Internacional

David Attenborough llama a prohibir la minería ‘devastadora’ en aguas profundas

Paisaje marino: el estado de nuestros océanos
La minería propuesta para el fondo marino podría destruir ecosistemas no estudiados e interrumpir funciones vitales de almacenamiento de carbono, dice naturalista
Karen McVeigh
@ karenmcveigh1
12/03/2020
Los corales de aguas profundas proporcionan hábitat a una variedad de organismos que podrían ser destruidos por la minería de aguas profundas. Fotografía: NOAA
Sir David Attenborough ha instado a los gobiernos a prohibir la minería en aguas profundas, luego de un estudio que advierte de riesgos «potencialmente desastrosos» para los sistemas de soporte vital del océano si continúa.

El estudio , realizado por Fauna and Flora International (FFI), advierte que los planes propuestos para extraer el fondo marino podrían causar una pérdida significativa de biodiversidad , la interrupción de la «bomba biológica» del océano y la pérdida de microbios importantes para almacenar carbono. El proceso, que requiere máquinas que operen a miles de metros bajo el mar, también podría crear columnas de sedimentos que sofocarán áreas alejadas de los sitios mineros y matarán la vida silvestre.
Docenas de licencias exploratorias, dos de las cuales están patrocinadas por el Reino Unido, ya han sido otorgadas para grandes extensiones del lecho marino, antes de una carrera para extraer comercialmente minerales y minerales como el cobre, utilizados en teléfonos móviles y baterías. Pero las reglas para gobernar la explotación responsable de este recurso global no están finalizadas: se espera que se completen en una reunión en julio en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU.

Attenborough, vicepresidente de FFI, dijo que la minería en aguas profundas podría crear una «serie devastadora de impactos» que amenazan los procesos críticos para la salud y la función de los océanos, y pidió a los gobiernos que se guíen por los científicos.

«Fauna & Flora International hace un llamamiento a los gobiernos mundiales para que establezcan una moratoria sobre toda la minería en aguas profundas, un llamado que apoyo de todo corazón», dijo Attenborough.

En un prefacio al informe, Attenborough dijo que era «más allá de lo razonable» que los países consideraran la destrucción de lugares de aguas profundas antes de haberlos entendido o el papel que juegan en la salud del planeta.

Attenborough dijo: “La prisa por explotar este entorno prístino e inexplorado corre el riesgo de crear terribles impactos que no pueden revertirse. Necesitamos ser guiados por la ciencia cuando nos enfrentamos a decisiones de tan gran consecuencia ambiental ”

FFI advirtió que la actividad humana ya estaba ejerciendo una gran presión sobre los océanos, que han absorbido un tercio de nuestras emisiones de carbono y el 93% del calor adicional atrapado por la creciente concentración de gases de efecto invernadero.

Los océanos se están volviendo más ácidos debido a que el dióxido de carbono se disuelve en ellos, las pesquerías están bajo presión como resultado de la sobreexplotación y hay cientos de enormes «zonas muertas», dijo.

En profundidad: por qué el fondo marino debería estar fuera del alcance de las compañías mineras
Chris Packham

Pippa Howard, directora de FFI y autora principal del informe, pidió una moratoria sobre la minería en aguas profundas. Ella dijo: “Las conclusiones a las que hemos llegado después de un extenso estudio difícilmente podrían ser más preocupantes.

«Desde la liberación de metano hasta la interrupción de los sistemas de soporte vital del océano y la destrucción de ecosistemas no estudiados, los riesgos de la minería en aguas profundas son numerosos y potencialmente desastrosos».

Louise Casson, de la campaña Protege los océanos de Greenpeace, dijo que la celebración de contratos de exploración por parte del gobierno del Reino Unido para la minería en aguas profundas estaba en desacuerdo con su posición como «campeona mundial de los océanos».

Casson dijo: «El gobierno del Reino Unido ahora tiene que tomar una decisión: escuchar a la industria y seguir adelante con esta nueva práctica peligrosa, o escuchar advertencias científicas, preocupación pública y el creador del propio Blue Planet y prohibir la minería en aguas profundas».

Un portavoz del gobierno dijo: “El Reino Unido continúa presionando por los más altos estándares ambientales internacionales, incluida la extracción de minerales en aguas profundas.

“Si bien hemos patrocinado dos licencias de exploración, estas solo permiten que la investigación marina comprenda los efectos de la minería en aguas profundas.

«No emitiremos una sola licencia de explotación sin una evaluación completa del impacto ambiental».

Tenemos un anuncio …
… sobre nuestro progreso como organización. Al servicio de la creciente emergencia climática, hemos tomado una decisión importante: renunciar a la publicidad de combustibles fósiles , convirtiéndonos en la primera organización mundial de noticias importante en instituir una prohibición absoluta de tomar dinero de las compañías que extraen combustibles fósiles.

En octubre delineamos nuestra promesa: que The Guardian brindará a la calefacción global, la extinción de la vida silvestre y la contaminación la atención urgente y la importancia que exigen. Esto resonó con tantos lectores en todo el mundo. Prometemos informarle sobre los pasos que tomamos para responsabilizarnos en este punto decisivo de nuestras vidas. Con la desinformación climática que abunda, y nunca más peligrosa que ahora, los informes precisos y autorizados de The Guardian son vitales, y no nos quedaremos callados.

Elegimos un enfoque diferente: mantener el periodismo Guardian abierto para todos. No tenemos un muro de pago porque creemos que todos merecen acceso a información objetiva, independientemente de dónde vivan o de lo que puedan pagar.

Nuestra independencia editorial significa que somos libres de investigar y desafiar la inacción de quienes están en el poder. Informaremos a nuestros lectores sobre las amenazas al medio ambiente basadas en hechos científicos, no impulsados ​​por intereses comerciales o políticos. Y hemos realizado varios cambios importantes en nuestra guía de estilo para garantizar que el lenguaje que usamos refleje con precisión la emergencia ambiental.

The Guardian cree que los problemas que enfrentamos en la crisis climática son sistémicos y que se necesita un cambio social fundamental. Seguiremos informando sobre los esfuerzos de las personas y las comunidades de todo el mundo que están defendiendo sin temor las generaciones futuras y la preservación de la vida humana en la tierra. Queremos que sus historias inspiren esperanza.

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Traduccion automática de: https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/12/david-attenborough-calls-for-ban-on-devastating-deep-sea-mining

Chile

Corte Suprema establece que reclamación contra Mina Invierno se presentó fuera de plazo legal


Conflicto Relacionado: Isla Riesco- Mina Invierno

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala del máximo tribunal del país.
16/03/2020
(Emol) La Corte Suprema acogió los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa Minera Invierno S.A. en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que invalidó resoluciones ambientales de proyecto minero ubicado en la Región de Magallanes.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y Ángela Vivanco– estableció que el reclamo se interpuso fuera del plazo legal de 30 días. La resolución indica que “tratándose, entonces, de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer el plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental; plazo que, según lo razonado hasta ahora, no es el de dos años que señala la Ley N°19.880, destinado para lo que se ha llamado ‘invalidación-facultad’”.

Por último, el dictamen sostuvo que “en conclusión, existen dos tipos de invalidación: Una de carácter general de acuerdo a la Ley de Procedimiento administrativo, excluida para el responsable del proyecto y los terceros intervinientes en el procedimiento; y la ‘invalidación impropia’ o invalidación procedimental, enderezadora o recurso, a la que puede acudir todo interesado, sea que haya intervenido o no en el procedimiento administrativo como parte o tercero (…)”. En esa línea, añadió que “que, en el caso concreto, cualquiera sea la posición que se adopte sobre el fondo de la cuestión debatida, queda de manifiesto que, en dicha sede administrativa, fue superado el plazo antes indicado”.

Perú

La Libertad: congresista Lenín Bazán exige cese de exploración minera

Representante del Frente Amplio dice que no debe haber minería en zonas donde se ubican fuentes de agua de consumo humano. Participó en protesta.
La República, 14/03/2020
Juan Vejarano Vergara

Pobladores de la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, acataron el viernes un paro contra la exploración minera que realiza la empresa Barrick, según ellos en zonas de cabeceras cuenca, donde se ubican las fuentes de agua de consumo humano y que serían afectadas por agentes contaminantes.

Al respecto al congresista del Frente Amplio, Lenín Bazán Villanueva, sostuvo que las empresas mineras, con el aval de Gobierno, se instalan en zonas donde están las fuentes de agua y realizan sus actividades de exploración y explotación, contaminando todo y sin importar las consecuencias en la población. Por ello exigió el inmediato cese de operaciones del proyecto Antonio de Chuco por carecer de la licencia social y poner en alto riesgo la vida y la salud de miles de santiaguinos.

Cientos de manifestantes, acompañados por el congresista liberteño, se volcaron a las calles de la capital santiaguina exigiendo al Gobierno y a la empresa el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 14-2018-MPSCH, que dispone la protección de las fuentes de agua en toda la jurisdicción de dicha provincia; y las declara áreas de conservación municipal y establece zonas de amortiguamiento.

“El agua es vida y vamos a defenderlo siempre”, sostuvo Bazán durante su intervención en la plaza principal de Santiago de Chuco y se comprometió a convocar a una mesa técnica con la participación de la empresa, autoridades, sociedad civil, OEFA, ANA, Minan, Minem y congresistas de La Libertad, a fin de iniciar acciones frente a los problemas medioambientales de la región.

Reactivarán proyectos

Asimismo, señaló que a fin de evitar este tipo de conflictos en todo el país, reactivará los proyectos impulsados por la bancada del Frente Amplio en el Congreso pasado, como el de una nueva Ley de Minería y la Ley de Ordenamiento Territorial.

La paralización fue convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil de Santiago de Chuco y acatada en su totalidad por la población que, cansada de los múltiples atentados contra el medio ambiente y la agricultura que cometen las empresas mineras en la zona, acataron la medida de fuerza para llamar la atención del Ejecutivo.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/congresista-lenin-bazan-apoyo-paro-que-acataron-pobladores-de-santiago-de-chuco-contra-la-mineria-lrnd/

Internacional

China y Estados Unidos compiten por tierras raras

El control de estos metales, esenciales en el mundo tecnológico, se ha convertido en objeto de disputa entre las dos grandes potencias del mundo
ÓSCAR GRANADOS
08/03/2020

Mina de tierras raras en California (EE UU).JOE BUGLEWICZ / BLOOMBERG
Hay que bucear un poco en la tabla periódica para encontrarlas. Gadolinio, lantano, samario, europio, terbio… Son 17, se las conoce como tierras raras y son famosas por ser buenas conductoras de electricidad. La vida moderna no sería lo mismo sin ellas. Están en los móviles, tabletas y ordenadores. Pero también en las cámaras fotográficas, aerogeneradores, bombillas de bajo consumo y en algunas aplicaciones militares como en las gafas de visión nocturna o en las armas de precisión (guiadas por láser o satélite). Por esa razón se han convertido en la joya de la corona de las dos grandes potencias del planeta. China —el líder en producción desde hace más de tres décadas y con las mayores reservas del mundo— lucha por mantener su posición en el mercado, mientras que Estados Unidos —que acaba de volver a la palestra— busca la autosuficiencia, pues el 80% del consumo de estos elementos procede del gigante asiático.

EE UU ha pisado el acelerador. Impulsa a marchas forzadas el desarrollo de una industria, al mismo tiempo que diversifica sus fuentes. Su hambre por estos metales lo ha llevado a desplegar en su territorio drones y otras tecnologías que ayuden a localizar posibles reservas, según reveló la agencia Bloomberg. De igual forma, Washington ha acordado con Canadá y Australia el despliegue de proyectos en conjunto que están enfocados en el refinado de estos materiales. Además, busca fondos federales para reforzar el sector. “Ha retomado la actividad…, pero le tomará tiempo competir con China”, afirma David Merriman, experto en metales en la consultora Roskill. El primer paso ya lo dio el año pasado: la producción de tierras raras en EE UU aumentó un 44% y el país pasó de la cuarta a la segunda posición en la tabla mundial con un 12% del mercado, una cuota muy lejana a la china, que llega al 63%, de acuerdo con las cifras del Servicio Geológico de EE UU. El salto no es casual. Su principal y única mina de tierras raras, ubicada en California, ha resurgido de sus cenizas.

Tras años de cierres y aperturas intermitentes, la Mountain Pass —que hasta finales de los ochenta era el mayor suministrador mundial de metales raros— retomó operaciones en 2017 gracias a un acuerdo de inversores en el que ha participado la china Shenghe Resources, una de las principales compañías del sector. “EE UU no se siente cómodo con el dominio que tiene China”, dice Chris Berry, fundador de House Mountain Partners, una consultora de materias primas con sede en Nueva York. Su malestar se ha evidenciado cuando el gigante asiático, en medio de una guerra comercial, amenazó con paralizar las exportaciones de tierras raras. “Estos elementos se han convertido en una herramienta geopolítica”, dice un análisis de Roskill. Para EE UU son de suma importancia a tal grado que han sido catalogadas como “imprescindibles para la seguridad nacional y económica”.

Por ese motivo, estos metales fueron una baza en la primera fase del acuerdo comercial, en la que China se ha comprometido a comprar a EE UU dos tipos de tierras raras: escandio e itrio, usadas en aplicaciones de defensa, en la aeronáutica y en la fabricación de televisores. El movimiento es estratégico y dará frutos a la incipiente industria estadounidense, pero no de forma inmediata. “EE UU piensa en el futuro, porque ahora la producción de estos dos metales es minúscula”, afirma Juan Diego Rodríguez-Blanco, profesor de nanomineralogía en el Trinity College de Dublín. Para algunos analistas, la autosuficiencia podría estar a la vuelta de la esquina. “[Quizás] en siete o diez años pueda conseguirlo”, estima Eugene Gholz, profesor de ciencias políticas y experto en seguridad nacional en la Universidad de Notre Dame (Indiana).

Gigante asiático
China comenzó a extraer cantidades importantes de tierras raras en los años ochenta del siglo pasado. Durante la década siguiente ya controlaba el 28% de la producción, por detrás de EE UU, que copaba el 38%. Después, el gigante asiático fortaleció su posición al vender los metales por debajo del precio de otras empresas. La Mountain Pass y muchas otras minas en todo el mundo no pudieron competir y echaron el cierre. Entre 2008 y 2010, Pekín llegó a controlar alrededor del 95% del mercado, según las cifras del Servicio Geológico de EE UU. Sin embargo, su hegemonía extractiva se ha visto menguada en los últimos años a pesar de que su producción ha crecido de manera constante desde 2012. Ello se debe a la aparición de diversos jugadores (EE UU, Australia, Myanmar, entre otros) que quieren un trozo del pastel.

El poderío de la potencia emergente es difícil de abatir, pues controla el proceso de refinación. “Una gran cantidad de la propiedad intelectual en torno al procesamiento de tierras raras está en manos chinas. Este tipo de conocimiento es inevaluable”, explica Berry. China ha mantenido su posición porque, además de ser el mayor productor mundial de tierras raras (con solo seis compañías), también es el primer consumidor, por delante de Japón y EE UU.

Ese estatus se ha mantenido a pesar de que la extracción se ha visto afectada por la introducción de una legislación medioambiental que ha puesto freno a la actividad en las provincias del sur. “China creció tanto en sofisticación que se convirtió en una superpotencia”, asegura Ei Sun Oh, experto del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur. Hoy, el mayor riesgo es el brote de coronavirus que ha paralizado la actividad industrial. El Global Times — el periódico insignia del Partido Comunista Chino— afirma que las empresas del sector ubicadas en la localidad de Ganzhou (donde se procesan cerca del 70% de los metales raros que se usan en el mundo) estaban trabajando a principios de febrero a un 20% de su capacidad a causa del brote, lo cual afectaría las exportaciones hacia EE UU, Japón y Europa.

GROENLANDIA
The Wall Street Journal publicó el pasado agosto lo que pudo haber sido una tomadura de pelo: “El presidente Trump contempla una nueva compra de bienes raíces: Groenlandia”. Pero no fue así. Su intención resultó real y, a pesar de las críticas, no es cualquier ocurrencia. La isla (región autónoma de Dinamarca) es una rica fuente de materias primas, sobre todo de tierras raras. Allí se desarrolla el proyecto Kvanefjeld —liderado por la australiana Greenland Minerals, donde la china Shenghe Resources tiene participación—, que en el futuro pretende suministrar entre un 20% y 30% de la demanda global de esos metales. El sueño de Trump tiene un raro trasfondo.
Compartido por Movimiento M4

Haiti

Declaración final del Foro Minería y Cambio Climático de Haití

10/03/2020
EL FORO MINERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO RD-HAITÍ, REUNIDO EN DAJABÓN DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2020
DECLARA:

Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los
territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.

Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.

Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.

Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.

Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.

SI A LA VIDA NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA

Kolektif Jistis Min (KJM), Haití
Coalición Ambiental del Noroeste (COANOR), RD
Centro Montalvo, RD
Fuente: M4

Perú

Suspenden reunión preparatoria de consulta previa sobre proyecto minero Coroccohuayco

El día de hoy, 13 de marzo, se dio inicio a la reunión preparatoria entre la Comunidad de Pacopata y el Ministerio de Energía y Minas, con motivo de la realización del proceso de consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, en la región Cusco. Sin embargo esta reunión fue suspendida.

La suspensión se debió a la inasistencia de los representantes del Ministerio de Cultura (MINCUL), a pesar que previamente habían confirmado su presencia en esta reunión. La inasistencia se dio pese a las coordinaciones que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) había realizado.

Durante la reunión, el presidente de la Comunidad Originaria de Pacopata, Felipe K’ana, realizó una llamada telefónica a una funcionaria del MINCUL para consultar sobre su inasistencia. La funcionaria le informó que no pudieron asistir a la reunión debido a la emergencia sanitaria provocada por la propagación del Covid19 (coronavirus) en el país. Existe una responsabilidad del MINEM por no haber realizado las coordinaciones previas para garantizar la asistencia de un representante del MINCUL en la reunión.

Es importante resaltar que en la reunión preparatoria que se tuvo con las otras once comunidades implicadas en este proceso de consulta previa, sí participó el MINCUL en su condición de ente rector de los pueblos indígenas en el país y garante de que el proceso de consulta previa se lleve a cabo con normalidad.

Imagen: IDL

En esa misma línea, también se ha demandado la presencia del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Defensoría del Pueblo. En el primer caso, debido a que las demandas de la Comunidad de Pacopata se orientan a cuestionar los contenidos de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco. Este instrumento ha sido aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), entidad adscrita al sector ambiente.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, se considera fundamental su presencia en su condición de entidad garante de los derechos de la Comunidad de Pacopata. No hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en más de una oportunidad en el sentido de que resulta necesario someter a consulta previa los Estudios de Impacto Ambiental, e incluso se ha manifestado para que se consulte la MEIA del Proyecto Coroccohuayco.

Por los motivos expuestos, la Comunidad Originaria de Pacopata solicitó la suspensión de la reunión, y que esta sea reprogramada en una siguiente fecha. Asimismo pidieron que en esta próxima cita deben estar las entidades estatales mencionadas, luego que la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus sea controlada, para evitar riesgos para los participantes.

Se adjunta acta de la reunión del día de hoy.
Cooperaccion

Perú

LA PELIGROSA PRIVATIZACIÓN DE LA POLICÍA Y LAS MINERAS

Luis Gárate
13/03/2020
Imagen: Jorge Chávez Ortiz
Uno de los problemas que se aprecia en nuestro país tiene que ver con la manera en que la Policía Nacional del Perú (PNP) se conduce en los conflictos y el trato que aplica a las comunidades y organizaciones sociales.

Recientemente un juzgado en la ciudad de Tambobamba (Apurímac), dictó una sentencia absolutoria a 19 acusados, miembros de las comunidades, en medio de un conflicto en la zona de influencia del proyecto Las Bambas el año 2015. Las acusaciones fiscales apuntaban a la tenencia de armas, pero la defensa de los acusados argumentó que la PNP habría obligado a algunos de los manifestantes a disparar armas para luego incriminarlos.

Estos hechos se vinculan con las relaciones distorsionadas que se mantienen entre algunas empresas mineras y la PNP. Por eso es importante recordar que el 11 de abril de 2019 el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó una demanda de amparo contra un convenio firmado entre la empresa minera que opera el proyecto Las Bambas y la PNP. Este convenio fue suscrito el 26 de octubre de 2017, con autorización del ex Ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Este tipo de convenios, de “servicios policiales extraordinarios”, como los denomina el Decreto Legislativo Nº 1267, permiten a la PNP prestar servicios de seguridad a cambio de un pago de las empresas. En la demanda, se exige que el convenio suscrito entre la PNP y Las Bambas sea anulado. Este convenio -como los más de 138 que se han firmado en todo el país-, según señalan los demandantes, viola los derechos humanos y quiebra los principios del estado de derecho.

Recientemente, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior –mediante un escrito judicial– ha insistido en defender la constitucionalidad del convenio suscrito por la PNP y la empresa minera Las Bambas. Se señala que “dicha actividad policial cuenta con un marco legal vigente que permite al personal policial, en forma voluntaria, brindar servicios de protección y seguridad en una jornada complementaria a su función policial”. En ese sentido, rechaza que se violen los derechos fundamentales a la seguridad ciudadana o a la igualdad.

Este tema plantea una discusión de fondo. Es conocido que la PNP tiene presupuestos exiguos y su personal vive con salarios bajos y condiciones difíciles. Sin embargo, la delgada línea por la que el personal policial puede pasar a servir como seguridad privada de grandes empresas, supone una situación que atenta contra la naturaleza de su función.

Un estudio presentado en el 2019, que fue elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Earthrights International y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos mostró precisamente los problemas que se presentan a raíz de esos convenios y como estos han contribuido a la criminalización de la protesta[1].

La razón de ser de la PNP es la de proteger el orden interno y la seguridad ciudadana. El informe señala que la celebración de convenios constituye una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación; en concreto, tratándose de discriminación por razón económica, en perjuicio de la población y en beneficio de la empresa.

La PNP tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad de cualquier ciudadano peruano, independiente de su condición socioeconómica, étnica, de género. Pero en una situación donde entidades privadas, como las empresas mineras, tienen convenios mediante los cuales financian la logística a la autoridad policial, se rompe ese papel de intermediador en un conflicto. En concreto, la PNP puede terminar siendo -como ha mostrado el estudio- parte de la defensa de las corporaciones privadas, vulnerando de esa manera los derechos de las comunidades eventualmente afectadas por algún conflicto.

En este marco de reflexión cabe recordar a varios académicos, como el prestigioso sociólogo Francisco Durand, que señalan que vivimos en una suerte de República Empresarial. De esta manera subraya que instituciones públicas del Estado peruano se han acostumbrado a responder a las presiones de algunos sectores corporativos en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos.

El presidente Vizcarra dijo que se jugaría con nuevas reglas y que pondría por delante el dialogo antes que la represión en los conflictos sociales. Sin embargo, hasta el momento no se notan cambios. Una buena señal sería que defina una posición clara respecto a este decreto y a esta situación irregular que se mantiene.

[1] El documento se titula: Informe: “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”.

Cooperacción

Perú

Ministerio de Vivienda reubica a dos familias de niños con plomo en la sangre


Conflicto Relacionado: Cerro de Pasco- Volcán-Lima

Entidad descartó haber querido trasladar a las familias a Maranguita como aseguraron algunos padres.

Están a punto de cumplir un mes desde que vinieron desde su natal Cerro de Pasco con el fin de encontrar una solución en favor de la salud de sus hijos. Los padres de los niños con 12 metales pesados en la sangre y diagnóstico de leucemia esperaron diariamente recibir una respuesta efectiva por parte del Ministerio de Salud (Minsa) para poder recibir un tratamiento especializado que en el Perú no existe, pero lo único que recibían era indiferencia.

El último martes, con 23 días haciendo protestas fuera del Minsa y ante la desesperación e impotencia, los padres de familia decidieron tomar la pista de la avenida Salaverry para que fueran atendidos por la propia ministra de salud Elizabeth Hinostroza, sin embargo, lo único que recibieron fue la represión de más de una docena de policías que usaron la violencia hasta con los propios niños afectados por la minería.

La presencia de los medios de comunicación hizo que representantes del Minsa se sientan obligados a brindar algún tipo de solución a este caso. Convencieron a los padres de ‘levantar’ la protesta y los hicieron ingresar al ministerio con el fin de conversar y llegar a un consenso. En comunicación con El Popular; Junior Castañeda, hermano mayor de una de las menores afectadas, afirma que existió un acuerdo entre ellos y los representantes del Minsa para que puedan viajar a Argentina a que los niños sigan el tratamiento adecuado para su enfermedad.

Sin embargo, el viaje está programado para quincena del próximo mes de abril y hasta esa fecha su ubicación se convirtió incierta ya que, según Daniel Koc Gonzales, jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, los niños no deberían estar expuestos en ese ambiente.

Según Junior Castañeda, el viceministro de vivienda David Alfonso Ramos López les ofreció ser reubicados para que no sigan en las calles de la avenida Salaverry mientras esperan el viaje, pero el lugar resulta ser inhóspito y escandaloso: el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima o más conocido como Maranguita.

«El lugar es sumamente cochino, las puertas están rotas, las frazadas están sucias y hay manchas de sangre por todos lados. Ahí tampoco podemos exponer a nuestros niños», aseguró.

Consultado por este tema, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, rechazó tajantemente que se haya realizado una propuesta de este tipo. «Es imposible que se haya ofrecido algo así, ya que el Ministerio únicamente participa con la entrega de las viviendas definitivas y no cuenta ni administra albergues», refirió.

El funcionario agregó que, del diálogo y acompañamiento permanente que reciben estas cinco familias por parte del Sector, dos de ellas ya han sido reubicadas en departamentos que ellos mismos seleccionaron, a través del Fondo Mivivienda.

Asimismo, las tres familias restantes están por realizar su traslado, aunque dos de ellas están evaluando aún otras opciones de proyectos habitacionales.

PLOMO EN LA SANGRE
A mediados de 2017, un informe médico mostró presencia de altos niveles de cadmio, plomo, mercurio y arsénico en el organismos de niños menores de 15 años de Cerro de Pasco y La Oroya. En 2015, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas) del Minsa tomó muestras de sangre a 83 niños de Pasco, en donde se encontró hasta 22 microgramos de plomo en su organismo, cuando el límite permitido es 9.9 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo peor, aseguran que no hay ningún médico toxicólogo en la mencionada provincia que atienda a los afectados por metales pesados, solo pediatras y médicos internos.
https://elpopular.pe/actualidad/2020/03/12/padres-ninos-plomo-aseguran-ministerio-vivienda-quiere-enviar-maranguita-mientras-esperan-viaje-argentina-pasco-cerro-pasco-plomo-sangre-mineria-volcan-3257

Colombia

Trepado en árbol hombre rechaza licencia para minería en Santurbán

David Guerrero entró en huelga de hambre para exigir que se niegue la licencia a Minesa para explotación en Santurbán.
Minería en Páramo de Santurbán: Trepado en árbol hombre rechaza licencia para minería en Santurbán
Karen Rozo Galán: @Krozo5
12/03/2020 – 18:34 COT

El estudiante de derecho David Guerrero, quien vive en Bucaramanga, se trasladó hasta Bogotá con el objetivo de visibilizar su rechazo contra la licencia de explotación minera de la empresa Minesa en el Páramo de Saturbán.

Según reportaron varios usuarios en redes sociales, Guerrero se subió a un árbol frente a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Allí pegó un cartel donde explica las razones de su protesta y que inició una huelga de hambre.

En el transcurso de la tarde, varios funcionarios han tratado de convencer al joven para que se baje del árbol. Inicialmente, una periodista de la entidad, luego una señora de talento humano y finalmente gestores de convivencia.

Días atrás, varios activistas y artistas convocaron a un movilización para rechazar la explotación minera. La marcha está programada para el próximo 16 de marzo, sin embargo ante las alarmas de precaución frente al coronavirus aún no se conoce con exactitud sí se realizará.

Perú

Piden al Estado que asegure condiciones de transparencia en industrias extractivas y de infraestructura

Organizaciones civiles se pronuncian por la transparencia frente a escenario de corrupción en sector extractivo y de infraestructura.
Se pide al nuevo Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú sobre la Transparencia y el Acceso a la Información, así como al Ministerio de Energía y Minas que cumpla con los compromisos de Perú frente a la Iniciativa Mundial EITI sobre transparencia en industrias extractivas.

Lima, 2 de marzo de 2020.- Más de 30 organizaciones civiles emitieron ayer un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano que cumpla los diversos compromisos que tiene pendientes en relación a la mejora de estándares para la transparencia en nuestro país.

Esto toma especial relevancia frente al escenario de corrupción ampliado por los casos Odebrecht y Lava Jato, entre otros, así como a la inestabilidad política en los gabinetes ministeriales, asociada a sospechas de corrupción, y que viene ocasionando -entre otros- el incumplimiento de los compromisos del Perú frente a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional que tiene por fin publicar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como de divulgar la información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas.

Al respecto, uno de los puntos más graves es el débil compromiso del gobierno con respecto a EITI, los cambios sectoriales han producido retrasos, como es el caso es la publicación del VII Informe Nacional de Transparencia en las industrias extractivas EITI Perú 2017-2018, donde se transparentaría información de pagos ambientales de estas industrias. Este incumplimiento pone en riesgo al Perú de ser suspendido como miembro de esta Iniciativa mundial.

Otra de las principales demandas es que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que nuestro país vino impulsando en la región y que a la fecha no ha ratificado, aun cuando falta que por lo menos tres países lo ratifiquen[1] hasta este año para que entre en vigencia.

Asimismo, se propone mejorar los mecanismos de transparencia en los contratos de Asociaciones Público Privadas – APP, así como en el nuevo mecanismo de obras por convenio de gobierno a gobierno, y otorgar verdadera autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que actualmente es una Dirección del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para sancionar y/o fiscalizar a la Administración Pública.

Finalmente, se debe incluir acciones concretas para cumplir con el compromiso de hacer pública la información sobre los gastos sociales y ambientales, empresa por empresa en el sector extractivo, así como las relacionadas a proyectos de infraestructura, y promover una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas de rendición de cuentas y transparencia, así como en la protección de los defensores ambientales.

Nota al pie

[1] A la fecha el Acuerdo ha sido ratificado por Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua y Ecuador, estando pendiente en el caso de los últimos tres países el depósito formal de las ratificaciones en Naciones Unidas.

https://www.dar.org.pe/noticias/piden-al-estado-que-asegure-condiciones-de-transparencia-en-industrias-extractivas-y-de-infraestructura/