El premiado documental que fue estrenado en 2018 muestra cómo relaves mineros abandonados y la industria del bórax han atentado contra el parque nacional Lauca ubicado en el extremo norte de Chile.
Aunque tiene una biodiversidad única en el planeta, la reserva mundial de la biósfera Lauca está siendo contaminada. Relaves mineros abandonados y la explotación de la industria minera del bórax atentan contra los recursos naturales disponibles en esa parte del altiplano chileno.
Así lo muestra el premiado documental Lawqa, en el que Gabriel Benoit, destacado pescador con mosca, recorre en bicicleta esas rutas solitarias dando cuenta de distintas historias de abandono que encontró en el camino y la dificultad para vivir de los últimos habitantes del lugar.
La pieza audiovisual de Raimundo Gómez se estrenó en 2018 con el apoyo de Patagonia y de la Fundación Relaves y desde hoy puede ser vista online.
En el sitio web del documental además se encuentra disponible una petición para que “el parque vuelva a ser parque”. Hasta el momento, la campaña ha conseguido 22 mil firmas.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la comunidad indígena Patay y ratificó lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental de 2006.
La Corte Suprema presentó su sentencia definitiva, la cual permitirá el desarrollo del proyecto minero de cobre y oro Pascua Lama, propiedad de la compañía canadiense Barrick.
En el fallo se rechazaron todos los recursos de casación en la forma y el fondo presentados por la comunidad indígena Patay en diciembre de 2018, en una causa que solicitaba la revisión de la línea de base de la calidad de las aguas del proyecto.
Según consigna La Tercera, la firma Minera Nevada logró demostrar que, si bien la calidad de las aguas superficiales del Río Estrecho habían mostrado una variación sustancial en relación a lo que se proyectó originalmente en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), esto fue por consecuencia de un fenómeno natural, debiendo adaptarse los valores de línea de base y las correspondientes medidas de seguimiento y control del proyecto.
De esta forma, el máximo tribunal coincidió con lo que había resuelto anteriormente el Segundo Tribunal Ambiental, el que a su vez confirmó la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros.
Aunque la RCA fue aprobada en el 2006, diversos inconvenientes han frenado la construcción del proyecto. Actualmente, el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, se encuentra revisando una causa relacionada con la clausura de dicho permiso, cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
A la vez, Pascua Lama está siendo revisado por la propia compañía minera, debido al alto costo que significa su instalación. Por esto, Barrick Gold ha decidido buscar un socio para continuar con la iniciativa y ha estudiado opciones como la construcción solo por el lado argentino o su desarrollo subterráneo.
Autor: Juan Carlos García Partida , La Jornada.mx Conflicto Relacionado: Wirikuta - La Luz
Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.
Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.
Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.
Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.
En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.
El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.
Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.
El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.
El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.
Autor: Juan Ricardo Montoya , Líderes Políticos.com
Tormenta’ de polvo tóxico de jales mineros en Pueblo Mágico de Zimapan.
Acusan a edil de no atender contingencia ambiental
Mientras que Erick Marte Villanueva presidente municipal de Zimapán se la pasa agradeciendo a nombre de todos los alcaldes del mundo su «premio Honoris Causa», 24 familias del poblado de San Miguel sufren los estragos de la ’tormenta’ de arenas toxicas provenientes de jales o desechos mineros provocada por las enormes ventiscas que se produjeron los días jueves y viernes.
Alejandra Rojas, activista de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ) señaló que los fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora que se registraron durante esos dos días removieron y esparcieron los polvos de los cerros de jales mineros que de forma irresponsable han colocado los operarios de la empresas mineras La Purísima, Preissan S. de R.L., Sago y El Espíritu, esta última propiedad de Rosalía Muñoz, ex alcaldesa del municipio de Zimapán.
Vídeos y fotos de Alejandra Rojas y otros activistas del CUZ muestran que por falta de tratamiento adecuado de los desechos por parte de esas empresas el polvo se esparció y formó una nube tóxica por varias horas en el poblado.
Esto según Rojas provocó dolores de cabeza, y molestias tanto en los ojos como en la garganta de ella, familiares y vecinos sin que hasta el momento las autoridades de salud, ecología y medio ambiente ni mucho menos el alcalde Erick Marte se hayan presentado en el lugar para atender la contingencia.
Esto aún cuando San Miguel, se ubica a escasos cinco kilómetros de la cabecera municipal y donde hay siete presas o confinamientos a cielo abierto de jales, la mayoría de ellos parecidos a cerros o pequeñas montañas grises, pertenecientes a las empresas mineras.
La activista del CUZ aseguró que en esas presas de jales «hay polvos y residuos de arsénico, cianuro así como de otros elementos químicos usados en el proceso de separación de plomo, cobre y zinc que hacen esas mineras’.
«Pero al alcalde nada de eso le importa ya que sólo tiempo tiene para promoverse con Honoris Causa, según él por promover la paz Mundial» dijo por su parte Hilario Encarnación Nieves, líder estatal de CUZ.
Por su parte, Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado local por Zimapán por el partido Morena hizo un exhortó al alcalde panista Erick Marte ’a ponerse las pilas y atender a la gente cuando este tipo de casos se registren ya que los polvos tóxicos de las minas son peligrosos’.
Lamentó que pese a que Zimapán tiene el denominativo de ’Pueblo Mágico’, ’tanto el alcalde como los integrantes del Cabildo no hacen nada para poner en orden a las empresas mineras que depositan sus desechos mineros en las cercanías de viviendas, provocando estragos a la salud de la gente como ocurre en San Miguel.
En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.
Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.
En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.
Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.
En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.
La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.
Recientes denuncias en redes sociales nos han hecho recordar que el 22 de enero de 2018, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) hizo pública una concesión minera de 1000 hectáreas, que comprometería la zona turística conocida como las Aguas Turquesas de Millpu, en los distritos de Huancaraylla y Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo en la región de Ayacucho.
La concesión minera Sombrero 38, de la empresa Sombrero Minerales S.A.C., fue presentada en 2017, actualmente se encuentra en etapa de estudio y cuenta con la autorización para el ingreso del personal minero a la zona. Si bien la zona comprometida se encuentra a 10 kilómetros de las piscinas naturales, esta se ubica río arriba sobre las fuentes del río Millpu.
En 2015 el lugar fue revalorizado como zona turística, haciéndose famoso por su belleza paisajística, pero como su nombre quechua lo indica, su función ancestral es la distribución de recursos hídricos. Este territorio es parte de un extenso sistema de gestión del agua compuesto de bofedales, microcuencas, lagunas, cataratas, millpus (canales de captación) y ojos de agua, que abastecen a la actividad agropecuaria, acuícola y el consumo humano de las comunidades cuenca abajo.
El hecho ha suscitado la oposición de las comunidades de Llusita, Huancarayllina, Fajardina y del centro poblado de Circamarca, que han conformado un Frente de Defensa para la preservación de sus recursos hídricos, turísticos y la salud. Aún se requiere realizar un estudio hidrológico que determine la posible afectación del agua, pero debido a la importancia del sistema hídrico y su arraigo cultural para las comunidades locales, la actividad minera en este territorio se presenta riesgosa.
La mina propiedad de Anglo American utiliza 780 litros por segundo para sus operaciones en la cordillera de Lo Barnechea. Eso equivale al consumo promedio de casi 400 mil chilenos. INTERFERENCIA recogió denuncias de vecinos de El Arrayán, quienes aseguran que sus pozos de agua se están secando.
Cristóbal Del Río vive hace más de 28 años en el condominio de Huallalolén, en el Arrayán en la comuna de Lo Barnechea. Su casa queda a casi cinco kilómetros de la avenida Las Condes, una de las principales arterias del sector oriente de Santiago. Así y todo, para él y su familia es un desafío conseguir agua potable. Sin acceso a la red sanitaria, han dependido de pozos subterráneos para obtener este recurso, una técnica de extracción que año a año se hace más compleja.
En 1991 Del Río construyó una noria de 15 metros de profundidad para extraer agua. El pozo duró apenas siete años, teniendo que ser reemplazado en 1998 por uno de 52 metros. El segundo pozo también se secó en 2015, lo que obligó a cavar aún más profundo. “Hoy sacamos agua de un pozo de 132 metros, que tiene aproximadamente 10 metros de agua”, cuenta.
Tanto Del Río como otros vecinos del sector con los que conversó INTERFERENCIA, responsabilizan a la empresa Anglo American por la crisis hídrica con la que conviven día a día. A unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, y a apenas 60 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago, se ubica la mina de cobre y molibdeno Los Bronces, propiedad de esta trasnacional británica-sudafricana. Emplazada entre el Santuario de la Naturaleza El Arrayán y el Parque Cordillera Yerba Loca, el complejo extrae minerales utilizando 780 litros por segundo de agua, según información de la propia empresa.
El volumen de agua que se usa todos los días en las operaciones de Los Bronces equivale al consumo diario de casi 400 mil habitantes. Así se desprende de un estudio publicado el año pasado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que cifró el consumo diario de los chilenos en 170 litros por habitante. Así, la mina a rajo abierto, que opera las 24 horas del día excepto para las tronaduras que sólo se realizan durante la luz del día, usa el mismo agua que todos los habitantes de La Serena e Iquique combinados.
En 2018, esta mina en la cordillera de los Andes empleó en total a unos 1.700 trabajadores, aunque en enero de este año desvinculó a decenas de ellos “como parte de un proceso de optimización de la operación”, según su reporte anual publicado en abril.
Contactados por nuestro medio ayer en la tarde, Anglo American ratificó que actualmente extrae 780 litros por segundo de distintas fuentes acuíferas, tanto subterráneas como superficiales, “todas respaldadas en derechos de agua que cuentan con las autorizaciones correspondientes”. La empresa aseguró mediante un correo electrónico que entre estos 67.000 metros cúbicos de agua diarios que extrae en la cordillera de Santiago, “los Bronces recircula, es decir recicla, entre un 70% y 80% del agua de su proceso industrial”. Según la compañía, que también es co-dueña de la mina Collahuasi en el norte de Chile, se trataría de uno de los promedios de reciclaje de agua minera más grande del país.
Sin embargo, aguas abajo, en la zona precordillerana de Lo Barnechea, los habitantes no creen que los Bronces sea un “buen vecino”. INTERFERENCIA contactó a seis familias que extraen agua desde pozos en el sector de El Arrayán. Tres de estas en el sector de Huallalolén, a 5 kilómetros de avenida Las Condes, y tres en el sector de Pastor Fernández, entre 500 metros y un kilómetro de la avenida. De estas familias cinco fueron las que han tenido que profundizar sus excavaciones en los últimos años, todas pasando a pozos de a lo menos 60 metros de profundidad.
Además, se han formado varios movimientos sociales y ciudadanos que se oponen a esa mina, que inició sus operaciones en 1980, y que a inicios de este año ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto llamado “Los Bronces Integrado”, que expande sus operaciones en la cordillera. Muchos habitantes de Lo Barnechea, en especial de la zona de El Arrayán, temen que ello agrave aún más la crisis hídrica. Además, algunos denuncian que el SEA ha sido condescendiente con la compañía minera, al punto de que habría realizado talleres de participación ciudadana en dependencias de Anglo American.
La minera, que también opera la mina El Soldado en la comuna de Nogales y la fundición Chagres, ambas en la Quinta Región, asegura que su expansión no pondrá más estrés sobre los recursos hídricos. “El proyecto se desarrollará con los derechos de agua actualmente autorizados para la operación, sin incrementar el uso de agua fresca”, afirmó por escrito a nuestro medio. “Esto será posible porque se repotenciará el sistema de agua recirculada, de modo de reciclar aún más agua, y porque la tasa de procesamiento de mineral en la planta se mantendrá en el mismo nivel que en la actualidad”.
El año pasado Los Bronces produjo 370 mil toneladas de cobre fino, un aumento de 20% frente a 2017, mientras que sus tres operaciones en la zona central le produjeron ingresos por US$ 2.500 millones en 2018.
“Somos conscientes de los efectos del cambio climático y la consecuente escasez de agua que está afectando a la sociedad en su conjunto”, afirmó la empresa a nuestro medio. Pero respecto a las dudas y críticas de vecinos del Arrayán, aseguró: “Anglo American no tiene responsabilidad sobre la escasez hídrica que afecta a la población, este fenómeno más bien obedece a la falta de precipitaciones, siendo 2019 un año récord en escasez de lluvia”.
Municipalidad bajo la lupa
Hace casi un año que el Santuario Natural de Yerba Loca –bajo administración de la Municipalidad de Lo Barnechea– está cerrado. El argumento es que los derrumbes naturales de tierra suponen un peligro para los senderistas que usualmente visitan este lugar y muchos de los cuales tratan de llegar hasta el Glaciar de La Paloma.
Sin embargo, existe el temor de que los derrumbes son en realidad causados por las tronaduras de Los Bronces. En conversación con INTERFERENCIA, el montañista, médico y activista medioambiental Mauricio Purto, aseguró hace unas semanas que estos episodios de derrumbes son provocados por las tronaduras del proyecto minero de Anglo American, que incluso genera temblores en la zona de Farellones.
Según el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), fue la propia empresa la que se dio cuenta de los derrumbes cuando sobrevolaban la zona en helicóptero. Dieron aviso y para octubre de 2018 el sendero estaba cerrado.
A través de la página del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca se emitió un comunicado el 5 de marzo indicando que el sendero que lleva hasta el glaciar La Paloma se encuentra cerrado debido a la remoción de masas en la zona, y además agregan que próximamente se inaugurará otra ruta que permita circular de manera segura.
Entre las cosas que aumentan el conflicto y las críticas en contra del municipio y Anglo American, está el estrecho vínculo financiero que existiría entre ambos. Un artículo de Ciper de septiembre de 2017, titulado “Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a los municipios”, aseguraba que la Municipalidad de Lo Barnechea recibió aportes por más de 2.960 millones de pesos entre 2010 y 2016 de la transnacional británica. Y es que la empresa ha inyectado dinero y ha financiado una serie de proyectos junto a Guevara.
El lazo más evidente es el Proyecto Yerba Loca, financiado y gestionado por Lo Barnechea, Anglo American y Club Parques Outlife. Según el sitio web del proyecto, la gigante minera “tiene un fuerte compromiso ambiental”, que busca impulsar el desarrollo sostenible junto a emprendedores locales.
Entre los grandes detractores de la actividad de Anglo American en la cordillera sobre Santiago se encuentra Mauricio Purto, quien en mayo de 1992 escaló el monte Everest. Además ha cuestionado de manera constante el vínculo municipal con la empresa minera. Producto de esto, Felipe Guevara presentó ante el 15º Juzgado Civil de Santiago una demanda por “indemnización de perjuicios” en contra del montañista el 2 de abril del presente año.
En el escrito, Guevara argumentaba que “se han cuestionado de forma irresponsable e impune mi honor y honra tanto en mi faceta personal y de autoridad, poniendo en duda mi idoneidad moral y capacidad política, en términos generales y por extensión, para ejercer el cargo para el cual he sido elegido”.
En el próximo 25 de enero, se completará un año de uno de los mayores crímenes sociales y ambientales cometidos por la empresa minera Vale en Brasil: la presa de relaves de la mina Córrego do Feijão estalló en Brumadinho (MG), matando al menos a 259 personas ya identificadas, así como dos niños no nacidos, Lorenzo y María Elisa, quienes murieron en el vientre de sus madres. Once personas siguen desaparecidas.
La avalancha de unos 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que enterró a mujeres, hombres, animales y vegetación también mató al río Paraopeba a 40 km de la presa rota, impactando a pueblos nativos, fauna y flora que dependían de él.
En 2015, Samarco, una subsidiaria de Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton, había cometido el mismo crímen en Minas Gerais. La ruptura de la presa del Fundão en el municipio de Mariana mató a 19 personas y dejó un rastro de destrucción con 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que arrasó animales, vegetación, comunidades, hogares, el Río Doce y parte de la costa brasileña.
Tanto Samarco como Vale conocían de antemano el riesgo real de la ruptura de las presas, pero no tomaron medidas para evitar las tragedias. Hasta ahora, nadie ha sido castigado por ninguno de los delitos.
La indignación con la impunidad, con la connivencia y la omisión del Estado y el poder de operación de las compañías mineras en Minas Gerais llevaron a los miembros del Movimiento por las Montañas y las Aguas de Minas (MovSAM) a crear la campaña “Enero Marrón”. El objetivo de la campaña, según Maria Teresa Corujo, miembro del movimiento y ambientalista en Minas Gerais, es recordar, durante todo enero, el crimen de Vale en Brumadinho y hacer visible el papel del estado y los aliados de las compañías mineras que también son responsables del crimen.
Además, existe el alerta “sobre la minería que mata y atormenta a las personas, destruye comunidades y biomas, vidas, fauna, flora, paisajes, calidad del aire y del suelo, manantiales, acuíferos y ríos, y avanza sin descanso por territorios tornando inviables otras formas de vida, viola los derechos y hace uso de las estrategias más diversas para tomar a la población como rehén ”, agrega María Teresa, quien también es parte del Movimiento para la Preservación de la Sierra do Gandarela y SOS Serra da Piedade.
Alianza entre ¡Agua para los Pueblos! y Enero Marrón
Durante el mes de enero, el capítulo brasileño de la campaña “¡Agua para los pueblos!” irá unirse a la campaña “Enero Marrón” publicando en este sitio reportajes sobre el crimen de Vale y contenido exclusivo en Twitter, Facebook e Instagram sobre Brumadinho y la resistencia de los pueblos y comunidades a violaciones cometidas por empresas mineras. Las tragedias de Mariana y Brumadinho muestran, de manera superlativa, las tragedias diarias de cientos de comunidades brasileñas como Piquiá de Baixo (Açailândia/MA) y Santa Rosa dos Pretos (Itapecuru-Mirim/MA), violadas por Vale y la minería durante décadas. A continuación, lea la entrevista dada por Maria Teresa Corujo al sitio.
¿Qué es el “Enero Marrón” y cómo surgió?
Enero Marrón es una campaña de concientización y alerta, similar a Octubre Rosa y Noviembre Azul, que ahora forman parte del calendario anual de campañas. Surgió en diciembre de la idea de Guto quien, junto con otros miembros del Movimiento para las Montañas y las Aguas de Minas (MovSAM) en el que participa, desarrolló el plan inicial que se compartió con otros activistas para su realización.
¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa consiste en una campaña a través de las redes sociales basada en la adhesión de organizaciones, movimientos y personas que se unen en un colectivo para abrazar y alcanzar su objetivo. A lo largo de enero, se publicará material que reúne datos, información, aclaraciones, reflexiones y noticias relevantes sobre la minería y sus impactos en las comunidades y el medio ambiente y cómo el Estado ha estado en silencio o coludiendo. La campaña también dará visibilidad a los actos, eventos y manifestaciones relacionados con el hito de un año de la ruptura el 25 de enero de 2019, como la primera peregrinación arquidiocesana para la ecología integral de Brumadinho.
¿Cómo pueden las personas, grupos y entidades apoyar a “Enero Marrón”?
Uniéndose a la campaña como ya está sucediendo con el uso del lazo marrón en las fotos de perfil en Facebook y logotipos de organizaciones y movimientos que ya participan en el Enero Marrón. Siguiendo a la campaña @janeiromarrom en Instagram y Twitter y compartiendo con amigos; grabar un video de apoyo de la campaña usando el [hashtag] #janeiromarrom (máximo 1 minuto), realizar acciones de Enero Marron en su municipio y enviar fotos / videos para ser publicado (janeiromarrom@gmail.com) y siguiendo las publicaciones del blog de la campaña.
¿En qué contexto se creó la campaña?
Enero Marrón fue creado porque estamos indignados con la impunidad con respecto a los crímenes de Samarco (2015) y Vale (2019) y la hegemonía y el poder que tiene la minería en Minas Gerais a pesar de los graves impactos y violaciones durante décadas. La verdad es que para las compañías mineras y la mayoría de las autoridades, gobiernos, municipios, políticos y el poder judicial, es como si nada hubiera sucedido en Brumadinho. Es como si 272 personas no hubieran muerto (dos bebés murieron junto con sus madres embarazadas), parte del río Paraopeba ha sido destruida y destruyeron la cuenca hidrográfica que abastecía a miles de personas. Es como si en 2015 el Río Doce y la costa no hubieran sido impactados como lo fueron, 19 personas no hubieran sido muertas, Bento Rodrigues y otras comunidades destruidas, el pueblo Krenak perdido su río Watu y miles de personas sufrido varios tipos de pérdidas.
Hemos visto al Estado respaldar repetidamente, con opiniones favorables, proyectos mineros donde hay represas que son “bombas de tiempo”. Por ejemplo, el 20 de diciembre de 2019, en una reunión del Consejo de Estado para Actividades Mineras (CMI) del Consejo de Estado para Política Ambiental, que duró 12 horas ininterrumpidas, se otorgó una Licencia de Operación para la elevación de la presa de Anglo American en Conceição do Mato Dentro (MG) que tendrá alrededor de 300 millones de metros cúbicos de relaves, incluso con comunidades en la llamada Zona de Auto Rescate (que llamamos Zona de Alto Riesgo de Muerte), que la Ley, conocida como el Mar de Lodo Nunca Más, prohíbe expresamente. Con opinión legal favorable del Fiscal General del Estado que no cumplió con una recomendación del Ministério Público del Estado. Diez de los doce consejeros votaran a favor de la otorga de la licencia mismo contra la ley
La posibilidad de nuevas rupturas de presas es muy real por la forma en que se aborda el problema porque las autoridades no hacen ninguna acción efectiva. Tenemos regiones en Minas Gerais como Itabira, Alto Rio das Velhas y Paracatu con presas de relaves con una gran cantidad de personas alrededor. En Itabira hay alrededor de 10,000 personas que viven en la Zona de Auto-Rescate de las 17 represas de relaves de Vale y en el Alto Río das Velhas hay más de 50 represas de relaves que, si se descomponen, van río abajo e interrumpen el suministro de agua de dos millones de personas de Belo Horizonte y su región metropolitana. Algunas presas con un volumen que puede destruir incluso el río São Francisco.
Estamos indignados y no nos gusta que las soluciones ofrecidas sean, por ejemplo, capacitar a las personas para salvarse mientras permiten que la minería continúe operando presas y expandiendo los complejos mineros donde se incluyen estas presas, sin mencionar las nuevas licencias. No aceptamos que las soluciones sean simplemente colocar sirenas, señales de ruta de escape y puntos de encuentro, mientras que el status quo de la minería continúa como si nada hubiera sucedido y las empresas mineras continúen con licencia. Y todavía tenemos lo que llamamos “terrorismo de presas” que ha estado evacuando a personas de los territorios alegando riesgos que no están confirmados y que aún justifican grandes trabajos de “emergencia” que causan graves impactos sociales y ambientales y se construyen después de las comunidades, lo que significa que de nada sirven, a excepción de los intereses de expansión o nuevas minas en estas regiones.
De ahí la necesidad de aumentar la conciencia de la población sobre la minería y revelar la verdad sobre esta actividad extractiva que es casi como una caja negra porque la industria protege y desarrolla estrategias de comercialización para que la población sea engañada. Una vez que la mayoría de la población sepa lo que los ambientalistas hemos sabido durante años, lo que las comunidades mineras circundantes han experimentado durante años, el sufrimiento y el impacto, tendremos mucha presión social para poner contra la pared estas empresas y autoridades. Es vergonzoso, cruel y violento lo que vivimos en Minas Gerais.
La persecución del lonco Kayupan, en 1833, significó la primera incursión del flamante Estado en la región. Fue una matanza, con toma de prisioneros incluida. Casi 190 años después, la zona se ve amenazada por una nueva forma de avasallamiento.
En Río Negro, no sólo Calcatreu está en la mira de la mega-minería. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche se encargó de recordar que el proyecto de explotación de uranio Mina Ivana “está iniciando su desarrollo a 25 km de Valcheta, dentro de una superficie de 118.000 hectáreas que el gobierno de Río Negro ha cedido para la exploración y explotación a la empresa Blue Sky Uranium Corporation”. Se trata de una compañía canadiense que según información empresarial, se consagra a “la adquisición, evaluación y exploración de propiedades de uranio en Canadá y Argentina”.
Estableció el pronunciamiento mapuche tehuelche que “Amarillo Grande es el nombre del proyecto integral y el Informe de Evaluación Económica Preliminar lo tiene el gobierno, pero no nos ha hecho partícipe y no ha informado a nuestra organización comunitaria, que tiene que revisar el informe de impacto ambiental pero fundamentalmente, tiene que desarrollar un informe de impacto cultural, que es un derecho que nos asiste como comunidades para determinar la posibilidad de ese proyecto”.
En el lado gubernamental, la organización señaló varias falencias. “El Consejo Provincial de Evaluación Minera (CoPEAM), creado por Ley 4738/11 debe contar con representación indígena para que se escuche nuestra postura”. Sin embargo, “se incumple con la participación y se incumple con la consulta a las comunidades y pobladores dispersos, contemplados dentro de la Ley 2287 como sujetos de derecho indígena asimilados a las comunidades y por consiguiente, aplica el Convenio 169 de la OIT”.
Para la Coordinadora Mapuche Tehuelche, “el desarrollo de este proyecto de uranio y vanadio contiene una peligrosidad extra y es que se quiere instalar la planta en una zona inundable con una pileta de relaves (agua contaminada con desechos radioactivos) a 500 metros de la laguna Tres Picos. Este proyecto es compatible con la muerte y su desarrollo va a tener consecuencias devastadores para la vida. Cualquier incidente se remediará en miles de años y los desechos radioactivos también quedaran expuestos miles de años”.
Ante ese panorama, “hoy más que nunca exigimos Consulta, Libre, Previa e Informada, participación en los informes de impacto ambiental y exigimos informes de impacto cultural. No a la Mega-minería. El agua que corre por los territorios sin contaminación, es vida”. La demanda se incluyó en el documento “La mega-minería No es una opción posible”, que la organización indígena hizo circular días antes de que expirara 2019.
En los tiempos de Rosas
Valcheta y en rigor, toda la jurisdicción de la provincia, fueron ajenas a la soberanía argentina hasta fechas muy tardías. La primera incursión de tropas de la Confederación se llevó a cabo en el marco de la ofensiva que capitaneó Juan Manuel de Rosas entre 1833 y 1834. En ese marco, el sargento mayor Ibáñez recibió órdenes de perseguir al lonco Kayupan y su gente, quien según los informes, se refugiaba al sur del río Negro. La tropa formaba parte de la columna que al mando de Ángel Pacheco, en mayo de 1833 cruzó las aguas, a unos 20 kilómetros de Carmen de Patagones. El episodio es muy valorado por la historiografía militar y revela la extrañeza que aquellos parajes presentaban para quienes reclamaban soberanía: “es halagador dejar constancia de que fue el general Pacheco el primer jefe de nuestro ejército que llegó al río Negro, que hasta ese entonces no había sido recorrido por otras tropas”, admitía a mediados del siglo XX, el historiador militar Juan Carlos Walther.
Según los jefes de la expedición, la de Kayupan merecía el calificativo de “peligrosa indiada” y de “araucana”, si bien en 1828 había tomado parte en las contiendas intestinas que estallaron en la provincia de Buenos Aires, del mismo bando que ahora se convertía en su perseguidor. Los soldados cubrieron la travesía de 100 leguas entre Carmen de Patagones y el río Balchitas, para finalmente el 6 de octubre, caer sobre las tolderías. Afirman las fuentes militares que el combate fue rápido y encarnizado, con 36 muertos entre los mapuches. Además, “cayeron en poder de Ibáñez las familias de los salvajes, numerosos cautivos y haciendas”. Para los conductores de la guerra, aquella “era la única indiada rebelde refugiada en esas soledades, al abrigo de una enorme travesía; por eso Callupán, en la seguridad de que nadie osaría llegar hasta allí, pudo ser sorprendido”. Soslayan los historiadores que entre los expedicionarios formó “un escuadrón de indios amigos”, cuyo conocimiento del terreno fue decisivo para dar con los fugitivos.
El área del arroyo Valcheta también fue mencionada en la crónica de un viajero europeo, cuyo periplo se cumplió entre 1865 y 1866, cuando todavía faltaba más de una década para la llegada definitiva de los militares argentinos. El suizo Georges Claraz atravesó la región con rumbo sur y sudoeste, en el marco de un contingente que se conformó con jinetes mapuches y tehuelches. En el diario de su viaje, consignó su arribo al curso de agua el 19 de noviembre de 1865. Ese día anotó que “ni bien llegaron los indios, se echaron de bruces para beber agua, después de haber derramado algo hacia oriente, como ofrenda al dios. Luego salió la luna como fino cuarto creciente. Saludan también a la luna nueva”.
El agua, siempre el agua
Sobre todo en la primera de las descripciones, aflora una particularidad de la espiritualidad mapuche, aunque la costumbre de “derramar algo hacia oriente” no tiene que ver con dios alguno, sino con el sitio de donde provienen el Sol y la vida. Investigaciones posteriores localizaron en el paraje que actualmente se conoce como Punta de Agua al paradero que utilizaron los viajeros. Al día siguiente de su llegada, la columna indígena retomó su caminar río arriba, es decir, en dirección hacia el sur y levemente hacia el oeste.
Cuatro años después de Claraz, otro viajero europeo inserto en una partida aonik enk y gününa küna, tuvo la chance de disfrutar de la biodiversidad de Valcheta, la misma que ahora está bajo amenaza. En el otoño de 1870, anotó el inglés George Musters para una de sus jornadas: “los animales estaban agrupados por allí entre esos montecillos, y Golwin, el hijo de Jackechan de pelo rubio, se entretuvo en hacer vanas tentativas de contarlos. Después de media hora de holganza echamos a andar otra vez, abandonando uno de los caballos de Meña que estaba extenuado, y seguimos poco más o menos la línea del río hasta que, como a las tres de la tarde, llegamos al campamento de Valcheta. Como era temprano todavía, algunos de la partida salieron a cazar, pero volvieron con las manos vacías”. Según estudios posteriores, su ubicación coincide con el emplazamiento actual de la localidad. ¿Quién entre los mapuches y los tehuelches que tantas veces cabalgaron en libertad en cercanías del arroyo pudo pensar que una década más tarde, el sitio albergaría un campo de concentración? Después de las campañas militares “todos fueron concentrados en lugares delimitados bajo el control de las autoridades militares. Tanto los primeros grupos en presentarse como los últimos fueron sometidos a esta restricción física que les impedía el libre acceso a los recursos”, apunta el historiador Walter Delrio. “Uno de estos campos de concentración fue el de Valcheta, en la meseta rionegrina, en el que fue concentrado el mayor número de familias”.
En cierto sentido, las aspiraciones de la Blue Sky Uranium Corporation implican la continuidad de la Campaña al Desierto. “Tuve anteayer (por el martes último) una larga conversación con el ministro (de Gobierno, Rodrigo) Buteler”, según actualizó el werken de la Coordinadora Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo. “Habíamos previsto para diciembre una reunión con la Gobernadora que no fue posible, entonces en esta charla abordamos la cuestión territorial y el problema de la mega-minería”.
No hay licencia comunitaria
Sumó que “con respecto al tema de Valcheta, le dije que si bien en el territorio específico no hay comunidades conformadas, sí hay comunidades cercanas y dentro del Bajo, una comunidad que reclama territorio. Además, entendemos que a los pobladores dispersos que están ahí, están beneficiados por la Ley Integral del Indígena en cuanto a la consulta y que el mismo fallo de Calcatreu, establece pasos específicos que hay que respetar”, abogó Carriqueo.
En la misma conversación “le recordé que la mega-minería es una discusión que se está dando a nivel nacional y que es fundamental darla en Río Negro. Estamos planteando que en principio no hay licencia comunitaria ni social para avalar los proyectos mega-mineros y que la discusión tiene que darse desde distintos aspectos, para construir Estados plurinacionales y pluriculturales”, resaltó. “El ministro me dijo que no tenía conocimiento de Mina Ivana, se comprometió a tener más detalles” para una próxima reunión que incluiría a Arabela Carreras, el próximo 14 de enero. “Nosotros entendemos que ese proyecto no se puede desarrollar”, subrayó el werken.
Hay continuidades que no son casuales. “Lo primero que se me ocurre pensar es que tenemos que hacer en ese territorio un llellipun para fortalecerlo y para fortalecernos nosotros. Con el Estado hace falta avanzar en el reconocimiento de los hechos históricos, fundamentalmente del genocidio que fue punto de partida, para empezar a dar otras discusiones que son centrales en lo cotidiano y actual, pero que tienen raíz histórica. Cuando nuestra discusión aúna los términos políticos con el reconocimiento histórico sobre la mesa, el Estado se queda sin argumentos para rebatir nuestras demandas”, ejemplificó. Todos los territorios están en disputa.
Son tiempos revueltos y por tanto, tiempos de amar. Y amamos tan acorazadamente en estos tiempos que dejamos poco espacio para la escucha, la pregunta, la duda sobre lo que se dice. Así, repetimos construcciones como “realidad virtual”, “periodismo independiente”, “noticias falsas” o “minería sustentable”. Cada una de estas y otras combinaciones constituye un oxímoron de moda, una contradicción en sí misma que nos zambulle en el mundo de la falacia (que como el oxímoron también está de moda) y nos pone a pedalear en una rueda discursiva infinita que revuelve aún más los tiempos y nos resta el de amar sin coraza.
Por amor a nuestra gente y a la tierra de todos, y porque el lenguaje nos constituye como personas y como pueblo, necesitamos desarmar esos binomios que congelan los sentidos. Puntualmente vamos a referirnos al par “minería sustentable” porque nos compete como movimiento social que construye conocimiento sobre el tema desde hace 18 años. Y lo haremos en parte como respuesta al artículo ¿Es posible una minería sustentable? publicado el 5 de enero en Página 12.
Sobre las posiciones opuestas e irreconciliables
Plantear la discusión en términos de oposición, minería sí/minería no, enmascara una discusión mucho más profunda, discusión en la que la megaminería se inscribe como una expresión y que es extractivismo sí/extractivismo no.
No es una máscara menor: la megaminería al igual que el agronegocio son expresiones del extractivismo. Hacemos mención al agronegocio porque en el artículo se señala que Argentina exporta poco y que sus exportaciones se concentran en “el sector agrícola que disfruta de un poder económico y político excesivo”. Coincidimos en ello pero necesitamos señalar que agronegocio y megaminería son elementos de un mismo modelo así que la megaminería no estaría restándole poder al agronegocio sino más bien complementándolo. En ambos casos nos enfrentamos a actividades intensivas en el uso de la tierra y el agua, altamente contaminantes, que compiten en el aprovechamiento de la infraestructura estatal con las poblaciones que generalmente se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia porque ninguno de los megaemprendimientos extractivos genera desarrollo local.
La primera falacia que nos propone el oxímoron “minería sustentable” entonces es la definición de los términos de oposición. No se trata de minería sí/minería no sino de extractivismo sí/extractivismo no.
Como nuestro movimiento ha construido fundamentalmente conocimiento en torno a la minería, profundizaremos en el oxímoron “minería sustentable”. Lo sustentable es aquello que sobrevive por sí mismo y la idea de “sustentabilidad” es usada en economía y ecología para designar un sistema que puede mantenerse en el tiempo sin necesidad de agotar los recursos naturales ni causar daños graves al medio ambiente. La ley 24.196 no es una ley de sustentabilidad minera, es una ley de inversiones mineras es decir, una ley que solo asegura ganancias para las empresas, y además, las Inversiones Extranjeras Directas se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de los países empobrecidos y: no son fuentes de producción e industrialización, sino fuentes de financiación y sabemos que cuando financiamos, terminamos pagando más de lo recibido. Nos hemos explayado sobre estos temas aquí y aquí. Y está harto demostrado que no hay desarrollo local en torno a los emprendimientos mineros. Solo hay que ir a Jáchal, Santa María, Belén, etc…
En síntesis, la sustentabilidad de la minería no se vincula con el ambiente y las poblaciones, ni siquiera con los Estados de los países en los que se practica sino con la provisión de ganancias hacia el capital transnacional. Duras conclusiones a las que se llega además al saber cuáles son los costos, por ejemplo que hay que destruir una tonelada de roca para obtener un anillo de oro o que minera La Alumbrera consume cien millones de litros de agua por día y el 80% de la energía eléctrica de Tucumán y que el tope de regalías mineras en Argentina es del 3%.
Sobre institucionalizar acuerdos sociales
Cuando dos partes se disponen a establecer un acuerdo necesariamente deben reconocerse como iguales ¿Hay que ilustrar aquí la desigualdad entre las corporaciones mineras y las poblaciones, sobre todo cuando los Estados provinciales son aliados de esas corporaciones? ¿Qué promesa creíble puede hacerse a una comunidad a la que se le ha negado la provisión de agua siendo que vive sobre un acuífero y ve morir de sed a sus animales? Nos referimos puntualmente a la Meseta Central de Chubut.
¿Qué tipo de dinamismo tiene el pueblo chileno que desde hace dos meses tomó las calles? Sin agua porque está privatizada para uso minero y con deudas de por vida para pagar sus estudios a pesar de exportar diez veces lo que exporta Argentina?
El derrame en Veladero, la rotura de represas de relaves mineros en Brasil y otros tantos ejemplos en Latinoamérica y el mundo hablan por sí mismos de la incompatibilidad de la megaminería con la vida. Canadá,Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, no son ejemplos de impactos positivos de la minería, solo hay que hurgar un poco en su historia.
Sobre la licencia social
Volvamos sobre lo dicho hasta aquí. Extractivismo sí o no, no es solo un posicionamiento irreconciliable sobre la megaminería, se trata de un posicionamiento ante la vida o por la vida ¡Cómo puede esperarse que los pueblos demos licencia social para matar(nos)! ¿Cómo es posible que no se ponga en su real valor el trabajo genuino? La posible exportación de productos con certificación ecológica: semillas sin modificar, carnes y alimentos naturales en general, tejidos, vestimenta, tecnología limpia y conocimiento, inclusive minería de roca caliza o laja por ejemplo que no es la gran minería… ¿cómo es posible que el Estado en quien delegamos algunas de nuestras facultades nos proponga el ecocidio como forma de pago de una deuda ilegítima?
No hay ni puede haber licencia social para la minería a gran escala como no pueda haberla para la destrucción del agua y la tierra. El agronegocio tampoco tiene licencia social pero fue impuesto en tiempos en los que los conocimientos sobre el cuidado de la vida no circulaban popularmente.
Hay una dimensión desconocida para muchos voceros del establishment, empresarios, políticos, funcionarios, académicos: la enorme construcción de conocimiento popular y colectivo que se produjo en estos años. Algo que también podemos exportar.
Aquí, no queremos dejar pasar otro enmascaramiento: la supuesta neutralidad de algunas de las voces que abogan por el diálogo, el debate y el consenso. La Dra. Anabel Marín, autora del artículo al que hacemos referencia, tiene un Convenio con la Cámara de Proveedores Mineros para realizar un estudio centralizado en la minería metalífera de oro, cobre y plata que involucra a empresas de CAPMIN y a Cámaras de Proveedores Provinciales y Locales, empresas mineras y al Estado en sus diferentes estamentos.
Sobre amar en tiempos revueltos
Amarnos más es imperativo. Las recetas neoliberales no contienen amor como ingrediente. Tampoco como estrategia. El extractivismo es neoliberalismo. Hay que quitarse la coraza, ligarse con los otros de verdad. Como el agua, impregnarnos de saber popular y afecto. Si vamos a usar el verbo transitivo “invertir” que sea para dar pasos hacia el encuentro en el que todos ganemos porque si hay zonas de sacrificio no es con todos. Exportar metales es otra forma de seguir acrecentando el poder de unos pocos.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA- Esquel, Chubut
Aunque tiene una biodiversidad única en el planeta, la reserva mundial de la biósfera Lauca está siendo contaminada. Relaves mineros abandonados y la explotación de la industria minera del bórax atentan contra los recursos naturales disponibles en esa parte del altiplano chileno.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la comunidad indígena Patay y ratificó lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental de 2006.
Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.
Tormenta’ de polvo tóxico de jales mineros en Pueblo Mágico de Zimapan.
En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.
Recientes denuncias en redes sociales nos han hecho recordar que el 22 de enero de 2018, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) hizo pública una concesión minera de 1000 hectáreas, que comprometería la zona turística conocida como las Aguas Turquesas de Millpu, en los distritos de Huancaraylla y Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo en la región de Ayacucho.
La mina propiedad de Anglo American utiliza 780 litros por segundo para sus operaciones en la cordillera de Lo Barnechea. Eso equivale al consumo promedio de casi 400 mil chilenos. INTERFERENCIA recogió denuncias de vecinos de El Arrayán, quienes aseguran que sus pozos de agua se están secando.
En el próximo 25 de enero, se completará un año de uno de los mayores crímenes sociales y ambientales cometidos por la empresa minera Vale en Brasil: la presa de relaves de la mina Córrego do Feijão estalló en Brumadinho (MG), matando al menos a 259 personas ya identificadas, así como dos niños no nacidos, Lorenzo y María Elisa, quienes murieron en el vientre de sus madres. Once personas siguen desaparecidas.
La persecución del lonco Kayupan, en 1833, significó la primera incursión del flamante Estado en la región. Fue una matanza, con toma de prisioneros incluida. Casi 190 años después, la zona se ve amenazada por una nueva forma de avasallamiento.
Son tiempos revueltos y por tanto, tiempos de amar. Y amamos tan acorazadamente en estos tiempos que dejamos poco espacio para la escucha, la pregunta, la duda sobre lo que se dice. Así, repetimos construcciones como “realidad virtual”, “periodismo independiente”, “noticias falsas” o “minería sustentable”. Cada una de estas y otras combinaciones constituye un oxímoron de moda, una contradicción en sí misma que nos zambulle en el mundo de la falacia (que como el oxímoron también está de moda) y nos pone a pedalear en una rueda discursiva infinita que revuelve aún más los tiempos y nos resta el de amar sin coraza.