Mexico

Tras protesta, Oaxaca FilmFest cancela el patrocinio de Minera Cuzcatlán

Autor: Educa Oaxaca.org

Después de que decenas de ciudadanas y organizaciones civiles difundieron un comunicado denunciando la deplorable alianza entre el Oaxaca FilmFest y Minera Cuzcatlán, y tras la interrupción de la clausura del festival por activistas que alegan la responsabilidad de la minera en la contaminación del río Coyote, el Oaxaca FilmFest anunció su cancelación del patrocinio.

“Somos sensibles al exhorto de la sociedad y las comunidades que han manifestado la petición de retirar de nuestros patrocinadores a la empresa minera”, declaró el comité organizador del festival en un comunicado difundido en los medios de comunicación este miércoles. “Es importante reflexionar ante la voz de la sociedad civil y por ello se ha decidido terminar de manera inmediata y definitiva ese patrocinio”, precisaron. Para el jueves, el logo de Cuzcatlán ya no aparecía en la página web del Oaxaca FilmFest, y la compañía minera había iniciado su típica guerra propagandística a través de los medios sociales.

En Twitter y Facebook, donde el comunicado y los videos de la acción fueron ampliamente compartidos, Cuzcatlán se vio obligado a responder a las críticas una por una con el fin de salvar su imagen manchada.

También difundió una declaración titulada “Compañía Minera Cuzcatlán lamenta decisión del Oaxaca FilmFest”, destacando los grandes beneficios que ofrece al pueblo de Oaxaca en materia de empleo, derrame económico y desarrollo comunitario. Muchas, sin embargo, parecían no estar convencidas. “Qué cínicos. Oaxaca no necesita la ayuda de una minera para poner en alto el nombre de los pueblos”, respondió un usuario a la empresa en Twitter. Mientras otra participante en la conversación opinó: “Qué asco que vengan a justificarse en redes sociales”.

 

Fuente:https://www.educaoaxaca.org/tras-protest-oaxaca-filmfest-cancela-el-patrocinio-de-minera-cuzcatlan-video/

Chile

Se suspende comisión de Minería que votaría proyecto de glaciares

Autor: Derecho al Agua.cl

Senadores decidieron otorgarse una semana para explorar puntos de encuentro por glaciares

Si bien la Comisión de Minería estaba citada para hoy para analizar y votar el proyecto de glaciares y las indicaciones que presentó el Ejecutivo, la sesión se suspendió.

Formalmente se señaló que no hubo quórum o asistencia suficiente de senadores porque algunos de sus integrantes estaban fuera de Chile y no pudieron ser reemplazados por pares de sus partidos que ya estaban en otras comisiones, pero lo cierto es que la gran distancia entre oposición y Chile Vamos respecto de este tema, los llevó a aplazar la cita.

Fuentes parlamentarios explicaron que los bloques decidieron otorgarse una semana para que los equipos técnicos exploraran alguna posibilidad de llegar a acuerdo en torno a esta controvertida iniciativa.

No obstante los mismos senadores expresaron su escepticismo respecto de la alternativa de lograr puntos de encuentro, porque las indicaciones propuestas por el Ejecutivo distan mucho de la esencia del proyecto.

En términos generales, el texto original protege los glaciares y todo su perímetro periglacial y del permafrost, como reserva estratégica de recursos hídricos, evitando la realización de actividades económicas. Mientras que las indicaciones propuestas por el gobierno permiten la explotación de lugares cercanos a glaciares, previo informes de los reguladores correspondientes.

 

Fuente:http://www.derechoalagua.cl/2019/10/11/se-suspende-comision-de-mineria-que-votaria-proyecto-de-glaciares-2/

 

Brasil

La minería, un cáncer que nunca acaba

Autor: Luis Miguel Modino , Religión Digital.org

Una de las grandes amenazas que enfrenta la Amazonía es la minería, una realidad cada vez más presente y que la Iglesia católica está enfrentando de diferentes formas. El Sínodo para la Amazonía está siendo un buen momento para tomar mayor conciencia de esta problemática que afecta, de manera especial, a los pueblos originarios, como quedó demostrado en la Conferencia titulada, “Minería: mal común en la Amazonía”, una de las muchas actividades de la Amazonía: Casa Común, en este caso organizada por la Red Iglesias y Minería, CIDSE y Manos Unidas.

Esas consecuencias son cada vez más visibles, como todos los presentes pudieron comprobar en una botella de agua recogida en uno de los ríos de la región Madre de Dios, en la Amazonía peruana, donde vive Yesica Patiachi, la indígena del pueblo harakbut, que se hizo famosa por dirigirse al Papa Francisco, en nombre de los pueblos amazónicos, en su visita a Puerto Maldonado. En su testimonio denunciaba al gobierno de su país, cuyas promesas de acabar con la minería en la Amazonía se queda en un discurso bonito, frente a una actividad minera que va comiéndose la selva amazónica. Por eso, ella decía con fuerza que “el verdadero oro para mí es el manto verde”.

Ella vive en la región más devastada del departamento de Madre de Dios, donde un día los ríos fueron cristalinos y llenos de peces, pero que fue destruido por la minería, que “trae división a las comunidades indígenas”, pues estas empresas “compran a la gente”, provocando el caos social y el fin de actividades tradicionales como la caza y la pesca. De hecho, Patiachi define la minería como “un cáncer que nunca acaba”, pues cuenta con el aval del Estado, que hace la vista gorda a la falta de consulta previa. La indígena, que es auditora sinodal, afirma que “el Sínodo para la Amazonía no es sínodo sin la participación de los indígenas”, verdaderos maestros en ecología integral.

Son problemas comunes a todos los países amazónicos, también a Colombia, de donde procede el Padre Alberto Franco, que destaca la importancia del Sínodo, porque se habla de la Amazonía y ha hecho que los pueblos indígenas hayan llegado a Roma. De hecho, la conferencia contó con una buena participación de los pueblos indígenas, varios de los cuales se manifestaron, denunciando la actividad minera en tierras indígenas, una de las amenazas del gobierno brasileño, lo que conduce la tierra a la muerte, una tierra llena de riquezas por la cuidado que los pueblos originarios han llevado a cabo. Al mismo tiempo que pedían la ayuda del mundo para evitar los planes de un gobierno que no respeta la Constitución.

La minería es un mal común, como afirmaba el padre Franco, una idea que sostiene en razones ambientales, pues si acabamos con el Planeta, acabamos con nosotros, sobre todo como consecuencia de la contaminación; en razones sociales, pues la minería rompe comunidades a partir de mentiras y de la corrupción, y provoca conflictos sociales, alcoholismo y prostitución, entre otras cosas; y razones ético-políticas, corrompiendo a los estados y las legislaciones.

La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil ha creado este año la Comisión de Ecología Integral y Minería, que sustituye al grupo de trabajo sobre esa temática. Su presidente, Monseñor Sebastião Lima Duarte, uno de los padres sinodales, relataba algunas de sus actividades, como los encuentros con afectados por la minería, las asesorías en las diócesis, el mapeamento de esta actividad en todo Brasil, también la reunión celebrada en los últimos meses con treinta obispos cuyos territorios diocesanos se ven afectados por esta realidad.

Como afirmaba Silvia Obregón, de CIDSE, es necesario llamar a los responsables para que paguen por los daños causados, estados y empresas. Junto con eso, hay que hacer visibles las narrativas ancestrales y rescatar cosmovisiones. En ese sentido, “el Sínodo es una oportunidad para discutir temas que deberían haber sido discutidos hace mucho tiempo”, también de “reflexionar sobre nuestro estilo de vida y recuperar de las comunidades tradicionales distintas formas de relación entre nosotros y con la naturaleza”.

En Brasil, la amenaza de la minería en la Amazonía supone un riego muy grande, según Jeremías Mura, quien insistía en que “la vida es más importante que el desarrollo”, y la minería mata todo tipo de vida, afirmaba el indígena. Por eso, “queremos desarrollo a nuestro modo”, algo urgente en un país en que “los ojos del gobierno están en la región norte, porque allí está la riqueza, en las tierras indígenas”. Jeremías pedía ayuda para cuidar de la Amazonía, un deber de toda la humanidad. Los indígenas, según él, “vamos a continuar luchando y resistiendo”.

Estas afirmaciones también formaron parte del vicepresidente de la Comisión Pastoral de la Tierra y padre sinodal, Monseñor José Ionilton Lisboa de Oliveira. Él denunciaba el sufrimiento de muchos pequeños agricultores que viven en las orillas de los ríos, como consecuencia de la contaminación producida por la minería, “que representa la fuerza destructiva de la muerte”. Por eso, quien cree en Jesús que es fuente de vida, no puede estar al lado de la minería.

El acto fue conducido por el provincial de los combonianos en Brasil y padre sinodal, Dário Bossi, que insistía en que “la resistencia pasa mucho por la espiritualidad”, y por Moema Miranda, auditora do Sínodo para la Amazonía, que definía la minería como “un monstruo cada vez más peligroso”, ante lo que destacaba la importancia de articularse.

Esta actividad minera tiene en Canadá uno de sus principales impulsores, país al que pertenecen la mayoría de las grandes empresas. Nacida en ese país, la presbítera de la Iglesia anglicana, Emily Smith, señalaba que “estamos haciendo lo posible para frenar este monstruo enorme que sale de mi casa”. La Presidenta de SICSAL (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina), junto con Monseñor Raúl Vera, afirma que “sigan organizándose y nosotros en ese compromiso de caminar con ustedes”.

 

Fuente:https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_brasil/mineria-cancer-acaba_7_2166753304.html

Latinoamerica

Autoridades indígenas piden que la Amazonía sea declarada libre de concesiones minero-energéticas

Autor: Redacción Contagio Radio

Abuelos y abuelas de siete comunidades indígenas de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Boyacá y Venezuela se reunieron para conversar sobre la importancia de preservar el bosque tropical más grande del planeta. Los 18 abuelos y abuelas, reunidos para hablar sobre el presente y el futuro de la Amazonía, hicieron un llamado a todo el mundo a cuidar el pulmón del planeta.

El encuentro de sabiduría ancestral se produjo en el marco del Festival Internacional de Cine y Ambiente de la Amazonía, “Ficamazonía” en Mocoa, Putumayo. Éste ha sido muy significativo puesto que hacía más de 50 años que no se llevaban a cabo los Consejos de Ancianos Mayores de los Pueblos Indígenas de América Latina. (Le puede interesar: «400 federaciones y comunidades se movilizan en defensa de la Amazonía«)

Un manifiesto en pro de la Amazonía

En el Diálogo apelaron a la cancelación de licencias para la exploración y explotación de los recursos naturales de la “madre tierra” y pidieron “que la Amazonía sea declarada libre de concesiones minero-energéticas”. En el manifiesto, también hacen una clara alusión al Gobierno y a todos aquellos grupos al margen de la ley a que velen por la conservación de la Amazonía, sus tribus y sus tradiciones, puesto que remarcan que para ellos «el bosque lo es todo». Además, alertan que sus pueblos están declarados en riesgo de desaparecer física y culturalmente (Le puede interesar «Con la Amazonía está en juego la supervivencia de la humanidad«)

Asimismo, insistieron en la necesidad de no ser perseguidos por el cultivo de coca, así como que sí se frene el uso de semillas transgénicas y no implementar el fracking ni el uso del glifosato, ya que consideran que estas prácticas destruyen la biodiversidad, la vida, la salud, la autonomía y la soberanía alimentaria de sus comunidades. «Pedimos que la Amazonia sea declarada libre de concesiones minero-energéticas”. También reiteraron en la importancia de no perseguir ni estigmatizar a sus líderes sociales.

En el documento, se exponen una serie de propuestas de los abuelos indígenas para la preservación de la Amazonía, así como para la preservación de sus pueblos. Tras la presentación del manifiesto, se espera que se pueda organizar otro encuentro para analizar en qué puntos se muestran avances.

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/autoridades-indigenas-defensa-amazonia/?fbclid=IwAR39fs-8TRxTj1vn9lYYY2cyRbnIGiVCrkEU7GdTy6ueHKNoN-c45sBVt7I

Chile

El dilema del agua, los glaciares y la minería. ¿Hasta cuándo?

Autor: Ladera Sur / The Clinic

Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy

El pasado 19 de julio, la minera Anglo American ingresó a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de expansión “Los Bronces Integrado” en la cordillera de la Región Metropolitana, y a solo 40 kilómetros de la capital. Esto a pesar de que se emplazará -a todas luces- en medio de ecosistemas frágiles y necesarios para el territorio donde habita un 40% de la población del país, más precisamente en la parte alta de la cuenca de los ríos Mapocho y Colorado, este último el principal afluente del Maipo.

Como queda demostrado en el propio documento del EIA, el proyecto tendrá faenas parciales en un área protegida, el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, y en zonas colindantes con glaciares rocosos, cubiertos y blancos como el Bien Nacional Protegido Rio Olivares. En concreto, la compañía incluirá faenas subterráneas (660 m profundidad promedio) con “tecnología sustentable” y una expansión del actual rajo abierto, que supuestamente no afectará los glaciares.

 

Si nos vamos al detalle y en concreto a la afectación de glaciares, vemos que poca importancia le dan a la escasa distancia de las operaciones con los glaciares infiernillo y observatorio (que por ser del tipo “Glaciares cubiertos”, pudieran no verse a simple vista) que se podrán ver duramente afectados por la evidente generación de polvo y material particulado, las vibraciones de procesos, maquinarias y tronaduras y la filtración de agua desde los mismos glaciares en la fase subterránea. Y esto no es algo que nosotros simplemente creemos, los daños históricos en glaciares, como en el infiernillo, han sido documentados por varios estudios entre 1992 y 2010, y confirman que el impacto de estos proyectos es real.

Detalle del proyecto de Expansión de Minera Los Bronces.

Si ampliamos aún más el foco, también nos encontramos con que la expansión pasará muy cerca de un Bien Nacional Protegido poniendo en riesgo los glaciares Olivares Alfa y Beta los cuales registran las mayores reducciones de superficie de la zona central de Chile. Estos glaciares se encuentran inmediatamente al norponiente de la explotación Los Bronces y Andina (de CODELCO), donde con vientos del noreste, es evidente la deposición de polvo y partículas. Una situación que no debiera ser despreciable si consideramos que estos glaciares contienen la mayor reserva de agua dulce de la región Metropolitana.

Con esto surge la duda y la preocupación de si las figuras de protección por si solas son suficientes o si requerimos de miradas e instrumentos más integrales a escala territorial para hacer conservación. En este sentido, que se sigan gestando esta clase de mega proyectos nos hace pensar que los esfuerzos de conservación aislados, como los BNP o las áreas protegidas, no son suficientes si a su alrededor se desarrollan industrias extractivas y energéticas con evidentes impactos y que, en este caso, quieren ampliarse de forma subterránea intentando convencer que de esta manera lograran la anhelada sustentabilidad. Lo más aterrador de todo esto, es que esta intención es en rigor un derecho que le otorga la ley minera a los titulares la cual les transfiere total soberanía bajo el subsuelo dotándoles de un poder que es absoluto.

Con lo anterior, queda claro que el derretimiento acelerado de los glaciares, atribuible en gran medida al cambio climático, ya no es la única amenaza para las reservas de agua de esta zona, ahora lo es también su mala gestión e incipiente protección.  La expansión minera y el riesgo que ésta impone sobre los glaciares y el agua de la alta cuenca del Rio Olivares y Mapocho (Santiago) es evidente, y lamentablemente se mantendrá latente mientras no se modifique nuestra arcaica legislación y no se materialice una protección y planificación efectiva del territorio por parte del Estado.

Por dar algunas cifras, según Sernageomin, en las cuencas Olivares y Colorado, solo Angloamerican cuenta con al menos 75 concesiones (de exploración y explotación) lo que corresponde a aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales una fracción de ellas están inmediatamente bajo glaciares. La dimensión del interés y potencial minero de este territorio quedan confirmados al contabilizarse más de 200 concesiones de explotación y aproximadamente un 50% de la superficie de este territorio con algún tipo de concesión (ver foto 3).

Resulta curioso además que Aes Gener, una empresa generadora de energía y dueña de Alto Maipo, tenga gran cantidad de concesiones mineras otorgadas a su nombre (compradas a Aguas Andinas según convenio de junio 2011) principalmente en el cauce del rio Colorado. ¿Será acaso qué el código minero es usado también como mecanismo para llevar a cabo otros fines? Esto nos hace pensar que si hidroeléctricas y sanitarias también poseen concesiones mineras, lo que involucra una afectación sobre el recurso agua, la dimensión y gravedad del impacto es enorme para la soberanía sobre nuestros recursos naturales, imprescindibles para nuestra vida y para la sustentabilidad del desarrollo.

Principales empresas con Concesiones Mineras en el BNP Rio Olivares y la propiedad pública del Rio Colorado.

De concretarse la expansión minera en los territorios antes mencionados, no solo se estaría contribuyendo al deterioro y derretimiento acelerado de los glaciares, sino que además se les estaría entregando en bandeja las aguas que pudieran caer en su propiedad. Si, leyó bien, porque de acuerdo al código de agua de 1981 y al de minería de 1983, quienes sean titulares de una concesión minera tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras sean utilizadas para sus trabajos de exploración y explotación. Un “beneficio legal” pensado justamente para fomentar la actividad minera sobretodo en el norte donde la disponibilidad de este bien preciado es escasa. Actualmente en la reforma al código de agua se busca regular el uso de este derecho, el cual se les seguiría otorgando con la salvedad de que el titular deberá justificar a la DGA que efectivamente están haciendo uso de estas aguas en sus faenas. Sin embargo, dado el escenario actual de escases hídrica que azota nuestro país – y fuertemente a la RM – pareciera ser que esta medida sigue siendo bastante débil, descontextualizada e insuficiente.

Todo lo anterior parece irónico cuando se contrasta con los resultados entregados por el Instituto Mundial de Recursos Hídricos (WRI), a un mes del ingreso del SEI del Proyecto de expansión de los Bronces, el cual sitúa a Chile en el lugar número 18 del ranking global de países con estrés hídrico lo que significa que nos encontramos en riesgo alto de vivir una gran crisis, lo que significa alta vulnerabilidad. Sumado a esto, Fundación Chile en su informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile” posiciona a la región Metropolitana en una situación extremadamente alta.

Para seguir sumando, el propio Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2) y la Dirección meteorológica de Chile (DMC), confirman la megasequía en la zona central de Chile, que se extiende por al menos 10 años, alcanzando para este año, al mes de julio, un déficit anual del 72% en las precipitaciones, y que está generando bajas en los caudales del rio Maipo en un 50% (mínimos históricos el año 2019). Y como si fuera poco, y en pleno invierno, el Ministerio de Agricultura acaba de decretar emergencia agrícola en la zona y desde el gobierno anuncian la creación de una mesa nacional de la sequía.

Con estos antecedentes, parece lógico pensar que los glaciares y su protección toman un rol absolutamente clave. ¿Tendrá sentido proyectar y operar un proyecto de extracción minera en estos territorios por las próximas décadas poniendo en riesgo un ecosistema que provee de agua a los 7 millones de personas que viven aguas abajo, y pudiendo afectar negativamente al Santuario de la naturaleza Yerba Loca y los glaciares que alberga el Bien Nacional Protegido Rio Olivares?

A nuestro parecer la respuesta es que por ningún motivo se debe aceptar mas proyectos en este territorio, y esto validado también por la ciudadanía, quien se encuentra tremendamente preocupada. La empresa propietaria de los Bronces y su proyecto de expansión recalca que ha invertido varios años de trabajo con comunidades.  Sin embargo, no han logrado convencerlos a todos ya que actualmente vecinos del sector de Farellones están llamando a través de sus redes sociales para movilizarse en contra de este proyecto y defender los glaciares. Una lucha difícil de dar dado el maratónico plan de audiencias de Anglo American, que según el portal infolobby registra en lo que va del año 140 audiencias, siendo éstas realizadas con servicios públicos, instituciones y ministerios, muchos de los cuales deben manifestarse en la evaluación ambiental del proyecto de expansión. Angloamerican es el top 1 del país en lobby.

Información audiencias y reuniones por ley de lobby en el último año.

Si vamos resumiendo, la cordillera de Santiago está viendo amenazada sus aguas y por ende nuestra seguridad hídrica, tenemos un “saludo a la bandera” con la conservación de ecosistemas frágiles y un precedente impresentable sobre la vulnerabilidad directa de un área protegida e indirecta de un Bien Nacional Protegido. Y, por otro lado, proyectos mineros con alto nivel de lobby y escaso o nulo apoyo ciudadano.

Al mismo tiempo que entra este EIA minero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ocurren otros tres importantes hitos para la institucionalidad ambiental y que consideramos pertinente mencionar. Por un lado, se discute el Proyecto de ley sobre protección de Glaciares y por otro lado se vota en el Senado la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se intenta reformar el SEIA.

Según lo que se pudo observar en una de las últimas sesiones de la comisión de energía y minería del senado sobre la Ley de protección de Glaciares, hay presión minera y del propio ministerio de la cartera por limitar sus contenidos, definiciones y restricciones, e incluso relativizar su pertinencia y existencia. En simple, estamos frente a un Gobierno que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque no quiere dificultar el camino a la actividad minera, y se escuda diciendo que conservación y minería son compatibles, y anteponiendo argumentos relativos al efecto en el empleo y la merma en los ingresos que ocasionaría la promulgación de esta ley. Esta postura viene a confirmar y mantener abierto el camino, no solo para que mineras emplazadas en áreas de alto valor de conservación (por ejemplo, aquellas cercanas a fuentes de agua) sigan operando, sino que permite la futura expansión de sus operaciones, nuevos proyectos y prospecciones en casi cualquier territorio.

La ciudadanía, al mismo tiempo que comienza a desconfiar del mito que la minería es el “Sueldo de Chile”, plantea legítimas dudas sobre los potenciales impactos de algunos proyectos mineros sobre los glaciares, áreas protegidas y ecosistemas cordilleranos, así como de la robustez y confiabilidad del actual Servicio y Sistema de Evaluación Ambiental (SEA y el SEIA respectivamente) en su tarea de preservar nuestro medio ambiente y la biodiversidad.

Es por ello que la declaración de nuevas Áreas Protegidas Oficiales -que incluyan Glaciares- se perfila como una medida real y urgente para la zona central de Chile, siempre y cuando contemple además la implementación de medidas accesorias, pero muy relevantes, como declararlas áreas de interés científico para efectos mineros – que traspasa la responsabilidad del Intendente al Presidente de la República para aprobar el uso minero dentro de estas áreas – y que se considere en su diseño zonas buffer para protegerse de externalidades generadas por industrias colindantes. Sin embargo, la real y anhelada solución sería que con el solo hecho de que un territorio tenga una categoría protegida se prohibiera explícitamente el ingreso de la minera dentro y alrededor de estas.

De modo general, la existencia de Parques Nacionales y el uso de infraestructura verde, son medidas fundamentales de mitigación y adaptación ante el cambio climático y un escenario de escasez hídrica. El gobierno debe involucrarse y hacerse cargo de su responsabilidad, pero con una visión holística, coherente e integrativa con las comunidades.

Número y superficies de glaciares en las áreas protegidas del SNASPE.

En paralelo al despertar ciudadano en lo que refiere a materias ambientales, su importancia y urgencia, y la necesidad de involucrarse ante el escaso compromiso del Estado y el desmesurado interés económico, resuenan cada día con más fuerza las iniciativas civiles que intentan cuidar y preservar estos territorios de montaña y sus recursos. Un objetivo necesario a seguir empujando y presionando -con argumentos científicos y con base en lo socioambiental- desde la ciudadanía y las ONGs debe ser redefinir el código minero y el código de agua, ambos instrumentos que no hacen otra cosa que prolongar la agonía del país y amenazar nuestra propia supervivencia. Asimismo, deben buscarse soluciones basadas en la justicia ambiental o ecológica, y en un entendimiento más profundo y ético de nuestra relación con la naturaleza.

Vemos que las autoridades enfrentan la megasequía desde una óptica cortoplacista y asistencialista, con un foco claro en infraestructura gris y tecnificación, con subsidios parche y con un claro interés en seguir aumentando los suelos agrícolas regables y otras actividades económicas con alta demanda de agua, continuando de paso con la privatización del agua. No parece razonable ni ético que, en estos días, estando en una situación de crisis hídrica alarmante, el Estado siga rematando más derechos de agua para el desarrollo de actividades económicas privadas, con un sobreotorgamiento del recurso, como el reciente caso del Rio Renaico.

En todo caso, aunque la tecnificación, la racionalización, la concientización sobre su consumo y la infraestructura son obligatorias como estrategias para la gestión del recurso, es impensable e inaceptable que el gobierno no vaya al origen, a la naturaleza misma del agua, entendiendo su ciclo, y a cuidar su fuente y a priorizar el consumo humano, que es un derecho, por sobre el uso industrial.

Es seguro que se intentará desviar la atención de la ciudadanía alejándola del real origen del problema y de las estrategias de mitigación más acertadas, y se presentarán como brillantes soluciones las carreteras hídricas y el bombardeo de nubes, o poner énfasis en la responsabilidad a la ciudadanía (y no en la agricultura e industria) como se insinúa con la cuestionada campaña “dúchate en 3 minutos”. Todas estas iniciativas son a nuestro juicio incoherentes y no atacan el problema de raíz.

Mina Los Bronces, a 40 km de Santiago. Al fondo al centro cerro La Paloma y a la izquierda Cerro Negro.

En el escenario actual de cambio climático donde se constata un severo estrés hídrico y donde la institucionalidad ambiental y el modelo económico están en crisis ¿qué opción nos queda?, ¿Estamos suficientemente informados de los proyectos que se están perfilando a solo kilómetros de nuestros hogares y sus consecuencias?, ¿Nos damos cuenta que estos proyectos están amenazando nuestros derechos, como es el agua y una naturaleza libre de contaminación?, ¿Actuamos en coherencia cuando vemos que nuestros territorios y recursos son sacrificados por el mero interés económico?, ¿No será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a nuestros tiempos y realidad? ¿Qué opina Ud?

Si quieres hacer seguimiento a la evaluación del EIA de los Bronces, ingresa aquí.

 

Fuente:https://www.theclinic.cl/2019/10/03/el-dilema-del-agua-los-glaciares-y-la-mineria-hasta-cuando/?fbclid=IwAR3Pd-r5Kal0nsZnwDD6zEcl5opRvck_KnkLq6NLOMdlw7YVqNOjG2YCPrc

Brasil

Danilo Chammas y Carolina de Moura explican la persecución y asesinato de activistas contra la minera en Brasil

Autor: Jordi Pascual , EL Cugatenc.cat

La primera noche temática de la Universidad Internacional de la Paz (Unipau) ha estado marcada por el programa Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos que durante la última semana ha llevado defensores de los derechos humanos de todo el mundo en los institutos santcugatecs. La charla de los activistas brasileños Danilo Chammas y Carolina da Moura, celebrada el viernes por la noche en Cal Temerario, ha sido un crudo repaso a las persecuciones, asesinatos y agresiones al medio ambiente que la minería, y específicamente la empresa Vale, comete en Brasil.

Pero no sólo se trata de la persecución de activistas que defienden el medio ambiente y, específicamente, los acuíferos agotados por la lógica extractiva y exportadora; también existe la inseguridad de las instalaciones con tomas de residuos tóxicos mezclados con agua que no soportan la presión. En enero la rotura de una de estas instalaciones supuso una catástrofe natural en el río Paraopeba y la muerte de 270 personas.

Esta es una historia que vivió de Moura en primera persona como vecina de la zona. Asegura que se falsean documentos para permitir hacer las explotaciones incumpliendo los criterios mínimos de seguridad mientras se conceden nuevas licencias, en algunos casos en zonas incendiadas previamente de forma intencionada. Aunque dispone de una acción de la empresa Vale, culpable de la catástrofe, para acceder a la junta de accionistas y pedir explicaciones y medidas, no han conseguido la victoria.

Mientras, dicen, la defensa de al naturaleza y de las comunidades rurales e indígenas está sometida a la presión de las empresas y de los paramilitares en connivencia del gobierno de Jair Bolsonaro, también hay espacios para las alternativas, como es el caso de la comunidad que trabaja para la reforestación y el cultivo agroecológico en la misma región de Minas Gerais.

También es el caso de una comunidad que después de haber reivindicado el traslado de la población ante las actividades mineras. Se trata de la población de picas da Conquista y es un nuevo núcleo urbano que acoge 312 personas y con varios servicios autogestionados. Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro puede poner en peligro el proyecto paralizando los jutos mientras la minería sigue provocando problemas ambientales y sociales. «Las mujeres ven aumentadas las tareas de cuidados en sociedades enfermas por la minería, habla da Moura.

Con todo, explica Chammas, varias organizaciones organizan en todo el país con el fin de buscar alternativas y cada vez son más consciente de que la salida debe ser a través de un cambio de relación con el planeta, lo que supone incorporar actividades más responsables con el medio ambiente -agricultura ecológica, veganismo …- y la superación del sistema capitalista, que permite el lucro de unas minorías con la destrucción del planeta y el sometimiento de personas y ecosistemas completos. De hecho, el activista recuerda que según un estudio de la ONU cerca de un 26% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tienen relación con la minería.

Pero el momento político de Brasil no acompaña. Ambos activistas reconocen que el gobierno de Bolsonaro ha permitido e incluso ordenado más represión paramilitar. Paralelamente se destruye el sistema educativo, las entidades culturales y la propiedad colectiva, entre otros. Chammas, además, considera que el gobierno ultraconservador es ilegítimo ya que proviene de unas elecciones ilegítimas tras un proceso de impeachment contra la anterior presidenta, Dilma Rousseff, que considera que fue un golpe de estado.

Ante una realidad cruda y la imposibilidad de hacer frente a los poderes económicos que controlan las materias primas, los dos activistas llaman a visibilizar la situación en todo el mundo, algo que ya hacen en diferentes instituciones, y conseguir que la sociedad civil de todo el planeta se posicione en contra de las prácticas de las multinacionales. El acto ha concluido con un homenaje a todas las personas muertas y asesinadas en esta lucha.

Así ha cerrado una semana en que Sant Cugat ha acogido charlas y talleres de cinco otros defensores de los derechos humanos: Hayat Rguibi, del Sahara Occidental; Yanel Fuentes, de México; Leonard Rentería, de Colombia; Magaly Castillo, de Nicaragua, y Noelia Heredia, de España. Durante estos días, elCugatenc ha entrevistado Fuentes y Castillo .

 

Fuente:https://elcugatenc.cat/drets/danilo-chammas-i-carolina-moura-expliquen-la-persecucio-i-assassinat-dactivistes-la-minera?fbclid=IwAR3yYvzirMpvLXlghnOKcx3buJF9xdi0Aw05I5exggb4cjDnqedFdo-40GQ

Chile

Encuentro Regional: Crisis Climática, Transición energética y Extractivismo Minero en América Latina

Autor: Vanessa González Peña,Observatorio de Ecología Política de Venezuela

El Encuentro de carácter internacional, denominado Crisis Climática, Transición energética y Extractivismo Minero en América Latina, se efectuó los días 27 y 28 de octubre en Santiago de Chile, organizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), War on Want y Mining Watch Canadá.

Como actividad precedente a este encuentro, se realizó un foro abierto al público en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, para alertar de los avances del extractivismo y la intensificación de la minería a nivel latinoamericano, bajo el discurso de las nuevas tecnologías verdes. La convocatoria a ambas actividades se realizó a través del siguiente comunicado:

“La minería, al igual que otros extractivismos como la obtención de hidrocarburos, es una de las actividades más contaminantes y contribuyentes al cambio climático, sin embargo esta estrecha y directa relación no siempre es evidente y a menudo se invisibiliza. Pero pese a ésto la gran minería, e incluso la expansión de la frontera extractivista minera, pretende posicionarse como parte de la solución a la crisis climática en el marco de las soluciones promovidas a nivel internacional basadas en nuevas tecnologías y no en un cambio profundo al patrón global de producción y consumo. A fines de este año en Chile se realizará el 41° encuentro anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) seguido por la 25 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP25). Estos espacios internacionales promueven soluciones a la crisis climática en base al capitalismo verde y una transición energética a través de la electromovilización, que requiere un alto nivel de ‘nuevos’ minerales tales como el litio, el cobalto, las tierras raras, entre otros. Esta reconversión a la electromovilidad ha agudizado aún más los conflictos socioambientales en los territorios donde son extraídos estos elementos y en donde ya existía una desregulada actividad minera. Las comunidades indígenas y campesinas que las habitan y resisten son quienes viven los perjuicios en sus quehaceres cotidianos y de sustento, así como en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Ésto en el marco de una advertida conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero.”

Ante la inminencia de esta problemática regional y la necesidad de articular con diversas organizaciones que se encuentran involucradas en esta materia, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) acude a la convocatoria del Encuentro Internacional, para compartir las experiencias propias de Venezuela, en el panel denominado “Extractivismo Minero y Resistencias Comunitarias”. La presentación estuvo a cargo de Vanessa González, miembro del observatorio, quien expuso una fotografía de la situación en torno a los conflictos socioambientales existentes en el país y el avance de la minería en Venezuela, haciendo un recorrido por las formas de asimilación del petróleo hasta desembocar en la intensificación de la minería con el avance de sus fronteras, y las políticas públicas que lo sustentan. Se hizo énfasis en la creciente injusticia climática, desigualdad socioambiental y vulneración de derechos tanto humanos como de la naturaleza en estos territorios; el caso del Arco Minero del Orinoco fue un ejemplo visible de ello. También se hizo mención de las organizaciones sociales y de los pueblos que se encuentran resistiendo a las problemáticas.

El encuentro generó un debate amplio en torno a la crisis climática y el extractivismo minero, la justicia climática, las resistencias comunitarias y las estrategias necesarias para una transición post extractivista en nuestra Región Latinoamericana. Como producto final se generó una declaración que será ampliamente difundida por diversos medios.

 

Entre las organizaciones que participaron, se encuentran las siguientes: Asamblea en Defensa del Elki (Chile/Elqui), Acción Ecológica (Ecuador/Quito), Asamblea por el Agua del Guasco Alto (Chile/Huasco), Belén dice NO a la minería (Chile/Arica), CENSAT Agua Viva (Colombia/Bogotá), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) (Bolivia/Cochabamba), Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) (El Salvador/ San Salvador), Centro Ecológico Churque (Chile/Santiago/Lo Barnechea), Codemaa (Chile/Atacama), Comunidad Indígena Diaguita Patay Co (Chile/Huasco), CooperAcción (Perú/Lima), Coordinadora Penco-Lirquén (Chile/Penco-Lirquén), Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra (Chile/Calama), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) (Argentina/Buenos Aires), London Mining Network (Reino Unido/Londres), Mega Comunal de Turismo Monte Patria y Limarí (Chile/Monte Patria – Limarí), Mining Watch Canada (Canadá/Ottawa), Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) (Chile/Santiago), Observatorio Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZAC) (México/Zacatecas), Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV) (Venezuela/Caracas), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) (Chile/Santiago), Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSA) (Chile/Atacama), Putaendo Resiste (Chile/Putaendo), Red de Afectados por la Vale (Brasil/Minas Gerais, Brumadinho), Red de Mujeres El Loa (Chile/Calama), War on Want (Reino Unido/Londres).

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/10/11/encuentro-regional-crisis-climatica-transicion-energetica-extractivismo-minero-america-latina/?fbclid=IwAR2XYJIcXd5WZedCuwQ5MSX-ET5i6n4uiN31wEgKmYhV7ZkqOwb64cNv59o

Latinoamerica, Litio

El litio rinde premios Nobel y mucho dinero, pero ¿a qué costo?

Autor: Sputnik News.com

Tres científicos que marcaron hitos en el desarrollo de las baterías de litio ganaron el Premio Nobel de Química 2019. Provienen de países que industrializan el mineral exportado (principalmente) de Suramérica, donde está el 85% de las reservas mundiales. Sputnik te explica cómo funciona el negocio en Chile, principal productor del mundo.

Hay quienes avistan una sociedad «inalámbrica» y libre de combustibles fósiles. Las baterías de ion de litio han cambiado sustancialmente las tecnologías de la comunicación y han significado una metamorfosis en la forma en que nos comunicamos. También han tenido un impacto feroz en el transporte y en la electrificación rural.

Sin embargo, lo que no ha cambiado es la política de extracción que prima en Suramérica, donde pareciera que la minería y el desarrollo tecnológico no son compatibles. Argentina, Bolivia y Chile son conocidos mundialmente por su rica salmuera, de donde se extrae el litio, ellos conforman el «Triángulo del Litio», pero exportan la materia prima sin industrializar.

El litio se obtiene a través de un proceso de evaporación. «Las salmueras presentes bajo la superficie del salar son extraídas en pozos de bombeo y luego son transportadas a grandes piscinas de evaporación para obtener las sales. A través de un proceso químico se obtiene el carbonato de litio», explicó a Sputnik Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de la ong chilena FIMA.

Chile, el líder extractivista, considera que para mantener su primer puesto debe aumentar la cantidad de toneladas de litio que exporta, no agregarle valor. Según el estudio La economía política de la explotación de litio en Chile: 1980-2018 —publicado en 2018 en la Revista N° 34 de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, Argentina—, en parte se debe a la sólida estructura política, social, tecnológica y productiva que la élite instaló en el país.

Las claves del negocio

A pesar de que en Chile el litio es considerado «mineral de carácter estratégico» y —en teoría— los yacimientos pertenecen al Estado, los privados tienen las concesiones de explotación, y realizan los estudios de viabilidad que les exige el Estado para otorgarles las licencias. Las ganancias que obtienen son desconocidas.

No obstante, sí se conoce que en 2016 Chile exportó 201.310 toneladas del mineral y sus componentes, el 38,4% de la producción mundial, y que en 2017 las exportaciones generaron más de 700 millones de dólares. Al año siguiente, las exportaciones de litio sumaron 948 millones de dólares, según América Economía. Dos empresas que están instaladas en el norte chileno tienen el monopolio, Sociedad Química y Minera (SQM) y Rockwood-Albemarle.

Los autores del estudio aseguran que los capitales de la industria minera del litio en Chile funcionan como «injertos» en las economías de los territorios donde se instalan, limitan su desarrollo y generalmente resultan perjudiciales.

Las externalidades negativas que generan son varias:

  • el progresivo agotamiento de las reservas hídricas;
  • la división interna de los pueblos originarios, porque se ven obligados a negociar prebendas con las empresas en su propio territorio;
  • la destrucción y contaminación de los ecosistemas;
  • cuando las empresas se instalan, importan los bienes y servicios necesarios para funcionar (como la maquinaria y el servicio técnico): la mano de obra que contratan es poco calificada;
  • generan una migración interna de trabajadores, que tienen jornadas atípicas;
  • no existe una reinversión en el territorio, lo que acentúa la economía no diversificada;
  • tampoco existe la inversión en laboratorios de investigación, lo que perpetúa la explotación y exportación del mineral sin industrializar.

No obstante, el modelo de enclave exportador extractivista es alentado por las élites políticas y empresariales, que en muchos casos están compuestas por las mismas personas.

Se amparan en el marco legislativo más liberal del mundo: en Chile los trabajadores no pueden negociar las condiciones laborales ni sueldos por ramas productivas, si no que una empresa puede estar discutiendo un mismo aspecto con dos sindicatos, proponiendoles diferentes ofertas.

Entre otras cosas, las empresas no realizan aportes para las pensiones de los trabajadores; tampoco deben cumplir un límite respecto a la cantidad de empleados que pueden subcontratar. En la industria del cobre más del 60% de los trabajadores están empleados bajo esa modalidad.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910111088955833-el-litio-rinde-premios-nobel-y-mucho-dinero-pero-a-que-costo/?fbclid=IwAR28qWFTFeFeMwxwMT7ECqMqxK4QYba0tCSP_9408fet4wcFBw2ymyE7o6A

Chile

El lobby detrás de Ley de Glaciares: el proyecto que vive en estado de congelamiento perpetuo

Autor: Héctor Cossio y Natalia Saavedra , El Mostrador
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Seis de los siete proyectos de ley que han buscado proteger las reservas de agua dulce –contenidas en los más de 2000 glaciares que se encuentran en Chile– han fracasado rotundamente. El derrotero ha sido el mismo en los gobiernos de Bachelet y de Piñera. Los parlamentarios, que en diferentes años y contextos han presentado las mociones, atribuyen la responsabilidad en el fracaso de los proyectos al intenso lobby que ha impulsado el sector minero con gestores de interés del mundo público y privado. Hoy, sin embargo, la minería está preocupada. Tiene desconfianza de que la agenda COP del Mandatario termine por impulsar proyectos que irían en detrimento del crecimiento. La alta exposición a nivel internacional del Presidente Piñera lo ha llevado a asumir compromisos ambiciosos que hoy lo tienen entre la espada y la pared, entendiendo por espada a la sociedad civil y la comunidad internacional, y por pared, a algunos grandes empresarios.

Durante los últimos 14 años se han presentado siete proyectos que buscan dar protección a los glaciares de Chile. A excepción del que se tramita actualmente en la Comisión de Minería y Energía del Senado, todos han fracasado estrepitosamente.

Los ejercicios de lobby, desde antes de que existiera la Ley del Lobby, han hecho que las mociones parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado y de organizaciones socioambientales, chocaran frontalmente con un muro infranqueable: la oposición de la gran minería, representada por Consejo Minero (CM), la asociación gremial que reúne a las empresas mineras de mayor tamaño que producen en Chile, incluida Codelco.

«Nadie se atreve a enfrentarse a Codelco y a Luksic», es la frase escogida por excelencia entre los parlamentarios que han perdido la batalla, para explicar el éxito sostenido que han tenido gestores de intereses privados y públicos.

Durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet, los proyectos de ley que se presentaron para proteger las reservas de agua dulce en Chile, compuestas por 2.215 glaciares, contaron con un sonado respaldo en periodo electoral y en los discursos para dar cuenta al país del estado de la nación. Ninguno llegó a puerto, es más, el propio Ejecutivo fue el impulsor de transformaciones en 180 grados a través de indicaciones sustitutivas, que convirtieron a los proyectos originales en su antítesis. En los gobiernos de Sebastián Piñera ha pasado exactamente lo mismo.

Si en el año 2004 la Presidenta Bachelet escuchó a las instituciones ambientales chilenas –que venían de denunciar la inminente destrucción de glaciares por el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold– y asumió el compromiso de la protección del medio ambiente que dio origen al «Acuerdo de Chagal» y aun así no hizo nada por la presión de la minería, el devenir del Presidente Piñera sigue el mismo derrotero, pero la presión es mayor. Su alta exposición a nivel internacional, lo ha llevado a asumir compromisos incluso más ambiciosos que hoy lo tienen entre la espada y la pared, entendiendo por espada a la sociedad civil, y por pared, a algunos grandes empresarios.

«No tiene para nada la pista fácil el Presidente», reconocen desde La Moneda. Y es cierto. En Bachelet no existían movimientos globales con la fuerza de hoy ante el cambio climático, no se experimentó la escasez hídrica a la escala que se vive hoy, ni se enfrentó la mayor sequía de los últimos 40 años. Tampoco estaba bajo la mirada de todo el mundo, como sí lo estará el Jefe de Estado en diciembre, cuando se lleve a cabo en Chile la COP25.

Pero la mayor diferencia es que no tenía a los empresarios en contra. Hoy la minería siente temor de que el Gobierno se deje llevar por la agenda verde y se terminen promulgando leyes que vayan contra el crecimiento, la productividad y el empleo. No tienen confianza. «El tono político ha impedido el debate técnico», acusan. Por primera vez, el éxito sostenido que lograron con el lobby en los últimos 14 años para frenar la protección de las grandes masas de agua en estado sólido, ahora se siente amenazado. Como los glaciares.

Los frenos: del acuerdo de Chagal a la «bancada glaciar»

El primer proyecto que se presentó provino de una moción de la Cámara, impulsada por los diputados Leopoldo Sánchez, Antonio Leal, Arturo Longton y Roberto Delmastro. El proyecto, a través de un artículo único establecía la prohibición de ejecutar proyectos de inversión en glaciares, ni aún sometiéndose al sistema de evaluación de impacto ambiental.

«El proyecto no pudo seguir adelante porque hubo un lobby del mundo minero, del Consejo Minero, muy, pero muy grande», recuerda Antonio Leal. «En el fondo la derecha o sectores de la derecha lo que hicieron en ese momento fue crear una estrategia de ralentizamiento, una estrategia de que se fuera postergando al infinito. Claramente no había piso político».

A la par de esta iniciativa, que surgió luego que se levantara la oposición medioambiental al proyecto Pascua Lama –aprobado por la Conama– debido a que las faenas incluían el desplazamiento y/o deterioro de los glaciares Toro1, Toro 2 y Esperanza, en el Valle de Huasco, Región de Atacama, en el marco de un tratado binacional minero entre Chile y Argentina, grupos de ecologistas, liderados por Chile Sustentable, integraron la protección de los glaciares como una de sus demandas a los candidatos a la Presidencia de la República del 2005. Lograron con la entonces candidata Michelle Bachelet un acuerdo programático, el cual incluyó el compromiso de «proteger los glaciares y no aprobar su remoción y/o destrucción».

La iniciativa fue fuertemente resistida por el gremio minero, y una vez con Bachelet en el poder, el Gobierno de la Presidenta no la patrocinó. Entre las razones argumentadas por los mineros se esgrimió que los glaciares se sobreponían a las concesiones mineras y que los resguardos de la legislación ambiental de la época eran suficientes para proteger los glaciares.

El 2006 los senadores Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Guido Girardi, Carlos Bianchi y Carlos Kuschel, presentaron un nuevo proyecto de ley, llamado Valoración y Protección de los Glaciares. También fracasó.

«Es que la resistencia, fundamentalmente de las mineras de la época, fue brutal», explica Bianchi. «En todo caso no es muy distinto a lo que pasa hoy día. Es más, en nada es distinto lo que existe hoy día, la única diferencia es que en ese tiempo no había una conciencia tan masiva de los costos que implica no proteger el medio ambiente».

En esta época, mientras en Chile la minería lograba imponer el criterio de producción sobre cualquier otra valoración, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático el 2007 daba sus primeros informes sobre nuestro país, en los que ya lo identificaba como una «zona crítica», donde «la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica se verán mermadas seriamente debido a la reducción de los glaciares».

Al año siguiente se presentó un tercer proyecto, que establecía normas en resguardo de los glaciares, patrocinado por los senadores Guido Girardi, Nelson Ávila, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Roberto Muñoz. El destino fue el mismo.

«El buque insignia que frenó este proyecto, al igual que el del 2006, fue Codelco. Ana Lya Uriarte llegó a confesar que no podían enfrentar a la estatal.  Eso, porque «nadie se atreve a deshacer el sector minero en Chile. Nadie se atreve a enfrentarse a Codelco ni a Luksic», remata.

El último de los proyectos en fracasar fue el presentado en mayo de 2014 por los diputados Cristina Girardi, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Luis Lemus, Daniel Melo, Vlado Mirosevic, Andrea Molina, Leonardo Soto y Patricio Vallespín, conocidos como la «bancada glaciar».

El proyecto surgió tras una exitosa campaña de Greenpeace, que a través de un inserto en el influyente diario The New York Times fundó la República Glaciar, donde hace mención al hecho de que los glaciares no estaban incluidos en la legislación chilena, por lo que nada garantizaba su protección.

Luego de la moción de la «bancada glaciar», la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, indicó en su primera cuenta pública del 21 de mayo que apoyaría el proyecto de ley. Un año después, sin embargo, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, presentó en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados un indicación sustitutiva. La ley había cambiado su sentido, ahora era pro minería y antiprotección de glaciares. Organizaciones de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares demandaron al Estado de Chile ante la ONU por Ley de Glaciares, indicando que se ha pasado a llevar una serie de tratados que el país ha suscrito.

«El ministro Badenier parecía ministro de Minería y no del Medio Ambiente», recuerda el diputado Vlado Mirosevic.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y se traspasó a la Comisión de Hacienda, que bloqueó su tramitación y el proyecto pasó dos años más, sin ser puesto en tabla para su votación.

En junio de 2018, en el corto tiempo que alcanzó a estar como ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, en el segundo mandato de Sebastián Piñera, decidió retirarle el patrocinio del Gobierno al proyecto, indicando que los glaciares deben ser protegidos desde el sistema de áreas protegidas. Así lo mataron definitivamente.

El descontento del empresariado

El 2018, el senador Guido Girardi presentó la séptima moción que al poco tiempo coincidió con un cambio radical del discurso del Gobierno, luego que asumiera la realización de la COP25 en Chile.

Cuando uno de los principales gremios del país, la Sofofa, entregó la semana pasada al Presidente de la República el listado de proyectos que afectan el desarrollo de la economía, el de glaciares era uno de los 23 que constituyen parte de su arqueo.

El documento, titulado»Riesgos al crecimiento en la agenda legislativa», refiere que el proyecto se traduce en «limitar o arriesgar el desarrollo o ejecución de actividades productivas tales como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales que puedan afectar la condición natural de los glaciares, ambiente periglaciar y permafrost, o sus funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, sin importar su tamaño o contribución hídrica y prescindiendo de los instrumentos de protección existentes, tales como el SEIA y SNASPE».

El líder de los empresarios, Bernardo Larraín, recalcó el martes, en un seminario de Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD), que existe una serie de iniciativas donde el tono político ha impedido el debate, esto en relación con mostrarse «a favor o en contra» de ciertas propuestas de ley, especialmente las de la agenda verde.

«Hace unos días publicamos como Sofofa una agenda de 23 de estas mociones parlamentarias, todas con objetivos muy loables que apoyamos. Proteger glaciares, proteger humedales, proteger y garantizar el consumo humano de agua potable, entre otros bienes públicos. Pero cuyos instrumentos y contenidos consideramos que representan un riesgo para otros bienes públicos, como es el crecimiento, reactivar la inversión y la generación de empleo», apuntó el presidente de la Sofofa.

Larraín Matte puso sobre la mesa una idea que ha sido prácticamente inviable de «meter» en la agenda por parte de los privados: que regular el cuidado del medioambiente y de los bienes públicos que en ello inciden, no necesariamente pasa «por promulgar tantas leyes» y que más bien los privados están por fortalecer la institucionalidad existente y gestionarla mejor.

«Por qué entonces no modernizamos y fortalecemos, nos focalizamos en fortalecer la institucionalidad ambiental en vez de presumir que, por simplemente establecer una nueva regulación o bien un precepto constitucional, estamos mágicamente protegiendo ese bien ambiental que persigue esa iniciativa legislativa», comentó.

Los empresarios tienen  la convicción, a diferencia de años anteriores, de que el Gobierno ha hecho poco por intervenir desde el debate técnico estos proyectos.

La opinión generalizada es que el Ministerio del Medio Ambiente no tiene la profundidad para abordar estos temas, pero tampoco dotación ni presupuesto para hacerse cargo de iniciativas de esta envergadura.

En ese sentido, los cálculos de los asesores de compañías del sector industrial y minero, indican que lo que tiene más opciones de «salir» del horno es, precisamente, el proyecto de glaciares, que a ojos de los empresarios tiene, más que de la pluma del Gobierno –que ha intentado mediante indicaciones hacerle un guiño a la actividad económica–, la de parlamentarios con nombre y apellido. En este caso, de Guido Girardi.

El comentario obligado en el empresariado es que la poca intervención del Ejecutivo en la materia, la poca profundidad de la conversación ha implicado que, con toda lógica, el parlamentario haya aprovechado de avanzar con un proyecto que va en contra del desarrollo minero del país.

La desatención del Gobierno al debate –sostienen los privados–, ha dejado la cancha libre para que Girardi empuje la iniciativa antes de la COP25. De este modo, los cálculos de los actores del sector empresarial son que, sin mucho margen, este proyecto sí sea promulgado este año legislativo.

No se trata de mostrarse contrarios a la protección del medio ambiente, aseguran, sino que el Gobierno «defina la cancha donde tenemos que jugar y parece que el Gobierno y el Parlamento tienen criterios diferentes».

Así como está el proyecto, agregan, cambiará el horizonte del desarrollo de la minería en Chile.

«Las definiciones que da este proyecto de ley no se ajustan a las leyes internacionales. Se requiere de una asesoría técnica especializada que precise bien qué es lo que se quiere proteger. Si hacemos protecciones generales como las que estamos haciendo, estas se tornan en proyectos que van en directo detrimento del desarrollo de algunas actividades», sostuvo el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, ante la Comisión de Minería, poniendo sobre la mesa el punto que más irrita a los empresarios.

La ciencia y la COP25

Si bien la votación en la comisión sigue pendiente, luego que se suspendiera tras la ausencia de los senadores Alejandro Guillier y Yasna Provoste, este tiempo se ha aprovechado para presentar con más fuerza que antes las evidencias científicas, que ponen en contradicción la sobrevivencia de los ecosistemas y la disponibilidiad de agua en contra del crecimiento.

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y autor de la Ley de Protección de Glaciares, junto al doctor en Química Francisco Javier Cereceda, profesor titular del Departamento de Química y director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, afirmaron que “la actividad humana y la minería ya intervienen los glaciares y es imprescindible protegerlos si queremos contar con estas importantes reservas de agua para el futuro”.

Para ello presentaron el estudio “Determinación Óptica de Muestras de Concertación de Black Carbon en la Nieve, un Nuevo Método Analítico”, publicado este año y realizado por el profesor Cereceda junto a un grupo de científicos nacionales y extranjeros.

Cereceda señala que “desde 2003 junto a un equipo de científicos suizos monitoreamos diferentes cumbres y tomamos muestras de aerosoles –partículas que viajan desde las fuentes de emisión en la ciudad hasta la cordillera y se depositan sobre la nieve e impactan el glaciar–”.

“Los contaminantes de vida media corta como el black carbon se emiten por cualquier tipo de fuente, como quema de leña, vehículos, uso de carbón, y las corrientes de aire los trasladan hasta las altas cumbres y se depositan en la nieve. Por ser partículas negras absorben radiación infrarroja y aceleran el derretimiento del glaciar», detalla.

Asimismo, el científico explica que “también cambian el albedo –la radiación que reflejan las superficies blancas del planeta–, porque oscurecen la nieve y con ello incrementan el efecto invernadero y el cambio climático global”. “Estos contaminantes, que son metales pesados, hacen que el agua se congele no a 0° sino que a -5° o -10° y, por tanto, la isoterma cero se produce más arriba de los mil metros y toda el agua que queda entremedio se puede deslizar y producir aluviones”.

Y finalmente sentencia:

“Descubrimos que los glaciares que retroceden más rápidamente (son aquellos) que sufren un impacto directo desde las ciudades o de la actividad minera, como tronaduras, movimiento de áridos y uso de camiones a diésel que generan in situ grandes cantidades de material particulado y de black carbon, los que se depositan  directamente en los glaciares y aceleran su retroceso en un 20, 30 o 40 por ciento más que si solo se considera el efecto invernadero”.

Con toda el agua que ha pasado bajo el río estos últimos años, empresarios, técnicos y científicos coinciden en que finalmente la decisión es política y que el Gobierno está atrapado. En diciembre, Chile será observado por todo el mundo, especialmente por la comunidad científica y ambiental, pero también estarán presentes los empresarios, que aun cuando están preocupados por el destino de la agenda verde de La Moneda, no quieren perderse la fiesta.

Por ello es que el Consejo Minero, el gran articulador del lobby todos estos años, donó US$2 millones al Gobierno para el financiamiento de la COP, algo en todo caso que el diputado Mirosevic, de la «bancada glaciar», aprovechó de denunciar ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en el mes de septiembre, como un acto «inmoral».

Fuente:https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/10/11/el-lobby-detras-de-ley-de-glaciares-el-proyecto-que-vive-en-estado-de-congelamiento-perpetuo/

Mexico

Conflicto entre mina Peñasquito y comunidades inició en 2009

Autor: Iris Juárez Galván , La Jonada Zacatecas

Los investigadores Sergio Uribe y Grecia Eugenia Rodríguez señalan que la empresa adquirió 7 mil 971 hectáreas de cuatro ejidos: Cedros, El Vergel, Mazapil y Cerro Gordo

■ Advierten que las norias relacionadas a la minera, actualmente a cargo de Newmont-Goldcorp, se agotaron

El conflicto en la mina Peñasquito, con la empresa Goldcorp, la cual este año se transformó en Newmont-Goldcorp y las comunidades que actualmente se sostienen como afectada por las actividades mineras bajo la técnica de tajo a cielo abierto, inicia en 2009.

Así, Sergio Uribe y Grecia Eugenia Rodríguez en trabajos académicos retomaron de investigaciones de Garibay que “entre 2006 y 2010, Peñasquito adquirió 7 mil 971 hectáreas de cuatro ejidos: Cedros, 5 mil, 790 hectáreas; El Vergel, mil 67 hectáreas; Mazapil 447 hectáreas; y Cerro Gordo, 657 hectáreas.

Los expertos en conflictos mineros exponen bajo rigor académico, que entre 2000 y 2006, el precio del oro acrecentó su valor 117 por ciento, lo que dio a lugar a que la empresa minera pasara de extraer en 1990, 41.5 kilogramos a 15 mil kilogramos en 2017. Asimismo, la plata aumentó su valor en el mercado 30 veces y el cobre 13, según investigaciones de Uribe y Rodríguez.

En consecuencia, para 2010 por cada mil dólares provenientes de la venta de minerales, Goldcorp obtuvo en ganancias, un aproximado de 998.82 dólares. La derrama para las comunidades afectadas por la industria extractiva fue de 18 centavos de dólar por cada mil. Mientras que Mazapil, a nivel nacional, aportó 8.7 por ciento del valor total de la actividad minera, según datos de la Secretaría de Economía de 2017.

Aunado a lo anterior, Uribe y Rodríguez contrastaron estos datos con los arrojados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2015, donde se señala a Mazapil como uno de los municipios con mayor población en pobreza extrema, es decir, cuenta con el 12.9 por ciento de su población en esta condición. Mientras que otro 63 por ciento vive en pobreza.

Otro de los conflictos que se libran en las comunidades que comprenden el proyecto Peñasquito es el agotamiento de agua, pues según fuentes consultadas por trabajos académicos de Uribe y Rodríguez, las norias relacionadas a la mina Peñasquito se agotaron.

Uribe por su parte, explica que para “2017 había más de 22 millones de hectáreas concesionadas en México y un total de 290 empresas de capital extranjero operando 988 proyectos en el país”. La presencia de las mineras canadienses es equivalente al 65 por ciento, la presencia estadounidense es de 16 por ciento y le siguen las empresas chinas con un 5 por ciento de actividad en el país. De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano publicados en 2018.

 

Fuente:http://ljz.mx/2019/10/10/conflicto-entre-mina-penasquito-y-comunidades-inicio-en-2009/?fbclid=IwAR1JQOJSFIZQxUmhxZ_dxSWxFhb1fcct-AD7MWfcaSQcYlIG70YyidOYsT4