Soldados visitan una obra donde se procesa el oro procedente de diferentes minas informales. La mayoría del mismo es posteriormente vendido a la compañía estatal Minerven, a pesar de su origen ilegal. Bram EbusA un joven de 19 años de edad «le amputaron las dos manos; le cortaron la lengua y le sacaron los ojos» en la mina Yin Yan de El Callao, estado Bolívar, según denuncia la periodista Pableysa Ostos en su cuenta de Twitter, mientras la foto muestra al agraviado, sentado y cabizbajo, con un pozo de sangre entre las piernas y uno rollo de trapos amarrados en ambos brazos, semejantes a guantes de boxeo. La escena es cruda y dolorosa. Reflejo de le ley que impera en la selva, tanto en la mina Yin Yan como en la mina La Gloria, la mina El Manguito, la mina El Perú o la mina Finlandia de El Callao; así como en otros lugares cercanos a Tumeremo, como en la mina Corre Gente, la mina Los Candados, la mina Guaitó, la mina Bochinche, la mina El Tigre, la mina Hoja Lata, la mina Botanamo, la mina La Camorra o la mina de Pariche, también del municipio Sifontes del estado Bolívar.
La mina Las Claritas, la mina 88, la mina Campanero, la mina El Manteco, la mina Sicapra, la mina El Guey o la mina Tonoro (controlada por venezolanos originarios de la etnia pemón) se suman igualmente a esa larga lista de la tierra de nadie, de la tierra de la muerte. Bien que se trate de la banda de El Coporo (cuyo líder ya fallecido, se llamaba Josué Zurita) y la guerrilla; o de la banda de El Talao (perteneciente a Archian Romero Ará) o de la banda de El Pulpo (ya fallecido); o de la pandilla de Run, en Tumeremo; así como de la mega banda de El Tortugo en El Callao, el cobro de vacunas y la extorsión forman el ajedrez del combate cuerpo a cuerpo, la sentencia punitiva, la declaración de guerra muerte o el exterminio declarado sin ambages.
Otras minas del estado Bolívar han resaltado por la crueldad del crimen, la recurrencia de las masacres, las disputas territoriales y la medición de fuerzas, como ocurre de menudo en las cercanías de La Paragua municipio Angostura (mina El Papelón, mina de Guariche, mina de Chicanán, mina La Bulla Nueva, mina de Tonoro), y en las minas de Maripa Alto Caura. En esa zona de La Paragua han ganado notoriedad bandas como Los Colombianos, Los Niche, banda Los Veinticuatro y banda de Marcopolo, entre otras, por el control de los yacimientos.
Bien que se trate de un enfrentamiento a metralla suelta y pistolas, tanto la banda llamada Grupo R, como la guerrilla del ELN y el ejército venezolano hacen tronar sus armas a plena luz del día como si se tratara del fin del mundo, percutiendo por igual fusiles R-15 y fusiles M-16, pistolas Smith&Wesson y Berettas nueve milímetros; fusiles automáticos ligeros o granadas, en plena ciudad de Tumeremo, principalmente en los sectores El Pariche y El Frío, del mismo modo que lo hacen en las minas en cuestión.
Dos cifras no confirmadas, emanadas por mineros del estado Anzoátegui que salieron disparados por el terror en Guayana durante los primeros meses de 2019, refieren que 300 mineros fueron arrasados por las balas a finales de enero en una mina de Tumeremo, incluyendo niños, mujeres embarazadas, menores de edad y hombres de todas las edades, y que no hubo ningún sobreviviente; y que diputados opositores supieron de estos hechos, pero se silenciaron por temor, y se sostuvo el dato emitido en la cifra oficial de que eran sólo ocho (8) los fallecidos, tal vez para no producir alarma. Sin embargo, una versión reciente del viernes 23 de agosto de 2019 señala, también por la vía anecdótica y testimonial, otra masacre de al menos ciento cincuenta (150) muertos en otra mina de la esa misma zona. Sobre esto último no hay confirmación. Es decir, 450 muertos en sólo dos masacres quedan en el limbo de su confirmación, por cuanto no hay una autoridad creíble que lo niegue o ratifique, o porque se supone que hay quien paga por el silencio de tales crueldades.
Pero, ¿quién asesina en las minas?
Los pobladores describen a grupos armados que visten franelas con el rostro del Che Guevara, pantalones de jeans y botas de combate similares a los grupos armados del ELN que operan en los estados Apure, Amazonas y Táchira, pero son los pranes y jefes de bandas quienes se pelean con aquellos por la supremacía y el control de los yacimientos, cuando no existen acuerdos y se crispan los ánimos.
De menudo aparecen fosas repletas de cráneos y extremidades humanas, y grupos de cadáveres descompuestos por decenas, siendo una práctica muy común mutilar mujeres vivas y hombres vivos por posesión de droga, robo, hurto o irrespeto al orden de mando dentro de las minas. De igual modo, existen sicarios entrenados y muy efectivos para matar en cualquier parte del país a quien, por A o por B, resulta sentenciado a muerte desde algunas de estas minas. El adulterio, por ejemplo, o la negativa a una vejación sexual, así como los celos de un marido que no cede su mujer a los antojos de un jefe de banda «por las buenas», son razones suficientes para el sacrificio de la propia vida, so pena de la condena a muerte a mano de un sicario de postín.
Las listas de desaparecidos y los avisos de solicitudes de señales de vida de parientes cercanos (madres, padres, hijos y hermanos) se derrumban ante el gran muro de silencio que rodea esta escuela de la muerte que es la zona minera del estado Bolívar. Toda la selva guayanesa es ya un gran cementerio de humanos. Trabajadores inocentes y criminales de la peor calaña se confunden entre la carroña, y de menudo los olores de la muerte, la pudrición y los zamuros cubren el ambiente que alguna vez maravilló al mundo por los tepuyes de la Gran Sabana, el Salto Ángel o la magia del parque natural Canaima. En la actualidad un simple viaje de aventuras hacia estas zonas puede convertirse en tragedia. Basta imaginar lo que ocurre en las gasolineras, y en las carreteras de Ciudad Bolívar, donde otras bandas conexas a las mafias de las minas persiguen a los automóviles para atracar, secuestrar, extorsionar, violar y matar a los desprevenidos viajeros; pero nadie ve nada, y nadie sabe nada. Al respecto, no hay alcabala, ni peaje ni control militar que valga. En suma, la vida no vale nada en toda Guayana.
Los llamados «Sindicatos» aportan de igual modo su dosis de terror, vía extorsión y crimen, no sólo en las minas sino en las empresas que operan la extracción de petróleo en la Faja del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías. Los comerciantes y grandes empresarios, así como todo hombre o mujer de negocio que se precie de exitoso y exitosa, u ostente fortuna en el ámbito económico que sea; desde la cría de ganado hasta la siembra agrícola, la explotación de madera o los servicios petroleros; ventas de maquinarias pesadas y autos, supermercados o centros comerciales, debe hacerse de los servicios de militares de alto rango de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas para salvaguardarse y protegerse, amén de quedar expuesto al pago de vacunas mediante la extorsión y la presión criminal, para resguardar las familias y los bienes materiales, la riqueza económica y las inversiones personales.
Son famosos los enfrentamientos entre los sindicatos El Perú y Nacupay en sectores de El Callao conocidos como Los Andes, La Gasolina, El Paraíso y Las Casitas, para los que poco o nada sirven los despliegues de efectivos del orden público pertenecientes a la GNB, FAES, PEB, PNB y DIGCIM, aunque suelen tener bajas esporádicas y sumar heridos a los menguados hospitales del estado Bolívar. También son famosos los sindicatos que operan en Pariaguán, Zuata, San Diego de Cabrutica y El Tigre para controlar la zona de la Faja del Orinoco, apoyados por las altas esferas del poder político y militar, con su centro de mando tanto en Puerto La Cruz como Caracas. De hecho, los organismos de inteligencia militar como el DIGCIM y CICPC conocen plenamente a los líderes de estos sindicatos, y hasta se presumen amigos de muchos funcionarios de estos cuerpos policiales.
El oro y el dólar como monedas de intercambio de grandes sumas de dinero, tanto para matar como para actuar con impunidad y silenciar atrocidades criminales, se extiende al ámbito del comercio de los alimentos, no sólo en el abastecimiento de productos básicos de la dieta diaria de los venezolanos de a pie en Las Claritas, o desde ese paraíso fiscal llamado Santa Elena de Uairén-La Línea de Brasil, sino que impone su rigor monetario al precio del queso y la carne en toda la zona oriental del país, y de los llanos venezolanos.
En ese juego de los alimentos participan en rol protagónico los jefes de bandas de las minas, los pranes de las minas, los sindicatos de las minas, y todo el engranaje delicuencial que se mueve en torno al oro, al petróleo, al coltán, al cobre, a la compra-venta del dólar, y al tráfico de armas y camionetas Toyotas que se exportan e importan por las fronteras de Brasil y Colombia, incluso para ser llevadas al cono sur. Para todo este modus operandi es fundamental la complicidad y anuencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, principalmente desde altos niveles de mando, desde coroneles hasta generales. No los incluye a todos, obviamente, pero hay mucha corrupción y traición a la patria en las filas del estamento militar. Vieja maña ésta heredada, por cierto, de la IV República. Nada nuevo.
Sin embargo, nos asalta una incógnita: ¿Quién le pone el cascabel al gato? El cuestionado y famoso Arco Minero, depredador de vidas humanas y vidas vegetales, de vidas animales y minerales esenciales, ha sido concebido como un recurso estratégico para el desarrollo del país, máxime ante la crueldad del bloqueo económico y financiero impuesto por EE.UU, y todo el accionar del mismo descansa desde hace mucho tiempo en las manos de personal militar. Ningún civil pone las manos al frente del organigrama del Arco Minero. A un general depuesto, otro general puesto.
El control militar sobre el oro es absoluto, pero hay dudas de que éstos tengan las manos limpias de culpa en todo el accionar criminal y de despojo que allí se ventila. Ojala existiera una investigación profunda, creíble, sincera y objetiva por parte de la Fiscalía General de la República, por parte del Ministerio para la Defensa, y del Ministerio de Interior y Justicia, sobre esta situación, y que efectivamente el oro venezolano se depositara en las bóvedas del Banco Central de Venezuela como materia esencial para sustentar nuestras reservas internacionales; y que no sea sólo el mineral de la ambición y la muerte, del crimen y la injusticias, de las mafias y del poder, de la miseria humana y la impunidad absoluta.
Que la muerte no siga imponiendo su ley en aquellos pueblos dotados de gracia y alegría, donde el sensual calipso nos hizo cantar a coro: «El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night… El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…»
Que la muerte no mutile la riqueza cultural y humana de nuestra impresionante Guayana venezolana.
«El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…
El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…»
Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/02/quien-asesina-minas-venezuela/?fbclid=IwAR2MDEiGxTc1QIE7Ya0ksdt1lSel-q-B8_ehIyzvB1Ui3bdJWtSrn4kNULs
El Ejecutivo ha extendido esta medida en parte del corredor vial Apurímac, Cusco, Puno, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velilla de la provincia de Chumbivilcas.
El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, aseguró que la ‘gente no va a parar en su lucha’ en contra del proyecto extractivo Tía María, pese a que este mañana el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción emitida por el Ejecutivo.
Un recurso presentado por el Gobernador de Arequipa había frenado la explotación de cobre por parte de la compañía extranjera Southern Copper, ante una fuerte oposición de la comunidad.
Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy.
Advirtió que hará respetar la ordenanza antiminera aprobada por el Concejo Deliberante, además de remarcar la existencia de un fallo de la Corte Suprema en contra de la actividad.
La unión, el esfuerzo y la perseverancia de la lucha de los mineros de uranio de Portugal llevada a cabo desde hace décadas, logró alcanzar muchas de sus metas mediante al asociacionismo. La creación de la Asociación de Trabajadores en Minería de Uranio (ATMU) fue en 2010, pero previamente formaron una comisión que tuvo como objetivos: 1) Abogar por la recuperación ambiental de las 66 minas abandonadas, 2) Defender el derecho de jubilación de todos los ex trabajadores jubilados, 3) Defender el derecho a los exámenes médicos de todos los ex trabajadores, teniendo en cuenta la contaminación radiológica y 4) Compensación a familiares de ex trabajadores con cáncer. En esta lucha sin fin, ATMU planifica a largo plazo renovando sus órganos de gobierno con los hijos de los antiguos mineros.
Durante el Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva en México, en la mesa «Territorio y defensa del agua», se planteó la fractura en la salud de las comunidades a causa de los megaproyectos industriales y la vulnerabilidad del derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería. Se trata de las personas que habitan las llamadas «zonas de sacrificio ambiental», dentro de un modelo extractivista devastador. Las poblaciones que están en resistencia no fueron consultadas oportunamente, antes de que se implementaran megaproyectos en su territorio que afectan la forma de vida de las comunidades.
Para que la Consulta Popular, realizada este domingo, fuera válida se necesitaba que el 40% del padrón electoral emitiera su voto, y de éstos al menos 1,955 personas debían apoyar el SÍ. Al cierre de la votación la meta se superó, más del 45% dijo sí a declarar el agua como derecho humano en este territorio.