Chile

Los Bronces consume al día la misma agua que La Serena e Iquique juntas, mientras pozos del Arrayán se secan

La mina propiedad de Anglo American utiliza 780 litros por segundo para sus operaciones en la cordillera de Lo Barnechea. Eso equivale al consumo promedio de casi 400 mil chilenos. INTERFERENCIA recogió denuncias de vecinos de El Arrayán, quienes aseguran que sus pozos de agua se están secando.

Cristóbal Del Río vive hace más de 28 años en el condominio de Huallalolén, en el Arrayán en la comuna de Lo Barnechea. Su casa queda a casi cinco kilómetros de la avenida Las Condes, una de las principales arterias del sector oriente de Santiago. Así y todo, para él y su familia es un desafío conseguir agua potable. Sin acceso a la red sanitaria, han dependido de pozos subterráneos para obtener este recurso, una técnica de extracción que año a año se hace más compleja.

En 1991 Del Río construyó una noria de 15 metros de profundidad para extraer agua. El pozo duró apenas siete años, teniendo que ser reemplazado en 1998 por uno de 52 metros. El segundo pozo también se secó en 2015, lo que obligó a cavar aún más profundo. “Hoy sacamos agua de un pozo de 132 metros, que tiene aproximadamente 10 metros de agua”, cuenta.

Tanto Del Río como otros vecinos del sector con los que conversó INTERFERENCIA, responsabilizan a la empresa Anglo American por la crisis hídrica con la que conviven día a día. A unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, y a apenas 60 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago, se ubica la mina de cobre y molibdeno Los Bronces, propiedad de esta trasnacional británica-sudafricana. Emplazada entre el Santuario de la Naturaleza El Arrayán y el Parque Cordillera Yerba Loca, el complejo extrae minerales utilizando 780 litros por segundo de agua, según información de la propia empresa.

El volumen de agua que se usa todos los días en las operaciones de Los Bronces equivale al consumo diario de casi 400 mil habitantes. Así se desprende de un estudio publicado el año pasado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que cifró el consumo diario de los chilenos en 170 litros por habitante. Así, la mina a rajo abierto, que opera las 24 horas del día excepto para las tronaduras que sólo se realizan durante la luz del día, usa el mismo agua que todos los habitantes de La Serena e Iquique combinados.

En 2018, esta mina en la cordillera de los Andes empleó en total a unos 1.700 trabajadores, aunque en enero de este año desvinculó a decenas de ellos “como parte de un proceso de optimización de la operación”, según su reporte anual publicado en abril.

Contactados por nuestro medio ayer en la tarde, Anglo American ratificó que actualmente extrae 780 litros por segundo de distintas fuentes acuíferas, tanto subterráneas como superficiales, “todas respaldadas en derechos de agua que cuentan con las autorizaciones correspondientes”. La empresa aseguró mediante un correo electrónico que entre estos 67.000 metros cúbicos de agua diarios que extrae en la cordillera de Santiago, “los Bronces recircula, es decir recicla, entre un 70% y 80% del agua de su proceso industrial”. Según la compañía, que también es co-dueña de la mina Collahuasi en el norte de Chile, se trataría de uno de los promedios de reciclaje de agua minera más grande del país.

Sin embargo, aguas abajo, en la zona precordillerana de Lo Barnechea, los habitantes no creen que los Bronces sea un “buen vecino”. INTERFERENCIA contactó a seis familias que extraen agua desde pozos en el sector de El Arrayán. Tres de estas en el sector de Huallalolén, a 5 kilómetros de avenida Las Condes, y tres en el sector de Pastor Fernández, entre 500 metros y un kilómetro de la avenida. De estas familias cinco fueron las que han tenido que profundizar sus excavaciones en los últimos años, todas pasando a pozos de a lo menos 60 metros de profundidad.

Además, se han formado varios movimientos sociales y ciudadanos que se oponen a esa mina, que inició sus operaciones en 1980, y que a inicios de este año ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto llamado “Los Bronces Integrado”, que expande sus operaciones en la cordillera. Muchos habitantes de Lo Barnechea, en especial de la zona de El Arrayán, temen que ello agrave aún más la crisis hídrica. Además, algunos denuncian que el SEA ha sido condescendiente con la compañía minera, al punto de que habría realizado talleres de participación ciudadana en dependencias de Anglo American.

La minera, que también opera la mina El Soldado en la comuna de Nogales y la fundición Chagres, ambas en la Quinta Región, asegura que su expansión no pondrá más estrés sobre los recursos hídricos. “El proyecto se desarrollará con los derechos de agua actualmente autorizados para la operación, sin incrementar el uso de agua fresca”, afirmó por escrito a nuestro medio. “Esto será posible porque se repotenciará el sistema de agua recirculada, de modo de reciclar aún más agua, y porque la tasa de procesamiento de mineral en la planta se mantendrá en el mismo nivel que en la actualidad”.

El año pasado Los Bronces produjo 370 mil toneladas de cobre fino, un aumento de 20% frente a 2017, mientras que sus tres operaciones en la zona central le produjeron ingresos por US$ 2.500 millones en 2018.

“Somos conscientes de los efectos del cambio climático y la consecuente escasez de agua que está afectando a la sociedad en su conjunto”, afirmó la empresa a nuestro medio. Pero respecto a las dudas y críticas de vecinos del Arrayán, aseguró: “Anglo American no tiene responsabilidad sobre la escasez hídrica que afecta a la población, este fenómeno más bien obedece a la falta de precipitaciones, siendo 2019 un año récord en escasez de lluvia”.

Municipalidad bajo la lupa

Hace casi un año que el Santuario Natural de Yerba Loca –bajo administración de la Municipalidad de Lo Barnechea– está cerrado. El argumento es que los derrumbes naturales de tierra suponen un peligro para los senderistas que usualmente visitan este lugar y muchos de los cuales tratan de llegar hasta el Glaciar de La Paloma.

Sin embargo, existe el temor de que los derrumbes son en realidad causados por las tronaduras de Los Bronces. En conversación con INTERFERENCIA, el montañista, médico y activista medioambiental Mauricio Purto, aseguró hace unas semanas que estos episodios de derrumbes son provocados por las tronaduras del proyecto minero de Anglo American, que incluso genera temblores en la zona de Farellones.

Según el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), fue la propia empresa la que se dio cuenta de los derrumbes cuando sobrevolaban la zona en helicóptero. Dieron aviso y para octubre de 2018 el sendero estaba cerrado.

A través de la página del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca se emitió un comunicado el 5 de marzo indicando que el sendero que lleva hasta el glaciar La Paloma se encuentra cerrado debido a la remoción de masas en la zona, y además agregan que próximamente se inaugurará otra ruta que permita circular de manera segura.

Entre las cosas que aumentan el conflicto y las críticas en contra del municipio y Anglo American, está el estrecho vínculo financiero que existiría entre ambos. Un artículo de Ciper de septiembre de 2017, titulado “Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a los municipios”, aseguraba que la Municipalidad de Lo Barnechea recibió aportes por más de 2.960 millones de pesos entre 2010 y 2016 de la transnacional británica. Y es que la empresa ha inyectado dinero y ha financiado una serie de proyectos junto a Guevara.

El lazo más evidente es el Proyecto Yerba Loca, financiado y gestionado por Lo Barnechea, Anglo American y Club Parques Outlife. Según el sitio web del proyecto, la gigante minera “tiene un fuerte compromiso ambiental”, que busca impulsar el desarrollo sostenible junto a emprendedores locales.

Entre los grandes detractores de la actividad de Anglo American en la cordillera sobre Santiago se encuentra Mauricio Purto, quien en mayo de 1992 escaló el monte Everest. Además ha cuestionado de manera constante el vínculo municipal con la empresa minera. Producto de esto, Felipe Guevara presentó ante el 15º Juzgado Civil de Santiago una demanda por “indemnización de perjuicios” en contra del montañista el 2 de abril del presente año.

En el escrito, Guevara argumentaba que “se han cuestionado de forma irresponsable e impune mi honor y honra tanto en mi faceta personal y de autoridad, poniendo en duda mi idoneidad moral y capacidad política, en términos generales y por extensión, para ejercer el cargo para el cual he sido elegido”.

 

Fuente:https://interferencia.cl/articulos/los-bronces-consume-al-dia-el-mismo-agua-que-la-serena-e-iquique-juntas-mientras-pozos-del?fbclid=IwAR0IgVbxZ1pZNXYJachHatXGugeD9Jvwth81JfhpewSi-yOhQrx5IVd5vpw

Mexico

Megaproyectos mineros en Wirikuta ¿desarrollo para el bien común o etnocidio?

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta.

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.


Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

 

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3293-articulo-megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-para-el-bien-comun-o-etnocidio

Venezuela

Denuncian minería en el Monumento Natural Morros de Macaira en Guárico

Desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela compartimos la alerta sobre presuntas actividades de minería en áreas que podrían estar dentro del Monumento Natural Morros de Macaira en el estado Guárico.

El 22 de agosto la periodista Amanda Saldivia denunció en su cuenta en la red social Facebook que el Gobernador del estado Guárico, José Vásquez, había anunciado formalmente “la fase de exploración de parte de esta formación geológica, a los fines de realizar estudios para ver la factibilidad de explotar el yeso que en ellas se encuentra.”

De acuerdo con la periodista Saldivia, el funcionario expresó que esa parte de los morros estaba fuera de los límites del monumento natural y que se disponía los permisos necesarios para tal actividad. La comunicadora expresó su preocupación por el potencial impacto ambiental de la actividad minera en este monumento natural que es parte de la identidad local de quienes habitan en Altagracia de Orituco y en el estado Guárico.

Por su parte, el medio local Infórmate Altagracia, publicó este 27 de agosto una serie de imágenes filtradas de las presuntas actividades mineras en el Monumento Natural Morros de Macaira, en los que se aprecia el impacto que estas acciones estarían teniendo en la vegetación y la vida natural de la zona.

De acuerdo con este medio, la extracción de minerales fue ordenada por la Alcaldía del Muncipio José Tadeo Monagas junto con la Gobernación del estado Guárico.

 

El Monumento Natural Morros de Macaira está ubicado en el Municipio José Tadeo Monagas, en lo que geográficamente se conoce como el corazón de Venezuela, en el estado Guárico, y abarca un área de aproximadamente 99 hectáreas. En toda la región, es común encontrar macizos de roca calizas, cuevas surcadas por pequeños cursos de agua y profundas cimas verticales.

Su mayor atractivo es la formación calcárea de gran valor paleontológico y ambiental. Está constituido por tres macizos, los cuales albergan numerosas cuevas surcadas por torrentes fluviales. La vegetación está compuesta principalmente por bosques semideciduos y matorrales semideciduos en la región de bosques montanos de la cordillera de la costa de Venezuela.

De acuerdo con habitantes de la zona, el día 29 de agosto se realizó en Altagracia de Orituco un Foro promovido por la organización CESAP, en el que participaron expertos ambientalistas y académicos de la región, quienes alertaron sobre el impacto de las actividades mineras en el ecosistema de los Morros de Macaira. En esta actividad participaron también representantes de la Gobernación del estado Guárico y de la empresa encargada de la fase de exploración para la explotación de yeso en la zona.

Los expertos ambientales advirtieron sobre la fragilidad del ecosistema de los Morros de Macaira, que alberga especies de insectos y otros organismos endémicos diversos, además de ser un refugio de aves, abejas y murciélagos que cumplen una valiosa función de polinización vegetal, además de la presencia de manantiales de agua que no sólo benefician al ecosistema de los Morros sino también a la comunidad de Gamelotal.

Las autoridades presentes en la actividad informaron que la explotación de la piedra caliza se llevaría a cabo fuera de la zona protegida del monumento natural Morros de Macaira, y las imágenes difundidas en redes sociales se corresponden en efecto a un área fuera de la zona protegida.

Sin embargo, la comunidad organizada de Altagracia de Ortituco alega que el afloramiento rocoso de piedra o roca caliza, al igual que la caliza subterránea, es un solo ecosistema, y que si bien las actividades mineras actualmente en desarrollo afectan a la piedra al aire libre, su potencial impacto en la zona, por la tala de árboles, la contaminación con el humo de vehículos y el ruido que genera esta actividad, puede afectar negativamente el frágil ecosistema del monumento natural.

Los habitantes de Orituco además llamaron la atención sobre el hecho de que este estado ya cuenta con afloramientos de piedra caliza en zonas ya intervenidas, por lo que no se explica esta nueva intervención en una zona que no había sido intervenida.

Si bien el representante de la empresa encargada de esta fase exploratoria manifestó que se trata de una actividad de minería con responsabilidad, la comunidad de Orituco expresó su rechazo hacia toda forma de práctica minera en esta zona que conlleva impactos ambientales en la misma. Por ello se declararon en defensa de los Morros de Macaira, como Monumento que no sólo es hábitat de especies diversas sino que además hace parte de la identidad sociocultural de la región.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/29/denuncian-mineria-monumento-natural-morros-macaira-guarico/

Mexico

Interponen amparo contra proyecto minero en Samalayuca

Activistas de diversas agrupaciones interpusieron un amparo contra la intención de un pequeño grupo de ejidatarios del poblado de Samalayuca de operar una mina de cobre a cielo abierto, asociados con la empresa canadiense VVC Exploration Corp. Afirmaron que ese método de explotación es preocupante, debido al impacto ambiental y a la grave escasez de agua en esta zona.

El catedrático y abogado Santiago González explicó que la empresa canadiense pretende, desde hace varios años, sacar cobre de la zona conocida como ejido Ojo de la Casa, ubicado a menos de 40 kilómetros de Ciudad Juárez y de la franja fronteriza, la cual la semana pasada anunció la apertura de Gloria, la primera mina a cielo abierto de Samalayuca Cobre SA de CV.

Señaló que el promotor del yacimiento es el ex candidato a diputado por el PAN y ex perredista Javier Meléndez Cardona, quien ha declarado que es un hecho que se explotará y los trabajos podrían empezar a la brevedad.

Luis Castro, vecino de Samalayuca, señaló que la mayoría de los habitantes y de otros ejidos están en contra de la mina, y solamente el comisariado ejidal apoya esta medida junto con una veintena de incondicionales, incluso hace poco estuvo negociando en Canadá.

El grupo de opositores a la veta explicó que esa mina provocaría una grave contaminación en la zona, sobre todo en el agua. Además de la explotación de los recursos naturales en los alrededores. Apoyamos lo que él (abogado) hace, y esperamos que se sumen más amparos, y en determinado momento proyectos de ese tipo no vuelvan a amenazar a nuestra comunidad, expresó una de las manifestantes

Empresa invertirá 4 mmdd

La empresa VVC Exploration Corp. en próximos meses invertirá 4 mil millones de dólares para la creación de lo que será Samalayuca Cobre SA de CV, la cual será una mina a cielo abierto, de donde se extraerán metales. Además, generará más de mil 200 empleos directos, adelantó el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona.

Aseguró que tras ocho años de investigaciones, estudios, trámites y demás requisitos para la apertura de la mina en Chihuahua, inversionistas canadienses y mexicanos concretaron su apertura para trabajar en los próximos 20 años consecutivos en la extracción de metales pesados.

Mélendez Carmona argumentó que la comunidad tiene dos fuentes de empleo: turismo y producción de hortalizas, por lo que no será afectada con el ingreso de la minera en esta zona, al contrario, dijo, podría expandir los ingresos de todos los ciudadanos.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró más de 63 mil 182 hectáreas de ese ejido como zona protegida por ley desde 2012, y la instalación de una mina que utiliza ácidos para extraer metales sería nociva para la flora y fauna endémica, así como para los habitantes y los mantos freáticos, recordaron los activistas.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/estados/028n2est

Venezuela

Velasco Páez: El territorio amenazado en el Arco Minero del Orinoco supera el tamaño de Portugal

El investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Francisco Javier Velasco, participó como invitado en el espacio República de Ciudadanos del medio Punto de Corte, con motivo de los actuales incendios que ocurren en la Amazonía y las causas estructurales del extractivismo que han generado las condiciones para este desastre ambiental.

En este espacio el investigador ofreció un panorama del avance del extractivismo en la región ante el amparo de gobiernos que han apostado por el saqueo de la naturaleza y ofreció datos relevantes sobre el impacto del mega proyecto del gobierno venezolano del Arco Minero del Orinoco.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/09/territorio-amenazado-arco-minero-del-orinoco-supera-tamano-portugal/

 

Internacional

La petición Change.org presiona a la compañía minera canadiense para detener la deforestación en Turquía

Alamos Gold, Inc., una compañía minera canadiense, ha comenzado a realizar una extensa deforestación de las montañas Katz (Ida) en el noroeste de Turquía, ya que extrae oro. La operación destructiva de la compañía ha sido autorizada por el gobierno turco, que asignó aproximadamente 3.500 hectáreas (alrededor de 6540 campos de fútbol) para su búsqueda de oro. Al hacerlo, la compañía no solo amenaza el bosque en sí, que cubre el 98.7 por ciento del área, sino que también pone en peligro los cientos de especies de animales nativos de las montañas y corre el riesgo de contaminar las fuentes de agua para cientos de miles de turcos que residen en pueblos y aldeas cercanas.

Una petición de change.org lanzada por Simge Topaloglu busca presionar a Alamos Gold, Inc. para que revierta su curso. La petición, dirigida al CEO y Vicepresidente de Alamos Gold, Inc., así como al Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, insta a la compañía a reconocer su responsabilidad con el medio ambiente, abandonar su búsqueda de oro y mantenerse alejado de Ida bosque.

Alamos Gold, Inc. no es la única compañía minera canadiense que participa en proyectos ambientalmente destructivos en todo el mundo. De hecho, las compañías mineras canadienses actualmente constituyen más del 75% del negocio minero en todo el mundo . Desde Europa hasta Sudamérica y Asia, las compañías propiedad de canadienses explotan los recursos naturales, destruyen los tesoros ambientales, aceleran la extinción de especies animales y vegetales y destruyen el hábitat natural de las comunidades locales.

La operación de Alamos Gold, Inc. en el bosque de Ida en Turquía ya ha causado estragos en la región, a pesar de que solo se aprobó en marzo de 2019. Según las imágenes satelitales del área, la compañía ya ha arrasado aproximadamente 200,000 árboles, que ya excede en 4 veces el número de árboles que planeaba cortar según su informe de impacto ambiental presentado para autorizar el proyecto. Se estima que este número crecerá a medida que pasen los meses.

Además, se predice que la compañía usará aproximadamente 20,000 toneladas de cianuro para extraer oro, lo que contaminaría las fuentes de agua de unas 180,000 personas.

Según la petición, el bosque de Ida alberga «8 especies de mamíferos, 41 especies de aves, 10 especies de reptiles, 117 especies de insectos y 283 especies de plantas».

Todos estos están siendo puestos en grave peligro debido a la negligencia, la imprudencia y la avaricia tanto de Alamos Gold, Inc. como de las autoridades turcas (que son tan cómplices en la aniquilación del bosque de Ida).

En un reciente Informe Especial sobre Cambio Climático, Desertificación, Degradación de la Tierra, Gestión Sostenible de la Tierra, Seguridad Alimentaria y Flujos de Gases de Efecto Invernadero en los Ecosistemas Terrestres , el IPCC reafirma el vínculo inextricable entre los bosques y el cambio climático, así como presenta datos adicionales sobre cómo los bosques interactuar con el ambiente. El informe del IPCC indica que la deforestación y la degradación de la tierra exacerban significativamente la crisis climática, lo que provoca escasez de agua, sequía y escasez de alimentos.

El informe también expone cómo proteger nuestros bosques de la destrucción podría desempeñar un papel crucial en la mitigación del daño causado por las emisiones de CO2 inducidas por el hombre y la desaceleración de los efectos desastrosos de la crisis climática.

El deseo de maximizar los beneficios por parte de los gobiernos y las corporaciones supera su compromiso con el medio ambiente y la supervivencia de nuestro planeta. No podemos permitir que esto continúe. Es hora de que comprendamos que nuestra lucha es una, y debemos mostrar a nuestros gobiernos, así como a las empresas que operan en nuestros países, que no nos detendremos en silencio mientras arrasan la tierra y nos arrojan al borde de un acantilado.

 

Fuente:https://www.fairplanet.org/story/change-org-petition-pressures-canadian-mining-company-to-halt-deforestation-in-turkey/?fbclid=IwAR3qrUCDIX2dCsIgA_y0cI7UL-MPWVFFu1DObzRoXcUSll5Dh_xH5-tP1EE

 

Argentina

Prohíben la explotación minera en Purmamarca

El Consejo comunal aprobó ordenanza que prohíbe la explotación minera en toda la Jurisdicción de Purmamarca, cuidando el medio ambiente y los daños que esta actividad pueda llegar a ocasionar.

  • Estuvieron presentes comuneros de Colorados y Pozo Colorado argumentando la ordenanza..
  • Fue aprobada por unanimidad entre todos los presentes.
  • Purmamarca protege el medio ambiente a través de esta ordenanza.

El artículo primero de la ordenanza aprobada por unanimidad en el Consejo Comunal, declara que se prohíbe en la Jurisdiccionalidad de la Comisión Municipal de Purmamarca la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/0 las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración y/o industrialización de minerales metalíferos.

Al respecto, el comisionado municipal de Purmamarca Oscar Tolaba, agradeció a todos los vocales, comuneros y comunidades en general por acompañar este proyecto de Ley.

Y en su cuenta de Facebook explicó el trabajo conjunto de por la asamblea comunitaria, el consejo y la aprobación por unanimidad en la sesión del Consejo comunal.

Por otro lado también se prohíbe en el radio urbano y áreas de influencia de ésta localidad el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, elaboración, producción, extracción y/o transporte de sustancias químicas.

 

Fuente:http://www.jujuyalmomento.com/post/106352/prohiben-la-explotacion-minera-en-purmamarca.html?fbclid=IwAR1szU3SUJW0_QLNK77oQpjCC6FGiBnNoaFkpHJRAR0I3vymF8VCyZGvmJE

Mexico

Mujeres defensoras contra el extractivismo

En México, cientos de mujeres han tenido que aprender a ser sus propias abogadas, a defenderse, a estudiar cuestiones técnicas, jurídicas, ambientales, pero sobre todo a no bajar la voz ante aquellos que buscan despojarlas de su terriorio en donde ha transcurrido su vida y la de sus familiares; sin embargo, el miedo que sentían, se convirtió en rabia.

 

Con la justificación de que “el desarrollo” llegaría a cada región de nuestro país muchos son los megaproyectos que se han construido -o pretenden construirse- por encima de las necesidades de los pueblos y sus habitantes; por ello, hay muchos pobladores que luchan por no quedar bajo el agua de una presa; por no ser fumigados con agroquímicos o por no desplazados por grandes carreteras o vías ferroviarias; todos estos proyectos, a decir de los empresarios, necesitan “el sacrificio” de comunidades enteras.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, señaló que México registra más de 500 conflictos ambientales. Buena parte de ellos se debe a la proliferación de megaproyectos ligados a los sectores de minería, hidrocarburos, termoeléctricas, y otros que han generado desequilibrios locales y regionales (La Jornada, 17 de julio del 2019).

A pesar del discurso en pro del medio ambiente de los gobiernos, de acuerdo con el Anuario de Actividades Extractivas 2018 de Fundar, Centro de Análisis y Distribución A.C.: “los impactos sobre el ambiente y los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios situados alrededor de estos proyectos extractivos siempre han quedado al margen de las prioridades de los gobiernos”.

Quienes han sacado más la casta en esta lucha por su territorio en contra del llamado extractivismo son las mujeres de cada uno de los pueblos afectados; son ellas quienes participan en la toma de decisiones y en la defensa de sus tierras en condiciones de igualdad.

“Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio, además nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un sostén fundamental en las luchas”, dice parte del pronunciamiento que tuvo como resultado del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.

Este Encuentro Nacional se llevó a cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. En éste, 69 mujeres de 16 estados del país, se reunieron para intercambiar experiencias y compartir la diversidad de estrategias que han construido contra proyectos extractivos de minería, gasoductos, oleoductos y fracking; presas, acueductos y termoeléctricas; carreteras y vías ferroviarias; pero también de proyectos vinculados a la agroindustria.

Desde Quintana Roo hasta Baja California Norte, las mujeres concuerdan que la participación igualitaria que buscan, comienza desde la repartición justa de responsabilidades. Hay quienes realizan trabajo doméstico, tienen un empleo para percibir ingresos y se encargan del cuidado de sus hijos; por ello, el defender su territorio, no debe ser una jornada extra, sino que se debe construir: “un piso parejo entre mujeres y hombres”.

Además, saben que sólo en condiciones de igualdad, las mujeres podrán llegar a ocupar parte de los cargos de toma de decisiones en sus comunidades. Tal como lo dice el artículo 37 de la Ley Agraria:

“Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres”.

Lo que las mujeres defensoras del territorio tienen muy claro, es que su unión es lo que las hace más fuertes.
Después del Encuentro Nacional de Mujeres, las asistentes recalcaron su apoyo y solidaridad ante las diversas luchas que se llevan a cabo en todo el país, ya que saben que si hacen alianza, difícilmente, podrán quebrarlas.

“Ya no sólo nos sobamos el hombro, eso es para políticos. Aquí nos “hermandamos”, tu lucha es mi lucha. Te joden a ti, me joden a mí. El pueblo salva al pueblo”, dijo Margarita Juárez, defensora de Temacapulín, Jalisco contra la presa El Zapotillo y participante del Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo.

A continuación, presentamos tres de las diversas luchas que se están desarrollando en México por la defensa del territorio, y el papel fundamental que las mujeres llevan a cabo en ellas.

Choréachi, Chihuahua

Los más de 20 años de lucha de Choréachi, son un ejemplo de la discriminación y el constante desconocimiento que sufren los pueblos indígenas en México. Esta comunidad rarámuri, está ubicada en la sierra Tarahumara, específicamente en el municipio de Guadalupe y Calvo al sur de Chihuahua. Durante mucho tiempo se ha enfrentado a la violencia mortal contra quienes defienden su existencia y reconocimiento legal.

La distancia de 15 horas entre Choréachi y la capital de Chihuahua siempre ha dejado al pueblo en aislamiento y constante contacto con el narcotráfico, pero el despojo de sus bienes naturales y territoriales comenzó en el año 2000, cuando el ejido Pino Gordo, reclamó como suyas las tierras en las que se encuentra hoy la comunidad rarámuri.

De acuerdo con el Informe: Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara 2016, fue en aquel entonces cuando 162 indígenas demandaron al ejido Pino Gordo ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5) de Chihuahua, alegando posesión ancestral. La sentencia fue favorable, sin embargo, fue impugnada por el ejido y quedó sin efecto.

Sin haberse solucionado el conflicto con Pino Gordo, en 2007, se ejecutaron resoluciones de ampliación del territorio a favor de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, sobreponiéndose esta última ante la superficie de Choréachi.

El conflicto se acentuó con la autorización de permisos de explotación forestal otorgados por la Semarnat a favor de Coloradas de los Chávez, sin una consulta previa e informada a la comunidad indígena.

Aunque el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dice: “Cuando una autorización pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad”, la Semarnat autorizó los permisos de explotación forestal en la Sierra Tarahumara, bajo el argumento de que la comunidad indígena es inexistente.

Pasaron 11 años, y hasta el 23 de octubre el 2018, el Tribunal Superior Agrario reconoció el derecho de territorio de Choréachi, al demostrar su preexistencia al ejido Pino Gordo y la comunidad agraria Coloradas de los Chávez. En total se reconocieron 32 mil 832 hectáreas.

La celebración duró poco, pues horas después fue asesinado el líder y defensor del municipio, Julián Carrillo, quien vivía en Coloradas de la Virgen, una comunidad aledaña a Choréachi.

Este acto de violencia contra defensores indígenas, no ha sido el único en Choréachi, pues en 2016 y 2017, también fueron asesinados Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros.

Ante este panorama, la participación de la mujeres en la defensa de Choréachi también es riesgosa. Catalina García Ruíz es una de las defensoras de la comunidad rarámuri, y en el Encuentro Nacional de Mujeres por el Territorio frente al Extractivismo, compartío la situación de no reconocimiento que sufren las mujeres sobre sus tierras. Señaló que a pesar del reconocimiento del Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se amparó para seguir sin reconocer la existencia de comunidades indígenas como propietarias de sus tierras.

“En Chihuahua, una mujer no es dueña de su tierra, si se muere su esposo, ella tiene que regresar de donde viene, porque no puede ser dueña de su territorio”, explicó Catalina.

Así lo confirma el Anuario 2017, Las actividades extractivas en México, de Fundar: “En buena medida, las mujeres no son dueñas de la tierra que suelen defender cuando ésta se encuentra amenazada por proyectos extractivos”.

Hopelchén, Campeche

A lo largo de 30 años, los sectores de inmobiliaria, turístico, agroindustrial y energético, se han expandido más allá de las necesidades de la población de la península de Yucatán, afectando los ecosistemas, territorios e incluso la salud.

En el 2013 con la Reforma Energética, y en el 2016 con la subasta eléctrica, fue impulsada la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera, ocupando hectáreas de territorio maya.

Por otro lado, en el 2011 se creó el Proyecto Transversal Trópico Húmedo por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), con el objetivo de incrementar la superficie cultivable. Y a su vez se fomentaron los cultivos agroindustriales como la soya transgénica.

Para Angélica María defensora de la comunidad Hopelchén, el reto principal que enfrentan en la península es el extractivismo, en el que las siembras de soya transgénica o el Tren Maya en Calakmul, están acabando con todo lo que tienen.

“Duele que los proyectos están acabando con todo lo que tenemos. En el caso de la soya transgénica: la deforestación y el uso excesivo de agroquímicos, que con avionetas están fumigando nuestros niños”, reiteró Angélica María.

En la comunidad de Hopelchén su fuente de ingreso principal es la apicultura; sin embargo, el uso de agroquímicos ha llegado a afectar en su producción, desde el envenenamiento de abejas hasta el riesgo de contaminar con polen transgénico su miel.

“Los pueblos no queremos soya transgénica en nuestro municipio y las autoridades no nos están tomando en cuenta”, agregó.
Además, expuso las altas consecuencias de contaminación que dichos megaproyectos podrían tener en nuestra agua, provocando a su vez enfermedades; e insistió en la importancia de unirse a la lucha porque todos consumimos de la misma agua.

“Nosotras defendemos la tierra porque la tierra es nuestra madre, nos da de comer. […] Y es algo que nos llena de valor, de seguir luchando y decirle a más mujeres que debemos unirnos, alzar la voz y decir que aquí estamos, porque nosotras defendemos lo que es la vida y damos vida”, enfatizó.

Huexca, Morelos

Desde el 2011 con el ex presidente Felipe Calderón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsó la Central de Ciclo Combinado (CCC Centro), uno de los proyectos con más ambición en Morelos.

Parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) incluía la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, la cual busca llevar energía al oriente de Morelos donde se encuentran diversas empresas trasnacionales.

En el 2012, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, prometió respeto a la voluntad del pueblo ante la pugna entre defensores del territorio que buscaban detener el territorio, sin embargo, tiempo después la Policía, bajo órdenes del dirigente, disolvieron un plantón.

Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reactivar las obras por medio de una revisión a pesar de que en el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya dado por concluido el PIM por ser violatorio de los derechos humanos de la gente.

Para Teresa Castellanos Ruiz, defensora de Huexca, ahora es el momento de que el presidente cumpla, “él dice que cumple con su palabra, que él no nos falla a los pueblos. Es momento de que cumpla cuando dice que está en contra de la minería, los gasoductos y todos aquellos”.

 

Fuente:https://www.zonadocs.mx/2019/09/09/mujeres-defensoras-contra-el-extractivismo/?fbclid=IwAR3Lu90ZpAUJ8nJeIa-pRtPJ8SLKTULp7krqElobPvlHvlUZKo2LQ3Fje0o

Perú

Alcalde formula denuncia penal contra minera

Tras haberse comprobado otro derrame de relave minero al cauce del Río Mishka en la comunidad de Raccaya, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Fajardo, César Palomino Cárdenas, denunció penalmente a la Minera Catalina Huanca como responsable de un grave delito ambiental. Según detalló la autoridad edil,

existe una actitud denula responsabilidad social y medioambiental de la empresa, situación que desencadena en graves consecuencias como la muerte y el envenenamiento del río Mishka y sus afluentes, agua que sirve para la agricultura y consumo humano en la provincia de Fajardo.

La denuncia fue formulada ante la Fiscalía Provincial de Fajardo para iniciar con las investigaciones y determinar las responsabilidades, además de establecer la sanción que corresponde. Se sabe que en los próximos días, el escrito debe ser derivado a la fiscalía especializada en delitos ambientales.

Palomino Cárdenas, señaló que esta no es la única vez que ocurre un delito ambiental como este. Indicó que la Minera Catalina Huanca, desde que empezó sus operaciones presenta una actitud de constante negligencia con la disposición del relave, motivo por el que ya fue sancionado en varias oportunidades por la OEFA.

Historial

En marzo del 2008, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) había confirmado que las aguas de los ríos Mishca, Chuquiputa, Raccaure y Sondondo estaban contaminadas por acción de la minera. La minera fue sancionada con ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir unos 28,000 soles, al comprobarse que el río, afluente del río Sondondo, contenía altos niveles de arsénico y plomo.

Asimismo, en el año 2010, en base al informe de 691 de la Dirección de Salud Ambiental, el representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Mavila, informó que mediante una evaluación de las aguas de los ríos que abastecen a las minas de la empresa Catalina Huanca se ha descubierto que contienen altas cantidades de arsénico y plomo, sustancias químicas altamente peligrosas para los usuarios de los ríos de esta zona.

En el año 2011, contaminó la vertiente del río Raccaure. Situación por el que la empresa salió bien librado aunque los perjuicios continúan en la zona.

En el año 2012, OEFA tras una fiscalización, evidenció que depósitos de relaves eran directamente vertidos al río Mishka por lo que la empresa Catalina Huanca Sociedad Minera fue multada con 60 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/.219, 000 por quebrantar normas ambientales.

 

Fuente:http://jornada.com.pe/local/16924-alcalde-formula-denuncia-penal-contra-minera?fbclid=IwAR3rMnUaHSAkT42R1zaCqScKY85JY0eft9WkEDPyCRi2DLZJqKDLKh9zPas

Honduras

137 concesiones mineras y de energía invaden territorios indígenas en Honduras

Cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.
Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes que demandan el respeto a la consulta por la masiva instalación de de proyectos extractivistas y la inexistencia de títulos de tierras ancestrales.
Para el director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos, “siempre es [de] la misma manera”, es decir “el Congreso Nacional da una licencia una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades, luego las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta, y luego la comunidades se organizan, hace resistencias, pero después la empresa privada presenta las denuncias ante el Ministerio Público”, criminalizando a los defensores.
En el informe “Territorios En Riesgo II”, presentado en abril de este año, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) expone el estado de las concesiones solicitadas y otorgadas hasta el 2018, el área total destinada para la extracción minera podría aumentar en un 400%, pasando de 75,125 hectáreas (ha) en explotación actual a 375,165 ha potencialmente.
El documento indica que las y los defensores del ambiente y de los derechos humanos son atacados y criminalizados por el Estado y por las fuerzas de seguridad privada, especialmente en zonas rurales, donde la pobreza es más grave y cuyas poblaciones dependen de las tierras agrícolas, de los bosques y de las fuentes de agua para su subsistencia, donde la agricultura es el principal motor de los ingresos y los empleos rurales, a pesar de sus bajos salarios.
¿La consulta previa?
El Estado de Honduras ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1995, sin embargo, en el año 2016 presentó una propuesta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que trabajo en conjunto con Naciones Unidas, propuesta que fue rechazada por algunos pueblos indígenas y afrohondureños.
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH), conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indígenas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, en el que trabajaron conjuntamente y de manera unánime rechazaron la propuesta del anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), impulsado desde el gobierno.
“Territorios En Riesgo II” indica que la superposición con las tierras de los pueblos indígenas en particular puede indicar una violación de los derechos de los indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
También señala que “con frecuencia, los Estados de la región adoptan decisiones sin consultar, afectando a los referidos pueblos, lo que propicia conflictos sociales y agudiza la desconfianza hacia sus gobiernos”.
Sobre la consulta previa y en el marco del el Foro Regional contra la Minería, la líder garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Mirian Miranda, expuso “el gobierno a través de la Republica de Honduras dice que los pueblos indígenas no tenemos derecho a veto es a decir que no, eso es vergonzoso, pero a lo que tenemos derecho es a la libre determinación que son cosas diferentes a tomar las decisiones en nuestros propios territorios nuestras propias comunidades, las comunidades pueden ejercer la autonomía y la resistencia”.
La consulta previa en el marco de la propuesta de Ley de Consulta Previa Libre e Informada introducida recientemente por el Poder Ejecutivo, -añadió- “es únicamente para legalizar una institucionalidad corrupta y además asesina porque son los responsables de todo lo que están haciendo en nuestras comunidades por eso hemos dicho el Estado es el responsable del asesinato de Berta Cáceres y lo vamos a seguir diciendo”, sostuvo.
“En el caso de Honduras las empresas llegan directamente a las comunidades son las que llevan en algunos lados comida y vienen y traen a la gente para que peleen, se están peleando los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo y están usando los medios de comunicación para eso, cosas que debe garantizar el Estado lo pone en manos de empresas corruptas igual a ellos, y por eso es que nosotros tenemos que arreciar la lucha tenemos que fortalecernos porque vienen cosas difíciles para este país”, puntualizó.
Lencas y Tolupanes, los más afectados por concesiones mineras
En Honduras hay 101 concesiones mineras con intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como «artesanal», «banco de préstamo» o «pequeña minería», indica el documento.
Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.
Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575% de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.
En cantidad de concesiones, el pueblo indígena lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas y otras 23 en zonas multiétnicas, aledañas a tierras lencas.
Por su parte, María Felicita López, coordinadora de Género del Movimiento Indígena Lenca de la Paz Honduras MILPAH, “uno de los principios de defender el territorio es porque nuestro derecho otra porque el territorio sin la tierra y sin el agua no tendríamos vida, son territorios ancestrales y por ello nos corresponde”.
María agregó “MILPAH busca es declarar a los municipios libres de proyectos extractivistas y que también la gente tome conciencia de los efectos que traen los proyectos porque estos entran con mentiras con regalías, que van a haber centros de salud mejorados, mejor acceso a carreteras, empleos para los pobladores, sabemos que es una mentira porque después de eso hay contaminación y enfermedades para las mujeres los niños y los jóvenes. Eso ya lo tenemos comprobado hemos pasado experiencias con otros lugares, otros departamentos de Honduras y fuera de Honduras, donde ya están los efectos de las mineras y de las hidroeléctricas y las eólicas. Como MILPAH estamos contra esos proyectos, no estamos en contra del desarrollo del municipio, sino contra las injusticias que se dan bajo el engaño y el saqueo de los territorios”.
El pueblo tolupán también se ve también afectado, ya que cuenta con menores extensiones de tierra, pero tiene 24 concesiones, de las cuales 16 son de mayor escala.
Por otra parte, en el inciso 8.2. denominado Generación de energía eléctrica, indica que hay 36 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de tierras indígenas y afrodescendientes, de las cuales 32 son proyectos hidroeléctricos, 2 son proyectos eólicos, 1 de biomasa y 1 fotovoltaica.
En resumen, la mayoría de los proyectos hidroeléctricos se encuentran en territorio lenca o multiétnicos aledaños al territorio lenca. El único proyecto de biomasa es la planta AZUNOSA, ubicada en tierras del pueblo tolupán. Y el único proyecto fotovoltaico, la planta Nacaome de la empresa SOPOSA, se encuentra en el extremo sureste de las tierras del pueblo lenca.
También refleja que de los proyectos hidroeléctricos en construcción, aprobados, en proceso y en estudio, llegan a operar, se vería un aumento en un 300% el número de proyectos en tierras indígenas.
Otro de los conflictos que se avecinan en tierras indígenas son las concesiones en el tema de Hidrocarburos en el territorio miskito, sobre los Cayos Miskitos y territorio garífuna mar adentro de la Laguna de Bacalar (Walumugu, en lengua garífuna).
Sin embargo, en el marco de la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), responsable del seguimiento al Convenio 169, el Estado hondureño señaló que se “socializó” el proyecto de exploración de parte de la compañía internacional Shell, que adquirió a British Gas (BG) como un proceso modelo de consulta libre, previa, e informada.
El documento señala también que “en la zona marítima de La Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período comprendido de septiembre a noviembre de 2013, donde se realizaron diez (10) asambleas de consulta con los consejos territoriales de La Mosquitia”. Asimismo lo declara en el informe la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 2018.
En respuesta a su solicitud de información con registro SOL-SEDIS-62-2019 del 15 de junio del presente año y recibida a través del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), Conexihon recibió a través de Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) la información que hace constar que solamente tres proyectos han formado parte de los acompañamientos de esta institución en el marco de los procesos de consulta previa, ninguno de ellos corresponde a la aprobación de la concesión por hidrocarburos.
En cambio, la OFRANEH, representando comunidades garífunas aledañas a la concesión, denunció que la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), hoy Mi Ambiente, “envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto del 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta.
Previamente, el 27 de mayo del mismo año, SERNA hizo público el contrato con BG”, el cual fue aprobado en el congreso el 18 de junio como Decreto 90-2013 y entró en vigor a partir de su publicación en el Diario la Gaceta el 25 de junio de 2013. La OFRANEH además ha manifestado graves preocupaciones por los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.
Relacionado con el conflicto político y de los territorios indígenas y afrodescendientes, por la poca participación y transparencia. Las organizaciones indígenas prevén que, a partir de la explotación, podrían surgir otros conflictos relacionados con los nuevos migrantes a la zona costera, por contaminación provocada por las actividades y por la construcción de la infraestructura para el transporte de los derivados de petróleo.
Dado que en 2019 se cumplen seis años de la concesión para exploración (el período máximo que permite la Ley de Hidrocarburos), se espera una divulgación de los resultados de estas actividades. Dependiendo de estos, las empresas AziPetrol/Caribx podrán especificar un espacio para explotación (máximo de 50% de lo que se otorgó para la exploración), lo cual generará debate y oposición.
Criminalización y violencia por la defensa de los territorios
El 1 de marzo de 2019, más de 40 comunidades de Honduras que enfrentan conflictos por proyectos extractivistas, se declararon el jueves en “estado de alerta” ante el asesinato de dos dirigentes Tolupanes y el encarcelamiento de 12 defensores de la tierra en el sector de Guapinol, en el departamento de Colón, que luchan contra una explotación minera que amenaza el suministro de agua en la región.
Los más de 200 delegados de estas comunidades de 12 departamentos, aseguraron que el crimen de los Tolupanes, Salomón y Juan Samael Matute y el enjuiciamiento y arresto de los pobladores de Guapinol, es producto de “decisiones autoritarias” del gobierno de Juan Hernández “que complace sin límites” a compañías transnacionales y nacionales entregándoles territorios y recursos naturales.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), advirtió en un pronunciamiento que la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente “ha sido histórica, pero en estos momentos arrecia de tal forma que toda la institucionalidad del Estado manifiesta su intención de desaparecer el movimiento ambientalista y toda organización o articulación social que se oponga a los negocios del mandatario de la República y sus grupos de poder”.
El 30 de julio, la Organización Internacional Global Witness presentó su informe ¿Enemigos del Estado? En el que destaca “por qué las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, quienes deberían ser consideradas heroínas por proteger a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas, arrestadas e intimidadas de forma rutinaria”.
“Es una ironía brutalmente salvaje: Quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son calificados como criminales. Es por eso que este año, Global Witness ha documentado por primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan. Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de los países, junto con las instituciones y las organizaciones que existen para protegerlas”, indicaron.
Honduras, con un total de cuatro defensores del territorio asesinados en 2018, ocupa el noveno lugar con cuatro homicidios contra defensores, en primer lugar está Filipinas con treinta homicidios y el número total de asesinatos en el año 2018 fue de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Global Witness detalla que existen cinco etapas para criminalizar a los defensores, la primera de ellas: Campañas de desprestigio, seguido de cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y criminalización masiva, además sugiere según los datos recopilados que estos mismos patrones son ampliamente aplicables a todas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
La organización internacional “ha documentado sistemáticamente cómo los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ejercida contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Del mismo modo, están siendo criminalizados por los gobiernos y las empresas con las que éstos se confabulan para silenciar a quienes amenazan sus intereses”.
Para, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que, si bien el proceso puede variar, la criminalización de las personas indígenas tiende a incluir, al menos, uno de los cinco elementos enlistados”.
En el mismo informe la organización Global Witness evidenció que en el año 2017 fue atacado como parte de una campaña de desprestigio durante un trabajo que realizó con defensores en Honduras.
Asesinatos, la máxima muestra de violencia
Según los registros, en Honduras han sido asesinados más de 120 ambientalistas, entre ellos se encuentran los datos de los siguientes que representan a los pueblos indígenas y afrohondureños de Honduras:
El asesinato en el año 2015 de Berta Cáceres líder de COPINH, luchaba con el pueblo lenca por el contrario proyectos que afectaban el pueblo indígena al que representaba en toda Honduras especialmente en el departamento de Intibucá. Hasta la fecha se encuentran detenidos los actores materiales sin embargo su familia y compañeros de lucha exigen la detención y juicio contra los autores intelectuales.
En 2016, el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunció la escalada de terror, despojo de territorialidades y persecución tras el asesinato de 20 defensores del territorio, dirigentes del municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz.
En los últimos seis años el Congreso Nacional concesionó a la actual presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, conocida como la “la dama azul” más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa, para la construcción de hidroeléctricas y 10 concesiones mineras en ese departamento.
En 2015, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció también Javier Vásquez Benítez, integrante del Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz – Honduras (MILPAH) en un contexto de conflictividad social por la oposición de MILPAH y de otras organizaciones a la concesión de proyectos hidroeléctricos en su territorio por parte de las autoridades hondureñas. Vásquez era hijo de Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga, en el municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz, y sobrino del Felipe Benítez, actual presidente de MILPAH.
A esto se suma otro asesinato cometido contra Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz, todos asesinados el mismo año en diferentes fechas.
La indefensión ha golpeado duramente a defensores, periodistas y operadores de justicia «amparados» en el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras. A inicios de 2019, el asesinato de dos indígenas tolupanes por defender el bosque en la Comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro beneficiados de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no pudieron ser implementadas por el Estado, pese a haber sido otorgadas hacía seis años atrás.
En el 2015, también se reportó el asesinato de cuatro indígenas Tolupanes de la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Tres años antes, el 25 de agosto de 2013, tres integrantes de con arma de fuego, las víctimas fueron: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales, el asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad, testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región.
Por su parte, Ramón Matute, indígena tolupán de la tribu San Francisco Locomapa, expresó a Conexihon “Nosotros hemos venido denunciando las amenazas, el saqueo, las muertes que existen en la Tribu de San Francisco nosotros a partir del 2008 hemos visibilizado más las denuncia es donde todo mundo conoce de nuestra lucha de nuestro título ancestral, hemos tenido tanta discriminación por parte del Estado en este momento nos tiene peleando entre tribus porque el Estado eliminó nuestro título ancestral esta es la causa de que el Estado nos está matando a través de los empresarios por nuestra madera nos están asesinando, asesinaron a mi padre, a mi madre y a mi hermano no existen ni ordenes de captura para los hechores materiales mucho menos para los intelectuales”.
En junio del presente año Matute junto a otros compañeros Tolupanes fueron acusados por el Estado de obstaculizar un plan de manejo y daños al Estado de Honduras, Matute, finalizó “Como es posible que el Estado este haciendo lo que está haciendo con la tribu Tolupán donde la constitución nos ampara en el artículo 336 que el Estado debe de protegernos y que es lo que está haciendo criminalizándonos solo por defender el título ancestral”.
La apuesta por titulación de tierras ancestrales
En el oriental departamento de Gracias a Dios, donde se ubica la exuberante zona conocida como La Mosquitia hondureña, es habitada por tres de los nueve pueblos indígenas, iniciaron una apuesta por la titulación de tierras ancestrales, como parte de un nuevo proceso de control territorial, frente a los procesos extractivistas, entre los que cuentan la llegada de “terceros”, es decir personas extrañas a las comunidades indígenas.
De acuerdo con Elsser Brown, representante del pueblo misquito y técnico de la organización Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI), una organización tiene 34 años de existencia en la Mosquitia, “el proceso de conflicto que se tiene en la titulación de las tierras ancestrales casi no ha cambiado nada y eso es una debilidad un desafío una tarea pendiente”.
“Lamentablemente, pese a que la titulación colectiva en los Consejos Territoriales fue un proceso de participación activo, muy poca gente lo conoce. Me atrevo a decir que un 15 o 20 por ciento de la población ha escuchado el contenido del título. Si lo lee dice qué le transfiere el patrimonio a las comunidades descritas en armonía con la legislación nacional, pero que pero no te las doy completamente, es decir hay como cuatro candados jurídicos que no permite transacciones sobre la tierra, es decir como particular no soy dueño de ese terreno, le pertenece al Consejo Territorial y entonces no puedo vender mi terreno no puedo embargar, ni hipotecar, no puedo hacer nada sobre ese terreno, no puede ser garantía de un préstamo. Aunque el propósito es asegurar que la generación futura tenga tierra y que no vaya a caer a mano de gente ladina o alguna empresa, en la práctica no hay saneamiento de las tierras en manos de terceros”.
Para Jorge Hilton, líder del pueblo indígena Pech, en la casi olvidada zona de Las Marías, de este departamento, pese a las titulaciones colectivas “bastantes personas han entrado sin consultar a la comunidad, de repente llegó una familia e hicieron una cadena, porque llegó una persona y después trajo el hermano y a otros cinco sin consultar”.
“Ellos entraron buscando tierras y nosotros como personas nativas nosotros conservamos la reserva y el área verde. Desde que empezaron a entrar subió la venta de terrenos, ellos mismos de la riqueza de los pech se hacen ricos”, lamentó.
Otro de los pueblos indígenas ubicados en La Mosquitia hondureña son los Tawahkas, en representación de este habló con Conexihon, Morelys Salinas Agüero, procedente del municipio de Krausirpi, representante del consejo indígena  Federación Indígena Tawaska de Honduras (FITH), dijo “vivimos en cuatro comunidades pertenecientes del pueblo, la ubicación estamos y geográficamente en el departamento de Olancho y de Gracias a Dios”.
Salinas agregó “es un pueblo étnico y tenemos la parte de legalidad jurídico y nosotros participamos como cualquier consejo territorial y la diferencia es que todavía no estamos con la personería jurídica y que legalicen el territorio”.
Salinas, manifestó sobre el arribo de personas no allegadas a su pueblo indígena “había una cultura qué puede ser cualquier persona tenía que consultarlo con los ancianos, al alcalde auxiliar y a los patronatos ya que nuestras comunidades hace muchos años no hay puestos policiales”.
“A ellos se les dice de dónde son y qué andan haciendo y de qué organización vienen. Bueno anteriormente sí consultaba la gente, pero ahora no quieren respetar a las comunidades y cuando menos lo pensaste está ubicado alguna familia y viene gente extraña pero no hay consulta pero anteriormente”, agregó.
Relatoría en alerta por amenazas a pueblos indígenas
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, visitó Honduras del 29 de abril al 12 de mayo de 2018. La visita tenía como principal objetivo evaluar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país.
En el informe realizado por dicha visita dice textualmente en el numeral 45 sobre los defensores de los Pueblos Indígenas “las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y sus recursos naturales, a la lucha contra el racismo y la discriminación, así como a la reivindicación de sus derechos económicos, sociales y culturales y de acceso a la justicia. Los defensores y defensoras indígenas de los pueblos lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka y miskito se enfrentan a menudo a la muerte, criminalización, estigmatización, acoso judicial y discriminación por su lucha por los derechos de sus pueblos”.
Fuente:http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/1212-137-concesiones-mineras-y-de-energia-invaden-territorios-indigenas-en-honduras?fbclid=IwAR12V4_CJn1Gg9ZobI4I4d3m1A1XtYuRhezMeeQ1drtfXQvmoSS0scxPbE4