El capitalismo extractivista, depredador, delincuencial y necropolítico no descansa en su afán de invadir territorios para el saqueo de recursos naturales de los pueblos, ahora con la piel de la oveja de la sustentabilidad
(sic) e incluso, del compromiso social
(sic), como los propagandistas de la empresa Esperanza Silver de México (subsidiaria de la canadiense Alamos Gold), de vuelta en el estado de Morelos, ofertan en el mercado de conciencias comunitarias y apoyos institucionales, con el viejo proyecto minero en el municipio de Temixco, en el que afirman querer invertir 10 mil millones de pesos.
Paradójicamente, el lobo sustentable
y comprometido socialmente
viene acompañado de la mano del delegado federal de los programas de bienestar social, Hugo Eric Flores, quien lejos de preocuparse precisamente por el bienestar de pueblos y ciudadanos morelenses, declara que no ve ningún riesgo en que entre en operaciones la minera porque se tiene que desarrollar la economía del país
, y que la Secretaría de Economía está revisando los permisos de impacto ambiental y del cuidado de los recursos naturales
.
Con toda pertinencia, el Movimiento Morelense contras las Concesiones de Minería por Metales y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) hacen algunas precisiones al delegado de la Cuarta Transformación en Morelos, recordándole que la dependencia donde cobra es en la Secretaría de Estado encargada del bienestar social
y no, al menos formalmente, como delegado-vocero y operador de conflictos de la corporación minera.
Ya desde 2013, dimos cuenta del amplio movimiento ciudadano y de los pueblos en contra de este proyecto de minería tóxica, con comités de lucha que se formaron en Alpuyeca, Miacatlán, El Rodeo, Mazatepec, Cuentepec, Xochicalco, Coatetelco, diversas colonias en torno a la Unidad Morelos y Cuernavaca, cuyo objetivo fue impedir que se estableciera una mina a cielo abierto en las proximidades de la zona arqueológica de Xochicalco, considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco, y a escasos 12 kilómetros en línea recta de la capital del estado.
Vuelvo a destacar sintéticamente las razones vigentes para oponerse a esa actividad minera:
1. La severa contaminación del manto freático, ríos y cuerpos de agua resultante de los procesos asociados a la minería con químicos altamente tóxicos.
2. El consumo desmesurado de agua y energía en una zona donde comunidades originarias y mestizas no tienen acceso suficiente a estos recursos limitados.
3. El vertido al aire de polvos con particulado tóxico que se dispersará más allá de donde se pretende establecer la mina.
4. La destrucción radical del hábitat con el daño a la biodiversidad de la zona, intensificando la deforestación ya considerable en Morelos. Sin embargo, la empresa ahora se anuncia como paladín de la sustentabilidad ambiental
en inserciones pagadas en la prensa, pero irresponsablemente disfrazadas de noticias
. Esa empresa y esaprensa necesitan un diccionario y de paso un poco de vergüenza.
5. El arrasamiento de suelo fértil que ha tenido hasta ahora una vocación agrícola.
6. La acumulación de material tóxico de desecho para futuros años, lo cual impacta las condiciones requeridas para la existencia de seres vivos a corto, mediano y largo plazos.
7.Los tajos abiertos cambiarán el paisaje en forma negativa, lo cual dañará al rubro del turismo y a quienes dependen de esa actividad.
8. El perjuicio irreversible a la salud de las poblaciones originarias y mestizas afectables, en un radio que abarca y rebasa a las comunidades ubicadas en las concesiones o colindantes.
9. Las estrategias ya aplicadas por la compañía minera para comprar la adhesión de la comunidad de Tetlama han generado discordias y conflictos antes inexistentes, intra e intercomunitarios, incluyendo el soborno de autoridades locales para favorecer sus intereses.
10. La Esperanza Silver aplica desde hace años una estrategia deliberada de ocultamiento y falseamiento de información sobre los múltiples efectos nocivos de la minería intensiva. Esta desinformación sistemática tiene su apoyo en la ausencia de información objetiva hacia las comunidades por parte de las instancias gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
11. La empresa, y quienes la apoyan abierta o solapadamente, han producido un clima de confrontación y descalificación en contra de ciudadanos y movimientos sociales que se oponen a la iniciativa minera.
12. La poligonal de la zona arqueológica de Xochicalco es afectable. Las estructuras y vestigios prehispánicos se encuentran en un sustrato geológico vulnerable. Por si ello fuera poco, siendo el área concesionada una extensión mayor de 15 mil hectáreas, el paisaje natural que le da sentido visual y geográfico al asentamiento prehispánico va a desaparecer.
Hoy, como ayer y mañana, sí a la vida, no a la mina.
En los últimos años, Zacatecas se ha mantenido como uno de los estados que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México. Tal es así que en 2017 alcanzó una contribución del 20.7 por ciento, equivalentes a 76.3 mil millones de pesos (Servicio Geológico Mexicano, 2018). Sin embargo, esta situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas. Lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.
En horas de la mañana, once personas -entre trabajadores y obreros de construcción civil- fueron detenidas supuestamente por pertenecer a una organización criminal denominda «El Ladrillo Sindical del Sur», sindicada de extorsión de empresas de construcción en Arequipa.
La explotación e industrialización del litio significó la apertura a importantes acuerdos comerciales para Bolivia en el último año pero también estimuló el aumento de tensiones con Estados Unidos. Durante septiembre, Ivanka Trump arribó a tierras jujeñas junto a funcionarios de gobierno estadounidense para anunciar el financiamiento de una ruta que incluye en su itinerario la denominada ruta del litio.
El miércoles 13 de noviembre se desarrolló la Asamblea General del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que contó con la participación de 400 personas entre expertos, empresarios y organizaciones sindicales y políticas. Allí se aprobó una hoja de ruta para frenarle el paso a Minesa, se ratificó el compromiso para la defensa del páramo de Santurbán, se reiteró el rechazo al nombramiento de Carrasquilla como Ministro de Ambiente Ad Hoc, además se programó la movilización masiva en Bogotá convocada para el 16 de marzo del 2020 en defensa del Agua y la vida.
Pobladores del anexo Retamas-Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, denunciaron al Consorcio Minero Nuevo Horizonte S.A por ser presuntamente responsable de la grave contaminación ambiental que padecen varias comunidades de ese sector de la región 
El jueves 14 de noviembre se reanudó el diálogo en la provincia apurimeña de Cotabambas, tras una cancelación previa del diálogo sobre su Convenio Marco por parte de la empresa MMG Las Bambas. En la reunión se ratificó el adelanto de Canon Minero para los gobiernos locales.
Tras la paralización de las 13 comunidades de la provincia cusqueña de Espinar afectadas por el proyecto Antapacccay – Integración Coroccohuayco de la transnacional Glencore, lograron una reunión de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos, a desarrollarse el martes 19 de noviembre, en la comunidad de Tintaya – Marquiri
Desde hace varios años se viene generando en organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, un intenso debate sobre la responsabilidad que tienen las empresas en la protección y el respeto por los derechos humanos. Plantear este tema no ha sido fácil, porque establecer limitaciones a las empresas genera fuertes resistencias, sea por parte de las empresas que no quieren que se regule sus actividades y también por parte de diversos gobiernos que son bastante flexibles para permitir el ingreso de empresas extranjeras en perjuicio de los intereses de la población.