estatal. Sin embargo, tras 15 años de esfuerzos infructuosos por industrializar el metal en solitario, en 2022 el gobierno se abrió a recibir inversiones. El litio seguirá siendo boliviano, pero las corporaciones china y rusa que comprometieron inversión de capitales recibirán un trato “prioritario”, dijo Álvaro Arnez, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, a la red Unitel.

En Chile, por su parte, el mandatario Gabriel Boric presentó en abril un proyecto de ley al Congreso para crear la Empresa Nacional del Litio. De acuerdo con la intención oficial, el Estado buscará tener mayor presencia en actividades de exploración, explotación y agregación de valor. En la actualidad, la producción corre a cargo de dos empresas privadas, la chilena SQM (una cuarta parte de la cual es propiedad de la china Tianqi Lithium) y la estadounidense Albemarle.

Detalles no menores son tanto el precio internacional del litio como la demanda mundial, que se prevé siga aumentando. En 2022 una tonelada de carbonato de litio llegó a costar 80 mil dólares; sin embargo, en abril de este año, el precio cayó casi un 50%, debido a un aumento de la producción y la desaceleración de la venta de vehículos eléctricos de China, entre otros factores más.


Vicuñas en camino al salar de Pastos Grandes. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
IMPACTOS AMBIENTALES

De vuelta al salar de Pastos Grandes, en Bolivia, Marcial Muraña Ramos señala el horizonte. “Hemos visto, tanto en Argentina como en Chile, las consecuencias que han sufrido en sus salares y estamos corriendo el mismo riesgo”, aludiendo a cuestiones como los conflictos con comunidades y el impacto en las fuentes de agua que han acaparado la atención cerca de los lugares de producción de litio.

“Quizás en 10, 20 años no va a pasar nada, pero en 30 a 40 años, todo esto va a quedar desierto”, afirma.

El territorio de Mallku Villamar al que se refiere Muraña Ramos está lleno de agua dulce que desemboca en la laguna salina de Pastos Grandes, parte del humedal de Los Lípez en el extremo suroccidental del país, catalogado de importancia internacional por la Convención de Ramsar y definido como “un complejo de lagunas salinas, hipersalinas y alcalinas, así como bofedales y humedales geotérmicos”. Aquí la gente vive de la cría de llamas, la agricultura de al menos cuatro variedades de quinua y el turismo, debido a la majestuosidad de los paisajes.

Bárbara Jerez Henríquez, investigadora de la Universidad de Valparaíso en Chile, dijo a Diálogo Chino que las investigaciones que abordan la temática de litio en términos ambientales, sociales, culturales, arqueológicos y biológicos “son muy pocas”, a pesar de que los salares son “ecosistemas naturales dinámicos y frágiles”, según cita el estudio sobre la extracción de litio y los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia y Chile realizado por investigadores de la ONG chilena Observatorio Ciudadano y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Para Jerez, es innegable que los riesgos ambientales asociados a la actividad son altos. Uno de ellos es el desconocimiento de la hidrología y de la biodiversidad de los salares, asegura. “Lo que observamos en el Salar de Atacama (en Chile) es que hay una profunda crisis hídrica a raíz del impacto (de la extracción de litio) en las reservas de agua y en la biodiversidad”, explica.

El método de extracción dominante y más utilizado hasta ahora en la industria del litio es la evaporación, que implica el bombeo de enormes cantidades de salmuera al día. En este proceso, el agua se extrae constantemente de la salmuera y se evapora en enormes piscinas. La producción de una tonelada de litio puede requerir la evaporación de hasta 2 millones de litros de agua.

Existen otros métodos, todavía poco explorados a nivel industrial, como la extracción directa de litio (EDL), una tecnología que permite extraer salmuera de los acuíferos para obtener el litio sin necesidad de usar piscinas de evaporación, como sucede con el método tradicional de extracción. El material se bombea a una planta de procesamiento donde, mediante procesos químicos, se extrae el mineral y la salmuera gastada se reinyecta en los acuíferos. Existen diferentes métodos y propuestas de EDL, y cada empresa puede patentar su propia tecnología.

El gobierno boliviano lo promociona como el “más amigable con el medioambiente” de los dos métodos y ha apostado por su uso en su industria. Sin embargo, expertos en la temática como Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Educación e Información Bolivia (Cedib), advierte que estas tecnologías “pueden alterar todo el sistema hidrogeológico de la zona”, debido al “alto desarrollo químico” que utilizan en la separación de materiales para la obtención del carbonato de litio.

Otro obstáculo es que no se sabe qué se hará con los residuos que deje el proceso. En julio pasado, el todavía presidente de YLB, Carlos Ramos, aceptó una entrevista con Diálogo Chino. Sin embargo, luego de conocer los temas que se iban a conversar, como el manejo de los residuos del litio, el departamento de comunicación de la empresa anunció que el presidente se encontraba de viaje y canceló la entrevista.

Para hablar de los impactos ambientales y sociales de la minería de litio, Edwin Ramos, líder máximo de la comunidad originaria Mallku Villamar, adelantó que en los próximos meses se reunirán con líderes indígenas de comunidades de Argentina y Chile. “Necesitamos saber qué va a pasar con todo esto”, dice Edwin, mientras señala el gran humedal en el que desembocan arroyos de agua dulce.

En Argentina, el tema del litio ya provocó una revuelta en Jujuy el pasado julio, cuando comunidades rechazaron una nueva y controvertida constitución provincial que, según afirman, pretende aumentar la extracción de litio en sus territorios. Estos grupos aseguran que el gobierno no les consultó antes de redactar el nuevo documento.

En todos los países sudamericanos ricos en litio, la preocupación por lo que pueda deparar el futuro es compartida por las comunidades indígenas y locales que viven en los alrededores de los salares. Mientras los gobiernos buscan aprovechar el auge del litio y tratan de impulsar sus industrias y exportaciones en medio de la creciente demanda del llamado “oro blanco”, es probable que estos problemas y conflictos sigan rodeando a los proyectos y requieran una gestión cuidadosa.


Una agricultora cosecha quinua después de que las heladas dañaran la mayor parte de sus cultivos en Aguaquiza, en los alrededores del salar de Uyuni. / ERNST UDO DRAWERT – DIÁLOGO CHINO
https://www.opinion.com.bo/articulo/revista-asi/america-latina-apunta-boom-litio-oposicion-persiste/20231203000027929432.html

Perú

INVESTIGACIÓN SOBRE LA MINA ARIANA EXPONE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA PARA LIMA

Imagen: CooperAcción 01/12/2023
Especialistas llaman la atención que la suspensión de las operaciones de la mina Ariana, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima y Callao, dictada por el Sexto Juzgado de la Corte Superior de Lima, haya sido apelada también por la PCM y por el ANA.
Fue durante la presentación del libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”.

Con el objetivo de informar a la ciudadanía el riesgo que representa un proyecto minero ubicado en el centro de la zona productora de agua que abastece a Lima, se presentó el miércoles 29 de noviembre el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, editado por CooperAcción, que tiene la autoría de José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet.

Además del riesgo para el abastecimiento de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao, en la presentación del libro se puso énfasis en cómo se autorizó este proyecto minero a pesar de los informes de SEDAPAL en el que se alertaba el riesgo para las fuentes de agua; en cómo la Autoridad Nacional del Agua, emitió opinión favorable solo porque no competía con la actividad agrícola; o cómo el Ministerio de Energía y Minas fue juez y parte, aprobando el Estudio de Impacto Ambiental.

El proyecto Ariana se propone realizar una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, localizado en el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, Junín, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac. La ciudad de Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución de este proyecto representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

Ante esta amenaza, el 24 de abril del 2019, José De Echave, representante de CooperAcción y las entonces congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, presentaron una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Gracias a esta acción legal, se logró suspender las operaciones de este proyecto minero.

La publicación fue presentada por dos de sus coautores: José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción y Marisa Glave, excongresista e investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Desco

De Echave, destacó que, si se reanuda la construcción del proyecto Ariana, le va a pasar a Lima lo que le viene pasando -desde hace décadas- a varias comunidades por la presencia de actividades extractivas que afectan sus fuentes de agua. “Ariana es un ejemplo de la desprotección de las cabeceras de cuenca. Urge discutir en el país en dónde conviene que haya minería y en dónde no, y eso tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial” expresó.

Por su parte, Marisa Glave alertó que además de los riesgos naturales que enfrenta Lima, como huaycos, derrumbes e inundaciones, se le suman otras amenazas por la actividad extractiva minera, como son los 390 pasivos ambientales a lo largo de la cuenca del Rímac y que generan contaminación. La excongresista también destacó que la suspensión del proyecto ha sido apelada no solo por la empresa sino también por la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM y por el ANA.

En el panel de comentarios

Congresista Ruth Luque: el Estado, como muestra el caso Ariana, no realiza un control (riguroso) al tener una institucionalidad ambiental débil.
Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente: Hay que recordar que hay varias amenazas en la cuenca del Rímac, como los relaves de Tamboraque.
Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL: Marcapomacocha se creó con el fin de generar electricidad. Es una zona vulnerable, altamente sísmica y que se pone en riesgo con una mina en medio de este complejo»

Puedes encontrar el libro en nuestras oficinas, en la librería El virrey, principales librerías, así como lo puedes descargar y leer en este enlace: https://shorturl.at/kNQW1

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Bolivia, Litio

Gobierno abre inversiones para el litio

01/12/2023

En un evento internacional, donde se presentó el proyecto de la producción de carbonato de litio, el Gobierno abrió las puertas para la inversión de esta materia prima importante para la fabricación de baterías. Recordemos que las autoridades nacionales priorizaron contratos con empresas chinas y una rusa para la puesta en marcha de la tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL).
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que las puertas en Bolivia están abiertas a la inversión, siempre y cuando se respeten las normas y el modelo soberano de negocio.
«Hoy se abre una posibilidad enorme (…) el objetivo final es que nuestros socios a futuro puedan impulsar el desarrollo», dijo en el Networking sobre el litio, organizado por la Unión Europea, donde expusieron su tecnología, conocimientos y experiencia.
El Embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, destacó el interés de empresas europeas en la cadena de valor del litio boliviano y expresó la necesidad de contar con ese recurso para avanzar en la transición energética frente a los efectos del cambio climático, durante un encuentro con autoridades de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
El embajador resaltó que Bolivia cuenta con el yacimiento de litio más grande del mundo, con 23 millones de toneladas, lo que es un potencial atractivo para las inversiones.
Una decena de firmas europeas interesadas en el litio boliviano se encuentra en el país; a inicios de semana visitó el Complejo Industrial de YLB, en Colcha K, al sur del Salar de Uyuni, también los salares de Coipasa (Oruro) y Empexa (Potosí), conocieron el proceso productivo y los proyectos de exploración que lleva adelante YLB.

Gobierno abre inversiones para el litio

Latinoamerica

El lado oscuro de la minería en América Latina

Gabriel González Zorrilla
28/11/2023
En Panamá, los planes de una empresa minera canadiense se topan con una fuerte resistencia. Los conflictos son similares en muchos países latinoamericanos.

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Mina de cobre de Antapaccay
La mina de cobre de Antapaccay, en Perú, una de las mayores del mundo, es propiedad de un grupo suizo.Imagen: Sofía Yanjarí/DW
Un polémico contrato de minería ha desencadenado en Panamálas protestas y huelgas más importantes en décadas. En el centro de este malestar social se encuentra la mina Cobre Panamá, una de las mayores minas de cobre del mundo. Es operada por Minera Panamá, una filial local de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Este martes, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la ley 406, que establece el contrato entre el Estado y la sucursal de First Quantum Minerals.

Para la empresa minera canadiense, esta sentencia supone un duro golpe. Las acciones de First Quantum cayeron un 5 por ciento. Desde que comenzaron las protestas y la mina se vio obligada a suspender la producción, las acciones de la empresa han perdido más de 10.000 millones de dólares canadienses (7.400 millones de dólares estadounidenses) de su valor de mercado.

Sin embargo, a pesar de este revés, las empresas mineras extranjeras suelen poder dictar sus condiciones a los gobiernos de América Latina, afirma Michael Reckordt, responsable de política de materias primas de la ONG alemana Powershift: «Estamos hablando de inversiones de miles de millones. Se puede llegar rápidamente a entre 1.000 y 5.000 millones para un nuevo proyecto greenfield, es decir, para un nuevo proyecto que se construye de la nada». Según Reckordt, la cantidad de dinero da a las empresas extranjeras mucho margen de maniobra para la corrupción u otros medios para conseguir sus objetivos.

Si un país, como Panamá en la actualidad, quiere deshacerse de una empresa minera y retirarle las licencias, la empresa sigue disponiendo de medios jurídicos sólidos para demandar a un Estado por varios millones o incluso varios miles de millones de euros mediante el arbitraje de diferencias estado-inversor (conocido como ISDS, del inglés Investor-state dispute settlement).

Fuerte presencia de empresas canadienses
Las empresas mineras canadienses como First Quantum tienen presencia en varios países de América Latina. Varias empresas canadienses tienen operaciones mineras en México, que es conocido por su producción de metales como oro, plata, zinc y plomo. Perú es un importante destino para la inversión minera canadiense, con empresas involucradas en la extracción de metales como cobre, oro y zinc. Chile es otro país importante para la minería, y empresas canadienses participan en la extracción de cobre y otros minerales. Algunas empresas canadienses también tienen presencia en Argentina, donde se extraen minerales como oro, plata, litio y cobre.

La minería en Canadá tiene una larga tradición. Toronto, en el sur de Ontario, está reconocido desde hace tiempo como un centro mundial para las empresas mineras. Con la Bolsa de Toronto (TSX) como una de las más importantes para la industria minera, y la mayor cuota de gasto mundial en exploración, Canadá es un importante pilar de la minería mundial.

Aumento de los conflictos en la región
Sin embargo, las protestas contra la extracción de materias primas van en aumento en América Latina. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) contabiliza actualmente 289 conflictos por los impactos de la minería en la región.

«La minería es, por supuesto, una inversión insostenible», recalca el experto alemán. «Se saca algo de la tierra que luego desaparece. Sobre todo el cobre. Se sabe que la minería consume mucha agua, además de liberar metales pesados. Esto significa que existe un riesgo muy alto de que la población local se quede sin agua para beber o para el ganado y sufra problemas de salud debido a los metales pesados», explica Reckordt.

La falta de regulación efectiva o la implementación inconsistente de regulaciones puede contribuir a problemas ambientales y sociales asociados con la minería. «Muchos países de la región tienen buenas leyes en algunos casos, pero no una buena aplicación, ni una buena supervisión, donde las autoridades especializadas, tal como las conocemos en Alemania y Europa, o no existen o están tan mal equipadas que no tienen forma de supervisar adecuadamente estas inversiones de miles de millones de euros», subraya Reckordt.

Perspectivas mixtas para el futuro
Los efectos de la minería pueden variar según el tipo de mineral extraído, las prácticas de operación de la empresa, la regulación gubernamental y la participación de la comunidad local en el proceso decisional. Sin embargo, la tendencia general apunta hacia un aumento de conflictos relacionados con la minería.

«La demanda de materias primas aumenta actualmente hasta tal punto, sobre todo de productos de lujo, que la explotación minera se amplía masivamente. En el caso del cobre, en particular, se observa una tendencia a la disminución de las leyes minerales de los yacimientos. Esto significa que se necesita aún más agua y más energía para excavar pozos aún más profundos y grandes», según el experto en materias primas.
https://www.dw.com/es/el-lado-oscuro-de-la-miner%C3%ADa-en-am%C3%A9rica-latina/a-67578215

Perú

Se imponen medidas administrativas contra Glencore por contaminación en Espinar

29/11/2023
De acuerdo con las resoluciones N° 00144-2023-OEFA/DSEM y N° 00142-2023-OEFA/DSEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto medidas administrativas a la empresa Antapaccay (Glencore), debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar (Cusco) y los ecosistemas de la zona. La sanción fue impuesta el último mes de agosto.

Precisamente, CooperAcción y Oxfam presentaron el 21 de noviembre el informe: “Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos». Representantes de Espinar acompañaron la presentación y compartieron sus experiencias.

Maia Campbell, Coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú, indicó que es necesario que las empresas que realicen proyectos extractivos, aseguren que sus actividades respetan los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la debida diligencia.

“Si bien los Estados son los responsables de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial, reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas, tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos. Los principios rectores de las Naciones Unidas especifican que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos “, destacó Campbell.

Este estudio, elaborado por CooperAcción y Oxfam, analiza los informes del OEFA (Informe Nº 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC y el Nº 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC), sobre la calidad del aire. Ambos estudios confirman que las emisiones de material particulado (PM10), provenientes de las actividades de la mina, superaron repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos, poniendo en evidencia los riesgos significativos para la salud de personas de trece comunidades de la provincia de Espinar. Estas personas se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados.

“Lo que buscamos es no solo socializar las evidencias de este informe sino abrir espacios de diálogo con autoridades europeas, financistas de la empresa Glencore, entre otros actores, lo que implicará la participación en una ruta de diálogo por siete países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza para buscar respuesta a los resultados del informe”, destacó Miguel Lévano, Coordinador de Programa y Alianzas de Oxfam en Perú

En tanto, Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción señaló en relación a las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco que hubo “falta de transparencia sobre las dimensiones de tierras que la empresa necesita adquirir para sus operaciones. En la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la empresa declaró que necesitaba adquirir el 6% del territorio de la comunidad de Pacopata y en la negociación fue más del 80%, lo que pondría en riesgo su existencia”.

A su turno, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K`ana de Espinar, dijo que vienen denunciando públicamente la delicada situación en la que viven, la cual afecta de forma grave sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias. “La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros y ellos están avanzando. La contaminación está cada vez más fuerte. Nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, a dónde vamos a ir. No es fácil irnos a otro lugar”. Alertó Merma.

Por su parte Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, también mostró su preocupación por el impacto ambiental de más de 35 años de minería en la zona, “porque no ha significado un camino al desarrollo que era lo que esperaban las comunidades”.

Para CooperAcción y Oxfam, es fundamental garantizar que se conozcan estos hechos y evitar la impunidad. La presentación de este informe busca llamar la atención de otros actores de la comunidad internacional responsables de esta situación, ya que no es sólo un asunto del Estado peruano y de la empresa, también es un tema de responsabilidad de los países de donde provienen las inversiones y de sus financistas, que tienen que ser responsables de sus inversiones y las afectaciones que pueden estar generando en países como el Perú.

Se imponen medidas administrativas contra Glencore por contaminación en Espinar

Perú

LOS CONFLICTOS COMO INDICADORES

EDITORIAL 28/11/2023
Poco a poco, pero de manera sostenida, los conflictos sociales activos están aumentando en los últimos meses. Lo dicen los informes de la Defensoría del Pueblo y lo dice la realidad misma.

Gremios de maestros, profesionales de la salud, docentes universitarios, entre otros, han estado en las calles las últimas semanas visibilizando sus demandas que no son atendidas. Además de la movilización de gremios sindicales, los conflictos ambientales también se han reactivado. Es el caso de la provincia de Huanta que paralizó por varios días, reclamando por la actividad minera que se ha instalado en la zona productora de agua; también en Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac); en la zona del corredor del sur andino, nuevamente se anuncian paralizaciones y demandan a la empresa Las Bambas y al Estado peruano que implementen los acuerdos de procesos de diálogo previos y, en Cajamarca, en la provincia de Cajabamba, en contra de la minera Shauindo. También podemos mencionar los conflictos en varias zonas de la Amazonía, como en la Cordillera del Cóndor o en el Alto y Bajo Putumayo, los casos vinculados a la minería informal, entre varios otros.

La pregunta es si este gobierno tiene la capacidad de responder a la creciente conflictividad social. Todo indica que no, que no tiene ni la capacidad y tampoco la legitimidad para hacerlo. Un gobierno con apenas 8% de aprobación (según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos), difícilmente podrá hacer frente a las demandas diversas de la población.

Los conflictos deben entenderse como alertas que llegan desde sectores de la sociedad y desde los territorios, que no solamente demandan atención puntual, sino, sobre todo, transformaciones sustantivas. Entrando al último mes del año, en medio de una crisis social y económica que se sigue agudizando y con el anuncio de un Fenómeno de El Niño que tendrá un impacto importante en varias regiones del país, todo indica que se vienen tiempos complicados que confirmarán la creciente conflictividad social en número e intensidad.
Cooperaccion

Litio, Mexico

China debe entender que ya se nacionalizó el litio, dice AMLO

27/11/2023
«Pueden venir las empresas extranjeras a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la nueva empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se generen los empleos y los beneficios», declaró.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).-

Tras el encuentro que tuvo con el mandatario de China, Xi Jinping, en el marco del Foro APEC en San Francisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no trataron el tema del litio, ante la nacionalización del mineral en México y las concesiones de empresas chinas.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador detalló que “realmente es una mina nada más y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo”.

“Y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo, no hay problema y ya se nacionalizó el litio y ellos deben de entender y los están asimilando de esa manera que se trata de un recurso estratégico, de un mineral que necesitamos para el desarrollo futuro de nuestro país y que vamos a cuidarlo para que no sea en beneficio de empresas extranjeras.

“Que pueden venir las empresas extranjeras a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la nueva empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se generen los empleos y los beneficios”, declaró.

Tras calificar como “buena” la plática que sostuvo con Xi Jinping, López Obrador recordó que en los próximos la canciller Alicia Bárcena viajará a China, y posiblemente a Corea del Sur, “porque necesitamos comprar los paquetes de electrodomésticos, los enseres que se requieren para apoyar a los damnificados de Acapulco y no hay suficientes en el mercado internacional”.

Puntualizó que hay cerca de 40 mil paquetes para entregar hasta enero, “pero necesitamos 250 mil para todas las viviendas”.

China debe entender que ya se nacionalizó el litio, dice AMLO

Panamá

Inconstitucional: Supremo de Panamá tumba el contrato con minera canadiense, foco de las protestas

28/11/2023
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este 28 de noviembre «inconstitucional» el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Gabrielle Colchen
Es un día histórico para Panamá, primero porque el país conmemora sus 202 años de independencia de España, pero también porque este mismo día la Corte Suprema falló en contra del contrato de explotación de la mina Cobre Panamá con la empresa canadiense First Quantum Minerals.

Después de un mes de manifestaciones en contra de la renovación del contrato entre el Gobierno y la empresa canadiense, se esperan marchas multitudinarias este martes para celebrar la decisión.

Este 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá, constituida por nueve magistrados y encabezada por la presidenta María Eugenia López Arias, declaró inconstitucional la Ley 406, que contiene el polémico contrato y que fue aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo.

«Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», declaró la presidenta.

La Ley 406 regula la explotación de esta mina, la mayor de cobre a cielo abierto de Centroamérica, que representa una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares. Con este fallo, el contrato deja de existir.

«Panamá ganó», «Panamá es verde»
Después de ser anunciada la inconstitucionalidad del contrato minero, miles de ciudadanos salieron a las calles en Ciudad de Panamá para celebrar la decisión judicial, después de semanas de descontento social y movilizaciones masivas en contra de la explotación de la mina de cobre en el país.

Cortizo promete un «un cierre ordenado y seguro» de la mina
Tras conocer el fallo de la Suprema Corte, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ofreció un conciliador discurso televisado a la ciudadanía del país, en el que afirmó que, tan pronto como la decisión de la corte sea publicada en la gaceta oficial, el Gobierno acatará su decisión y procederá con los preparativos para «un cierre ordenado y seguro» de la mina.

«Con el fallo de hoy, queda demostrado que la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia, siempre que esa administración de justicia sea independiente, imparcial y que no dependa de ningún presidente», expresó Cortizo.

Tras conocer la decisión, First Quantum dijo que estaba comprometida a cumplir con las normas que rigen sus actividades en Panamá, sin dar más detalles.

«Queremos afirmar nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los aspectos de nuestras operaciones en el país. Haremos más comentarios a medida que se hagan públicos detalles adicionales sobre la sentencia», dijo la empresa en un comunicado.

Por otro lado, Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Un contrato rodeado de polémica
El contrato ley, aprobado el 20 de octubre, daba permiso a Minera Panamá (filial de First Quantum Minerals) para seguir explotando la mina durante 20 años, con posibilidad de extender el contrato 20 años adicionales, a cambio de 375 millones de dólares de ingresos anuales para Panamá.

El Gobierno defendía que este contrato ofrecía mejores condiciones y beneficios para el país que el anterior.

Pero el contrato, aunque representaría cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, ha dado lugar a una serie de controversias. Primero, porque fue adoptado de manera acelerada a pesar de las numerosas críticas por parte de la sociedad civil. También se ha denunciado corrupción y falta de transparencia dentro de las negociaciones.

Por otra parte, porque la explotación fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano y está causando daños irreparables al ecosistema, según varias organizaciones ambientalistas. Al norte de la mina está el área protegida del distrito de Donoso, donde viven tanto poblaciones vulnerables como flora y fauna endémicas.

«Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, ha estado operando en un limbo legal, sin pagar impuestos al Estado panameño en la provincia de Colón. La empresa explota el depósito de cobre y oro ubicado en Donoso, una región que alberga una gran biodiversidad y es parte del Corredor Biológico Mesoamericano”, denunció la organización Panamá Wildlife Conservation.

¿El fin del estallido social?
El polémico contrato generó las mayores protestas en décadas en el país, en las cuales murieron al menos cuatro personas. La respuesta policial fue denunciada de excesiva por la Defensoría del Pueblo.

Los jóvenes y sindicatos lideraron este movimiento y un paro dejó sin clases a cerca de 800.000 estudiantes en el último mes. El rechazo al contrato también dio lugar a masivos bloqueos de vías.

Se espera que el fallo de la Corte Suprema ponga fin a esta crisis social. De hecho, este martes algunas de las vías bloqueadas empezaron a reabrir.

«La Democracia ha funcionado, se demuestra la independencia total del órgano judicial según establece nuestra Constitución Política y se reafirma en este fallo histórico y unánime (…) Ahora como panameños y panameñas nos queda abrir las vías, regresar a clases, al trabajo y a las comunidades. Recuperar la economía», afirmó el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc.

Ahora el futuro de la mina es incierto. Panamá podría cerrarla indefinidamente, nacionalizarla, o buscar otro contrato con nuevas reglas.
Con Reuters y EFE
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20231128-inconstitucional-supremo-de-panam%C3%A1-tumba-el-contrato-con-minera-canadiense-foco-de-las-protestas

Perú

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN AYACUCHO?

27/11/2023
José De Echave y Alejandro Mirones

Antecedentes

Ayacucho es una región donde la minería es predominantemente de mediana y pequeña escala. Además, la minería informal también está instalada en varias de sus provincias. Esta característica de la minería en Ayacucho se expresa en una participación poco relevante en la producción de algunos minerales: 8% de la producción nacional de oro, 6.5% de plata, 3.9% de zinc, 2.2% de plomo y apenas el 0.02% de cobre.

En lo que va del año en esta región se han invertido US$ 67´194,154, lo que representa una caída de 12.8% en relación al mismo periodo del año pasado. Ayacucho cuenta con un solo proyecto minero importante que figura en la cartera del Ministerio de Energía y Minas: el proyecto Reposición Inmaculada, de la empresa Ares, que está en etapa de factibilidad y representa una inversión de US$1,319 millones.

Las concesiones mineras ocupan 1´214,429.37 hectáreas, lo que representa el 27.91% del territorio departamental. Como se puede apreciar, en los últimos meses ha habido un ligero incremento de las concesiones. Las provincias más concesionadas son las de Paucar del Sara Sara, Lucanas, Sucre, Huanca Sancos y Parinacochas. Si bien Huanta no es una de las provincias más concesionadas, al parecer -como veremos más adelante- las concesiones mineras otorgadas en esta provincia están amenazando fuentes de agua de la que dependen varias poblaciones de la zona.


Desde hace un tiempo Ayacucho ha venido apareciendo en el mapa de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. En diferentes momentos, pobladores de varias provincias han expresado su preocupación por la afectación de la minería a las zonas productoras de agua. Incluso, algunos de los conflictos son de larga data y, como ocurre en el país, no han sido adecuadamente atendidos o los acuerdos de las mesas de trabajo no se cumplen.

Es importante tomar en cuenta algunos antecedentes de conflictos en la región. Uno de los casos más relevantes de los últimos años ocurrió en el mes de octubre del año 2021, cuando se declaró un paro en varias provincias del sur de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara). El paro fue en contra de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa. Incluso uno de los campamentos fue incendiado por un grupo de manifestantes. A la base del conflicto estaba la preocupación de la población por los impactos de la minería, sobre todo en las cabeceras de cuenca. En diferentes momentos el Frente de Defensa de Paucar del Sara Sara había solicitado que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declare a las cabeceras de las cuencas Yauca, Acarí y Ocoña y a las cuencas Chala, Chaparra, Atico y Caravelí ─próximas a la explotación minera─ como zonas intangibles. En el mes de noviembre (2021) se firmó la denominada acta de Coracora, donde se fijaron varios compromisos que, lamentablemente, hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad. Más adelante, volveremos a tocar este caso.
El reciente conflicto en Huanta

Una situación que tiene aspectos en común con los casos precedentes es lo que viene ocurriendo en las últimas semanas en los distritos de Chaca y Huanta, en la provincia de Huanta. El Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia acordó medidas de protesta en rechazo a las actividades mineras formales e informales que se desarrollan en las zonas cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca. La población demanda que las cabeceras de cuenca sean protegidas.

Las primeras medidas de protesta se dieron entre el 5 y 12 de septiembre de este año. Luego, el 19 de septiembre se instaló una mesa técnica que contó con la participación del Gobierno Regional (GORE-Ayacucho), la Dirección Regional Ambiental (DRA) y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huanta, municipalidades distritales de Chaca, Luricocha e Iguain, la Autoridad Local del Agua (ALA), la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, entre otros. Luego de la exposición de los representantes de las organizaciones sociales y las instituciones participantes, el GORE anunció la conformación de una mesa técnica para tratar el tema relacionado con las actividades mineras y la protección de las cabeceras de cuenca de Razuhuillca.

Posteriormente, el 22 de septiembre se acordó que la siguiente reunión de la mesa técnica se realizaría el 5 de octubre e iba a estar a cargo de la DREM Ayacucho y se invitaría a las autoridades competentes. Sin embargo, sin mayor explicación la reunión fue reprogramada para el 13 de octubre, lo que provocó la inmediata protesta de las comunidades.

El 7 de octubre, en una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta, que contó con la participación del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, el GORE Ayacucho, municipalidades provinciales y distritales, entre otros, anunciaron que la instalación de la mesa técnica quedaba suspendida. Además, se exigió la suspensión y nulidad de las autorizaciones mineras de la provincia de Huanta.

Diez días después, el 17 de octubre, las organizaciones sociales del distrito de Chaca, mediante un memorial dirigido al GORE Ayacucho, solicitaron “la reapertura de la mesa técnica o la instalación de otra mesa técnica de alto nivel en la presidencia regional y por acuerdo de Consejo Regional, como espacio de diálogo y entendimiento entre la politizada posición antiminera de la ciudad de Huanta y derecho de comunidades campesinas del distrito de Chaca”. Este memorial da pie para señalar que, al parecer, las comunidades campesinas de Uchuraccay y Chaca, de la provincia de Huanta, estarían de acuerdo con la actividad minera en la zona.

El 23 de octubre se realizó una reunión en la Municipalidad Provincial de Huanta con el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, a la que no asistieron los funcionarios del GORE Ayacucho. Luego de esa reunión se convocó a un paro y movilizaciones los días 13, 14 y 15 de noviembre. La demanda que se declare como zona intangible las cabeceras de cuenca de la Cordillera de Razuhuillca fue ratificada. Además, se exige la cancelación y nulidad de las concesiones mineras en la provincia de Huanta, entre otros puntos.

Las movilizaciones contaron con el respaldo de las comunidades, sindicatos y organizaciones civiles que están en contra de las exploraciones y la extracción de minerales en las cuencas de las lagunas de Razuhillca, principal recurso hídrico de la ciudad que es utilizado para regar los cultivos y para el abastecimiento de todo el sistema de agua potable. Según diversos medios de comunicación, la población teme que las actividades de las empresas Newmont Peru S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Per S.A.C. impacten en las fuentes de agua.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, se ha pronunciado en contra de las medidas de protesta adoptadas y aseguró que ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes para anular las concesiones mineras y así garantizar la conservación del medio ambiente. Sin embargo, Reyder Suárez, miembro del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Huanta, afirma que el gobernador ha mentido a los diferentes comités de lucha y habría aprobado las licencias mineras. Por este motivo Reyder Suárez señala que las protestas también son en contra del gobernador.

Cabe precisar que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, quien otorga las concesiones mineras a nivel nacional. Por lo tanto, en este tema los gobiernos regionales no tienen competencias. ¿En qué sí tienen competencia los gobiernos regionales? Cuando se trata de actividades mineras de pequeña escala o de nivel artesanal, todos los permisos y certificaciones (no las concesiones) son otorgados por los gobiernos regionales.
Las lecciones del conflicto de Huanta

El caso de Huanta y la necesaria protección de la cuenca del Razuhillca, pone nuevamente en agenda la importancia de contar con un marco legal e institucional que permita una protección efectiva de las zonas productoras de agua. Este tema es cada vez más sensible en departamentos como Ayacucho que, en las últimas décadas, ha venido perdiendo aceleradamente cobertura glaciar.

Uno de los instrumentos que podría ayudar a prevenir situaciones como la de Huanta es el postergado ordenamiento territorial: una política de ordenamiento territorial permitiría identificar, luego de un análisis técnico y social, cuáles son las potencialidades y vulnerabilidades de un territorio como el mencionado. El ordenamiento territorial habría podido determinar que se trata de un ecosistema vital para esta provincia de Ayacucho, por lo que se tendrían que excluir actividades que puedan ponerlo en riesgo.

Sin embargo, la política de ordenamiento territorial (OT) ha sido constantemente postergada. Ante la inexistencia de una Ley de Ordenamiento Territorial, un instrumento que podría cumplir una importante función es la Ley de Recursos Hídricos (LRH). Esta Ley establece la facultad que tiene el Estado de proteger las llamadas “cabeceras de cuenca” (o, con mayor propiedad, los ecosistemas generadores de agua). Sin embargo, la aplicación de esta norma también es una historia tortuosa de avances, retrocesos y estancamientos.

Aprobada originalmente el año 2009, la LRH señala en su artículo 75 que: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Sin embargo, pese a esta disposición, ninguna zona productora de agua ha sido declarada intangible en los años siguientes a la promulgación de la norma.

Pese a la aprobación de la Ley y del marco metodológico del 2021 y aunque ya existen los instrumentos legales, aún no se avanza. En noviembre de 2021, durante el conflicto en varias provincias de Ayacucho, por el rechazo de la población a actividades mineras, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, logró un acuerdo con las organizaciones sociales locales para proteger las cabeceras de cuenca. El acuerdo señalaba que Ayacucho se convertiría en “la primera región donde se aplicará un marco metodológico para identificar, caracterizar y zonificar cabeceras de cuenca”, según la nota de prensa difundida en ese momento por el Gobierno (MINAM, 2021). “La Autoridad Nacional del Agua priorizará la implementación del Marco Metodológico para la Identificación, Caracterización y Zonificación de las Cabeceras de Cuenca, en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara. Los resultados de este proceso estarán en el primer trimestre del 2022, convirtiéndose en la primera región del país en la que se aplicará el mencionado Marco Metodológico”, se señaló. Sin embargo, el acuerdo fue tachado por gran parte de la prensa y por los sectores empresariales.

Lo que estamos viendo en Huanta es un nuevo caso que pone en evidencia que el país necesita avanzar en la construcción de un marco legal e institucional que permita proteger las zonas productoras de agua. Esto es aun más necesario en un contexto de emergencia hídrica como el que se vive.

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