Chile, Litio

SEA instruye abrir proceso de participación ciudadana para monitoreo del Salar


Otorgó plazo de 20 días a Albemarle para iniciar ese trabajo.
27/02/2020
Enviar por emailImprimirSuscribirse a newsletterNotas al editor
(El Mercurio de Antofagasta) Un plazo de 20 días otorgó el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta (SEA) a la minera canadiense Albemarle, para que inicie el proceso de participación ciudadana para su proyecto Red de Monitoreo Ambiental Salar de Atacama.

La decisión tomada por la repartición de gobierno responde a los requerimientos presentados por nueve asociaciones indígenas con intereses en esa zona, entre las cuales están las comunidades atacameñas de Toconao, Coyo y Solor, además del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), entre otros.

La iniciativa -ingresada a tramitación ambiental el 12 de diciembre de 2019- consiste en la construcción de una amplia red de monitoreo de variables hídricas en el Salar de Atacama.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2020/02/27/full/cuerpo-principal/6/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=7

Colombia

Suspenden licencia de proyecto minero sobre el río Magdalena con influencia en Coello


EL NUEVO DÍA Los habitantes de las zonas afectadas recogieron más de 6 mil firmas en contra del proyecto.

23/02/2020
Luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) indicara que la licencia para realizar minería en el río Magdalena estaba suspendida, el alcalde de Coello, Evelio Caro Cañizares, afirmó que desde un inicio el municipio se manifestó en contra de esa posibilidad.

“Nosotros en el 2016 nos reunimos con quienes están solicitando esa licencia en el Concejo de Coello. Fuimos enfáticos y claros en que nos íbamos a oponer a esa licencia”, dijo el mandatario municipal.
La polémica, que alcanzó resonancia nacional, se generó cuando se conoció que la CAR le había otorgado un permiso de concesión en el río Magdalena para la explotación de materiales de construcción a las empresas Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y Proacol.

Las personas que viven en los municipios ribereños, entre los que se encuentra Coello, aseguran que la licencia fue entregada sin la participación de las comunidades que viven en los sectores que se verían afectados.

Como protesta ante esa medida, se recogieron cerca de 6.700 firmas en contra del proyecto.
La CAR informó que, por ahora, no hay autorización de ningún tipo de extracción hasta que no se resuelva un recurso de reposición interpuesto por uno de los 130 terceros intervinientes en el proceso, dentro de los que se encuentran comunidades indígenas, campesinos y autoridades municipales.

“La misma Corporación pondrá en conocimiento de la decisión respectiva a la Procuraduría delegada ambiental, así como a los municipios respectivos y a las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, para lo que estimen pertinente y garanticen la legalidad del proceso”, manifestó la CAR en un comunicado de prensa.

Ahora la Corporación constituirá un equipo especial de expertos que analizarán tanto la parte técnica, como la social y la legal, en relación con los argumentos que se presenten, y hecho el análisis respectivo se pronunciará en relación con una eventual confirmación, modificación o revocatoria de la decisión adoptada.

Los pobladores de las zonas en donde este proyecto tendría incidencia afirman que afectaría la pesca, además de estar preocupados por la decisión que se tome una vez sea analizado el recurso de reposición.

Dentro de las afectaciones que el proyecto tendría los habitantes resaltan que no solo quedarían residuos de materiales tóxicos, “sino que se afectarían las dos únicas playas que tiene el río Magdalena, las cuales son utilizadas con fines turísticos y recreativos”, afirmaron pobladores de Girardot, el otro municipio que se vería afectado.

“Ahora tenemos que ponernos en la tarea de investigar y de mirar si se cumplen con los requisitos o si con el impacto del proyecto se beneficia la comunidad o no. Llamaremos a los jurídicos para que nos comencemos a poner en órbita con ese tema”, dijo el alcalde.

“El río Coello hasta hace dos años tenía 17 licencias expedidas y no estamos de acuerdo con ese tema porque eso es acabar con los ríos y lo que tenemos que hacer es preservar las fuentes hídricas porque a futuro tenemos que buscar que nuestros hijos gocen de unas fuentes hídricas en buenas condiciones”, finalizó.
https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/445705-suspenden-licencia-de-proyecto-minero-sobre-el-rio-magdalena-con-influencia

Internacional

Marruecos, el país que controla las mayores reservas de un mineral esencial para la vida

(y por qué están envueltas en un conflicto internacional)
BBC News Mundo 25 de febrero de 2020
Bandera de Marruecos
El Sahara Occidental fue una colonia española hasta 1975, y aunque los saharauis reclaman su independencia, Marruecos considera este territorio como propio.

Si hay algún mineral con propiedades clave para la vida y con un importante papel en la alimentar a la creciente población mundial, ese es el fosfato.

De él se extrae el fósforo que está presente en cada una de las células del ser humano porque es vital en los procesos bioquímicos básicos del cuerpo.

Podemos encontrarlo en la estructura del ADN, la membrana celular así como huesos y dientes y lo obtenemos a través de los alimentos que comemos.

Si nos centramos en la industria de la alimentación, los fosfatos son esenciales para producir los fertilizantes de los cultivos.

Y en un momento en que se prevé que las necesidades de víveres de la población mundial aumenten un 70% en los próximos años se entiende su relevancia de cara al futuro de la humanidad.

Sin embargo, el fosfato es un mineral escaso que además no se puede sintetizar en el laboratorio, es decir, no se puede producir de manera artificial. Hay que extraerlo de las rocas fosfóricas mediante procesos mineros.

Por qué la falta de fósforo en el universo reduce las probabilidades de encontrar vida extraterrestre
Por si fuera poco, la explotación de este mineral está envuelta en un conflicto geopolítico desde hace más de 30 años: el del Sahara Occidental.

El periodista de la BBC Matthew Davies viajó hasta esta zona para conocer esta industria.

Un territorio en disputa
El Sáhara Occidental es un área escasamente poblada, en su mayoría desértica, situada en la costa noroeste de África.

Antigua colonia española, fue anexionada por Marruecos en 1975. Desde entonces ha sido objeto de una larga disputa territorial entre este país africano y el pueblo saharaui, liderado por el Frente Polisario.

La República Árabe Saharaui Democrática, declarada por el Frente Polisario en 1976, fue reconocida por muchos gobiernos y es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

Sin embargo, Marruecos califica de «artificial» este conflicto y considera el Sahara como parte integral de su territorio.

6 recursos que quizás no sabías que se nos están acabando
La Organización de Naciones Unidas describe estos casi 270.000 kilómetros cuadrados principalmente de arena como un territorio no autogobernado, pero reconoce su derecho a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, que hasta la fecha no ha podido realizarse.

Compromisos
Una franja con minas terrestres y fortificaciones se extiende a lo largo del territorio en disputa y separa la porción occidental, administrada por Marruecos, de la zona oriental controlada por el Frente Polisario.

La mayor parte de la población saharaui huyó durante los 16 años de insurgencia -hasta que en 1991 la ONU promovió una tregua- y vive en campos de refugiados en Argelia.

El gobierno de Rabat afirma que está comprometido con los esfuerzos de Naciones Unidas para superar el bloqueo existente y «alcanzar un solución política aceptable que sea realista, duradera y de mutuo acuerdo, basada en la iniciativa marroquí para el estatuto de autonomía para el Sahara» que respete la integridad territorial del país y su soberanía.

«Si nos fijamos en un mapa de Marruecos, [para ellos] el Sahara solo es una provincia del sur», explica Stephen Zunes, profesor de política y estudios internacionales en la Universidad de San Francisco, mientras analiza la compleja historia de la región del Sáhara Occidental.

Pero este territorio es hogar de reservas de fosfato y ricas zonas de pesca en su costa, también se cree que el Sáhara Occidental aún no ha explotado depósitos de petróleo en alta mar.

Control de las minas
A día de hoy Marruecos no solo controla las principales ciudades y los ricos bancos de pesca que hay a lo largo de la costa del Sahara Occidental, también la extracción del mineral.

Por eso, el dominio de este recurso se ha vuelto en una cuestión más allá de lo económico, dadas las cuestiones legales y la disputa de soberanía nacional que pesa sobre este territorio.
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/marruecos-pa%C3%ADs-controla-mayores-reservas-062005385.html

Perú

LAS BAMBAS: SE REINICIA AUDIENCIA FINAL EN CASO DE CRIMINALIZADOS

27/02/2020
Imagen: CooperAcción

Tras una décima suspensión el juez Andrés Abelino Aguilar a cargo del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, región Apurímac, reprogramó la audiencia contra los 19 defensores criminalizados por el conflicto de Las Bambas del año 2015 para el día de hoy, 27 de febrero, desde horas de la mañana y en la que se espera se dicte la sentencia.

El pasado 18 de febrero se había retomado la audiencia. Los acusados Brandon Quispe y Javier Mamani, que auxiliaron a varios heridos durante el conflicto, enfrentan un juicio por el que podrían recibir 16 y 17 años de pena privativa de libertad. A los defensores de Cotabambas se les exige además una reparación civil de 20 mil soles al Estado y de 88 mil dólares a la empresa minera MMG Las Bambas.

Diversos testimonios realizados en las sesiones anteriores, respaldaron la versión de los defensores acusados, ya que mostraron su presencia circunstancial durante el conflicto. Asimismo, se presentó el peritaje realizado para evaluar la compatibilidad de los elementos químicos y las muestras tomadas de Brandon y Javier, acusados de tenencia ilegal de armas y producción de peligro común.

Al concluir la revisión de documentos, la Fiscalía y el representante de la empresa minera, expresaron la necesidad de suspender la audiencia dada la ausencia de los peritos del Ministerio Público, los mismos que vienen siendo citados desde el año pasado. Por su parte, la defensa de los acusados y el juzgado manifestaron estar a favor de avanzar en el desarrollo del juicio a pesar de su complejidad.

A las audiencias asisten los 19 defensores junto con sus familias, lo que implica un alto costo en transporte y exposición para quienes no viven en Tambobamba (donde se encuentra el juzgado). Pese a múltiples instancias y manifestaciones públicas de las comunidades involucradas, el proceso judicial todavía no concluye. Las comunidades, los familiares y la defensa esperan una sentencia absolutoria en el caso de los criminalizados por la defensa de los territorios.
Cooperacción

Argentina

EL LITIO Y LA FALACIA DE LA RSE

En la provincia de Salta, Directivos de la empresa Posco Argentina S.A.U. dialogaron con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, sobre el desarrollo del proyecto de extracción de litio que la empresa tiene en Salar del Hombre Muerto.

La compañía está montando en el lugar una planta piloto para la extracción y purificación de litio destinada a la producción de fosfato de litio. Es la primera de su tipo en Argentina y según la misma empresa abastecerá la creciente demanda de este producto por la industria de baterías para vehículos eléctricos.

Amparados por el discurso falaz de la Responsabilidad Social Empresarial, el presidente de Posco manifestó su interés en cooperar con obras para la escuela de Pocitos y el ministro señaló la importancia de impulsar los cambios necesarios para generar el desarrollo que las comunidades necesitan para vivir mejor, por ejemplo en San Antonio de los Cobres.

Todos sabemos que las promesas que se hacen en torno a los proyectos extractivos son moneda corriente pero no deja de asombrar el hecho de que los funcionarios políticos asuman roles protagónicos en escenificaciones como la que ha sido montada en Salta, las que inevitablemente denigran a los pueblos.

¿CUÁL ES LA REALIDAD DEL LUGAR? PARA MUESTRA BASTA UN BOTÓN…
Son varios los proyectos de extracción de litio en esa zona. La Organización PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) da cuenta de cómo otra empresa, en este caso Livent, insulta la dignidad de los habitantes del lugar con su explotación Salar del Hombre Muerto que está en marcha en Catamarca desde la década del 90.

A la familia Condorí por ejemplo, que perdió su vivienda por la construcción de un dique, le ofrecen una especie de container en su reemplazo. Camilo Condorí asegura que antes de que llegara la empresa «se podía criar de todo, ovejas, llamas» y que «ahora qué van a comer si está todo seco». Video disponible aquí

No perdamos de vista jamás que la ley que avala estas acciones se llama LEY DE PROMOCIÓN MINERA, una ley hecha a la medida de las empresas, no de la gente y que la RSE es sencillamente una mezquina manera de lavar culpas.

Fuentes: Gobierno de Salta y El Ancasti

El litio y la falacia de la RSE

Chile

Acogen recurso contra proyecto de Antofagasta Minerals

Se trata de Infraestructura Complementaria, de Minera Los Pelambres.
MINERA LOS PELAMBRES.

25/02/2020
Enviar por emailImprimirSuscribirse a newsletterNotas al editor
(El Mercurio) El Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió a trámite el reclamo presentado por vecinos de la localidad de Caimanes en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esto por la aprobación del Proyecto de Infraestructura Complementaria de Minera Los Pelambres, propiedad de Antofagasta Minerals.

En su alegato, los locatarios de Caimanes aseguran que “el proyecto de Infraestructura Complementaria perjudicará y ya perjudica la vida de los habitantes de Caimanes al ser una amenaza latente, permanente a su legítimo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Por esta razón, los habitantes de la localidad ubica en Los Vilos, en la Región de Coquimbo, solicitan invalidar la resolución del SEA, la que aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y que rechazó la solicitud de invalidación presentada por los mismos vecinos.
[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario]: https://digital.elmercurio.com/2020/02/25/B/0M3OL86M#zoom=page-width

https://www.mch.cl/2020/02/25/acogen-recurso-contra-proyecto-de-antofagasta-minerals/

Chile

Comunidades presentan recurso contra Teck por proyecto QB2


Estas presentaron cinco recursos de reclamación en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que la autoridad ambiental le había aprobado al proyecto.
QUEBRADA BLANCA
26/02/2020
(Pulso de La Tercera) El proyecto Quebrada Blanca Fase 2, una de las inversiones más relevantes que se desarrollan actualmente en el país, enfrenta cuestionamientos de comunidades cercanas.

La iniciativa cuenta con permiso ambiental aprobado, pero la desarrolladora del proyecto, la canadiense Teck, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una “Adecuación y Optimización Área Mina Proyecto QB2”. Aunque este último también fue aprobado, cinco representantes de comunidades indígenas presentaron recursos de reclamación en contra de la iniciativa ante SEA.

Se trata de la Asociación Indígena de Matilla y Atiña Uta, la Asociación Aymara Perla del Desierto, la Asociación Indígena Silla Juay y la Asociación Indígena Suma Yapu . Todas ellas reclaman que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no debió haber sido aprobada.

Además de Teck, que tiene el 60% de la propiedad de la operación, se cuenta entre los accionistas a Sumitomo, con el 30%, y a Enami, titular del 10%.

Las razones
Las asociaciones en conjunto señalaron que hay una falta de fundamento en la RCA aprobada. Esto, pues existe una falta de precisión en la materia observada y carencia de levantamiento de línea de base de contaminantes atmosféricos. Además, se señaló que hay una inconsistencia en la exclusión de Matilla en una parte y que hay una inconsistencia en la evaluación de la calidad del aire. Una de las comunidades aseguró también que “el proyecto producirá un fenómeno migratorio importante que pone en riesgo nuestra forma de vida” y que “las distancias de las obras del proyecto no eliminan en absoluto los impactos sociales, económicos y culturales del mismo”.

Desde Teck aseguraron que este proyecto “es una actualización del proyecto QB2 calificado favorablemente, en cuyo EIA no se identificaron impactos significativos ambientales o sociales para estas organizaciones reclamantes, las que no fueron parte del proceso de consulta indígena convocado por el SEA”. Agregaron que “este tipo de recursos no son infrecuentes para proyectos de esta escala”.
https://www.mch.cl/2020/02/26/comunidades-presentan-recurso-contra-teck-por-proyecto-qb2/

Criminalización de la protesta, Perú

ESTADOS DE EMERGENCIA Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Luis Gárate
25/02/2020
Foto: El Comercio

Por quinta vez el gobierno peruano ha decretado un estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, zona que se encuentra convulsionada desde hace varios años por los impactos y las tensiones con las comunidades con grandes proyectos mineros, como los que manejan las empresas Glencore (Antapaccay) y MMG (Las Bambas).

El Decreto emitido el 8 de febrero pasado se aplica para los tramos comprendidos entre los distritos de Coporaque (Espinar) y Ccapacmarca (Chumbivilcas) en la región Cusco.

Recordemos que según el artículo 137 de la Constitución, un estado de emergencia se da “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.”

En otras palabras es una medida que debe adoptarse en casos de extrema necesidad, como por ejemplo ocurrió en el periodo del conflicto armado interno.[1] El abogado cusqueño Ramiro Llatas señala que todas las declaratorias de estados de emergencia, tienen algo en común: se basan en informes que tienen carácter reservado y que son emitidos por la Policía Nacional del Perú.

“La Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, tendrían vigentes convenios policiales para que efectivos de la policía nacional presten servicios de seguridad privada a las empresas mineras que se encuentran en el corredor vial minero, entre ellas las Bambas” [2]; lo que refuerza la idea de que esos informes podrían tener un sesgo tendencioso a favor de las empresas mineras.

El Estado peruano busca afirmarse en la comunidad internacional como un país con una democracia representativa de la mano de una economía de libre mercado estable. Sin embargo, el país tiene una alta conflictividad social, y un número significativo de casos tienen que ver con disputas entre comunidades con empresas mineras. La gestión de este alto número de conflictos deja aún mucho que desear en materia de estándares de Derechos Humanos y participación democrática de la sociedad civil.

Sabemos desde hace años que estos conflictos son abordados con reacciones tardías cuando estos se desbordan, se acude a la represión policial y militar directa, eventualmente se conforman mesas de diálogo que a veces se prolongan, y en ocasiones llegan a acuerdos que no se cumplen. Desde los medios de comunicación y los líderes de opinión no tardan en descalificar a los defensores ambientales y de los territorios como “antimineros” o hasta “terroristas”.

En este contexto es que recientemente visitó nuestro país el relator de las Naciones Unidas Michel Forst, que ve temas relacionados a los defensores de Derechos Humanos. Forst se reunió con numerosos dirigentes y activistas de casos emblemáticos de nuestro país. Como era de esperarse los grandes medios de comunicación no dieron mucha importancia al tema.

El relator de la ONU, pudo constatar algo que diversas organizaciones venimos advirtiendo desde hace un buen tiempo. El Estado peruano enfrenta las demandas sociales y los conflictos criminalizando, antes que atendiendo las causas reales que provocan los mismos. Precisamente, el 3 de febrero el relator emitió una declaración donde señaló su preocupación por el despliegue de los militares para vigilar las manifestaciones tras las declaraciones de los estados de emergencia y para la protección de las instalaciones de petróleo gas y minería.

La declaratoria de un nuevo estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, lejos de rectificar, muestra que el gobierno continúa con el estilo de la “mano dura” y el recorte de derechos para atender conflictos que no son nuevos. De esta manera se pretende aplacar los conflictos de manera coyuntural, dejando cabos sueltos para que se reabran o se profundicen.

No se puede hacer un uso indiscriminado de la figura de los estados de emergencia que claramente vulnera los derechos humanos. Es una forma de intimidación a la población y pone en riesgo a todas las comunidades de las zonas comprendidas.

[1] Artículo 137 de la Constitución Política http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/constitucion/6FB258E38A13F1A40525672A004F862F

[2] ¿Por qué no se debe declarar estado de emergencia en el corredor minero del sur?

https://diariouno.pe/por-que-no-se-debe-declarar-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero-del-sur/?fbclid=IwAR23X6N16T-duEls4WZvKRUXHeG9UWSI6BLO8l8D10Luh5Xb40OF5PLnDWA
www.cooperaccion.org.pe

Perú

Comunicado de la «Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental» sobre las familias de Cerro de Pasco afectadas por la contaminación

Desde la Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental, integrada por instituciones de Derechos Humanos que vienen dando acompañamiento técnico a diversos casos de afectación por contaminación ambiental y humana a nivel nacional, nos solidarizamos con las familias de Cerro de Pasco que vienen acampando hace más de dos semanas en el frontis del Ministerio de Salud, reclamando por atención médica para los niños y niñas afectadas a causa de la sobre exposición de los metales tóxicos en sus cuerpos, pese a ello siguen sin tener una respuesta estatal adecuada.

Saludamos la valentía de las familias que también realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa minera Volcán, visibilizando así la responsabilidad de esta empresa por los impactos acumulativos a la salud humana y ambiental en Cerro de Pasco. Lamentamos que la empresa no asuma compromisos y responsabilidades para las reparaciones de las afectaciones ocasionadas.

El Estado peruano no ha dado, hasta la fecha, una respuesta integral y articulada para la región Pasco, siendo este uno de los casos más graves de contaminación por metales tóxicos que existe en el país a causa de la industria extractiva minera. Tampoco se cuenta con una política nacional multisectorial e intergubernamental para abordar todos los casos de contaminación a la salud humana y ambiental por metales tóxicos que existen en diversas regiones del país, donde miles de peruanos viven en territorios contaminados por relaves mineros y derrames petroleros. Esta política es una demanda nacional que desde la Plataforma de afectados y afectadas por Metales Tóxicos se viene exigiendo desde años atrás, y a la cual la Presidencia del Consejo de Ministros sigue sin dar respuesta a través de una comisión multisectorial de alto nivel.

El Estado peruano tiene que dejar de negar el problema y entablar un diálogo directo con los afectados para construir políticas públicas adecuadas e integrales a sus necesidades. Sabemos que en nuestro país no hay posibilidad de que el Estado asuma una política para los afectados por metales tóxicos si es que no hacemos sentir que estamos unidos exigiendo nuestros derechos. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía a solidarizarse y movilizarse por Pasco y por los cientos de afectados por metales tóxicos a nivel nacional.

Suscriben:
Mesa de Salud Ambiental y Humana – Centro Labor Pasco – Derechos Humanos Sin Fronteras – Red Muqui – Centro de Políticas Públicas Perú Equidad – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Proyecto Amigo – OXFAM – Red por una Globalización con Equidad (RedGe) – Pueblos Índigenas Amazómicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) – EarthRights Internacional (ERI) – CooperAcción

Perú

Pallpata: otro conflicto minero que espera solución en Cusco

Acuerdo. Comuneros piden ser incluidos en zona de influencia del proyecto Antapaccay. La palabra la tiene Senace.
La República
23/02/2020
Luis Álvarez

Comuneros del distrito de Pallpata, en la provincia de Espinar, esperan la respuesta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (Senace). Este organismo decidirá sobre una solicitud de los comuneros para anular la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del Proyecto Antapacay, expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.

Senace debió emitir una respuesta el viernes 21 último. Ese fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno. El retraso provocó la impaciencia de los comuneros. Ellos demandan que los incluyan en el área de influencia del referido proyecto, ante posibles daños ambientales. Pallpata inició hace un mes una huelga indefinida que no incluye bloqueo de carreteras.

PUEDES VER: Cusco: ejecutarán obras de agua y desagüe en comunidades campesinas de Espinar
Por su parte, Senace emitió un comunicado justificando el retraso al pedido de los comuneros. Afirman que aguardan la opinión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). “ Enviamos a la ANA los argumentos expuestos, a fin de que dicha entidad emita opinión en el marco de sus competencias y facultades conforme a ley. El informe técnico, a ser emitido por la ANA, es imprescindible, para que el Senace absuelva de forma integral los argumentos expuestos en este recurso de apelación”, dicta el documento.

Senace es un organismo especializado del Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos. El pasado 14 de febrero, los comuneros y autoridades de Pallpata se reunieron en mesa técnica para insistir con este planteamiento.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/23/pallpata-otro-conflicto-minero-que-espera-solucion-en-cusco-lrsd/