Honduras

137 concesiones mineras y de energía invaden territorios indígenas en Honduras

Autor: Thirzia Galeas , Conexihon.hn
Cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.
Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes que demandan el respeto a la consulta por la masiva instalación de de proyectos extractivistas y la inexistencia de títulos de tierras ancestrales.
Para el director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos, “siempre es [de] la misma manera”, es decir “el Congreso Nacional da una licencia una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades, luego las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta, y luego la comunidades se organizan, hace resistencias, pero después la empresa privada presenta las denuncias ante el Ministerio Público”, criminalizando a los defensores.
En el informe “Territorios En Riesgo II”, presentado en abril de este año, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) expone el estado de las concesiones solicitadas y otorgadas hasta el 2018, el área total destinada para la extracción minera podría aumentar en un 400%, pasando de 75,125 hectáreas (ha) en explotación actual a 375,165 ha potencialmente.
El documento indica que las y los defensores del ambiente y de los derechos humanos son atacados y criminalizados por el Estado y por las fuerzas de seguridad privada, especialmente en zonas rurales, donde la pobreza es más grave y cuyas poblaciones dependen de las tierras agrícolas, de los bosques y de las fuentes de agua para su subsistencia, donde la agricultura es el principal motor de los ingresos y los empleos rurales, a pesar de sus bajos salarios.
¿La consulta previa?
El Estado de Honduras ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1995, sin embargo, en el año 2016 presentó una propuesta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que trabajo en conjunto con Naciones Unidas, propuesta que fue rechazada por algunos pueblos indígenas y afrohondureños.
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH), conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta del anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), impulsado desde el gobierno.
“Territorios En Riesgo II” indica que la superposición con las tierras de los pueblos indígenas en particular puede indicar una violación de los derechos de los indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
También señala que “con frecuencia, los Estados de la región adoptan decisiones sin consultar, afectando a los referidos pueblos, lo que propicia conflictos sociales y agudiza la desconfianza hacia sus gobiernos”.
Sobre la consulta previa y en el marco del el Foro Regional contra la Minería, la líder garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Mirian Miranda, expuso “el gobierno a través de la Republica de Honduras dice que los pueblos indígenas no tenemos derecho a veto es a decir que no, eso es vergonzoso, pero a lo que tenemos derecho es a la libre determinación que son cosas diferentes a tomar las decisiones en nuestros propios territorios nuestras propias comunidades, las comunidades pueden ejercer la autonomía y la resistencia”.
La consulta previa en el marco de la propuesta de Ley de Consulta Previa Libre e Informada introducida recientemente por el Poder Ejecutivo, -añadió- “es únicamente para legalizar una institucionalidad corrupta y además asesina porque son los responsables de todo lo que están haciendo en nuestras comunidades por eso hemos dicho el Estado es el responsable del asesinato de Berta Cáceres y lo vamos a seguir diciendo”, sostuvo.
“En el caso de Honduras las empresas llegan directamente a las comunidades son las que llevan en algunos lados comida y vienen y traen a la gente para que peleen, se están peleando los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo y están usando los medios de comunicación para eso, cosas que debe garantizar el Estado lo pone en manos de empresas corruptas igual a ellos, y por eso es que nosotros tenemos que arreciar la lucha tenemos que fortalecernos porque vienen cosas difíciles para este país”, puntualizó.
Lencas y Tolupanes, los más afectados por concesiones mineras
En Honduras hay 101 concesiones mineras con intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como «artesanal», «banco de préstamo» o «pequeña minería», indica el documento.
Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.
Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575% de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.
En cantidad de concesiones, el pueblo indígena lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas y otras 23 en zonas multiétnicas, aledañas a tierras lencas.
Por su parte, María Felicita López, coordinadora de Género del Movimiento Indígena Lenca de la Paz Honduras MILPAH, “uno de los principios de defender el territorio es porque nuestro derecho otra porque el territorio sin la tierra y sin el agua no tendríamos vida, son territorios ancestrales y por ello nos corresponde”.
María agregó “MILPAH busca es declarar a los municipios libres de proyectos extractivistas y que también la gente tome conciencia de los efectos que traen los proyectos porque estos entran con mentiras con regalías, que van a haber centros de salud mejorados, mejor acceso a carreteras, empleos para los pobladores, sabemos que es una mentira porque después de eso hay contaminación y enfermedades para las mujeres los niños y los jóvenes. Eso ya lo tenemos comprobado hemos pasado experiencias con otros lugares, otros departamentos de Honduras y fuera de Honduras, donde ya están los efectos de las mineras y de las hidroeléctricas y las eólicas. Como MILPAH estamos contra esos proyectos, no estamos en contra del desarrollo del municipio, sino contra las injusticias que se dan bajo el engaño y el saqueo de los territorios”.
El pueblo tolupán también se ve también afectado, ya que cuenta con menores extensiones de tierra, pero tiene 24 concesiones, de las cuales 16 son de mayor escala.
Por otra parte, en el inciso 8.2. denominado Generación de energía eléctrica, indica que hay 36 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de tierras indígenas y afrodescendientes, de las cuales 32 son proyectos hidroeléctricos, 2 son proyectos eólicos, 1 de biomasa y 1 fotovoltaica.
En resumen, la mayoría de los proyectos hidroeléctricos se encuentran en territorio lenca o multiétnicos aledaños al territorio lenca. El único proyecto de biomasa es la planta AZUNOSA, ubicada en tierras del pueblo tolupán. Y el único proyecto fotovoltaico, la planta Nacaome de la empresa SOPOSA, se encuentra en el extremo sureste de las tierras del pueblo lenca.
También refleja que de los proyectos hidroeléctricos en construcción, aprobados, en proceso y en estudio, llegan a operar, se vería un aumento en un 300% el número de proyectos en tierras indígenas.
Otro de los conflictos que se avecinan en tierras indígenas son las concesiones en el tema de Hidrocarburos en el territorio miskito, sobre los Cayos Miskitos y territorio garífuna mar adentro de la Laguna de Bacalar (Walumugu, en lengua garífuna).
Sin embargo, en el marco de la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), responsable del seguimiento al Convenio 169, el Estado hondureño señaló que se “socializó” el proyecto de exploración de parte de la compañía internacional Shell, que adquirió a British Gas (BG) como un proceso modelo de consulta libre, previa, e informada.
El documento señala también que “en la zona marítima de La Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período comprendido de septiembre a noviembre de 2013, donde se realizaron diez (10) asambleas de consulta con los consejos territoriales de La Mosquitia”. Asimismo lo declara en el informe la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 2018.
En respuesta a su solicitud de información con registro SOL-SEDIS-62-2019 del 15 de junio del presente año y recibida a través del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), Conexihon recibió a través de Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) la información que hace constar que solamente tres proyectos han formado parte de los acompañamientos de esta institución en el marco de los procesos de consulta previa, ninguno de ellos corresponde a la aprobación de la concesión por hidrocarburos.
En cambio, la OFRANEH, representando comunidades garífunas aledañas a la concesión, denunció que la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), hoy Mi Ambiente, “envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto del 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta.
Previamente, el 27 de mayo del mismo año, SERNA hizo público el contrato con BG”, el cual fue aprobado en el congreso el 18 de junio como Decreto 90-2013 y entró en vigor a partir de su publicación en el Diario la Gaceta el 25 de junio de 2013. La OFRANEH además ha manifestado graves preocupaciones por los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.
Relacionado con el conflicto político y de los territorios indígenas y afrodescendientes, por la poca participación y transparencia. Las organizaciones indígenas prevén que, a partir de la explotación, podrían surgir otros conflictos relacionados con los nuevos migrantes a la zona costera, por contaminación provocada por las actividades y por la construcción de la infraestructura para el transporte de los derivados de petróleo.
Dado que en 2019 se cumplen seis años de la concesión para exploración (el período máximo que permite la Ley de Hidrocarburos), se espera una divulgación de los resultados de estas actividades. Dependiendo de estos, las empresas AziPetrol/Caribx podrán especificar un espacio para explotación (máximo de 50% de lo que se otorgó para la exploración), lo cual generará debate y oposición.
Criminalización y violencia por la defensa de los territorios
El 1 de marzo de 2019, más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en “estado de alerta” ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol, en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera que amenaza el suministro de agua en la región.
Los más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos, aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales entregándoles territorios y recursos naturales.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del mandatario de la República y sus grupos de poder”.
El 30 de julio, la Organización Internacional Global Witness presentó su informe ¿Enemigos del Estado? En el que destaca “por qué las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, quienes deberían ser consideradas heroínas por proteger a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas, arrestadas e intimidadas de forma rutinaria”.
“Es una ironía brutalmente salvaje: Quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son calificados como criminales. Es por eso que este año, Global Witness ha documentado por primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan. Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de los países, junto con las instituciones y las organizaciones que existen para protegerlas”, indicaron.
Honduras, con un total de cuatro defensores del territorio asesinados en 2018, ocupa el noveno lugar con cuatro homicidios contra defensores, en primer lugar está Filipinas con treinta homicidios y el número total de asesinatos en el año 2018 fue de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Global Witness detalla que existen cinco etapas para criminalizar a los defensores, la primera de ellas: Campañas de desprestigio, seguido de cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y criminalización masiva, además sugiere según los datos recopilados que estos mismos patrones son ampliamente aplicables a todas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
La organización internacional “ha documentado sistemáticamente cómo los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ejercida contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Del mismo modo, están siendo criminalizados por los gobiernos y las empresas con las que éstos se confabulan para silenciar a quienes amenazan sus intereses”.
Para, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que, si bien el proceso puede variar, la criminalización de las personas indígenas tiende a incluir, al menos, uno de los cinco elementos enlistados”.
En el mismo informe la organización Global Witness evidenció que en el año 2017 fue atacado como parte de una campaña de desprestigio durante un trabajo que realizó con defensores en Honduras.
Asesinatos, la máxima muestra de violencia
Según los registros, en Honduras han sido asesinados más de 120 ambientalistas, entre ellos se encuentran los datos de los siguientes que representan a los pueblos indígenas y afrohondureños de Honduras:
El asesinato en el año 2015 de Berta Cáceres líder de COPINH, luchaba con el pueblo lenca por el contrario proyectos que afectaban el pueblo indígena al que representaba en toda Honduras especialmente en el departamento de Intibucá. Hasta la fecha se encuentran detenidos los actores materiales sin embargo su familia y compañeros de lucha exigen la detención y juicio contra los autores intelectuales.
En 2016, el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunció la escalada de terror, despojo de territorialidades y persecución tras el asesinato de 20 defensores del territorio, dirigentes del municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz.
En los últimos seis años el Congreso Nacional concesionó a la actual presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, conocida como la “la dama azul” más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa, para la construcción de hidroeléctricas y 10 concesiones mineras en ese departamento.
En 2015, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció también Javier Vásquez Benítez, integrante del Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz – Honduras (MILPAH) en un contexto de conflictividad social por la oposición de MILPAH y de otras organizaciones a la concesión de proyectos hidroeléctricos en su territorio por parte de las autoridades hondureñas. Vásquez era hijo de Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga, en el municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz, y sobrino del Felipe Benítez, actual presidente de MILPAH.
A esto se suma otro asesinato cometido contra Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz, todos asesinados el mismo año en diferentes fechas.
La indefensión ha golpeado duramente a defensores, periodistas y operadores de justicia «amparados» en el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras. A inicios de 2019, el asesinato de dos indígenas tolupanes por defender el bosque en la Comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro beneficiados de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no pudieron ser implementadas por el Estado, pese a haber sido otorgadas hacía seis años atrás.
En el 2015, también se reportó el asesinato de cuatro indígenas Tolupanes de la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Tres años antes, el 25 de agosto de 2013, tres integrantes de con arma de fuego, las víctimas fueron: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales, el asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad, testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región.
Por su parte, Ramón Matute, indígena tolupán de la tribu San Francisco Locomapa, expresó a Conexihon “Nosotros hemos venido denunciando las amenazas, el saqueo, las muertes que existen en la Tribu de San Francisco nosotros a partir del 2008 hemos visibilizado más las denuncia es donde todo mundo conoce de nuestra lucha de nuestro título ancestral, hemos tenido tanta discriminación por parte del Estado en este momento nos tiene peleando entre tribus porque el Estado eliminó nuestro título ancestral esta es la causa de que el Estado nos está matando a través de los empresarios por nuestra madera nos están asesinando, asesinaron a mi padre, a mi madre y a mi hermano no existen ni ordenes de captura para los hechores materiales mucho menos para los intelectuales”.
En junio del presente año Matute junto a otros compañeros Tolupanes fueron acusados por el Estado de obstaculizar un plan de manejo y daños al Estado de Honduras, Matute, finalizó “Como es posible que el Estado este haciendo lo que está haciendo con la tribu Tolupán donde la constitución nos ampara en el artículo 336 que el Estado debe de protegernos y que es lo que está haciendo criminalizándonos solo por defender el título ancestral”.
La apuesta por titulación de tierras ancestrales
En el oriental departamento de Gracias a Dios, donde se ubica la exuberante zona conocida como La Mosquitia hondureña, es habitada por tres de los nueve pueblos indígenas, iniciaron una apuesta por la titulación de tierras ancestrales, como parte de un nuevo proceso de control territorial, frente a los procesos extractivistas, entre los que cuentan la llegada de “terceros”, es decir personas extrañas a las comunidades indígenas.
De acuerdo con Elsser Brown, representante del pueblo misquito y técnico de la organización Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI), una organización tiene 34 años de existencia en la Mosquitia, “el proceso de conflicto que se tiene en la titulación de las tierras ancestrales casi no ha cambiado nada y eso es una debilidad un desafío una tarea pendiente”.
“Lamentablemente, pese a que la titulación colectiva en los Consejos Territoriales fue un proceso de participación activo, muy poca gente lo conoce. Me atrevo a decir que un 15 o 20 por ciento de la población ha escuchado el contenido del título. Si lo lee dice qué le transfiere el patrimonio a las comunidades descritas en armonía con la legislación nacional, pero que pero no te las doy completamente, es decir hay como cuatro candados jurídicos que no permite transacciones sobre la tierra, es decir como particular no soy dueño de ese terreno, le pertenece al Consejo Territorial y entonces no puedo vender mi terreno no puedo embargar, ni hipotecar, no puedo hacer nada sobre ese terreno, no puede ser garantía de un préstamo. Aunque el propósito es asegurar que la generación futura tenga tierra y que no vaya a caer a mano de gente ladina o alguna empresa, en la práctica no hay saneamiento de las tierras en manos de terceros”.
Para Jorge Hilton, líder del pueblo indígena Pech, en la casi olvidada zona de Las Marías, de este departamento, pese a las titulaciones colectivas “bastantes personas han entrado sin consultar a la comunidad, de repente llegó una familia e hicieron una cadena, porque llegó una persona y después trajo el hermano y a otros cinco sin consultar”.
“Ellos entraron buscando tierras y nosotros como personas nativas nosotros conservamos la reserva y el área verde. Desde que empezaron a entrar subió la venta de terrenos, ellos mismos de la riqueza de los pech se hacen ricos”, lamentó.
Otro de los pueblos indígenas ubicados en La Mosquitia hondureña son los Tawahkas, en representación de este habló con Conexihon, Morelys Salinas Agüero, procedente del municipio de Krausirpi, representante del consejo indígena  Federación Indígena Tawaska de Honduras (FITH), dijo “vivimos en cuatro comunidades pertenecientes del pueblo, la ubicación estamos y geográficamente en el departamento de Olancho y de Gracias a Dios”.
Salinas agregó “es un pueblo étnico y tenemos la parte de legalidad jurídico y nosotros participamos como cualquier consejo territorial y la diferencia es que todavía no estamos con la personería jurídica y que legalicen el territorio”.
Salinas, manifestó sobre el arribo de personas no allegadas a su pueblo indígena “había una cultura qué puede ser cualquier persona tenía que consultarlo con los ancianos, al alcalde auxiliar y a los patronatos ya que nuestras comunidades hace muchos años no hay puestos policiales”.
“A ellos se les dice de dónde son y qué andan haciendo y de qué organización vienen. Bueno anteriormente sí consultaba la gente, pero ahora no quieren respetar a las comunidades y cuando menos lo pensaste está ubicado alguna familia y viene gente extraña pero no hay consulta pero anteriormente”, agregó.
Relatoría en alerta por amenazas a pueblos indígenas
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, visitó Honduras del 29 de abril al 12 de mayo de 2018. La visita tenía como principal objetivo evaluar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país.
En el informe realizado por dicha visita dice textualmente en el numeral 45 sobre los defensores de los Pueblos Indígenas “las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y sus recursos naturales, a la lucha contra el racismo y la discriminación, así como a la reivindicación de sus derechos económicos, sociales y culturales y de acceso a la justicia. Los defensores y defensoras indígenas de los pueblos lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka y miskito se enfrentan a menudo a la muerte, criminalización, estigmatización, acoso judicial y discriminación por su lucha por los derechos de sus pueblos”.
Fuente:http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/1212-137-concesiones-mineras-y-de-energia-invaden-territorios-indigenas-en-honduras?fbclid=IwAR12V4_CJn1Gg9ZobI4I4d3m1A1XtYuRhezMeeQ1drtfXQvmoSS0scxPbE4
Colombia

Todo por nuestra agua y Santurbán

Autor: Erwing Rodriguez Salah , Conciencia Ciudadana.org
Conflicto Relacionado: Santurbán

Con iniciativa de los representantes a la Cámara, César Pachón Achury y Fabián Díaz Plata, se programó para finales de septiembre, en plenaria, en el Salón Elíptico del Congreso, el debate de control político al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y al director de la ANLA, Rodrigo Suárez. Intervendremos por invitación del congresista Díaz Plata, abordando las diversas problemáticas alrededor de Santurbán: Mario Avellaneda Cusaría, Luis Álvaro Pardo y este columnista Rodriguez-Salah.

La próxima semana nos visitarán desde Washington Sarah Joy Dorman, CIEL, y Manuel Pérez Arocha, investigador del Instituto de Estudios Políticos, organizaciones internacionales aliadas de nuestro Comité por la defensa del agua y Santurbán para dictar la conferencia Demandas contra el Estado colombiano por empresas mineras, casos: Eco Oro, Galway y Redd Eagle Mining; conferencia que se realizará el lunes 9 de septiembre, a las 6:00 p.m., en la calle 33 23-37, con entrada libre.

El 27 de septiembre, en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, realizaremos el Foro sobre el Agua y Santurbán, con los candidatos a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Bucaramanga.

Los días 26 y 27 de septiembre, en esta ciudad, participaremos dando nuestro aporte desde la plataforma cognitiva, en el Congreso organizado por la Asociación Colombiana de Salud Pública, el médico y columnista Jaime Forero Gómez, el ingeniero Gonzalo Peña Ortiz y este colaborador.

Adenda: Con gran beneplácito, el pasado 23 de agosto participé como conferencista en la jornada académica del Día del Inmobiliario Santandereano organizada por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, donde se dieron cita empresarios del sector de la construcción, inmobiliarias y administradores de propiedad horizontal. Felicitaciones a su junta directiva y a su director ejecutivo, Julio César Ardila: muy loable que los gremios económicos se preocupen por la protección del agua en Santander con miras a blindar el agua de nuestros hijos y el futuro de nuestra competitividad regional. Sin agua no habrá vida, tampoco competitividad empresarial. ¿Qué empresa no necesita del agua para su operación?

 

Fuente:http://concienciaciudadana.org/todo-por-nuestra-agua-y-santurban/?fbclid=IwAR1fvdyHixMhSrblO-TX1y-uBIe4dSDA_zJ1uHYYNlDnO0kBwZ6JUKxUXMY

Argentina, Litio

Antofagasta de la Sierra y la maldición del litio

Autor: J.Eduardo Aroca , El Ancasti
Conflicto Relacionado: Salar del Hombre Muerto - Fenix

La ecorregión Puna es una región altiplánica o meseta de alta montaña ubicada entre los 3.500 y 4.500 msnm aproximadamente. En Catamarca está ubicada al N, tomando todo el departamento Antofagasta de Sierra y N de Belén. Tiene una superficie de unos 30.000 km2 ( un tercio de la superficie de la provincia).

Es una cuenca arreica, es decir que el agua de sus deshielos , lluvias, vertientes, ríos y arroyos no salen al exterior de este » valle de altura». Es autosustentable.

continuar leyendo esta noticia :https://www.elancasti.com.ar/opinion/2019/8/29/antofagasta-de-la-sierra-la-maldicion-del-litio-412611.html?fbclid=IwAR11Cq4a5EtaRU3z7lLXOIUeXpoWoB0WmSECzMSMDgY4rat3O1mOFC_zVqA

Chile

Comunidades del valle del Huasco denuncian ilegalidades en el proyecto Nueva Unión

Autor: Michael Lieberherr Pacheco , Radio JGM U.de Chile
Conflicto Relacionado: Huasco-Nueva Unión

El conflicto entre las comunidades del valle del Huasco y la empresa Nueva Unión, nacida de la alianza entre Newmont Goldcorp y Teck, llegó el pasado seis de septiembre a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Desde las comunidades denuncian que el proyecto minero no cumplió con informar a la población, fraccionó el plan original para no entregar Estudio de Impacto Ambiental y transgredió el convenio 169 de la OIT.

Este viernes seis de septiembre en la Corte de Apelaciones de Copiapó, se realizaron los alegatos sobre los sondajes ilegales realizados por la empresa Nueva Unión en la cuenca del Río Huasco. Actualmente el proyecto se encuentra detenido por la determinación de la Corte de Apelaciones, a la espera de que se realice la investigación contra la empresa y contra el Servicio de Evaluación Ambiental que permitió el proyecto.

Recordemos que la planificación de la empresa Nueva Unión  comenzó a ejecutar el dos de mayo, realizando una serie de sondajes y calicatas en el sector de Maitencillo, con la finalidad de estudiar el paso del concentraducto con metales pesados y agua contaminada, 24 metros bajo el cauce del Río.

En su página web, Nueva Unión, afirma que la vida útil del proyecto se estima en 38 años, con potencial de expansión. La empresa buscará producir anualmente 224 mil toneladas de cobre, 269 mil onzas de oro, y 1.700 toneladas de molibdeno, durante los primeros cinco años de vida de la mina. Además, desde las comunidades denuncian que la iniciativa también proyecta construir  un relave de más de dos mil hectáreas junto a cuatro botaderos de estériles, los cuales amenazan afectar el ecosistema glaciar y los más de 350 vestigios arqueológicos que hay en el lugar.

Es importante aclarar que hasta ahora el proyecto no ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por lo que las especificaciones técnica aún no son públicas.

Entre los principales problemas expuestos por las organizaciones defensoras del valle es que el diseño de los sondajes fue fraccionado para no tener que presentar un Estudio de Impacto Ambiental y solo entregó pertinencias, saltándose así el mayor filtro que disponen las instituciones ambientales.

Nueva Unión realizó un total de 193 sondajes sin entregar un Estudio de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El reglamento SEIA, artículo 3, letra i2 determina que al realizar más de 40 sondajes se debe presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental. El número de sondajes disminuye a 20 cuando los proyectos son realizados entre las Regiones de Valparaíso y la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Esta situación se ha convertido en uno de los argumentos más importantes para detener el proyecto, así lo consigna la abogada representante de las comunidades del Valle del Huasco, Alejandra Donoso.

“El SEA nunca sumó la cantidad de pertenencias o si las sumó no las hizo notar, y la verdad es que son más de 190 sondajes y eso si requeriría haber sido ingresado a evaluación y de hecho a través de un Estudio de Impacto Ambiental“

Otro arista del conflicto es la participación de comunidades diaguitas entre las agrupaciones afectadas. Este hecho significaría que la empresa estaría transgrediendo el convenio 169 OIT, vigente desde el año 2009 y acuerdo internacional que consigna el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados.

Esto según la abogada de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, es otro de los argumentos que sustentan su reclamo.

“El convenio 169 es aplicable en este caso, dado que dentro del área de influencia del proyecto hay comunidades indígenas. Hay decisiones administrativas que han sido tomadas como la decisión del SEA de opinar que no hay un deber de ingreso a evaluación ambiental, son decisiones que afectan a las comunidades indígenas”.

Desde las comunidades, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, denuncia la forma en la que se enteraron de la realización de los sondajes, lo que ocurrió sin recibir ninguna información por parte de la empresa.

“Nos enteramos gracias a la alarma que iniciaron los agricultores y canalistas del cuarto tramo, cuando supieron que el dos de mayo se pretendían ejecutar tres sondajes en el río Huasco. Esto abría paso a una de las propuestas del proyecto Nueva Unión, que es pasar un concentraducto por debajo del río Huasco, con dos cañerías asociadas con agua contaminada”.

Es importante mencionar que la comuna del Huasco, en la región de Atacama  en los últimos años ha sido protagonista de la destrucción y contaminación industrial. Desde la minera Pascua Lama que afectó de forma irreparable los glaciares, hasta la contaminación generados por la empresa Agrosúper en Freirina. Estos son algunos de los hitos que han convertido a la región en una zona de sacrificio.

 

Actualmente las comunidades luchan por defender la cuenca del río Huasco y el ecosistema completo de la región, que se ve nuevamente amenazado por proyectos industriales. Entendiendo este panorama, la vocera del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, Constanza San Juan, critica el trabajo de las instituciones del Estado.

“Una pésima forma en la que han actuado, irresponsable y negligente por decir lo mínimo. Se sabe que este proyecto cuenta con todo el apoyo del Ministro Procurica y del Estado. Es uno de los proyectos mineros que más se nombra como estrella, por lo tanto sabemos que hay mucha presión y creemos que los servicios lo han recibido. La DGA (Dirección General de Aguas), no dio el permiso sectorial y finalmente termina concluyendo que hay posibilidad de afectación un mes después de que la obra se estaba haciendo, o sea el nivel de irregularidad, el nivel de irresponsabilidad es gigante“.

Luego de los alegatos presentados el viernes seis de septiembre, la Corte de Apelaciones de Copiapó debe emitir un veredicto. Las comunidades esperan que la sentencia de por terminado el proyecto de Nueva Unión.

Por otra parte, el importante daño ecosistémico y social sufrido por la Región de Atacama y en especifico el daño industrial que ha recibido la provincia del Huasco  lleva al cuestionamiento: ¿Hasta cuándo la prioridad del Estado van a ser las grandes industrias?

 

Fuente:https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-del-valle-del-huasco-denuncian-ilegalidades-en-el-proyecto-nueva-union/?fbclid=IwAR3xMFqeg8F9AWUUdsmKtRi8Pvdq6UBE_cg7sZlPgQ0Doa2KMfpa4ZZ9xCo

Perú

Corredor Minero: Heridos por enfrentamiento en Mara

Autor: Redacción DHSF.pe

10 de Set. Desde la mañana de hoy se reportaron heridos en el enfrentamiento entre la Policía Nacional del País (PNP) y la ciudadanía en el distrito de Mara, Cotabambas, Apurímac. Así mismo, pobladores de la localidad reportan varios heridos, entre los que se registran mujeres y niños.

Aproximadamente 200 efectivos policiales ocuparon la localidad durante horas de la mañana para iniciar la apertura de la vía del corredor minero. Alrededor del mediodía, con maquinaria pesada, perdigones, bombas molotov y lacrimógenas la policía liberó los terrenos aledaños al corredor minero provocando la reacción de la población en Mara.

Ante el estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este lunes los propietarios de los terrenos aledaños a la carretera, desde el Puente Ichuray y Saywa, tomaron posesión de sus respectivos terrenos. Hasta la fecha no se han determinado acuerdos con el MTC respecto al uso de la vía del corredor minero, la cual se ha ampliado sin negociación previa con los propietarios de los terrenos.

Inicialmente la vía era vecinal, luego, provincial, regional y ahora llega a categorizarse como vía nacional. Es por ello que recae la competencia directamente en el MTC. El mismo Estado ha reconocido que se han cometido errores y buscan darle solución al conflicto negociando con los propietarios.

Pese a que el proceso de diálogo se viene dando desde hace un año, las negociaciones sobre el precio del metro cuadrado se han detenido. El MTC ha fijado como precio para todos los terrenos 25 soles por metro cuadrado y se denuncia que agentes del Ministerio están negociando bilateralmente con los propietarios. Esta situación ha generado desconfianza y una percepción de injusticia en el procedimiento. Por ello, desde hace un mes la comunidad de Mara ha tomado posesión de sus propiedades y parte de la carretera, demandando una negociación justa y transparente.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/corredor-minero-heridos-por-enfrentamiento-en-mara/?fbclid=IwAR1pBHJIws_vH1KfFErokWXdgztBOv96YtkH4pDg9B-7eeoPNadD1t1yd8w

Chile

El peligro radioactivo que acecha al Gran Concepción ante la minera de tierras raras

Autor: Resumen.cl
Conflicto Relacionado: Penco-Biolantanidos-Tierras Raras
Cómo toda zona industrial, el área adyacente al Gran Concepción ya está afectada por la contaminación atmosférica, química y marina de diversas industrias termoeléctricas, metalmecánicas, petroquímicas, pesqueras y de celulosa, así como otras actividades. Ahora podría sumarse un nuevo tipo de contaminación de aprobarse un nuevo rubro extractivo en la región: la minería de tierras raras. Y es que la temida contaminación radiactiva podría llegar a la zona de aprobarse el polémico proyecto a pocos kilómetros de la población de Penco y el Gran Concepción.

A tan solo 15 minutos en vehículo de la plaza de Penco en pleno centro de la ciudad, ya se encuentra funcionando una planta minera piloto de Tierras Raras en el fundo «El Cabrito» en dirección a la autopista del Itata por la ruta 0-390. El proyecto minero se encuentra además a menos de 10 kilómetros de densas zonas pobladas de la comuna de Concepción, lo cual no fue informado ni consultado a la comunidad penquista. Es el denominado proyecto minero Biolantanidos, el cual pretende la instalación de una faena minera a rajo abierto que utilizaría, según la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y el Estero El Cabrito. También tendría la capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral a pocos kilómetros de la zona poblada. Actualmente este proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, por lo que en estos momentos el Servicio de Evaluación Ambiental lo estaría analizando para su eventual aprobación.

Las Tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos entre los que se encuentran el lantano, cerio, praseodimio y neodimio. Este grupo de elementos de la tabla periódica reciben también el nombre de Lantánidos. Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial y la industria de la guerra.

Actualmente potencias como Estados Unidos están muy interesadas en adquirir nuevos suministros de estos metales desde diversas zonas del mundo, algunos analistas internacionales han planteado que detrás del interés de Trump por comprar Groenlandia estaría sus importantes yacimientos de Tierras Raras. En la lucha geopolítica global, Chile podría ser una buena alternativa para suministrar tierras raras a Estados Unidos, de hecho el portal Chile minería publicó que «a mediados de 2019, Chile podría convertirse en uno de los pocos países en la lista de los exportadores de tierras raras. Esto, luego de que la empresa Biolantánidos, que posee un yacimiento de estos minerales en Penco, Región del Biobío, firmara su primer contrato para suministrar concentrado al exterior». El cliente sería una empresa estadounidense llamada Rare Earth Salts. Por su parte recientemente La Tercera señaló que la subsecretaría de Adquisiciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció que «El Pentágono está preocupado por el control chino del mercado de tierras raras, fundamentales para el desarrollo de la industria armamentística y tecnológica del país».

Respondiendo a uno de los informes que la empresa minera Biolantánidos ha ingresado en forma de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Servicio de Evaluación Ambiental advirtió sobre la posibilidad de contaminación radioactiva destacando que el proyecto «no presenta antecedentes técnicos que permitan descartar la presencia de otros contaminantes en el mineral agotado el que será dispuesto en las quebradas, que producto de la extracción minera puedan ser liberados al medio, tales como sustancias radiactivas (Uranio, Torio, u otras), las que a consecuencia de la actividad de extracción, pudiesen aparecer en el material agotado, u otros que antes no estaban disponibles o lo estaban en forma muy limitada».

El portal Vida Sostenible indica que «tanto la extracción como el procesamiento de las tierras raras causan un elevado impacto ambiental. La extracción se hace en minas a cielo abierto y para su procesamiento se requieren productos químicos muy agresivos. Además, en los minerales de los que se extraen es muy común la presencia de elementos radiactivos como el torio o el uranio. En este contexto, la producción de una tonelada da lugar a entre 9.600 y 12.000 metros cúbicos de gas residual que contiene polvo concentrado, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y ácido sulfúrico, unos 75.000 litros de agua residual ácida y alrededor de una tonelada de residuos radiactivos. Con ello, suponen la eliminación total de la vegetación del área de la mina y también de sus alrededores dada la contaminación que se genera (siendo esta de naturaleza diversa -radiactiva, de partículas o de productos químicos-, afectando al aire, la tierra y a las aguas circundantes)».

De esta manera la explotación clásica de estos elementos estaría asociada a contaminación química y radioactiva. Aunque la empresa Biolantánidos ha anunciado (como es frecuente en propaganda publicitaria o en los propios proyectos para evaluación) que sus actividades serán inocuas para la población. Parte de los habitantes del Gran Concepción se mantienen escépticos a estas afirmaciones debido a las frecuentes trangresiones de empresas extractivistas a las pobres normas ambientales que existen en el país, así como la escasa capacidad de fiscalización de instituciones ambientales.

China, el principal productor mundial de tierras raras se caracteriza por contaminar enormes extensiones de terreno mediante su extracción. Un caso emblemático es lo que ocurre en la ciudad de Baotou la llamada capital de las Tierras Raras, descrito como uno de los lugares mas contaminados del mundo, donde las instalaciones mineras envenenan los cultivos y villas en la región, según ha informado The Guardian.  En esta ciudad se ha creado un lago artificial gigante, toxico y radiactivo, una imagen digna de las más escalofriantes distopías de ciencia-ficción. Por su parte la BBC ha explicado que «Liam Young, un investigador que trabaja en Reino Unido, tomó recientemente muestras al barro recogido en el lago y encontró que tiene una alta presencia radioactiva.» El medio de comunicación DW de Alemania ha realizado reportajes audiovisuales en donde se relatan consecuencias altamente contaminantes de accidentes como el de Mountain Pass en Estados Unidos que terminó afectando radiactivamente una reserva natural. En España en donde también han existido proyectos de extraccion de tierras raras, durante el año 2017 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluyó que el tratamiento de tierras raras que la empresa Quantum Minería estaba tratando de extraer en el Campo de Montiel (Ciudad Real) debería vigilarse radiológicamente al superar los límites máximos de riego permitido.

Desde 2015 está operativa la planta piloto El Cabrito del proyecto minero Biolantánidos de extracción de Tierras Raras en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta es presentada como la primera fase de un proyecto minero que podría cambiar drásticamente los ecosistemas, así como la vida de los y las habitantes de la comuna de Penco, el Gran Concepción e incluso la región del Biobío. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha informado que en la región del Biobío existe la impresionante cantidad de 476.300 hectáreas de concesiones mineras, muchas de empresas ligadas a Tierras Raras, lo cual gráfica la magnitud de la explotación que se podría imponer en la región.

Es por eso que de aprobarse el proyecto minero de tierras raras Biolantánidos podría ponerse en peligro la población de Penco y el Gran Concepción ubicada a pocos kilómetros de la faena minera. Una zona ya habituada a diversos tipos de contaminación atmosférica y química por complejos termoelectricos, petroquímicos e industriales en general, ahora podría verse afectada por la contaminación radioactiva, la cual podría afectar gravemente la salud de la población y los ecosistemas a su alrededor. Los desechos de esta minería a poca distancia de la población podría traer al Biobío el triste e impotente panorama que viven miles de familias acostumbradas a convivir con la contaminación minera en ciudades y localidades como Copiapó, Andacollo o Caimanes entre muchas otras en el norte del país.

 

Fuente:https://resumen.cl/articulos/el-peligro-radioactivo-que-acecha-al-gran-concepcion-ante-la-minera-de-tierras-raras?fbclid=IwAR24t_W_cIe5X7pgg9OZhIaomg42fK5WDeGQeRs8G10maDel9VY3DLVkGJ0

Chile

Exclusivo: Corte Suprema rechaza proyecto Dominga por 4 a 1 votos, pero deja abierta una puerta trasera

Autor: Nicolás Massai D, Interferencia.cl
Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

En un duro revés para las aspiraciones de La Moneda y de la empresa encabezada por Carlos «Choclo» Délano, el máximo tribunal habría fallado en contra de este proyecto de US$ 2.500 millones. Pero tres de los cuatro magistrados del voto mayoritario proponen que Dominga vuelva al Comité de Ministros, partiendo todo casi desde fojas cero. El fallo se conocerá oficialmente en los próximos días.

La historia del proyecto minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera (cuarta región) y controlado por la familia del empresario Carlos Alberto Délano, a través de la empresa Andes Iron, está por llegar a su fin tal y cual se le conoce hasta el día de hoy. Esto ya que la tercera sala de la Corte Suprema emitirá en los próximos días un fallo que terminaría por zanjar, por ahora, la totalidad de idas y venidas que han tenido tanto los dueños del proyecto como sus detractores en las instancias administrativas y judiciales del país, una polémica que se inició desde el momento mismo en que Dominga fue presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental hace seis años.

El fallo de la Corte Suprema, que ya fue redactado por el ministro Sergio Muñoz Gajardo en un escrito de unas 170 páginas, invalida la sentencia favorable que tuvo Dominga en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el pasado 27 de abril de 2018. Ese día, aquella instancia acogió la reclamación de la empresa Andes Iron, anulando las resoluciones y los acuerdos tanto de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo como del Comité de Ministros –ambos organismos que rechazaron el proyecto–, dando la orden de retrotraer todo el procedimiento a la COEVA para realizar una nueva votación.

A partir de ese documento, los detractores de Dominga, entre los que se cuenta la ONG Oceana y organizaciones de pescadores y de vecinos de ese sector, presentaron recursos de casación en contra de esta sentencia. Según información obtenida por INTERFERENCIA, la decisión de la Corte Suprema es un total revés para el negocio de los Délano Méndez –cuyo patriarca, conocido como el «Choclo Délano», tiene una histórica amistad con el Presidente y que en el marco del caso Penta fue condenado a tomar clases de ética empresarial– y de la familia Garcés Silva –vinculada a Embotelladora Andina y Banvida–, dueños del 14% de esta iniciativa. La mala noticia no sería solo para ellos: también para el gobierno encabezado por Sebastián Piñera, que puso varias de sus fichas a iniciativas mineras como esta para reactivar la economía del país.

Un fallo supremo

INTERFERENCIA no ha podido acceder al documento de 174 páginas redactado por el ministro Sergio Muñoz Gajardo. Sin embargo, en conversación con varias fuentes que están al tanto de este tema, este medio pudo extraer algunos datos de este fallo que vendría a invalidar la anterior sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta.

La votación fue de 4 contra 1, donde el único voto a favor del proyecto fue el de Arturo Prado Puga, ministro que realizó parte de su carrera como fiscal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). El único que rechazó por completo fue el ministro Ricardo Blanco Herrera. Los otros tres, Sergio Muñoz Gajardo, María Eugenia Sandoval Gouet y Ángela Vivanco Martínez, votaron en contra pero recomendaron que el tema regrese al Comité de Ministros. En ese sentido, por más que el fallo es adverso para Andes Iron, porque todo lo realizado quedaría casi en fojas cero, le deja una puerta abierta para replantear este megaproyecto industrial de la cuarta región.

Según las mismas fuentes, se cree que el fallo saldría entre este jueves y viernes, pues ya está redactado y solo espera la firma del ministro Ricardo Blanco Herrera, quien se encuentra hasta este martes de vacaciones.

Cabe recordar que Dominga fue presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en septiembre de 2013, hace seis años. La iniciativa involucra la actividad minera y portuaria, con extracción y procesamiento de hierro y también de cobre, que sería embarcado desde las mismas instalaciones de Andes Iron. Todo esto, según las cifras que presentó la empresa ante el SEA, contempla una inversión de 2.500 millones de dólares.

Golpe al gobierno

Todavía no asumía como ministro de Economía cuando José Ramón Valente comentó en entrevista con La Tercera que ojalá encontraran «el camino para que Dominga cumpla los requisitos y se pueda desarrollar». Sus palabras no eran azarosas, pues precisamente fue él quien, en el comienzo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, quedó como encargado de destrabar una serie de inversiones que supuestamente en ese momento alcanzaban 74.000 millones de dólares.

De a poco, el Ejecutivo ha visto trabado estos proyectos que han girado en torno a la minería. De hecho, a fines de agosto, el Tribunal Ambiental de Valdivia revirtió la autorización de Mina Invierno –perteneciente al grupo Von Appen– para el uso de tronaduras en su faena minera con carbón, un proyecto que precisamente era apoyado por el gobierno. Esta sentencia reciente fue llevada en las últimas horas a la misma Corte Suprema con un recurso de casación que interpuso la empresa ligada a los grupos Von Appen y Angelini.

Ahora, con el rechazo a Dominga o su aplazamiento tal como se conoce en la actualidad, el gobierno sufre un revés en un tema que comenzó a posicionar desde un principio, que creía en la reactivación económica a partir de hitos favorables a este tipo de iniciativas en la minería.

 

Fuente:https://interferencia.cl/articulos/exclusivo-corte-suprema-rechaza-proyecto-dominga-por-4-1-votos-pero-deja-abierta-una?fbclid=IwAR3yE7BK-LK6YGwdWMpMas1CZ7SHI1MP-N1y3JVhikWLSroS0X9g8w2UH7M

Internacional

La lucha contra una mina china que empoderó a un grupo de tailandesas

Autor: Laura Villadiego / Sakon Nakhon , El País.com

Un proyecto extractivo en Wanon Niwat movilizó a las mujeres de este pueblo tailandés para proteger las tierras donde viven y el medioambiente.

Esa mañana, en cuanto vio el extraño cartel, plantado sobre un suelo que había sido removido poco antes, Mali Senbunsiri recordó la advertencia que su cuñada le había hecho años atrás. “Presta atención a cualquier pancarta o señal desconocida que aparezcan”, le avisó. “[Si aparece alguna] significa que se están preparando para abrir la mina”, le dijo la mujer.

Tras el hallazgo, Mae Mali, o Madre Mali, como la conocen en Wanon Niwat, el pueblo tailandés en el que siempre ha vivido, corrió al templo a avisar a las otras mujeres que estaban enfrascadas en los preparativos de un festival. Era 2015, y así comenzó una guerra, liderada por las mujeres del pueblo, contra una gran empresa china que quería perforar su suelo. “Al principio solo éramos mujeres”, explica Mali, de 52 años y madre de tres hijos ya independizados. “Probablemente porque nos quedamos en casa y vemos qué ocurre en la comunidad”, asegura esta abuela, quien ahora cuida de cuatro de sus nietos con los ingresos que obtiene, junto a su marido, de sus campos de arroz y otros pequeños negocios.

En los años setenta, el Gobierno tailandés encontró reservas de potasio bajo el suelo de Wanon Niwat, pero durante décadas nadie se atrevió a perforar debido a la fuerte oposición que los proyectos de minería han tenido en el país asiático. Sin embargo, gobiernos y empresas siempre mantuvieron un ojo en este elemento químico, fundamental para fabricar los fertilizantes de los que depende la potente industria agrícola tailandesa y que ahora tiene que importar. En mayo de 2014, una junta militar tomó el poder en un golpe de Estado y, pocos meses después, concedió una licencia de exploración de más de 15.000 hectáreas a la China Ming Ta Potash Corporation, una empresa con capital chino, para que estudiara la apertura de una mina de potasio en la zona. Fue cuando aparecieron las primeras señales.

Pocos días después de encontrar el cartel, cuando las mujeres ya ultimaban los preparativos del festival, escucharon que la empresa estaba intentando obtener muestras de la composición del suelo. “En cuanto lo oímos, dejamos todos y nos fuimos hasta allí para pararlos”, asegura Nongluck Oupadeng, otra de las mujeres que participó desde el primer día en los movimientos de resistencia. “Al principio no estábamos muy bien organizadas, solo lanzábamos acciones cuando oíamos que iban a perforar”, explica Mali. Aquel día, consiguieron frenar la perforación pero sabían que era solo la primera batalla de una guerra que ganaría fieles rápidamente —sobre todo, mujeres— y que revolucionaría las relaciones de género en la comunidad.

En los años setenta, el Gobierno tailandés encontró reservas de potasio bajo el suelo de Wanon Niwat, pero durante décadas nadie se atrevió a perforar

“He aprendido a tener más confianza en mí misma. Ahora tengo el reconocimiento de la comunidad y me dan más responsabilidades”, asegura Nongluck Oupadeng, quien se ha convertido en una de las principales negociadoras del grupo con las autoridades. “Me ha cambiado de verdad. Antes simplemente me quedaba en casa. Ahora soy una líder. Me siento empoderada y más valiente”, añade Samrit Boranmun, quien ha utilizado sus conocimientos en redes sociales para obtener información y publicitar el movimiento.

Según Naciones Unidas, aunque Tailandia ha experimentado progresos en igualdad de género en las últimas décadas, aún se necesitan mejoras en “las actitudes tradicionales y estereotipos que refuerzan la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, su baja participación en política y en puestos de toma de decisiones y la discriminación y vulnerabilidades [en zonas] rurales e indígenas así como en el sector informal”, entre otros. Sin embargo, según un informe reciente sobre las defensoras de derechos humanos en Tailandia, el gobierno de la junta militar, que prohibió de forma sistemática protestas y otras actividades de la sociedad civil, ha supuesto un retroceso y estas defensoras “tienen cada vez un mayor riesgo de violencia, discriminación y otras violaciones de derechos”. Además, según el informe firmado por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, “las mujeres han sido excluidas de forma sistemática de las consultas públicas y de los procesos de toma de decisiones, especialmente en asuntos relacionados con la tierra y los recursos naturales”. Tailandia celebró elecciones el pasado mes de abril tras casi cinco años de dictadura militar, pero el general golpista Prayuth Chan-ocha ha vuelto a formar Gobierno a pesar de no haber ganado los comicios, gracias a que un tercio de los escaños eran designados a dedo.

Una de las herramientas más empleadas durante el gobierno de Prayuth Chan-ocha ha sido el acoso judicial de los activistas por parte de las empresas y el Gobierno. Así, varias de las mujeres de la comunidad, entre ellas Mali, han sido denunciadas en varias ocasiones por no respetar el orden público o por provocar daños a la empresa. “Yo me he declarado inocente. No he causado ningún daño a la empresa. Solo participé en una sentada para que nos dieran información”, explica enfadada Pisamai Sukkha, una viuda de 53 años cuyos ingresos mensuales se han desplomado porque debe pasar su tiempo yendo y viniendo de los tribunales.

En esa frágil situación de las mujeres, los recursos naturales se han convertido en un elemento clave en la supervivencia de formas de vida igualitarias en zonas rurales, explica Kitima Khunthong, profesora de Ciencias Sociales y Humanidades que estudia las relaciones de las comunidades rurales con el medioambiente en la Universidad tailandesa de Rajabhat. “Las comunidades dependen mucho de su entorno sobre todo en zonas rurales, porque les asegura sus formas de vida, su red social, sus lazos culturales, su seguridad económica y su salud”, asegura. “Dañar su entorno puede tener consecuencias sociales”, continúa. Los derechos comunitarios han estado reconocidos en las Constituciones de Tailandia desde 1997, explica la académica, pero ninguno de los gobiernos, ni civiles ni militares, que el país ha tenido desde entonces los ha respetado por completo. “Está solo sobre el papel. Los gobiernos nunca respetan los derechos comunitarios, especialmente los gobiernos militares”, concluye la investigadora.

El carácter cooperativo de las tailandesas

Cuando Mali habla, todo el mundo escucha. Su carácter fuerte la hace una líder nata, tanto que, a diferencia de sus compañeras, ella no siente que el conflicto haya cambiado las relaciones en casa. “Las mujeres controlamos las finanzas. Somos simplemente más importantes socialmente”, sentencia. El marido de Mali, Anan Senbunsiri, asiente: “Yo la apoyo completamente. Creo que es más adecuada que yo para desempeñar ese papel”.

Sin embargo, para Pranom Somwong, coordinadora en Tailandia de Protection International, una ONG que trabaja por la protección de los defensores de los derechos humanos, la diferencia fundamental es el carácter más cooperativo de las tailandesas. “Las mujeres tienen una forma de liderazgo más colectiva. No es esa figura del héroe fuerte de los hombres”, asegura la activista. “A pesar de eso, ellas han sido aceptadas como líderes [en Wanon Niwat]”, asegura Pranom.

Desde aquella protesta espontánea surgida en el templo, las mujeres de Wanon Niwat, con el apoyo de maridos, padres y hermanos, han organizado sentadas y marchas, que han reforzado los lazos de la comunidad pero que las ha llevado también a las poblaciones vecinas para pedirles que se unan al movimiento. La mayoría de ellas, sin embargo, nunca pensó que su oposición a la mina pudiera revalorizarlas en una sociedad aún muy machista. Sus inquietudes eran más inmediatas. Sompan Srimarat, una mujer que tiene a su cargo a dos hijos con autismo, se unió a las protestas preocupada por cómo la mina podría afectar a los campos de arroz y las plantaciones de caucho que les dan de comer. “Mi vida depende del entorno aquí. No podemos arriesgarnos”, asegura. No en vano, su vecina, Somboon Duangpromyao, ya le ha advertido de que la extracción de sal, procedente de las mismas reservas que el potasio, está haciendo que el suelo ceda a 40 kilómetros de Wanon Niwat. “Cada vez que voy por aquella zona, veo un agujero nuevo”, asegura Somboon. “Si eso está pasando allí, que las minas son a pequeña escala, imagina lo que puede ocurrir con una gran mina de potasio”.

Aunque Tailandia ha experimentado progresos en igualdad de género en las últimas décadas, aún se necesitan mejoras en las actitudes tradicionales y estereotipos, según la ONU

Las minas de potasio han sido relacionadas con la contaminación por sal de ríos y de reservas de agua subterránea, reduciendo la biodiversidad acuática, así como con la subsidencia o hundimiento del suelo, explica Miguel Cañedo, un investigador en ecosistemas acuáticos de la Universidad de Barcelona. “Si no se diseñan acciones preventivas, el impacto medioambiental de estas minas puede ser muy alto”, asegura el investigador. “Puede tener un impacto también sobre la salud humana, no solo en los ecosistemas. Las sales pueden interactuar con otros residuos y generar sustancias cancerígenas”, continúa.

Estas consecuencias sobre la salud humana son la principal motivación en la lucha de Thawatchai Chanchemsri, antiguo director del departamento municipal de salud, quien renunció en noviembre de 2018 como protesta al proyecto minero. “Me preocupa que la mina tenga un impacto sobre el medioambiente, pero sobre todo sobre la salud de los residentes y sobre las generaciones futuras”, afirma. Según Thawatchai, el departamento para el que trabajaba había estudiado el impacto de las minas de sal cercanas y había encontrado varios efectos negativos en el entorno inmediato, incluyendo un incremento en la salinidad del agua y una caída de la producción de los campos de arroz.

Según el gobierno de Tailandia, la nueva Ley de Minería, que entró en vigor en agosto de 2017, concede una mayor papel a las comunidades para decidir qué tipo de proyectos quieren que se desarrollen en las regiones en las que residen. “Si las comunidades se oponen, habrá una votación antes de que se otorguen licencias”, explica Ubol Ritpech, directora de la división legal del Departamento de Industrias Primarias y Minas de Tailandia. Sin embargo, al igual que el reconocimiento de los derechos comunitarios, la voluntad de las zonas rurales probablemente se quede en el papel, teme Lertsak Kamkongsak, uno de los principales activistas antiminas del país. “Es cierto que [según la ley] las autoridades tienen que involucrar a la comunidad local […] Pero hay un problema en cómo el gobierno va a implementar la ley, porque según nuestra experiencia, siempre se favorece la inversión y no el respeto a las formas de vida locales”, asegura el activista.

Mientras, en Wanon Niwat, ha empezado la cuenta atrás. La licencia de exploración de la empresa expira a finales de este año, y las mujeres de Wanon Winat están decididas a dejar claro un mensaje: no quieren que nadie perfore el suelo sobre el que viven. Y la lucha, asegura, continuará aunque el Gobierno se niegue a escuchar sus demandas. “Si renuevan la licencia, seguiremos luchando. Ahora son más fuertes que nunca”, asegura Mali.

 

Fuente:https://elpais.com/elpais/2019/09/06/planeta_futuro/1567778245_807883.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR37zDj1afq6dHNkl7Kz3CjwjZVopZ_uq-KjxglH0hJpzlOwyejdu8_Feps

Perú

Tía María: heridos y enfrentamientos diarios en el Valle de Tambo


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Crónica de una guerra sorda que lleva 55 días poniendo en riesgo la vida de manifestantes y policías y la economía de los pueblos de esta región.

Aunque la prensa ya no se ocupa del asunto, los enfrentamientos entre policías y agricultores no han cesado en el valle de Tambo. A 55 días de haberse iniciado la huelga indefinida contra el proyecto Tía María, aumenta la cifra de heridos sin que ninguna entidad estatal lleve el control. Precisamente, este sábado por la tarde, se registraron dos heridos por proyectil, el más grave ingresó de emergencia al hospital de Mollendo. Un segundo herido alcanzado por un perdigón en la pierna prefirió no atenderse en ningún centro de salud.

Así, cientos de personas viven bajo una tensión permanente debido a que el conflicto social no parece tener fin. Los bloqueos siguen allí desde hace dos meses, principalmente en las vías que conectan los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, La Punta de Bombón y Mollendo.

En el valle de Tambo las labores escolares siguen suspendidas, pese a que las autoridades educativas decidieron retomarlas este viernes. Los padres no quieren exponer a sus hijos, pero tampoco quieren que el decaimiento del paro deje la situación otra vez en el mismo punto, como ocurrió en 2011 y 2015.

También se han visto afectadas las actividades comerciales y de transporte que atienden de manera parcial. En cambio, las actividades agrícolas continúan porque son su sustento familiar. Se han organizado de forma que por la mañana trabajan las chacras y por la tarde protestan.

Enfrentamientos diarios

A diario se suscitan enfrentamientos entre policías y manifestantes que rechazan el proyecto minero. El jefe policial en Arequipa, Roy Ugaz, informó hace algunos días que había más de 90 policía heridos por piedras y solo dos manifestantes; pero estos son solo los más graves, que debieron ser internados en el hospital. La mayor parte de los manifestantes que registran heridos después de cada enfrentamiento, no acude a los centros de salud, por temor a ser detenidos.

El escenario de la lucha se ha ido trasladando de los cerros de La Tapada – donde se planea construir la mina – a las riberas del río Tambo, lado noreste de Cocachacra. Otros días es en la Panamericana Sur, a la altura de El Fiscal; y otro tanto, en Mollendo o Matarani.

En estas jornadas, no hay ningún dirigente visible, ni políticos. Los protestantes, jóvenes y mujeres en su mayoría, pugnan por llegar a la Panamericana Sur por una vía carrozable; sin embargo, la policía los reprime con perdigones, gases y piedras y lo hacen a campo traviesa. Los manifestantes aducen que su interés es llegar a la Panamericana Sur, sector El Fiscal, para marchar pacíficamente por unas horas. Sin embargo, la policía cree que la masa pretende bloquear la vía y cortar el tránsito como ocurrió en los primeros días de la huelga. Acto seguido se producen las peleas.

Los “espartambos”, jóvenes con los rostros cubiertos, que portan simbólicos escudos de madera y huaracas, son la primera línea del contingente. Ellos son los que se enfrentan a los efectivos lanzándoles piedras con sus técnicas ancestrales. Aunque, este último sábado utilizaron también fuegos pirotécnicos, pero solo generaron un espectáculo de luces en el cielo, antes que hacer retroceder a la policía.

Los efectivos responden a los manifestantes también con huaracas. Les lanzan piedras desde la parte alta de los cerros. También, arrojan gases lacrimógenos y perdigones desde el lado opuesto del río. Tienen resguardados los accesos y han sitiado en las últimas semanas a los protestantes. “No nos dejan protestar que es nuestro derecho, nos tienen secuestrados”, se quejaron varios.

El conflicto afecta a quienes no desean participar de la protesta. Ayer una pareja de ancianos se vio envuelta en medio del choque de policías y manifestantes. Ambos bandos tuvieron que interrumpir sus ataques para que pudieran cruzar la trocha y continuar su camino a casa.

Los heridos invisibles de Tía María

La cifra de manifestantes heridos es desconocida porque no existe un registro oficial de parte de las autoridades. Los propios pobladores no se atreven a dar los nombres por temor a ser procesados más adelante. Sin embargo, en casos en los que se compromete gravemente su salud acuden necesariamente a los hospitales. Ese fue el caso de Hugo Roque Flores, un joven de 23 años que resultó herido durante los enfrentamientos.

El abogado Arturo Dueñas, que defiende a los manifestantes, señaló en horas de la noche que el joven ingresó con una herida en el abdomen causado por un proyectil. Debía ser sometido a una intervención quirúrgica y el caso sería investigado por la fiscalía. También dijo que otros dos heridos de gravedad llegaron en los últimos días al hospital de Essalud de Mollendo. Se trata de la joven Anabella quien tuvo herida de proyectil en el brazo izquierdo y Carlos Tapia, herido en el pecho.

Un segundo herido también se registró en ese momento, pero no llegó a ningún centro de salud. Sin embargo, circularon imágenes donde se apreciaba que tenía una herida en la pierna.

Algunos jóvenes también sufren los efectos de los gases o son alcanzados por algunas piedras o perdigones, pero se resisten a ir un centro de salud. Son atendidos por los propios manifestantes que aprendieron a llevar pequeños botiquines en sus jornadas diarias.

Más marchas y protestas ignoradas

Los manifestantes anunciaron que las marchas y protestas van a continuar. En la última reunión del viernes, acordaron trasladarse a la ciudad de Arequipa para el siguiente 16 de setiembre, fecha que coincide con el inicio de la convención minera Perumin.

De igual forma, planifican hacer una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, donde ignoran su protesta. La fecha aún no está definida, pero proponen que sea a finales de este mes o cerca al día en que se realizará la audiencia de apelación ante el Consejo de Minería. Esto es por el contencioso presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, contra la licencia de construcción otorgada a Tía María.

De igual forma, las regiones de Cusco, Puno, Apurimac, Moquegua, entre otras, han comunicado la realización de una protesta macroregional que dará inicio este 16 de setiembre. El dirigente Miguel Meza, que en estos últimos días, ha estado delicado de salud, manifestó que la lucha social continuará hasta que el gobierno de Martín Vizcarra decida cancelar definitivamente el proyecto minero.

En tanto, padres y docentes del valle están preocupados por las labores escolares y han pedido que sea considerado por los manifestantes. La siguiente semana se reunirán nuevamente los alcaldes de Islay para evaluar qué acciones se podrían tomar tras casi 60 días de protesta.

De esta manera, la población agrícola que hoy se entrena en la técnica de la huaraca, libra sus luchas en soledad. Aislados de la ciudad de Arequipa, amordazados por el silencio mediático, sin dirigentes visibles y con una determinación a prueba de balas, sigue blandiendo su bandera verde. Aunque la mayoría no quiere hablar con los periodistas, solo atinan a repetirnos una frase, «Agro sí, mina no».

 

Fuente:https://elbuho.pe/2019/09/tia-maria-heridos-y-enfrentamientos-diarios-en-el-valle-de-tambo-fotos/?fbclid=IwAR02DuF6Xtn8bI5Ax8XMrE4Vr9yDzfRjCUbKy40Tudi2z0PLzEWs0eptxrU

Perú

Los fallidos intentos de las mineras para debilitar la fiscalización ambiental

Autor: César Ipenza, Ojo Público.com

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara infundada la demanda interpuesta por Cerro Verde, cierra la controversia de las mineras que rechazaban pagar el aporte por regulación al OEFA. El abogado especializado en materia ambiental analiza el historial de medidas que las compañías impulsaron para evitar ese pago en los últimos años.

os intentos para debilitar la fiscalización ambiental en el Perú son conocidos. Desde su creación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha sufrido varios intentos que buscan evitar su funcionamiento. Y en ese contexto, quienes deberían fortalecer esta labor de fiscalización, han recurrido a diversas estrategias para evitar su existencia y operación.

Recordemos que cuando el OEFA nació, el año 2008, no tenía recursos y el Ministerio del Ambiente tuvo que transferir dinero de su presupuesto para que este iniciara sus funciones. Al mismo tiempo, la transferencia de competencias de Osinergmin se dio sin recursos. Todo ello hacía prever una limitada posibilidad para ejercer su rol.

El fallo establece que debe garantizarse la provisión de los recursos adecuados a las entidades a cargo de la supervisión

Luego, algunas normas generaron mecanismos para asignar el presupuesto mínimo que le permitiera una adecuada fiscalización ambiental. El 2013, la Ley del Presupuesto del Sector Público estableció que “las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el OEFA se financian con cargo al aporte por regulación”.

Este aporte jugó y juega un rol fundamental para que el OEFA ejerza su función fiscalizadora, por ejemplo, para la mediana y gran minería. La autoridad ambiental verifica que todas las obligaciones asumidas por las empresas se estén cumpliendo y que esas actividades no afecten el ambiente. Por ende, el OEFA es un garante de que las inversiones se realicen de manera adecuada. Sin embargo, en los últimos años, han habido diversos intentos para evitar que las mineras paguen el aporte por regulación.

Estos hechos ponen en evidencia los intentos sistemáticos para evitar el pago del Aporte por Regulación (APR). En este contexto, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (EXP N°05410-2015-PA/TC), que declara infundada la demanda interpuesta por la minera Cerro Verde contra este aporte, deja zanjado el tema. En adelante, los demás casos en curso, deben seguir la misma lógica.

Este precedente resulta sumamente relevante para seguir el camino hacia la consolidación de la fiscalización ambiental en el Perú y su institucionalidad, con el fin de que las actividades productivas y extractivas se desarrollen de la mejor manera.

El TC señala que todos los argumentos deben ser leídos de manera integral con el marco institucional, jurídico, social y económico del país, destacando el rol importante de la actividad minera en la economía peruana. Sin embargo, reconoce, que este debe encontrar un justo equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, por lo que le corresponde tanto al Estado como a la sociedad, emplear las medidas necesarias para ello.

El OEFA es un garante de que las inversiones se realicen de manera adecuada.

En ese sentido, el fallo establece que debe garantizarse la provisión de los recursos adecuados a las entidades estatales a cargo de la supervisión y fiscalización de dichas actividades con el fin de cumplir cabalmente con su objetivo.

El TC también precisa que el aporte por regulación se calcula sobre la base de la facturación mensual de la empresa minera, deduciendo a ello el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal, con lo cual, objetivamente, pagan más quienes más facturan. Y si más facturan es porque extraen más minerales para su producción, lo que implica una magnitud más amplia de los impactos generados. Esta forma de cálculo garantiza la igualdad de los contribuyentes y evita la confiscatoriedad de su patrimonio.

Es en esa lógica que los magistrados del TC, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera declararon infundada la pretensión de quitar o evitar el pago del APR.

Sin embargo, mención aparte merecen los magistrados Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada, quienes emitieron un voto en minoría y tuvieron una interpretación alineada a la de las empresas mineras que estaban contra el pago del APR.

¿Quién debe asumir esos costos de la vigilancia y del cumplimiento de las obligaciones ambientales? De acuerdo a todas las interpretaciones y principios del derecho, es el titular del proyecto. Esto está plasmado en principios fundamentales como el de la internalización de costos. Si queremos garantizar que las actividades se desarrollen de manera adecuada, debemos garantizar la imparcialidad, y que nuestro Estado tenga las condiciones y recursos para la fiscalización.

Sin ello, solo habrá más conflictividad, como la que vemos en los últimos tiempos. El desarrollo sostenible nos demuestra que es posible desarrollar las actividades bajo una lectura integral, considerando lo social, económico y ambiental, en igualdad de condiciones.

 

Fuente:https://ojo-publico.com/1358/los-intentos-fallidos-de-las-mineras-para-debilitar-la-fiscalizacion-ambiental?fbclid=IwAR1XzUtdfLdM_mb1bijZpNrcp8Bc3AnUTB_imn2A1D8RmsDqJitcFGbWBVQ