Puede no ser tan relevante si la «motivación» es una gran suma de dinero en efectivo, si es un cheque a una cuenta en las Islas Caimán, una propiedad en algún lugar lejano, o incluso si se trata de un cargo en el gobierno nacional, una embajada o alguna conducción partidaria.

Chubut se encuentra nuevamente en una situación de asedio empresario minero en complicidad con sectores políticos provinciales y nacionales, ante la presión para instalar a PanAmerican Silver en el Proyecto Navidad, un yacimiento de oro, plata y plomo. El paso necesario, una vez más, transita por la Legislatura.

La ambición vendepatria, cuando corrompe el alma de un legislador, es un virus muy difícil de eliminar. Y afecta por supuesto a toda la sociedad, además de convertir en desperdicio las cuantiosas sumas de dinero que reciben como pago desde el Estado, incluyendo  dietas (sueldos) y adicionales, pagadas por supuesto con los dineros aportados por el Pueblo.

Ha sido el caso de los ex-legisladores -si bien algunos continúan en funciones- que a fines de 2014 arruinaron la primera experiencia del sistema de presentación de leyes por Iniciativa Popular en la provincia de Chubut.

En esa ocasión los supuestos «representantes» legislativos se atrevieron a cambiar el texto al proyecto de Ley que la población había elaborado a través de las asambleas de vecinos de la provincia para lograr la prohibición de la megaminería en el territorio provincial, elevándolo junto a las 13.007 firmas de chubutenses que lo acompañaron.

El escándalo fue tan grande que generó marchas de repudio a los diputados y diputadas que traicionaron el trabajo de asambleas y vecinos de toda la provincia, e implicó la caída irrecuperable de la imagen pública de las instituciones y partidos políticos en general, y del Frente para la Victoria chubutense en particular, dado su protagonismo en la generación de la infame maniobra.

Es necesario destacar que pocas veces estuvo en semejante peligro el territorio, los cursos de agua, los ecosistemas y en especial la salud a largo plazo de la población actual y futura, como en esos meses durante los cuales estuvo vigente la «ley mamarracho» -como se le llamó acertadamente.

Durante los días previos, durante la sesión y en los días siguientes, algunas voces se alzaron desde dentro de la cámara de diputados para denunciar las prácticas desleales en que el fraude legislativo se fue gestando y finalmente se concretó.

Unos pocos legisladores pusieron blanco sobre negro y denunciaron las visitas de lobbistas de las empresas mineras, las presiones de espacios partidarios, y la circulación de dineros indebidos en pasillos y despachos de la Legislatura.

Una de esas voces fue la del entonces diputado Roberto Risso, de la UCR, que incluso llegó a presentar una denuncia penal ante la Justicia provincial que, por supuesto, no prosperó.

Hace unos días, casi cinco años después, los vecinos de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel pudimos tomar contacto con el ex diputado durante el programa radial que realizamos semanalmente.

En el transcurso de la charla pudimos recordar aquella infame sesión así como los días previos, y compartir las reflexiones sobre los distintos aspectos a tener en cuenta ante una posible reiteración de eventos en el ámbito de la Legislatura provincial bajo las presiones de empresas y de políticos nacionales y provinciales, entre los cuales se destaca el vicegobernador electo y actual intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.

Compartimos aquí con nuestros vecinos y lectores de otros lugares la charla con el Ex Diputado Risso.

Durante el contacto radial, el ex diputado reiteró que se distribuyó dinero a los diputados en 2014, así como que se ejerció mucha presión sobre todos los diputados, incluyendo reuniones que organizaba el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, reuniones a las que se prohibía el ingreso a quienes fueran críticos de la actividad minera.

Recordó la sesión del 25 de Noviembre de 2014, que pasó a a historia junto a la foto al celular del diputado Muñiz recibiendo instrucciones de un gerente minero,

Mencionó también «la entrega repugnante» de los recursos petroleros, además de la entrega de las arenas silíceas, en ambos casos dejando muy escasos recursos a cambio de nada. La ley de promoción minera de Chubut reduce el canon previsto en la normativa nacional, de un 3% a un 2%, a lo cual se debe agregar «la nula defensa del Estado al medio ambiente».

Ministerios que destruyen controles e instituciones

Puntualizó Risso que al crearse el Ministerio de Medio Ambiente hace unos años en la administración provincial, se dieron de baja muchos otros organismos del Estado que tenían la función de ejercer control y generar información -entre ellas la ex Dirección de Minas- y que pasaron a ser concentradas en el nuevo ministerio.

Como ejemplo de un caso afectado, indicó que «hasta el día de hoy no se ha hecho el control de las aguas del río Chubut a fin de establecer los niveles de contaminación provenientes del proyecto de uranio en Paso de Indios durante el último gobierno de facto».

Falsa interpretación de la zonificación

Retomando el tema de las normativas, y en relación a la Ley 5001 (hoy XVII-68 según el nuevo ordenamiento) explicó que la interpretación de la zonificación minera como un espacio habilitado para realizar megaminería es una tergiversación de lo que se establece en la ley 5001. «No es real que en ese artículo 2 de la ley se estableciera una zona de sacrificio. (…) Fui uno de los autores de esa ley, y hay que ir al debate parlamentario, si alguien tiene una sana duda» sobre el sentido de ese artículo. «La zonificación se puso de buena fe. No estábamos prohibiendo totalmente la minería. La regla general es que no se permite el cianuro, pero esto no está diciendo que no se permitan todas las actividades mineras. Entonces con la zonificación se determinará en qué lugares, y (…) qué tipos de minería -como puede ser la aluvional, (…)» estarían habilitados. La minería no es solamente de oro y plata! hay otros minerales que se extraen, las arenas silíceas son el mejor ejemplo. A eso se refiere la ley, y no como pretenden algunos, mal entretenidos y de mala fe, sostener que esa zonificación fue puesta ahí para determinar una zona de sacrificio en Chubut. Eso es una falsedad absoluta!»

Se refirió además a las restrictivas normativas nacional y provincial, «una ley de inversiones mineras que es tan perjudicial desde lo económico, que establece un canon del 3%, y que en Chubut se bajó al 2! Cuando se va al texto de la ley con los descuentos que se establecen para las empresas mineras, terminamos teniendo que ponerle plata nosotros para que se lleven el oro y la plata».

«Lógico que esos acuerdos se deben modificar. Es como los contratos petroleros: las consecuencias de la entrega del petróleo hasta el agotamiento las estamos viviendo hoy en el Chubut. ¿O alguien tiene alguna duda de que Chubut en la Argentina es una de las tres o cuatro provincias más ricas, que más riqueza produce, el ingreso per cápita supera los 20.000 dólares por persona, estamos a un nivel mucho mejor que Neuquén, y estamos en una situación en que no se pueden pagar los sueldos ni cubrir los servicios públicos esenciales. Cuando la educación entra en crisis, quienes más lo sufren son los más pobres. Es como el agua. Si el agua del río Chubut está contaminada, quienes lo sufren son quienes no pueden pagar el agua mineral. Cuando el Estado defecciona, cuando el Estado fracasa, o cuando está administrado en forma corrupta, y no ejerce los controles que debe ejercer, quienes pagan las consecuencias son los sectores más pobres.»

Arenas silíceas y regalías robadas
Se refirió también al escaso nivel de regalías que dejan hoy los otros recursos naturales que se extraen en la provincia, tal el caso del petróleo, la pesca, y más recientemente las arenas silíceas para la extracción de gas por el sistema de fracking en Vaca Muerta, denunciando que de los 200 dólares por tonelada que YPF paga sólo ingresan a la provincia 0,70 de dólar, preguntándose quién cobra el resto que falta, toda vez que se envían a Neuquén miles de toneladas de arenas silíceas. «Estamos hablando de miles de millones de dólares, en un estado provincial que no puede pagar los sueldos!».

Cuestionó además el ex legislador la contaminación que esas arenas silíceas generan, y la inexistencia de controles sobre la misma.

Las responsabilidades del legislador
Hizo además referencia a la necesidad de informarse y documentarse, una necesidad que vivió como diputado, y que suplió con textos, consultas personales y participación en foros y otros encuentros. En este sentido, remarcó el ex-diputado que «el legislador tiene un solo interés a representar, que es el interés público, no puede representar otros (intereses) … y el legislador debe formarse para defender ese interés.»

Las denuncias de sobornos en 2014

Como testimonio adicional queremos agregar una nota de aquellos días. Unos días después de la sesión, el 7 de Diciembre de 2014, el siguiente texto era publicado en el Diario El Chubut.

 

Quiere que sea derogada la ley…

Risso denunció que diputados recibieron dinero de las mineras

El diputado radical Roberto Risso avivó más el fuego provocado por la aprobación de la Ley que impulsa la consulta popular vinculante por regiones por el tema minero.

 

Denunció que hubo legisladores que recibieron dinero de las empresas mineras para votar el proyecto que fue una entera modificación de la Iniciativa Popular. «Pasaron muchas cosas feas en la Legislatura y no sólo una foto. Hubo diputados que cobraron dinero», denunció Risso, agravando la situación suscitada con aquella imagen del diputado del PJ Gustavo Muñiz, intercambiando mensajes con el gerente de una minera.

El legislador radical hizo declaraciones a una radio de Esquel que también reprodujo el diario Clarín, indicando que «esto a la sociedad le queda como imagen», y denunció que existe una «una estrategia para debilitar la credibilidad del Parlamento». Continuó Risso diciendo que «cuando el electorado insulta a la clase política putea a todos y no se salva nadie».

La semana pasada la mayoría legislativa integrada por el FPV y el tridente de diputados del PJ, modificó por completo un proyecto de Iniciativa Popular que pretendía inicialmente prácticamente la prohibición de la actividad minera metalífera en Chubut. Fue así que terminaron aprobando el proyecto modificado que suspende la actividad minera metalífera de primera categoría por 120 días, indicando que el Ejecutivo debe promover un debate para que, ante la existencia de un proyecto minero con impacto ambiental aprobado, se llame a consulta popular vinculante en la región donde se planifique la actividad.

Risso, junto a su compañero del bloque radical, José Luis Lizurume, promoverán un proyecto de derogación de la polémica ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo. Desde el jueves ya rigen los 120 días de suspensión de la actividad a raíz de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Sin embargo, desde el Ejecutivo se encargaron de reiterar insistentemente que no hubo modificación alguna a la situación imperante antes del 25 de noviembre -cuando se aprobó el polémico proyecto- y que sigue vigente la Ley 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera con utilización de cianuro y a cielo abierto en todo el territorio provincial.

Las expresiones de Risso denunciando que hubo diputados que recibieron plata de las empresas mineras, se suman a otras escandalosas expresiones vertidas la semana pasada por el socialista integrante del FPV, Anselmo Montes, quien también afirmó que hay mineras que «compran a diputados y a jueces».