Cada vez que las agencias federales estadounidenses compran ordenadores o monitores tienen que tener en cuenta los esfuerzos realizados por las empresas fabricantes en la lucha contra los “minerales en conflicto”. Según anunció la ONG estadounidense Enough Project, en marzo del año pasado se aprobó un nuevo estándar en las políticas de compra de los gobiernos federales que incluye cláusulas clave sobre minerales en conflicto basadas en los principios de la diligencia debida.
Estas cláusulas hacen referencia a los esfuerzos de las empresas fabricantes de electrónica en la construcción de un “comercio libre de conflicto” en la República Democrática del Congo y sus países vecinos, y valoran positivamente que dichas empresas desarrollen proyectos de suministro responsable en los lugares de origen del mineral; así como que se abastezcan en refinerías y fundiciones auditadas por terceros.
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) hasta ahora contemplaba únicamente criterios de carácter medioambiental en sus estándares de valoración de productos electrónicos. Pero después de un proceso de renovación que ha llevado varios años, por primera vez han decidido incorporar criterios relativos al suministro responsable de minerales procedentes de zonas en conflicto.
La nueva norma, conocida como el IEE 1680.1™ – 2018 Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers and Displays –, ha sido adoptada por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) como base para la creación de la Herramienta para la Evaluación Medioambiental de Productos Electrónicos (EPEAT). Se trata de una herramienta que orientará las políticas de compra pública de las agencias federales de EEUU, pero también se utilizará en Australia y Canadá para exigir a las empresas tecnológicas que sus productos cumplan con dichos estándares.
Como apunta Enough Project, se trata de un paso importante para la lucha contra los minerales en conflicto en EEUU que se complementa con la sección 1502 de la Ley Dodd-Frank sobre suministro de minerales en zonas de conflicto, en vigor desde 2012.
La Asamblea «El Algarrobo» presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con glaciares y ambiente periglacial. Motivó esta presentación, el acuerdo de integración firmado entre las empresas Alumbrera – Agua Rica e YMAD, para la explotación de Agua Rica utilizando las instalaciones de Bajo la Alumbrera. Cabe destacar, todas las cuestiones sin resolver de este nuevo proyecto de oro. Sin embargo, la empresa minera Agua Rica (Yamana Gold) intenta la explotación pasando por encima de leyes, ordenanzas, decisiones de las comunidades y contaminando no sólo el ambiente, sino las instituciones.
Para la explotación del proyecto Bajo la Alumbrera se firmó hace 25 años un Contrato de Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre la empresa Minera Alumbrera Ltd. y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) que a su vez, estaba conformada por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Provincia de Catamarca y el Gobierno de la Nación.
La Asamblea El Algarrobo comunicó que el día 25 de Octubre de 2019, se realizó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público dictando resoluciones contrarias a leyes nacionales (Art. Nº 248 del Código Penal), contra todos los directores de YMAD, a dos funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a un Funcionario de la Secretaría de Minería de la Nación, por no cumplir con la Ley de Glaciares y respetar la prohibición de exploraciones y explotaciones mineras establecidas en el Art. Nº 6 de la misma, dado que desde la Asamblea se tomó conocimiento de las decisiones del Directorio de YMAD, que se encuentran plasmadas en las Actas N° 586 y 589, de las que se desprende la aprobación de las ofertas de integración de los yacimientos de Agua Rica y Alumbrera, y, que este accionar sería con la pretensión de explotar el yacimiento de Agua Rica.
En la misma denuncia, para probar el incumplimiento, se presentó el informe elaborado por la propia Secretaría de Minería de la Nación a través del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la empresa interestatal minera YMAD de la cual participó el gobierno de Catamarca, el Informe del Relevamiento de Glaciares y Ambientes Periglaciares de la Subcuenca del Río Andalgalá realizado por el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), entre otros documentos.
Toda esta documentación es conocida por los vecinos y autoridades de Andalgalá y que en esos informes existen Glaciares y ambientes periglaciares en el Cordón Montañoso de los Nevados del Aconquija y también formas criogénicas (Glaciares).
Como otras medidas de prueba se solicitaron las declaraciones testimoniales de quienes participaron de las reuniones del Directorio de YMAD en donde se aprobaron las ofertas de integración (Agua Rica y Alumbrera) y también a todos los consejeros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, además de convocar al Rector y Vicerrector de la misma universidad.
Esto demuestra que, el poder político y económico siempre actúa a espaldas de la gente, no solo pretenden poner en riesgo la vida de la propia ciudad de Andalgalá, sino también la de todos los pueblos que se encuentran a la vera de la Ruta Nacional N° 38, que va desde Concepción de Tucumán hasta Lules, pasando por Monteros, Famaillá, etc. que se nutren de los deshielos de los glaciares y ambientes periglaciares del lado Este del Cordón Montañoso Los Nevados del Aconquija.
Por estos y otros motivos que tienen que ver con la contaminación, destrucción y saqueo de sus recursos naturales, es que los pueblos aledaños a los Nevados del Aconquija desde hace décadas se oponen a estos proyectos de muerte.
Las personas, funcionarios públicos y todas las agencias del Estado que sabían de ésta situación ilegal, de la aprobación de las ofertas mencionadas realizadas por las empresas mineras Alumbrera y Agua Rica (Yamana Gold), deberán rendir cuentas ante la justicia por una serie de delitos que afectan no sólo al bien común de los argentinos, sino también a los bienes y soberanía de la Nación.
Esta no es la única irregularidad del contrato firmado el 3 de octubre en Buenos Aires, porque los cuestionamientos también se presentan dentro de los involucrados. Según planteó la decana de Derecho de la UNT, Adela Seguí, en una publicación de La Gaceta “el acuerdo minero firmado en YMAD es un saqueo a la propia empresa de la que UNT es copropietaria”. “Seguí, planteó que la UNT ha sido doblegada por poderosas empresas mineras para permitir el saqueo de YMAD, agregando que fue una operación sin transparencia en la que los consejeros de la Universidad estuvieron totalmente desinformados y que se trata de un negocio más que espinoso que no va a dejar utilidades”.
Más adelante, la publicación de La Gaceta refiriéndose a las conveniencias económicas agrega “que van a hacer un negocio multimillonario para el cual YMAD va a poner todo la infraestructura: la planta de procesamiento, el mineraloducto, ….Lo único que va a hacer la empresa Agua Rica es sacar el mineral”. Esa infraestructura fue construida para el proyecto Bajo la Alumbrera y costó 1.800 millones de dólares.
El proyecto Agua Rica para la extracción de oro, tiene cuestionamientos desde sus inicios, no tiene licencia social de los pueblos que ya han sido perjudicados por el proyecto Bajo la Alumbrera, la Corte Suprema de Justicia solicita la intervención de la comunidad para aprobar cualquier Informe de Impacto Ambiental, está emplazado en una zona protegida por la Ley de Glaciares, Andalgalá cuenta con una Ordenanza Municipal que prohíbe la megaminería y la implementación del uso de instalaciones de YMAD ha generado serios cuestionamientos. Sin embargo, la empresa minera Agua Rica (Yamana Gold) intenta la explotación pasando por encima de leyes, ordenanzas, decisiones de las comunidades y contaminando no sólo el ambiente, sino las instituciones.
Los delegados se reunieron para discutir áreas de interés común y los próximos pasos para pasar de la exploración al desarrollo sostenible de los recursos minerales de las profundidades marinas.
La tercera reunión anual entre la Secretaría de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) y los contratistas con contratos de exploración de aguas profundas en el fondo internacional de fondos marinos (el Área) concluyó el domingo 13 de octubre en Changsa, China. Los delegados se reunieron en el encuentro de tres días organizada por China Minmetals del 11 al 13 de octubre para discutir áreas de interés común y los próximos pasos para pasar de la exploración al desarrollo sostenible de los recursos minerales de las profundidades marinas.
En sus comentarios en la ceremonia de apertura, el secretario general de la ISA, Michael W. Lodge, destacó la necesidad de avanzar en el desarrollo de regulaciones para la explotación de minerales en aguas profundas (el código de Minería). «Es de vital importancia acelerar el impulso y adoptar un Código que sea pragmático y efectivo, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevos conocimientos y circunstancias cambiantes», dijo Lodge. «No debemos perder esta oportunidad generacional».
Una vez adoptado, esta sería la primera vez en la historia que las reglas globales, basadas en el nivel más alto de prudencia y precaución, se aprueban antes de que comience una industria. En sus comentarios, Lodge también subrayó la necesidad de una mayor transparencia con respecto a las actividades emprendidas en el Área.
En julio de este año, ISA lanzó la base de datos DeepData, con el objetivo de poner a disposición del público todos los datos ambientales recopilados por los contratistas y otras fuentes a través de un portal. Actualmente, la base de datos contiene parámetros biológicos, físicos y geoquímicos de los ecosistemas marinos desde el fondo marino hasta la superficie del océano, presentados por contratistas de ISA y que cubren aproximadamente el 1% de la zona.
Esta es la tercera reunión anual de contratistas que se celebra desde que la primera reunión fue iniciada por el secretario general en Kingston, Jamaica, en 2017, seguida de Varsovia, Polonia en 2018. La reunión proporciona un foro valioso para que se discutan temas de interés común y compartir las mejores prácticas en exploración de aguas profundas.
Es una de las principales actividades que genera divisas y crecimiento en diversos países, pero causa problemas como la salinización, la desertificación o la deforestación
La minería es una de las principales actividades extractivas que genera divisas y crecimiento económico en diversos países del mundo.
Naciones como Perú, la República del Congo o Chile son líderes en la producción de oro, cobre, zinc y plata gracias a su amplia biodiversidad de ecosistemas; el potencial productivo de las represas, valles, lagunas y tierras fértiles son geológicamente competitivos para el posicionamiento de empresas multinacionales en estos países.
Si bien la minería genera desarrollo de ciudades en términos de modernización en los ejes de infraestructura urbana, industrial- empresarial y empleo; fomenta por otro lado la explotación indiscriminada del hábitat en su dimensión social, económica y ecológica de las comunidades campesinas aledañas a los campos mineros.
En primer lugar, se genera una degradación, desertificación y deforestación de los suelos por la salinización, solubilización y movilización de metales tóxicos como el arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario (El Tiempo,2018).
En correlación, esta problemática afecta directamente la calidad alimentaria de la producción agrícola (alimentos que sobrepasan el límite máximo permisible de metales pesados según el codex alimentarus); sector primario que representa el 80% de la economía de los países en vías de desarrollo y que implícitamente genera pobreza absoluta, migraciones forzadas y convulsiones sociales en las poblaciones autóctonas (La República, 2012).
Barra libre
Leyes insuficientes
Este efecto tiene correlación directa a las deficientes legislaciones ambientales por parte de los países subdesarrollados; la inseguridad jurídica, la inexistencia de principios de autoridad y la débil preparación del Estado con enfoque macro-económico impide la armonización entre las actividades extractivas y el medio ambiente.
La falta de un “upstream engagement” de los pobladores a la toma de decisiones políticas en materia de industria extractiva refuerzan una legislación abultada orientada solo para expertos que soslayan una “lingua franca” a fin de otorgarles la “licencia social” a las mineras sin el previo consentimiento ambiental de la ciudadanía.
En tal sentido, en este contexto, el desconocimiento sobre sus derechos, impide a los moradores aplicar la ley de consulta previa como mecanismo de defensa para monitorear y supervisar la efectividad de los estudios de impacto ambiental de las empresas extractivas.
La conflictividad social entre la población y las empresas licitadoras tiene su base en la desconexión entre los procesos de planificación territorial y el sistema de otorgamiento de concesiones en el gobierno central (El Tiempo, 2018).
El escaso ordenamiento territorial propulsado por los poderes descentralizados no delimita las lagunas, valles o zonas ricas en minerales como áreas naturales protegidas y conservadas, dificultando de esta manera la anulación de las concesiones mineras.
Las multinacionales
El ejemplo de Perú
La falta de acceso a la justicia de los pobladores por limitaciones económicas, geográficas y lingüísticas, sumado al inexistente despliegue de las funciones del Estado, permiten que gran parte de la superficie continental de países como Perú se encuentre concesionada a la minería; en cifras un 14,12%( INGEMMET) del territorio está ocupado por mineras que, a largo plazo, degradan los ecosistemas esenciales del paisaje, transformando una tierra de importancia espiritual y/o cultural para una comunidad determinada en una zona árida e inservible.
Como consecuencia, se tienen cifras alarmantes de recursos naturales irrecuperables para la riqueza de los pueblos; pérdidas de lagunas, racionamiento y contaminación del agua, desaparición de valles, campiñas, escasez hídrica por el secado de afluentes hídricos de los principales ríos, etc… Estos impactos al medio ambiente alteran el equilibrio social y económico, afectando negativamente al modus vivendi de la sociedad en los ejes salud, alimentación y bien estar ambiental.
Tragedia ecológica
Desaparece el 40% del valle Yanacocha
En cifras, la ciudad de Cajamarca (Perú) ha perdido el 40% del valle Yanacocha, presenta una alarmante cifra de 38% de desnutrición y un 26% no tiene luz eléctrica ni acceso a agua potable por consecuencia directa de la actividad minera, tales como el agua ácida por la disolución de metales pesados tóxicos durante el drenaje ácido de las minas (La Republica, 2017).
De igual manera, la liberación de gases como el plomo de las chimeneas metalúrgicas a la atmósfera genera una contaminación invisible y de largo plazo en la salud intergeneracional de las poblaciones cercanas a las minas; en otras palabras, nacen niños con alteraciones genéticas y /o con siete veces más plomo en la sangre que el límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud.
Esta realidad problemática trae consigo la aparición de múltiples enfermedades como la leucemia, la anemia y el cáncer que acortan sustancialmente la esperanza de vida de las personas.
Precisamente, según reportan fuentes de La República, La Oroya es la quinta ciudad del mundo más contaminada del planeta con un nivel de toxicidad de plomo entre 60 y 70 microgramos por decilitro de sangre, ocasionando que el 90% de los niños presenten niveles de este metal tóxico por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias.
La minería no solamente afecta la dimensión humana, también se ve afectado la salud animal por la degradación de la flora; precisamente, se tiene conocimiento de la desaparición de pantanos en la cordillera del Vilcanota (Cuzco-Perú) que eran refugio para los patos salvajes durante su migración, ahora habilitado como estacionamiento y sendero por la explotación minera (El Tiempo, 2018).
Propuestas
En el caso de Perú, considerando que los mecanismos de negociación son inequitativos a lo que respecta la mediación social entre las comunidades campesinas y las empresas mineras respaldadas por el Estado, hay tienen distintas propuestas a considerar para la preservación y protección de las áreas ferrosas de patrimonio ancestral:
En primer lugar, dotar a la ciudadanía de facultades legislativas como un agente federal autorizado por las instancias internacionales a legislar, negociar y tomar decisiones políticas con asesoramiento técnico sobre la concesión o anulación de los proyectos mineros en base a la ley de consulta previa.
Otorgar la licencia social para las actividades extractivas en base a un previo mapa zonal de planificación y ordenamiento territorial que delimite las áreas autorizadas para la concesión de proyectos mineros; contemplando que los impactos ambientales estén fuera del radio de vida urbana, así como la salvaguardia de los recursos naturales, hídricos, agrícolas que suministran la economía de las comunidades campesinas.
■ Exigir la revisión exhaustiva de los expedientes técnicos sobre impactos ambientales, así como la tecnología disponible para la mitigación y neutralización de los efectos negativos al ambiente; uso de biomasa en biodigestores para uso térmico, para generar electricidad a las zonas rurales alejadas de las ciudades, así como reducción de los impactos del cambio climático tales como la emisión de CO2. Implementar catálisis heterogénea y filtros de depuración en las chimeneas para reducir al máximo los gases como plomo.
Interponer recursos de nulidad contempladas en las cláusulas del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) anulando directamente las actividades mineras por incumplimiento de la ley de consentimiento ambiental y consulta previa, sin la necesidad de la intervención del Estado. En otras palabras, las comunidades campesinas afectadas pueden ordenar la anulación del proyecto minero con poderes ejecutivos.
El 5 de noviembre, los agricultores del sector de Tumilaca, en el distrito de Torata y otras organizaciones retomarán las protestas contra la empresa minera.
Los agricultores del sector Tumilaca, en el distrito de Torata, y otras organizaciones de Moquegua anunciaron el reinicio de un paro indefinido a partir del 5 de noviembre.
Según el dirigente Miguel Vizcarra Sarasa, la medida se acordó en la última asamblea de la noche del miércoles. Asegura que no hay ninguna actitud de intransigencia de parte de ellos. Recordó que la protesta de agosto pasado quedó suspendida tras las promesas de cuatro ministros de solucionar a la brevedad sus reclamos; empero, esto no ha ocurrido.
Vizcarra Sarasa asegura que no hay mucho avance en el trabajo de los grupos técnicos creados en la zona para evaluar la calidad del recurso hídrico, el medio ambiente y el modelamiento del proyecto Quellaveco. Además, temen que sus informes y conclusiones no sean vinculantes.
En Tumilaca, culpan a Anglo American de contaminar el agua y el medio ambiente con la construcción de Quellaveco. La minera sostiene que realizan monitoreos constantes en la cuenca y no hay alteración de la calidad del recurso hídrico.
Sin embargo, los agricultores aseveran que, desde que se iniciaron los trabajos de edificación del proyecto cuprífero, el agua ha variado de color. El lunes último, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, hizo una visita inopinada a Quellaveco.
Después se reunió con dirigentes y agricultores en el local comunal de La Chumba. Miguel Vizcarra señala que no están pidiendo proyectos, sino que se deje de contaminar el agua. Liu Yonsen regresará hoy a Moquegua a intentar dialogar con los agricultores.
El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.
Matías Peña ha dicho que estos ácidos son tan agresivos como el tan conocido ‘salfumán’ y que van tanto en dirección hacia el Mar Menor como hacia la zona de El Gorguel.
Ha destacado la peligrosidad de estos drenajes, por las concentraciones de metales pesados como el plomo, cadmio, arsénico e incluso uranio.
«No se puede obviar que si estos drenajes están circulando por el subsuelo en la línea de máxima pendiente hacia el Mar Menor, están provocando la contaminación de los suelos agrícolas sobre los que se cultivan verduras y hortalizas que después se consumen por los ciudadanos».
Miembros de esta plataforma participarán este miércoles en la manifestación para salvar el Mar Menor. Irán con un castillete minero y con residuos que han cogido de la zona
La minera Peñasquito que opera bajo la compañía Newmont Goldcorp continúa bloqueada, ante lo cual los directivos fijaron para el 4 de noviembre una mesa de negociación nacional para que continúe operando.
Esto, debido a que de no desalojar a los paristas, consideran el cierre definitivo o temporal de la mina que opera en Mazapil, porque se niegan a ceder a “chantajes”.
Es por esto que el gobernador Alejandro Tello Cristerna convocó a conferencia de prensa ayer para fijar postura al respecto, toda vez que aproximadamente seis mil trabajadores quedarían sin fuente de empleo, incluyendo empleados directos, servicios y proveeduría.
“Es un tema entre una empresa y un proveedor, entre Cava y Peñasquito, la comunidad (de Cedros) corre otra suerte. Se ha hablado de falta de agua por el manantial que se agotó, afectaciones en parcelas. Se está solicitando una indemnización multimillonaria por la falta de agua, sí hay agua, se las provee la mina, aunque los mantos acuíferos han disminuido”, señaló.
“Estamos, no de manera violenta ni represora, invitando la Guardia Nacional y la Policía Estatal a desalojar a ese pequeño grupo que tiene tomado, a que permita el acceso, que se sigan generando condiciones para la mesa de acuerdos donde los intereses de unos pocos no podrán estar por encima de los intereses comunes”, advirtió.
Esto porque el lunes, la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores decidirá si continúa o para definitivamente.
Aseguró que la empresa de transportistas Cava “se ha ido desmembrando, porque parte de los transportistas tiene acuerdos en lo individual, porque no están de acuerdo con las decisiones de los líderes, que es el bloqueo”.
Entre los cuestionamientos de la prensa estuvo lo del desalojo con el uso de la fuerza pública, ante lo cual el mandatario estatal precisó que “para que el diálogo no se rompa”, buscará que se vuelva a instalar la mesa de negociación.
“La condición es que la empresa esté funcionando para que la mesa se establezca. Estaría buscando permitir el acceso de los insumos y personal para que ese día 4 arranquen los trabajos de minera Peñasquito, y que los líderes, sobre todo de la empresa transportadora, estén sentados en la mesa, de lo contrario no sucede nada”, precisó.
“El lunes es la fecha fatal, ellos decidirán, si pueden o no, definitivamente si se suspende el tiempo de la mina detenida. Los miembros (de seguridad) que están allá (Mazapil) están haciendo rondines, buscaría ponerlos en una condición que den certeza a la empresa”, acotó.
Inminente desalojo
“Hay una orden ordenada por un juez del Poder Judicial para lo del desalojo del bloqueo, lo que yo nunca buscaba hacer con la fuerza pública, por eso platiqué con la gente, en su mayoría transportistas, amas de casa y comerciantes, quienes me pidieron que no cerraran la mina”, agregó Tello Cristerna.
“Cava está encaprichada en ver su beneficio, y el beneficio de los dos mil 600 trabajadores directos, y miles de indirectos dónde está. Por eso la aplicación de la ley, buscaremos el desalojo, no creo que haya rispidez porque al parecer, quienes tomaron en el pasado, se deslindan, no son las mismas personas, había otros personajes al frente de la puerta, muy poquitos están ahorita”, detalló.
“Esta empresa no está dispuesta a estar pagando cada toma que reciben. A lo largo del tiempo se generó una costumbre nociva, porque así no debe funcionar un país de leyes, donde te bloqueo y obtengo lo que requiero (dinero)”, tronó el gobernador.
No obstante, Tello Cristerna reconoció que pese a la operación de esta minera en la zona de Mazapil, la comunidad de Cedros no ha crecido económicamente porque “se ve pobreza, atraso, las escuelas, sigue habiendo un atraso, la distancia, la lejanía y el abandono es real, reconozco las culpas del gobierno, de mis antecesores y su servidor”.
“Siento que la mina no hizo comunidad. Son varias comunidades, pero cómo arreglar con ciertas cabezas, no llegó el beneficio a todos, se atoró, no sé dónde, lo dice la gente que no ha recibido ningún beneficio de la mina”, reconoció el mandatario estatal.
Al igual que otras áreas protegidas en Uganda, el bosque de Bugoma ha sido amenazado por la invasión durante décadas;ahora hasta una quinta parte de lo que queda podría limpiarse para plantar caña de azúcar.
Las mujeres, generalmente responsables del cultivo de alimentos y la recolección de agua y leña, sienten los impactos de la degradación forestal de manera aguda.
A pesar de muchos obstáculos, están asumiendo un papel de liderazgo en la defensa del medio ambiente, particularmente contra la creciente presión de las industrias extractivas.
– “¿Cómo es que estas personas vienen a Bugoma para destruir nuestra naturaleza? La naturaleza nos protege ”, dice Beatrice Rukanyanga mientras camina a lo largo del límite del bosque. Los árboles de madera dura retorcidos sobresalen de una maraña de follaje en un lado, y filas ordenadas de pinos y eucaliptos se colocan en el otro.
Rukanyanga corta el bosque y maniobra hábilmente a través de la espesa maleza, seleccionando hojas de diferentes plantas a medida que avanza. “Estoy eligiendo medicamentos para las molestias estomacales. También tenemos plantas que tratan la malaria y los problemas de la piel ”, explica. Para las mujeres que viven cerca del bosque, siempre ha sido una fuente importante de alimentos, medicinas y leña, recursos que están disminuyendo junto con el bosque.
El bosque de Bugoma abarca 40,000 hectáreas (98,800 acres) a lo largo del extremo norte del Valle del Rift Albertine, que divide Uganda y la República Democrática del Congo.
Alrededor de 500 chimpancés han hecho su hogar aquí, junto con una especie de mono mangabey que solo se encuentra en Uganda y cientos de especies de pájaros, árboles y arbustos, lo que hace que el bosque sea uno de los más biodiversos del país.
Durante décadas, el bosque de Bugoma se ha ido reduciendo. Los lugareños dicen que los madereros ilegales pagan a los funcionarios para hacer la vista gorda a sus actividades, mientras que las plantaciones de té y madera en el perímetro empujan el límite del bosque hacia atrás, pieza por pieza. En toda Uganda, la cubierta forestal ha disminuido del 24 por ciento de la superficie terrestre total del país en 1990 al 9 por ciento en 2015, según el Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
Ahora el bosque enfrenta una nueva y grave amenaza. En el extremo norte de Bugoma, se encuentra una excavadora amarilla, esperando comenzar a limpiar el bosque para dar paso a una plantación de caña de azúcar. En 2016, el Reino Bunyoro-Kitara arrendó una quinta parte del bosque protegido restante a Hoima Sugar Ltd. El contrato de arrendamiento fue impugnado, pero un fallo del Tribunal Superior en abril de 2019 encontró a favor de Hoima Sugar y el Reino, una de las más poderosos imperios en África oriental y central, que aún goza de una autonomía significativa bajo el estado. La Autoridad Forestal Nacional ha solicitado la suspensión de la orden judicial y está apelando la decisión.
El auge de los extractivos
Desde los pozos de petróleo que brotan a lo largo del valle Albertine Rift, hasta las islas boscosas del lago Victoria arrasadas por plantaciones de palma aceitera, el gobierno de Uganda está apoyando el rápido crecimiento de las industrias extractivas. Pero en contra de esto está el rápido crecimiento de un movimiento ecofeminista que considera que la protección del medio ambiente es esencial para la protección de los derechos humanos.
Una red de base de mujeres está trabajando para crear conciencia, compartir conocimientos y resistir directamente la destrucción del medio ambiente mientras se crean modelos alternativos de desarrollo. El movimiento espera fortalecer el poder político y económico de las mujeres en la sociedad, y así retrasar la destrucción del medio ambiente natural.
«Cuando éramos jóvenes, este bosque era espeso», recuerda Rukanyanga, recordando una época anterior a la llegada de las plantaciones industriales a la región. “Estaba lloviendo mucho; estaba oscuro donde quiera que pasaras ”. Rukanyanga es la coordinadora del grupo de mujeres agricultoras de Kwataniza, que vive cerca del bosque de Bugoma y que fabrica y vende estufas que ahorran carbón, a la vez que educa a las mujeres sobre sus derechos a la tierra y el uso sostenible de los recursos naturales.
Los patrones de lluvia en la región se han interrumpido en los últimos años, lo que Rukanyanga atribuye a la deforestación generalizada. Un estudio de 2012 en Nature encontró que la deforestación en los trópicos reduce las precipitaciones locales . «El cambio climático ha sido real», dice ella. “El año pasado la gente esperaba lluvias, sembró y la semilla simplemente murió en el suelo. Ahora hay inseguridad alimentaria en la mayoría de nuestros hogares «.
Tradicionalmente, las mujeres son responsables del cultivo de alimentos y la recolección de agua y leña, por lo que sienten los impactos de la destrucción ambiental de manera aguda. Los incidentes de violencia doméstica también aumentan cuando la comida es escasa. «Cuando violas estos recursos, también estás violando a las mujeres», dice Sostine Namanya, quien coordina una red ecofeminista en su papel para la Asociación Nacional de Ambientalistas Profesionales (NAPE).
NAPE, junto con la organización hermana, la Asociación Nacional para la Acción de las Mujeres en el Desarrollo, ha reunido a más de 5,000 mujeres de todo Uganda para exigir justicia de género y económica del gobierno y sus socios industriales. «Las mujeres se conocen, comparten experiencias y crean estrategias juntas», dice, reflexionando sobre cómo facilitan los intercambios entre grupos de mujeres en todo el país.
Siguen los pasos de las pioneras ecofeministas africanas como Wangari Maathai, quien en la década de 1970 fundó el Movimiento del Cinturón Verde , responsable de plantar más de 50 millones de árboles en Kenia y capacitar a decenas de miles de mujeres en prácticas como la silvicultura y la apicultura. .
En Kampala, el movimiento Fridays for Future de Uganda, inspirado en Greta Thunberg, tiene a las mujeres y niñas a la vanguardia. Y en el norte del país, las tradiciones feministas radicales desafían los intereses gubernamentales y corporativos. Aquí se sabe que las mujeres acholi se desnudan en público para invocar una maldición sobre sus enemigos; En 2017, esta táctica fue utilizada por mujeres líderes ancianas para oponerse a las 10.000 hectáreas (24.700 acres) de tierra que se estaban tomando para construir una instalación de procesamiento de azúcar en el distrito de Amuru. La policía respondió con violencia y, a pesar de estas protestas, el gobierno continuó con los desalojos de tierras.
Hablar públicamente contra el gobierno, o las industrias que respaldan, está lleno de riesgos en Uganda. «Pueden gastar gases lacrimógenos», dice Rukanyanga, y señala que la Ley de Gestión del Orden Público de 2013 hace que sea ilegal organizar reuniones públicas sin el consentimiento de la policía. “Entonces hacemos una manifestación pacífica. Escribimos pancartas y vamos con cartas a las autoridades ”, dice ella.
A principios de este año, las mujeres que viven en los alrededores de Bugoma Forest solicitaron al parlamento que se opusiera al arrendamiento a Hoima Sugar, mientras que los grupos de manejo forestal comunitario, cuya membresía es mayoritariamente femenina, patrullan el límite forestal e informan a la Autoridad Nacional Forestal si sospechan actividad ilegal.
Namanya reconoce que el clima político de Uganda limita las actividades del movimiento ecofeminista, y señala que varios miembros han sido agredidos físicamente o arrestados ilegalmente después de hablar públicamente sobre el acaparamiento de tierras.
Pero trabajar en silencio, desde la base, cambiar las actitudes y construir comunidades, también puede ser efectivo, dice Namanya. “El gobierno, incluso el presidente, siempre dice: ‘Ah, [puedes] dejar a las mujeres, no pueden cambiar nada, no son una amenaza’. Eso es algo que silenciosamente aprovechamos para organizar y resistir ”.
¿Quién se beneficia?
Con exenciones de impuestos y arrendamientos largos en tierras ofrecidas por el gobierno, Uganda se considera un destino atractivo para los inversores extranjeros en las industrias mineras y de plantaciones. En el caso de la caña de azúcar, la producción se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas, y Uganda ahora exporta decenas de miles de toneladas cada año .
A cincuenta kilómetros (30 millas) al norte del bosque de Bugoma, se está construyendo una serie de pozos de petróleo a lo largo de la orilla del lago Albert. Desde 2006, se han descubierto reservas de petróleo crudo de miles de millones de barriles en la región, y se espera que el primer petróleo fluya en 2022, el Ministro de Obras y Transportes prevé una inversión de hasta $ 20 mil millones en los próximos tres años. Y a lo largo de la costa norte del lago Victoria desde 2003, BIDCO, un productor transnacional de jabón y aceite con sede en Kenia, ha talado miles de hectáreas de bosques y praderas para plantar palma aceitera.
Los funcionarios gubernamentales dicen que alentar estas industrias es vital para el crecimiento de la economía de Uganda y para la creación de empleo local, particularmente en las zonas rurales empobrecidas. El PIB per cápita de Uganda se encuentra entre los más bajos del mundo .
«Es el estado, son los peces gordos del gobierno, son los extranjeros los que se benefician», dice Namanya, señalando a otros países ricos en minerales en África subsahariana que han caído en la maldición de los recursos. “¿Cómo es que todavía son extremadamente pobres y hay una grave violación de los derechos? No será diferente para Uganda. Tenemos que encontrar mejores formas ”, dice ella.
Es preocupante para el movimiento ecofeminista la forma en que las industrias extractivas que operan en Uganda adquieren tierras; Los desalojos ilegales después de reclamos de tierras falsas, y la compensación inadecuada por los derechos de tierras son comunes. En la isla de Buvuma, elegida para la próxima fase del ambicioso proyecto de desarrollo de palma aceitera del gobierno, las tensiones entre el crecimiento económico, la justicia de género y la protección del medio ambiente son marcadas.
Estudio de caso: Isla Buvuma
“Al principio, cuando pasaba, la mayoría de las islas tenían bosques, pero a lo largo de los sitios de aterrizaje se podía ver madera esperando que se cruzaran los barcos. Luego, después de unos años, era carbón «, dice Jameson Muberwa, un asesor agrícola del gobierno que se mudó a Buvuma, una isla tropical a lo largo de la costa norte del lago Victoria, en 1995.» Ahora ya no se ven árboles traídos a lo largo del sitio de aterrizaje «.
Entre 1991 y 2014, la población de Buvuma aumentó cinco veces a 90,000 personas como tierra barata y la esperanza de trabajo alentó la inmigración masiva desde el continente. Gran parte del mosaico duradero de la isla de bosques indígenas, sabanas de hierba y humedales se convirtió rápidamente en tierra agrícola para los pequeños agricultores. Ahora, los cambios dramáticos están dividiendo el paisaje una vez más con el desarrollo inminente de una plantación de palma aceitera de 10,000 hectáreas en la isla, parte del Proyecto de Desarrollo de Aceite Vegetal del gobierno, en asociación con BIDCO.
«El proyecto de aceite de palma es un desarrollo bienvenido para la gente», dice Gladys Nalunkuma, oficial de recursos naturales del distrito de Buvuma. Ella observa cómo la disminución de las poblaciones de peces en el lago, las malas cosechas relacionadas con la reducción de las precipitaciones en los últimos años y el declive de las industrias de la madera y el carbón han sumido a muchos residentes en la pobreza. Un tercio de la tierra designada para la palma aceitera se ha destinado a unos 2.000 agricultores locales, que suministrarán fruta de palma a BIDCO.
Sin embargo, muchos de los residentes de Buvuma se preguntan si tienen algo que ganar con el proyecto.
«Para las personas locales que no fuimos a la escuela, estaríamos ganando muy poco», dice Shmirah Nansimbe, presidenta del Grupo de Mujeres de Plantación de Árboles de Bukigindi. A través de diálogos con mujeres en las cercanas Islas Ssesse, la ubicación de la plantación original de 10,000 hectáreas de BIDCO, que comenzó a operar en 2003, las ecofeministas comparten conocimientos sobre las realidades de la palma aceitera industrial.
Si bien el proyecto de las Islas Ssesse ha creado alrededor de 3.700 empleos, la mayoría de estos trabajos pagan menos que los salarios vigentes en el área, y a menudo con malas condiciones de trabajo. Como resultado, gran parte de la fuerza laboral son migrantes a la isla, mientras que las comunidades locales luchan por continuar pescando, cultivando y viviendo de productos forestales debido a la degradación ambiental. Con las tierras de los pequeños propietarios ahora ocupadas por la palma aceitera, los precios de los alimentos en la isla también han aumentado. A pesar de las preocupaciones de que estas condiciones se replicarán en Buvuma, algunos residentes han tenido pocas opciones sobre si venden sus tierras al gobierno.
«Cuando llegó BIDCO, no le enseñaron a la gente sobre los aspectos positivos y negativos», dice Mariam Nakatu, quien está liderando un caso legal contra el gobierno por 250 hogares desalojados de Buvuma. «Una mañana, solo se ve gente de BIDCO que viene con el presidente local, y dicen que el título de la tierra ya ha sido entregado [por el propietario]».
Ella describe cómo los agrimensores transferirían discretamente los derechos de tenencia y ocupación de grandes segmentos de tierra a sus asociados, por lo que solo recibirían una fracción de la compensación que les correspondía. Un informe publicado en 2019 por las ONG Tropenbos International y la Ecological Trends Alliance descubrió que la Comisión de Tierras de Uganda omitió los procesos durante la adquisición de tierras y creó arrendamientos a favor de BIDCO. Según el informe, «no se cumplió estrictamente el consentimiento libre e informado previo», mientras que un proceso turbio de valoración y compensación junto con la falta de representación legal condujo a «un gran número de residentes muy descontentos» en la isla.
Al poner a las mujeres en primer plano durante las negociaciones de tierras, el movimiento ecofeminista espera frenar la venta de tierras para las industrias extractivas. Las mujeres, dice Namanya, tienen una comprensión más profunda del valor de la tierra y los servicios naturales que brinda a las familias, por lo que, en primer lugar, están menos dispuestas a vender. «Nuestros maridos venden la tierra que estamos cultivando sin que nos demos cuenta, y cuando reciben el dinero se van y se casan con otras esposas», dice Benine Naluyima, del Ganyana Women’s Group, una cooperativa que fabrica estufas que ahorran carbón y replantan árboles. en la isla.
En busca de medios de vida alternativos y sostenibles en Buvuma, el Grupo de Mujeres de Plantación de Árboles de Bukigindi también ha replantado 18 hectáreas (45 acres) de tierra degradada, que una vez fue bosque tropical protegido, con especies indígenas como la caoba y la musizi. Nansimbe lleva al grupo a una ladera, señalando los cultivos que la comunidad está cultivando a la sombra protectora de los árboles jóvenes. Poco a poco, a medida que el bosque se espese, tendrán una fuente renovada de leña y otros productos forestales.
Sin embargo, el proceso de regeneración es lento y su trabajo se está volviendo más desafiante a medida que cambia el clima. «El sol brilla demasiado durante la estación seca ahora, y es difícil llevar agua a los árboles desde el lago», dice Nansimbe.
Teniendo en cuenta la fortaleza de la industria del aceite de palma y el apoyo del gobierno, otros están dispuestos a comprometerse. Betty Kabwaalu Nanyonjo, quien creció en las Islas Ssesse, visita regularmente Buvuma, comparte sus experiencias y aconseja a las mujeres que no vendan sus tierras. “La gente de afuera viene a comprar tu tierra. ¿Eso es desarrollo? ”, Pregunta ella. Sin embargo, Nanyonjo alienta a las mujeres a «involucrarse» en el cultivo de la palma aceitera. «Deje que la gente cultive la palma de aceite y los inversores compren el aceite», dice ella. «Aceptas el proyecto, porque te guste o no, el proyecto despegará».
Se estima que la Amazonía es el lugar con más biodiversidad en el mundo. Sin embargo, la contaminación por mercurio está poniendo en riesgo a especies emblemáticas como los jaguares y delfines de río, al igual que a peces que son críticos para la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, rurales y urbanas.
Los delfines rosados del Amazonas tienen niveles preocupantemente altos de contaminación por mercurio, sobre todo debido al barrido ilegal de oro, reveló un estudio realizado por varias ONG ambientales, entre ellas, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
El mercurio, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “una de las diez sustancias químicas que plantean mayor preocupación para la salud pública”, ha afectado negativamente la salud de más un millón y medio de personas en la región, mientras que amenaza la salud y medios de vida de millones más a través de la contaminación del aire y el agua y la intoxicación de plantas y animales.
Los investigadores se propusieron medir la tasa de contaminación de 46 delfines de 2017 a 2019, en las principales cuencas amazónicas de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú.
«Todos mostraron un cierto nivel de contaminación por mercurio, con altas tasas para más de la mitad de ellos», dijo Marcelo Oliveira, de WWF Brasil.
«La extracción ilegal de oro es una amenaza real: el 100% de los delfines monitoreados para el estudio han sido contaminados, especialmente en la cuenca del Orinoco (que se extiende sobre Colombia y Venezuela), donde hay grandes concentración de mineros «, dice el estudio.
El mercurio, utilizado para separar el oro de otros minerales, es altamente contaminante.
Pero Marcelo Oliveira considera que la búsqueda de oro no es el único problema. «El mercurio existe en forma natural en la Amazonía, pero se propaga en el agua debido a la deforestación, los incendios forestales y entra en la cadena alimenticia de delfines y peces», explica.
Los altos niveles de mercurio observados en el organismo de los delfines también se traducen en una verdadera «amenaza» para la salud de las casi 20 millones de personas que viven en la región amazónica y que, entre otras cosas, se ven obligadas a consumir pescado contaminado.
«El mercurio puede permanecer hasta 100 años en la cadena alimentaria, ese es el gran problema», concluye Marcelo Oliveira.
Según el Informe Planeta Vivo 2018 de WWF, alrededor del mundo las poblaciones de especies de agua dulce han disminuido en un promedio de 83% desde 1970. Los hallazgos del informe Ríos Sanos, Gente Sana indican que es poco probable revertir esta tendencia en la Amazonía a menos que la contaminación por mercurio sea combatida.
WWF impulsó la creación de la Alianza Regional por una Amazonía Libre de Mercurio, una plataforma que reúne a organizaciones, representantes de gobierno, investigadores y líderes indígenas con el fin de consolidar información, compartir lecciones aprendidas y desarrollar líneas de acción claras, atacando la problemática desde un enfoque regional.
Los investigadores también concluyeron que los movimientos de los delfines no distinguen fronteras internacionales, haciendo necesarios acuerdos entre países para garantizar la protección de las especies.
El estudio se enmarca en la Iniciativa Delfines de América del Sur, formada por las organizaciones Faunagua, Fundación Omacha, Instituto Mamirauá, Prodelphinus y WWF.
Autor: Dina Meza Rights Action / Pasos de Animal Grande
La minera Aura Minerals/MINOSA, está intentando de nuevo, a pesar de la indignación de los familiares de los muertos y de demandas en los tribunales en su contra,exhumar ilegalmente todos los cadáveres del camposanto de Azacualpa, en la Unión, Copán, en el Occidente de Honduras, para minar el oro abajo, y de ahí seguir cerro entero hasta destruir la aldea de Azacualpa, denunció la organización Rights Action en un extenso reportaje publicado este 22 de octubre de 2019.
De acuerdo a la información de Rights Action despues de años de operacion destruyendo la economía local y el cerro de San Andres, ubicado en La Union, Copan, Aura Minerals/MINOSA, tiene aislado al camposanto de Azacualpa pero el pueblo sigue defendiendo su cementerio y la aldea de Azacualpa.
El 15 Octubre 2019, Héctor Antonio Trigueros, defensor ‘criminalizado’ de Azacualpa, y Lisbeth Jimenez de ASONOG, llevaron a Grahame Russell, de Rights Action a pasar por la mina y la comunidad de Azacualpa.
Por la defensa de su territorio la minera tiene criminalizados a unos 20 pobladores de Azaculapa, algunos tienen orden de captura. «La empresa minera está arrasando con nuestro territorio, destruyendo fuentes de agua, contaminando nuestros ríos, talando nuestros bosques y acabando con la paz y tranquilidad que un día disfrutabamos», dijo a Rights Action, Héctor Antonio Trigueros.
Lea el reportaje completo de Rights Action en este link
Cada vez que las agencias federales estadounidenses compran ordenadores o monitores tienen que tener en cuenta los esfuerzos realizados por las empresas fabricantes en la lucha contra los “minerales en conflicto”. Según anunció la ONG estadounidense Enough Project, en marzo del año pasado se aprobó un nuevo estándar en las políticas de compra de los gobiernos federales que incluye cláusulas clave sobre minerales en conflicto basadas en los principios de la diligencia debida.
La Asamblea «El Algarrobo» presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con glaciares y ambiente periglacial. Motivó esta presentación, el acuerdo de integración firmado entre las empresas Alumbrera – Agua Rica e YMAD, para la explotación de Agua Rica utilizando las instalaciones de Bajo la Alumbrera. Cabe destacar, todas las cuestiones sin resolver de este nuevo proyecto de oro. Sin embargo, la empresa minera Agua Rica (Yamana Gold) intenta la explotación pasando por encima de leyes, ordenanzas, decisiones de las comunidades y contaminando no sólo el ambiente, sino las instituciones.
Los delegados se reunieron para discutir áreas de interés común y los próximos pasos para pasar de la exploración al desarrollo sostenible de los recursos minerales de las profundidades marinas.
La minería es una de las principales actividades extractivas que genera divisas y crecimiento económico en diversos países del mundo.
Los agricultores del sector Tumilaca, en el distrito de Torata, y otras organizaciones de 
El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.
La minera Peñasquito que opera bajo la compañía Newmont Goldcorp continúa bloqueada, ante lo cual los directivos fijaron para el 4 de noviembre una mesa de negociación nacional para que continúe operando.
Al igual que otras áreas protegidas en Uganda, el bosque de Bugoma ha sido amenazado por la invasión durante décadas;
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La minera Aura Minerals/MINOSA, está intentando de nuevo, a pesar de la indignación de los familiares de los muertos y de demandas en los tribunales en su contra,exhumar ilegalmente todos los cadáveres del camposanto de Azacualpa, en la Unión, Copán, en el Occidente de Honduras, para minar el oro abajo, y de ahí seguir cerro entero hasta destruir la aldea de Azacualpa, denunció la organización Rights Action en un extenso reportaje publicado este 22 de octubre de 2019.