13/07/2020

La sede judicial debe hacer un nuevo análisis del caso y entrar en el fondo de la evaluación ambiental de la iniciativa, según determinó la Corte Suprema en septiembre.

En el marco del nuevo análisis que debe realizar el Primer Tribunal Ambiental respecto de la evaluación del proyecto minero Dominga, la sede judicial instalada en Antofagasta solicitó el 3 de julio nuevos informes al gobierno.

El objetivo es analizar si Andes Iron entregó o no antecedentes suficientes sobre el medio marino y las rutas de navegación del puerto que incluye la iniciativa que busca explotar hierro en la Región de Coquimbo, según el mandato que recibió de la Corte Suprema en septiembre.

A partir de esa fecha, el organismo dio un plazo de 15 días a las subsecretarías de Pesca, Medio Ambiente y a la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para emitir la información de modo de hacer una “mejor resolución” del caso.

Esta acción no fue bien recibida por la red de organizaciones sociales y ambientales agrupadas en Alianza Humboldt, la que acusó al tribunal de estar “politizando la decisión, al solicitar a organismos que cuentan con claras influencias políticas que den su opinión, en vez de enfocarse en una revisión técnica como lo ordenó la Corte Suprema”.

De este modo, la organización presentó una reposición que busca invalidar la solicitud del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la cual debería resolverse este lunes 13 de julio.

“El rechazo a Dominga se sustenta en la pobreza de su línea de base, lo cual fue explicado en cada uno de los informes técnicos que entregaron diversas reparticiones durante el proceso de evaluación ambiental. No olvidemos que Salud, Conaf, Sernapesca y Energía, entre muchos otros, hicieron llegar sus reparos al Comité de Ministros que, finalmente, cerró la puerta al proyecto de Andes Iron”, dijo Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros.

Fuente: Diario Financiero

Tribunal Ambiental de Antofagasta solicita informes técnicos al gobierno por proyecto Dominga

Mientras hace cambio de turno pasando por localidades libres de Covid, Barrick dona insumos médicos

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Ante la donación de insumos médicos a servicios de salud de Vallenar y a la barrera sanitaria en Alto del Carmen por parte de Barrick Gold, y a su recepción con honores por las autoridades, como comunidad azotada por los graves e irreparables impactos ambientales y sociales que esta trasnacional ha provocado y sigue provocando, declaramos lo siguiente:

1.- Barrick nunca será un apoyo para la comunidad del Valle del Huasco, como declaró con total descaro y desfachatez tras la donación su nuevo director. Por el contrario, Barrick cambio nuestra vida para mal y para siempre. Nosotros no olvidamos. Aparte de destruir el tejido social y separar familias, dañó de manera criminal elementos vitales, como son los glaciares y el agua. Durante años, esta empresa que hoy quiere aparecer como “salvando vidas” llenó nuestro río de metales pesados, poniendo en serio riesgo nuestra salud, con posibles consecuencias desastrosas entre ellas afecciones neurológicas y hasta cáncer. Quienes ponen en riesgo la SALUD de manera tan deliberada no tienen calidad moral para mostrarse cómo salvadores en esta pandemia.

2.- La vergonzosa pompa de su recepción –con ceremonia, discursos, prensa y demases– solo confirma que se trata de una estrategia mediática para intentar cambiar la percepción de la opinión pública hacia esta empresa, que ya esta manchada a nivel nacional e internacional. Lo anterior es preocupante porque resulta obvio que Barrick está desesperada frente al inminente fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que deberá confirmar o no la sanción de clausura definitiva. Sin embargo, más preocupante aún –cómo ya lo hemos denunciado– es que siga contando con el total apoyo del gobierno a pesar de estar imputada y de ser reconocida como una de las empresas más contaminantes y que más daño ha causado al patrimonio ambiental del país, así como una de las que más ha vulnerado la legislación y la autoridad nacional.

3-Esto tiene lugar en el marco de denuncias realizadas por la comunidad los días 3 y 6 de julio por una nueva y grave infracción de la empresa. Contra toda lógica e infringiendo sus propios compromisos, movilizó trabajadores y realizó cambio de turno por las localidades rurales de la comuna de Alto del Carmen, especialmente el pueblo de Chollay. Esto es grave sobre todo en el contexto de la actual pandemia y máxime cuando la industria minera ha sido acusada justamente por ser un vector del virus que hoy nos afecta. Pese a esta denuncia, no recibimos ninguna respuesta de las autoridades de Gobierno y de la Municipalidad. Ahora entendemos que en lugar de velar por la salud de la ciudadanía están ocupados organizando ceremonias y escribiendo discursos de agradecimiento. Denunciamos con fuerza la grave falta de probidad sigue siendo la norma con el proyecto Pascua Lama. Por medio de estas donaciones, se pacta el silenciamiento y la impunidad para las empresas, todo ello en detrimento de los derechos de las comunidades. Ante esto no podemos dejar de preguntamos ¿Alguna vez el hospital tendrá libertad para diagnosticar un cáncer provocado por los metales pesados en el río? Y finalmente ¿Alguna autoridad se va a dignar a responder la carta denuncia y a asumir su responsabilidad por el cambio de turno a través de Chollay?

4- Comunicamos además que las denuncias fueron llevadas a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde se acordó oficiar a diversos organismos para obtener respuestas sobre quién dio autorización a Barrick. Así mismo, incorporamos denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente.

5- Finalmente, denunciamos que esta donación se da en el marco del Fondo Sanitario Privado de Emergencia para Chile, iniciativa de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que responde a una estrategia concertada entre el Gobierno y las grandes empresas, destinada a profundizar el extractivismo usando como pretexto la crisis económica que vendría después de la pandemia.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO

contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

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«Desmentimos tajantemente la información que está circulando por algunas redes sociales sobre la representación de abogados del estudio jurídico Barros Silva Varela & Vigil a compañeros de Putaendo Resiste», señala en un comunicado esta organización. Consideran que se trataría de maniobras para dividir a las comunidades que se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Andes Copper.

– El texto completo de la declaración de Putaendo Resiste es el siguiente:

DESMENTIMOS TAJANTEMENTE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CIRCULANDO POR ALGUNAS REDES SOCIALES SOBRE LA REPRESENTACION DE ABOGADOS DEL ESTUDIO JURIDICO BARROS SILVA VARELA & VIGIL A COMPAÑEROS DE PUTAENDO RESISTE.

Durante estos días, hemos visto circular el rumor que vincula a cinco personas de nuestra organización, con dos abogados de la oficina de Barros Silva Varela & Vigil, diciendo que los están representando. Por lo anterior, nos vemos en la obligación de aclarar estos hechos de cara a la comunidad:

1) Putaendo Resiste sólo reconoce a Álvaro Toro y Javiera Tapia como sus legítimos representantes, en quienes depositamos nuestra confianza por su intachable trayectoria. Álvaro Toro, abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha sido abogado de las comunidades contra los proyectos Pascua Lama y Alto Maipo, entre los más conocidos. Ambos abogados actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio.

2) El abogado Felipe Riesco, integrante del estudio de abogados Barros Silva Varela y Vigil, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Estas cinco personas o no le respondieron o le respondieron rechazando su oferta de representación. Miembros del Directorio de la junta de Vigilancia, también realizaron gestiones para obtener la representación de alguna de estas cinco personas, en todos los contactos se les dijo que NO.

3) Sin embargo, con sorpresa nos enteramos de que igualmente presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020), utilizando los datos personales de Verónica Barrera, Valentina Valdés, Larry Viveros, Darío Cuevas y Nicolás Iturrieta, los que estaban a la vista en el Recurso de Reposición presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

4) Pudimos confirmar que dicho bufete de abogados fue contratado por la junta de Vigilancia de Putaendo y, por lo tanto, ahora nos interesa saber las razones por las cuales una empresa contratada por la Junta de Vigilancia realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento.

5) Frente a los rumores y cizaña que están levantando los oportunistas y alcahuetes de siempre, para dividir y desconcentrarnos de lo importante, que se mueven para dividir y desconcentrarnos de lo importante. Con claridad les decimos: No estamos disponibles para su pobre y triste trabajo.

6) Celebramos las iniciativas que realizan distintas organizaciones ciudadanas y civiles para defender a Putaendo, porque esta lucha es de todas y todos, incluyendo a la gente digna del Aconcagua, de Chile y del mundo. Es una lucha por la Vida y eso a todos nos importa.

Somos una organización autónoma, autoconvocada y autofinanciada. En nuestra organización convivimos personas con diversas creencias políticas y religiosas, a los que nos une nuestra convicción de que la Gran Minería no es un proyecto escolar e inofensivo.

Ratificamos que No tenemos ninguna intención de abandonar la lucha y la única negociación posible con la Minera, es la que les muestra el camino de salida.

Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA

5 julio, 2020 | Chile
La codicia prevalece sobre la vida

Chile es un país de tradición minera, la actividad cuenta con la licencia social de la mayoría de su población, pero el contexto de la pandemia les permite evidenciar que lo que rige la actividad es la codicia. El norte de Chile se ha convertido en una verdadera zona de sacrificio. Las vidas de la población se encuentran frente a frente con los intereses de los dueños y gobernantes del país, privilegiando la producción y el saqueo de recursos por parte de los magnates mineros a costa de la vida del pueblo trabajador. La actividad minera continuó de forma ininterrumpida durante la expansión del coronavirus causante del Covid-19, que en Chile, tiene una mortalidad del 2,12% sobre el total de infectados. Ante esta situación se preguntan que postura tomarán los sindicatos.

Por: Noalamina Esquel

Fuente: La Izquierda Diario – 3/6/2020
El norte de Chile golpeado por el COVID-19 y la codicia sin límites de los empresarios

El norte minero se ha convertido en una verdadera zona de sacrificios. Así lo demuestran los más de 9.000 contagios en la región de Antofagasta, la cual ha sido profundamente golpeada por el negocio que se esconde detrás del discurso del gobierno de reactivar la economía.

Mucho se ha hablado de cerrar los aeropuertos, o de incluso cambiar los turnos de las mineras a 14 días en el trabajo y 14 días en las casas, sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido una verdadera solución para los golpes que ha recibido el pueblo norteño en medio de la pandemia. Si bien, el aeropuerto de Calama está cerrado, ahora es el de Antofagasta el que se ha encargado de hacer los traslados, así como contar con decenas de colectivos en el mismo aeropuerto para transportar a las y los trabajadores que ya no llegan a Calama, sino que a la capital regional. El problema sólo se ha trasladado de ciudad.

Es de esta forma que el hogar de cientos de miles de personas se transforma día a día más en un verdadero matadero. El trabajador minero se enfrenta al contagio en su lugar de trabajo, para que posteriormente sea su familia y la de sus vecinos las que se vean afectadas. Todo para que la producción del metal rojo no se detenga ni un solo segundo, y los bolsillos de los empresarios del cobre se abulten hasta reventar, mientras en la región más de 200 familias se preparan para los funerales de sus familiares a causa del COVID-19 y la codicia empresarial.
Las mineras no paran y los contagios tampoco

La minería al igual que el resto de trabajos no esenciales ha tenido momentos críticos. Desde el inicio de la pandemia la situación es desigual entre definir qué es y que no es esencial, y hoy, en el marco de una crisis sanitaria aguda en la zona minera chilena se ve la real cara de los grandes empresarios y el gobierno: mientras los casos confirmados de infección por coronavirus ascienden a miles en este rubro, miles de millones son también las ganancias que han obtenido a costa de la salud de familias completas.

El gobierno siempre tuvo la intención de llevar la minería al límite. Pero ahora ante la crisis misma, no dudó en declararla como esencial para el “porvenir económico del país”, lo que que solo trajo bonanza económica en medio de una catástrofe social generada por decisiones arbitrarias y en beneficio del bolsillo empresarial.

No solo se trata de la minería estatal como Codelco sino también la privada. Es de destacar que en Chile, el PBI minero repuntó en el primer trimestre del año 2020 y fue uno de los rubros con mayor crecimiento financiero. Esto es lo que buscan perpetuar, la bonanza que ha significado más de 3000 contagios solo en la estatal y, por otra parte, obtener millonarias ganancias a la minería privada que como Minera Escondida hoy se ponen en el primer lugar del ránking de utilidades obtenidas.

No está contabilizado el número de mineros contagiados en la minería privada, ni tampoco se tiene el dato de cuántos fallecidos propios de Codelco han existido. Todo bajo el manto de la impunidad, continúan trabajando bajo medidas inhumanas de control y trabajo inseguro.

Por ejemplo, tal como indicaba el sindicato 1 de Minera Escondida mediante una misiva, mucho se habló de la decisión de abandonar el uso del aeropuerto El Loa por parte de Codelco distrito norte, pero nada se mencionó de la letra chica de este acuerdo: trabajadores que deben vivir de sus casas por meses, sin el resguardo necesario mientras no cumplen turno, realizando vuelos que aterrizarán en el aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta entre otras cuantas contradictorias cláusulas de esa cuestionable decisión.

“Entonces tenemos un nuevo problema, Antofagasta se podría convertir en el mayor foco de tránsito de trabajadores mineros, con lo que podríamos llegar a ser la ciudad símbolo del COVID19, gracias a la ambición de la minera estatal y las transnacionales que operan en esta ciudad”, indican en el comunicado del sindicato mencionado.

De este problema en general no escapa la gran particularidad de los trabajadores subcontratados, que contemplan un gran porcentaje del trabajo minero, que, prestando servicios esenciales para la producción, hoy son el sector con menos resguardos y más proclives a la precarización, la suspensión o el despido.

De esto sólo se han limitado a proponer cuarentenas por 14 días para sanitizar espacios, sin cuestionar ni imponer medidas para una verdadera salida frente a la pandemia.
La situación exige una respuesta

La situación es aberrante. Son ciudades enteras las que se destinan al contagio por las ganancias de los empresarios mineros, mientras se anuncian cínicamente cuarentenas en las ciudades, mientras el flujo de traslado de personal no se detiene ni un segundo.

Sin embargo, es esta misma situación radical, que enfrentan cientos de miles de familias, la que exige una respuesta.

En este sentido, la Coordinadora de Trabajadores Mineros, de la cual la Confederación de Trabajadores del Cobre es parte, afirma que: “Como trabajadores, no permitiremos bajo ninguna circunstancia, que se anteponga la producción ante la vida y seguridad de los trabajadores, y reiteramos que tomaremos las medidas que sean necesarias para que este Gobierno entienda. La vida de los trabajadores siempre debe estar primero.”

Sin embargo, no se han tomado medidas concretas por parte de los dirigentes sindicales de uno de los sectores más poderosos de la economía, frente a la crisis que enfrentamos.

La declaración de la misma coordinadora afirma que, a la par de esclarecer las cifras reales de contagios en las mineras, “que se pueda formar una mesa de diálogo tripartita, con nuestra experiencia.” Medida que incluso se la han planteado al Ministro de Minería.

Sin ir más lejos, desde el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, no están lejos de esta propuesta. Es más, su salida inmediata frente a la situación de verdadero matadero en las mineras, es la de hacer “un llamado a las autoridades regionales, provinciales y comunales a manifestarse ante tan difícil y desgraciado escenario, el que podríamos enfrentar en la ciudad de Antofagasta si estas medidas se llegan a concretar en el inmediato a corto plazo.”

Creemos que si la respuesta pasara por establecer mesas de diálogo con las autoridades, o incluso con los mismos empresarios que conscientemente ponen sus ganancias por sobre la vida del pueblo, quizás el COVID-19 nunca hubiera llegado a Chile. Depositar nuestras confianzas en ellos, que son los responsables -directos o indirectos- de la crisis y de los más de 7 mil fallecidos, no sólo es un callejón sin salida, una idea utópica, sino que es a su vez desperdiciar la enorme fuerza que tienen las y los trabajadores cuando se proponen luchar por sus derechos, y la vida de sus familias.

Frente a esto, Lester Calderón, presidente del Sindicato N°1 de Orica Chile, y dirigente obrero del Partido de Trabajadores Revolucionarios, es enfático en señalar que la situación exige un paro regional de todos los trabajos no esenciales: «si no nos la jugamos por paralizar las faenas mineras y los trabajos no esenciales -sin importar que esto afecte las ganancias empresariales-, la expansión del virus no se podrá frenar y seremos las y los trabajadores, junto a nuestras familias, los que nos veremos afectados por esta crítica situación. Ya quedó demostrado que no sirven para detener el virus las “cuarentenas truchas”, donde decenas de miles de personas igual tenemos que salir de nuestras casas para ir a trabajar, tal como se demostró en la región, o en otros lugares como en Santiago, que lleva meses con esta medida y con un grave aumento de los contagios.»

Es por esto que para Calderón la situación pasa también porque los sindicatos y las grandes centrales obreras y sindicales, como la CUT, la Confederación de Trabajadores del Cobre, así como el Sindicato Nº1 de Minera Escondida, y el Sindicato Minero de Trabajadores CODELCO, llamen y organicen a una paralización regional de todos los sectores no esenciales, destacando que esta es la única manera para frenar los contagios. Hoy más que nunca los sindicatos y las centrales de trabajadores deben ponerse en movimiento para defender nuestra vida y la de nuestras familias frente al ataque de los empresarios y el Gobierno, sentencia Calderón.

Todo Chile sabe que el cobre es lo que más les preocupa a los empresarios y al gobierno cuando se habla de economía, entonces no perdamos más tiempo, ni permitamos que más familias trabajadoras se contagien. La clave es un paro regional. La única razón por la que estos trabajos siguen abiertos es para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. De otra manera veríamos los dineros de las mineras en la construcción de hospitales, en la compra de ventiladores mecánicos, o incluso en la renta básica de emergencia de familias que han perdido sus empleos. Pero no es así. Incluso en sus reportes recientes Minera Escondida afirma que ha entregado una ayuda de 210 millones de pesos para combatir la pandemia, sin embargo esto no corresponde más que al 0.00001% de sus ganancias anuales: una parte microscópica de toda la porción que se llevan. En definitiva, el dinero se va directo a las cuentas bancarias de sus empresarios. Un robo de cuello y corbata a costa de la vida de todas nuestras familias.

Esta medida de paralización total de la minería y de los sectores no esenciales en la región, debe ir acompañada de imponer un impuesto progresivo a las grandes fortunas y grandes empresas que siguen ganando millones en la gran minería. Hoy más que nunca son ellos o nosotros, y los sindicatos mineros, así como las centrales sindicales, deben ponerse en función de estas medidas que requiere el pueblo.