Perú

UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON INCERTIDUMBRES

Luis Gárate
Imagen: Prensa Perú
El pasado 3 de mayo el gobierno oficializó la reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos, de forma gradual, incorporando algunas medidas de protección para prevenir los contagios del Covid-19. Sin embargo se presentan varias interrogantes sobre la aplicación de lineamientos y protocolos, tomando en cuenta que el Estado peruano se encuentra contra las cuerdas enfrentando la pandemia.

Esta preocupación aumenta en la medida que, a más de 50 días de cuarentena, son notorias las serias limitaciones para gestionar la seguridad de la población ante los contagios. Eso se puede apreciar en el descontrol que se presenta en regiones como Loreto, Piura o Lambayeque, lo que ocurre en los grandes mercados y centros de abasto, así como en el propio sistema de salud que está casi colapsado ante el incremento de contagios de la población.

Recordemos que la medida de reactivación se ha dado a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano. El decreto contempla que la fase 1 de “Reanudación de Actividades” y se inicia en el mes de mayo de 2020, con actividades en el sector de minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes y comercio.

Los sectores competentes de cada actividad deben tener en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones). Además, los Protocolos Sanitarios Sectoriales deberán ser aprobados mediante Resolución Ministerial y publicados en su respectivo portal institucional, en un plazo máximo de cinco días calendario.

Previo al reinicio de actividades, las empresas o personas naturales o jurídicas deben observar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19, los protocolos sectoriales para elaborar su “Plan para la Vigilancia” y proceder con su registro en el Sistema Integrado para el Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.

La norma también establece que las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones emitidas. Para las acciones de fiscalización laboral a cargo de la Sunafil, el Ministerio de Economía y Finanzas, de resultar necesario, debe asignar los recursos adicionales que se puedan requerir para su implementación.

Frente a estas normas no ha tardado en reaccionar la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, quien ha señalado que los protocolos de seguridad «están llenos de requisitos y parecen hechos para un país europeo”. Este tipo de declaraciones revelan la indolencia de los sectores empresariales frente al drama que vivimos todos los peruanos y peruanas, sobre todos los sectores más vulnerables y de manera particular los trabajadores.

Por otro lado, nos parece legítima la duda que tanto los trabajadores y sus organizaciones representativas o instituciones de derechos humanos han expresado, en el sentido si estos planes y protocolos van a implementarse con la eficacia que la situación de emergencia requiere. Hemos visto que el gobierno permitió que la minería opere bajo ciertas restricciones desde el inicio de la cuarentena y sin embargo en este sector ya se han registrado 260 casos de contagio en todo el país.

Asimismo conociendo las serias dificultades por la que está atravesando el sector salud, cabe preguntar si su personal podrá fiscalizar eficazmente el inicio de las actividades. En estos momentos, las instituciones del Estado están desbordadas por la expansión de la epidemia a nivel nacional y no se cuenta con capacidad para fiscalizar actividades.

Es comprensible la preocupación del gobierno por reiniciar la reactivación gradual de las actividades económicas; sin embargo no se puede correr el riesgo que los trabajadores se reincorporen a las labores sin tener la seguridad que van a ser adecuadamente protegidos y que los casos positivos se sigan incrementando.
Cooperaccion.org.pe

Criminalización de la protesta, Perú

Policía nacional y Minera Yanacocha implementan convenio de servicio policial extraordinario para hostigar a la familia de Máxima Acuña en Cajamarca


Conflicto Relacionado: Yanacocha

Muqui Informa, Noticias

Nota de Grufides

Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abog. Coordinador del Área Legal de Grufides
Inconcebible acto de abuso de autoridad y hostigamiento empresarial

Informamos que en la tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe, sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).

Según lo expresado por “Daniel Chaupe” y los registros de “fotos y videos” que acompañamos en la presente nota, un representante de Minera Yanacocha, acompañado de dos policías llegaron a su chacra en circunstancias en la que él estaba trabajando la tierra para poder sembrar, lo que para la familia representa su mayor actividad económica. Ante esto, se les pidió que se identificaran, pero los dos efectivos policiales y el representante de la empresa se negaron a hacerlo de lo cual uno de los policías manifestó que venían porque estaban cumpliendo con un convenio privado que tenían con la empresa minera, y querían constatar si había actos de invasión.

La policía nacional ingresó al domicilio de la familia Chaupe, no para cumplimiento de su deber de seguridad ciudadana, sino acatando uno de los convenios privados que la PNP tiene con las empresas mineras.

Al respecto, se puede precisar que el lugar de siembra que se observa en las fotos y videos incorporados en este reporte, está contenido dentro del predio donde se encuentra el habitad y la posesión de la “familia de Máxima Acuña Atalaya”, tal como lo explica Daniel Chaupe en el “video de fecha 04 de mayo de 2020”, donde se muestra el terreno, así como también el escenario donde se llevó a cabo esta actuación indebida del personal de la policía.

Pudiéndose advertir, además que, para llegar al lugar de siembra indicado por el morador, que estos extraños del Estado y de la empresa han tenido que ingresar necesariamente al área territorial del predio de Tragadero Grande no contando para ello, con una orden del Ministerio Público o de alguna autoridad competente, ni por denuncia, ni por vía de prevención, donde lo que más nos llama la atención es que, todo este proceder, los efectivos policiales lo amparan en la aplicación de un Convenio de Servicio Policial Extraordinario (SPE), lo cual por supuesto no se responde con ningún parámetro legal de procedimiento alguno, ni mucho menos con las reglas de protección que hoy rige la declaratoria de emergencia, sancionada por el poder ejecutivo nacional.
La policía nacional NO estaba cumpliendo con los procedimientos de ley

Este incidente, nos advierte que los efectivos PNP, no cumplieron con las normas del Estado de Derecho, esto es así, puesto que, según la ley, en todo proceso de constatación, un funcionario público está obligado a identificarse, además de informar a la persona que interviene, el motivo de su presencia, debiéndosele otorgar participación en el acto, a modo de ejercer su defensa. Recordemos que, además, este tipo de procedimiento, exige para su legalidad, que se brinde información de la autoridad competente, que lo ordene o disponga como medida ya está en vía de investigación o de prevención, sin perjuicio de que, en el presente acto, no han sido respetadas las formalidades que prevé la legislación procesal al respecto.

Consecuentemente, cabe a la autoridad competente revisar y precisar, si la aplicación de un convenio privado, amerita o no, este tipo de irrupciones domiciliarias, que no pueden bajo ningún concepto, sustituir la competencia de oficio, que corresponde a los funcionarios públicos del Estado, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, todos ellos, autoridades representativas, que deben estar al servicio del orden interno y la seguridad ciudadana.
Como afecta este incidente a los defensores y defensoras de la tierra

En el marco de este incidente en concreto y de cara a la situación de otros y otras defensores/as de la tierra, ésta circunstancia, afecta los derechos fundamentales de la familia y por ende de Máxima Acuña Atalaya como defensora del agua y de su territorio, además, de que representa verdaderos actos de hostigamiento que intimida a todos los miembros de la Familia Chaupe que habitan de modo ancestral el área de TERRITORIO INDÍGENA DE TRAGADERO GRANDE de la LAGUNA AZUL.

Desde nuestro deber de información no podemos ignorar que toda decisión de Estado que no tome medidas sobre este asunto, amén de poner en riesgo a otros y otras defensores/as en el Perú, viola categóricamente los estándares internacionales de derechos humanos, que supo imponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado peruano en protección de Máxima Acuña Atalaya y toda su familia, en la medida cautelar del 05 de mayo de 2014/REF: Líderes y Lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca MC-452-71- República de! Perú. Circunstancia que, además, debe interpretarse como una manutención de los actos de violencia de genero dirigidos contra esta defensora del agua y que suman a los hechos ya también denunciados por esta familia ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5 mayo, 2020/por RED MUQUI

Perú

JUNÍN: TRABAJADORES DE CHINALCO PARALIZAN ACTIVIDADES ANTE CONTAGIO DE COVID-19

06/02/2020

Imagen: TecnoFast

Trabajadores (camioneros mineros, planta, electricistas, mecánicos y operadores) del campamento minero de Tunshuruco de Chinalco, en Junín, anunciaron hoy la paralización total de las operaciones mineras desde las 3 de la tarde ante la aparición de un nuevo infectado con COVID-19 quien estuvo confinado con cerca a 600 obreros.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de Minera Chinalco Perú S.A. demanda a la Minera Chinalco garantías para que trabajadores puedan reiniciar las operaciones mineras en confinamiento, ante el aumento de infectados con COVID-19. Asimismo el pedido fundamental es que se realicen pruebas de descarte a los 600 trabajadores confinados en Tunshuruco.

Este campamento minero es parte del proyecto de ampliación cuprífero de Toromocho en el distrito minero de Morococha, Provincia de Yauli, departamento de Junín.

Recordemos que hasta el momento se reportan más de 264 contagiados con el virus entre trabajadores mineros a nivel nacional. A pesar de las advertencias que realizó la sociedad civil y la Federación de trabajadores mineros, han seguido los contagios y se espera que se apliquen protocolos mucho más estrictos para la protección de este sector laboral.

Observatorio de Conflictos Mineros del Perú

Cooperacción

Mexico

Covid-19 y minería en México

Sergio Elías Uribe Sierra* Miembro de la Red OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina)
Desde hace varios meses estamos enfrentando una pandemia por el SARS-CoV2 (covid-19)
que ya es considerada como la más fuerte pandemia de los últimos cien años. Como bien lo
han apuntado diversas posturas, el covid-19 y la crisis global que detonó es apenas la gota que
derramó el vaso, es decir, ha sido el detonante de una crisis múltiple que involucra aspectos
sanitarios, ambientales, sociales, políticos y económicos. Una de las cuestiones más
importantes se refiere a la relación entre los procesos sociales y ambientales, mismos que
traen a relucir el debate sobre los límites del crecimiento económico y la capacidad finita de la
naturaleza. Por lo tanto, estamos frente a una encrucijada que no sólo ha desnudado las más
profundas desigualdades sociales, de género y raza, o entre lo rural y lo urbano; sino que, al
mismo tiempo, demanda la necesidad de transformar la relación dominante entre la sociedad y
la naturaleza.

En México, el covid-19 ha evidenciado algunas problemáticas y contradicciones sobre los
procesos económicos que involucran la apropiación de la naturaleza, particularmente la
minería. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó en el Diario Oficial de
la Federación, publicado a finales de marzo, que las actividades mineras tendrían que ser
suspendidas debido a que no son consideradas como actividades prioritarias, esto como parte
de las medidas de contención frente al covid-19. Este panorama abre las puertas para poner
sobre la mesa algunos elementos de análisis que pueden ser interesantes y detonar una
reflexión respecto a la imagen dominante de la minería en México, considerada como sinónimo
de desarrollo.
En primer lugar, las medidas de contingencia nacional por la emergencia sanitaria como el
confinamiento han incrementado la violencia y el riesgo de agresión hacia los defensores de los
territorios por parte de las empresas mineras. Sobre todo, en aquellos casos donde las
compañías se aprovechan de la situación para continuar con su propósito de despojar a los
pueblos y comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, ya sea para imponer un
nuevo proyecto de extracción o para ampliar sus operaciones (https://www.sinembargo.mx/28-
04-2020/3775822).

En segundo lugar, hay empresas que han violado las disposiciones gubernamentales y
decidieron continuar con sus actividades. Esto pone en riesgo la salud de los trabajadores y
sus familias, así como de la población local donde se sitúan los proyectos extractivos. El
problema es que los centros médicos de los lugares donde hay actividades mineras,
generalmente establecidos en espacios rurales, son muy precarios y no cuentan con el equipo
ni el personal necesario para atender a la población, por lo cual, un brote de contagios sería
catastrófico ya que dejaría a estas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Además,
hay que tomar en cuenta que los trabajadores mineros están dentro de la población de riesgo
debido a las enfermedades asociadas a su rubro como los padecimientos pulmonares
(https://www.t13.cl/noticia/negocios/bbc/coronavirus-en-america-latina-el-problema-para-la-
mineria).
En tercer lugar, las mismas empresas que han violado las disposiciones gubernamentales
y continúan con sus operaciones mantienen condiciones de trabajo muy precarias para los
empleados mineros. Han aprovechado el escenario para rebajar el pago de sueldos o
utilidades. En otros casos, donde sí se aplicó la suspensión, han despedido a trabajadores o
los han descansado haciendo una reducción considerable de su remuneración económica
habitual. En este contexto, los mineros subcontratados o que se rigen por sindicatos blancos
son los más perjudicados.

Uno de los ejemplos más claros de los elementos señalados anteriormente, lo
encontramos en Veracruz, donde incrementó la violencia contra los defensores del territorio y el
pasado 08 de abril fue asesinado Adán Vez Lira, quien defendía los humedales costeros y
manglares y también luchaba contra la minería a cielo abierto
(https://www.sinembargo.mx/28-04-2020/3775822).

En Mazapil, Zacatecas, encontramos que la empresa Ocampo Mining Tayahua, filial de
Grupo Frisco, violó el decreto de suspensión y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo la
salud de los trabajadores, sus familias y las personas que habitan la comunidad de Salaverna,
donde se localiza la mina. El problema escaló cuando Roberto de la Rosa Dávila, delegado
municipal, decidió encarar a los trabajadores de la minera para pedirles que se retiraran. En
respuesta, recibió amenazas por parte de los empleados y hostigamiento judicial por personal
de la Casa de Justicia del vecino municipio de Concepción del Oro
(https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/estados/025n2est).

Don Roberto ha estado activo desde hace más de diez años en la defensa de su territorio
frente a la iniciativa de Grupo Frisco para despojar y desplazar a los habitantes de Salaverna y
explotar la mina de cobre subterránea “Tayahua” localizada en esta comunidad, con la técnica
de tajo a cielo abierto. Esta empresa es propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de
México y uno de los hombres más ricos del mundo. De este modo, la compañía violó las
disposiciones gubernamentales y puso en riesgo la salud de los mineros, donde ya se han
reportado dos casos positivos con covid-19 y se ha denunciado que no se están recibiendo los
insumos necesarios para protegerse de la pandemia, en vez de suspender las operaciones,
decidió pagar una multa y seguir laborando (http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-
trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). De igual
forma, violó el juicio legal por la certeza jurídica de los terrenos entre la empresa y miembros de
la comunidad en resistencia. Por lo cual, se puede calificar esta medida como una provocación
puesto que aún no existe una resolución sobre el juicio, además, de que estamos atravesando
una emergencia sanitaria global.

En la misma mina operada por Ocampo Mining Tayahua se realizó un paro de labores que
contó con la presencia de entre 500 y 700 trabajadores por falta de pagos y bajos sueldos,
(http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-
falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). Esto demuestra que al mismo tiempo que se intensificó el
hostigamiento hacia don Roberto de la Rosa y se puso en riesgo la salud de los empleados
frente al covid-19, la empresa de Carlos Slim mantiene pésimas condiciones laborales para los
trabajadores mineros.

Otras situaciones alarmantes las ubicamos en Durango, ya que la minera canadiense
Excellon Resources decidió parar las actividades y declararse en bancarrota, negándose a
liquidar a los más de 200 trabajadores sindicalizados
(https://laguna.telediario.mx/laguna/trabajadores-de-mina-la-platosa-bloquean-la-caseta-
gomez-palacio-jimenez-por-falta-de-pagos). Por su parte, en Morelos, Zacatecas, la mina
Peñoles Madero, propiedad de Alberto Bailleres (cuarto hombre más rico de México), ha
despedido al menos 1,200 empleados mineros durante el confinamiento
(https://www.ecodiario.com.mx/despiden-a-mas-de-mil-trabajadores-en-penoles-madero/).
Bajo este contexto, el covid-19 ha evidenciado lo peor de la “voracidad empresarial” en el
sector minero de México, por ello, se hace pertinente cuestionar y desmontar la idea dominante
que pone a la minería como sinónimo de desarrollo. Es importante señalar que las grandes
ganancias que genera la minería se traducen en beneficios empresariales a costa de los
impactos socioambientales que se transfieren a los lugares donde se instalan los proyectos de
extracción (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

Asimismo, el número de trabajos que genera esta actividad es muy reducido, al mismo
tiempo que las aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y a los ingresos federales
son cifras muy bajas en contraste con el monto de la concentración de riqueza que realizan los
empresarios mineros (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

De este modo, la crisis del covid-19 representa un oportuno panorama para reflexionar
sobre los procesos sociales y ambientales que implican la actividad minera en México. Sobre
los minerales que son indispensables para la economía nacional, la cantidad y la modalidad de
la extracción. Este es un ejercicio que debemos realizar todos, no sólo las autoridades. Para
ello, es fundamental retomar la palabra y la experiencia de quienes luchan contra las ofensivas
mineras, ya que nos permite conocer sus demandas y las formas en que entienden la
naturaleza. Quizás de esta manera sea posible limitar al máximo esta actividad y con ello, la
devastación ambiental y la erosión social.

Honduras

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), ante la opinión pública, nacional e internacional,


DENUNCIA
La persecución de que están siendo objeto los líderes y lideresas de muchas comunidades
indígenas y campesinas conque trabajamos, así como del hostigamiento y acciones
sumarias en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, especialmente las y los
defensores de la Tierra, Territorios y demás Bienes Naturales.
Abuso Policial y Militar contra las comunidades
1. A partir de la situación de la llegada a Honduras de la Pandemia COVID 19, el gobierno
de la República ha decretado un Estado de Excepción con lo cual han quedado
restringidas a nivel nacional varias garantías constitucionales. Esta situación está
siendo aprovechada por la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado
para incrementar su autoritarismo y atentar contra las organizaciones comunitarias
que buscan alternativas para protegerse de la pandemia, ante la ausencia de
soluciones por parte de algunos gobiernos locales y la misma institucionalidad del
Estado, encargada del combate a la pandemia.
2. En muchas comunidades del país son los miembros de la sociedad civil local, quienes
han conformado equipos de vigilancia y control para evitar el ingreso de personas
extrañas a sus comunidades, ante el peligro de contaminación se prohíbe el ingreso
de personas a la comunidad. El problema se ha presentado cuando algunos miembros
de la policía nacional o militares, quienes portando armas de fuego y vestimenta
militar (aun no estando en horas de servicio), pretenden entrar a pernoctar a sus
comunidades en sus días libres, intimidando y amenazando a los pobladores en los
retenes comunitarios.
3. Todo lo anterior ha provocado altos niveles de confrontación elevándose el nivel de
peligro por amenazas a muerte y /o detención arbitraria de lideres y lideresas,
desencadenando conflictos que ya han ocasionado la muerte de ciudadanos en la zona
norte del país y ataques a ciudadanos indefensos en el municipio de Santa Elena, La
Paz.
Riesgo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos
4. Al no permitirse la circulación ni el desplazamiento de defensores y defensoras de
derechos humanos a nivel nacional, y en algunos casos entre los municipios,
organizaciones como CEHPRODEC, CONROA, MILPAH y otras Defensoras de Derechos
Humanos no pueden ejercer la vigilancia y el respeto de los derechos fundamentales
de los pobladores, y sus liderazgos, especialmente de aquellas personas que gozan de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) y del Mecanismo de Protección Nacional de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos.
5. En este sentido hemos observado una profundización del autoritarismo policial,
militar y de otros operadores de justicia, quienes se han enfocado en la búsqueda y
persecución de lideres y lideresas perseguidos (as) desde hace varios años por su rol
de defensores y defensoras de los bienes naturales. Para ello podrían estarse
destinando arbitrariamente recursos humanos y económicos que deberían estar
siendo utilizados para satisfacer demandas propias de la emergencia nacional
provocada por la pandemia COVID 19 .
División en las comunidades
6. La actual situación de pandemia reclama la unidad nacional, asi como la unidad de las
comunidades, pero el autoritarismo desatado, especialmente desde los operadores
de justicia y desde algunas corporaciones municipales, mas bien está contribuyendo a
la división de las comunidades. Uno de los factores que mas favorecen esta división es
la politización en la entrega de la ayuda alimentaria de procedencia estatal, la cual
está siendo utilizada por el partido de gobierno para su clientelismo electoral y excluye
sistemáticamente a la oposición social y política.
Por lo anterior DEMANDAMOS URGENTEMENTE
1. Al Gobierno de la República. Otorgar salvoconducto a CEHHPRODEC y las demás
organizaciones de Derechos Humanos se permita poder operar y circular, en medio
de la pandemia con las medidas de protección adecuadas, y así poder contribuir a la
vigilancia y respeto de los derechos humanos en el país.
2. A la Corte Suprema de Justicia. Permitir el acceso de las y los Defensores de Derechos
Humanos a los juzgados de la República para ser garantes de la correcta impartición
de la justicia en un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para
quienes defienden la tierra y los territorios.
3. A los operadores de justicia. Cesar en su represión a los liderazgos comunitarios que
solamente buscan organizarse y protegerse frente a la Pandemia, en el marco de una
permanente desprotección y orientación por parte de las municipalidades y la
institucionalidad del Estado.
4. A la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscalía. El Cese de las arbitrariedades
en contra de los liderazgos comunitarios y de las y los defensores de Derechos
Humanos. Esta demanda es a nivel nacional pero lo hacemos con mucho mayor énfasis
en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho.
5. Al Mecanismo Nacional de Protección y a la OACNUDH, garantizar la veeduría y
protección de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras, especialmente
a todos los que gozan de medidas cautelares de naturaleza nacional e internacional.

Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020

Latinoamerica, Mexico

ALTO INMEDIATO AL HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS A DON ROBERTO DE LA ROSA DÁVILA

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) denunciamos el hostigamiento judicial y las amenazas hacia don Roberto de la Rosa Dávila por parte de la empresa minera Frisco, cuyo dueño es el magnate Carlos Slim; y exigimos al Estado mexicano que garantice su seguridad a través de las instancias institucionales correspondientes.
Don Roberto es un líder campesino de la comunidad de Salaverna, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, México; que desde hace una década ha venido luchando contra el despojo y el desplazamiento forzado de su pueblo por parte de la empresa minera de Slim, quien pretende llevar a cabo un cambio en el uso de suelo para explotar la mina subterránea de cobre “Tayahua”, localizada en Salaverna, con la técnica de tajo a cielo abierto.
Recientemente, en el marco de la contingencia nacional por el covid-19, las agresiones hacia don Roberto se han intensificado. El pasado mes de abril recibió una serie de amenazas por trabajadores de la empresa y se inició un hostigamiento judicial por personal de la casa de justicia del municipio vecino de Concepción del Oro, luego de un altercado que tuvo con empleados de la minera donde les exigió que dejaran de destruir su territorio, toda vez que mantenían las labores de acondicionamiento para el cambio de uso de suelo.
De este modo, la empresa no sólo violó las disposiciones gubernamentales que indican la suspensión de las actividades mineras al ser consideradas como no prioritarias, sino que también violó el proceso legal por la disputa de los terrenos que sigue pendiente entre la comunidad y este grupo minero. Todo indica que la compañía se aprovechó del contexto de emergencia sanitaria para seguir adelante con su iniciativa de despojo territorial, lo cual, muestra la peor cara de este sector empresarial, pues ni en un escenario de crisis de salud global ha respetado las leyes y los derechos humanos de la comunidad.
Hacemos un llamado urgente a que cese el hostigamiento y las amenazas hacia don Roberto, que se garantice su seguridad inmediata y que el Estado mexicano cancele el permiso de cambio de uso de suelo a Grupo Frisco debido al daño social y ambiental que ha causado. Reclamamos que se ejerzan las sanciones correspondientes y que se imponga un alto ya a la impunidad de Carlos Slim.

Argentina, Litio

Lake Resources invertirá USD544 millones en proyecto de litio Kachi

5/5/2020
La compañía australiana Lake Resources informó que estudio de prefactibilidad del proyecto de litio Kachi, en la provincia de Catamarca (Argentina), reveló que podrá encarar una producción anual de 25 500 t / año de carbonato de litio de grado de batería durante una vida útil de 25 años.

Lake Resources dijo que el PFS estimó que se requeriría una inversión de capital inicial de USD544 millones. El proyecto Kachi, en el salar Carachi Pampa, se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de la localidad catamarqueña de Antofagasta de la Sierra, y a 100 kilómetros al sur del yacimiento de litio del salar del Hombre Muerto, que explota la empresa estadounidense Livent (ex FMC).

Según el análisis de Lake Resources, el estudio estimó que el proyecto tendría una tasa interna de retorno (TIR) después de impuestos del 22% y un valor presente neto de USD 748 millones, generando ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de USD155 millones e ingresos por ventas de algunos USD280 millones al año.

Lee también: Perú reducirá restricciones en el sector minero en mayo

“Este es un hito importante para Lake que nos permite acelerar las iniciativas de desarrollo de proyectos. El PFS destaca la naturaleza competitiva en costos y la escala del proyecto insignia de Kachi mediante extracción directa, pero tiene el beneficio de producir un producto de alta pureza capaz de atraer precios premium, al tiempo que es un líder en litio sostenible deseado por los fabricantes de vehículos eléctricos de nivel 1”, dijo el director de Lake, Steve Promnitz.

“El PFS junto con muestras de la planta piloto ayudará a avanzar las discusiones con los compradores y financieros”, agregó.

Lake ahora trabajará para entregar muestras de productos de los módulos de la planta piloto a potenciales compradores, mientras que se realizarán más trabajos de ingeniería para reducir el capital inicial y los costos operativos continuos.

También se iniciarán estudios para considerar el desarrollo por etapas del proyecto, a partir de 100 000 t / a de equivalente de carbonato de litio.

Fuente: El Inversor
https://www.mineria-pa.com/noticias/argentina-lake-resources-invertira-usd544-millones-en-proyecto-de-litio-kachi/

Perú

CUSCO: TRES TRABAJADORES MÁS DE MINERA HUDBAY CONTAGIADOS DE COVID-19

5/5/2020
Imagen: Chumbivilcas Informa

Personal de salud del Hospital Regional del Cusco, brindó atención médica y realizó pruebas de descarte del COVID-19 a 70 trabajadores de la empresa minera Hudbay, que opera en la provincia de Chumbivilcas, según informaron hoy a medios locales.

De todos ellos, tres resultaron positivos de la prueba de COVID-19 habiéndose coordinado con representantes de la empresa minera a fin de garantizar la cuarentena de dichos trabajadores. Se informó además que no requieren hospitalización debido a que presentan un cuadro “estable y asintomático”

Recientemente la Red de Salud de la provincia de Chumbivilcas informó del diagnóstico positivo del virus de 18 trabajadores de dicha empresa minera. Las 18 personas fueron trasladadas hacia Arequipa para cumplir su aislamiento domiciliario.

(Fuentes: José Valencia/ Chumbivilcas Informa)

Perú

COOPERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES FRENTE AL COVID-19

5/5/2020
En el marco de nuestras actividades de acompañamiento a las comunidades con las que trabajamos, CooperAcción hizo entrega el día de hoy de materiales médicos y sanitarios como mascarillas, guantes, desinfectantes a las organizaciones sociales, comunidades campesinas y la Red de salud de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.

Entre las comunidades que recibieron la ayuda están Payancca Asacasi, Chullupata y Queuñapampa. Asimismo entre las organizaciones sociales beneficiarias están el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, el Frente de defensa de Tambobamba y la Federación de campesinos de Tambobamba. Por parte de la Red de salud de la provincia de Cotabambas, recibió el donativo la directora de la red, Dra. Jennifer Flores Vega.

Además pusimos a disposición del Comando COVID-19 de la ciudad una camioneta que incluye a un conductor y el combustible, para que apoye en las coordinaciones ante el avance de la pandemia en la provincia de Cotabambas.

Desde CooperAcción se hace un llamado a las autoridades nacionales y regionales a que se desarrollen planes y acciones específicas para las regiones y localidades rurales. Esto se debe a que estas zonas se encuentran en una mayor vulnerabilidad ante la propagación del virus, debido a las condiciones de pobreza así como una falta de adecuados servicios básicos y de atención de salud.

Cooperaccion.org.pe

Colombia

Mina Cerrejón de Colombia reinicia operaciones


Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

5/5/2020
En Colombia, la mina de carbón térmico Cerrejón comenzó ayer (lunes 04) a restablecer gradualmente sus operaciones que había reducido preventivamente para evitar la expansión del coronavirus, informó la empresa.

En medio de la cuarentena que decretó Colombia, las compañías mineras habían reducido desde el 24 de marzo sus actividades para contener la expansión del Covid-19 que hasta el momento deja más de 7.600 personas contagiadas y 340 muertas.

“Hemos planteado la reactivación gradual y progresiva de nuestras operaciones bajo estrictas medidas de seguridad y control”, dijo en un comunicado Juan Carlos Consuegra, vicepresidente de Cerrejón y líder del equipo de contingencia.

Con la emergencia sanitaria el 80% del personal de Cerrejón tuvo acceso a vacaciones colectivas y, posteriormente, las personas que no formaban parte del equipo de contingencia y que no podían trabajar desde la casa disfrutaron de permisos remunerados, reveló la empresa.

Cerrejón, que exportó 26,3 millones de toneladas de carbón en 2019, anunció que la operación se restablecerá paulatinamente, tajo a tajo, con el personal más cercano a cada uno de estos.

La mina, que pertenece en partes iguales a BHP Group, Anglo American y Glencore, tiene más de 5.800 trabajadores.

Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en el departamento de la Guajira, al noreste de Colombia, que incluye una mina a cielo abierto, una línea de ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto marítimo sobre el Mar Caribe.

Aunque Colombia está en un aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, las actividades de minería pueden continuar al ser considerada como una actividad esencial para el desarrollo del país. Previamente en abril Drummond, otro de los principales productores de carbón térmico, había restablecido sus operaciones.

Fuente: Minuto 30
https://www.mineria-pa.com/noticias/mina-cerrejon-de-colombia-reinicia-operaciones/