Honduras

Informe internacional encuentra que el gobierno hondureño viola los derechos de los defensores ambientales de Tocoa

ACAFREMIN
28/02/2020
Hallazgos preliminares de un informe comisionado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) presentados en el Encuentro de los Pueblos por el Agua en Tegucigalpa – Honduras, encuentran que el estado hondureño es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades de Tocoa, departamento de Colon, afectadas por los impactos de las concesiones mineras ASP I and ASP II propiedad de la empresa Inversiones los Pinares.
El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra Amanda Grzyb – Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef – Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya – Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de eventos históricos y políticos recientes en Honduras, pero se enfocan en la última década a partir del golpe de estado del 2009: las raíces del conflicto actual en el Bajo Aguan y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

En la cuidad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a las comunidades que se oponen a las actividades extractivas de Inversiones los Pinares y los impactos ambientales de su proyecto minero con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.

Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.

1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
3. El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos corporativos.
5. Ocho de los 31 defensores criminalizados continúan detenidos ilegalmente, el resto, junto a sus familiares y amigos, continúan estigmatizados y obligados a vivir en un estado de temor y ansiedad.

A pesar de la represión, el equipo de investigación encontró una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.

“La comunidad de Tocoa es una comunidad unida, heredera de décadas de organización y lucha agraria contra grandes terratenientes en su territorio. Está unidad es creativa, capaz e increíblemente valiente ante la amenaza continua y real. Son y siguen siendo una comunidad en resistencia”, declaro el Dr. Bernie Hammond, coordinador del estudio.

La supuesta institucionalidad creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores ambientales y los derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, parecen ser gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad. Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Finalmente, el estudio respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, Inglaterra) hace 20 recomendaciones, entre las que figuran para el estado hondureño:
Liberar inmediatamente a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han sido encarcelados por sus acciones en relación con los proyectos mineros de Inversiones los Pinares, y desestimar definitivamente los procedimientos para los 31 defensores de crímenes falsos;
Reconocer públicamente el derecho de los defensores a defender sin violencia su territorio y sus recursos naturales, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos;
Una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía militar y las fuerzas paramilitares, así como por miembros de COVIPERCE, contra defensores de derechos humanos y periodistas en Tocoa que se han pronunciado contra los proyectos mineros;
Dadas las irregularidades incurridas en la emisión de las licencias mineras ASP y ASP 2, que INHGEOMIN cancele las licencias mineras que se han otorgado en el área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La derogación del Decreto Legislativo 252-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La inscripción inmediata del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como de todas las demás áreas de Honduras declaradas protegidas por el SINAPH, en el Catálogo del Patrimonio Forestal Público Inalienable y el Registro de Bienes Raíces, para evitar futuros conflictos;
La derogación del Acuerdo Ministerial 1402-2018 que declara como confidencial la información técnica ambiental del proyecto minero, como la contenida en todas las solicitudes de licencias mineras.

Honduras, Mexico

BERTA CÁCERES… Vive, Volverá y Será Millones.

“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser.
Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”
Berta Cáceres
2 de marzo 2020.
Hoy se cumplen 4 años en que Berta Cáceres fue sembrada en su tierra natal “La Esperanza” en
Intibucá, Honduras. Su cobarde asesinato se conjuro al mismo momento del atentado que sufrió
nuestro compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo a quien durante sus testimoniales le
fueron violados sus derechos por parte del gobierno hondureño, lo cual, en ese momento ya
mostraba que la injusticia e impunidad sería parte del colofón de esta historia tan recurrente para
quienes se atreven a defender la vida en toda América Latina.
Berta Cáceres fue, es y sigue siendo una mujer Lenca a quien se le arrebató la vida por como vivió,
por como resistió y luchó durante toda su vida y porque su fuerza combativa desafió a los intereses
del poder capitalista y patriarcal, ambos principales culpables del despojo de la vida, de la
destrucción de los bienes naturales y del saqueo del territorio.
A Berta, la ambientalista, madre de cuatro hijos, abuela, hija, hermana, co-fundadora y vocera del
Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le quitaron la
vida muchos actores; los sicarios envalentonados y serviles al modelo global. También participaron
las instituciones económicas y políticas del estado hondureño que, por encima de la vida de su
población, obedece y se alía con corporaciones globales que explotan, despojan y se enriquecen de
manera enfermiza a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que gracias
a sus pueblos originarios los tienen en abundancia. Fue asesinada por la colonialidad, la cual, como
un patrón de clasificación y ordenamiento de la población y territorios, refuerza el racismo contra los
pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y del resto de América Latina. Fue asesinada
por la violencia patriarcal, la cual ha oprimido históricamente la integridad de las mujeres.
También se cumplen 4 años en que las resistencias le han mostrado al mundo entero que el estado
hondureño y toda su clase política incluyendo el congreso, el ejecutivo, el ejército, la policía y el
poder judicial es corrupta, agresiva y violatoria de derechos, quienes además continúan asesinando
a defensores de los derechos.
Para la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, la muerte de Berta también ha tenido
un efecto simbólico, ya que su acción política como defensora de la naturaleza, de las mujeres, de
los derechos de los pueblos indígenas, sin duda continúa siendo un ejemplo para miles de personas
que somos conscientes sobre la importancia de unificar esfuerzos para concretar transformaciones
sociales frente a este modelo globalizador que es avasallador.
Berta vivió, resistió y luchó porque otro mundo sea posible. La claridad de su lucha y de su visión
ilumina el compromiso de los pueblos para con sus territorios y protegerlos y conservarlos a través
de su comunalidad y respeto por la vida y la naturaleza. Berta continúa siendo la voz y la fuerza de
todas y todos. Berta es la primera línea de paz, ante la guerra de la reivindicación de las luchas
indígenas que avanzan de la mano de nuevos procesos anti patriarcales y descolonizadores.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Perú

¿Cajamarca la pobre? Una lectura que debe sobrepasar las cifras


Conflicto Relacionado: Conga , Yanacocha

Foto: Luisenrrique Becerra
Mirtha Vásquez, abogada, Congresista electa

Hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el «Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018″ que reveló cuáles son los distritos más pobres en el Perú. Aunque el estudio sólo mide la pobreza monetaria, es decir cuántos ingresos en dinero tiene mensualmente cada familia, y además se trata de un estudio del 2018, es decir no tan reciente; la noticia levantó revuelo entre un sector de la prensa nacional y “opinólogos” de derecha, que resaltan un aspecto que, siendo cierto, exige una lectura adecuada e integral: de los 22 distritos más pobres del país, 16 se ubican en Cajamarca y de estos, 10 están en la zona de influencia del proyecto minero Conga.

Entonces vienen análisis y aseveraciones ligeras, intuitivas, sesgadas y hasta tendenciosas. ¿Por qué Cajamarca sigue ocupando el primer lugar de pobreza en el país teniendo los más grandes proyectos mineros de explotación de oro que abonan millonarias ganancias? Porque los alcaldes y gobernadores se robaron la plata. ¿Por qué son pobres los distritos de la zona de influencia de Conga? Pues porque no aceptaron el proyecto. Y siguen las preguntas airadas hasta que se atreven a dar la receta para salir de esta situación: más inversión minera, reactivación del proyecto Conga y otros, ya que sólo estos salvarán a Cajamarca; e inclusive algunos se atreven a señalar que los recursos provenientes de la minería deben pasar a ser manejados por las propias empresas, vía fondos de fideicomisos, y no ser transferidos a los gobiernos locales y regionales.

Frente a estas afirmaciones, cabe señalar que el estudio cubre el período 2013-2018, y de acuerdo a lo indicado por la propia Ministra en relación a los datos difundidos por el INEI, a pesar de que la mayor cantidad de distritos pobres siguen en Cajamarca, esta región es la segunda con el mayor número de distritos con reducción de la pobreza. Se agrega además que » es la región que menos anemia tiene en el Perú, incluso menos que Lima”. Dicho de otra manera, y aunque no sea un consuelo, estábamos peor en la época del gran boom minero. Es decir, se logró empezar a reducir la pobreza y mejorar los índices de salud, cuando la población frenó el avance irresponsable de la actividad extractiva.

Otro dato que no se resalta es que el distrito de La Encañada donde se aceptó la minería y ha sido el centro de la explotación minera desde que Yanacocha se instaló, está ubicado en el puesto 12 del ranking. ¿Cómo se explica entonces que en los lugares donde hay minería y reciben los recursos más altos de canon persista la pobreza? Si bien no podemos descartar la mala gestión, e inclusive la posibilidad de corrupción, no se puede afirmar a raja tabla que todos los alcaldes y gobernadores regionales han sido ladrones y se han quedado con las millonarias sumas de dinero provenientes del canon y las regalías.

Y hablando de canon y regalías y los ingresos millonarios que se presumen por estos conceptos, no está de más recordar que durante los años del boom minero y el aumento impresionante del precio de los minerales, el país no fue beneficiado como sí lo fueron las empresas mineras. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque desde los años 90 el sector minero ha sido protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables y subsisten hasta hoy. En efecto, las mineras son beneficiarias de convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria que son su mejor arma para evitar el pago de nuevos impuestos, como las regalías fijadas el 2004.

Estos beneficios se aprobaron entre 1991 y 1992, congelando las condiciones fiscales hasta por 15 años. SI bien la mayoría de convenios vencieron hacia el 2007 (gobierno de Alan García) fueron renovados por los distintos gobiernos, de tal forma que empresas como Yanacocha siguen beneficiándose de los mismos en varios de sus proyectos. Por ello – atención amigos opinólogos- no es verdad que Cajamarca reciba sumas millonarias por canon y regalías, ya que varias empresas están exoneradas por sus convenios de estabilidad de pagar el último concepto.

Y en el caso del canon, tampoco se puede hablar de sumas millonarias. En realidad las empresas cuentan con diversos mecanismos para reducir el pago de los impuestos.

El primero, que viene desde 1993, permite a las mineras reinvertir hasta el 80% de sus utilidades en nuevos proyectos a cambio de exonerarles el mismo monto del impuesto a la renta. Osea, lo que ganan lo declaran invertido en otra mina y listo, se reduce el pago del canon. Según un estudio de la ONG Cooperacción, entre el 2001 y el 2011 se utilizó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba vigente. En total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación que son quienes reciben estos recursos. La empresa Yanacocha es una de las que ha venido usando más este beneficio en nombre de sus convenios de estabilidad. Y tal vez por eso la pobreza golpeaba más a Cajamarca en la época de la gran bonanza minera.

Por otro lado, el sector minero mantiene dos excepciones tributarias: se les devuelve el IGV que pagan por las actividades y compras que realizan durante la fase de exploración minera y se les reduce el 20% del valor anual de sus maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el monto sobre el que se deducirán sus impuestos. Por ambos “incentivos” el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última década. Dicho sea de paso, el presidente Vizcarra acaba de extender por tres años más este beneficio, vía Decreto de Urgencia, la reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura, es otra de las gracias que mantiene el sector minero.

De acuerdo a un informe de Ojo Público[1] el monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) para los 500.000 beneficiarios del país en 10 años. Como resultado de esta situación, el aporte de la minería a la recaudación peruana es ahora sólo del 3%, el más bajo desde hace 12 años, y en ningún momento, incluida la época del boom minero, los beneficios y convenios tributarios han sido cuestionados.

En conclusión, los ingresos millonarios de la minería son una aseveración mítica por los beneficios que gozan las empresas. Y ello se suma a los mecanismos de distribución del canon, que dependen de la ley, existiendo una serie de restricciones para la buena gestión e inversión de los recursos en aras del desarrollo regional.

Por el momento un dato objetivo del estudio del INEI que no puede pasar desapercibido es que el 87% de la población de los distritos con mayor pobreza tienen como principal actividad la agricultura ¿No deberíamos entonces enfilar los esfuerzos en potenciar esta actividad sostenible?

La solución no es más minería ni que las empresas manejen los fondos. Ir en ese sentido es terrible para la gobernabilidad, porque los propios datos arrojan que incluso en el periodo de mayor explotación y mayor cotización de los minerales, los territorios de explotación no solo se empobrecieron más, sino se perdieron zonas importantes de producción agropecuaria, sufrieron contaminación y la población fue afectada en su salud.

Por ello Cajamarca sigue siendo pobre, porque siendo la región que más ha aportado con minerales, nunca recaudó lo que debería y se siguen destruyendo grandes zonas de producción sostenible. Cajamarca sigue siendo pobre porque tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales y gran parte de la población contaminada con metales pesados en Hualgayoc o Choropamapa, sigue sin atención. La economía no es el fin, es el medio para dignificar a las personas y si el modelo económico afecta la dignidad e integridad, no debe profundizarse sino revisarse.

Ahora mismo necesitamos diversificar la economía, revisar el modelo extractivista que ha llegado a su límite. También debemos volver a recaudar como país lo que realmente nos corresponde. Las empresas no deben tener más privilegios, las empresas deben pagar lo que le deben a este Estado. Y esta deuda no se reduce a las obligaciones tributarias sino debe incluir pagar por los graves efectos causados en el medio ambiente y sobre todo en la salud y la vida de las personas.

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[1] https://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero

Perú

«Entre el hierro y el mar», el documental sobre las consecuencias de la minería en Marcona

Productora Hiperactiva Comunicaciones estrenará su primer largometraje, un filme sobre la situación del distrito de Marcona (Ica), donde opera la minera china Shougang.

Tras 67 años de actividad minera en Marcona, la situación en este distrito de la provincia de Nasca (región Ica) no es como los promotores de las industrias extractivas quisieran mostrar como ejemplo: tiene el 78% de su territorio bajo concesión minera, es escenario de denuncias de contaminación ambiental y violación a derechos laborales, y los servicios de salud son de baja calidad.

A través de la voz de los ciudadanos y autoridades de este distrito, el documental «Entre el hierro y el mar» da cuenta de la forma en que la actividad minera ha afectado la economía de Marcona a través de obstáculos para diversificar la producción y para contar con una infraestructura adecuada a la zona. Un ejemplo de ello es que desde hace cinco años Marcona no cuenta con un hospital y los suministros de agua y luz proceden de la mina Shougang.

El documental, de la productora Hiperactiva Comunicaciones, abre el debate sobre si la minería por sí misma puede generar desarrollo y plantea la necesidad de repensar el modelo extractivista en el Perú.

«Para las entidades estatales que promueven la inversión y los funcionarios de la minera Shougang, esta empresa realiza sus actividades de manera responsable. Sin embargo, en el filme se puede constatar la disputa territorial, la afectación de la economía local, la contaminación y la violación de derechos laborales», dice la productora.
En setiembre pasado, el sindicato de obreros de Shougang protestó pidiendo iniciar diálogo con la minera china. Los trabajadores pidieron aumentos salariales y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se mostraron indignados porque Shougang solo les aceptó un aumento de S/1,90 por día. El sindicato pedía S/7,90 diario, ya que las ganancias de la minera han aumentado en 237%.

Esa huelga es solo una de las más de 17 medidas de protestas registradas. En su Memoria Anual 2018, Shougang reconoce que tiene sanciones impuestas por Oefa, Osinergmin y Sunafil por un monto superior a 15 mil millones de soles. La empresa también reconoció que destinó 197 mil soles para cubrir gastos en sus procesos legales.

El documental “Entre el hierro y el mar” es dirigido por la periodista Maga Zevallos y cuenta con el apoyo de la ONG CooperAcción.
ADELANTO DEL VIDEO: https://youtu.be/T_rhrfumOMs

Perú

Siete lomas de Arequipa son de interés regional


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Gobierno regional de Arequipa publicó ordenanza regional que declara de interés público la conservación de estos ecosistemas. La norma fue aprobada en el contexto del conflicto por el proyecto minero Tía María.
La República
01/03/2020
Se publicó la ordenanza regional que declara de interés público la conservación de siete ecosistemas frágiles costeros (lomas).

La norma fue aprobada en noviembre por el Consejo Regional, en el contexto del conflicto por el proyecto minero Tía María y una supuesta superposición con Lomas de Cachendo.

El jefe de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Carlos Santos Roque, sostuvo que tendrán 60 días para elaborar un plan de acciones para proteger la flora y fauna de la zona. No especificó si la norma impedirá un futuro desarrollo del proyecto Tía María.

Por su parte, el consejero regional José Luis Hancco consideró que la ordenanza no afectaría al proyecto minero por no ser retroactiva; sin embargo, considera que sí ayudará a emprender acciones de preservación de los ecosistemas
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/01/siete-lomas-de-arequipa-son-de-interes-regional-lrsd/

Internacional, Perú

LA MINERÍA Y EL COVID 19

28/02/2020
Imagen: RTVE
Cooperaccion
Si hasta finales del año, la principal preocupación para la economía mundial era la guerra comercial entre los Estados Unidos y la China, ahora es el Coronavirus -rebautizado como COVID 19-. El temor es que se siga expandiendo y se convierta en una pandemia.

La actividad económica del gigante asiático ya viene siendo afectada: cierre de fábricas, pedidos de minerales retrasados, cargueros en cuarentena, restricciones de viajes, desaceleración de ventas y comercio internacional, entre otros. China ya había presentado el año pasado un crecimiento bajo (el más bajo de las últimas décadas) y las proyecciones de expansión del PBI para este año no llegaban ni al 6%. Con la situación actual, los estimados se están ajustando a la baja y por supuesto la ansiada recuperación de la economía china será postergada.

En este contexto, el cobre cerró la tercera semana de febrero con un valor promedio de 2.57 US$/Libra, disminuyendo (-9.6%) respecto al valor mostrado en el mismo mes el año pasado. Como se aprecia en el siguiente gráfico, desde el momento del surgimiento del Coronavirus, la cotización del cobre ha ido a la baja.

La situación es similar para otros minerales de base, como el plomo (-9.7%) y el zinc (-20.3%). El lado opuesto es el de la cotización del oro, que registra un crecimiento importante (19.0%), debido a la mayor demanda de los metales preciosos -como activos seguros o de refugio- en contextos turbulentos. Por su parte, la plata también mostró un crecimiento significativo (12.1%).

¿Qué puede pasar?

Por supuesto en lo inmediato se espera una suerte de efecto dominó en la economía global. No hay que olvidar que China es la segunda mayor economía del mundo y luego de 30 años de extraordinario crecimiento, se convirtió en el motor del comercio y el centro de fabricación mundial de una enorme diversidad de productos.

En la actualidad, todas las proyecciones de crecimiento en el mundo se vienen ajustando a la baja, aunque la magnitud del impacto dependerá del tiempo que demore encontrar una vacuna contra el virus o si las estrategias de controlarlo se hacen efectivas. Mientras tanto, los analistas vienen observando la reacción del gobierno chino que, como primera medida, ha inyectado 200 mil millones de dólares a su economía. Se espera que se definan otros estímulos fiscales para enfrentar la crisis.

En el caso peruano, a todas luces las exportaciones mineras se van a resentir por la caída de la cotización del cobre y otros metales de base (valor) y las dificultades que se van a presentar en el comercio internacional (volumen). China es hoy en día nuestro principal socio comercial y, por lo tanto, el principal destino de nuestras exportaciones: si el año pasado, las exportaciones mineras registraron una caída de -2.9% (sumaron US$ 28,074 millones), es probable que este año se registre un nuevo retroceso. Como se sabe, el sub-sector minero continua siendo el principal componente de las exportaciones peruanas: representa el 83.2% de las exportaciones tradicionales y el 58.9% del valor de las exportaciones totales del país.

También habrá que mirar con atención lo que pasa con las inversiones de las empresas chinas y el comportamiento de los mercados financieros. En este contexto es probable que los presupuestos de exploración minera sigan cayendo, en el Perú y en resto del mundo.

www.cooperaccion.org.pe

Argentina, Litio

Frenaron un proyecto de litio en Salta por la «incertidumbre» económica argentina

POLÍTICA Y ECONOMÍA
viernes, 28 de febrero de 2020 · 13:31
La multinacional francesa Eramet congeló un proyecto de producción de litio en Salta, que implicaba un desembolso de 600 millones de dólares, con el argumento de que la incertidumbre económica y la situación cambiara de la Argentina le hace imposible seguir adelante.

En anuncio lo hizo la semana pasada, en París, la CEO de la compañía, Christel Bories, cuando presentó los últimos balances de la empresa. «El contexto en Argentina y el clima económico en el mundo en general no nos permiten en este momento lanzar con serenidad este proyecto», dijo, según informó la agencia Reuters.

Boris había estado reunida con Alberto Fernández, en un encuentro a solas, cuando el presidente argentino visitó Francia, a principios de este mes. «No se había hecho público hasta ahora, pero ya veníamos informado sobre este paro de las actividades a todas las autoridades desde diciembre de 2019 y Boris se lo indicó al presidente Fernández, y le explicó que se debía a que no podíamos logran el financiamiento [necesario para avanzar con el proyecto], cuando se encontraron en París», declaró una fuente de la compañía.

En la Casa Rosada dijeron ayer que son plenamente conscientes de la situación y que la empresa sabe que Fernández está preocupado por resolver la cuestión. Según informó un alto funcionario del Gobierno, el caso puntual de Eramet fue uno de los temas que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le planteó a Fernández en su encuentro del 5 de febrero en París. «Lo primero que hizo Macron fue presentarle la situación de algunas empresas francesas en la Argentina y una de las empresas por las que pidió fue Eramet», dijo el funcionario.

Cuando la compañía hizo pública su decisión de congelar el proyecto en la Argentina, Boris informó que fueron factores determinantes los actuales controles de cambio decididos recientemente y la incertidumbre en torno a las negociaciones del gobierno con el FMI.

La mutinacional espera que las autoridades argentinas modifiquen la legislación y la exceptúen del régimen actual del control de cambios.

En el Gobierno confirmaron que están trabajando en un proyecto de ley en este sentido. La flexibilización del cepo fue uno de los principales reclamos que Alberto Fernández recogió en su gira europea. Desde entonces, la Casa Rosada trabaja en un proyecto de ley que genere un marco jurídico diferenciado para algunas actividades como la minería, la industria petrolera y Vaca Muerta. El encargado de la redacción del proyecto es el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La semana próxima estarán en la Argentina dos directores franceses de Eramet. Tiene agendadas dos reuniones: una con funcionarios del Ministerio de Economía y otra con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

La planta de Salta
Eramet tiene instalada una planta piloto en Salta con unas 140 personas trabajando, casi todas argentinas. Por ahora, no planea desvinculaciones, informó una fuente de la compañía. De los contratados, unos 60 son ingenieros especializados, detalló.

«Suspendimos las actividades y construcciones sobre el sitio -explicó-. Continuamos con las actividades de ingeniería, con todo lo que estaba ya contratado.»

Las operaciones de ese centro piloto, siempre según Eramet, «confirmaron un rendimiento del 90%», lo que a juicio de la empresa, que el año pasado sufrió pérdidas a nivel global, es un «enorme rendimiento».

Fuente: La Nación.com
https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2020/2/28/frenaron-un-proyecto-de-litio-en-salta-por-la-incertidumbre-economica-argentina-427665.html

Perú

LAS BAMBAS: VICEMINISTRO DEL INTERIOR ESTÁ IMPLICADO EN ACUSACIÓN CONTRA DEFENSORES


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Imagen: CooperAcción
Este 27 de febrero se reanudó la fase final del juicio contra los 19 defensores de Cotabambas, criminalizados por el conflicto de Las Bambas en 2015. En la sesión se presentaron los alegatos finales de las partes y la autodefensa de los acusados, tras lo cual el juez Andrés Abelino Aguilar programó la lectura del adelanto de fallo para el próximo lunes 02 de marzo a las 2:30 p.m. en el Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Durante el alegato, el representante del Ministerio del Interior anunció que desde el Estado demandarían a los acusados por la suma de 50 mil soles por los costos del procedimiento legal y el transporte del personal policial al lugar del juzgado. Asimismo, el Procurador del Ministerio señaló que el juicio habría afectado la imagen de su institución.

La defensa de los acusados alegó que la protesta fue pacífica, evidenciando inexactitudes, contradicciones y omisiones procedimentales en los objetos de prueba de la Fiscalía y la empresa MMG Las Bambas. La falta de medios probatorios y los testimonios brindados anteriormente corroborarían la versión de los acusados sobre el sembrado de armas.

Al respecto cabe traer a colación el testimonio de Víctor Raúl Rucoba Tello, actual Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac. En su testimonio Rucoba, detalló que intervino en las acciones de detención y las actas de incautaciones, lo que para la defensa es muestra de una violación de los planes de operación y las normas policiales. Indicó además que su plan de operaciones implicaba la disuasión de las poblaciones a ejercer sus derechos fundamentales por medios coercitivos, dado el número desproporcional de 1800 efectivos para la operación. Los certificados médicos y los testimonios de los defensores de Cotabambas, evidencian que en todos los casos los acusados fueron víctimas de maltratos físicos.

El abogado de los acusados, David Velazco Rondón (FEDEPAZ), al preguntar a Rucoba por la omisión de las identificaciones de los funcionarios que firman el acta de intervenciones, respondió ignorar las causas del error. Como se encuentra en su testimonio, Rucoba firmó el acta que viola las garantías de legalidad: “Yo he firmado un acta después de terminar los registros de las personas que han sido detenidas”.

En su autodefensa los acusados denunciaron la estigmatización y el perjuicio económico que ha implicado el proceso judicial en cada uno de sus casos. Se recuerda que varios de ellos han sido detenidos, sin pruebas, como ocurrió con Brandon Quispe cuando tenía 18 años.

Imagen: CooperAcción

El acusado Wilbert Cárdenas relató: «Quiero que me digan que soy inocente para que mi vida vuelva a ser tranquila. Yo me encontraba en Challhuahuacho trabajando para juntar dinero para mis estudios. Mis padres están preocupados porque no tengo dinero.»

Imagen: CooperAcción

Por su parte, Octavio Pinares señaló: «Mis hijos están asustados de ver a su papá en juicio y estos cuatro años los han mantenido en angustia. No puedo atender a mi familia porque esto me genera gastos. No hemos matado a nadie, no hemos quemado. Estamos acá abandonando a nuestros hijos.»

Los acusados y la defensa exhortan al Juez a actuar frente a la criminalización de la protesta y un mal uso de las normas en el Perú. Este tema ha sido denunciado en el reciente reporte del Relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst.

27 de febrero de 2020
COOPERACCION

Perú

LA NUEVA MINISTRA

EDITORIAL
(BOLETÍN AMP N°248, FEBRERO 2020)
Imagen: Aeronoticias
Sin discusión, la capacidad del presidente Vizcarra para nombrar a sus ministros no es una de sus fortalezas y tampoco ha sido un factor que haya apuntalado su envidiada popularidad desde que asumió el gobierno. Los continuos cambios en sus gabinetes y la cantidad de ministros y ministras que han tenido que pasar, sin pena ni gloria, han ido generando una imagen de incapacidad para gobernar, nombrar y gestionar diversos portafolios claves.

Los últimos cambios del gabinete, van en el mismo estilo, lo que ya parece ser una suerte de sello o marca registrada de Vizcarra. Salidas que no se pueden explicar (como la de la Ministra de Educación) y nombramientos que desde el día cero, llegan con una enorme mochila pesada, como es el caso de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca Achata, parece ser más de lo mismo.

Susana Vilca, no es una desconocida para la política peruana. Fue elegida congresista de la República el año 2006, representando a la región Puno por Unión por el Perú, que llevó como candidato presidencial a Ollanta Humala, en su primer intento por llegar a la presidencia. Para entonces, ya era coordinadora regional del Partido Nacionalista en Puno.

En su paso por el Congreso, ocupó la vice presidencia de la Comisión de Energía y Minas entre agosto de 2010 y julio de 2011 y fue Coordinadora del Grupo Parlamentario Puno, entre agosto de 2009 y julio de 2010. Desde entonces, se expandió la versión de la vinculación de la electa congresista con la minería informal y abiertamente ilegal de esa región e incluso se decía que habrían financiado su campaña. De profesión, Ingeniera de Minas, se graduó con la tesis “Estudio Técnico Económico para la Explotación del Oro Aluvial”. Además, en este período apoyó desde el Congreso las leyes de creación de la Universidad Nacional de Juliaca y de la Universidad de la Selva Central.

Durante el gobierno de Humala, como militante y persona de confianza del Partido Nacionalista, se desempeñó en varios cargos importantes: fue Vice Ministra de Energía y Minas, entre agosto de 2011 y enero de 2012. Su salida se dio en medio de una denuncia periodística sobre un conflicto de interés, ya que se descubrió que tenía 17 concesiones mineras (unas en trámite y otras vigentes) en varias regiones del país.

Del vice ministerio y pese a las denuncias, pasó a desempeñarse, nada menos que como Presidenta del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), hasta el mes de septiembre de 2016. Como se sabe, el Ingemmet es el organismo que otorga concesiones mineras en el Perú.

De lo que se conoce, en los últimos años ha venido desempeñando varios cargos vinculados a la docencia universitaria, además de consultora y fiscalizadora de medio ambiente, perito minero, etc. En su hoja de vida, también se señala que ha trabajado para varios consorcios y empresas mineras.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, ha señalado que antes de nombrar a los nuevos ministros, “se ha revisado los antecedentes de cada uno de los designados” y también ha reconocido que en el caso de Vilca, sabían que había estado “comprometida aparentemente con minería informal” y que no había declarado las concesiones.

La explicación final que ha dado Zevallos es que “todos tienen derecho a rehabilitarse”. Curiosa justificación. ¿Una cartera, en un sector clave para el país, es el espacio oportuno para buscar rehabilitarse? Nuevamente, el gobierno muestra serias limitaciones para conformar un equipo de ministros sólido o, quizás, cada vez encuentran menos voluntarios y voluntarias para ocupar, por tan poco tiempo, tal responsabilidad. Ser ministros “fusibles” nunca ha sido atractivo para profesionales serios.

Habrá que estar atentos al desempeño de la flamante ministra y cómo asume la compleja cartera del sector Energía y Minas. Para comenzar, tendrá que sentar posición sobre la propuesta de nueva Ley General de Minería que anunció el presidente Vizcarra el pasado 28 de julio y el trabajo que ha realizado la comisión encargada que acaba de entregar su propuesta.

EDITORIAL – LA NUEVA MINISTRA – (BOLETÍN AMP N°248, FEBRERO 2020)

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

Bancos, ejecutivos mineros, compañías automotrices y la prisa por extraer litio en los salares andinos de Chile y Argentina

Benjamin Hitchcock
27/02/2020
EarthWorks
A las nueve y cuarto de la mañana, la Sala de Conferencias Andrés Bello del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya se estaba desbordando: docenas llenaban el espacio para un seminario público titulado La Iniciativa del Triángulo de Litio: el Triángulo de Litio de América del Sur y el Futuro del Economía verde . El evento fue organizado por el Centro Wilson, el Proyecto Argentina y el BID.

Pasamos las siguientes cuatro horas escuchando una serie de presentaciones de representantes estatales chilenos y argentinos, junto con ejecutivos de minería de litio y automotrices. Las referencias al impacto ambiental y social fueron constantes, pero faltaba la profundidad, sinceridad y transparencia necesarias para reconocer estos desafíos en serio, y las contradicciones entre una economía verdaderamente ‘verde’ y las visiones de los oradores eran evidentes.

Por ejemplo, Martín Pérez de Solay, CEO de Orocobre, una compañía minera de litio que opera en Argentina, declaró con orgullo en su introducción que pasó más de una década perforando pozos de petróleo en todo el continente «incluso en el Amazonas». Falvia Milano, asesora del BID sobre participación ciudadana, también hizo referencia con orgullo a su papel de ayudar a obtener una «licencia social» para proyectos de petróleo y gas.

Las afirmaciones hechas durante todo el día para promover el sector de extracción de litio de la región a menudo eran inconsistentes con las preocupaciones de las comunidades localmente afectadas, en gran parte indígenas, junto con hidrólogos, científicos ambientales y varias ONG locales y nacionales. Estos diversos actores, ninguno de los cuales fueron invitados a participar, advierten que este proceso está desestabilizando los sistemas hidrológicos, con impactos potencialmente graves en los hábitats circundantes, la biodiversidad, los medios de vida agrícolas y pastorales y el acceso al agua dulce para las comunidades.
De izquierda a derecha: Flavia Milano (BID), Roberto Vergara (CORFO), Michael Maten (GM), Andrea Mohr (CORFO) Martín Pérez de Solay (Orocobre), Ellen Lenny-Pessagno (Albemarle), Javier Coopman (Ministerio de Minería de Chile) )

Crédito de la foto: Anders Beal

Hacer que la energía limpia sea limpia, justa y equitativa

En Earthworks , vemos la transición de las energías renovables como una oportunidad para reducir nuestra dependencia de la minería sucia. Necesitamos urgentemente alejarnos de los combustibles fósiles para mitigar los impactos del colapso climático actual. Sin embargo, el crecimiento proyectado en la tecnología de energía renovable, particularmente la demanda de baterías para vehículos eléctricos privados, está justificando y obteniendo inversiones para minería sucia e irresponsable en «puntos críticos» geográficos, particularmente en el sur global e incluso en las profundidades del mar.

La minería y el refinado de metales es un negocio sucio con un largo historial de degradación ambiental y abusos contra los derechos humanos, desproporcionadamente para las comunidades del Sur Global y el Norte indígena, y también es uno de los principales impulsores de la crisis climática, responsable de 10 % de emisiones globales de carbono .

Para garantizar que nuestra economía de energía limpia sea verdaderamente limpia, justa y equitativa, debemos desarrollar un compromiso compartido con el abastecimiento responsable de minerales que priorice el derecho al consentimiento y la autodeterminación de las personas afectadas, junto con un aumento masivo en la reutilización y el reciclaje de metales, y la reducción y redistribución de la demanda mundial de energía y minerales.

Extracción de litio de salmuera

La extracción de litio evaporítico de salinas implica el bombeo de salmuera, un agua fósil altamente salina rica en minerales (agua que se ha estado acumulando durante milenios debajo del salar) sobre la superficie del salar donde se decanta de una piscina artificial a otra como solar La radiación y el viento evaporan el contenido de agua de la salmuera, dejando progresivamente mayores concentraciones de sales. En total, este método para aumentar la concentración de cloruro de litio desde su ocurrencia natural hasta un grado comercial toma aproximadamente 18 meses.

Esta salmuera contiene una gran cantidad de minerales: los cloruros de potasio, boro, magnesio, sodio y litio se encuentran en esta agua única. El pueblo Lickanantay de Atacama considera que la salmuera es una parte sagrada e inextricable de su territorio. En marcado contraste, los ejecutivos mineros en la sala se refirieron a la salmuera como no apta para el consumo y, por lo tanto, sin valor social o ecológico. Esta antigua agua fósil también sustenta la vida de los microorganismos cuyo papel en el ecosistema más amplio aún no se comprende completamente.

Impactos de agua dulce

Más allá de la salmuera, los acuíferos interconectados alrededor del salar contienen cuerpos de agua dulce y un espacio intersticial salobre donde estos cuerpos se encuentran y se mezclan. La hidrología de cada salar y lago salado es única, sin embargo, la preocupación de que el bombeo de salmuera pueda afectar los acuíferos de agua dulce circundantes está muy extendida en toda la región. El tema sigue siendo insuficientemente estudiado: una incertidumbre reconocida por el Tribunal Ambiental de Chile en su decisión de rechazar los planes de expansión de SQM (el mayor productor de litio de Chile), si no es por sus agencias de inversión y minería presentes en el BID.

Pero en última instancia, la matemática es simple: para tomar el ejemplo de quizás el salar más bien estudiado, el Atacama, la capa freática está perdiendo entre 1.750 y 1.950 litros por segundo más de lo que entra por la lluvia, la filtración y la escorrentía. agua. Esto se debe en gran parte a la extracción de agua de dos proyectos masivos de extracción de cobre a cielo abierto: Escondida de BHP y Zaldivar de Antofagasta Minerals, y salmuera de dos operaciones importantes de litio: las de SQM y Albemarle.
Un modelo que muestra los litros estimados de agua por segundo que dejan (en amarillo) la sal de Atacama por evaporación, extracción de salmuera, evapotranspiración a través de las plantas y extracción de agua dulce para la minería, la agricultura y el consumo humano, junto con los litros estimados de agua entrante por segundo ( en azul) de escorrentía, filtración y agua de lluvia.

Voces de primera línea
Acción creativa llevada a cabo por la Mesa de los Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes para ayudar a dar mayor visibilidad a su proceso de resistencia. El texto en el globo dice: «La vida y el agua valen más que el litio – No a la contaminación – Salinas Grandes, Jujuy, Argentina»

La profunda brecha entre las preocupaciones de los afectados y la narrativa de las compañías mineras y los representantes estatales cuya responsabilidad es regular y supervisar sus actividades, resalta la necesidad de elevar las voces de las comunidades, investigadores independientes y ONG que hablan sobre la ola sin precedentes. de inversión e invasión de intereses corporativos en esta región que es hogar de las comunidades Kolla, Atacameño, Lickanantay y Aymara, comunidades que han persistido frente a siglos de (neo) colonialismo. Con una amplia gama de tácticas, desde casos judiciales hasta bloqueos de carreteras, las personas en toda la región han estado demostrando su oposición y luchando para defender sus medios de vida y estos oasis de humedales que albergan formas de vida únicas en medio de algunos de los desiertos más secos del mundo.

Making Clean Energy Clean, Just and Equitable tiene como objetivo ayudar a cerrar esta brecha asegurando que el clamor por los metales no pisotee los derechos de las comunidades a la autodeterminación, ni la supervivencia de ecosistemas como las salinas andinas de Chile, Argentina y Bolivia .