El conflicto minero de Salaverna, Zacatecas, es paradigmático y emblemático para México. Una comunidad que a pesar de no tener un régimen de propiedad ejidal ha logrado frenar por más de 10 años el proyecto de cambio de uso de suelo de la actual explotación subterránea que realiza la empresa Frisco-Tayahua del magnate Carlos Slim desde 1998 y evitar que se explote a cielo abierto un yacimiento de cobre ubicado debajo de las casas de la población. Este estudio de caso analiza la manera en que se pone en tensión el dilema del desarrollo como promesa y la realidad trágica de una comunidad golpeada por el despojo y el desplazamiento forzado. Devela las condiciones de pobreza en que vive el municipio de Mazapil y considera el panorama del conflicto, incluso con respecto al uso de la fuerza pública para tratar de desalojar a la población en resistencia. El objetivo es visibilizar esta experiencia a través de un repaso histórico inscrito en el pensamiento crítico y tomando como parámetro orientador la investigación acción participativa.
Introducción
En México, la venta del territorio al capital privado derivado de las reformas legislativas de los años noventa[3] y el viraje al neoliberalismo como política económica, abrió paso a la configuración de un nuevo boom minero. El Estado-nación quedó subordinado a los intereses de una oligarquía nacional y a los capitales extractivos trasnacionales, como se corroboró en el año 2015, en que las empresas canadienses tenían el control del 77% de los proyectos de exploración, así como del 60% de los que estaban en desarrollo, mientras las mineras mexicanas manejaban el 56% de los 270 proyectos en operación (Geocomunes, 2016).
Hoy en día, la minería es un componente fundamental para el dominio imperial del capital. En pleno siglo XXI, en los umbrales de una crisis civilizatoria, el espacio geopolítico de América Latina es marcado como territorio minero y espacio colonial periférico (Machado, 2014: 165-167) y México, específicamente Salaverna da cuenta de ello.
Desde la colonia hasta la actualidad, el estado de Zacatecas ha tenido vital importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, ubicándose en la segunda posición (SE, 2016). De acuerdo con el Colectivo Geocomunes (2018), existen 2 mil 296 títulos de concesiones en Zacatecas, que ocupan 1, 803,200 ha, y que a su vez representan el 24% de la superficie del estado.
En ese sentido, el objetivo de este artículo es dar cuenta de cómo ha venido operando el modelo extractivo minero en Zacatecas, concretamente en Salaverna, una comunidad del municipio de Mazapil que se mantiene en resistencia frente a la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim, el hombre más rico del país, que tiene la intención de hacer un cambio en el uso de suelo y explotar por 10 años y a cielo abierto un yacimiento de cobre catódico con 99% de pureza (Frisco Tayahua, 2009).
El análisis aquí planteado demuestra que la minería no ha generado mejores condiciones de vida ni para la comunidad ni para el municipio; por el contrario, ha generado división y la destrucción de gran parte del poblado que se aferra a no morir. Por lo tanto, este trabajo se desarrolla en el campo del pensamiento crítico, en el desarrollo histórico que da cuenta de la experiencia de resistencia de la comunidad de Salaverna frente a la minera que implicó, entre otras cosas, el despojo y desplazamiento forzado; de ésta forma es como se ha definido la correlación de fuerzas. La pertinencia y urgencia de analizar el extractivismo minero en el ámbito local zacatecano justifican los estudios académicos y periodísticos enfocados en dicha problemática.
La metodología empleada para la presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, ante el interés de entender la realidad que vivían las personas en resistencia desde sus historias y sus interpretaciones de la realidad social más que por la cuantificación de los hechos, poniendo énfasis en cómo resienten los actores locales estas problemáticas.
Se tomaron como referencia aportes proporcionados por la Investigación-Acción-Participación (Carr y Jemmis, 1988: 11-68; Lewin, 1992: 13-26; Latorre, 2005: 23-104). Dicha perspectiva acompaña la concepción de que toda persona es productora de conocimiento y que se pueden generar trasformaciones sociales en el contexto local. Parte de las técnicas para la recogida de datos incluyeron entrevistas colectivas e individuales, así como talleres temáticos de preocupación colectiva, el acompañamiento a la comunidad en el proceso de organización, visibilización mediática, investigación histórica y proceso jurídico en el periodo 2013- 2018.
A la fecha, múltiples trabajos académicos, periodísticos y sociales (por ejemplo, Bartra, 2016; Revista Proceso. 2013; Periódico La Jornada, 2017; Guzmán, 2016; Garibay, 2010; Garibay et al. 2014; Panico yGaribay,2011; Panico, 2018) denuncian los impactos del extractivismo en la región de Mazapil. Estos trabajos critican la dinámica política y las agencias gubernamentales que facilitan la inserción de las grandes compañías mineras nacionales y extranjeras en el territorio zacatecano. Estas empresas, al extraer los recursos minerales del subsuelo, dejan una huella económica, social, política, cultural y ambiental en los lugares donde se instalan. Aunque se requiere de un análisis más amplio, se ha observado que la denuncia pública no es un impedimento para que las mineras sigan operando bajo sus condiciones y sus reglas, además de que el tema de los actores sociales ha quedado ausente en estos trabajos.
Y aunque son diversos los enfoques por interpretar el tema en la región, ninguno aborda de forma concreta el proceso de la resistencia en Salaverna; la mayoría aborda el caso de forma general. Este texto pretende un análisis desde la investigación académica, pero también desde el acompañamiento activo y participativo en la resistencia; permite dar voz sobre el proceso de despojo para la acumulación capitalista con información concreta de la problemática a los actores que resisten.
Entre la promesa de desarrollo y la cruda realidad de la pobreza
Con más de 10 años frenando el proceso expansivo de la minería subterránea a minería cielo abierto, la experiencia de Salaverna en Mazapil, que incluye a las comunidades de Las Majadas y Santa Olaya, se ha convertido en un caso emblemático y a la vez paradigmático debido a que no tiene una estructura de gobernanza de base ejidal que permite una defensa jurídica más amplia del territorio, además de una correlación de fuerza sumamente desigual respecto a la empresa Frisco-Tayahua.
La minería se ha naturalizado en el imaginario regional. Los actores hegemónicos (Estado-empresas) la exaltan sin cuestionar seriamente sus implicaciones sociales, ambientales, económicas, culturales y de salud. La minería es promovida por la tendencia dominante como una oferta para generar progreso y desarrollo, pero se puede constatar que a pesar de que la oficialidad del poder y el sector empresarial presuman el territorio por su potencial minero desde una lógica donde la minería se interpreta como la base para el bienestar y el confort, sinónimo de modernidad (Machado, 2014:54), la realidad muestra la articulación de distintos conflictos eco-territoriales.
Desde esa perspectiva, la ofensiva neocolonial expresada en el nuevo boom minero ha generado la articulación de distintos conflictos[4] cuyas aristas incluyen la violación a los derechos humanos, la destrucción de territorios, la depredación de bienes naturales, el debilitamiento de la organización comunitaria, la pérdida de identidad y de vida tradicional histórica con arraigo a la tierra, diversas formas de daño a la salud humana y contaminación al medioambiente, el exterminio de los mantos acuíferos y en suma, la invisibilización y negación de otras formas de vida, distintas a la impuesta por la tendencia dominante del capital.
Cabe mencionar que para extraer dichos metales se requiere separarlos de la roca y esto implica utilizar sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Además, se usan disolventes, gasolina y diésel en grandes cantidades; estas sustancias son causa de graves daños porque envenenan aquello que está a su alcance (Núñez, 2016).
Del mismo modo, hay que señalar que la violencia es una constante en los procesos de despojo para la acumulación (Rodríguez, 2017: 43) en un marco donde el modelo extractivo minero se ha profundizado debido a la rentabilidad que genera en la coyuntura del capitalismo contemporáneo, violencia que se manifiesta de múltiples maneras (Gudynas, 2013).
También las desigualdades se van acrecentando conforme avanza la minería en los territorios; en el municipio de Mazapil se observa en las concesiones y el despojo de las tierras y la violación a los derechos humanos. Tómese en cuenta que la relación capital-comunidad se caracteriza por una acumulación de capital proporcional al detrimento económico, social y ambiental de la comunidad en la que se establece. Se plantea a continuación que la operación es simple: a mayor ganancia para la minera, mayor pobreza para Salaverna.
Mazapil aportó el 8.7% del valor de la producción total de minerales a nivel nacional en el año 2016 (SE), lo que se traduce en 59 mil 867 millones de pesos. Además, la propia Secretaría de Economía ha otorgado 402 concesiones en el municipio, de las cuales 67 pertenecen a la minera Tayahua SA de CV de capital nacional, que opera la mina de Salaverna desde 1998 de forma subterránea y extrae 5 mil toneladas de material al día (Geocomunes, 2018).
En este contexto, existen filiales y particulares que forman parte de las gigantes trasnacionales. El caso de la Minera Peñasquito SA de CV, filial del grupo Goldcorp Inc. es particular debido a que es la mina de oro más grande en México a cielo abierto, que consta de dos tajos en 50 mil 115 ha. La minera extrae 130 mil toneladas de material al día y contribuye con el 33% del total de los ingresos del corporativo (Geocomunes, 2018).
En contraparte, en Mazapil viven 17 mil 813 habitantes, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015: 1-2) es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema con el 12.9%, y aproximadamente el 63% en condición de pobreza.
Para dar mayor sustento a la tesis de que la minería no ha llevado desarrollo y progreso para Mazapil, encontramos también los siguientes datos oficiales obtenidos del CONEVAL (2015: 1-2): el 44.6% de las personas que viven en el municipio no dispone de agua entubada a la red pública y 36% de la población no dispone de drenaje; en cuanto a educación, la población de 15 años y más que carece de educación básica completa es el 61%, además el 40% de la población se encuentra sin derechohabiencia a servicios de salud y el indicador de pobreza y vulnerabilidad es del 72.2% (CONEVAL, 2015: 1-2).
Como se puede observar, los indicadores de bienestar se conectan para dar forma a una situación donde persisten altos niveles de pobreza, informalidad laboral, falta de acceso a servicios y rezago educativo, laboral, falta de acceso a la salud y vulnerabilidad. Todo ello fomenta la desigualdad socioeconómica para las comunidades. La actividad extractiva minera se caracteriza por la poca o nula importancia dada a las consecuencias negativas que provoca en los poblados circundantes, dando lugar a una ley: a mayor miseria para el poblado, mayor ganancia para la empresa[5]. Mazapil puede considerarse por esta conjunción de factores como uno de los municipios más marginados de la República Mexicana. Dicha situación nos aproxima a la realidad que se vive hoy en día en América Latina.
La experiencia de la resistencia en Salaverna ante la megaminería a cielo abierto
El conflicto entre los posesionarios de Salaverna y la minera Frisco-Tayahua representa un fenómeno que se reproduce a escala mundial; las relaciones entre el capital y las comunidades se repiten siguiendo un patrón similar a lo largo de la historia: despojo de asentamientos humanos para la expansión capitalista, como lo planteaba Marx (1980 [1867]: 126-169).
Una fracción de la población encabezado por Don Roberto (Roberto de la Rosa) se niega a ceder ante los designios del magnate Carlos Slim. A pesar del panorama, hemos podido constatar que las estrategias de organización, de vinculación y las acciones jurídicas empleadas han dado resultados y son referentes para otras luchas territoriales en el estado, como ocurre hoy día en municipios como Chalchihuites y Jiménez del Teul, también en Zacatecas, en donde existe oposición a la entrada de megaproyectos extractivos.
El Gobierno en sus tres niveles ha intentado invisibilizar e incluso desaparecer de la historia la presencia de Salaverna, con el propósito de favorecer la expansión de la minera y el cambio de uso de suelo y explotar el yacimiento a cielo abierto. Al respecto, la investigación en el Archivo Histórico Marqués de Aguayo de Mazapil, ubicado en el museo histórico del mismo municipio, dio como resultado conocer elquinto censo poblacional realizado en 1930, que escondía una prueba irrefutable de la existencia previa de la comunidad: un hombre de 72 años que nació y vivió en Salaverna; es decir que mínimamente, la comunidad existe desde 1857 (Rodríguez, 2017: 58), época en la cual se fue articulando una forma de vida campesina que se combinaba con actividades mineras.
La mina Tayahua empieza a operar en 1972 y posteriormente en 1998 fue adquirida por Slim para denominarse como “Frisco-Tayahua” (Minera Frisco-Tayahua, 2011). Según el colectivo Geocomunes (2017) este proyecto es el séptimo más importante a nivel nacional por la extracción de cobre. La relevancia del yacimiento da pie en específico al proyecto Calcocita-Salaverna (2009), ubicado debajo de la comunidad y para cuya explotación es necesario el cambio de uso de suelo de mina subterránea a mina a cielo abierto, lo que implica el despojo de tierras e incluye el desplazamiento forzado de los habitantes.
El proyecto plantea una vida útil de 10 años y pretende extraer 10 mil toneladas diarias de material procesable y 25 mil toneladas de material rocoso estéril para obtener diariamente 42 toneladas de cobre catódico con 99.99% de pureza, con una inversión de 45 millones de dólares (Frisco-Tayahua, 2009). En febrero de 2015, la libra de cobre se cotizaba en 2.80 dólares, lo que representa que si diario se procesan 92 mil 568 libras, Frisco estaría obteniendo 259 mil 190 dólares al día, y en diez años sumarían un estimado de 946 millones de dólares, contando únicamente el cobre y tomando en cuenta que los precios pueden variar constantemente.
A las comunidades se les sigue imponiendo, desde la colonialidad, la idea del desarrollo y progreso a través de la promesa de generación de empleos y derrama económica. Bartra (2016: 56) ejemplifica dicha aseveración (que puede ser aplicable en Salaverna a la situación de don Lalo y don Beto) cuando retoma el caso de Filemón y Baucis, escrito por F.W. Goethe en su obra Fausto relativo a los mecanismos del despojo: La pareja de edad avanzada se opone a los deseos de Fausto y se niega a ser reubicada, mostrando que los métodos de apropiación de la propiedad privada desde el siglo diecinueve no han cambiado mucho. Más bien dichos métodos se reactualizan de manera recurrente, bajo la promesa para las comunidades, nunca cumplida, de un paraíso en vida por parte del capital.
Esta información nos aproxima a la realidad de América Latina, en donde las clases altasque poseen los medios de producción, ya sean nacionales o internacionales están acabando con la vida rural.Esta situación no extraña al reflexionar sobre la idea de Roux (2016: 74), cuando menciona que no se está ante un retorno a la acumulación originaria, sino en la visibilización de un proceso permanente que forma parte y acompaña siempre al proceso de la acumulación capitalista.
Bajo esa perspectiva, el conflicto entre la minera y la comunidad inició formalmente en el 2007, cuando los habitantes, preocupados por los rumores de que la mina bajo sus pies cambiaría para ser como la de Peñasquito, comenzaron a reunirse y es así que solicitaron el registro de sus tierras para ser reconocidas como ejido al Tribunal Agrario de Zacatecas. Para el año 2008 llegó al poblado la maquinaria especializada que sería utilizada para la extracción a cielo abierto, causando incertidumbre en la población.
En el 2010 se consolidó la “Asociación de Posesionarios de Majadas, Santa Olaya y Salaverna”; en el mismo año la Secretaría de Economía otorgó la concesión a Tayahua SA de CV por el polígono de 3 mil 584 hectáreas. También en el mismo año, la empresa anuncia la reubicación de la población a un nuevo complejo habitacional llamado “Nuevo Salaverna”, ofreciendo a cambio una casa en comodato, 15 mil pesos y trabajo en la mina.
Algunas personas aceptaron la oferta. Fueron distintas las motivaciones para dejar su pueblo. Los psicólogos y sociólogos utilizados por la empresa les dijeron que tendrían mejores condiciones de vida y que se unieran al progreso, y así comenzó el desplazamiento. Al desalojar las viviendas, una a una eran demolidas a punta de marro por personas contratadas por Frisco en cuanto firmaban el contrato: sin decir más o dar oportunidad para sacar sus pertenencias comenzaba la demolición. Por tal motivo, en junio de ese año, se realizó la última fiesta patronal del Sagrado Corazón, tradición que había perdurado más de 100 años en Salaverna.
Para el 6 de diciembre del año 2012, a las 7:30 am, un barreno dentro de la mina provocó el hundimiento de una zona del poblado, generando pánico en las personas que vivían cerca; por ello, un segundo grupo de personas aceptó la reubicación. Algunos habitantes mencionaron que fue un acto terrorista en su contra, que el sonido fue el de una bomba. Cabe mencionar que ninguna instancia de protección civil ni las autoridades municipales acudieron al llamado de auxilio de los habitantes, despreocupados por la seguridad de quienes estaban arriba, pero sobre todo de quienes se encontraban laborando abajo, es decir, de los mismos mineros.
Poco a poco la organización comunitaria se iba debilitando y las tensiones internas se iban acrecentando. Ante ello, un dilema atravesó la resistencia: la pregunta precisa ¿para qué se lucha? fue determinante. Algunos habitantes buscaban una negociación “justa”, algo contradictorio bajo el panorama en que de hecho estaba ya la comunidad: gran parte de las casas destruidas, el tejido social deteriorado y la división cada vez más latente.
Ya para el 2013, las personas que permanecían en la comunidad no accedieron a que se trasladaran a la Iglesia del “Nuevo Salaverna”, las imágenes religiosas de su templo y las resguardaron en la parroquia de la cabecera municipal, negándose a perder parte de su identidad. También en 2013 la revista Proceso dio a conocer el caso de la minería en Mazapil “El dorado de México” y en diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó a la minera Frisco-Tayahua la explotación a cielo abierto en Salaverna, ubicada a 20 km del tajo Peñasquito. Cabe mencionar que las autorizaciones de dicha institución no bastan cuando los propietarios no acceden.
El grupo de Posesionarios había fijado como objetivo un proceso jurídico en contra de la empresa a través de su apoderado legal, el Lic. Manuel Ramírez, donde reclamaban casa por casa, terreno por terreno y trabajo. Sin embargo, hubo una fractura debido a las tensiones que había al interior de la comunidad, pues mientras don Beto planteaba una lucha por la tierra a través de la demanda de certeza jurídica del territorio, don Lalo manejaba el discurso de la negociación, lo que generó que el grupo se dividiera.
A todos estos años de lucha le siguió un periodo de quietud por parte de la minera hasta mediados de junio de 2016, cuando la Secretaría de Gobierno del Estado anunció que se iniciaría el estudio de riesgo por una supuesta falla geológica con el fin de declarar Salaverna como zona de alto riesgo, pero la comunidad no permitió que el Servicio Geológico de México (SGM) ingresara bloqueando el camino y corriendo a las personas, debido a que el recurso económico para dicho estudio sería aportado por la minera. Una pregunta se hacía en el poblado: ¿cómo vamos a creer que el resultado va a ser imparcial si ellos están poniendo el dinero? La historia nos ha demostrado que el que paga manda y la sospecha era válida.
Ante las presiones y de manera estratégica, la fracción de la resistencia liderada por don Beto se incorporó a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en junio del 2016, y a partir de esta acción, los abogados de dicha organización trasladaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a nivel federal.En ese tenor, se exigió a la minera que demostrara con documentos legales que los terrenos en pugna eran de su propiedad y que salieron del dominio de la nación.
Después de una investigación a profundidad, realizada por el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) en colaboración con la UNTA, se corroboró que ni en el Registro Público de la Propiedad a nivel nacional, ni a nivel local, en Concepción del Oro o en Mazapil, existían antecedentes registrales y/o traslativos sobre la escritura que presentó Frisco. La SEDATU reconoció que las escrituras de la minera no tienen respaldo legal, motivo que hace suponer negligencia en la forma en que se elaboraron, poniendo en entredicho el papel del notario público de Saltillo José Humberto Salinas Evert, su ética y profesionalismo y la veracidad de la minera.
El 6 de diciembre del 2016 se iniciaron los trabajos de deslinde por parte de la SEDATU, con previa notificación a las tres partes involucradas; la minera, la comunidad y el ejido de Mazapil, el cual llegó a una negociación económica con la empresa minera. Los trabajos consistieron en la identificación de las coordenadas para georreferenciar cada uno de los puntos perimetrales de la comunidad para definir el terreno que, en este caso, la comunidad solicitó. Al verse acorralada, la empresa presionó a través del gobierno estatal para concretar el desplazamiento de las personas que aún habitaban el territorio.
Pasados 17 días, el 23 de diciembre, con el supuesto argumento de una falla geológica natural, no comprobada al día de hoy, se presentaron funcionarios autorizados por Gilda Fabiola Torres, la Secretaria de Gobierno del estado, supuestamente amparados en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección Civil estatal procedieron con el uso de la fuerza pública y de maquinaria al desalojo de las familias, con el objetivo de la reubicación de quienes quedaban habitando Salaverna ante la expresión más fuerte de resistencia: habitar el lugar.
Fue un acto de despojo y desplazamiento forzado articulado por la empresa minera, utilizando al Gobierno Estatal como brazo ejecutor para sacar de la comunidad a los líderes en el momento del desalojo, citando simultáneamente a uno de ellos en la Presidencia Municipal y al otro en la capital del estado, mientras que en la comunidad demolían la Iglesia, la escuela, la delegación municipal y un colegio que era ocupado para hospedaje de peregrinos y algunos habitantes. Los derechos humanos, políticos, económicos y ambientales fueron violados, ultrajando, amenazando, invadiendo el territorio y golpeando con la intención de pisotear la dignidad.
Sin embargo, las mujeres y los jóvenes de Salaverna resistieron en su comunidad mientras en la ciudad de Zacatecas las organizaciones sociales que se solidarizaron bloquearon durante más de 10 horas la avenida principal del centro histórico, exigiendo que se retirara la policía federal, municipal y estatal, así como a los representantes de la Secretaría de Gobernación y el personal de Protección Civil, la maquinaria de demolición y los camiones de mudanza, siendo ésta la única forma en que se pudo detener la agresión. La movilización fue inmediata, los medios de comunicación y las redes sociales estallaron en contra de la minera y del Gobierno de Zacatecas por los crímenes cometidos en Salaverna.
Lo ocurrido el 23 de diciembre quedó marcado como una acción cobarde desde el poder, pero también como un acto de resistencia por la vida y el arraigo a la tierra gracias a la determinación de las personas, sobre todo a la fuerza de las mujeres, que lograron detener la demolición de sus viviendas. Todavía no se tiene respuesta contundente en la SEDATU para restituir las tierras de la población, ni en la Procuraduría General de Justicia del Estado, anteel proceso penal por omisión que emprendió la comunidad, ni por el Tribunal Contencioso-Administrativo por el proceso jurídico iniciado por el proceder de las autoridades el 23 de diciembre del 2016, ni por el Tribunal Unitario Agrario por la suspensión de los derechos ejidales que se le aplicó a algunos habitantes de Salaverna pertenecientes al ejido Mazapil que estaban en contra de la minera; sin embargo, la resistencia sigue de pie.
En este caso, ha resultado determinante la cuestión mediática que se logró a través de la alianza con medios de comunicación y el uso de las redes sociales, con lo que se trasladó de una urgente respuesta a una estrategia que fue tomando mayor presencia y alcance en las acciones de la resistencia. También, las acciones jurídicas tomaron un rumbo diferente: de plantear al inicio una negociación justa, la lucha se tornó al plano territorial por el reclamo de la tierra; en ese marco, el OCMZac y la UNTA han jugado un papel importante. Y finalmente, lo más relevante ha sido la determinación de quienes aún habitan la comunidad, que como se mencionó en párrafos anteriores, hacen uso de su herramienta más fuerte de resistencia: la de seguir habitando el lugar y gestionando bajo sus propias lógicas el territorio como medio de sustento y de vida.
Conclusiones
Como en muchos otros casos en Zacatecas, en México y en el mundo, la estrategia de la empresa minera era esperar la desintegración de la resistencia al llevarla al límite para el colapso. Sin embargo, a pesar de estar en ruinas, Salaverna está en pie de lucha y queda la esperanza de que pese a la destrucción casi total de las viviendas y edificaciones públicas a causa de los marros y la maquinaria con el sello de Carlos Slim y la complicidad gubernamental, se haga valer la justicia y las tierras se reconozcan a favor de la población local.
La desigualdad entre Salaverna y Frisco-Tayahua es determinante. No obstante, el magnate, quien tiene una capacidad económica impresionante al ser el cuarto hombre más rico del mundo, con200 empresas diversificadas y una fortuna estimada de 79 mil 600 millones de dólares (Forbes, 2016), se encuentra en este caso “contra las cuerdas”, pues, por más de diez años el proyecto de cambio de uso de suelo se ha mantenido en suspensión.
Resta decir que en el proceso de territorialización de una empresa minera, hay diferencias cuando se instala en un territorio ejidal o comunal, donde hay parámetros de la ley que pueden favorecer la defensa del territorio. Sin embargo, cuando las empresas mineras llegan a un territorio donde sólo existe el derecho de posesión, pretenden obligar y aplastar a las comunidades. No obstante, este caso queda para el análisis porque a pesar de lo mencionado, se logró tejer un argumento que ha sido crucial, al demandar que la empresa muestre que compró los terrenos a la nación, algo que no ha podido comprobar.
Así como Salaverna se encuentra la comunidad de la Colorada en Chalchihuites, y nos atrevemos a decir que hay más pueblos en la misma situación, donde las empresas afirman ser “dueñas” de los terrenos que anteriormente eran tierras nacionales y se imponen para la extracción, sobre todo en aquellos lugares con alta tradición minera. Por ello, este caso es paradigmático en las resistencias mineras del país, pues a pesar del balance de poder asimétrico, la resistencia sigue de pie.
Fuente:http://enelvolcan.com/82-ediciones/057-abril-junio-2019/600-salaverna-el-pueblo-que-no-quiere-morir-una-experiencia-de-megamineria-a-cielo-abierto?fbclid=IwAR0wcoVqSFFvpU9LaWdhwgF-eXXn7qTQuCwtAQS5GJ7LQc3tEJ9C9-BDCyI
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