Mexico

Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra mina canadiense

Samalayuca, Chih.,.- Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

 

Fuente:https://rotativo.com.mx/2020/01/02/noticias/nacionales/mexico/agricultores-de-chihuahua-inician-resistencia-contra-mina-canadiense-817608/?fbclid=IwAR3X12ittPQAWmrS4JmPqOhaABPGOkPFIBJbOJGYCQHfaZpHT4NPAQHvr4U

Internacional

Empresa minera redactando su propio informe ambiental para la pérdida de bosques de los EE. UU.

La demanda de la tribu Nez Perce de Idaho para detener la contaminación en el Bosque Nacional Payette puede proceder contra la compañía minera canadiense Midas Gold.

Una compañía canadiense de extracción de oro autorizada por la administración Trump a escribir su propia evaluación del impacto ambiental de su proyecto propuesto en tierras federales ha perdido una ronda en la corte contra la tribu Nez Perce en Idaho.

El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Barry Lynn Winmill, negó una moción de Midas Gold para desestimar la demanda de la tribu.

La tribu demandó a la compañía de Columbia Británica en agosto, diciendo que violó la Ley de Agua Limpia al no detener la descarga de contaminantes, incluidos arsénico, cianuro y mercurio, de las minas de oro a los afluentes del río Salmon, amenazando a las poblaciones de peces importantes para los nez. Perce

«Como la tribu ha declarado en repetidas ocasiones, el hecho de que Midas Gold no aborde las descargas ilegales de contaminación» en el Bosque Nacional Payette en el centro de Idaho está » perjudicando a la tribu y al pueblo de Idaho «, dijo el presidente de la tribu , Shannon Wheeler, en un comunicado.

El sitio minero se encuentra dentro del territorio aborigen de la tribu, donde los derechos de pesca, caza y pastoreo de Nez Perce están garantizados por un tratado de 1855 con el gobierno de los Estados Unidos.

El área había sido minada previamente por varias compañías durante décadas. Midas Gold, que ahora posee o controla gran parte del sitio, está buscando permisos para reabrir la minería y expandir las operaciones como parte de su Proyecto de Minería Stibnite, y está llevando a cabo una perforación exploratoria.

La contaminación que ocurre «regular o continuamente durante al menos los últimos cinco años » es «continua ahora, y continuará en el futuro, a menos que el Tribunal otorgue la reparación solicitada», indica la demanda.

A pesar de las afirmaciones, el año pasado, el Servicio Forestal de los EE. UU. Se hizo a un lado para permitir que la compañía tome el control de una evaluación que analiza el impacto de su propia propuesta minera , según documentos obtenidos por la organización sin fines de lucro Earthworks .

Se supone que dicha evaluación debe ser escrita por el Servicio Forestal o un contratista independiente sin un interés personal en las conclusiones, según el grupo.

«Es particularmente inapropiado que una compañía minera esté analizando su propio proyecto», dijo Connie Gestring de Earthworks.

Los documentos muestran que inicialmente la fuerte resistencia del Servicio Forestal al proyecto y la participación de Midas Gold en el proceso de evaluación comenzaron a desmoronarse en medio de la presión de cabildeo dentro de una administración receptiva de Trump. Midas Gold fue finalmente designado para tomar la iniciativa en la creación del informe de impacto ambiental.

«Para ser claros, Midas tendrá el liderazgo en la consulta de peces, vida silvestre y plantas de la ESA [Ley de Especies en Peligro de Extinción]», declaró Keith Lannom, entonces supervisor del Bosque Nacional Payette, a su personal a fines del año pasado en un correo electrónico obtenido por Earthworks.

En tales casos, se espera que las compañías cabildeen, dijo a The Associated Press John Freemuth, experto en política de tierras de la Universidad Estatal de Boise. Pero nunca antes había oído hablar de una compañía a la que se le permitiera escribir una evaluación biológica analizando su propia operación.

Mckinsey Lyon, vicepresidente de asuntos externos de Midas Gold, insistió a AP en que el papel de la compañía es normal.

El informe no se ha completado. Se tomará una decisión sobre la operación Midas Gold en 2020.

La Agencia de Protección Ambiental ha gastado unos $ 4 millones para restaurar el hábitat en el Bosque Nacional Payette después de que otras compañías abandonaron las minas a cielo abierto, según AP.

 

Fuente:https://www.huffingtonpost.ca/entry/payette-national-forst-nez-perce-midas-gold-mings_n_5dfc57b9e4b0843d35f95ddf?ri18n=true&fbclid=IwAR1OuzCGTRIlBiqyjTznc2Kefas4PnjAmVg2ydvpecY_OpR5mRFoj2Nj5h4

El Salvador

Río Ostúa contaminado con plomo y arsénico por mina Cerro Blanco

A tan solo 15 kilómetros de la frontera con El Salvador, está ubicada la mina Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita del departamento de Jutiapa, en Guatemala. El riesgo para El Salvador está latente, debido a que a 6 kilómetros de la mina se encuentran varias poblaciones salvadoreñas que recibirán los impactos de la minería metálica.

El Río Ostúa que nace en Asunción Mita, Guatemala,  a un lado de la mina y que desemboca en el lago de Güija ya está contaminado, asegura la bióloga, investigadora y ambientalista Cidia Cortés.

Mediante la investigación ‘El impacto de la mina transfronteriza Cerro Blanco en el agua y salud para El Salvador’, coordinada por la Mesa Frente a la Minería Metálica, la bióloga pudo determinar los impactos que tendrá la mina en medio millón de salvadoreños. La investigación da cuenta que la afectación de la mina Cerro Blanco llegará hasta el río Lempa, el más importante proveedor de agua para los salvadoreños.

“Hemos encontrado plomo que rebasa las normas internacionales de calidad de agua, es decir ya hay una alerta para la vida acuática de los ríos.  El arsénico se viene desplazando y está muy fuertemente vinculado a enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal… En un documento, en un estudio hecho por científicos mexicanos han encontrado que el arsénico también tiene fuerte vínculo con la diabetes tipo dos”, explicó la investigadora.

Afección a la flora y fauna, contaminación de las aguas y efectos negativos en la salud humana de las poblaciones, son algunos de los efectos de la minería metálica

La preocupación por el impacto de la mina Cerro Blanco en los salvadoreños llevó a que la Mesa Frente a la Minería Metálica incluyera en la investigación la revisión de las estadísticas del Hospital Nacional de Metapán.  Los datos arrojaron que enfermedades crónicas como el cáncer, insuficiencia renal y diabetes se han disparado en los habitantes de las comunidades fronterizas con Guatemala. Las fichas de defunción de los habitantes de esas comunidades indicaron que la gente está muriendo de dichas enfermedades crónicas.

La última prueba de sedimentos realizada en el río Ostúa en 2018 arrojó alto contenido de arsénico en el agua y se ha triplicado entre 2009 y 2018.

Los habitantes de las comunidades cercanas al río, con el tiempo, han disminuido el uso de agua para consumo, sin embargo otros no tienen alternativa. Es el caso de Ángela Cisneros habitante del caserío La Portada, quien tiene 70 años de edad y 40 de vivir en la zona. Todavía  recuerda cuando el agua del Ostúa era cristalina: “Antes el agua era clarita y no se miraba como se mira ahora… Eso viene desde cuando comenzaron a construir esa mina”, aseveró. El agua del río Ostúa, ahora tiene un color verdoso debido a la contaminación, pero muchos como Ángela la siguen usando para bañarse y lavar.

La contaminación del agua debido a los metales pesados ha llevado a que algunos habitantes de las zonas fronterizas con Guatemala tengan que ir en busca de agua a las comunidades cercanas. La falta de agua potable obliga, en ocasiones, a comprar agua para beber, lo que genera costos adicionales para las comunidades pobres.

A escasos metros del río está la casa de Edwin Cisneros, quien tiene 38 años de vivir en el caserío La Portada, pero vivir cerca del río no le garantiza el agua.  Nació ahí y ha sido testigo de lo que viven los habitantes de las comunidades de Ostúa, Bonanza y La Portada en Metapán para conseguir agua.

“Cuando uno se toma el agua se siente bastante pesada, en ocasiones yo lo he probado”, dijo Edwin, quien añadió que ahora compran el agua, sino la compran les dan del agua potable, pero deben ir a otro lugar.

La mina Cerro Blanco inició sus trabajos en 2007. Un proyecto de la empresa Entremares S. A. subsidiaria de Goldcorp Inc. Era considerado el segundo yacimiento más grande de oro y plata de Guatemala. Pero los trabajos se suspendieron en 2012, supuestamente porque la empresa prefirió esperar a que mejorara el mercado internacional del metal precioso, pero las razones generaron dudas en la población guatemalteca.

Creen que el cierre se debió a fallas técnicas e inundaciones del túnel. Esto indicaría que la zona es una unidad ecológica e indivisible y no una micro cuenca independiente como aseguraban los estudios de impacto ambiental que dieron pie a los permisos de instalación de la mina. Según las organizaciones ambientalistas de ese país, los permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala carecen de una exhaustiva investigación sobre los verdaderos impactos de la actividad minera.

Estos contratiempos pudieron ser la causa de que en 2017 Goldcorp Inc vendiera el 100%  del proyecto minero a la empresa canadiense Bluestone Resources. Según la bióloga Cidia Cortés es esta empresa la que pretende iniciar la extracción minera a inicios de 2020 y que traería graves impactos para El Salvador.  Cortés asegura que la mina Cerro blanco va a explotar oro y plata en 20 kilómetros, dentro de esos 20 kilómetros hay 5 kilómetros de agua caliente.

“Hay declaraciones de estas comunidades que se desplazan al lado de Guatemala que ya están observando la salida de vehículos de carga con material pétreo, es posible que ese material pétreo sea la roca que contiene el oro que se está procesando en otro sitio”, explicó la bióloga.

La contaminación del río Ostúa podría aumentar,  ya que la empresa minera, durante una década, ha extraído 297 mil 840 barriles de agua geotermal y el río Ostúa es el principal vertedero. A partir de 2020 aumentará la extracción de agua. Esto significará una catástrofe ambiental por la grave contaminación del agua y los problemas de salud.

La mina también provocará que las fuentes que aún hay en la zona se sequen, haciendo más difícil la obtención de agua que ya existe.

Una de las preocupaciones de los lugareños del caserío Pita Floja de Metapán es que la fuente que lleva el mismo nombre y que produce aproximadamente 6 litros de agua por segundo se seque. En 2019, por primera vez, la fuente se secó durante 4 meses por falta de lluvia. La sequía podría llegar de manera permanente, no solo como consecuencia de los efectos del cambio climático, sino a consecuencia de la Mina Cerro Blanco que está a 7 kilómetros del caserío.

Jeremías Orellana habitante de la zona dijo que la escasez de agua ya se percibe, aunque él como otros habitantes no dimensiona las consecuencias que traerá la mina para 200 familias que habitan en Pita Floja.

Según la bióloga e investigadora Cidia Cortés, el ex presidente de ANDA, Marco Fortín, tuvo conocimiento de los posibles efectos de la mina Cerro Blanco en el agua, pero no le dio importancia al tema. Solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mostró interés. Por su parte, Cancillería concedió una reunión a finales de 2018 para conocer el tema, sin embargo, no pasó del mero encuentro.

Para la bióloga y coordinadora de la investigación, el actual Gobierno es quien debe retomar el tema e incidir en el cierre de la mina. Además debería iniciar un acuerdo transnacional para evitar los efectos de la minería metálica en la región, ya que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador solo es aplicable en el territorio.

La investigadora y ambientalista es de la idea que el actual Gobierno no dimensiona la amenaza de la mina Cerro Blanco para El Salvador.

 

Fuente:http://ysuca.org.sv/2020/01/04/rio-ostua-contaminado-con-plomo-y-arsenico-por-mina-cerro-blanco/?fbclid=IwAR1qU0j2uPdkHsSSm4zruqUMhR5-Pr3GkINCt8Gyx5kh4lCohQj3AZA749w

Perú

La agenda pendiente de los conflictos sociales para el 2020 | INFORME

Las acciones en torno a los proyectos Tía María, Las Bambas y Quellaveco marcarán el inicio del año. Defensoría del Pueblo dice que en el 2019 disminuyeron los conflictos.

En agosto del 2016, a pocos días de asumir el cargo, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró que el mayor reto del Perú era evitar los conflictos sociales alrededor de los grandes proyectos mineros. Más de tres años después, con Martín Vizcarra al mando, el país ha mantenido la tendencia: la mayoría de sus conflictos son socioambientales y surgen en torno a estos proyectos.

La convulsión social generada durante el 2019 [ y heredada de años anteriores] contra proyectos mineros como Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y Quellaveco (Moquegua) son parte de la agenda pendiente del 2020.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que los conflictos sociales alrededor de los proyectos mineros son los más complejos. Esto, debido a que en ellos confluyen los intereses de empresas trasnacionales y la desconfianza de la población sobre las decisiones y esfuerzos del Gobierno para mediar en la controversia.

Sobre Tía María, Luque dijo que el conflicto aún no se define por la vía legal. El funcionario señaló que hace unos días el Gobierno Regional de Arequipa presentó ante el Poder Judicial un proceso contencioso-administrativo contra el fallo del Consejo Nacional de Minería que le dio luz verde a la construcción del proyecto.

“El otro aspecto del conflicto corresponde al Gobierno, y es que de una vez debe construirse la represa [de Paltiture] que garantice el acceso al agua para el riego en el Valle de Tambo. Este es un ofrecimiento antiguo que, de cumplirse, crearía condiciones adecuadas para el diálogo”, opinó Luque.

El funcionario considera que antes de convocar a un diálogo, el Gobierno debe construir una voluntad para ese diálogo a través de una presencia permanente de sus especialistas, quienes discutan los alcances y beneficios del proyecto.

Sebastiao Mendonça Ferreira, presidente del Centro Wiñaq y especialista en conflictos sociales, coincidió en que el tema de fondo en Tía María es la falta de credibilidad. Según su evaluación, ni la población ni las autoridades locales confían en las garantías que les ofrecen el Gobierno y la empresa.

“Mientras no se resuelvan los temas más urgentes de la población del Valle de Tambo, difícilmente el proyecto será viable. La responsabilidad principal es del Estado porque los esfuerzos que haga la empresa no serán suficiente para viabilizar el proyecto”, indicó Mendonça.

 

—Resolver pendientes—

En referencia al conflicto en el corredor minero (corredor vial sur), en la vía de acceso a la mina Las Bambas, Mendonça estimó que la negociación entre el Gobierno y las comunidades para el pago por sus tierras [tras el decreto de urgencia que habilita su adquisición] puede generar una cadena de conflictos por las altas expectativas de renta que tiene la población.

«Todos querrán que el Estado sea tan generoso como la empresa y esas expectativas podrían mezclarse con un discurso de tipo ideológico”, refirió Mendonça. Por su parte, Luque resaltó que en el caso de Las Bambas, el Gobierno realiza un gran esfuerzo en el diálogo y, en esa línea, resaltó la designación de la exministra Paola Bustamante como alta comisionada para la zona. Luque opinó que esta decisión ha dado una señal que existe un interés especial para desarrollar mejores relaciones.

Sin embargo, el funcionario mencionó que aún están pendientes algunos compromisos, como la contaminación por polvo que sufren las comunidades que viven a lo largo de la carretera. Tanto Luque como Mendonça coincidieron en que Quellaveco hay mejores condiciones para resolver la controversia. Esto, porque a diferencia de los otros casos, se mantuvo el espacio de diálogo entre la población, el Gobierno y la empresa.

Luque dice que en Quellaveco se ha generado una institucionalidad a favor del diálogo que viabilizará las observaciones de la población sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el suministro de agua. Mendonça añade que el paso principal será legitimar el mecanismo de verificación de la calidad del agua, sobre todo en zonas agrícolas como Tumilaca.

 

—Balance de la PCM—

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, concluyó que el principal desafío en materia de conflictos sociales en el Perú es la construcción de confianza.

“El balance del año es positivo. Hemos sido capaces de procesar los conflictos en canales democráticos y por eso nuestra apuesta por el diálogo”, declaró Molina a El Comercio.

Respecto a Tía María, dijo que el Gobierno mantiene la disposición del diálogo para absolver dudas. Molina, reiteró que el proyecto seguirá adelante solo cuando logre la aceptación social.

En referencia al corredor vial sur (a Las Bambas), detalló que hay vigentes cuatro procesos de diálogo: uno, en la provincia de Cotabambas (Apurímac) y tres en las provincias cusqueñas de Chumbivilcas, Espinar y Paruro. Molina opinó que ha sido un acierto nombrar a la exministra Paola Bustamante como alta comisionada porque así aumentaron la capacidad de coordinación en la zona.

“El desafío principal en Las Bambas es el que ha planteado el Gobierno: asfaltar de manera rápida el corredor vial antes de junio de 2021, porque eso reducirá notablemente las afectaciones que hoy tiene esa vía sobre la población”, dijo Molina.

Sobre Quellaveco, Molina declaró que el proyecto está avanzando a la par que el diálogo. Este espacio, dice, se ha mantenido vigente en el comité de seguimiento de los acuerdos del año 2016. Finalmente, el viceministro dijo que la reducción de la cifra de fallecidos en conflictos durante el 2019 es reflejo de la apuesta del Gobierno por el diálogo.

 

—La cifra más baja de muertos—

En el 2019 se redujo de 230 a 220 conflictos sociales, una reducción del 4% respecto al 2018 según la Defensoría del Pueblo. La institución informó además, que durante este año hubo dos muertos en conflictos, la cifra más baja desde que se tiene registro en el Perú.

“Si bien deberíamos terminar el año con cero muertes, la reducción es considerable si tomamos en cuenta que hemos tenido años muy críticos”, manifestó Rolando Luque.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que en el 2019 intervino en 112 procesos de diálogo. A través de un comunicado, resaltaron que uno de los principales resultados del proceso de diálogo en la Amazonía, ha sido la implementación del plan de cierre de brechas para cinco provincias y 25 distritos del ámbito petrolero de la región Loreto. Esto fue una decisión tomada por el Ejecutivo, tras los constantes conflictos en la Amazonía ocasionados por los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/la-agenda-pendiente-de-los-conflictos-sociales-para-el-2020-informe-noticia/

Perú

El complejo camino de la lucha por la salud ambiental y humana en el Perú

Hace menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció públicamente que el “asunto” de la contaminación de ciudadanas y ciudadanos, por metales tóxicos principalmente en zonas en donde se desarrollan actividades empresariales mineras, petroleras e industriales, es un problema de salud pública nacional.

Que el MINSA ponga en agenda la afectación de la salud humana por metales fue resultado de las luchas en varias partes del Perú. No podemos dejar de mencionar los constantes reclamos y movilizaciones de los afectados de la ciudad de Pasco, Espinar o La Oroya, así como las protestas de las comunidades indígenas amazónicas en la zona denominada Cuatro Cuencas o Chiriaco; lugares que en los últimos años han sido escenarios de conflictos por la precaria atención para las víctimas de la contaminación.

En el 2017 estas luchas se encontraron para organizar e impulsar la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, la cual entendió que el reclamo por la salud ambiental y humana en las zonas impactadas por los proyectos mineros, petroleros o industriales, necesitaba de un trabajo colectivo y articulado para lograr una política nacional multisectorial e integral que pudiera alcanzar una atención preventiva y especializada.

Para los integrantes de la plataforma queda claro que los estados de emergencia decretados en las zonas petroleras o mineras no son suficientes para solucionar un problema que tiene que ser asumido de manera multisectorial por el Estado, respondiendo con políticas, presupuestos, y personal capacitado en prevención y atención especializada para las personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional.

Para impulsar esta demanda, la plataforma ha venido desarrollando diversas acciones de fortalecimiento organizativo, así como de denuncia y acciones para visibilizar su plataforma de lucha. Es importante destacar su participación en la V Audiencia de la Comisión de Pueblos Indígenas: “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de salud por contaminación con metales pesados y oros asociados a minería e hidrocarburo” realizada el 8 de julio, así como la primera reunión nacional “Mujeres, territorios y salud ambiental” realizada el 11 y 23 de setiembre y que contó con la participación de 30 mujeres de las provincias de San Mateo, Loreto, Bagua, Pasco, La Oroya, Lima, Melgar, Hualgayoc, Moquegua, Huancayo y Espinar, donde se logró el objetivo de construir una agenda de las mujeres rumbo al encuentro nacional.

El II Encuentro Nacional de afectados y afectadas se desarrolló bajo el lema “Salud, Territorio y agua para los pueblos” realizado del 30 de setiembre al 4 de octubre. Este tuvo como objetivo evaluar las principales acciones de los dos años de creación de la Plataforma, fortalecer la red de afectados y afectadas, y planificar acciones nacionales y regionales en los territorios en donde está presente la Plataforma.

Un logro de la plataforma es que se ha consolidado como un espacio reconocido por el Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llevando la voz de los afectados y afectadas a nivel nacional. El pasado viernes 4 de octubre, tuvieron una importante reunión con la PCM en donde el viceministro Molina se comprometió a emitir el Decreto Supremo para instalar la comisión multisectorial a inicios de noviembre. A pesar de estas acciones que se han realizado, la agenda de lucha de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas sigue sin resolverse. En este momento dos son los temas centrales que la plataforma está demandando al Estado: la creación de La Comisión Multisectorial y el Abordaje Integral que debe asumir el MINSA para la atención de los afectados.

La Plataforma Nacional viene solicitando una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dada la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú. La propuesta es que esta comisión esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y deba encargarse de elaborar un primer informe técnico que fundamente la propuesta del Plan multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y sustancias químicas, así como del seguimiento, implementación, evaluación y cumplimiento del plan multisectorial de parte de todos los ministerios, de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas que buscan una atención preventiva, integral y especializada.

Atención que sea integral de verdad

La segunda demanda es que se implemente una atención adecuada a las personas afectadas por metales tóxicos. En los últimos días hay mucha preocupación por la posibilidad de que se apruebe una directiva administrativa que no solucione el problema, sino que más bien perjudique lo avanzado hasta ahora en atención a las y los afectados. Si bien se reconoce que es importante una articulación e integración mayor de sectores y niveles de gobierno para el real cumplimiento de una atención integral, así como asegurar los recursos necesarios mediante una intervención desde los planes y presupuestos nacional y regional, es real que la débil rectoría del MINSA en cuanto a las políticas y programas nacionales y directivas para la identificación, priorización y atención de las poblaciones afectadas por la contaminación ambiental, no garantiza que el problema de la atención mejore en las zonas donde se requiere la implementación de un abordaje integral a las personas afectadas.

Por eso es importante que la aprobación de cualquier directiva esté respaldada con los mayores consensos, acuerdos formales, acciones de coordinación, mandatos normativos, compromisos y decisiones vinculantes que les permita efectuar las funciones y tareas con legitimidad y aceptación. Debe ser una acción conjunta multisectorial, multi e inter disciplinaria, que optimice el uso de los recursos y gane en eficiencia.

En resumen, estos han sido dos años intensos de lucha de la Plataforma Nacional que nos deja varias lecciones para los que venimos apoyando el proceso de construcción de un espacio de articulación nacional. La primera es que a pesar de la fragmentación social es posible hacer alianzas, articular y sumar acciones a nivel nacional que permitan avanzar en la defensa de derechos, en este caso el de la salud ambiental y humana. Segundo, que es posible ir uniendo las agendas de las y los afectados de comunidades amazónicas y comunidades andinas en una sola agenda nacional. Tercero, que las mujeres afectadas tienen impactos diferenciados en el cuerpo y viven de manera distinta los impactos en el territorio y que tienen una importante fuerza movilizadora dentro del movimiento. Y por último, que es posible ir construyendo un movimiento nacional por la salud ambiental y humana en el Perú que busque una atención preventiva, integral y especializada de personas contaminadas por los metales tóxicos en el Perú.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-complejo-camino-de-la-lucha-por-la-salud-ambiental-y-humana-en-el-peru/?fbclid=IwAR3HTeiUIARevaTa_Uz9bHWIglGK5otp7l4Ai5nWk6UYX1prX12X_Vr2gbA

Argentina

¿Por qué se produjo la ‘marcha más grande de la historia de Mendoza’ (Argentina) contra la megaminería?

La Legislatura provincial aprobó modificar una ley que prohibía la aplicación de químicos, y generó el rechazo de miles de personas que protestaron en las calles, pero fueron reprimidas. Ambientalistas y la Cámara de Servicios Mineros le cuentan a RT sus posturas opuestas.

Miles de personas se movilizaron este 22 y 23 de diciembre en la provincia de Mendoza (Argentina), luego de que la Legislatura local haya aprobado la modificación de una normativa que prohibía el uso de químicos en la minería en un territorio que padece una enorme escasez de agua. Así, se produjeron protestas en todo el distrito para pedirle al gobernador, Rodolfo Suarez —del partido Unión Cívica Radical (UCR)—, que vetara la reciente disposición.

En efecto, la ley 7.772, sancionada en 2007, eliminaba la aplicación de ciertas sustancias para proteger al medio ambiente, principalmente el recurso hídrico. Desde su promulgación, no se podía usar cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otros componentes considerados tóxicos. Sin embargo, el 21 de diciembre los diputados locales cambiaron la norma con 36 votos afirmativos, 11 negativos y una sola abstención. El peronismo y el radicalismo —los partidos más tradicionales y populares del país sudamericano— apoyaron el cambio, mientras que la izquierda, sumado a un frente provincial, lo rechazaron.

Ahora, el texto reglamentario solo prohíbe el uso del mercurio, pero acepta la aplicación de químicos que están permitidos en el país, como el cianuro y el ácido sulfúrico. Al mismo tiempo, en el espíritu de la ley se sostiene que el resguardo del agua continúa siendo una prioridad, que seguirán existiendo estudios de impacto ambiental y que se contará con autoridades de aplicación y organismos de control, que pueden incluir auditorías internacionales.

De esta forma, tras años de paralización en el sector, se espera que se desarrollen 19 proyectos nuevos para explotar uranio, cobre, oro, hierro, plomo, plata y zinc. Pero mientras las empresas celebran el visto de bueno de la clase política, muchos ambientalistas y vecinos expresan su repudio, por considerar que se ponen en riesgo los recursos naturales.

Manifestaciones

A las pocas horas de haberse sancionado la modificación, los vecinos comenzaron a movilizarse en distintas ciudades mendocinas. De hecho, una gran caravana partió desde el departamento de San Carlos hacia la capital provincial, un poco más hacia el norte, sumando gente de distintas localidades en el camino. También cortaron la ruta 40, una vía muy popular entre los viajeros argentinos y turistas en general.

En redes sociales calificaron a la manifestación como «la marcha más grande en la historia de Mendoza», y la caminata en la ciudad de Tunuyán fue una de las más compartidas.

Una vez en la capital homónima, los manifestantes se dirigieron en gran número hacia la casa de Gobierno, gritando: «¡El agua de Mendoza, no se negocia!».

También quisieron ingresar a esa sede gubernamental, pero se vieron impedidos por un vallado y el operativo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las autoridades permitieron la entrada a seis personas para que presentaran su petitorio, aunque el gobernador ya aclaró públicamente que no va a cancelar la ley.

  • Represión

Con el correr de las horas, las fuerzas de seguridad dispersaron a los descontentos, aunque no se habían registrado incidentes. Así, los uniformados dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos.

El excandidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, denunció desde el lugar: «La Policía del gobernador Suarez reprime a los tiros, en una cacería«. Al mismo tiempo, muchos ciudadanos salían corriendo del lugar. Además, la socióloga ambientalista Maristella Svampa afirmó que se produjeron detenciones, y concluyó: «El extractivismo solo cierra con represión».

«El noviazgo de los Gobiernos con las mineras tiene vieja data»

Rubén Esperader, miembro del Foro Socioambiental de Mendoza, explicó a este medio que la movilización «no tiene una conducción clara». Así, mientras los manifestantes realizaban un abrazo simbólico a la sede del Ejecutivo provincial, contó los motivos del rechazo popular.

«El noviazgo de los Gobiernos con las mineras tiene vieja data», ironizó. En ese tono, opinó que «el extractivismo a gran escala solo generó saqueo y contaminación», y remarcó que «no da empleo en la envergadura que ellos plantean».

Tras la ley inicial del 2007, que limitaba el uso de químicos para la megaminería, las firmas del sector presentaron recursos judiciales para oponerse. No obstante, en 2015 la Corte Suprema local ratificó la norma, expresando que tenía un «contenido estratégico para el desarrollo presente y futuro de la provincia». Más allá del fallo, Esperader plantea que «las mineras siempre incidieron en la política». Ahora, con los cambios legislativos, considera que «el Gobierno radical accedió a esas presiones».

Sobre el texto, tildado de «malicioso y engañoso», contó: «Habla de cuencas hídricas, pero en realidad involucra a los ríos. Es decir, si se contamina al Río Atuel, también se perjudica, por ejemplo, a la provincia de La Pampa». Asimismo, rechazó que se le quiten facultades de regulación al Legislativo, porque «ahora depende solamente de funcionarios del Ejecutivo».

Para concluir, señaló que «las grandes mineras van a Sudamérica porque el control es débil y hay mucha corrupción». Y cerró: «No hay antecedente en el mundo de un proyecto de megaminería sin contaminación. Nos quieren hacer creer que un poquito de cianuro o ácido sulfúrico no hace daño a la salud».

Por otro lado, organizaciones internacionales como Greenpeace ya criticaron la modificación de la ley. Y el flamante presidente argentino, Alberto Fernández, fue duramente cuestionado por la izquierda y organizaciones sociales porque prometió impulsar ese rubro extractivo, tal como lo hicieron Macri y el kirchnerismo.

«Se demoniza a la minería con mentiras»

En contrapartida, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, niega todas las consignas de los grupos ecologistas. El abogado sostiene que la ley previa tenía «muy mala técnica legislativa, porque se prohibía el uso de sustancias que se utilizan en otras industrias de la provincia todos los días».

Así, pese a las enormes reservas de materias primas, «eso ahuyentó todas las inversiones», y en los últimos 12 años no se hicieron tareas de exploración. Al otro lado de la Cordillera de Los Andes —Mendoza limita con Chile—, el país vecino «exporta 10.000 millones de dólares anuales» en esa misma zona montañosa, mientras que la provincia argentina no tiene desarrollada la actividad.

Al respecto, el abogado sigue comparando: «Chile tiene 3.000 proyectos mineros, y exporta anualmente unos 86.000 millones de dólares. En Argentina tenemos 24 proyectos, y exportamos solo 4.000 millones».

Ferrer no niega que «las eventualidades o siniestros pueden ocurrir», pero acota: «Chile hace décadas que explota el cobre, y compatibiliza con la producción de vinos, que son exquisitos». La provincia de Mendoza también es un bastión en la generación vitícola, y sus botellas son reconocidas en todo el mundo.

Por otro lado, el entrevistado señala que «se demoniza a la minería con mentiras», y opina que hay intereses económicos de otros rubros productivos, como por ejemplo el agro, que a su juicio promueven la contratación de trabajadores «en negro, sin obra social, con un salario bajo», lo que supuestamente contrasta con las plazas laborales en ese sector del extractivismo, donde «ganan más del doble y tienen cobertura médica». «Eso no les conviene a muchas industrias», agrega.

Al respecto, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros ya promete que los proyectos mineros podrían brindar 17.550 puestos de trabajo en la etapa de construcción, y otros 39.240 en la fase productiva.

Sobre las acusaciones de contaminación, Ferrer contesta: «Hay gente de buena fe que cree en las muletillas antimineras, pero hay activistas financiados por empresas, y ONG con más recursos que nosotros». Así, responde que «las napas subterráneas ya están contaminadas, sin minería».

También subraya que la actividad no necesita usar agua potable, y que se pueden instalar plantas potabilizadoras para que el recurso usado se reutilice en el riego del sector agrícola: «Eso podría costar unos 7 millones de dólares, una cifra insignificante para un proyecto minero».

A su vez, el 50 % de las regalías recibidas por el Estado se usará exlcusivamente en obras de infraestructura hídrica, repasa. Otro de los argumentos esgrimidos para refutar a los ambientalistas es que la actividad petrolera y minera solo consume el 1 % del agua disponible, aunque hay pocos proyectos activos. Según datos del Departamento General de Irrigación, el 11 % es para uso humano y el 81 % se utiliza en el sector agrícola, y los defensores de la minería alegan que en el agro se desperdicia la mitad, porque el sistema de riego es anticuado.

Mientras crecen las acusaciones y la tensión social en Mendoza, la provincia persiste en una emergencia hídrica, y para 2020 se espera la peor temporada para el suministro de agua de los últimos 33 años, lo que podría agravar la crisis.

 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/337699-marcha-mas-grande-mendoza-megamineria-posturas?fbclid=IwAR37IARXwTVSl50dB7oE-6_2YXoFljGOeyBD7UvO77xohYXlEwewFkIaF-8

Latinoamerica

Raúl Zibechi: El modelo extractivista como causa del contexto latinoamericano actual

Frente al golpe de Estado en Bolivia y la crisis social, económica y política que gobierna en varios países de Latinoamérica, el periodista uruguayo Raúl Zibechi, entrevistado por Enredando las mañanas, hace foco en el extractivismo como causa fundamental de grandes conflictos actuales.

 

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“Lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo extractivo de acumulación por despojo (soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana). Ese modelo unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora en Argentina por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entran en discusión con el cambio de gobierno”.

Zibechi afirma que, independientemente de los gobiernos, lo que está estallando en países como Bolivia, Nicaragua, Brasil y Chile es la crisis que genera el modelo extractivista, que genera un fuerte enriquecimiento del 1%, polarización social, una situación de exclusión y empobrecimiento de las mayorías. El resultado: menos posibilidad de gobernabilidad, ya que las condiciones que impone el modelo son insostenibles, muy duras y excluyentes. Como ejemplo pone lo que pasa en Uruguay: “la mitad de los asalariados tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos. No alcanza para vivir”

En cuanto al contexto actual boliviano, el periodista remonta sus causas también a hechos referidos al modelo extractivista, partiendo de una crisis del MAS que comienza en el año 2011 cuando se intentó hacer la carretera que pasaba por reservas naturales del país, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) territorio indígena. Esta carretera estaba financiada por Brasil para la importación de commodities. “Eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener la carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos  que habían estado involucrados en esa marcha son perseguidos por el gobierno del MAS”. Eso lo suma a algunos desaciertos posteriores del gobierno de Evo Morales, como el haber desoído el referendo de 2016 que proponía su reelección, habiendo modificado órganos del contralor para poder presentarse.

En 2013 Raúl Zibechi había hablado del fin del ciclo progresista, teniendo en cuenta que lo que viniera luego no iba a tener gobernabilidad: “Se evaporó la gobernabilidad porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristella Svampa llamó el consenso de las commodities, se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de las crisis de 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, y porque en la región latinoamericana, la fuerza que han adquirido los movimientos populares hacen que no sean aplicables paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno”.

De este modo, el periodista y pensador uruguayo explicó para Enredando las Mañanas cómo la profundización del modelo extractivo está en el trasfondo de la crisis del MAS en Bolivia, y de otros conflictos latinoamericanos actuales.

 

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=16538&fbclid=IwAR1FW7DJTvG0Ww6B8C6uh3zUKoV9ZHb8L1cQ2z1XeT6XgPpG2FdaSe-Wkxs

Colombia

Alcalde de Jericó señala al Gobierno nacional de querer establecer la megaminería en ese municipio

Andrés Pérez Hernández luchó hasta el último día de su gobierno por evitar la llegada de la megaminería a Jericó, municipio antioqueño en el que ejerció como alcalde desde 2016.

Sin embargo, su ímpetu y el de cientos de campesinos, emprendedores, jóvenes y empresarios que pelearon junto a él por esa causa, no fue suficiente y finalmente terminó siendo doblegado.

El hundimiento del proyecto de acuerdo municipal, a través del cual se pretendía blindar a Jericó del establecimiento de la minería a gran escala, partiendo de la reglamentación del uso del suelo, fue el golpe con el que terminó su batallar como mandatario.

La inasistencia el pasado domingo 29 de diciembre de 7 de los 11 concejales que integran esa corporación municipal, significaron el hundimiento del proyecto. Según el mandatario esto se debió a la presión, tanto política como administrativa, que ejerció el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, del Viceministerio de Minas y la Secretaría de Minas de Antioquia, entre otras entidades.

 

La presión de afuera, del Gobierno, fue inadecuada, inoportuna, pero además irrespetuosa con la autonomía territorial. Esto llevó a que ese proyecto de acuerdo se hundiera en un municipio que es patrimonio de los colombianos y destino turístico sostenible”, dijo Pérez, quien teme que ahora esa población quede expuesta a las intenciones de una multinacional minera que tiene intereses serios en Jericó.

El mandatario se refiere a la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), que tiene contemplado llevar a cabo un proyecto denominado Quebradona, en la vereda Vallecitos, en el que se producirían 6,13 millones de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, durante los 21 años de operación que duraría la concesión.

 

“Esa empresa se supo mover e influenció al Gobierno nacional para que se entrometiera de manera inapropiada en las decisiones que son propias de la alcaldía municipal y la autonomía del Concejo”, mencionó.

Para el alcalde el proyecto de esquema de ordenamiento estaba muy bien sustentado y cumplía con todos los requisitos como, por ejemplo, el acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), así como con el concepto del Consejo Territorial de Planeación. “Yo como alcalde estaba atendiendo la lectura de la mayoría de los jericoanos que no queremos que se haga megaminería en Jericó, cuna de la santa Laura Montoya. Somos un destino turístico internacional, ya que somos sede del Hay Festival y por proyectos como ese, nuestra cultura y tradiciones se ven amenazadas”, recalcó.

 

“Al contrario de lo que ha manifestado AngloGold Ashanti en medios de comunicación, la comunidad de Jericó y gran parte del Suroeste se encuentra en franca oposición al proyecto de minería de metales en el municipio. Más que inquietudes, las personas tienen una visión de desarrollo diferente a la que propone la minera”, indicó Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste, organización que apoya actividades institucionales y comunitarias en contra del proyecto de AGA.

Para ella la verdadera vocación de esa población es la agroindustria, el ecoturísmo, la cultura y el emprendimiento sostenible.

«No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz», dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en una video-carta que le fue enviada en agosto de este año al presidente Iván Duque por parte de la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia.

 

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señaló, entre tanto, en una entrevista concedida a Semana Sostenible en agosto, que esa era una zona de paz y tranquilidad, que había vivido por más de 160 años en calma. «Las condiciones de empleo están copadas, que haya algunas carencias es normal, pero estamos en un paraíso donde la mayoría de las necesidades están satisfechas. Nuestro nivel de vida es mucho más amplio que el de los municipios mineros del país como para enfrascarnos en ese problema», apuntó.

 

Jaramillo sostuvo que la comunidad teme, sobre todo, por la división social, pero también por la contaminación de los yacimientos de agua superficiales y subterráneas que se podría generar, así como por los impactos socioculturales en la región, las afectaciones a los ecosistemas y los problemas de seguridad que se presentarían con la llegada de gente foránea.

Semana Sostenible se intentó comunicar con AngloGold Ashanti pero no fue posible obtener respuesta.

 

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/alcalde-de-jerico-senala-al-gobierno-nacional-de-querer-establecer-la-megamineria-en-ese-municipio/48295

Argentina

“Soy testigo de que la minería trae pobreza, miseria y tristeza”

Yo me sumo a la lucha para decirle “no a la mina”, la mina no es buena, la mina contamina, se lleva y arrasa con todo”, expresó Mari.

Mari tiene 7 años viviendo en Chubut pero es oriunda de Catamarca – Andalgalá, donde está la minera bajo la lumbrera.

“La minería en Catamarca prometía la construcción de, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, pero ninguna de esas obras se plasmó, trabajaron a medias. Por esta razón, yo puedo decirles que soy testigo de que la minería trae pobreza, miseria, tristeza, desolación y enfermedades” indicó.

“Debemos decirle NO a la mina, tenemos que unirnos y defender el agua, el agua es vida, sin ella no somos nada”.

Mari hizo un llamado al pueblo del Chubut para que no bajen los brazos, se unan para que no se dé la mina y así evitar todo aquello que sucede en Catamarca.

“Llamo al pueblo de Chubut a levantarse y manifestarse de forma pacífica, es nuestro deber pedir algo justo, pedimos que Dios ilumine y dé sabiduría para que no se apruebe la nueva ley de minería”

“Me uno a la lucha desde Rawson siendo una catamarqueña y teniendo el conocimiento de lo que es la mina y todo lo que trae consigo”, señaló.

 

Fuente:https://cholilaonline.com/2019/12/soy-testigo-de-que-la-mineria-trae-pobreza-miseria-y-tristeza.html?fbclid=IwAR2Z1vUtxMdZnEcTts8R4tfXgsyZceg_oVM7Ci8CzfDcVjKBBKtBC-Wms-M

Mexico

La guerra contra los pueblos indígenas

Mientras el gobierno de la Cuarta Transformación celebraba su pírrica victoria de una supuesta aprobación ciudadana del megaproyecto Tren Maya (sic), con una votación de menos de 3 por ciento del padrón electoral, y con el apócrifo consentimiento de los pueblos originarios, violando el Convenio 169 de la OIT y con la condena de la ONU, en el caracol zapatista Jacinto Canek, Cideci-Unitierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tuvieron lugar sendas reuniones del 18 al 22 de diciembre, organizadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI)-Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); por un lado, la Cuarta Asamblea Nacional conjunta de esas organizaciones, y, por otro, el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra.

Resultó estremecedor y significativo escuchar durante esos días los testimonios de delegados y concejales provenientes de todos los rincones de nuestra asediada República, en los que se entrelazaban el luto y la rabia por los despojos de todas las formas de vida, por las amenazas y agravios a la Madre Tierra, por los asesinatos de sus defensores, como el del delegado popoluca del CNI, Josué Bernardo Marcial Campo, “también conocido como Tío Bad, quien por su arte, su música y su protesta en contra de los megaproyectos que el mal gobierno pregona haber terminado, como es el fracking, fue desaparecido y encontrado brutalmente asesinado el pasado 16 de diciembre”, como los crímenes de Estado (por omisión o comisión) de Samir Flores Soberanes (nahua de Morelos), Julián Cortés Flores (mephaa de Guerrero), Ignacio Pérez Girón (tzotzil de Chiapas), José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahujote (nahuas de Guerrero), Juan Monroy y José Luis Rosales (nahuas de Jalisco), Feliciano Corona Cirino (nahua de Michoacán). Todos ellos, asesinados por oponerse a la guerra con la que el mal gobierno pretende hacerse de nuestras tierras, montes y aguas, para consolidar el despojo que amenaza nuestra existencia como pueblos originarios.

Los participantes calificaron las consultas del gobierno actual como mentirosas y manipuladas, y se reiteró que violaban la jurisprudencia internacional. Se pretende suplantar la voluntad colectiva y se ignoran las formas de organización comunitaria, principalmente las asambleas como órganos máximos de debate y decisión. Se apuesta al desmantelamiento de los tejidos comunitarios, fomentando los conflictos, la polarización y el enfrentamiento dentro de los pueblos por parte de las corporaciones capitalistas y por los programas individualizados y clientelares del gobierno, como Sembrando Vida, duramente criticado. “Los conflictos internos (…) tiñen de violencia a las comunidades entre quienes defienden la vida y quienes decidieron ponerle precio, aun a costa de vender las futuras generaciones para el beneficio millonario de unos cuantos corruptos, a los que sirven los grupos armados de la delincuencia organizada”.

La expresión guerra contra los pueblos se escuchó en todas las mesas de trabajo y plenarias, destacando que el mal gobierno, junto con sus grupos armados militares, policiales, paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, extienden, en nombre del dinero y el progreso, la destrucción sobre todo el territorio nacional.

Se evidenciaron las amenazas a la vida y la reproducción de los pueblos originarios, por la imposición de gasoductos, acueductos, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicos, fractura hidráulica, despojo y privatización del agua, proyectos mineros, carreteros, aeroportuarios, inmobiliarios, turísticos, corredores industriales, presas y represas, zonas francas, monocultivos, destrucción y saqueo de bosques, muerte de lagos y ríos y, en todos las regiones, la violencia desatada de la delincuencia organizada como otra corporación capitalista, apoyada desde y al servicio del poder, como agente del terror y el saqueo, como otro brazo armado destinado a vaciar territorios y eliminar resistencias comunitarias.

Fueron significativas las críticas al megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, atentado contra la madre naturaleza, los pueblos originarios y la soberanía nacional, que transformaría a la región en un inmenso parque industrial, así como al Proyecto Integral Morelos y al Tren Maya (sic), pues el objetivo de todos es la entrega a las corporaciones capitalistas de los territorios y recursos naturales de la nación y los pueblos.

Unánime y contundente en las reuniones fue la convicción de seguir fortaleciendo la autonomía anticapitalista, antirracista y antipatriarcal (semilla de rebeldía en medio de la muerte) como estrategia fundamental de las resistencias emancipatorias, reconociendo los extraordinarios procesos autonómicos de los mayas zapatistas, ejemplo de integralidad y articulación con las luchas de México y el mundo.

¡Samir vive, la lucha sigue!

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/12/27/opinion/011a1pol?fbclid=IwAR2jPngiffiZwutcp8c_cyRBvhAHRSMkJn5J74ZsZ38HkAc2hC8VrUiriEU#.XgXw1IKWpSg.facebook