Chile, Litio

NX1 de Peine vuelve a la carga presentando un recurso de reclamación al Comité de Ministros

La empresa Sociedad Legal Minera NX1 de Peine hace años está intentando realizar un proyecto extractivo de litio en el Salar de Atacama, para esto ha presentado Estudios de Impacto Ambiental (EIA) al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los cuales han sido rechazados. Nuevamente presentó un recurso de reclamación contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su Estudio de Impacto Ambiental, la cual será revisada por el Comité de Ministros este lunes 15 de junio.

La presidenta de la Comunidad de Peine, Amanda Barrera afirmó que “con sorpresa nos hemos enterado del proyecto de la planta de producción de SLM NX1 de Peine, está en la tabla del Comité de Ministros, realmente es una sorpresa para Peine, nosotros no hemos recibido ninguna notificación, puesto que en esta época de pandemia nosotros nos esperábamos otras situaciones y no tener que enfrentar una situación que pone en crisis las aguas de nuestro territorio. No queremos un proyecto de esa naturaleza en nuestro territorio, porque sabemos cómo se encuentra el Salar de Atacama”.

Por su parte, Sergio Cubillos presidente del Consejo de Pueblos Atacameños manifestó que “lamentablemente el sistema de evaluación de los proyectos está diseñado para aprobar estas iniciativas. Nx1 lleva más de 13 años tratando de obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva y en todas las instancias a sido lo contrario, ya que es nefasta la línea de base medioambiental, tratando de convencer que su extracción es sustentable por el solo hecho de crear puntos de monitoreo. Esperamos que el Comité de Ministros ratifique la RCA desfavorable que obtuvo en noviembre del 2017 y que de una vez por todas salga del sistema de evaluación”.

Cabe destacar que este proyecto fue ingresado en febrero del 2009 a evaluación por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y fue rechazado en dos oportunidades. Este Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es de larga data, ha tenido una tramitación engorrosa en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sin perjuicio de eso y teniendo varios rechazos por parte de la autoridad ambiental la empresa ha persistido.

El abogado del Consejo de Pueblos, Juan Carlos Cayo señaló que “esperamos que el Comité de Ministros lo rechace, porque entendemos que es un mal proyecto debido a los constantes rechazos que ha presentado la autoridad ambiental, ya que el Estudio de Impacto Ambiental lleva años intentando tramitarse. Nosotros como equipo técnico estamos seguros de que la Cuenca del Salar de Atacama no esta en condiciones de soportar una nueva extracción de salmuera para la producción de litio, esto por todos los antecedentes que se han conocido en el último tiempo. Vamos a recurrir a todas las instacias legales, judiciales y administrativas para que esta situación no se cumpla y ese proyecto no avance”.

Cubillos agregó que “Sería impresentable que se le entregará RCA positiva, si así fuera, las comunidades y el Cpa tomarán las medidas respectivas y se llegará hasta las últimas concencuencias para evitar la instalación de este proyecto”

Ecuador

Funcionarios locales electos amenazados con la cárcel por oponerse a la minería

(Ottawa, 04/06/2020)
El presidente y vicepresidente electos de un municipio rural en el noroeste de Ecuador han sido amenazados con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban cualquier medida para prohibir la minería. La amenaza se produjo en respuesta a las preocupaciones expresadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia «6 de Julio de Cuellaje», en la diversa región agrícola y de bosques nubosos de Intag, de que el gobierno de Ecuador se estaba aprovechando del COVID -19 emergencia para imponer el proyecto cobre-oro Llurimagua contra la oposición local.

El presidente de GAD, Ángel Widberto Flores Pilatuña, y el vicepresidente Graham Richards recibieron una carta del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables (MERNNR) el 27 de mayo, que los amenaza con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban los cargos relacionados con la lucha contra la minería. normas a nivel parroquial:

“ Cualquier aprobación de un acto normativo o administrativo por parte de los GAD que intente prohibir las actividades mineras podría resultar en la imposición de acciones legales ante los tribunales de justicia … y también en el enjuiciamiento bajo el código penal. »

La carta respondía a un comunicado que el gobierno de la parroquia escribió al presidente Lenin Moreno el 18 de abril de 2020, para expresar sus preocupaciones con respecto a la firma del gobierno de un acuerdo de empresa conjunta con el gigante minero chileno, Codelco, para impulsar el controvertido proyecto Llurimagua. La carta señaló que el gobierno está aprovechando la situación de emergencia sanitaria pandémica para impulsar el proyecto sin el consentimiento de las comunidades locales, una medida que consideran ilegítima e ilegal, y destacó la resistencia de la región a la minería industrial durante más de 25 años.

En respuesta a las amenazas, varias organizaciones ecuatorianas emitieron una declaración condenando la medida, declarando que «el gobierno, en colusión con las compañías mineras, NO PUEDE poner» proyectos estratégicos «por encima de los derechos humanos y constitucionales. … Las acciones del MERNNR demuestran … que los ecuatorianos viven en una dictadura minera «.

Esta es la última de una serie de acciones que los gobiernos y las compañías mineras han tomado durante la pandemia de COVID-19 para reprimir el sentimiento generalizado contra la minería en todo el mundo y en Ecuador, revela un nuevo informe . En mayo, el gobierno ecuatoriano aprobó un protocolo para que las compañías mineras operen durante la pandemia, que incluyó el suministro de convoyes militares para el transporte de minerales. Esto ocurrió justo después de que tres funcionarios públicos fueron arrestados en la provincia de Morona Santiago por intentar bloquear los camiones que iban a la mina Fruta del Norte de Lundin Gold por temor a que su entrada en la remota región amazónica pudiera ayudar a transmitir el virus.

A pesar de las amenazas, el GAD no está retrocediendo. “ No permitiremos que el gobierno o las empresas se vuelquen sobre nuestras decisiones legítimas e impulsen la megaminería. Esta pandemia no puede usarse como una excusa para imponernos estos proyectos a nosotros ni a nuestras generaciones futuras «, dijo el vicepresidente de GAD, Graham Richards.

Cuellaje enfrenta múltiples amenazas mineras: el gigante chileno de cobre Codelco, el gigante minero australiano BHP y la compañía minera junior canadiense Cornerstone Capital Resources tienen todos derechos de concesión en el área. Las actividades mineras se oponen ampliamente en la región debido a su sensibilidad ecológica y su rica y diversa producción agrícola a pequeña escala, bosques antiguos y un sector turístico vibrante.

Para más información contactar:

Graham Richards, Parroquia Cuellaje (español e inglés), +593 98846 1692
Kirsten Francescone, MiningWatch Canada (español e inglés), +1 (437) 345-9881

Internacional

Jefe de Rio Tinto pide perdón por explosión de cuevas sagradas

Reuters 12/06/2020
( Imagen cortesía de Puutu Kunti Kurrama y Pinikura Aboriginal Corporation. )
El presidente ejecutivo de Rio Tinto, Jean-Sebastien Jacques, se disculpó el viernes por la angustia causada por la destrucción de Río de dos antiguas y sagradas cuevas aborígenes en Australia Occidental, comprometiéndose a cooperar plenamente con una investigación del gobierno australiano.

«Lamentamos la angustia que hemos causado al PKKP en relación con el desfiladero de Juukan y nuestra primera prioridad sigue siendo la reconstrucción de la confianza con el PKKP», dijo Jacques en un comunicado, refiriéndose a la gente de Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP).

Con la aprobación del gobierno estatal, el mayor minero de mineral de hierro del mundo destruyó dos cuevas en Juukan Gorge que anteriormente contenían evidencia de una continua ocupación humana que se remonta a 46,000 años como parte de su expansión de la mina Brockman en la región de Pilbara, rica en hierro.

En medio de una mayor conciencia global sobre el tratamiento de las minorías provocado por las protestas de Black Lives Matter en todo el mundo, la disculpa marcó los primeros comentarios públicos del CEO de Río, Jacques, sobre el evento desde que ocurrió hace más de dos semanas.

«Rio Tinto cooperará plenamente con la investigación (del gobierno)», dijo Jacques en su declaración.

EL JEFE DE MINERAL DE HIERRO CHRIS SALISBURY HABÍA EXPRESADO PREVIAMENTE EL REMORDIMIENTO DEL MINERO, AUNQUE NO LLEGÓ A DECIR QUE RIO HABÍA HECHO ALGO MAL

El jefe de mineral de hierro, Chris Salisbury, había expresado previamente el remordimiento del minero, aunque no llegó a decir que Rio había hecho algo malo en una entrevista con los medios de Australia.

El minero dijo el viernes que también continuará apoyando las reformas a la Ley del Patrimonio Aborigen de Australia Occidental, bajo la cual se otorgó permiso para alterar los sitios en un proceso que niega el derecho de apelación de los propietarios tradicionales.

“Rio Tinto tiene una larga historia de trabajo en asociación y creación de valor compartido con las comunidades aborígenes e isleñas del estrecho de Torres en torno a nuestras operaciones y en toda Australia en general. Seguimos absolutamente comprometidos a continuar haciéndolo ”, dijo Jacques.

Terreno legal
El Senado de Australia acordó el jueves comenzar una investigación nacional sobre cómo ocurrió la destrucción de un sitio cultural e históricamente significativo. Según los términos de la investigación, el comité permanente conjunto sobre el norte de Australia debe informar antes del 30 de septiembre.

En Australia, las compañías mineras tienen que solicitar un acuerdo de uso de la tierra con los grupos de ‘Propietarios tradicionales’ que significan comunidades indígenas. El acuerdo de uso de la tierra es un marco amplio que incluye cómo operarán en la tierra y qué reembolso se considerará.

A medida que avanzan para desarrollarse, donde los usuarios de la tierra concluyen que el impacto en un sitio patrimonial es «inevitable», deben obtener el consentimiento del Ministro de Asuntos Aborígenes del estado para proceder de conformidad con la Sección 18 de la Ley del Patrimonio Aborigen.

El ministro también recibe asesoramiento de un organismo que representa los intereses del patrimonio indígena como parte del proceso de toma de decisiones. Pero los grupos de propietarios tradicionales no pueden apelar la decisión del ministro.

La ley ha estado bajo revisión durante dos años y el plazo para las reformas se retrasó en abril de 2020 debido a restricciones de coronavirus.

Aprobaciones generales
Los registros de la corte del 14 de mayo muestran que ha habido 463 solicitudes bajo la Sección 18 que se relacionan con los arrendamientos mineros desde julio de 2010, todas las cuales han sido aprobadas.

La solicitud del Grupo BHP para perturbar 40 sitios aborígenes culturalmente significativos como parte de la expansión de la mina South Flank fue aprobada por el estado pocos días después de que Rio Tinto explotó las cuevas de Juukan.

Fortescue Metals ha presentado al menos una solicitud de exención bajo la ley para la expansión de su mina Queens, parte de su proyecto Solomon, en un área que cubre al menos 70 sitios patrimoniales, informó el Sydney Morning Herald.

Fortescue no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Melanie Burton; Edición de Kenneth Maxwell)
https://www.mining.com/web/rio-tinto-chief-says-sorry-for-sacred-caves-blast/

Perú

Arequipa: Falta consenso para reactivar proyecto minero Tía María

Posiciones. Dueño de Southern sostiene que hay condiciones para reactivar proyecto, dirigentes continúan expresando dudas.
La República          13/06/2020

El presidente ejecutivo de Southern Perú Cooper Corporation, Óscar González Rocha, aseguró que la empresa está lista para trabajar el proyecto Tía María y que su ejecución es importante debido a la falta de trabajo, ante la crisis generada por el coronavirus en el país.

“Todo el mundo dice que el proyecto Tía María ya debe llevarse a cabo y creemos que la mayoría de la población está a favor del proyecto y más ahora que se necesita el trabajo que muchas áreas han dejado de tener por el COVID-19”, señaló a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

El mes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, ratificó que mientras no se halle solución al conflicto social, Tía María no tiene fecha de reanudación. Esta postura se mantiene incluso antes del estado de emergencia.

Según González Rocha, aun cuando se conoce la posición del Ejecutivo, mantienen contacto con el gobierno, a través de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca.

“La cosa es que sigamos platicando, para llegar a desarrollar beneficios para la población, y más ahora que no hay trabajo y se necesitan inversiones para mejorar la economía del país”, manifestó.

Cacerolazo en oposición
Las declaraciones a favor del proyecto Tía María durante la semana, desataron un cacerolazo de protesta en el Valle de Tambo. El dirigente de la zona, Miguel Meza, indicó que aparte de las palabras de Óscar González, hubo otros actores a los que calificó como aliados de Southern, entre ellos el alcalde de Arequipa, Omar Candia.

Meza criticó que se use el contexto de la reactivación económica, como una excusa para insistir con ejecutar Tía María.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía-La Ensenada, Marilú Marroquín, refirió que el rechazo al proyecto minero se mantiene, al punto que hace unas semanas, se apedreó un camión nebulizador de Southern que intentaba ingresar a distritos del Valle de Tambo.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/06/13/arequipa-falta-consenso-para-reactivar-proyecto-minero-tia-maria-lrsd/

Chile

El absurdo “olvido” del gobierno en la lucha contra el cambio climático: No considera la protección de los glaciares

OPINIÓN
Por: Pamela Poo Cifuentes / Patricio Segura Ortiz / Publicado: 12.06.2020
Foto: Ryskeldi Satke /
El informe de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada del país, presentado por la ministra de Medio Ambiente a principios de abril, omite toda alusión a estas reservas estratégicas de agua dulce, subestimando su relevancia para la adaptación y resiliencia de las comunidades y el desarrollo nacional, frente a los cambios climáticos actuales y futuros.
El 9 de abril se dio un paso fundamental en el involucramiento de Chile en la lucha contra el cambio climático, relacionado con su parte de los compromisos para lograr el objetivo de mantener a raya la temperatura planetaria.

La frustrada organización de la COP25 programada para principios de diciembre de 2019 en Santiago, que producto del estallido social se trasladó a Madrid, había sido la ultima oportunidad del gobierno de Sebastián Piñera para visibilizar su compromiso ambiental global. La rebelión social de octubre dejó fuera de juego la discusión climática puertas adentro de no ser por la Cumbre Social para la Acción Climática (al alero de la SCAC) y la Cumbre de los Pueblos que se desarrollaron en paralelo a la cita mundial en España.

Ese 9 de abril la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt presentó el informe de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile (NDC, por sus siglas en inglés) de aquí al 2030. El documento reúne los objetivos, metas y planes de acción tendientes a disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) y preparar a los territorios ante el incierto escenario climático futuro.

Son, como reconoce la propia ONU, “el núcleo” de la lucha climática actual y de la “consecución de los objetivos del Acuerdo de París a largo plazo”, que en lo fundamental buscan limitar el calentamiento global a no más de 1.5 a 2 grados Celsius desde la Revolución Industrial.

El lanzamiento, virtual a esas alturas, fue promocionado con elocuentes frases del propio gobierno, que las calificó de “metas y compromisos ambiciosos” para que el país “avance a paso firme en la transformación hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima, con grandes ventajas sociales, ambientales y económicas para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Sobre esto, es preciso entender que son dos los aspectos fundamentales en torno al calentamiento global: la mitigación, que concentra las acciones para reducir el aporte antrópico de emisiones de GEI que profundizan el calentamiento global; la adaptación y resiliencia, que buscan preparar a la población para hacer frente de mejor forma a ese futuro que ya llegó.

Glaciares: Ausentes de la NDC

La actualización de la NDC es un avance. Sin embargo, el informe excluye toda mención a la necesaria protección de los glaciares, asociados a la seguridad hídrica. Una ausencia absurda, considerando que la provisión de agua es prioritaria para la producción de alimentos, “la salud humana, la producción de energía, la productividad industrial y la biodiversidad, y además es la necesidad más básica del ser humano”, según reporta la ONU para el Cambio Climático. Tampoco habla de hielo, nieve ni criósfera en sus más de 50 páginas.

Esta negligencia no es casual.

En julio de 2018 los senadores Guido Girardi (PPD), Ximena Órdenes (PPD) e Isabel Allende (PS) presentaron un proyecto de ley de protección de glaciares, luego que el gobierno desechara en junio una propuesta anterior que alcanzó a tramitarse durante 4 años en la Cámara y fuera aprobada en su Comisión de Medio Ambiente. El proyecto de Girardi, Órdenes y Allende hoy está estancado en la Comisión de Minería y Energía del Senado, luego que en marzo asumiera el UDI Alejandro García Huidobro. Este legislador apoya la intervención minera en glaciares, y se ha aliado con el gobierno en una normativa laxa en la materia.

La conducción actual de dicha comisión es relevante. La principal disputa para una ley que realmente proteja estas fuentes de agua dulce enfrenta a las comunidades y organizaciones ambientales con las empresas del Consejo Minero junto a sus sindicatos . Además del actual gobierno, por cierto.

Es este escenario el que no da claridad sobre cuándo el Senado podría reiniciar la tramitación de este estratégico proyecto. Más aún en días de crisis sanitaria en que el agua es elemental.

Minería vs. Glaciares

El cóctel minería y glaciares es tóxico. Y no distingue entre empresas chilenas y extranjeras, privadas y estatales, propietarios y trabajadores. Transversal es la unión de los mineros para torpedear los proyectos que abogan por la protección de estas reservas estratégicas de agua.

El caso de la canadiense Barrick Gold, a través de su proyecto Pascua Lama, fue simbólico. Sus exploraciones en la cuenca alta del río Huasco, en Atacama, destruyeron entre 1981 y 2000, y en forma irreversible, el 62% del Glaciar Toro 1 y el 71% del Glaciar Toro 2. En tanto Los Pelambres, de la chilena Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, durante años ha impactado la cuenca superior el río Choapa. De 15 glaciares rocosos en el área, cuatro desaparecieron casi completamente por el lastre y otros 2 fueron intervenidos por caminos.

La estatal Codelco, por su parte, es la minera que ha causado la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial. Entre 1990 y 2008 destruyó 2,1 km2 de glaciares en la cuenca alta del río Aconcagua por los depósitos de lastre e infraestructura minera, perdiéndose entre 15 y 25 millones de metros cúbicos de agua. Y entre 1991 y 2000 removió entre 1 y 8 millones de toneladas de hielo al año. Y lo sigue haciendo con la continuidad de las operaciones de la División Andina.

En la región Metropolitana la mina Los Bronces, de la británica Anglo American, se emplaza en la naciente de cursos hídricos que alimentan los ríos Mapocho y Maipo. Entre 1988 y 2005 Anglo American destruyó casi un 1 kilómetro cuadrado de glaciares en la cuenca alta del río San Francisco, que desemboca en el río Mapocho, provocando una pérdida de entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reservas de agua. Hoy la minera pretende seguir destruyendo glaciares con el proyecto de ampliación de Los Bronces hacia la cuenca del río Maipo.

Entre Codelco y Anglo American ponen en riesgo el abastecimiento de agua de los 7 millones de habitantes de Santiago. Una amenaza, piensan muchos, que debió ser evaluada en las respectivas evaluaciones de impacto ambiental y que no debió ser omitida en la recientemente presentada actualización de la NDC 2020-2030 de Chile.

La primera ola: Al ritmo de Barrick Gold

La lucha política y ciudadana por proteger los glaciares en Chile cumple ya 15 años. Una década y media en la cual el trabajo institucional por resguardar las reservas de agua que penden de las altas montañas ha estado en manos del Congreso, labor muchas veces forzada por comunidades y organizaciones ciudadanas preocupadas, entre otros aspectos, por la vulnerabilidad hídrica del país y la amenaza que se enfrenta con el cambio climático. Pero a pesar de los esfuerzos ciudadanos y parlamentarios, estas iniciativas no han avanzado debido a la oposición de los distintos gobiernos y de la minería.

En estos 15 años se han presentado 6 proyectos de ley, varios de los cuales han buscado proteger los glaciares de la destrucción de la minería, actividad que los impacta de forma directa al dejar estériles sobre su superficie; al removerlos para la construcción del rajo o los caminos; y a través de las vibraciones y el polvo que producen las tronaduras y que aceleran su derretimiento.

Las primeras tres mociones parlamentarias surgieron luego de las alarmas por la aprobación, en 2004, del proyecto de megaminería Pascua Lama de Barrick Gold, que incluía la remoción de los glaciares en la cuenca alta del río Huasco. Esta situación hizo evidente su desprotección.

En una revisión de los proyectos presentados, muchos coinciden en la protección de los glaciares por constituir un respaldo de agua dulce estratégico para todas las cuencas donde se localizan, con miras a la mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático.

El primero en tramitarse fue elaborado por el diputado Leopoldo Sánchez (2005), que establecía la prohibición de ejecutar actividades extractivas en glaciares. El proyecto no avanzó, siendo archivado el año 2009.

En 2006 el senador Antonio Horvarth presentó una iniciativa similar que fue votada en general, pero con indicaciones. Luego de esto fue archivada en 2010. El legislador por Aysén posteriormente solicitó su desarchivo, sin embargo la oposición del gobierno de Piñera y el empresariado minero bloquearon su avance.

Un tercer intento se hizo en 2008, con una moción del senador Guido Girardi, que a los pocos años fue archivada. La paralización del proyecto Pascua Lama le quitó presión y contingencia a la protección de los glaciares hasta 2014.

La segunda ola: La música la pone Codelco

Fue al partir el gobierno de la Nueva Mayoría que se inicia una segunda ofensiva ciudadana y parlamentaria para proteger los glaciares, motivada por la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental por parte de la estatal Codelco con el fin de avanzar en la expansión de Andina 244 en la cuenca alta del río Aconcagua y que pretendía afectar 25 glaciares prioritarios para el abastecimiento de agua de la región de Valparaíso.

El proyecto de ley que más avanzó fue el de la denominada Bancada Glaciar y liderado por el diputado Daniel Melo. Su objetivo también fue resguardar los glaciares como reservas y respaldo hídrico ante el avance del cambio climático y los impactos de la minería. En 2015 esta moción fue modificada por una indicación sustitutiva del gobierno de Michelle Bachelet que patrocinó el proyecto, pero cambiando partes importantes de la propuesta original. Finalmente y luego de ser aprobado en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, su tramitación quedó paralizada al ingresar a la Comisión de Hacienda donde el sector minero la bloqueó a través de gestiones del subsecretario de Hacienda de la época Alejandro Micco, por lo que el oficialismo nunca lo puso en tabla. El proyecto fue abortado en 2018, durante el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, cuya ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos retiró el patrocinio a la iniciativa el 20 de junio de 2018. Con esto, la moción perdió viabilidad política.

En enero de 2018, a la luz del adverso escenario, Melo había insistido con una quinta propuesta que a través de una modificación al Código de Aguas que impedía la constitución de derechos de agua sobre glaciares. Uno de los elementos positivos de este proyecto es que no requiere de patrocinio del Ejecutivo. La idea de legislar ya fue aprobada por la sala por 142 votos, y pasó a tramitación a la Comisión de Medio Ambiente para resolver las indicaciones presentadas. Dicha votación se ha dilatado por casi 2 años.

El último proyecto de ley para proteger los glaciares, cuyo autor es el senador Guido Girardi, fue presentado el 4 de julio de 2018, replicando los fundamentos de sus antecesores. Nuevamente la iniciativa ha generado una férrea oposición del gobierno, junto a las propias mineras, logrando el envío de la moción a la Comisión de Minería, donde actualmente se encuentra detenido y enfrenta un escenario poco auspicioso para su tramitación.

Para la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, “el bloqueo de este gobierno a los proyectos de ley, que tanto en la Cámara como en el Senado intentan proteger los glaciares, así como la omisión de su protección en la NDC presentada por Chile a la ONU, pese al reconocimiento en dicho documento de la actual vunerabilidad hídrica del país y su agravamiento con el cambio climático, son inexcusables”.

La ecologista expresa que “el gobierno, al parecer, no logra vincular la protección de los glaciares con la seguridad hídrica actual y futura. Por un lado celebra los estudios sobre la criósfera, constituida por estas reservas estratégicas de agua dulce, pero por el Ωotro mantiene su apoyo a proyectos extractivos que afectan los glaciares y obstaculiza la legislación que los salvaguarda”. Concluye que “lo ocurrido con la NDC es una muestra más de aquello”.

En tanto el médico y montañista chileno, Mauricio Purto, ha denunciado la falta de fiscalización y complicidad de las autoridades con la destrucción de los glaciares y zonas de cordillera. En particular ha cuestionado las faenas de Los Bronces de Anglo American, en la comuna de Barnechea, en Los Andes a la altura de Santiago. Por redes sociales ha acusado a la minera de realizar “tronaduras en los glaciares de La Paloma. Han destruido todo el glaciar el Rincón, han construido un túnel debajo de la montaña sin permiso. Y su relave es un peligro. Todo ilegal”.

Durante el presente año, el gobierno ha debido decretar entre febrero y abril cientos de comunas del país como zonas en estado de escasez hídrica, entre ellas todas las de la provincia de Chacabuco, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, las que dependen del río Maipo como San José de Maipo, Pirque , Puente Alto, Buin, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, el Monte, e incluso las asociadas al río Mapocho como Vitacura y Lo Barnechea, donde se localizan las faenas de Anglo American.

A ello se suman las cientos de comunas en escasez hídrica desde 2019.

Además están las regiones desde Coquimbo al Maule. Es todo el centro del país ha debido ser declarado en emergencia agrícola. “¿No es esto aún una señal evidente para asumir la responsabilidad de proteger las reservas de agua dulce y terminar con la captura de la política por parte del empresariado minero? ¿Será que este mismo sector ha logrado que se excluya la protección de los glaciares de los compromisos de Chile de adaptación al cambio climático, como evidencia la NDC?” se pregunta Larraín.

La preocupación no es aislada. El proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, ingresado por el Ejecutivo en enero de este año y que se tramite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se concentra fundamentalmente en la mitigación de emisiones y poco en la adaptación. Una advertencia que Espacio Público ya había realizado, al señalar en un informe sobre el anteproyecto que en las metas se debía “corregir el sesgo hacia la mitigación: Integrar con mayor claridad y fuerza el objetivo de la adaptación como eje orientador de la ley: es lo que más nos incumbe como país”.

Como una forma de alertar sobre este complejo escenario, para el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoró el 5 de junio, se realizó el lanzamiento de un video, una cartilla y una infografía que explica detalladamente el aporte de los glaciares a la seguridad hídrica y el impacto del extractivismo minero en su preservación. En la actividad realizada vía ZOOM, comentaron el material los senadores Guido Girardi (PPD) y Yasna Provoste (DC), junto al secretario de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho Ignacio Verdugo, la vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo Marcela Mella y el director ejecutivo de la Fundación Glaciares Chilenos Felipe Espinosa.

Todos y todas llegaron a una sola conclusión. No solo por el cambio climático sino que incluso por la crisis sanitaria, es urgente de proteger los glaciares como reservas de agua dulce. Algo que el gobierno, incluso en las actuales circunstancias, se niega a aceptar.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/12/opinion-el-absurdo-olvido-del-gobierno-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-no-considera-la-proteccion-de-los-glaciares/

Argentina

Argentina: Newmont compra proyecto Boleadora cerca de Cerro Negro

10/06/2020

Newmont compró a Magna Terra Minerals un grupo de propiedades para iniciar un nuevo proceso de exploración. Estas propiedades, de aproximadamente 55 000 ha, están ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, Argentina.

El proyecto denominado Boleadora se encuentra en una etapa inicial de exploración, y cerca al yacimiento Cerro Negro, también propiedad de Newmont, lo que generaría sinergias en la etapa exploratoria de recursos.

La filial de Newmont, Oroplata, pagará a la filial de Magna Terra, Atala Resources, USD1 millón por el paquete. Newmont también otorgó una regalía neta de fundición del 2% a Magna Terra en el paquete Boleadora. La regalía puede reducirse al 1% mediante el pago de USD2.5 millones por parte de Oroplata a Atala en cualquier momento, y la regalía bruta pagable tiene un límite de USD20 millones.

La proximidad del proyecto a la mina Cerro Negro es de interés estratégico para Newmont desde una perspectiva de exploración. Las 12 licencias de exploración individuales se encuentran a unos 17 km al sureste de la mina Cerro Negro.

“Incluir a Boleadora en el programa de exploración regional Cerro Negro de Newmont, junto con la aplicación de sus tecnologías de exploración comprobadas , agregará un valor significativo al proyecto y asegurará que avance en el corto plazo”, dijo el presidente y CEO de Magna Terra, Lew Lawrick .

Fuente: Mining Weekly

Argentina: Newmont compra proyecto Boleadora cerca de Cerro Negro

Chile

Chile: Los trabajadores de Codelco amenazan con detener el trabajo

11/06/2020
Foto: Codelco

Los trabajadores sindicalizados en Codelco, la empresa estatal de Chile, dijeron el miércoles que estaban considerando abandonar el trabajo en algunos sitios para implementar una cuarentena autoimpuesta después de que uno de sus miembros murió a causa de Covid-19.

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) dijo en un comunicado que hubo un número “alarmante” de infecciones por coronavirus en varias de las minas del país. Las medidas para controlar la propagación del virus habían sido insuficientes, afirmó la federación.

“Si es necesario detener el trabajo en esas áreas … hasta que las condiciones sanitarias sean adecuadas para proteger a los mineros, estamos listos para hacerlo”, manifestó la federación en el comunicado.

El presidente de la FTC, Patricio Elgueta, dijo que el grupo había recibido “una serie de quejas” de líderes sindicales en la extensa mina de cobre Chuquicamata de Codelco en el norte de Chile, alegando que la minera no había protegido la salud de los trabajadores.

Codelco no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La FTC informó que un trabajador de la mina en Chuquicamata murió la semana pasada a causa de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus. Poco después, el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, pidió a la compañía “que adopte todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores”.

Chile está en medio del brote de coronavirus, con nuevos casos que alcanzan los 5.000 por día y las muertes por la enfermedad superan los 2.000. Pero la producción de las minas del país ha quedado en gran medida intacta.

Codelco dijo a Reuters en mayo que su producción y ventas se mantuvieron en línea con las proyecciones, incluso cuando se vio obligado a suspender la construcción de algunos proyectos y trabajos de terceros desde que el virus azotó a Chile en marzo.

Mexico

Gobierno de México acusa a mineras canadienses de negarse a pagar impuestos: ¿qué implicaciones tiene?

11/06/2020
Por su parte, una compañía de Canadá amenazó con acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa legal, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Gobierno de México acusa a mineras canadienses de negarse a pagar impuestos: ¿qué implicaciones tiene?
Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que las empresas mineras de Canadá se niegan a pagar adeudos fiscales, las compañías canadienses tiene previsto acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa por cuestiones tributarias.

Ante la polémica, México solicitó apoyo al Gobierno de Canadá para intermediar en el conflicto, enmarcado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial del T-MEC.

La situación ha puesto a discusión los beneficios que deja la inversión extranjera en la minería, frente a los daños ocasionados en países como México.

La acusación de López Obrador

Esta semana, López Obrador acusó a empresas mineras canadienses de no pagar impuestos, por lo cual solicitó la intervención del embajador de Canadá en México para resolver el conflicto.

«Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales. Entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá, que nos ayude a convencerlos de que para qué vamos a tribunales, que es muy claro que tienen esas deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)», declaró el mandatario.


El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en México, 8 de mayo de 2020.XinhuA / www.globallookpress.com

Hasta el momento el Gobierno de Canadá no ha emitido postura frente a las declaraciones del presidente mexicano.

Tampoco se ha revelado el monto que adeudan al fisco las mineras canadienses, ni qué empresas son las que deben dinero. Sin embargo, una serie de antecedentes en los meses previos permiten identificar a algunos de los actores de la disputa.
¿En qué consiste el conflicto?

En octubre de 2019, la Cámara Minera de México (Camimex) informó que un total de 244 empresas canadienses estaban peleando por la deducción de 100% de los gastos de exploración, y que mientras tanto habían frenado las inversiones en esa área.

Para diciembre de 2019, Camimex solicitó al Gobierno un pacto fiscal a 15 o 20 años para eliminar el pago de las regalías por exploración, establecidas en la Ley Minera.

En mayo de 2020, justo en medio de la pandemia de covid-19, la minera canadiense First Majestic anunció que acudiría a tribunales internacionales para resolver una disputa fiscal con el Gobierno de México.

Según la minera canadiense, las autoridades fiscales mexicanas no han acatado los mecanismos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para resolver una disputa por el pago de impuestos.

De acuerdo con la compañía canadiense, el Servicio de Administración Tributaria en México «ha mostrado un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble tributación que ha celebrado con Canadá, Barbados y Luxemburgo, que son relevantes para First Majestic y sus subsidiarias».


Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

La compañía canadiense, que cuenta con seis minas en territorio mexicano, es una de las mayores productoras de plata a nivel mundial, siendo México el país con mayor producción de ese mineral a escala global.

En 2020, First Majestic esperaba producir entre 11,8 y 13,2 millones de onzas de plata, que les dejaría ganancias cercanas a los 223 millones de dólares.

La empresa asegura que el Gobierno mexicano también ha ignorado un Acuerdo de precios anticipados, firmado en 2012 con empresas subsidiarias de First Majestic, en el cual se establecían tarifas ante un posible aumento de impuestos.

En 2013, México realizó una reforma hacendaria en la que estableció el cobro de nuevos derechos a la industria minera.

Posteriormente, en 2015, se realizó una reforma a la Ley Minera que estableció que, además de los derechos mencionados, se debía pagar también una prima por descubrimiento de yacimientos al Servicio Geológico Mexicano (SGM) durante la vigencia de la concesión minera.

El pago de esta regalía, destinada a estados y municipios, ha sido la causa principal de la disputa entre las mineras canadienses y el Gobierno mexicano.
Mineras privilegiadas

En las últimas décadas, las mineras canadienses han estado en el centro de la discusión pública, debido a los conflictos ambientales y sociales que han provocado en territorio mexicano, al mismo tempo que las escasos beneficios económicos que genera para el país en materia fiscal.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de las actividades extractivas en México 2018, elaborado por Fundar, la aportación de la minería a las finanzas públicas mexicanas, a través de la recaudación fiscal, fue de apenas el 0,52 % en 2018.

Al mismo tiempo, las mineras canadienses han estado involucradas en una serie de conflictos sociales con las comunidades asentadas en el territorio mexicano, lo cual ha dejado un saldo de al menos ocho personas muertas, según un informe de la organización ‘Justice and Corporate Accountability Project’.

VIDEO FUNDAR: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LVJSCNjrJBQ&feature=emb_logo

El 67% de la inversión extranjera en el sector minero en México es acaparado por empresas canadienses, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía. Esas firmas concentran 5,7% de la extracción anual, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

En 2019, México se ubicó en el lugar 38 de 76 países entre las naciones más atractivas para la inversión minera, de acuerdo con la Encuesta de 2019 realizada por el Instituto Fraser.

Sin embargo, un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que, de 2007 a 2017, se otorgaron «incrementos repentinos en el monto correspondiente a los estímulos fiscales». Una situación que se mantuvo después de la reforma hacendaria.

Datos oficiales revelan que el SAT perdonó casi 173.000 millones de pesos (7.687 millones de dólares) en impuestos a empresas mineras mexicanas y extranjeras, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2007 y 2015.

De ahí que un informe de 2014, publicado por la Secretaría de Gobernación, señalara que la proliferación de mineras canadienses en territorio mexicano se debe a que «México es el paraíso fiscal de Canadá» en esa materia.

Este escenario ha generado mayores tensiones entre las empresas canadienses y el Gobierno, tras la llegada al poder de López Obrador, a lo que se suman las presiones financieras que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus.

Manuel Hernández Borbolla
https://actualidad.rt.com/actualidad/356310-gobierno-mexico-acusa-mineras-canadienses

Brasil

Fiscales impulsan la paralización de operaciones mineras en Brasil

10/06/2020
A medida que la pandemia agota los suministros, los jueces en Brasil han aceptado las solicitudes de los fiscales para cerrar las principales operaciones mineras y cárnicas en las últimas semanas. Eso contrasta con los Estados Unidos, donde los funcionarios han tomado medidas para que las industrias continúen sus operaciones mientras implementan medidas para contener el virus.

Los movimientos legales agresivos son por razones técnicas y culturales. El sistema de derecho civil de Brasil restringe las interpretaciones de los jueces a asuntos en los que la ley no ofrece orientación, dándoles menos margen para rechazar las acciones de los fiscales.

A diferencia de los fiscales de distrito en los Estados Unidos, los fiscales brasileños son funcionarios no electos con mandato, y tienen un historial de encuadre de casos en términos extremos que luego se eliminan mediante el proceso judicial. En un caso famoso en 2011, los fiscales buscaron casi USD20 mil millones de Chevron por un pequeño derrame de petróleo. Chevron terminó pagando una fracción de la cantidad inicial.

Brasil es el único que tiene una rama específica entre los fiscales para vigilar los problemas laborales, según Priscila Schvarcz, un fiscal laboral que ha presentado cuatro demandas contra el gigante de la carne JBS por no evitar la propagación de Covid-19 en las plantas de carne en el sur Brasil. Es una supervisión más cercana que en otros países lo que ha llevado a cierres, dijo.

“En los EE. UU., las plantas de carne se cerraron debido a la falta de trabajadores para mantenerlas en funcionamiento cuando el número de infecciones llegó a cientos”, dijo Schvarcz. “Puede sonar extraño en el extranjero cuando Brasil detiene las operaciones con 25 casos de coronavirus. Ocurre porque tenemos una investigación en curso y un monitoreo continuo de las condiciones laborales para evitar brotes importantes ”.
Diferencias Culturales

Los fiscales laborales generalmente reciben quejas e informes de trabajadores y sindicatos locales sobre violaciones de seguridad y medioambiente, y luego pueden iniciar una investigación formal que podría incluir inspecciones. Según los resultados, pueden solicitar medidas más estrictas a un juez laboral, incluido el cierre de una planta o una reducción de la producción. Eso es lo que ha sucedido en Brasil en los últimos meses.

En los Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional es la agencia federal responsable de inspeccionar las condiciones de trabajo. La principal diferencia entre Brasil y Estados Unidos es más sobre el comportamiento cultural, según Cassio Casagrande, profesor de derecho en Río de Janeiro.

“En los EE. UU., Las empresas evitan los litigios porque es muy costoso; intentan encontrar soluciones para algunos problemas en las esferas administrativas”, dijo Casagrande. “En Brasil, las empresas no tienen tantas sanciones económicas por incumplimiento o en una batalla legal. Por eso la judicialización es más frecuente “.

Caso Vale

Los futuros del mineral de hierro aumentaron por encima de los USD100 / ton esta semana después de que un tribunal laboral brasileño ordenó a la principal productora Vale que suspendiera las operaciones en el complejo minero de Itabira, que representa aproximadamente una décima parte de su producción, luego de registrarse un brote de Covid-19.

“Lo que hemos estado experimentando en Brasil, aún más en esta pandemia, es el crecimiento del activismo judicial, tanto por parte de los tribunales como de los fiscales”, dijo Leonardo Theon de Moraes, un abogado corporativo brasileño que se enfoca en litigios transfronterizos.

En abril, la Corte Suprema de Brasil agregó otra capa de incertidumbre cuando otorgó a las ciudades autoridad sobre las medidas de aislamiento social.

Ha habido casos de ciudades en el estado de Sao Paulo que bloquean las medidas estatales para reabrir negocios, y es más probable que los funcionarios locales en las ciudades mineras presionen para que sus electores vuelvan al trabajo.

Las prioridades en competencia de los funcionarios estatales, federales y locales nublan cualquier perspectiva para cuando compañías como Vale estarán libres de cierres relacionados con virus.

Fuente: Bloomberg
https://www.mineria-pa.com/noticias/fiscales-impulsan-la-paralizacion-de-operaciones-mineras-en-brasil/

Mexico

México: Mineras canadienses quieren ir a cortes internacionales por pago de impuestos

09/06/2020
Mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano por el pago de impuestos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió al embajador de Canadá en su país interceder en el caso.

El mandatario afirmó que varias firmas se están poniendo al día en sus responsabilidades tributarias y dio como ejemplo a la mexicana FEMSA, a la japonesa Toyota y a las estadounidenses Walmart e IBM.

Sin embargo, sostuvo que existen diferencias con otras compañías. “Hay unas empresas canadienses, mineras, que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales”, afirmó.

El gobernante mandó “un mensaje respetuoso” al embajador de Canadá para pedirle ayuda en el caso. “¿Para qué vamos a tribunales? Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”.

El mandatario reiteró que los acuerdos alcanzados por diferentes grandes firmas con el SAT van a representar unos 25,000 millones de pesos (alrededor de USD1,149 millones) para las arcas del Estado.

La recaudación tributaria de esas empresas se ha convertido en un asunto central para el Gobierno ante la contracción económica que sufre el país y para hacer frente al aumento del gasto en programas sociales destinados a ayudar a los pobres ante los estragos de la pandemia del coronavirus.

Fuente: Gestión

México: Mineras canadienses quieren ir a cortes internacionales por pago de impuestos