Bolivia

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas”

09/11/2023 6:28 am Portada

David R. Boyd, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente se refirió a las más recientes exigencias de la minería cooperativizada en Bolivia. FOTO: RRSS

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, se pronunció respecto al reciente pedido del sector minero aurífero de explotar áreas protegidas en propio beneficio, sin tomar en cuenta el daño que se puede provocar en estas zonas de conservación.

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas. Esto viola el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible”, escribió Boyd en la red social X (antes Twitter), compartiendo un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

El relator agregó en su post que en el caso específico de Bolivia, la explotación en estas áreas naturales, “también viola los derechos de la madre naturaleza”.

Entre los pedidos de los mineros auríferos, además de la exigencia de reducciones impositivas, se encuentra la solicitud de que los Certificados de Compatibilidad Únicos (CCU’s) que les fueron entregados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas les sirvan como permiso para realizar operaciones mineras en parques y reservas naturales.

“Es decir que el Sernap, convertido en brazo operativo para el sector minero, otorga autorizaciones cuando es una instancia que debería, más bien, impedir el ingreso de actividades extractivas a las Áreas Protegidas”, señala el pronunciamiento de la Contiocap, compartida por el relator de la ONU.

Contiocap exige que estos certificados (CCU’s) sean revocados por ser considerados inconstitucionales.

Esta organización denuncia que el sector minero quiere aprovecharse de todas las áreas fiscales, áreas protegidas y áreas forestales para su propio beneficio y sin considerar el bien común, ya que la explotación minera en esta zona pone en riesgo el cuidado del medioambiente.

El punto 9 de su pliego petitorio, los mineros exigen la “prosecución de trámites de adecuación en áreas forestales y áreas protegidas de derechos preconstituidos”. (Agencias)

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas”

Argentina, Litio

Clemente Flores y la lucha indígena contra el litio en Argentina: “La presión es permanente”

Claudio Pizarro 22/10/2023

El vocero de las comunidades indígenas de Jujuy, Argentina, es un referente internacional sobre la lucha que han llevado miembros de pueblos originarios con las grandes empresas del litio. Flores estuvo hace poco en Chile y esto fue lo que conversó con El Desconcierto.
Estuvo hace unos días en Santiago, en el VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), como parte de una delegación internacional donde representaba la lucha indígena contra el litio en Argentina.

Clemente Flores es vocero de las comunidades de Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, Argentina, que se oponen a la instalación de empresas de extracción de litio en los salares donde han vivido ancestralmente y cuya agua temen perder ante el avance de las compañías que buscan ingresar a los territorios.

¿Para quién es la energía?, se pregunta Clemente de entrada.

¿Para los que viven en el territorio o los que viven en otro país?, vuelve a preguntar.

“Creen que el agua sale de la canilla y no es así”, dice con voz grave. “El agua está en los suelos, en los territorios de las comunidades, especialmente en los apus, donde hay hielo, eso se sigue manteniendo, por eso es importante saber cuál es el uso y el manejo que se le da”.


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-¿Cómo se ha dado el proceso de la instalación de la industria del litio en los salares en Argentina?

Hay más de 30 empresas pidiéndole al Estado la autorización para entrar. En este momento las comunidades están resistiendo, viendo que no se les hizo la consulta libre. En la zona nuestra todavía no están explotando el litio, pero sabemos lo que ha pasado en el salar de Cauchari, que está mas a la cordillera, sabemos como es la evaporación de agua en los piletones y que trabajan 24 horas. Todo el salar es una inmensa ciudad, está lleno de luces.

-La escasez de agua es tema ineludible, se han secado arroyos y afluentes.

Es preocupante porque en la zona de las vegas ha ido bajando el agua, y también se dice que otro factor sería el cambio climático o el calentamiento global, pero también son responsables las empresas. Nosotros venimos planteando distintas clases de demandas, tanto ambientales como las consultas, a nivel provincial y en cortes internacionales de derechos humanos. El Estado es el responsable porque las empresas van a sacar el litio y después nos van a vender la batería. ¿Cuál es la ganancia para las comunidades e incluso para el mismo Estado?

-Generalmente las empresas llegan a los territorios con el maletín cargado de dinero. Es algo como de manual.

Todavía no han llegado donde nosotros, pero sabemos que así vienen, entonces por eso queremos saber a través de una consulta cuál es el rol que va a jugar el Estado y quién se va a hacer cargo después de todo el daño ambiental. ¿El mismo Estado? ¿la empresa? ¿el municipio? ¿quién se hace cargo si después de cinco años te dejan sin agua? Nadie quiere hablar de eso y es lo que necesitamos realmente saber. Porque hay una responsabilidad y forma de que se hagan cargo.

-¿Cuántas empresas están instaladas ya en el territorio?

En Sales de Jujuy que está en la parte sur de la cuenca, hay más de 30 empresas pidiendo para entrar y otras dos instaladas. A nuestras comunidades todavía no llegan, pero estamos al borde. Por eso necesitamos apoyo internacional, local, que entiendan que nosotros tenemos derechos y esos derechos se están vulnerando. Que las empresas se haga cargo de lo que estamos hablando, son las mismas que están en Chile y Argentina. Todas internacionales.

-¿Qué piensas de la energía verde y el uso del concepto como eslogan ecológico usado por las empresas?

Habría que preguntarse verde para quién. Porque para nosotros no sé si es tan verde si nos están sacando el agua, están matando a las comunidades y están haciendo de los territorios lugares de sacrificio. No creo para nada en el eslogan de la energía verde.

-¿Cuál es tu mirada respecto a los procesos de licitación en Argentina? ¿Los consideras transparentes?

La reforma a la constitución provincial fue justamente para sacar el uso del territorio, el tema del agua, sacar a las comunidades. Entonces, cual es la forma de preguntarle al Estado que ha hecho con todo eso. Todos esos convenios que tiene, tanto nacionales como internacionales, si hoy por hoy el agua dice que es para la producción. ¿Y esa es la única forma que tienen para producir el litio? Además, son las comunidades las que hoy tienen el agua, la cuidan y tienen pequeñas parcelas de producción.

-¿Se siente fuerte la presión de las empresas?
Totalmente, el 99% de las comunidades están presionadas, tanto dirigentes como las familias. La presión es permanente, tanto del Estado y como de las empresas. La gente no quiere hablar, no quiere participar, no quiere decir. Y, por el otro lado, presionan a cada uno que encuentren para que les firmen y la gente no sabe qué está firmando.

-¿Cuál es la solución?
Que tiene que haber un consenso, tiene que haber otra forma de consenso porque sino esto va a terminar en otras condiciones mucho más duras, porque las comunidades no se van a sentar a decir “sí, che, te voy a dar el litio”. Las comunidades saben de los derechos, han leído bastante, se están capacitando y saben que en esta historia se han vulnerado los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y al agua. Nos han vulnerado un montón de derechos.
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2023/10/22/clemente-flores-y-la-lucha-indigena-contra-el-litio-en-argentina-la-presion-es-permanente.html

Perú

NUEVA AUDIENCIA DEL CASO ARIANA

18/10/2023
El pasado 5 de octubre se llevó a cabo una nueva audiencia sobre el proyecto minero Ariana. Como se sabe, este proyecto pretende instalarse en medio de la principal zona productora de agua para la ciudad de Lima y el Callao, precisamente donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica (reservorios, canales, el Túnel Trasandino, etc.) que conforman el denominado Sistema Marcapomacocha.

Esta es la segunda instancia de un proceso que se inició el 24 de abril del año 2019, con la presentación de una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda fue presentada por las entonces congresistas por Lima y Junín, Marisa Glave y Katia Gilvonio respectivamente, y José De Echave, como representante de CooperAcción. Se contó con el apoyo de los profesionales del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de CooperAcción.

A lo largo de todo el proceso, los demandantes han demostrado la amenaza real que constituye Ariana para toda la infraestructura del Sistema de Marcapomacocha y el abastecimiento de agua para Lima y el Callao. Esta amenaza tiene que ver con la afectación a flujos de agua subterránea, posibles filtraciones que podrían contaminar flujos de agua superficial y subterránea, así como el eventual colapso de la relavera que afectaría al Túnel Trasandino Cuevas-Milloc.

La preocupación no es solo de las organizaciones y ciudadanos demandantes, sino también de la empresa SEDAPAL (responsable de dicho abastecimiento) y de la empresa ENEL (propietaria de la infraestructura que podría resultar afectada) y ha sido señalada también por especialistas internacionales.

En el proceso judicial, se ha demostrado, asimismo, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no evaluó la posible afectación al Túnel Trasandino, por lo cual el argumento legalista y formalista de que “el EIA cuenta con la opinión favorable de la ANA” es totalmente insuficiente. Si las instancias administrativas aprueban un proyecto como este, sin evaluar adecuadamente sus posibles impactos y si las instancias judiciales no son expeditivas en cautelar los derechos amenazados, ¿qué vías le quedan a la ciudadanía?

Luego de esta audiencia, se espera la decisión que pueda tomar la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los mantendremos informados.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Bolivia

15 ANIVERSARIO COLECTIVO CASA: JUNT@S POR NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS, EL AGUA Y LA VIDA

Este lunes 23 de octubre, con mucha alegría festejamos nuestro 15 Aniversario del Colectivo CASA, hermanados con diferentes organizaciones y representantes de instituciones con las cuales hemos tejido complicidades en defensa de los territorios, de los derechos, de las fuentes de agua, la soberanía alimentaria y de la autodeterminación de los pueblos.

El festejo fue un espacio de compartir, de agradecer y de reconocer las diversas luchas socio ambientales, entre las mas de 15 organizaciones e instituciones presentes con la entrega de reconocimientos llenos de cariño.

Realizamos el trabajo coordinado con la Asociación de Regantes Tacagua por los 30 años de resistencia a la minería, a la comisión de medio ambiente del Consejo Municipal de Challapata con quienes impulsamos acciones en defensa de la vocación productiva, a autoridades originarias de diferentes comunidades y ayllus indígenas con quienes gestionamos conflictos ambientales y la libre determinación, a las autoridades de la comunidad de Realenga por impulsar alternativas al extractivismo minero, a defensoras de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) por sus 10 años en defensa de la vida y con quienes llegamos a mujeres de las comunidades con la escuelita Warmi Yaku, a los vecinos de Vinto y Samco con quienes defendemos la calidad ambiental, los medios de comunicación que nos acompañan en nuestro trabajo de difusión e incidencia, compartimos la alegría con las instituciones aliadas que caminan con nosotros a las redes internacionales con quienes nos tejemos.

Con sorpresa y enorme agrado recibimos una distinción al mérito institucional por el aporte del Colectivo CASA al desarrollo social del departamento de Oruro y por el acompañamiento a las luchas socioambientales otorgada por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro.

Consagramos nuestra celebración con un brindis y un momento de compartir la alegría de estos años de resistencias colectivas y de agradecimiento interno a nuestro equipo por florecer juntas.

Al mismo tiempo, tuvimos el gusto de presentar la cartilla denominada: «Nuestros 15 años juntas. Memorias y Aprendizajes en la Defensa de la Vida y los Territorios» un documento que refleja las principales reflexiones y estrategias políticas de estos años, principalmente en el trabajo coordinado con mujeres defensoras. y presentamos nuestro cuaderno de trabajo para continuar los procesos de educación popular, investigación comunitaria e incidencia para la defensa de la vida. Estos materiales reflejan nuestra apuesta por la justicia socio ambiental con justicia de género.

Entrevista Angela Cuenca

https://www.youtube.com/watch?v=ZKMXKEfErf0

Festejo 15 años

Palabras del coordinador del Colectivo CASA Ajax Sanhueza

https://youtu.be/vtYgvTi_tBA

https://oiedc.blogspot.com/2023/10/15-aniversario-colectivo-casa-junts-por.html?m=1

Mexico

Luchando por el futuro en el Desierto de Sonora

Un saguaro en el crepusculo en el Ejido el Bajío, septiembre 2023. Fotografía Giuliano Salvatore – Fundación Bajío.
Reportaje • Dawn Marie Paley • 13/10/2023
Nubes de espárragos e hileras de naranjos y olivos bordean la estrecha carretera que parte hacia el norte desde la ciudad de Caborca, Sonora, en dirección a Puerto Peñasco, ciudad en la costa del Pacífico. Las hojas verdes emergen del desierto debido a los profundos pozos de agua perforados para las granjas destinadas a la venta de frutas y verduras en el mercado estadounidense.

En una parada casi escondida cerca de un restaurante tipo palapa que vende camarones frescos con chile y limón, nos desviamos hacia un accidentado sendero de arena. Atascarse allí es tan fácil como en una gran tormenta de nieve, el polvo vuela mientras las llantas se hunden. Al comenzar a subir una cuesta que se aleja de la costa, el Golfo de California surge turquesa, y el sendero de arena, apenas visible, se adentra en el desierto. Un atardecer fucsia teñido de rayas color mandarina llena el horizonte contra un cielo azul cada vez más profundo.

Poco a poco, la silueta plana de un cerro minado aparece ante nosotros y, en la luz menguante, alcanzamos a ver maquinaria averiada, edificios abandonados y una serie de enormes letras que tiempo atrás decían «Fresnillo», el nombre de la empresa que se enriqueció con el oro extraído de esos cerros.

La tarde es increíblemente hermosa, el silencio casi total, sólo interrumpido por el zumbido grave de un generador. Los aproximadamente quince periodistas y activistas que hicimos el viaje para conocer el Ejido El Bajío hablamos en voz baja entre nosotros mientras empiezan a aparecer las estrellas y el fuerte calor vespertino por fin empieza a ceder.
Un conflicto minero en el seno de la comunidad

El Ejido el Bajío fue fundado en 1971 mediante un Decreto Presidencial; los 75 miembros fundadores eran hombres -en su mayoría indígenas- de los estados del sur del país que vinieron al norte para trabajar en campos agrícolas . En la década de 1980, el ejido quedó prácticamente abandonado debido a la falta de agua y a la dificultad para trabajar la tierra. Pero algunos de los propietarios regresaron y se establecieron en un pueblito llamado El Saguaro, trabajando parte del año como jornaleros en plantaciones de Baja California y volviendo una y otra vez a la tierra que habían aprendido a amar.

Nuestro grupo fue invitado al ejido, que abarca más de 19,000 hectáreas, para conocer mejor la lucha en defensa de estas sensibles tierras desérticas. Era la primera vez que los comuneros recibían a una delegación. En años anteriores, la situación era muy tensa y no había condiciones para que gente de fuera visitara el área, ni para que los propios pobladores transitaran con seguridad. El conflicto se debía a la presencia de grandes empresas de extracción de oro, en particular la minera mexicana Penmont filial de Fresnillo PLC, con sede en Londres.

En 1997, una mina de oro a cielo abierto llamada La Herradura inició sus operaciones en el límite de las tierras del ejido. Diez años más tarde, Penmont empezó a imponerse en el ejido, ofreciendo pagos únicos a los propietarios de tierras ejidales a cambio de operaciones industriales, colinas huecas y toneladas de residuos tóxicos. Cuando los ejidatarios que conocí se referían a «la mina», era una forma abreviada de referirse no sólo a la devastación ambiental, sino al sistema de fuerzas estatales, federales y paramilitares que aterrorizó a la comunidad durante años.

Aunque al principio algunos ejidatarios aceptaron las condiciones de la empresa, el grueso de la asociación estaba en contra del extractivismo a gran escala. Empezaron a usar los juzgados y tribunales locales para hacer valer sus derechos legales como propietarios de tierras. Lo más sobresaliente es que empezaron a ganar. Para 2014, los ejidatarios habían ganado más de 67 fallos a su favor. Entre ellos hubo una serie de sentencias históricas que ordenaban a la empresa devolver todas las ganancias obtenidas ilegalmente a los legítimos propietarios de las tierras.

A medida que avanzaban en su defensa ante los tribunales y mediante acciones de protesta, empezaron a vivir la persecución de una forma muy intensa. Grupos de ejidatarios fueron detenidos en dos ocasiones y encarcelados bajo acusaciones falsas. Guardias armados, policías mineras, policías federales militarizados y soldados se volvieron figuras permanentes en el remoto territorio.

En 2021, un ex-presidente ejidal y su pareja fueron asesinados en Puerto Peñasco y una lista con los nombres de los demás ejidatarios fue clavada en sus cuerpos. En total, cuatro ejidatarios han sido asesinados y dos han desaparecido desde que empezaron a confrontar los poderosos intereses en sus tierras. Hay mucho en juego: Fresnillo PLC, vinculada a algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país, declaró ganancias de 436 millones de dólares por sus operaciones en el Ejido El Bajío entre 2010 y 2013.
La tranquilidad vuelve al desierto

Hace tres años se detuvo la actividad minera en el ejido, y desde 2021 la situación empezó a calmarse, aunque los propietarios siguen recibiendo amenazas. No hay agua disponible en el ejido, y la mayoría de los comuneros que aún permanecen en la zona viven en El Saguaro. Un puñado de ejidatarios ha establecido una serie de campamentos permanentes alrededor de las principales vías de acceso a la mina para supervisar todo el tráfico que entra y sale de su territorio.

Erasmo Santiago Santiago y su compañera Margarita López viven en la comunidad desde el año 2000. Criaron a sus hijos en El Saguaro y han vivido la mayor parte de los últimos diez años en un campamento de vigilancia junto a una de las piletas de lixiviación que dejaron los mineros. López, quien es una mujer ñuu savi originaria de Oaxaca, ahora sabe cómo utilizar muchas de las plantas del desierto para curar, y Santiago es un ejidatario que, tras pasar casi dos años en prisión, se ha convertido en uno de las portavoces más visibles del ejido.

Mientras conversamos, una de sus sobrinas llega en una camioneta con sus dos hijas chiquitas. El aceite salpica sobre la cocina de leña donde su otra hija prepara huevos para el desayuno. Compran provisiones y traen agua y hielo de Peñasco, y cuidan meticulosamente todo lo que tienen. Su campamento está hecho de lonas y tubos de plástico negro y una habitación portátil que la empresa dejó abandonada. Su única fuente de electricidad es una batería de automóvil conectada a un panel solar, donde todos cargan sus teléfonos.

Tras años de asedio por parte de las fuerzas empresariales y militares, López y Santiago empiezan a soñar con un futuro diferente para el ejido, basado en mantener intacto el ecosistema local e invitar a visitantes con conciencia ecológica a explorar el ejido.
El declive del berrendo sonorense

Nuestra llegada ocurrió justo después de que se formalizara el reconocimiento oficial de una parte del ejido como zona federal protegida. El 30 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México certificó casi 2,500 hectáreas del ejido como área de conservación voluntaria, lo que prohíbe otros usos de la tierra durante al menos 15 años.

«Aquí es una zona de transición… De lluvia estamos hablando de 100 a 120 mililitros al año», dijo el biólogo Federico Godínez Leal, que anteriormente trabajó como director de la cercana Reserva de la Biósfera de El Pinacate. «Lo que pasa es que ayuda mucho el mar, la neblina, la brisa marina, ayuda bastante». Estas condiciones son clave para explicar la biodiversidad única de la zona.

Para un ojo inexperto, observar la vida en el desierto es todo un reto. Incluso con la ayuda de nuestros guías, muchas de las criaturas de este entorno son difíciles de ver, pues se esconden en cuevas, se confunden con la arena o crecen en los pliegues entre las rocas prehistóricas.

Entre ellas está el berrendo sonorense, un animal parecido al ciervo con cuernos arqueados hacia adentro que es conocido como el mamífero más rápido de Norteamérica. Pueden correr a casi 100 kilómetros por hora, y son tan difíciles de detectar que a veces se les llama «fantasmas del desierto». Por si fuera poco, los berrendos sonorenses tienen un segundo superpoder: no se les ha visto beber agua.

En cambio, en invierno, se hidratan comiendo pequeñas flores desérticas que aparecen en los diminutos y efímeros brotes que surgen tras la lluvia. Durante la mayor parte del resto del año, los berrendos de Sonora obtienen el agua que necesitan comiendo el espinoso cactus cholla.

Están clasificados como especie en peligro de extinción en Estados Unidos desde 1967, y en México desde 1984. Durante miles de años, mucho antes que existieran México o Estados Unidos, los berrendos sonorenses solían andar libremente por el Desierto de Sonora. No es exagerado decir que lo han pasado muy mal y que su propia supervivencia está entrelazada con los aspectos más crueles de la modernidad.

El berrendo sonorense fue expulsado de California por la caza, la ganadería y la pérdida de su hábitat. Casi la mitad de su territorio en Estados Unidos está hoy ocupado por el Complejo Barry M. Goldwater, donde los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas gringas «afinan sus habilidades» lanzando incluso munición activa (las Fuerzas Aéreas afirman que se aseguran que no hay berrendos antes de bombardear).

Para colmo, grupos ecologistas e integrantes de la nación Tohono O’odham han alertado sobre la amenaza que representa la construcción del muro fronterizo para los delicados ecosistemas del desierto de Sonora. Cuando Donald Trump dejó el cargo en 2020, 140 kilómetros de muro fronterizo fragmentaron las zonas binacionales que constituyen una parte vital del hábitat del berrendo sonorense y de otras especies desérticas en grave peligro de extinción.
La conservación como defensa de la tierra

En México, los berrendos sonorenses son especialmente vulnerables a causa de la pérdida de su hábitat relacionada con la minería de oro a cielo abierto, los proyectos masivos de energía solar y los nuevos desarrollos inmobiliarios a lo largo del Golfo de California. Las empresas mineras «están prácticamente arrasando con todo el hábitat del terreno sonorense», dijo Carlos Castillo, biólogo de la Wildlands Network (Red de Tierras Silvestres) que lleva décadas trabajando en la región.

«El berrendo sonorense, por sus características, por su fisiología y por su conducta utiliza sobre todo los planicies desérticas y lo que nosotros llamamos médanos, que son estos pequeños lomeríos o dunas bajas estabilizadas o semi estabilizadas que les permiten huir de los depredadores», dijo Castillo. «Justo este tipo de terrenos son los que están siendo pues arrasados prácticamente».

Llegó un momento en que el número de berrendos sonorenses en Estados Unidos se redujo a menos de 100. En las últimas décadas, ha habido un impulso binacional para restaurar la población. Hoy en día se calcula que en México habitan 416 de estos animales, 331 de los cuales viven en el Ejido el Bajío.

Acompañamos a Santiago y a otros ejidatarios hasta la cima de uno de los cerros que se elevan desde las llanuras del Ejido El Bajío. Mirando hacia el oeste, podíamos ver el mar y, hacia el sur, las colinas fueron destruidas y allanadas para la mina Herradura, que sigue activa. Mirando hacia el este vimos un paisaje casi intacto donde la promesa de proteger al berrendo significa mucho más que salvar a una especie en peligro de extinción. Significa enfrentarse a poderosos intereses mineros y trabajar para honrar a sus compañeros caídos.

Si no fuera por la lucha de los ejidatarios, el mismo cerro donde estábamos parados, lleno de cactáceas y saguaros, donde llegan los borregos y los berrendos a comer, hubiera sido transformado en otro tiradero minero.

«Es algo que se volvió a rescatar, la naturaleza en esta parte», dijo Santiago, señalando las extensas tierras silvestres alrededor. El objetivo del ejido es promover el turismo de bajo impacto en la zona, forjando un futuro diferente centrado en garantizar que la vida humana y más que humana pueda prosperar en el territorio. «Para nosotros, la certificación es un gran logro».

El encuentro Comunidad, minería y periodismo se realizó de septiembre 21-25, 2023, con el apoyo de la Embajada de Suiza en México, la Fundación Bajío Sahuaro y el Ejido El Bajío.

Bolivia, Litio

India manifestó su interés en la producción de cátodos de baterías con carbonato de litio boliviano

La Paz, 28/10/2023 (ATB Digital).-
India manifestó su interés en la producción de cátodos de baterías con carbonato de litio boliviano, en un encuentro virtual entre su embajador para Perú y Bolivia, Vishvas Sapkal, y la presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón.

La información fue difundida por la estatal de litio, luego de la cita, con base en las declaraciones de su titular, citada en un comunicado de prensa.

“Tuvimos una reunión provechosa con el embajador de India (para Perú y Bolivia, Vishvas Sapkal), y se ha transmitido información importante que va desde la cooperación a nivel de investigación y a nivel industrial”, manifestó.

Explicó que se discute la posibilidad de implementar, inicialmente, una planta piloto en Bolivia para la producción de cátodos de baterías, con base en carbonato de litio y, posteriormente, pasar a la producción a escala industrial.

“Obviamente este pilotaje nos demostraría que nuestro carbonato de litio puede producirse a escala industrial en la elaboración de cátodos”, destacó.

Tecnología de India

Según Calderón, la propuesta “será evaluada” considerando que YLB ya produce material catódico a nivel piloto en la comunidad de La Palca, Potosí; sin embargo, “la tecnología de India podría ser un aporte para dar el salto hacia la producción industrial debido a su bajo costo y proceso amigable con el medioambiente”.

Agregó que el diplomático también se refirió a una predisposición de su país en la colaboración científica con becas de especialización para bolivianos en investigación de las áreas de litio y energías.

Los materiales catódicos son ampliamente utilizados en baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía. Las baterías de uso común contienen materiales de cátodos como componente principal.

Descubrimiento

En febrero de este año, India anunció el descubrimiento de yacimientos de litio en el distrito de Reasi, en Jammu y Cachemira, estimados en 5,9 millones de toneladas.

Según los datos, India pasaría al séptimo lugar en la lista de países con mayor depósito de litio del mundo. En el mapa del litio destacan, ahora, Bolivia, con 21 millones de toneladas en recursos identificados, más 2 millones recientemente cuantificados, y Argentina, con 19 millones.

En septiembre, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, informó que empresas de India y Brasil mostraron interés de emplazar plantas de baterías de litio en Bolivia.

“Tenemos también el interés de una empresa de India, de venir a invertir en Bolivia, justamente en una planta de baterías, pero igual esto lo hemos venido conversando con Brasil”, sostuvo Molina en entrevista con el programa El Central, de Abya Yala.

India manifestó su interés en la producción de cátodos de baterías con carbonato de litio boliviano

Panamá

Panamá prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, tras una semana de protestas

Por CNN Español
27/10/2023

(FRANCISCO ROBLES/AFP via Getty Images)
El Gobierno brinda información sobre la ayuda humanitaria, atención médica y reparación de rutas tras la emergencia causada por el huracán Otis

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó este viernes un decreto que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, luego de que esta semana el país ha vivido protestas contra el contrato del gobierno con la empresa Minera Panamá para explotar cobre.

Admiten demanda de inconstitucionalidad contra contrato minero que causa protestas en Panamá
Cortizo anunció en un mensaje a la nación que a partir de este viernes se rechazarán todas las solicitudes de concesión nuevas y las que estén en trámite. Esto deja fuera el contrato referido de Minera Panamá, el cual ya fue autorizado. El acuerdo, sin embargo, está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia del país, luego de que un abogado interpuso una demanda de inconstitucionalidad por considerar que el proceso legislativo fue ilegal.

Sindicatos y organizaciones sociales han encabezado protestas a lo largo de la semana en Panamá para enfatizar que la concesión a Minera Panamá genera daños ambientales, entre otros señalamientos. Algunos enfrentamientos y bloqueos se han registrado en el marco de las manifestaciones.

El comisionado de la Policía Nacional de Panamá, Elmer Caballero, dijo este viernes en un mensaje en video publicado en la red social X, antes Twitter, que 423 personas han sido detenidas durante estas manifestaciones por presuntos delitos como daño a la propiedad, hurto y robo.

Previamente portavoces del gabinete, entre ellos el ministro de Comercio, Federico Alfaro, han defendido el contrato, al asegurar que se logró un mejor acuerdo económico y mejores condiciones.

CNN pidió comentarios a Minera Panamá ―que pertenece a la compañía canadiense First Quantum― por la admisión de la demanda, pero hasta el momento no ha respondido.

En un comunicado emitido este lunes, el presidente ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, se refirió a la mina como una «importante contribución a Panamá y a su gente»; y se comprometió a ejercer una gestión responsable de la mina, incluidos el impacto positivo en la fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente.
https://cnnespanol.cnn.com/2023/10/27/panama-prohibe-nuevas-concesiones-mineras-orix/

Bolivia

Uru Muratos defienden su cultura y resisten a contaminación minera

Los Urus considerados por varios historiadores como los primeros habitantes del altiplano andino.
28/10/2023

Uru Muratos defienden su cultura y resisten a contaminación minera
Edwin Conde

Los Uru Muratos que habitaron el noreste del reseco Lago Poopó, comprometidos a preservar su cultura de la nación Urus, resisten la contaminación de la región por la actividad minera con emprendimientos propios como la creación de un museo comunitario, la elaboración de artesanía utilitaria y de ornamentación, y la manufactura de sal yodada.

Uru Muratos defienden su cultura y resisten a contaminación minera

Perú

JOVENES DE LA COMUNIDAD AWAJUN DEL TERRITORIO DE CAJAMARCA, PARATICIPARON Y REALIZARON ACCIONES DE INCIDENCIA EN EL III ENCUENTRO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE DE LA MACRONORTE

13/10/2023
Jóvenes lideresas y líderes de las comunidades de Supayaku y Naranjos realizaron acciones de incidencia a nivel regional en la ciudad de Cajamarca, para visibilizar la afectación de su territorio producto de actividades extractivas.

Los días 05 y 06 de octubre del 2023 se realizó el III Encuentro – Taller de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambiente de la Macro Norte, organizado por distintas organizaciones como: Red Muqui, Cooperacción, Grufides, Natura y FEDEPAZ. El taller y las acciones de incidencia se llevaron a cabo en la ciudad de Cajamarca y contó con la presencia de prensa regional y local.

Defensoras y defensores de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash denunciaron que las concesiones y actividades petroleras amenazan la seguridad y la vida de quienes defienden su territorio. Del mismo modo, sostuvieron que la minería formal e informal, así como la tala ilegal de bosques pone en riesgo los ecosistemas de las regiones de la Macro Norte.

David Velazco, en representación de FEDEPAZ, tuvo una intervención en donde sostuvo que los conflictos sociales en torno a las acciones de las empresas extractivas no solo terminan por vulnerar derechos fundamentales de defensoras y defensores del territorio y medio ambiente, sino que, a su vez, el estado al no atender oportuna y adecuadamente las justas demandas de las poblacioes, comunidades y/o pueblos afectados, abona a esa vulneración de derecho y, además, termina estigmatizando, persiguiendo y criminalizando a quienes se manifiestan en contra de sus decisiones de gobierno que afectan el territorio y ambiente de quienes protestan.

Por otro lado, se contó con la participación de cuatro jóvenes lideres Awajún de las comunidades de Supayaku y Naranjos (distritos de Huaranga y SanJosé de Lourdes en la provinicia de San Ignacio, Cajamarca), quienes denunciaron que se ha venido promoviendo el despojo de sus tierras producto de intereses de empresas dedicadas a la tala ilegal y proyectos hidráulicos que terminan por contaminar el río Chirinos, importante fuente de vida para los sembríos de las y los comuneros.

Entre las intervenciones cabe destacar las declaraciones de Lidia Taíjin Bazán quien es una joven lideresa de la comunidad de Supayaku y participante de capacitaciones y talleres elaborados por el equipo técnico de FEDEPAZ en la provincia de San Ignacio – Cajamarca. La joven defensora denunció que las actividades de tala y minería ilegal han afectado el territorio de la comunidad de Supayaku y anexos.

Entre las principales consecuencias, se evidencia la grave contaminación y la muerte de seres vivos que forman parte del ecosistema acuífero del “Río Chirinos” que divide a ambas comunidades del Pueblo Awajún, producto, también de actividad minera ilegal que usa productos químicos para la extracción de minerales. Del mismo modo expresó su preocupación por las consecuencias que este hecho pueda tener para la comunidad de Supayaku en un futuro cercano.

Finalmente, la joven defensora hizo un llamado a las autoridades regionales de Cajamarca con la finalidad de que tengan una mayor intervención en las comunidades de Supayaku y Naranjos para que de esta forma se garantice la defensa de sus derechos fundamentales como pueblos indígenas, pertenecientes a las regiones de la Macro Norte.

foto: Lidia Taíjin Bazán, declarando a medios locales y regionales. Octubre 2023

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Perú

LA CONVENCIÓN MINERA Y LOS INTERESES DEL PAÍS

Cooperaccion 29/09/2023
Esta semana se realiza la 36 Convención Minera, más conocida como Perumin, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en la ciudad de Arequipa.

El Perumin de este año se da en un contexto particular: en medio de un claro estancamiento de la economía peruana, la intención del empresariado minero es mostrar que, en gran medida, la situación se hubiese podido revertir si es que varios proyectos mineros controvertidos se hubiesen concretado.

Para fundamentar el mensaje, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) encargó un estudio al Instituto Peruano de Economía (IPE), donde se estima que “el costo de la no ejecución entre el 2008 y el 2022 de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas significó pérdidas de S/.698,000 millones para la economía peruana y S/.123,000 millones en recaudación fiscal”. Adicionalmente, el estudio hace una estimación de cuántas personas hubiesen salido de la pobreza si estos proyectos se hubiesen concretado.

Lo primero que habría que argumentar es que varios supuestos planteados por el mencionado estudio no son muy exactos, al mismo tiempo que se dejan de lado varios elementos que se deberían tomar en cuenta en un análisis riguroso sobre el porqué del retraso de los proyectos y, también, cuál es el real aporte de una actividad como la minería.

Por ejemplo, ¿se puede afirmar que varios de los proyectos que menciona el IPE, como Conga, Tía María, Río Blanco, etc., se retrasaron por razones ajenas a las empresas? ¿Esto es así? ¿Las empresas involucradas en estos y otros proyectos no tuvieron ninguna responsabilidad? Demasiado sesgada la premisa.

Está claro que, en gran medida, varios de estos proyectos no se lograron concretar por los tremendos errores cometidos por las empresas: en algunos casos, por su propio comportamiento previo en materia de responsabilidad social y ambiental; o por presentar estudios de impacto ambiental de pésima calidad, como quedó demostrado en el caso Tía María (no es el único), cuando UNOPS (un organismo de las Naciones Unidas) prácticamente destrozó el primer EIA del proyecto el año 2011.

La prueba de que no fueron solamente razones ajenas a las empresas es que en el mismo período en el que estos proyectos se postergaron, otros sí lograron entrar a la fase operativa y de producción, superando los trámites y otras exigencias. Además, muchos de lo que ellos llaman excesos de trámites y permisos, en realidad se complejizan porque las propias empresas presentan información y estudios de pésima calidad, que reciben observaciones de las instituciones encargadas de su revisión.

El otro problema del análisis del IPE es no considerar las externalidades negativas de los proyectos de inversión en minería. ¿Se ha valorado con rigor la mochila ecológica de los 23 proyectos que menciona el estudio? ¿Cuánto cuesta perder las lagunas que iban a desaparecer con la puesta en marcha de un proyecto como Conga? ¿Cuál podría ser el real impacto del proyecto Tía María en la agricultura del Valle de Tambo? En otros casos, ¿cuál es el impacto de los proyectos en ecosistemas fundamentales, como los páramos en la zona norte del país, lagunas alto andinas, etc.? ¿Estos componentes han sido tomados en cuenta adecuadamente en el estudio encargado por la SNMPE? Si no lo han hecho, están visibilizando lo que les conviene visibilizar y, por supuesto, ocultan lo que no les conviene que se visibilice. En suma, están haciendo la economía del siglo pasado que no tomaba en cuenta este tipo de variables.

Lo que el país entero debería discutir (por supuesto, incluimos a las empresas) es cómo nos imaginamos la minería para los próximos 20 o 30 años. ¿Qué tipo de minería necesita el país? ¿Cómo se la imaginan las empresas, los trabajadores, las poblaciones vecinas y, finalmente, todos los que nos interesa que las cosas mejoren en el país?

Sería un tremendo error pensar que la minería va a seguir creciendo y expandiéndose tal y como ha ocurrido en los pasados 30 años; peor aún, con la pretensión de traerse abajo la débil regulación, la institucionalidad ambiental y social e imponiendo proyectos de manera vertical y autoritaria.

¿Esta pregunta está siendo abordada en esta semana del Perumin? Todo indica que no y que solamente están dispuestos a escuchar a los que se alinean con sus diagnósticos y propuestas.

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