Mexico

El Supremo mexicano abre una nueva vía para las víctimas de un derrame minero en Sonora

El alto tribunal deja en manos de las autoridades un nuevo plan de remediación ambiental
ALMUDENA BARRAGÁN
5/4/2020
El río Sonora, que sufrió en 2014 el peor vertido minero de la historia de México, en julio de 2019.
El río Sonora, que sufrió en 2014 el peor vertido minero de la historia de México, en julio de 2019.TERESA DE MIGUEL
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró recientemente que el fideicomiso para las víctimas del derrame minero que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014 no cumplió con el proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados al no hacer una consulta pública sobre el cierre del instrumento. El tribunal hizo pública una sentencia en la que aborda el cierre precipitado del Fideicomiso Río Sonora, que supuestamente remediaría el derrame tóxico que afectó a varias poblaciones en el norteño Estado de Sonora. Grupo México, la responsable del vertido, aportó 2.000 millones de pesos (100 millones de dólares) al mecanismo. Pero solo fue ejecutado un 60% del total y después se dio por concluido de manera unilateral.

El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre, propiedad de la minera más importante de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre a los cauces. El derrame afectó la vida de 22.000 personas y dañó la ganadería, la agricultura y la reputación de la región. Muchos de los habitantes de aquella región arrastran problemas de salud y otros se vieron obligados a migrar. La población de Bacanuchi se redujo a la mitad en menos de seis años.

La SCJN determinó que, mientras no se lleve a cabo un proceso de participación de las representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora que presentaron el amparo ante el alto tribunal, y estas no queden conformes con la remediación, el fideicomiso no puede cerrarse. “Se deja sin efecto el fideicomiso por la forma en que se llevó a cabo, ya que dejaron a la población a un lado”, dice Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización que da asesoramiento jurídico a los afectados.

La sentencia emplaza a celebrar una reunión pública de información. Allí debe explicarse a los afectados las medidas de remediación del fideicomiso entre 2014 y 2017 y darles la oportunidad de expresar si están de acuerdo con ello. También se tendrá que escuchar a las empresas responsables del derrame. Las autoridades tendrán que explicar cómo comprobaron que los objetivos del fideicomiso se cumplieron. “Las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respecto del cumplimiento de las medidas correctivas”, señala la SCJN. “La sentencia obliga a responder las inquietudes y necesidades de las comunidades y reactivar la remediación ambiental. Las autoridades tienen que estar a la altura con acciones firmes y concretas”, afirma Hopenhaym.

Grupo México asegura que limpió la región del derrame y que el río ya no está contaminado. Investigadores de las universidades de Sonora y Arizona, sin embargo, revelaron que los pozos tienen niveles de metales pesados superiores a los de la fecha del derrame. La contaminación se ha extendido 250 kilómetros río abajo por la cuenca, afirman.

La respuesta de la Suprema Corte es recibida con esperanza pero con cansancio tras cumplirse cerca de seis años del accidente. El vacío y la negligencia con la que operaron las autoridades y la empresa no pueden borrarse. “Ya no queremos promesas. Exigimos resultados. Queremos que nos muestren qué medidas se tomaron para la remediación integral del río y el medio ambiente; que nos expliquen de qué manera se hicieron las pruebas y quién las hizo, para que vivamos tranquilos”, dice a través de un comunicado Elba Nidia Aguirre, una de las personas que presentaron el amparo.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/el-supremo-mexicano-abre-una-nueva-via-para-las-victimas-de-un-derrame-minero-en-sonora.html

Colombia

Una explosión en una mina de carbón deja al menos 11 muertos en Colombia

El accidente ocurrió en el departamento de Cundinamarca, cerca de Bogotá. También hay cuatro heridos
5/4/2020
La explosión de una mina de carbón en Cundinamarca, Colombia, dejó 11 muertos y 4 heridos.
La explosión de una mina de carbón en Cundinamarca, Colombia, dejó 11 muertos y 4 heridos.GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA (NOMBRE DEL DUEÑO)
Una explosión en una mina de carbón rompió la cuarentena obligatoria de los habitantes de Cucunubá (Cundinamarca), en cercanías a Bogotá, y enlutó a las familias de 11 mineros este sábado. Después de varias horas de permanecer atrapados, los organismos de socorro confirmaron también que hay otros cuatro mineros heridos que están siendo atendidos en hospitales cercanos de la población.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la explosión se provocó por “la acumulación de gases” donde se encontraban trabajando 22 mineros. “La actividad minera estaba comprendida en las excepciones que permite el decreto del Gobierno nacional”, dijo a EL PAÍS el gobernador sobre la presencia de los trabajadores en la mina. El decreto que reglamentó el aislamiento preventivo obligatorio por el coronavirus en Colombia exceptúa a las actividades “estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas del sector público o privado que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente”.

Pero la muerte de los 11 mineros no es la única que ha ocurrido en el país durante la cuarentena. Este viernes, otros seis mineros fallecieron tras una explosión en una mina en Norte de Santander, en frontera con Venezuela. Solo uno sobrevivió y fue trasladado a la ciudad de Cúcuta.
https://elpais.com/internacional/2020-04-05/una-explosion-en-una-mina-de-carbon-deja-al-menos-11-muertos-en-colombia.html

Chile

Mina Invierno concreta suspensión de faena y realiza último embarque


Conflicto Relacionado: Isla Riesco- Mina Invierno

La compañía pone fin a sus faenas en el puerto, en el marco del proceso de paralización programada iniciado en 2019

6/4/2020
(Pulso) Este viernes zarpó desde isla Riesco la motonave Elena para transportar el último stock de carbón de Mina Invierno. A partir de este hito, se detienen las faenas en el puerto, tal como lo hizo a principios de año con la operación minera.

El proceso de paralización programada se inició en el segundo semestre del año pasado, luego que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anulara la aprobación ambiental que autorizaba el uso de tronaduras en Mina Invierno. Como consecuencia directa del dictamen, en 2019 la extracción de carbón se redujo en 48,1% y el número de embarques en 53% respecto de lo proyectado.

Tras el despacho del último stock de carbón, la empresa trabajará con una dotación de personal propio y externo de no más de 80 personas, que se encargarán de realizar la mantención de las instalaciones y del equipo minero-portuario, así como del seguimiento de compromisos medioambientales.

Por otra parte, señaló la empresa, esta continúará haciendo esfuerzos para intentar revertir la decisión del tribunal ambiental ante la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, el que se suma a los ingresados por los trabajadores y el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que podría reactivar la operación.

El gerente general de la compañía, Guillermo Hernández, señaló que último embarque “simboliza la pérdida de casi 1.000 empleos de calidad directos en la operación”. Agregó que “esta triste y lamentable situación, en un momento en que la creación de empleos tiene tanta importancia, no la generó la pandemia del coronavirus, sino el mal uso y abuso de la legislación ambiental, que hacen personas que no buscan mejorar iniciativas que generan trabajo, crecimiento y mejor calidad de vida, sino que obstruyen y destruyen sin ser capaces de ofrecer alternativas”.
https://www.mch.cl/2020/04/06/mina-invierno-concreta-suspension-de-faena-y-realiza-ultimo-embarque/

Chile

Antofagasta Minerals suspende contratos con empresas a cargo de proyecto para ampliar Minera Los Pelambres

6/4/2020
Proyecto INCO – Antofagasta Minerals

Minera Los Pelambres. (Foto: Antofagasta Minerals)

La medida, que se tomó frente a la imposibilidad de realizar trabajos de forma normal, regirá en principio en un período estimado 120 días y se espera que en la mayoría de los casos no haya término de los contratos.

La expansión del coronavirus en Chile obligó a endurecer las medidas adoptadas por Antofagasta Minerals. Frente a la imposibilidad de realizar trabajos de forma normal producto de la emergencia sanitaria, el brazo minero del grupo Luksic decidió suspender temporalmente los contratos con parte de las empresas colaboradoras que están construyendo el proyecto Infraestructura Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres que contempla una inversión de US$ 1.300 millones.

Según anunció este domingo la compañía, esta decisión permite reforzar las medidas generales de higiene y de aislamiento social, protegiendo así la salud tanto de los trabajadores como de las comunidades.

Con esta puesta en pausa, que en principio tendrá una duración de máxima de 120 días, la firma espera evitar, en la mayoría de los casos, poner término en este momento a los contratos.

El vicepresidente de Proyectos de Antofagasta Minerals, Francisco Walther, aseguró que quieren mantener una relación contractual con la mayor parte de las empresas contratistas con las que hoy están trabajando, pero reconoció que “debemos aceptar que, dadas las condiciones actuales, muchas no pueden hacer el trabajo para el cual están contratadas”.

Por esto, agregó la compañía, en lugar de poner fin ahora a todos los contratos del proyecto, como han hecho otras empresas, la compañía ofreció este camino que busca construir soluciones y tratar de evitar, en lo posible, dicho escenario.

“Es una suspensión temporal, que se aplica por la imposibilidad de continuar con las labores de construcción del proyecto según estaba originalmente previsto, y que se irá revisando periódicamente. Esperamos retomar los trabajos tan pronto podamos hacerlo, ojalá mucho antes del tiempo definido como plazo inicialmente”, explicó Walther.

Las condiciones que regirán para las empresas contratistas durante este período de congelamiento de la relación contractual serán convenidas en los próximos días según caso a caso. Sin embargo, la firma indicó que buscará mantener, cuando sea posible, un ingreso de $500 mil brutos por cada trabajador y evitar poner fin en este momento a la relación laboral. Además, si legalmente procediese, este beneficio se sumaría a los que eventualmente puedan corresponder conforme a la ley.

Walther sostuvo que “todos debemos hacer un esfuerzo para que el costo de esta crisis afecte lo menos posible a los trabajadores contratistas del proyecto INCO. Por eso, como compañía estamos haciendo un aporte de recursos para que, cuando sea posible, estas personas no queden sin ingresos en estos difíciles momentos”.

En tanto, en el caso de la operación regular de Minera Los Pelambres, se mantienen las suspensiones de labores que ya estaban implementadas, con el objetivo de asegurar las condiciones sanitarias necesarias para resguardar la salud de quienes trabajan en faena y las comunidades. En cada caso, la compañía revisará la situación y acordará las condiciones contractuales con cada una de las empresas involucradas.

El pasado 20 de marzo Antofagasta Minerals disminuyó temporalmente en alrededor de un 30% el número de trabajadores propios y contratistas que ingresan a sus faenas y en un 75% el personal que trabaja en la construcción del proyecto INCO de Minera Los Pelambres.
Fuente: Diario Financiero

AMSA suspende contratos con empresas a cargo de ampliación de Minera Los Pelambres

Argentina

Pan American Silver: El monstruo que pisa fuerte


Conflicto Relacionado: Panamerican Silver-La Colorada

1/4/2020
Organizaciones de la sociedad civil presentaron un mapa que registra los impactos de las operaciones de la minera canadiense en varios países latinoamericanos. La publicación coincidió con la feria minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) a la que asistieron delegaciones de los gobiernos de la región.

Por Luis Manuel Claps

Pan American Silver Corp. es una empresa minera multinacional con sede en Vancouver y, cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York bajo el símbolo PAAS. Fundada en 1994, actualmente es la sexta explotadora de plata primaria del mundo y la primera de Canadá, según el Instituto Mundial de la Plata. Sus principales accionistas son fondos de inversión y bancos. Lejos de su discurso sobre la minería sostenible y responsable, las prácticas de Pan American Silver evidencian el nulo respeto para los pueblos que defienden los territorios. La empresa lucra, al mismo tiempo que las comunidades han sufrido la militarización, criminalización, violencia, hostigamiento y amenazas. Sus operaciones han generado contaminación ambiental y afectan recursos hídricos esenciales. Si bien la capacidad de propaganda de la industria minera parece ilimitada, la minería de plata no es la salvación económica: las regiones de Potosí en Bolivia, Yauli en Perú y Zacatecas en México lo saben hace siglos.

El mapa de conflictos y daños en los proyectos de Pan American Silver en América Latina es resultado de la coordinación e investigación colaborativa del grupo EJAtlas con las organizaciones MiningWatch Canadá, Earthworks y el programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos.
La explotación del oro y la resistencia agrícola en Perú

Pan American Silver inició su expansión en América Latina con la adquisición de Quiruvilca en 1995. La mina polimetálica está ubicada en la provincia de Santiago de Chuco, norte del Perú, a casi 4000 metros sobre el nivel del mar y junto a las nacientes del río Moche. Pan American Silver explotó Quiruvilca durante 17 años y la vendió a Southern Peaks Mining en 2012. Cinco años después, Southern Peaks se declaró en quiebra y abandonó las faenas sin ejecutar un plan de cierre.

En julio de 2018, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declaró la cuenca en estado de emergencia. Un decreto firmado semanas después por el presidente Martín Vizcarra declaró la emergencia en los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande debido a la inminente ruptura de los diques de relaves. La contaminación minera también afecta a las zonas agrícolas de las ciudades de Otuzco y Santiago de Chuco, donde residen más de 120 mil personas.

“La minería de plata no es la salvación económica: las regiones de Potosí en Bolivia, Yauli en Perú y Zacatecas en México lo saben hace siglos.”

Con la adquisición de Tahoe Resources, Pan American Silver llegó a Cajamarca, una de las principales regiones de minería de oro del Perú (18,6% de la producción del país en 2018). Al mismo tiempo, es uno de los distritos con más resistencia a la minería en América Latina, como la manifestada contra los proyectos La Zanja, Cerro Quilish, Michiquillay y Conga.

La mina de oro y plata Shahuindo se ubica a unos 15 kilómetros de la ciudad de Cajabamba, entre 2700 y 2900 metros de altura. Tahoe compró el proyecto a Rio Alto Mining en 2015 y comenzó a producir comercialmente en 2016 con una planta con capacidad para procesar 36.000 toneladas al día. Newmont Mining explota la gigantesca mina Yanacocha a unos 80 kilómetros al sur y Barrick Gold explota Lagunas Norte.

Hay oposición permanente al proyecto desde el valle agrícola de Condebamba, donde la población se preocupa por el impacto de la mina sobre sus fuentes de agua. Desde 2016, las agencias regulatorias peruanas han emitido varios informes sobre contaminación por metales pesados de la mina, encontrando que las fuentes de agua no son aptas para el consumo humano. Los pobladores han sufrido la represión y la criminalización por sus protestas sobre la contaminación del agua. Las tensiones sociales persisten desde que Pan American Silver tomó control del proyecto. En Perú, desde 2000 a 2019, el Ministerio de Energías y Minas registra 42 accidentes fatales en las filiales de la empresa.
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Mina de oro y plata a cielo abierto Shahuindo, ubicada a unos 15 km de la ciudad de Cajabamba, en la región Cajamarca, entre 2700 y 2900 metros de altura. Fuente: Grufides
Megaminería entre glaciares y pingüinos en el sur argentino

Pan American Silver lleva dos décadas operando en la Patagonia, particularmente en la provincia argentina de Santa Cruz, donde llegó en el año 2002 con la compra del proyecto Manantial Espejo. Si bien la mina a cielo abierto se encuentra en proceso de cierre, a raíz del aumento de los dividendos que generó la quita de las retenciones a las exportaciones mineras otorgada por Mauricio Macri en 2016, Pan American Silver continuará la explotación subterránea de dos depósitos vecinos a cambio de los cuales cedió a Patagonia Gold, la anterior operadora, el resistido proyecto Calcatreu en Río Negro.

En 2009, la empresa adquirió el proyecto Navidad en la provincia de Chubut, donde la minería de metales a cielo abierto y el uso de cianuro están prohibidos por una ley provincial aprobada en 2003. Durante el año 2019, bajo presión del gobierno nacional y las empresas mineras, el gobierno ha buscado reiteradamente modificar la Ley XVII-Nº 68 y avanzar en la zonificación para habilitar la megaminería. La campaña de lobby y las constantes visitas a funcionarios y legisladores provinciales por parte de representantes de la empresa ha sido permanente. Al mismo tiempo, su programa de responsabilidad social se mantiene muy activo: desde auspiciar a la selección argentina de básquet en su participación en el mundial de China, hasta organizar eventos deportivos en localidades de la meseta de Chubut.
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Protesta ante la Legislatura de Chubut en Rawson organizada por las asambleas ambientales contra la modificación de la Ley XVII-Nº 68 que prohíbe la minería de metales a cielo abierto en la provincia (diciembre de 2019). Fuente: Unión de Asambleas de Chubut.

Por su parte, la respuesta de asambleas ambientales y comunidades rurales ha sido contundente: vigilias en la legislatura, marchas masivas en defensa del agua en Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Comodoro Rivadavia y Esquel. Manifestaciones en los pueblos del interior de la provincia, como Chacay Oeste y Paso del Sapo. En diciembre, se llevó a cabo la séptima edición de la Feria de Actividades Productivas de la Meseta en el predio del Centro de Jubilados de Gan Gan: con más de quince puestos, se visibilizaron los productos de las manos creadoras y el esfuerzo cotidiano, como creación propia.

Tejidos en lana, hilados, fieltros, trabajos en soga, productos de las huertas, lahuen (plantas medicinales), manualidades con material reciclado, comidas y panificación típicas. “Hay que convivir con la tierra y trabajar sin dañarla”, afirman los organizadores de la feria, valorando y cuidando la naturaleza que sostiene el buen vivir o kume monguen en idioma mapuche. Los participantes se sienten fortalecidos por las rogativas, los newen del agua, la presencia de los ancianos y su palabra orientadora: «Queremos el agua para la vida de los pueblos, no para intereses mezquinos».
Criminalización, violencia y militarización en Guatemala

En 2019, con su adquisición de la empresa Tahoe Resources, Pan American Silver asumió el control de la mina Escobal en el sur de Guatemala. Frente a la amplia resistencia pacífica de las comunidades, el Estado y la empresa Tahoe recurrieron a la criminalización, violencia y militarización para reprimir a la población y abrir la mina en 2014. Escobal operó hasta mediados del año 2017, cuando los pobladores bloquearon el acceso al complejo extractivo y una corte legal la suspendió por discriminación y omisión de la consulta al Pueblo Xinka.

En septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad avaló la suspensión de Escobal y ordenó al Ministerio de Energía y Minas efectuar la consulta. Sin embargo, un año más tarde, el Parlamento del Pueblo Xinca descalificó el proceso como “discriminatorio y excluyente” y demandó al gobierno de Guatemala la cancelación definitiva de la licencia de explotación.
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Marcha en contra de la reapertura de la mina Escobal y por el derecho a la consulta del Pueblo Xinca realizada en noviembre de 2019 en Mataquescuintla, departamento de Jalapa. Fuente: Coordinadora del Pueblo Xinca.
Desplazamiento forzado y precarización en México y Bolivia

México es el mayor exportador mundial de plata, con una producción récord de casi 200 millones de onzas en 2019 (20% de la oferta mundial del metal). Entre 2013 y 2017, Pan American Silver despojó las tierras de la comunidad afectada por la mina La Colorada, en el estado de Zacatecas, para expandir sus operaciones. La comunidad fue desplazada forzadamente por efectivos de seguridad privada y sus viviendas destruidas con maquinaria pesada. Unas 230 personas fueron reubicadas en una “Unidad Habitacional”, en la cual la empresa ejerce altos niveles de control sobre la vida cotidiana de las familias y la población vive en condiciones sofocantes. En la actualidad, el Comité de la Población de La Colorada sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos a la tierra natal.

La relación de Pan American Silver con sus trabajadores tampoco está exenta de problemas. En Bolivia, durante una disputa laboral en la mina San Vicente en 2017, el sindicato se declaró en estado de emergencia debido a la falta de equipos de seguridad y de las deterioradas condiciones de trabajo en los socavones.
Conclusiones

Lejos del discurso de Pan American Silver como empresa minera responsable, el mapa documenta varios conflictos socio ambientales en sus proyectos, desde México hasta Argentina, lo cual evidencia la falta de respeto de la compañía por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El mapa pone a disposición de la opinión pública y las comunidades afectadas o amenazadas por la empresa, información y antecedentes sobre su accionar en los lugares donde opera. Esto contribuye a la democratización en el uso de los recursos naturales y el ejercicio de derechos individuales y colectivos. Además, crea vínculos entre las comunidades afectadas por la minería y las ayuda a visibilizar que no están solas.

En este sentido, EJAtlas ha documentado 616 casos de conflictos mineros en todo el mundo, con más de una cuarta parte de ellos vinculados a empresas canadienses. Pan American Silver, Barrick Gold y B2Gold, todas patrocinadoras de PDAC 2020, son las compañías canadienses con más conflictos registrados por EJAtlas.

Como afirma una declaración publicada el 23 de febrero de 2020 por un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet): «Las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas) atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país».

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Luis Manuel Claps es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Internacional

Victoria para el océano: las reglas de la corte que protegen el medio ambiente son el resultado final en el caso de la minería del fondo marino

por Greenpeace y KASM
3/4/2020
Kiwis Against Seabed Mining (KASM) y Greenpeace elogiaron hoy la decisión del Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda denegar el permiso de Trans-Tasman Resources (TTR) para explotar South Taranaki Bight como una victoria para los océanos.

El Tribunal de Apelación confirmó hoy que la operación de minería del fondo marino propuesta, que dragaría una sección de 66 kilómetros cuadrados del fondo marino frente a la costa de Patea para arenas de hierro, no cumple con numerosos principios ambientales y del Tratado de Waitangi y, por lo tanto, no podría seguir adelante.

“Esto envía un poderoso mensaje de que las aguas de Nueva Zelanda no están abiertas al saqueo por parte de los mineros del fondo marino. Dudamos mucho que cualquier futuro inversor ahora tenga el apetito de tirar dinero a lo que claramente es una causa perdida «, dijo Cindy Baxter, presidenta de Kiwis Against Seabed Mining.

“Este proceso de tres años ha sido una batalla larga y prolongada, lo que subraya la necesidad de prohibir la extracción de fondos marinos. Esta es la tercera aplicación de Nueva Zelanda y nuevamente los mineros del fondo marino han perdido, a un costo enorme para las comunidades locales, iwi, grupos ambientalistas e industria «, dijo.

Jessica Desmond, activista de los océanos en Greenpeace, dice que ahora no es el momento para seguir explotando nuestros océanos.

“Tenemos que dar un paso atrás y reconocer que la minería del fondo marino es simplemente demasiado destructiva para seguir adelante. No sabemos lo suficiente sobre nuestro frágil entorno marino y lo que la minería podría hacer, pero la ciencia muestra que los impactos serían negativos ”, dice ella.

“Esta operación minera en particular pondría en peligro a los delfines, ballenas azules, aves marinas y corales en peligro de extinción. Es un riesgo que no podemos permitirnos.

“Nuestros océanos realizan una miríada de servicios vitales para la humanidad, desde alimentar a las comunidades hasta proporcionar avances en la ciencia médica. Ya es hora de que los protejamos de actividades nocivas.

“Esta mina del fondo marino habría sentado un precedente muy malo para otras compañías que esperaban en las alas. La decisión de hoy se sentirá en todo el Pacífico, donde las comunidades están luchando contra otros proyectos mineros de fondos marinos igualmente dañinos ”.

El mes pasado, el gobierno del Reino Unido se comprometió a no patrocinar ni apoyar la emisión de licencias de explotación para proyectos de minería en aguas profundas hasta que haya evidencia científica suficiente sobre el impacto potencial en los ecosistemas de aguas profundas. También quieren ver estándares ambientales fuertes y exigibles antes de que cualquier minería pueda continuar.

El prominente ambientalista Sir David Attenborough también advirtió sobre posibles daños irreversibles que podrían hacerse a través de la minería de los fondos marinos.

La decisión de hoy confirma una decisión del Tribunal Superior el año pasado que anuló el consentimiento de la EPA otorgado a TTR.

La decisión del Tribunal de Apelación también confirmó varios puntos importantes de la ley sobre los que los grupos habían recurrido, ya que el Tribunal Superior había rechazado estos argumentos.

Estos incluyeron: la relevancia del derecho internacional, el significado de la legislación que regula la Zona Económica Exclusiva de Nueva Zelanda, su objeto y propósito, el principio de precaución, la relevancia del régimen de la Ley de Gestión de Recursos y un bono financiero para asegurar futuros daños ambientales. Ser dirigido.

Otras posibles ofertas para la extracción de fondos marinos podrían provenir de compañías que tienen permisos de extracción o exploración en New Plymouth, Waihi Beach y Chatham Rise, donde Chatham Rock Phosphate ya ha fallado en su primer intento, y ha estado diciendo a los inversores que está esperando esta decisión. para ser resuelto antes de que vuelva a aplicarse.
https://www.greenpeace.org/new-zealand/story/victory-for-the-ocean-court-rules-protecting-the-environment-is-bottom-line-in-seabed-mining-case/

Chile

Minera El Abra detiene indefinidamente Sulfolix Fase II por dificultades asociadas al COVID-19

The pit at El Abra operations, Calama, Chile

Cuprera de Freeport-McMoRan informó que decidió suspender la construcción del proyecto por lo complejo que se ha vuelto el desplazamiento de los trabajadores contratista hacia y desde la faena ubicada a 76 kilómetros de Calama.
Negocios e industria

1/4/2020
(El Mercurio) En respuesta a las dificultades que se han originado por la expansión del contagio del COVID-19 en el país, la estadounidenses Freeport-McMoRan decidió suspender indefinidamente y de manera inmediata, la construcción de la Fase II del proyecto Sulfolix de Minera El Abra, filial de Codelco emplazada a unos 76 kilómetros al noreste de Calama.

[Puede seguir leyendo esta noticia aquí https://www.mercuriocalama.cl/impresa/2020/04/01/full/cuerpo-principal/8/]
https://www.mch.cl/2020/04/01/minera-el-abra-detiene-indefinidamente-sulfolix-fase-ii-por-dificultades-asociadas-al-covid-19/

Internacional

Covid-19 estimula fiebre del oro

La escasez épica asusta a aquellos que se preparan para el fin del mundo como también para los banqueros.
2/4/2020
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(El Mercurio) Es cien por ciento la peor de las perspectivas y el mercado de los pesimistas es un lío. A medida que se afianza la pandemia del coronavirus, los inversionistas y banqueros están encontrando una severa escasez de barras y monedas de oro. Los que comercian se quedaron sin nada o cerraron por el tiempo que dure. Credit Suisse Group AG, el que ha acuñado sus propias barras desde 1856, les dijo a los clientes la semana pasada que no se molestaran en preguntar. En Londres los baqueros están arrendando jets privados y tratando de conseguir aviones de carga militares para llevar sus lingotes a la Bolsa de Nueva York.

[Puede seguir leyendo esta noticia aquí https://digital.elmercurio.com/2020/04/02/B/A43P5BAD#zoom=page-width]
https://www.mch.cl/2020/04/02/covid-19-estimula-fiebre-del-oro/

Internacional

COVID-19: Las empresas mineras ponen a los trabajadores y a las comunidades en el mayor riesgo Salud

Imagen de microscopio electrónico de un grupo de coronavirus. (Science Photo Library/Dr. Gopal Murti)
31/03/2020
Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades. Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:

Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.
https://miningwatch.ca/es/blog/2020/3/31/covid-19-las-empresas-mineras-ponen-los-trabajadores-y-las-comunidades-en-el-mayor

Mexico

Abren carpeta de investigación por asesinato de Paulina Gómez activista en Zacatecas

27/03/2020

Zacatecas.- Los organismos sociales huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote y Salvemos Wirikuta, lamentaron la muerte de la activista e integrante de estos dos grupos, Paulina Gómez Palacio Escudero, quien fue encontrada muerta el 22 de marzo pasado.

“Con profunda tristeza les compartimos esta terrible noticia. Querida Paulina nos duele muchísimo tu inesperada e injusta partida”, publicaron ambos grupos en sus páginas de Facebook.

La desaparición de Paulina Gómez se registró el 19 de marzo, cuando salió de Matehuala, San Luis Potosí al municipio de El Salvador, Zacatecas.

El 21 de marzo, ambos grupos difundieron una publicación en las redes sociales para solicitar el apoyo y localizar a la activista social. “Pedimos de su solidaridad para ayudar a localizar a Paulina Gómez Palacios Escudero. Ella es amiga, una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo wixárika”, se lee en la publicación.

También agradecen a Paulina, a quien la reconocen como guerrera, maestra y hermana de camino sagrado.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo del cuerpo se realizó el 22 de marzo y se dio inicio a una investigación por la probable comisión del delito de feminicidio.

Un día antes de la localización del cuerpo de Paulina Gómez, elementos de la policía municipal de El Salvador ubicaron el vehículo en el que viajaba la activista y detuvieron a un hombre de nombre Jesús, quien intentó huir de los uniformados.

A este hombre se le aseguró una navaja que presuntamente pertenecía a la víctima, al igual que 20 mil pesos, motivo por el cual está en calidad de detenido, por su presunta participación en la muerte de la activista.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) integró las carpetas de investigación relativas a la agresión del elemento policial y la recolección de elementos que permitan determinar si existe alguna relación entre el detenido y los hechos , por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Paulina Gómez Palacios-Escudero, una mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, quien fue privada de su libertad y posteriormente asesinada cuando se dirigía a la cabecera municipal de El Salvador, al noroeste del estado de Zacatecas, en los límites con Coahuila y Nuevo León.

Fuente: NTRZacatecas