Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/949-cusco-gobernador-regional-alcaldes-y-dirigentes-de-chumbivilcas-exigen-derogatoria-de-estado-de-emergencia?fbclid=IwAR1cQ1dPCoF3e0dj0MGYcislbRNFhkiM720Adpx3vLC7qjCkwANe-9hmEDE

El Gobierno Regional de Cusco emitió el siguiente pronunciamiento en el que exige al Gobierno Nacional derogar el Decreto supremo Nº 169-2019-PCM que declara en estado de emergencia parte del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco.

Así mismo recalcan que este tipo de medidas solo generan provocación en la población. Por lo que se solicita prestar atención a las demandas presentadas que ponen énfasis en la necesidad del asfaltado de la vía del corredor minero y la implementación de proyectos de desarrollo.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/10/17/gobierno-regional-de-cusco-se-pronuncia-ante-situacion-de-corredor-minero/

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco ha presentado ante la Junta de Fiscales Superiores de Cusco el pedido para realizar investigaciones sobre los hechos acontecidos en la provincia de Chumbivilcas y Paruro por el inadecuado uso de la fuerza en la intervención y desbloqueo de la vía del corredor minero.

Tanto en el caso de Capacmarca de Chumbivilcas, donde se produjeron enfrentamientos la semana pasada entre la PNP y comuneros locales y la intervención en el desbloqueo de la vía de Paruro esta semana, los pobladores han denunciado la intervención violenta de la PNP, en el caso de Paruro la comunera Higidia Humpire Ataucuri perdió el ojo izquierdo, así mismo las comuneras Bernadina Zegarra y Eusebia Arruela Arellano tienen impacto con perdigones y se encuentran en proceso de recuperación de su salud.

El pedido de DHSF está sustentado en la Directiva General N° 003-2018-MP-FN sobre el “Ejercicio de la Función Fiscal en Caso de Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, aprobada con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 001907-2018-MP-FN instrumento legal que tiene la finalidad que actos desmedidos de esta naturaleza queden impunes.

Mientras tanto la PNP ha emitido un Comunicado¹, publicado en su portal web www.policia.gob.pe, precisando que la PNP rechaza acusaciones de agresión contra manifestantes en Paruro – Cusco tomando como referencia informes médicos. Más allá de este pronunciamiento será la investigación fiscal la que establecerá las responsabilidades de los hechos sucedidos en las protestas de Chumbivilcas y Paruro, sobre todo de la PNP.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-solicitan-que-la-fiscalia-investigue-la-intervencion-de-la-pnp-en-el-conflicto-del-corredor-minero-del-sur/

La Crisis Política que vive nuestro país esta logrando que olvidemos o posterguemos algunos temas importantes, como los procesos judiciales que enfrentan líderes sociales y defensores del territorio. Hace unas semanas Walter Aduviri fue condenado a prisión, en las siguientes líneas recordaremos el proceso y como podría marcar un precedente para dirigentes criminalizados en protestas sociales.

El “Aymarazo”, un breve recuento

El 28 de noviembre del 2007, se emitió el Decreto Supremo 083-2007-EM que declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin de que la empresa canadiense Brear Creek Mining Company pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera con Bolivia. El proyecto minero de Brear Creek conocido como ‘Santa Ana”, ubicado en los distritos de Huacullani y Kelluyo de la provincia de Chucuito, región Puno, se sobreponía a los territorios comunales aymaras. La emisión de este decreto fue el punto inicial para que se desatara el conflicto socioambiental conocido como ‘El Aymarazo’.

Para la entrega de las siete concesiones que conformaban el Proyecto Santa Ana, se tuvo que recurrir a una excepción. Tal como la norma constitucional al respecto lo indica, los extranjeros no pueden adquirir derechos reales de ningún tipo dentro de los cincuenta kilómetros de frontera. Al suscribirse el decreto supremo en mención, este artículo de la Constitución fue inaplicado alegando “necesidad pública” para el desarrollo del proyecto minero en el lugar, siguiendo con las condiciones exigidas por el Reglamento de la Ley Nº 26505, donde se predispone que la solicitud presentada para la disposición de tierras tenga el visto bueno del Ministerio de Agricultura, de Defensa y del Interior, para que finalmente sea el Consejo de Ministros quien dicte el decreto requerido.

Con la dación de este decreto, el Estado se esfuerza en fundamentar que el interés de establecer la titularidad del derecho minero de Bear Creek trasciende al interés privado, y que por el contrario va a incidir de manera importante al bienestar de la comunidad; además, sienta por hecho que con la aprobación de esta excepción se logrará el desarrollo de esta zona de frontera y asegura el crecimiento del nivel de vida de los pobladores de la zona de incidencia de las actividades mineras, lo que no ocurre, lamentablemente. Sin embargo, el concepto de “necesidad pública” tiene que ver con obras de necesidad realmente colectivas, que beneficien a todos los peruanos, al conjunto de la población. En este caso, la pregunta de los aymaras era que qué tiene que ver la actividad empresarial con el interés público. Necesidad pública es, por ejemplo, las obras de infraestructura que realmente sean necesarias para el desarrollo de la población: carreteras, hospitales, centros educativos y demás servicios básicos.

El primer juzgamiento

En el 2017, Walter Aduviri, junto a otros nueve de los voceros aymaras, después de varios años de proceso judicial por haber liderado ‘el aymarazo’ pasaron a la parte última del juicio oral para esperar sentencia. En dicha sentencia, el Colegiado Penal de entonces hizo una diferenciación entre los delitos que se les imputaba a los aymaras procesados y el ejercicio del derecho a la protesta social, desde la visión que se debería tener y desde la visión de las entidades del Gobierno. Indicó que la persecución de la protesta social “genera una discusión respecto a la naturaleza justa de todas las protestas sociales, siendo que todos los reclamos sociales, a mérito de los protestantes, son debidos y por tanto legítimos; en tanto que para los representantes del gobierno o de las instituciones públicas, las exigencias de los protestantes serán indebidas y por tanto ilegítimas”. Al respecto, refuerza lo dicho citando al reconocido penalista Ramiro Salinas Siccha, quien sostiene que “este supuesto delictivo sólo responde a una política criminal del Derecho Penal del Enemigo, por tanto, coyuntural, esto debe suprimirse por ser, a todas luces, inconstitucional”.

El Derecho Penal, no puede reprimir conductas lícitas o manifestaciones sociales que tengan una finalidad lícita o legítima, orientado a reivindicar la vulneración de derechos fundamentales, en tales casos estas manifestaciones sociales constituyen ejercicio regular del derecho de protesta, que deriva del derecho de reunión, libertad de expresión y de asociación.
Pese a estos argumentos, Aduviri fue el único hallado culpable del delito de disturbios en calidad de autor mediato. Tras su impugnación, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia.

Un nuevo juzgamiento

Luego de que la Corte Suprema declarara nulo todo lo actuado, ordenó que volviera todo a juicio oral y se dictara nueva sentencia. El ciclo de audiencias de este nuevo juicio oral dio su inicio en abril de 2019, dándose la sentencia de primera instancia a fines de agosto del año en curso.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Puno ha desplegado esfuerzos para Aduviri sea declarado culpable del delito de disturbios. Y así lo ha conseguido. Pero ahora toca ver si los medios probatorios en los que versa la sentencia dictada son suficientes para que ordenara la prisión efectiva por seis años y el pago de la reparación civil de dos millones de soles por parte del Gobernador Regional de Puno.

Para empezar, el Colegiado reconoce que el denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno nunca existió legalmente puesto que no existe medio probatorio que la reconozca como tal; sin embargo, indica que sí “existió de hecho” ya que sus miembros directivos se presentaban como tales en las distintas reuniones y cada que suscribían y remitían documentos a las distintas instancias. Y por su lado, Walter Aduviri se autoidentificaba como presidente de este Frente en todos los espacios en el contexto de la protesta.
Las declaraciones de los medios de comunicación escrita y televisiva que cubrieron “el Aymarazo” y que actuaron como testigos en este proceso penal, dieron cuenta que el frente era mencionado reiteradamente y que Aduviri se presentaba como presidente en las entrevistas y declaraciones públicas.

Ambos elementos dieron certeza al colegiado que Aduviri fue quien convocó la “huelga antiminera” y era líder del dicho movimiento social.
Pese a que la Policía Nacional y el Ministerio Público son instituciones destinadas a la investigación del delito y a su persecución, la Fiscalía ha tenido que recurrir en gran medida a la recolección de información periodística para fundar su acusación y atribuir responsabilidad de los desmanes ocurridos durante el desarrollo de la protesta aymara.
Resulta cuestionable la labor probatoria de la fiscalía, pero más que el colegiado haya valorado y tomado una decisión condenatoria a partir del trabajo de periódicos y vídeos de programas televisivos de noticias.

Lo preocupante de este hecho es que legalmente podría marcar un precedente para procesos contra hombres y mujeres que han sido denunciados en contextos de protestas por defender derechos humanos fundamentales y colectivos. La criminalización de la protesta ha sido una estrategia de varios gobiernos, debemos estar alertas para que ningún procesado por ejecer su derecho a protesta termine en prisión.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/el-camino-condenatorio-de-aduviri/?fbclid=IwAR3WrNQwyHCFh8ZGU_s9ZbImBYscmDjAZcWdQGQK6XSSAo7o_rMhj6xrVzA

Tras 4 años en Juicio y suspendido por 6ta vez.

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/946-juzgado-no-conto-con-interprete-quechua-y-suspende-juicio-oral-a-comuneros-de-cotabambas

Desde tempranas horas la Policía Nacional de Perú y la Fuerza Armada viene desbloqueando la vía conocida como el corredor minero sur, que atraviesa a las comunidades de Cancahuani del distrito de Ccapacmarca; Huniquiri, Idiopa Ñaupa,Japu, pertenecientes al distrito de Colquemarca, y Tincurca, perteneciente al distrito de Chamaca, que hacen parte de la provincia de Chumbivilcas en Cusco.

Desde hace 25 días los comuneros de estas localidades vienen bloqueando la vía en protesta frente a la contaminación ambiental que genera el paso de 600 camiones de la empresa china MMG Las Bambas, que transporta minerales desde Apurímac pasando por Cusco hasta el puerto de Matarani en Arequipa, donde embarcan el mineral hacia China. La PNP y la Fuerza Armada al llegar a la comunidad de Cancahuani reprimieron a los comuneros que se defendieron con palos y piedras, logrando despejar la vía y provocando lesiones en varios de los comuneros.

Frente a la información de que los protestantes habrían sido heridos por perdigones, conversamos con el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe, quien relató que se encuentran confirmando los hechos para tomar medidas al respecto como Frente de toda la provincia. El operativo policial y de las fuerzas armadas se realiza en el marco de la implementación de la declaratoria del Estado de emergencia, a través del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM, emitido el día de ayer 15 de octubre, por 30 días en el sector del corredor minero sur que contempla los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas.

El Estado de Emergencia implica la suspensión de los derechos constitucionales respecto a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libre reunión. Desde tempranas horas el ministro del Interior, Carlos Morán, salió a los medios de comunicación a informar de la medida tomada y señalar que «apostamos por el diálogo, pero eso no se puede confundir con debilidad. Vamos a cumplir con nuestra función»; sorprendiendo a los comuneros de Chumbivilcas, en palabras del presidente del FUDICH, Carlos Quispe, debido a que ya habían pactado una reunión de diálogo para el 21 de octubre, y esta medida lo que genera es desconfianza en la población. «¿Si estamos en una democracia, no podemos protestar?», cuestionó el dirigente. Añadió que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también se ha pronunciado sobre la denuncia de contaminación ambiental realizada por los comuneros de Chumbivilcas.

Asimismo, la Federación Unificada de Campesinos de la provincia de Espinar tiene previsto realizar una asamblea este domingo 20 de octubre, debido a que el corredor minero también atraviesa varias comunidades de Espinar, realizando similares afectaciones que en Chumbivilcas. Como se recuerda, las comunidades mencionadas se encuentran en protesta desde el 22 de septiembre al denunciar la contaminación ambiental que sufren tras el paso de los camiones que transporta los minerales de la empresa MMG Las Bambas. El OEFA ya ha confirmado el 27 de septiembre la contaminación ambiental a través del informe denominado: “Fiscalización Ambiental Corredor Vial Ámbito de la Provincia de Chumbivilcas”, en el que señala que los resultados de las evaluaciones ambientales en los componentes de suelo, ruido, aire exceden los estándares de calidad ambiental.

El OEFA recomendó medidas preventivas y correctivas para la empresa minera: • Aplicación de supresores de polvo en los tramos donde existan localidades colindantes al corredor vial, así como el adecuado humedecimiento del corredor vial previo al paso de los camiones de transporte de concentrado para reducir la emisión de material particulado. • Restringir el tránsito de los camiones de transporte desconcentrado de Las Bambas en las localidades de Velille y Ccapacmarca, en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana del día siguiente. • Modificatoria y/o actualizar l EIA vigente en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y en base a los resultados de la fiscalización realizada. Para mayor información sobre las causas del conflicto, ver el informe elaborado por la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco –> https://bit.ly/2Mng7au

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/948-chumbivilcas-inician-operativo-tras-declaratoria-de-estado-de-emergencia-en-corredor-minero?fbclid=IwAR1KmAFHpmEt7STdbjOK-m4DNK7VAQjWBOFffpDur8R37MC0KLG47IQheUo