Internacional

Japón y la ONU anuncian nuevos esfuerzos para prevenir uso indiscriminado del mercurio

Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunciaron hoy un nuevo proyecto para proteger el medio ambiente y la salud humana de los impactos adversos del mercurio. Se asignarán hasta US$3 millones para el proyecto, que ayudará a establecer una red regional de laboratorios de monitoreo de mercurio en Asia y el Pacífico y proporcionará capacitación para los países de la región.

 

Con su experiencia de primera mano de la enfermedad de Minamata, causada por envenenamiento por mercurio y que lleva el nombre de la ciudad donde se descubrió por primera vez, Japón ha desempeñado un papel importante en la reducción mundial del mercurio. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alberga el Convenio de Minamata, un tratado mundial diseñado para proteger al planeta de los peligros del metal.

 

Dechen Tsering, Director Regional de la ONU para el Medio Ambiente para Asia y el Pacífico, dijo: “Los efectos peligrosos del mercurio en el medio ambiente y la salud humana están ahora bien documentados, y la comunidad mundial actúa para proteger a las personas y al planeta. Japón ha sido durante mucho tiempo un líder importante en este tema, y esta nueva contribución solo sirve para subrayar su compromiso”.

 

Tamami Umeda, director general del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Japón, dijo: “En la implementación del Convenio de Minamata, necesitamos acciones efectivas y oportunas. También debemos incorporar a partes interesadas más amplias. Con eso en mente, Japón ha lanzado el nuevo proyecto para mejorar el monitoreo del mercurio como base para mejorar la formulación de políticas basadas en la ciencia hacia la contaminación global».

 

El mercurio se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones y se abre camino en el medio ambiente a través de emisiones industriales y canales como la extracción de oro artesanal. Desde el ambiente, puede ser acumulado por algunas especies que luego son consumidas por humanos, con preocupaciones de salud para poblaciones de alto riesgo. Aproximadamente la mitad del consumo y las emisiones mundiales de mercurio se producen en Asia y el Pacífico.

 

Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento también apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1653

Venezuela

Masacre a comunidad pemón en Ikabarú producto de la guerra del oro en Venezuela

Como parte de nuestras #AlertasOEP reproducimos de manera íntegra el reporte de la Revista SIC del Centro Gumilla, en el que la investigadora Minerva Vitti Rodríguez expone los trágicos eventos acontecidos el 22 de noviembre en el poblado de Ikabarú, al sur de Venezuela, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que cobraron la vida de al menos tres integrantes de la comunidad pemón en ese poblado como producto de la guerra del oro desatada por el avance del extractivismo y la minería en la región.

El Ministero Público confirmó el día 24 de noviembre la muerte de seis personas en la masacre de Ikabarú que habría ocurrido a las 9pm. Las víctimas fueron identificadas como Antonio José Perera Flores, de 46 años y sargento retirado de la Guardia Nacional (GN), Máximo Jeremy Muñoz Solano,de 17 años, alias Coquito; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años, Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años y quien se desempeñaba como vigilante; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años, y Edison Ramón Soto Suárez,de 46 años, alías el Vaquiro.

 

Con información de representantes del pueblo Pemón

Una nueva masacre se está perpetrando al sur de  Venezuela, específicamente en el poblado de Ikabarú, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Los indígenas denuncian que no se trata de una “pelea entre bandas” sino del modelo extractivista minero, promovido desde el gobierno, que se expande por todo el país y que en el estado Bolívar tiene su punta de lanza con la minería aurífera

“22 de noviembre de 2019. 10:40pm: Hay una matazón en Ikabarú”, este fue el mensaje que recibió uno de los informantes cuya identidad queda resguardada para los efectos de esta nota. En horas de la mañana de este sábado se confirmó que la masacre ocurrió entre  las 7 y 7:30 pm del viernes 22 de noviembre de 2019 cuando ingresó un grupo armado a la comunidad de Ikabarú y comenzó a disparar.

Ikabarú es una comunidad mixta, indígena y no indígena, ubicada en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, al sur de Venezuela; forma parte del sector pemón N° 7, tiene una población de 2.500 personas y desde hace varios años parte de su actividad económica se basa en la minería aurífera.

En 2016, Ikabarú fue nombrada como bloque especial dentro de las áreas que forman parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, un proyecto promovido desde el Ejecutivo nacional para la extracción de minerales como oro, diamante y coltán, que se está realizando sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudios de impacto socio-ambiental. Desde entonces varias masacres se han perpetrado en el 12 % (y más allá) del territorio asignado para este megaproyecto.

Según las notas de voz y los informes de los pobladores que recibimos en la redacción de la revista SIC, a la 1:02 am del sábado 23 de noviembre de 2019; la noche del viernes 22 de noviembre de 2019 llegó un grupo armado a Ikabarú e inició un tiroteo al frente del negocio de Dany Tomedes, uno de los habitantes del lugar. En las notas se confirma la muerte de un efectivo de la Guardia Nacional de apellido Perera, un indígena del pueblo pemón habitante de Manak Krü y otra persona aún sin identificar.

“Yo estaba en la Iglesia, la Iglesia que está al frente, eso fue donde Dany Tomedes,  ya ahí estaba el grupo de gente, y empezamos a escuchar tiros, y el desespero, y la gente corriendo, entonces hubo un muchacho que entró con un tiro en la cabeza hasta allá y todo,  y una muchacha que fue a dar esa información, un señor del aeropuerto me nombró a su hijo, me dijo que estaba en una esquina herido (…) Y ellos pasaron por el frente de la casa y dijeron ‘mire, llegó fulanito, un sindicato’ (…) después de eso anduvieron por todas la casas, buscando (…) Si era la autoridad no debieron llegar así porque mataron mucha gente, no pudo haber sido la autoridad, no pudo haber sido la autoridad…”

 

“(…) Si, pasó una desgracia aquí tremenda, hay una cantidad de muertos (…) Perera lo mataron, mataron a Báquiro, no se sabe si Erebys está muerto, el sobrino de Asdrúbal, no se sabe cuántos muertos hay, pero si, esa tragedia está aquí, dos muertos hay, todo fue verdad, todo fue verdad, fue verdad…”

 

“Ese muchacho venía casi muerto de lo asustado que estaba y dijo ‘yo me vine descalzo porque llegó el gobierno, ese poco de gente negrita, vestido de negro, disparando echando plomo’. Y el muchacho llegó muy asustando y allí se escucharon las ráfagas esas…”

 

“Eso fue a tiro de las siete de la noche. Irrumpieron, llegaron ahí de repente, en todo el frente del negocio de Dany Tomedes, y empezaron a disparar, bueno, Perera trató de defenderse, sacó el revólver y le dispararon…y Báquiro, que ya le habían disparado, salió corriendo, cayó junto a la Iglesia que está en la plaza…”

Una de las versiones apunta que el sindicato del Ciego (el que controla La Paragua) llegó para tomar el control de la zona de un hombre llamado Cristóbal quien mantiene el control de la mina La Caraota. Pero esta información no está confirmada. Los representantes del pueblo pemón insisten que lo que está pasando en las minas de El Callao, Sifontes y La Paragua ocurre en territorio Pemón de la Gran Sabana y que hay muchos reportes de la muerte de personas inocentes.

También agregan que a las 12:04 de la medianoche, un Toyota chasis largo pasó por el punto de control indígena Secorfront con efectivos de la Guardia Nacional hacia Ikabarú. Este último dato es importante porque complejiza aún más la situación y los pobladores se preguntan: ¿se trata de grupos armados asociados a sindicatos o son los propios funcionarios militares los que están perpetrando estas masacres para controlar la explotación aurífera en estos territorios?: “La Guardia Nacional tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Hacemos esto de conocimiento público ante todas las instancias, la violación del derecho a la vida en Ikabarú, territorio indígena Pemón y el incumplimiento del gobierno venezolano de su deber de PROTEGER a sus ciudadanos indígenas y no indígenas”, apunta uno de los informantes.

El último reporte enviado desde el punto de control indígena Secorfront N° 6 a las 10 am recoge lo siguiente:

  • 2 testigos han confirmado que los hechos ocurrieron entre las 7 a 7:30pm del viernes 22 de noviembre 2019, frente el negocio de Dany Tomedes en el pueblo de Ikabaru.
  • Según los informes extra oficiales que estamos recibiendo van 8 muertos.
  • Señores y señoras vamos a dar seguimiento a estos hechos. No lo van a esconder ni van a justificar esto con lo de “pelea entre bandas” para seguir matando a personas inocentes. ¡El derecho a la vida es sagrada!

En el informe se aclara que los hechos no ocurrieron en una mina y que no hay ninguna niña entre los fallecidos, con ello desmienten algunas informaciones publicadas en varios medios de comunicación nacional. Del mismo modo, denuncian que en horas de la mañana de este sábado los guardias nacionales les estaban quitando los celulares a los pobladores en Ikabarú, al parecer querían evitar que fotografiaran los cadáveres que aún permanecían en las calles.

Al cierre de esta nota (4:40pm) los representantes del pueblo pemón informan que se ha perdido comunicación con la comunidad de Ikabarú. La última información que se tiene es que a la comunidad estaban entrando cinco carros pertenecientes al Ejército y un helicóptero de Corpoelec. Lo que recuerda el patrón de la masacre ocurrida el 8 de diciembre de 2018 en la comunidad de Canaima y la brutal represión perpetrada entre el 22 y 24 de febrero de 2019 en el marco de la entrada de la ayuda humanitaria. Ambas ejecutadas por agentes del Estado venezolano.

Estos asesinatos ocurren en un contexto de auge de la minería en el sur de Venezuela promovida por Nicolás Maduro, desde el Ejecutivo Nacional.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/11/25/masacre-a-comunidad-pemon-ikabaru-producto-la-guerra-del-oro-venezuela/?fbclid=IwAR0YhLStlXix65YUaMiVrINnpJb1xnRD-868F2LHM7N2OK80ArG7SJ_qw1Q

Perú

Hualgayoc: Nueva acusación de contaminación contra Minera Yanacocha

Un nuevo conflicto social está a punto de estallar en la región Cajamarca. Involucra una vez más a la empresa Minera Yanacocha y a las comunidades aledañas a su explotación y exploración.

Este martes, pobladores de las localidades de Totoracocha, Suan Juan de CorralPampa y El Alumbre llegaron a la ciudad de Cajamarca acompañados de su alcalde provincial, Dr. Marco Antonio Aguilar, para levantar su voz de protesta ante las autoridades pues acusan que la empresa Minera Yanacocha habría contaminado sus captaciones de agua.

Según relató el alcalde de Hualgayoc – Bambamarca, el pasado viernes los moradores de estas zonas vieron que el agua que salía de sus grifos presentaba una consistencia y color distintos, por lo que pidieron la presencia de los funcionarios de la Minera, los mismos que acudieron al lugar, y al ver las evidencias firmaron un acta en la que se comprometieron a entregar agua embotellada y en cisternas.

Los efectos de esta presunta contaminación no solo afectarían a los caseríos antes mencionados, sino que alcanzarían también a todo el valle llaucano.

 

Fuente:http://www.cajamarcaviral.pe/2019/11/hualgayoc-nueva-acusacion-de.html?fbclid=IwAR0gX_JTv3PEMLpD7kNP9gpD9rMRpV-UcwaKl0K_ZCX06KulazKMO9ziKiU

Chile

Entendiendo el silencio de Canadá frente a las protestas en Chile

La semana pasada, se cumplió un mes desde que el presidente chileno, Sebastian Piñera, aprobara un decreto basado en una constitución que viene de la época de la dictadura para declarar un estado de emergencia en 10 de las 16 regiones del país como también declarar la “guerra” contra manifestantes.

El conflicto, que se ha entendido de forma simplificada como una reacción a un alza en los precios del metro en Santiago, tiene raíces profundas en la inequidad económica y la disparidad entre los ricos y los pobres del país; en una constitución de la época de la dictadura que restringe de forma severa las libertades civiles; una pésima distribución de servicios básicos esenciales para la población trabajadora como son los servicios de salud y la jubilación; y una agenda extractivista que saquea al agua y el medio ambiente para intereses industriales.

Los eventos que se han venido desarrollando en Chile sin duda alguna han dejado con sorpresa a muchos de los que ha estado siguiendo a los grandes medios de comunicación (y quizás hasta al mismo Piñera) debido a su carácter generalizado y persistente. Sin embargo, lo que nosotros en Canadá no estamos viendo es la brutal represión inhumana que esta siendo ejercida por las policía militar “carabineros” contra los manifestantes a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), la represión ha provocado (hasta el 15 de noviembre, cifras seguramente conservadoras):

  • Mas de 20 muertos
  • 217 heridos con lesiones oculares que han resultado en ceguera (muchos de ellos han recibido disparos en el rostro de manera intencional)
  • Mas de 2,000 heridos
  • Mas de 6,300 detenidos

También se han presentado denuncias de abusos sexuales contra las mujeres y cifras elevadas de heridos y detenciones a menores de edad por parte de los carabineros.

El silencio de Canadá con respecto a estos abusos (en yuxtaposición con sus reacciones inmediatas antes las crisis en Venezuela y Bolivia) es estratégico y los intereses mineros canadienses pueden ser una de las razones por las que Canadá se ha hecho la vista gorda a la represión quizás más brutal que el país haya vivido desde la época de Pinochet.

Esto no es Sequía, Esto es Saqueo!

Según reportes oficiales, Chile está enfrentando una de las sequías más duras en su historia. En septiembre 2019, Piñera decretó “estado de catástrofe por sequía” para las regiones Atacama, Coquimbo, y la región metropolitana. Oficiales del gobierno señalaron que la sequía, la peor en 60 años, era el producto del cambio climático.

Sin embargo, para la población que vive cerca de proyectos extractivos, y para organizaciones como el Movimiento para Agua y Territorios (MAT), la excusa del “cambio climático” permitió  que las industrias agro y minera dejarán de ser objetos de una crítica pública por su uso irracional y no sustentable de este recurso. Según Camila Zarate, vocera de esta organización, “Nos dicen que el cambio climático está causando la crisis del agua. Sin duda tenemos escasez de lluvias y esto es un hecho histórico, sin embargo, ¿sería esto la principal causa de la sequía? …nosotros sabemos que en realidad la demanda de agua supera la cantidad de agua disponible. Sin embargo, el incentivo es continuar extrayendo agua para usos industriales agrícolas y mega-mineras”.

La explicación del cambio climático está siendo manipulada por la misma industria para absolverlos de cualquier responsabilidad que puedan tener sobre el medio ambiente donde trabajan. El gobierno canadiense también está manejando un discurso similar en defensa de las mismas empresas mineras. En agosto de este año, MiningWatch Canadá se reunió con miembros de Asuntos Globales Canadá (GAC) y un miembro de la organización chilena Putaendo Resiste, quienes están en resistencia contra una minera junior canadiense. Cuando el miembro de la comunidad habló sobre la escasez del agua y la amenaza que la empresa representa para ello, el funcionario de GAC la miró y le dijo “¿Cómo puede usted estar segura de que las actividades de la empresa están provocando la sequía? Yo se que la región está siendo impactada por el cambio climático.”

En Chile, el acceso al elemento esencial para la vida, está privatizado.

Es también el mayor productor de cobre al nivel mundial, donde mega-minas de cobre demarcan el paisaje en la región norteña. Las minas de cobre a cielo-abierto acaparan agua y el impacto de actividades mineras de gran escala ocurren al lado de regiones ya amenazadas con escasez severa de agua y condiciones desérticas.

En 2018, la Comisión Chilena de Cobre, señaló que la industria de cobre consumía 16.25 metros cúbicos de agua por segundo. Esto significa 512 millones de metros cúbicos por año, lo que representa 1.5 veces el consumo anual de las 2.8 millones de personas que viven en Toronto. La comisión previó que el consumo de la industria se iba a incrementar durante los próximos 5 años, pero que el agua desalinizada (que ahora representa menos del 10% del consumo total) podría servir como “colchón” a este incremento, eventualmente representando un tercio del agua que consume la industria.

MiningWatch Canadá estuvo en Chile durante las semanas más duras de la sequía y visitamos a comunidades en la quinta región quienes hablaron con miedo y horror sobre el acercamiento del desierto del norte hacia sus comunidades. También hablamos con varios representantes de comunidades del norte afectadas por la exploración y explotación minera.

Al nivel local, la irracionalidad de semejante sistema, que en muchos casos depende de la construcción de ductos cientos de kilómetros de largo para transportar agua dulce y/o del mar donde todavía existe este recurso hacia las minas, esta bastante clara para los chilenos que tienen acceso al agua cada 10-12 días. Los ríos están secos, y las fuentes ya canalizadas y embalsadas para asegurar que los “dueños” de este recurso lo reciban sin interrupción.

Cuando nos reunimos con comunidades afectadas por una empresa minera canadiense Los Andes Copper, una empresa que tiene un proyecto de exploración para una mega-minera de cobre, los vecinos expresaron angustia cuando sus compañeros regresaron de la cordillera con sus ganados. De la pequeña comunidad ganadera de Los Patos, en la cercanía del proyecto, muchos comentaban que “50 cabezas cabras no sobrevivieron” y, “más de 100 vacas murieron” con pena y preocupación ya que muchos de ellos todavía dependen de las antiguas prácticas del pastoreo cíclico. En las poblaciones cercanas de Putaendo y San Felipe, observamos caballos y ganado “perdidos”, quienes muertos de sed y el hambre deambulaban sin sus dueños en búsqueda desesperada por el agua.

Hasta los arbustos andinos de cordillera, acostumbrados a las sequías, están muriendo,” dijo un residente mientras pasábamos kilómetros tras kilómetros de arbustos y cactus quemados bajo el fuerte sol andino.

Y la problemática no empieza solamente con las minas, sino que es estructural y penetrada en el tejido económico y político de las industrias de la nación. El pólemico proyecto, “Alto Maipo”, un mega-hidroeléctrica en la región metropolitana de Chile, es un caso emblemático de la colusión entre los poderes económicos y políticos para promover proyectos que meramente beneficiarán a la elite chilena. Según Anthony Prior, vocero de la organización Red Metropolitana No Alto Maipo, la industria minera es el principal beneficiado. Pero, también subraya que, las protestas que se viven  hoy en día en el país, no pararán hasta que las principales demandas sean resueltas:

El pueblo está movilizado en las calles y vamos a seguir resistiendo hasta recuperar nuestra agua como un bien público y un derecho humano.

Las Empresas Mineras Canadienses Contribuyen a la Agenda Extractivista

Según una base de datos de MiningWatch Canadá, hay en la actualidad más de 40 empresas mineras canadienses con más de 100 minas y proyectos en Chile. Chile y México ocupan el segundo puesto (después de Estados Unidos) para la inversión directa canadiense en el exterior en el sector minero. La mayoría de estas empresas son empresas juniors involucradas en la especulación y la exploración del litio y el cobre. Sin embargo, empresas grandes como Yamana Gold, Teck Resources y Lundin Mining tienen minas en operación en el país. Por tanto, hay que entender el silencio por parte del gobierno de Canadá, dentro de este marco.

En septiembre del 2019, MiningWatch Canadá se reunió con comunidades y organizaciones chilenas afectadas por mineras canadienses y en vista de que muchas de ellas se unieron a las protestas nacionales en octubre, volvimos a contactarnos. Nos dimos cuenta de que estas organizaciones estaban vinculando sus luchas particulares con las demandas nacionales y queríamos asegurarnos de que el público canadiense se enterará de ello. Descubrimos que las preocupaciones que tenían sobre el agua, la contaminación al medio ambiente, y la desigualdad económica, les dieron el impulso para que ellos se unierán a las marchas y acciones de forma sostenida.

Las Empresas 

Los Vizcachitas, Los Andes Copper (Comuna Putaendo)

Los Andes Copper es el operador del proyecto Los Vizcachitas. Este proyecto, actualmente en pre-factibilidad, pretende desarrollar una mina masiva de cobre a cielo-abierto, cuyo tajo terminaría directamente por encima (y cuyo yacimiento esta debajo) del rio Rocín. El rio Rocín es la fuente principal de agua dulce para las comunidades rio abajo, sobre la controversial represa nuevamente construido a beneficio de la industria minera y agrícola, según denuncian los comuneros. Es importante también destacar que la represa de los relaves de la mina en los escenarios preferidos por la empresa (110ktpd y 220ktpd) quedaría sobre el Rio Chalaco, a un poco mas de 10 kilómetros por encima de la comunidad Los Patos.

Putaendo Resiste! Es una agrupación de representantes de una diversidad de organizaciones de la comuna de Putaendo quienes han estado organizándose frente a la explotación minera.  Su mayor preocupación es la protección del agua, un recurso cada ves mas escaso, dado de que la comunidad esta alimentada por un glaciar rocoso donde se pretende instalar la mina. También se preocupen por la potencial contaminación o posibles derrames que podrían resultar de las operaciones mineras dado su proximidad a las comunidades rio abajo.

Ellos hacen conocer que entre el 2007 y 2008 la empresa fue negado su permiso de Declaración de Impacto Ambiental por violaciones que ellos hicieron durante su programa de perforación. Después, en el año 2015 al 2017 durante otra fase de perforación ellos fueron sancionados por haber desviado el rio Rocín y por haber utilizado el agua sin los usos de agua requeridos.

Actualmente la empresa esta tratando de obtener las licencias ambientales necesarias para poder proceder con una nueva ronda de perforaciones, y ellos esperan empezar este año. Las comunidades denuncian que sus voces, a pesar de su unidad en los pueblos y su declaratoria como primera comuna chilena “libre de minería” están siendo silenciadas por la empresa y el gobierno chileno.

Putaendo Resiste han estado presentes en los esfuerzos de organizar y participar en la mayoría de las marchas y acciones en la comuna desde la declaración del Estado de Emergencia hace un mes atrás.

Ellos hacen notar que se juntaron a las movilizaciones nacionales por muchas de las mismas razones expresados en Santiago. Su lucha contra Los Vizcachitas, es un microcosmo de una crisis económica y social que se esta viviendo en Chile actualmente. Ellos dicen:

“Somos parte del pueblo y vivimos la injusticia al igual de todos, el modelo económico se basa en la sobre explotación de los bienes naturales generando zonas de sacrificio con hartos niveles de contaminación donde a las empresas les da lo mismo contaminar niños y familias.  La minería es una de las actividades más depredadores con altos niveles de consumo de agua y destrucción de glaciares en la cordillera de los andes y son los dueños de estas empresas quienes se ubican dentro del 1% de los súper ricos en chile, lo que produce que la crisis económica sea también social y ambiental y entre las principales demandas expresadas por los manifestantes en todo chile es el acceso al agua como un derecho ocupa un lugar muy relevante.”

Carmen de Andacollo mine, Teck Resources (Andacollo)

La mina “Carmen de Andacollo” es una de los tres activos que tiene esta empresa en Chile. Durante el verano de este año, Teck anunció un acuerdo de riesgo compartido de varios mil millones de dólares con la empresa japonesa Sumitomo Metals para la mina “Quebrada Blanca”. Sin embargo, y a pesar de este plan de expansión que se suma a un plan intensivo en capital para la automación de sus minas, la empresa arguya que están en una crisis económica y por tanto los trabajadores de la empresa tienen que soportar recortes.

La mina Carmen de Andacollo es una mina de cobre a cielo abierto con 474 trabajadores.

Como consecuencia, las operaciones en esta mina han sido paralizadas por mas que un mes desde que el sindicato declaro una huelga general tras muchos intentos fallidos de llegar a un acuerdo colectivo justo con la empresa. Según el presidente del Sindicato Minero de Trabajadores Carmen de Andacollo, Manuel Alvarez, las principales demandas del sindicato son: un incremento salarial para coincidir con una nivelación con las demás minas de cobre en Chile; inversiones en servicios y seguro de salud y mejores condiciones para los trabajadores que sufren de enfermedades “catastróficas”; y mejores condiciones de publicación para trabajadores de larga data.

A pesar de que las demandas son relativamente básicas para esta empresa, Teck niega a acercarse a las demandas del sindicato. La membresía del sindicato el 14 de noviembre se negó a ratificar el acuerdo propuesto por la empresa dando conocer que no era una propuesta justa y determinaron, hace pocos días, de “radicalizar” sus medidas de presión con la toma de una vía de transito para tratar de presionar a la empresa para que vuelva al dialogo.

Quizás la demanda mas preocupante es el propósito de que Teck asiste a los trabajadores con prestamos de corto plazo para los elevados costos que ellos incurren cuando tienen “enfermedades catastróficas”

“Algunos de nuestros compañeros están sufriendo de leucemia: esto es una enfermedad catastrófica. Queremos que estos compañeros puedan atender a su enfermedad con dignidad porque esto obviamente pesa muy fuerte sobre la familia y la comunidad,” dijo Álvarez

Representantes del gobierno han determinado que Andacollo es una región “saturada por la contaminación” cuyos niveles de polución del aire son unas de las mas altas de la región, lo cual tiene graves impactos para la salud de la población local. La organización mundial de la salud situó a Andacollo dentro de las peores 20 ciudades de America Latina con respecto a las altas concentraciones de Material Particulado Respirable que, según ellos, producen mayores índices de ataques cardiacos, enfermedades respiratorios y cáncer. Un experto en salud hizo conocer en una entrevista que esta contaminación en Andacollo viene de la actividad minera principalmente, por el polvo que generan las volquetas saliendo de la mina.

La Agrupación Ambiental y Social de Andacollo es un colectivo urbano que esta luchando por 12 años para el derecho de vivir en un ambiente sano. Ellos notan que el mayor riesgo que presenta la empresa minera canadiense para el pueblo de Andacollo es a “la salud y la calidad de vida de la gente…desde que llegaron las mineras hay un incremento dramático de enfermedades respiratorias, cáncer y leucemia según datos de los hospitales locales.”

“Gracias a Teck Andacollo vivimos en un estado permanente de polución y división social constante por una serie de promesas falsas y acuerdos rotos con la empresa.”

El agua es también un tema de suprema importancia para la agrupación. Ellos piden que la empresa “deje de utilizar agua dulce para la mina, que por la sequia es aun mas importante porque lo que queda esta siendo agotado y contaminado,” piden que se “invierte en tecnologías de desalinización.”

La agrupación ha estado asistiendo en las protestas masivas en el país y ellos notan que hay muchos puntos de concuerdo entre su lucha de 12 anos y las movilizaciones del ultimo mes. El modelo extractivista, según ellos “esta promovido en la misma constitución y permite la explotación indiscriminada de los recursos naturales, el agua y la energía sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo y cuando la gente expresa sus preocupaciones están pisoteados por reclamar que se respecta a sus derechos.”

¿Y su mensaje al publico canadiense? “A sumarse en solidaridad y crear consciencia sobre los conflictos ambientales que las empresas mineras canadienses están provocando en Chile.” 

Proyecto Alturas, Barrick Gold (Valle del Elki)

“Barrick Gold Miente, Saquea y Contamina!”

El Proyecto “Alturas- Del Carmen” es otro ejemplo de un proyecto binacional de exploración aurífera que se sienta sobre la cordillera chilena/argentina, siguiéndola mas al sur de Pascua Lama y Veladero.

Según la Asamblea en Defensa del Valle del Elki, una agrupación multicultural que esta trabajando formalmente ya seis años para defender a los glaciares contra la mega-minería, el mayor riesgo que representan las mineras canadienses para las comunidades es “es entorno a la contaminación de las aguas, ya que habitamos una cuenca hidrográfica muy sensible a su escases y contaminación.” El otro riesgo identificado esta relacionado con el primero: la minería representa una amenaza a los glaciares cercanos de la región.

Aquí su trabajo colectivo es para prevenir y sus miembros esperan que tienen éxito en prevenir que su valle, sus ríos y sus glaciares, terminan siendo otra “zona de sacrificio”.

“El proyecto minero binacional Alturas-del Carmen que pretende ser mas grande que Pascua Lama, se sienta sobre los glaciares que alimentan la vida de la cuenca del Elki, se ubica a 10 kilómetros del glaciar el Tapado el más grande de la región de Coquimbo, que aporta cerca del 20% del agua del rio Elqui”

Cuando les preguntamos si ellos han estado sumándose a las protestas durante las ultimas semanas ellos contestaron de forma afirmativa, diciendo “el fin al modelo extractivista es una de las motivaciones que nos lleva a trabajar en la derogación de la constitución del estado-nación chileno, constitución que se sigue instalando con balas y la sangre de nuestrxs compañeros y compañeras que hasta hoy han sido asesinadxs y torturadxs. El modelo extractivista salvaje instalado por las multinacionales y fomentado por el estado-nación chileno en nuestros territorios es el principal responsable del sufrimiento de nuestro pueblo.” 

Las comunidades del valle del Elki exigen que “cese inmediato de las exploraciones y actividades mineras de Barrick Gold en nuestro territorio, ya que consideramos son un atentado para la vida del ecosistema que como comunidad habitamos.”

Valle del Huasco, Pascua Lama (Barrick Gold) and Nueva Union (Teck-Newmont/Goldcorp) 

No podemos hablar sobre la minería canadiense en Chile sin hablar del Valle del Huasco donde unas de las batallas mas emblemáticas sobre el ambiente natural entre una empresa canadiense y pueblos optando por la vida y el agua, han sido una realidad por mas de una década.

MWC ha estado en contacto con el Coordinador para la Vida del Valle del Huasco quienes han sido firmes en su resistencia contra la exploración minera es una lucha para preservar la vida que incluye el acceso al agua dulce y limpio para sus futuras generaciones. Empresas mineras canadienses gigantes como Barrick Gold (Pascua Lama) y Teck Resources (Nueva Union) están metidos en peleas legales y sociopolíticos para desarrollar proyectos mineros millonarios in regiones que seguramente son de las mas importantes para el futuro, los glaciares.

Estas resistencias comunitarias tendrán un papel céntrico en un próximo reportaje que examinaría como las empresas mineras canadienses están contribuyendo a la exacerbación de la crisis climática y ecológica en explorar en los glaciares de la cordillera andina, una de las pocas fuentes de agua que quedan para el consumo en esta región.

Minera Tres Valles, Sprott Resource Holdings 

Finalmente, y a pesar de que no logramos comunicarnos con los miembros de las comunidades afectadas por la mina Tres Valles (Sprott Resource Holdings) de forma directa, pensamos que es muy importante incluir al pronunciamiento para la empresa de esta comunidad después de la tragedia reciente que ocurrió donde, según alegan las comunidades, un vecino de la zona fue matado por una guardia de la empresa minera que manejaba un arma de fuego. Sprott Resource Holdings, como muchas de las empresas arriba mencionadas, tienen minas sobre la cordillera andina, donde muchos ganaderos han transitado con sus ganados por muchos años durante la época seca. Cabe mencionar que durante nuestra visita a chile escuchamos muchas quejas de muchas organizaciones sobre un proceso de cerco a las tierras que antes eran conocido y utilizados para el pastoreo y transito. En algunos casos los pasos ya se encuentran cerrados obligando a que la gente en unos casos, toman rutas mas largas y en otros casos, cerrando el paso por completo y así negando el acceso al agua para el ganado. Los que han sufrido de este proceso de privatización y cerco de tierras de sentido de bien común han sido los ganaderos de pequeña escala cuyas familias han estado realizando esta practica por siglas.

Queda claro en este pronunciamiento, como en otros casos, que las comunidades denuncian una falta de claridad con respecto a las zonas de libre transito para tierras comunales. Obviamente, mientras mas empeora la situación de la sequia en el país, el paso a los humedales se vuelve un asunto de vida y muerto para los ganaderos quienes dependen de las glaciares para alimentar a sus ganados durante la época seca.

La Minería forma parte del problema, entonces no puede ser la solución 

En septiembre del 2019, MiningWatch Canadá conjunto al Observatorio de Conflictos Ambientales de Chile (OLCA), el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), War on Want y The London Mining Network, facilitamos una serie de reuniones durante dos días para analizar la relación entre la crisis climática, la transición energética y el extractivismo minero. OLCA convocó a que las reuniones tuvieran lugar en Santiago de Chile en anticipación a la COP25 y el Cumbre de los Pueblos para tratar de alentar y influir a los debates sobre la crisis climatice en este país y al nivel mundial. De esta reunión, 26 organizaciones latinoamericanas e internacionales firmamos un pronunciamiento publico que cuestionaba las principales premisas de las causas y soluciones a la crisis climática.

Como ya mencionamos, Chile es el productor de cobre mas importante al nivel mundial y el segundo productor de litio. Ambos metales han sido identificados como críticos para la transición energética.

Quizás no es sorprendente entonces ver a la industria minera captar esta visión de la transición energética, felizmente promoviendo una solución minera a la crisis climática. En Chile, en América Latina y en Canadá, ya se escucha a las empresas presionar a las comunidades con discursos de: “si ustedes quieren salvar a la planeta y el futuro de sus nietos, entonces es imperativo que nos dejen producir x,y,z metal.”

Por tanto, es importante y urgente que las organizaciones y comunidades de los países productores tienen la oportunidad de contraponerse con este discurso. Aquí abajo viene algunas secciones del pronunciamiento completo que usted pueda encontrar aquí:

Reconocemos…Que el crecimiento económico en el Norte Global y las potencias emergentes se esconde tras el discurso de la ‘transición energética’ incrementando exponencialmente las zonas de sacrificio para garantizar el suministro de minerales para las llamadas tecnologías ‘verdes’, a costa de la explotación de nuestros territorios y la precarización de sus habitantes, intensificando la crisis ecológica.

Que a la histórica y manifiesta resistencia existente en nuestras comunidades urbanas y rurales del Sur Global ante la crisis climática, hoy se suma el pánico que se ha instalado en el Norte Global. El pánico no puede imponernos falsas soluciones ni reproducir el extractivismo.

Que la crisis climática, como parte de una crisis ecológica, es una condición del modelo de desarrollo mundial capitalista, que requiere múltiples acciones conjuntas de los pueblos del mundo.

Denunciamos…Cualquier intento de las empresas mineras de beneficiarse de la crisis climática con engaños como: Relaves Inclusivos y/o “adopción” de pasivos ambientales, Minería Responsable, Minería Verde, Minería Sustentable, Minería Ecológica, Minería Limpia, Minería Climáticamente Inteligente, Mecanismos de Compensación frente a daños sociales y ambientales, Economía Verde y cualquier otro concepto que busque lavar su imagen o permanecer en la impunidad.

Que a la fecha las “COPs” no han aportado a la solución de los problemas de injusticia climática y desigualdad provocada por el extractivismo depredador, concentrando las decisiones a la sombra de los intereses empresariales responsables de la crisis climática actual.

Lucharemos…Para defender el agua en todos sus estados como fuente de vida y para sembrar, celebrar y fortalecer territorios libres de minería.

A pesar de las manifestaciones continuas en Chile, Sebastián Piñera sigue siendo presidente de la junta del COP25 ahora en España. Hasta la fecha el no ha respondido por la brutal represión que sus militares cometieron contra su el pueblo chileno quienes están reclamando, entre otras cosas, una agenda para enfrentar la emergencia climática. Por tanto, no deberían permitir que el siga con este mandato en la COP con semejante sangre derramado en las calles chilenas. Este pronunciamiento por Unidad Social exige que le obliguen a renunciar su cargo en España.

Nuestras socias chilenas quieren informar al publico canadiense que, a pesar de que la COP25 ya seria en España, ellos seguirán con la agenda del Cumbre de los Pueblos. El sistema privado de agua, la sequia, y el rol de la industria agrícola y minera dentro este marco, van a ser temas centrales en sus mesas de dialogo y acciones. Usted puede ver el programa aquí.

Empresas mineras como Teck tienen retos de sustentabilidad relacionados de forma directa según ellos, para reducir a las emisiones de carbón para enfrentar el cambio climático. Pero, hay que preguntar, como nuestras compañeras chilenas nos han hecho conocer, ¿es posible combatir el cambio climático si ellos mismos están contribuyendo a la crisis ecológica? Sus minas en Chile, y seguramente su enorme mina de petróleo, el proyecto “Frontier”, a la par con el silencio del gobierno de Canadá a pesar de sus propios retos para enfrentar el cambio climático, hablan mucho mas fuerte que cualquier pronunciamiento de sustentabilidad.

Las protestas, ahora entrando en su quinta semana (y la represión incesante) es un asunto que debería de preocuparnos a todos los canadienses quienes pensamos que hay que tomar medidas para enfrentar la crisis climática. Cualquier solución que se toma en Canadá, no puede ser construido sobre las espaldas de mas zonas de sacrifico en el Sur.

MiningWatch Canada y nuestras organizaciones socias en Chile están buscando a periodistas quienes estarían interesados en cubrir el Cumbre de los Pueblos. Si usted tiene interés en hacer un reportaje, requiere mas información, o le gustaría entrevistarse con algunas de las organizaciones participando en la organización, comuníquese con Kirsten Francescone (kirsten@miningwatch.ca).

 

Fuente:https://miningwatch.ca/es/blog/2019/11/25/entendiendo-el-silencio-de-canad-frente-las-protestas-en-chile?fbclid=IwAR2S_x7pvjWvMXskrA_hEbnasHvQ33_0mDNc7pMPkmhfukJavvu72Q6zywE

Argentina

La megaminería NO promueve el desarrollo local

A continuación transcribimos fragmentos del mito/capítulo 5 del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”. Nos parece de suma importancia para Chubut divulgar los hechos y análisis que allí se relatan en momentos en los que, como el actual, las empresas mineras hacen lobby en las instituciones democráticas. Desenmascarar sus mentiras es un deber ciudadano.

Lo que se afirma aquí es que la megaminería NO GENERA DESARROLLO LOCAL. Y para demostrarlo, tomamos el caso de Bajo La Alumbrera en Catamarca.

Los procesos de encadenamientos productivos dinámicos a partir de la minería se dan únicamente en los casos de los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Australia), que son los países donde se hallan radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cade- nas de valor a escala global. En el caso de países especializados en la provisión de materias primas, lo cierto es que ninguno de ellos ha superado la pobreza y el subdesarrollo gracias a la gran minería transnacional. En la Argentina, el caso de Catamarca ilustra esta situación.

Tras catorce años de explotación de Bajo de la Alumbrera, el primer emprendimiento megaminero radicado en el país, el paisaje socioeconómico de la provincia no ha cambiado favorablemente, sino todo lo contrario: se evidencia la intensificación de preocupantes indicadores “sociales” con niveles de pobreza e indigencia, de desempleo y subempleo, y con porcentajes de población “asistida” a través de los diversos “programas socia- les” de los más altos del país, e incluso, con algunos valores superiores a la media de la región del Noroeste argentino (NOA). La acentuación de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo contrasta notablemente con la “evolución” de las variables macroeconómicas en un contexto de fuerte expansión de las exportaciones mineras.

El “crecimiento” de la minería se ha dado en el contexto de una retracción de los niveles de actividad de la industria, la construcción y el sector agropecuario provincial, a tal punto que, entre 1997 y 2002, mientras que la variación del valor agregado del sector minero se incrementó en un 11.353,3%, la industria sufrió una variación negativa del 22,1% y la construcción del 47,7%. Un estudio oficial señala que “el sector minero constituyó la fuente de crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG) durante el período 1997-2002 […] compensando las caídas de las restantes actividades productivas” (DPPD, 2005: 70), lo que en realidad puede interpretarse como un sola- pamiento del deterioro de las capacidades productivas del territorio provincial.

Comparando los años anteriores y posteriores al inicio de las actividades de Minera Alumbrera, se puede observar una profunda transformación en la estructura productiva de la economía provincial. El crecimiento de más de 18 puntos porcentuales promedio de la participación del sector minero ha ocasionado una correlativa retracción de la casi totalidad de las restantes actividades; entre ellas, resalta la magnitud del retroceso de la industria manufacturera, con una caída de 10 puntos porcentuales, y del sector terciario en general, que desciende en 7 puntos en los períodos comparados.

Un estudio de una dependencia del propio Ministerio de la Producción del Gobierno de Catamarca, señala al respecto:

La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en motor de la economía provincial (DPPD, 2005: 68).

Probablemente, por la veracidad de este “reconocimiento” tras más de doce años de funcionamiento de la explotación, la provincia de Catamarca siga registrando los peores indicadores “sociales”. El diario provincial de mayor tirada (y de orientación prominera) afirmaba:

Es habitual sostener que Catamarca es una provincia pobre. Deprimentes indicadores sociales parecen sostener el aserto.

  • Con el 25% de su población económicamente activa trabajando en el Estado -el mayor porcentaje del país-, el desempleo alcanza no obstante el 9,9% y la subocupación el 4,8%, lo que arroja a unos 30 mil catamarqueños con problemas laborales, sin tener en cuenta a los becados, figura legal con que se encubre el empleo precario de miles de jóvenes en la administración pública.
  • 9 mil personas cobran planes de empleo de 120 y 180 pesos por mes, aparte de la cobertura que brindan organismos nacionales como la Gerencia de Empleo, donde hay registra- dos 15 mil beneficiarios de programas de inserción laboral, seguro comunitario y seguro de capacitación y
  • El 56% de los menores de 18 años -unos 88 mil niños y adolescentes- reciben la Asignación Universal por Hijo. Se trata de la tasa más elevada de la
  • El 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos. 87 mil niños reciben ración diaria en comedores infantiles y
  • 30 mil familias reciben ayuda alimentaria a través de bolsones, tarjetas o Vales Pro 1.200 familias más obtienen alimentos por el programa Hornos y Cocinas solidarias. No hay registros oficiales unificados de otros subsidios otorgados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Legislatura provincial y hasta los municipios.
  • Catamarca tiene una tasa de suicidios de 13,5 casos cada 100 mil habitantes, superando en un 58% la media nacional de 8,5%. El embarazo adolescente, otro problema de la pobre- za y la falta de educación, alcanza el 20%, el nivel más alto del De estas madres, el 3,5% tiene menos de 15 años (Diario El Ancasti, 2010).

Y admite que:

La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del Oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura. Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, 7 de cada 10 ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras. Mientras que en Santa María, la oposición ronda el 60%. […]

Y sigue:

“el discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido.”

El índice de pobreza del Gran Catamarca siempre ha sido mayor al promedio nacional, pero en los últimos años la diferencia respecto de ese promedio se ha mantenido, y en algunos períodos aumentó. En 1997 empezó a producir la mina Bajo de la Alumbrera, Catamarca, la más importante del país hasta hoy. Trece años después, en el primer semestre de 2010, según la metodología del INDEC en la Argentina había un 12,0% de personas bajo la línea de pobreza. Ese valor se elevaba a 20,9% en el Gran Catamarca, y a 14,4% en el Gran San Juan (INDEC, 2010). Los promotores de la minería suelen anunciar que, debido a la competencia de los altos salarios pagados por esta actividad, las demás se verán obligadas a elevar los suyos. Sin embargo, la presencia de Minera Alumbrera no ha revertido el bajo costo salarial privado en la provincia de Catamarca, que durante 2010 registró un promedio 19,4% menor al promedio nacional, mientras que en San Juan ese valor fue 21,7% menor a la media nacional (INDEC, 2011). Según el PNUD, en 2006, el Índice de Desarrollo Humano Ampliado promedio en la Argentina fue de 0,682. Pero resultó ser bastante menor en Catamarca (0,596) y en San Juan (0,586), provincias que ocuparon el 19º y 20º lugar entre 23 jurisdicciones (PNUD, 2009).

Un episodio vergonzoso, pero emblemático, da cuenta del modelo de desarrollo propiciado por este tipo de minería. En 2009, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Gerónimo Vargas Aignasse, de Tucumán, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso de la Nación exprese “que vería con agrado que el alimento sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas y comedores escolares, como así también a toda sociedad de beneficencia de niños carenciados de la Provincia de Catamarca y Tucumán”. La entrega de sobras a escolares y carenciados: ¿sería este el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería invocan para defender la actividad? ¿O sería una expresión novedosa del clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo concepto de “responsabilidad social empresarial”? ¿Acaso no era que la minería sería un motor de desarrollo provincial?” (Svampa y Viale, 2009).

Andalgalá fue declarada en emergencia económica a fines de 2009 por la gravísima situación financiera que enfrentaba el municipio.

 

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43244-la-megamineria-no-promueve-el-desarrollo-local

Perú

Perú: desborde de relaves mineros

Puno: desborde de relavera minera causa una muerte en Ananea

Una poza de sedimentación de residuos mineros se desbordó el miércoles 14 de noviembre en horas de la noche en el sector Sillacunca, cerca de la vía Ananea-La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El derrame del material altamente tóxico sobre la vía causó la muerte de un ciudadano natural del distrito de Quilcapuncu, Faustino Apaza Mamani (34 años).

Los trabajadores de la minera declararon que la poza del siniestro no contaría con un sistema para la evacuación de lodos. Pese a ello, la empresa minera San Francisco de la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (Cecomsap), propietaria de la poza, cuenta actualmente con autorización para explotar oro de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y ha pasado las fiscalizaciones sin ninguna observación durante años.

Ante lo sucedido, la ciudadanía local ha reclamado a la DREM que fiscalice efectivamente las instalaciones de las empresas mineras en la zona.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/43240-peru-desborde-de-relaves-mineros

Mexico

Con el rescate de mineros aclararán lo que intentó ocultar Grupo México

El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López aplaudió el inicio de la primera etapa del rescate de los mineros en Pasta de Conchos, pues así dijo, quedará al descubierto lo que intentó ocultar Grupo México cubriéndose en el gobierno federal y la posibilidad de que no quisieron invertir en el rescate de muertos y heridos.

“Me da mucho gusto que se realice esto porque allí no es nada más rescatar los restos sino que va a aclararse lo que ocultó siempre el  Grupo México cubriéndose en el gobierno federal, pues los defensores más acérrimos de que no se realizara el rescate era el Secretario del Trabajo y su segundo de abordo que parecían rottweiler cuando se hablaba”, dijo.

Recalcó que existe la gran probabilidad de que no se quiso gastar para el rescate de los vivos o sacar a los heridos porque para la empresa todo era negocio por lo que se debe hacer justicia primero que nada y que la gente concluya su duelo.

CARENCIAS DE IMPLEMENTOS

Desde el inicio, a través de a quien llamaron “garganta profunda” la Diócesis conoció la carencia de cuerda de vida, ademes empotrados, rejilla de hierro, sino una estructura de madera, además de que cuando llegaron a la Diagonal 17 suspendieron la labor de rescate.

Explicó que en otro intento de rescate no había caídos ni derrumbes y que, al estar hueco, los propietarios de la mina pusieron lonas y finalizaron la búsqueda.

“Después se metieron ellos y salieron vomitando ¿qué quiere decir? Que al otro lado había restos; ¡allí hay una de porquerías!; el de Protección Civil señaló que al día siguiente del derrumbe, mencionó que era peligros exponer vidas y que no se encontraría nada”, dijo.
 

fuente:https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/11/25/con-el-rescate-de-mineros-aclararan-lo-que-intento-ocultar-grupo-mexico-856844.html?fbclid=IwAR16SFZ2HQLQxXmIK4hHhJx7yvoJtyb143MTm6XawoQwTxZAEwQJV7zNXE0

Venezuela

Grupos criminales ejecutan masacre por el control de minas de oro en Venezuela

Los asesinatos se dieron en una zona donde se encuentra buena parte de los yacimientos de oro y diamantes.

Una nueva masacre se dio al sur de Venezuela por el control de las minas de oro adjudicadas por el régimen de Nicolás Maduro a grupos terroristas En esta oportunidad entre 6 y 8 personas habrían sido acribilladas en el estado Bolívar.

Este es uno de los estados más importantes del país en materia económica, y tras la caída de la producción petrolera se ha convertido en escenario de masacres perpetradas por guerrillas y pandillas que pretenden adueñarse del oro venezolano. Aunque no existe información oficial por parte de la tiranía, se conoció que los asesinatos se dieron en Ikabarú, una zona al sur del país donde se encuentra buena parte de los yacimientos de oro y diamantes.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reseñó que el viernes 22, alrededor de las 7 de la noche, a la comunidad indígena pemón llegó un grupo armado presuntamente ligado al “sindicato del Ciego” buscando al jefe de una mina en la zona. Por su parte la agencia de noticias Reuters señala que entre los fallecidos hay un indígena y un militar.

Según la ONG, los grupos delictivos o “sindicatos” mineros buscan el control a través de la violencia, para implantar un sistema de explotación en la zona “con convivencia estatal».

Un reporte de fines de octubre de la Washington Office on Latin America (WOLA) destaca que actualmente los ingresos de la minería proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas en Venezuela y son de suma importancia para mantener el poder.

“La falta de transparencia en la rendición de cuentas del Gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo. Llámalos guerrilleros, sindicatos, ‘pranes’ o facciones corruptas del Ejército: están allí para quedarse”, señala.

Tras la masacre, el presidente (e) Juan Guaidó se pronunció: “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir (…) ¿Va a seguir la Fuerza Armada tolerando semejante humillación a nuestro pueblo?”.

No es primera vez que Venezuela sufre una masacre por la disputa en el control de las minas de oro; en mayo de 2018 20 personas fueron asesinadas por la guerrilla colombiana ELN. En 2016 también se produjo la masacre de Tumeremo, que fue perpetrada por pandillas lideradas por Jamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como el Topo, y causó la muerte de 28 mineros.

La importancia de Bolívar y el negocio de la minería

En los últimos años el estado Bolívar se ha mantenido en manos del chavismo. Era de esperarse que en las pasadas elecciones regionales el régimen hiciera hasta “lo imposible” para adjudicarse la gobernación a pesar de haber sido derrotado. Es allí, al sur del país, donde las zonas mineras de Bolívar viven el asedio de grupos armados y la impunidad reina ante los ojos de la gobernación de la entidad.

En Venezuela las minas de oro han sido entregadas por el régimen a contratistas, testaferros, bandas delictivas y grupos armados como la guerrilla colombiana ELN, en expresa violación y abuso de los recursos de la nación.

El arco minero del Orinoco está ubicado en este estado, y contempla una zona de aproximadamente 114 000 kilómetros cuadrados, ubicada al sureste de Venezuela, limítrofe con Brasil. Allí se extraen minerales como el carbón, el manganeso, oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita, níquel, diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.

De acuerdo con un reportaje del periodista holandés Bram Ebus, las mafias, muchas de ellas dirigidas desde las cárceles, comenzaron a tomar el control de las minas venezolanas desde 2011, luego de que el Gobierno de Venezuela nacionalizara gran parte de su industria minera.

Explica Ebus que los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias: “Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como ‘vacuna’, a los pranes o líderes carcelarios, a cambio de que se les permita trabajar”.

Actualmente, es casi imposible calcular la cantidad de oro existente en el Arco Minero Venezolano. Se cree que podría haber unas ocho mil toneladas, que equivalen a más de docientos cuarenta mil millones de euros.

 

Fuente:https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/11/25/masacre-minas-oro-venezuela/?fbclid=IwAR2UnzZfA_QJDxgyQUJpQAfX2WjeNzuJMhqyZj01x3jIGr5jl4BtYbGCyA8
Perú

América Latina Minería en Perú y la UE: “El tajo abierto contaminará el mundo entero”

La extracción de los minerales que requiere Europa la sufren en carne y hueso las poblaciones de Perú. Para sensibilizar tanto a políticos como a la sociedad, una delegación peruana visitó Bruselas. DW habló con ella.

Sobre Virginia Pinares, líder campesina de Cotabambas, en Perú, pende una posible condena de once años por obstrucción de vías hacia la mina de Las Bambas. En Bruselas, Pineras forma parte de una delegación, patrocinada por la red EU-LAT y la Plataforma Europa-Perú, que quiere hacer visible el costo social que tiene al otro lado del océano el mineral que se consume acá.

«No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito», dijo Pineras a DW.

«No nos escuchaban. Así que hicimos nuestra lucha pacíficamente. El gobierno ha mandado policías con orden de disparo”, sigue Pineras, vicepresidenta de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental y vocera de las organizaciones de la sociedad civil en las mesas de diálogo que existen con las instituciones peruanas y la empresa minera.

Julia Cuadros, economista especialista en desarrollo y minería, forma parte de la delegación. Como directora de la organización Cooperación, Cuadros asesoró, entre 2002 y 2016,  a las comunidades afectadas por el proyecto minero Río Blanco, en Piura, en el norte del país. Se oponían al proyecto que iba a afectar los páramos, los bosques de neblina y el agua.

«Las comunidades estaban en resistencia porque su visión de vida no tenía nada que ver con la actividad minera. Han pasado casi 12 años y el proyecto sigue paralizado”, cuenta Cuadros a DW. En pleno conflicto, en 2008, a su casa llegó la citación del ministerio Público: se la acusaba del delito de terrorismo. «Yo era la única mujer. Los otros eran dirigentes de comunidades, alcaldes, asesores técnicos. Aunque la acusación no tenía sustento, vivimos más de tres años en incertidumbre. La denuncia la habían hecho campesinos, comprados por la empresa. Se quería juzgar este conflicto medioambiental según la ley antiterrorista que se había activado para luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA”, añade Cuadros.

Si no hay cambios, seguirán los conflictos

«Ni en el caso de Julia Cuadros ni en el caso de Virginia Pineras existía una sola prueba de lo que las acusaba”, explica a DW David Velazco, de Fedepaz, organización que promueve y defiende derechos humanos en Perú. «No sólo en Perú, en toda América Latina, se detecta una instrumentalización del Derecho Penal para tratar de acusar a quienes protestan con la idea de detenerlos y desmovilizar la protesta”, puntualiza el abogado de Fedepaz.

La demolición de la honra de quienes se oponen, la represión y la aprobación de normas inconstitucionales que violan tratados internacionales serían otros elementos de un patrón cada vez más difundido en el Nuevo Continente. ¿Para qué? «Desmovilizando a un dirigente, desmovilizas a la masa”, responde Velazco. «Se trata de imponer el modelo extractivista aduciendo el desarrollo económico, pero olvidando el desarrollo social”, agrega. Teniendo en cuenta que Perú, Chile, Brasil y México concentran el 85% de las exportaciones mineras de la región y ocupan altas posiciones en la lista de mayores exportadores mundiales, de no haber cambios, conflictos habrá para rato.

¿Qué debe cambiar? Teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con todos esos países que exportan al Viejo Continente, especialmente materias primas y minerales, el campo de acción es evidente. «Por lo pronto, el instrumento ‘Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos’ de la UE es absolutamente insuficiente, porque su aplicación es voluntaria”, dice Cuadros. No obstante, en todo espacio de diálogo de la UE con sus socios, Cuadros detecta una ventana de posibilidad.

«No puede ser que cada vez que haya un conflicto social se declare el estado de emergencia ni que la fuerza pública reprima a las poblaciones por orden de una empresa. Es inadmisible que en el corredor minero en Cotabambas no sólo esté la Policía Nacional sino el Ejército, y que la nueva legislación de Perú proteja a las minas como ‘activos críticos’ en detrimento de la población”, concluye Cuadros.

En cualquier caso, que en 2018 la Eurocámara -en donde la delegación peruana fue acogida por diputados de diversas fracciones- haya aprobado una resolución apoyando que la UE en su conjunto promueva el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que se negocia en la ONU desde hace un lustro, es una esperanza. Con este tratado las empresas que violen derechos fundamentales podrían también ser llevadas a un tribunal.

«Aunque mi casa esté en una zona intangible, nos desplazan porque lo exige la concesión. Eso se podría modificar”, dice Pinares, y concluye: «Si no hacemos nada, el Apurímac será pronto un río muerto y el tajo abierto va a contaminar el mundo entero”.

(cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.

Fuente:https://www.dw.com/es/miner%C3%ADa-en-per%C3%BA-y-la-ue-el-tajo-abierto-contaminar%C3%A1-el-mundo-entero/a-51324019?fbclid=IwAR0JMPFehPRRikDJwga5iguk6IovoGGg4feHikX9Uoq-Kqr0ry8b44yY80c

Perú

Juntas contra todas las violencias en el sur andino

Las mujeres que conviven con proyectos mineros en el Perú, en este caso el corredor minero sur andino en Cusco y Apurímac, están siendo parte de procesos de cambios económicos, políticos, culturales y ambientales. Las provincias de Espinar, Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) conviven con algunas de las principales inversiones mineras en el país: empresa Hudbay con el proyecto Constancia (Chumbivilcas), empresa Glencore con el proyecto Antapaccay (Espinar) y empresa MMG con el proyecto Las Bambas (Cotabambas). No obstante en esta convivencia se dan una serie de vulneraciones a los derechos, las cuales generan impactos diferenciados y muchas veces invisibilizados en las mujeres.

 

Si bien es cierto que la minería ha generado directa e indirectamente dinámicas económicas en los territorios, también se debe señalar que esta actividad ha expuesto a las mujeres a situaciones de violencia sexual, económica, y cultural que han agudizado las brechas de desigualdad y de vulneración que viven las mujeres. Debido al incremento del costo de vida que genera el ingreso de las actividades mineras en un territorio, ellas ahora se ven en la obligación de incorporarse a trabajos adicionales que les generen ingresos económicos adicionales para su supervivencia y la de sus familias, lo cual se suma a sus labores de  rol de cuidado cotidiano. Esto les ha perjudicado en el núcleo familiar y comunal, ya que por un lado los cónyuges se han sentido amenazados ante la independencia y empoderamiento que las mujeres van obteniendo, lo cual termina algunas veces en situaciones de violencia física o psicológica. Por otro lado, se suma el despojo de sus territorios, teniendo que salir de sus comunidades y mudarse a los “centros” de dinámica comercial generadas principalmente por los servicios para la minería, dejando de lado sus principales círculos de apoyo y soporte comunales/culturales.

 

A las mujeres originarias y campesinas de Cusco y Apurímac les es difícil salir de los círculos de violencia, sobre todo por estar aún en contextos de pobreza, analfabetismo y desnutrición. En el siguiente cuadro podremos ver que las provincias de Cusco y Apurímac, las cuales cuentan con la presencia de los mayores proyectos mineros del país, presentan el mayor porcentaje de mujeres que fueron agredidas alguna vez por el Esposo o compañero. A pesar de que hacen falta estudios que ahonden en el vínculo del desarrollo de actividades mineras y el incremento de la violencia de género en los territorios, los testimonios de mujeres dan cuenta de un incremento de los casos de violencia familiar en las provincias que abarca el corredor minero.

El rol de cuidado de las mujeres del corredor minero refuerza sus preocupaciones en el futuro de sus hijos, sus animales y sus principales actividades productivas: la agricultura, la ganadería y la horticultura. Es por eso que manifiestan que hay contaminación en el agua, lo cual viene afectando a los animales que habitan en los ríos y a los seres vivos que se sirven de este: animales para la ganadería y las personas que lo consumen. Así mismo, la salud de las mujeres y de sus familiares viene siendo afectado por la contaminación de los metales pesados. Recordemos que de un dosaje realizado el 2017 en Espinar a 897 personas[1], más de 700 tenían arsénico, cadmio y mercurio en su sangre. Las mujeres insisten en que hay contaminación, no solo en su fuente principal de vida el agua, sino también en el aire. Y es que para ellas el tránsito de camiones de las empresas perjudica con el polvo a la agricultura, generando impactos a corto y mediano plazo en sus cultivos y afectando también la salud de sus familias. Actualmente son alrededor de 170 centros poblados los que son atravesados por el Corredor Minero, en el cual se registra el paso de 370 camiones de la empresa china MMG que además del polvo generan ruidos insoportables y temblores que rajan las viviendas. A pesar de esto, las mujeres se han organizado y quieren ser consideradas como defensoras del medio ambiente desde antes que llegara la empresa minera.

 

“No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito», Virginia Pinares, defensora de Cotabambas y vice Secretaria General de la FIDTACCHEPG en una entrevista a la prensa internacional.[2]

 

La violencia también radica en la poca transparencia y respeto que la empresa ha desarrollado en estos territorios en su vínculo con las comunidades. Para las mujeres organizadas del sur andino el debilitamiento de las organizaciones sociales mixtas, de las comunidades e incluso de las familias está muy ligada a la presencia de las empresas mineras con sus estrategias de división, manipulación y corrupción. Un ejemplo claro de ello es el quiebre del tejido social y cultural en la provincia de Espinar, complejo y difícil pero no imposible de resarcir para las mujeres K´ana. A ello se suma la afectación a la salud mental por los engaños con los que muchas veces ha entrado la actividad minera en estos territorios, cuentan las hermanas del sur “la mina nos decía que traeríamos el desarrollo, tu hijo será profesional, tendrá becas, pagaremos por tu casa” lo cual muchas veces era aceptar por necesidad y para que las nuevas generaciones “rompan el círculo de la pobreza”. En la actualidad, la estrategia de las empresas mineras se ha enfocado en la criminalización de la protesta, la cual en su punto más álgido y doloroso contó con 3 fallecidos[3] tras el conflicto de Las Bambas del 2015. Estas muertes dejaron esposas, madres, hijos e hijas que han tenido que re aprender su estar en el mundo, no solo por la ausencia de sus seres queridos, sino por la injusticia y la no reparación de las vidas.

 

Si bien las mujeres del corredor minero del sur andino están organizadas en asociaciones u organizaciones en sus respectivos territorios, todavía se muestra una debilidad de conocimiento y posibilidad para sus intervenciones en los diversos espacios de incidencia y/o diálogo en los cuales se toman decisiones que afectan a sus territorios. Las mujeres tienen dificultades para participar activamente de espacios de consulta, mesas de diálogo, así como de discusiones que las afectan como la Ley Marco sobre Regulación del Cambio Climático y la consulta previa de dicha norma. Es por esto que es urgente establecer buenas prácticas  como la generación de espacios de participación exclusiva para mujeres originarias e indígenas. Además existe el gran reto de incorporar a las mujeres jóvenes en las organizaciones de base y/o en la sensibilización sobre la sostenibilidad del territorio rural. Teniendo una perspectiva de género e interculturalidad en los espacios de diálogo, se podrán generar las condiciones para una verdadera participación de mujeres en los espacios de tomas de decisión del corredor minero del sur andino.

 

25 de noviembre de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/juntas-contra-todas-las-violencias-en-el-sur-andino/?fbclid=IwAR1BJyvRmWngOIeRS3580mhpDxXlYkJR8BRwuTagWhwGtvGDA4rK_8g4gKg