El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Políticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y Código de Conducta. Este reconocimiento ‘ideal’ de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes líneas.
1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa
En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas Métricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canadá) y Glencore (Suiza), que generaron más de 10 mil millones de soles anuales¹. Por ejemplo, para el 2016: S/. 4’ 131,613,000 de Las Bambas, S/. 3’ 690,612,000 Antapaccay y S/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuración económica ha constituido un poder minero hegemónico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a través de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Perú.
En dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en lógica de inversión estatal para desmovilizar conflictos en contra del capital minero. Estructuración y acción estatal que promueve escenarios donde los derechos terminan siendo una segunda prioridad, postergable y hasta negable, versus los intereses empresariales.
2. Doble campo restrictivo para ejercicio y la defensa de derechos
En el corredor minero el ejercicio, exigencia y garantía de derechos de las poblaciones locales, comunidades campesinas y defensores/as de derechos se desarrolla en un doble campo restrictivo que tiende a reducirse y endurecerse en relación con gobiernos favorables a la inversión minera, la estrategia empresarial y la correlación de fuerzas locales. Por un lado, dentro de un campo donde las instituciones estatales nacionales y locales actúan a favor de los intereses del capital minero: Policía que actúa “eficientemente” cuando están afectados los intereses de la empresa, Policía que tiene convenios con la empresa, Poder Judicial que acelera o dilata los procesos contra dirigentes. Por otro lado, el campo donde el poder hegemónico minero despliega mecanismos de control social, político e ideológico: financiamiento a medios y/o programas radiales para deslegitimar a defensoras/es, fragmentación social, influencia en las elecciones comunales, distritales y provinciales, “trabajo” con aliados/informantes en comunidades y distritos, financiamiento de proyectos de distritos y/o comunidades.
3. Criminalización y privatización del uso de la fuerza
Un primer patrón extendido en el corredor minero es la criminalización. La garantía del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto político que haya más de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales: 500 por las protestas contra la minera MMG Las Bambas de 2011 a la fecha², en Espinar se tiene 3 ciudadanos criminalizados (durante y luego del conflicto del 2012) y decenas de denunciados por la empresa minera, y en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). Sin considerar los cientos de detenidos y heridos que dejaron los conflictos y movilizaciones.
Un segundo patrón está relacionado a la estigmatización de defensoras/es de derechos que se despliega como mecanismo desde las empresas mineras y también desde el Estado. En el caso de las empresas mineras, el control y/o influencia sobre medios de comunicación transforman a los medios en aparatos de deslegitimación y ataque a quienes identifican como contrarios a sus intereses, mostrándolos como “radicales”, “antimineros” ó “terroristas”. En Espinar por ejemplo, “los dirigentes que tienen posición son desacreditados a través del medio de comunicación. Que son radicales, que son enemigos del pueblo, porque había dirigentes que se han hecho de la vista gorda y no decían nada y los que si reclamamos nos ganamos todo el pleito”³; mientras que es extendido la práctica de deslegitimar a los defensores de derechos humanos relacionándolos con las ONGs “y que dichas ONGs manejan millones de dólares en nombre de la pobreza y que los dirigentes cercanos a ellos deben tener beneficios personales y por lo tanto no hay que darle credibilidad, es el mensaje que dan”4. Dicho patrón se muestra en Chumbivilcas y en el caso de Hudbay con lo sucedido el 22 abril de 2017 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty, quienes fueron detenidos en cumplimiento de un supuesto procedimiento “habitual” de la policía de migraciones, luego de la presentación del documental sobre el Fraude de Flin Flon, que en palabras de un dirigente que conversó con un funcionario de la empresa manifestaba: “yo les pregunté de frente, ¿por qué la empresa tiene tanto miedo a Jennifer Moore?, y me dijeron que es una persona radical, que viene desde Canadá, que las debilidades pequeñas que tiene la empresa eso lo agrandan y ahí es que comentaron que han coordinado con el Ministerio del Interior, y que ya lo habían expulsado porque estaba mal informando a la población, ellos se sentían satisfechos”5. Siendo claro el objetivo político de deslegitimarlos, generar desconfianza y fragmentarlos para reducir o anular las posibilidades de oposición.
Un tercer patrón extendido es la privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios Policía-Empresa que parcializa la actuación de los aparatos del Estado y legitima los intereses empresariales, abriendo un campo para vulneración de derechos: 50 efectivos policiales en Las Bambas, 20 en Hudbay y 22 en Tintaya (20 efectivos y 2 de inteligencia). La actuación parcializada de los aparatos coercitivos del Estado se mostró claramente en el caso del conflicto de Espinar (2012) y Cotabambas (2016-2017) cuando la Policía operaba desde las instalaciones de las empresas mineras (dormían, se alimentaban y se movilizan); y en el caso de Chumbivilcas se mostró en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore y el periodista John Dougherty donde la actuación de la Policía fue claramente parcializada a favor de la empresa, deslegitimando la labor de los defensores de derechos y legitimando los intereses de la empresa por parte del máximo representante de la Policía en Cusco: “Estaban realizando reuniones en las que estaban alentando los actos de protesta contra la actividad minera. Está sancionado administrativamente participar en actividades que pongan en riesgo el orden público”6.
Un cuarto patrón extendido son los estados de emergencia. Así, el corredor minero ha sido, es y será escenario de permanentes conflictos por los impactos ambientales que genera el transporte minero, la débil o nula articulación económica de las comunidades y poblaciones por donde atraviesa, la sobreexpectativa de las comunidades y distritos de “ser beneficiados”, y la no expropiación ni compensación de las tierras por parte del Estado y la empresa por la vía por donde transita el transporte minero: Coporaque (2017), Velille (2018), Nueva Fuerabamba (2019), Mara (2019), Ccapacmarca (2019), y Colquemarca (2019). En efecto, los estados de emergencia han sido un mecanismo de uso permanente: el 2018 se ha tenido 6 meses de estado de emergencia en el corredor minero y 4 meses en Colquemarca; mientras que en el 2019 por los conflictos de Yavi Yavi y Capacmarca se ha tenido 2 meses de estado de excepción. Es indudable que el objetivo político no es resolver el conflicto sino desmovilizarlo restringiendo derechos para dar condiciones de estabilidad al capital minero•
1 Las 50 Primeras Compañías Mineras. The Top Mining Companies. En Miles de Soles-Dólares. Perú Top Publicaciones 2017.
2 PERU21. Comuneros buscan una amnistía para 500 dirigentes denunciados. 23 de abril de 2019. Consulta: 9 de dic. De 2019. bit.ly/344Q51j
3 Entrevista a dirigente de Espinar.
4 Entrevista a dirigenta de Espinar.
5 Entrevista a dirigente de Chumbivilcas.
6 Cusco en portada. General Iglesias: Periodistas intervenidos alentaban a protestar contra Hudbay. 24 de abril De 2017. Consulta: 2 de agosto de 2019. bit.ly/2YFxxn1
Fuente:https://derechosinfronteras.pe/los-dd-hh-en-el-corredor-minero-entre-vulneracion-garantia-limitada-y-restricciones-permanentes/?fbclid=IwAR0trXDqI5PdSVmb8TSQYITPsD-6p8sWVbXtnKuiUcHaCCw9QbCfsMoeWkk
El día de hoy, miércoles 8 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitirá sentencia sobre la responsabilidad del Grupo México (dueño de Southern Copper en nuestro país – Perú-), y el Estado mexicano en la fallida reparación integral a los afectados por metales tóxicos y la falta de remediación de la cuenca del Sonora, a través del Fideicomiso que crearon con un fondo de 2 mil millones de pesos (360 millones de soles aproximadamente), que solo implementaron un poco más de la mitad de acuerdo a la 
El día de hoy por la mañana, 9 de enero, se desarrolló el paro de más 12 comunidades de Espinar, que posteriormente levantaron a las 6pm, pertenecientes a los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, entre las que se encuentras las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua. Las comunidades de Espinar señaladas exigen la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación del proyecto minero Tintaya-Antapaccay perteneciente a la empresa minera suiza Glencore. Se estiman 25 años de vida del proyecto minero Coroccohuayco, sumado al proyecto minero en funcionamiento actual, Antapacay, que también operará 25 años.
Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.
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El día de ayer, jueves 9 de enero, a partir de las 10am, se desarrolló en las instalaciones de El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sutesal- en Breña, el Foro Electoral: Pacto por el agua. La apertura del Foro electoral estuvo a cargo de la secretaria general de Sutesal, Luisa Eyzaguirre y contó con la participación de diversos candidatos de los partidos políticos postulantes: Juntos por el Perú, Podemos Perú, Apra, Perú Libre, Frente Amplio, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Alianza para el Progreso. El foro lo organizó el Frente Pueblos en Defensa del Agua, la Vida y Sedapal, que impulsa el sindicato de trabajadores de Sedapal (Sutesal), el Frente Unitario de los Pueblos del Perú y diversos colectivos que luchan por el agua como bien común.
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Al menos 14 menores murieron en una mina de cobalto de la República Democrática del Congo (RDC). Ahora, sus familiares han decidido presentar una demanda en los tribunales estadounidenses contra las principales empresas tecnológicas del mundo, a las que acusan por los trabajos forzados y abusos perpetrados contra los menores.
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