15/02/2023
Lima, 15 feb (EFE).- Perú contabilizó en enero pasado más de 200 conflictos sociales y más de 1.260 protestas, la cifra más alta desde que existen registros, debido a la crisis social y política que azota al país y que desde diciembre suma un saldo de 70 personas fallecidas, informó este miércoles la Defensoría del Pueblo.

Los datos revelado en redes sociales por la Defensoría muestran que, durante el pasado mes, se registraron 219 conflictos sociales en el país andino -165 activos y 63 latentes- y 1.261 protestas, un máximo histórico en los registros de esta institución.

Entre las más de 1.200 protestas llevadas a cabo en enero, el 86,7 % estuvo relacionado con la ola de protestas antigubernamentales que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y adelanto de elecciones para 2023, entre otros reclamos.

«De las 1.261 protestas sociales, el 38,4 % fueron movilizaciones, el 20,3 % corresponden a bloqueos de vías, y el 17,1 % respondieron a los plantones o concentraciones del momento», expuso en un comunicado la Defensoría.

Con relación a la distribución territorial, el organismo contabilizó en el amazónico departamento de Loreto 30 casos de conflictos sociales, lo que le sitúa como la región que más conflictos concentró, seguida de los sureños departamentos de Cuzco (20) y Apurímac (17).

«En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64,4 %)», aseguró en un comunicado esta institución, la cual señaló que la minería está detrás del 66,7 % de esta tipología de conflictos.

De los 219 casos activos, la Defensoría señaló que 104 son atendidos a través del diálogo, de los cuales más de cuatro de cada cinco están relacionados con asuntos ambientales como la minería, la deforesatación y la extracción de otros recursos naturales.

Además, la Defensoría destacó que se resolvieron dos conflictos sociales durante enero, el primero de ellos en la céntrica región de Huánuco con la «rendición de cuentas» del alcalde distrital de Umari y, en la costera y norteña región de Piura, con la despenalización de la pesca artesanal y capturas incidentales. EFE
https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-protestas_per%C3%BA-report%C3%B3-en-enero-m%C3%A1s-de-200-conflictos-sociales-y-r%C3%A9cord-de-protestas/48289844

José De Echave C. 14/02/2023

Fuente: La República

Hace un año fue en Retamas, en la provincia de Pataz, en La Libertad y ahora le toca a Secocha, una pequeña localidad en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná. Arequipa.

Si bien Secocha ha sido la más afectada por el deslizamiento del huaico, también han sido impactados otros centros poblados como Miski, San Martín, y Urasqui. Como consecuencia de las fuertes lluvias en la zona, el pasado domingo 5 de febrero, a eso de las 18 horas, la quebrada de San Martín se activó, provocando el deslizamiento de piedras y lodo y la muerte de, hasta el momento, 20 personas.

Desde hace varios años, en la zona hay una intensa actividad minera, mayormente informal, sobre concesiones como Minas León, 815, El Rey, Sol de América, Hebreo, San Martín y Venado, ubicadas en la Base Minera Secocha, entre otras. Además, en esta zona, como ha ocurrido en otras provincias de Arequipa, hay tensiones permanentes entre los titulares de las concesiones, los mineros que realizan sus labores a cambio de un pago o regalía a las empresas y otros grupos que entran a disputar el control de las labores en los yacimientos. Muchas de estas tensiones son resueltas de manera violenta.

¿Es la primera vez que algo similar ocurre en la zona? Lamentablemente no. Como ha sido mencionado por el portal arequipeño El Buho, hasta inicios del siglo XXI (2004) Secocha era explotada por una empresa minera que quebró luego de que un huaico, de similar magnitud, afectase sus instalaciones. En primer lugar, los extrabajadores de la empresa comenzaron a explotar la zona y posteriormente fueron llegando personas de diferentes partes del país, principalmente de Puno, Cusco, Ica y del mismo Arequipa.

El crecimiento de la actividad minera ha provocado un aumento significativo de la población en los últimos 20 años: el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel tenía en el año 2000 apenas 2919 habitantes; mientras que en el 2015 se contabilizaba más del doble (6890 habitantes) y según los resultados del censo del 2017 y las proyecciones que se manejan, se habrían superado los 20 200 habitantes.

Cabe señalar que la zona donde se ubica el centro poblado de Secocha ha sido catalogada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) como una zona crítica. Como ocurre en este tipo de campamentos y labores mineras, el asentamiento y las viviendas se levantan sin ningún tipo de planeamiento ni medidas de prevención. En este caso, se ha construido sobre una quebrada que, ante lluvias torrenciales, siempre terminará activándose: el agua siempre busca un cauce, por lo tanto el peligro siempre será inminente.

Por lo tanto, la tragedia ocurrida en la localidad de Secocha es un claro ejemplo de cómo se instalan y construyen centros poblados y desarrollan actividades diversas, incluidas las productivas, sin tomar en cuenta la vulnerabilidad y los riesgos de la zona. Pueden ser diferentes los factores de riesgo: zonas sísmicas, de huaycos, desbordes de ríos, lluvias intensas, etc., que hacen que en determinados territorios los peligros de que una población se instale y crezca, sean mayores.

Planificar el uso del territorio, tanto para el desarrollo urbano como también para el desarrollo de actividades productivas, debería ser una prioridad y una política pública fundamental. A estas alturas, ya hemos perdido el derecho a sorprendernos cuando tragedias como la ocurrida en Secocha suceden, porque son desastres anunciados que, lamentablemente, se replican cada cierto tiempo a lo largo de nuestro territorio.

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