La reciente crisis política, precipitada por la disolución del Congreso, nos ha hecho perder de vista que, desde inicios de la última semana de setiembre, distintos puntos del corredor minero de Las Bambas vienen siendo bloqueados por comunidades pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Este último episodio conflictivo en torno a Las Bambas y la carretera, coincidió con la presentación pública de la fiscalización ambiental realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que se realizó en el corredor minero comprendido en el ámbito de dicha provincia. El estudio fue presentado en Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, el pasado 27 de setiembre, y comprende los resultados del monitoreo realizado entre los meses de junio y agosto del presente año. Esta iniciativa del OEFA fue una respuesta a las constantes quejas y demandas de las comunidades y autoridades locales de esta provincia, molestas por lo que consideran un Estado renuente a tomar acciones concretas que permitan reducir los impactos sociales y ambientales ocasionados por el transporte de los minerales de la empresa minera. Es por esta razón que el OEFA incluyó la participación de distintos representantes de la población en este monitoreo ambiental.
El estudio realizado por el OEFA incluyó la evaluación de componentes tales como: ruido, aire, suelo, flora, fauna, agua, geomorfología y hábitat. Los resultados evidencian una serie de vulneraciones a la normativa ambiental, producidas como consecuencia del transporte de los minerales de Las Bambas. Por ejemplo, en el caso del componente ruido, se pudo identificar que en 22 de los 26 puntos de monitoreo instalados, se excedían los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de ruido. Por su parte, en el caso del aire, en 2 de las 12 estaciones colocadas se excedían los ECA aire (generación de material particulado: PM10). Justamente una de las estaciones donde se registró una excedencia continua de los ECA aire fue en el distrito de Ccapacmarca, que limita con la provincia de Cotabambas en Apurímac. Personalmente pude constatar las inmensas polvaredas que se levantan con el paso de los camiones, a escasos metros de las viviendas y las chacras de la población de este distrito.
Ante tales hallazgos, OEFA ordenó a Las Bambas restringir el tránsito de los camiones en la provincia de Chumbivilcas en el horario de 12-18 horas (restricción que en la práctica comprende a todo el corredor minero). También dispuso que la empresa mejore sus mecanismos para mitigar la emisión de material particulado, con especial consideración en los tramos en que existen localidades colindantes a la carretera. En la misma línea, se solicitó acceder en tiempo real, al sistema de geoposicionamiento satelital (GPS) de los camiones de Las Bambas, para regular la cantidad y la velocidad de dichos vehículos.
Pero el resultado más destacable de esta fiscalización es que el OEFA ordenó a Las Bambas, modificar y/o actualizar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para incorporar todas estas medidas. La empresa se encuentra obligada a incorporar en esta revisión del EIA, todos aquellos impactos negativos identificados por el OEFA, que se generan como consecuencia del transporte de los minerales.
La necesidad de revisar el EIA de Las Bambas ha sido señalada en reiteradas oportunidades, tanto por parte de CooperAcción como por las organizaciones sociales y las comunidades de las distintas provincias y distritos de Apurímac y Cusco, que son afectados día a día por el tránsito de los camiones. Es importante recordar que el cambio en la modalidad de transporte de los minerales -y que habilitaba a Las Bambas el uso del corredor minero- fue incluido en la etapa final de la evaluación de la Segunda Modificatoria de su EIA, en el 2014. En esa fase ya había concluido el proceso de participación ciudadana y el período de opiniones técnicas por parte de otros órganos del Estado. De esa manera, las decenas de comunidades que se ubican a lo largo del corredor minero, recién se enteraron del uso que se daría a esta vía cuando Las Bambas comenzó a movilizar cientos de volquetes diarios.
Hasta la actualidad esta vía no ha sido asfaltada, ni reúne mínimas condiciones para el transporte continuo de carga pesada. Las consecuencias de estas graves irregularidades vienen siendo asumidas de forma dramática por la población que habita próxima a esta vía: continúas polvaredas que afectan la salud de la gente y sus cultivos, rajaduras en las viviendas, problemas de transitabilidad, accidentes. Todo ello en una carretera que fue declarada como vía pública -es decir que pertenece a todos los peruanos- pero que casi exclusivamente es utilizada por Las Bambas y otras empresas mineras de la zona. Incluso, a pesar de que esta carretera tiene una condición de vía pública, no se ha cumplido con el saneamiento físico legal de las propiedades individuales y comunales que fueron afectadas por su construcción y las sucesivas ampliaciones que se hicieron sobre esta vía en los últimos años.
La situación descrita explica los continuos incidentes conflictivos que tienen lugar en el corredor minero, con numerosos bloqueos y paros que se suceden desde inicios del 2016, momento en el cual se iniciaron las operaciones de Las Bambas y con ello la utilización de esta carretera para el transporte de los minerales. En octubre de ese año, luego de un irregular operativo policial para tratar de desbloquear un punto de la carretera, falleció de un disparo en la cabeza el comunero Quintino Cereceda, que fue la cuarta víctima de los conflictos suscitados en torno al proyecto minero Las Bambas. Casi tres años después, la situación no ha cambiado mucho, y en este momento los bloqueos se registran en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas.
Resulta difícil prever como esta situación podrá resolverse en los siguientes meses puesto que aún no se obtienen resultados concretos en el proceso de saneamiento físico legal de las propiedades afectadas por esta carretera, así como tampoco se ha tenido mayor avance en el asfaltado de esta vía o el mejoramiento de sus condiciones técnicas para soportar carga pesada de forma continua. Tal es así la situación, que en una entrevista reciente a altos funcionarios de la empresa Las Bambas, estos declararon que evaluaban alternativas para el transporte de los minerales: por ejemplo, a través de la construcción de un tren, o regresando al plan original de construir un mineroducto[1]. Es irónico (y hasta tragicómico) que la empresa vuelva a poner sobre la mesa la posibilidad de construir el mineroducto, pues justamente su descarte y la opción de la carretera es, en buena parte, la principal causa de todo este mayúsculo problema de ingobernabilidad permanente que existe en su área de influencia social.
Desde CooperAcción, saludamos que el OEFA haya adoptado decisiones concretas que permiten controlar de mejor manera los impactos generados por el transporte de los minerales de Las Bambas. Consideramos que este monitoreo ambiental debe ampliarse a todo el ámbito del corredor minero (particularmente la provincia de Cotabambas) y comprender a todas las localidades afectadas, pues solo de esa manera se podrá tener una mirada integral del problema descrito, y así, contar con un EIA riguroso y coherente, que cumpla con eficacia el principio de prevención ambiental y de atención a las poblaciones.
Sin embargo, considerando que nunca se hizo una línea base sobre esta carretera, que pudiera identificar o predecir los potenciales impactos sociales y ambientales que se generarían por el transporte de minerales, no queda del todo claro si las medidas impuestas por el OEFA a Las Bambas resultan siendo suficientes o las más idóneas para reducir significativamente los impactos negativos. Es lógico que una adecuada fiscalización ambiental solo se puede sostener sobre una buena certificación, en tanto las deficiencias que pudieran existir en los EIA repercuten directamente en la eficacia de los mecanismos de fiscalización. Ello revela la importancia de que los EIA sean lo suficientemente claros y detallados, de modo que puedan incluir las medidas necesarias para cuidar el ambiente y la salud de las personas.
Lo ocurrido en el caso Las Bambas y la forma cómo se aprobó el uso de la carretera como corredor minero no se ajustó a ese objetivo. Estos errores u omisiones no solo tienen como responsables al Ministerio de Energía y Minas, sino que también arrastran al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que es el órgano que actualmente aprueba los EIA de los grandes proyectos mineros. Cuando SENACE aprobó la Tercera Modificatoria del EIA de Las Bambas, a inicios de 2018, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó un recurso administrativo para impugnar dicha decisión, que contó con el apoyo técnico de CooperAcción. En el documento presentado ante SENACE, se expusieron de forma fundamentada, las graves omisiones de esta Tercera Modificatoria del EIA en lo que se refería al control y mitigación de los impactos generados por el transporte de los minerales. SENACE rechazó este recurso, por considerar que las medidas que había adoptado Las Bambas eran suficientes para garantizar el cuidado ambiental. Pero los hallazgos identificados por el OEFA en este último monitoreo ambiental, parecen no darles la razón. Más allá de estas responsabilidades, la situación descrita plantea la necesidad de mejorar los procedimientos de certificación ambiental. Otro aspecto esencial y álgido que requiere ser puesto sobre la mesa en la recién creada Comisión para evaluar cambios en la ley minera.
07 de octubre de 2019
[1] Fuente en: https://gestion.pe/economia/empresas/las-bambas-mineroducto-ferrocarril-o-una-combinacion-son-alternativas-que-estudiamos-para-sacar-el-mineral-noticia/?fbclid=IwAR1D6Agq-m8S6ir0Q8LwQ9Y3x8Nwal1-aBw1p81lPOXgC1MNgienVLdis-g.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/una-vez-mas-las-bambas-y-su-corredor-minero-en-la-noticia/
Hoy lunes 7 de octubre se debe ver la causa del caso del proyecto Tía María en el Consejo Nacional de Minería. Como se recuerda, luego que se hicieran públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio, se abrió todo un debate, y en medio de la agudización del conflicto era claro el cuestionamiento sobre la viabilidad del proyecto minero.
La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.
Comunicado emitido por la empresa:
Mientras la Dirección General de Aguas constató, a través de un estudio, una reducción de estas masas de hielo del 8 por ciento desde 2014, el Gobierno pretende flexibilizar el proyecto de ley que se discute en el Senado y así responder al lobby minero, que según especialistas, está detrás de la iniciativa oficial.
La comunidad de Mauro, en la Región de Coquimbo, lucha por lo que les arrebató, en mayo de 2001, el multimillonario Andrónico Luksic -“el faraón de Chile”-, y su Minera Los Pelambres.
En las entrañas del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, desde el 2010 la empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., por medio de su subsidiaria “Minera Media Luna S.A. de C.V.”opera, a través de las técnicas a cielo abierto y subterránea, el proyecto para la extracción de oro y plata denominado; “El Limón-Guajes”. Desde su llegada, ha sido una de las empresas “consentidas” de diversos operadores políticos del estado de Guerrero, en especial de los gobernadores en turno, así como también, recurrentemente es visitada por el cuerpo diplomático de la embajada canadiense en México, lo que le ha permitido al Sr. Fred Stanford, presidente, CEO y director de Torex Gold Resources Inc.,transitar en total impunidad a pesar de los cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, para con las y los pobladores principalmente de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala.
Dos meses han pasado desde que el Gobierno decidió suspender la licencia de construcción de Tía María, amparándose en la decisión del Consejo de Minería, que argumentó que el 
Representante de los agricultores indicó que mañana harán un plantón. Este lunes se realizará audiencia pública sobre la suspensión del proyecto minero.
En pleno contexto de debate medioambiental, a nivel internacional y nacional, hacemos una recopilación de algunos casos emblemáticos de conflicto ambiental en donde empresas mineras han estado involucradas.