Venezuela

137 personas han muerto en municipios mineros al sur de Bolívar entre 2019 y 2020

Laura Clisánchez
16/07/2020
Al menos 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por la brutalidad de los crímenes o por el estado de descomposición en que se encuentran, mientras familiares de personas desaparecidas en el territorio emprenden la búsqueda bajo amenazas y sin resultados.
@mlclisanchez
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) ha sido -desde su creación en 2016- el epicentro de la violencia armada, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las desapariciones de personas vinculadas a la minería ilegal y a la comercialización de productos con el oro como medio de pago.

137 personas han muerto en territorios mineros del estado Bolívar, entre 2019 y lo que va de 2020, de acuerdo con el más reciente monitoreo de violencia armada y ejecuciones extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

45% de las víctimas no han sido identificadas por órganos policiales por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, por múltiples heridas de bala en sus rostros y por carecer de documentos de identidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos luchan para que las víctimas que no han sido identificadas no sean solo números, sino huellas de un patrón de violencia que el Estado venezolano no frena.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso este miércoles en Ginebra las múltiples violaciones de los derechos humanos en medio de la anarquía minera al sur de Bolívar y reconoció que quienes dominan la zona son bandas criminales en complicidad con efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo que tienen patente de corso para delinquir, asesinar, torturar y desaparecer a quienes no cumplan con el orden establecido por ellos.

El aumento de la violencia surge a medida que la minería ilegal gana espacios por la agudización de la crisis económica, mientras que el Ejecutivo no pone orden pues se beneficia de la actividad como alternativa económica frente a una industria petrolera en declive.

Los más violentos

El municipio que encabeza la lista de ejecuciones extrajudiciales y homicidios como resultado de enfrentamientos entre grupos criminales y Fuerzas Armadas es Sifontes, con 47 fallecidos y 2 heridos. Estos últimos son dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) heridos en una incursión militar que dejó un saldo de cinco muertos en El Pariche, en marzo de 2019.

En El Callao murieron al menos 41 personas, mineros y miembros de grupos armados irregulares en su mayoría. Este es el segundo municipio minero más violento. Fue allí donde ocurrió una de las muertes más emblemáticas del 2020 en el estado Bolívar: el asesinato del cultor Carlos Clark, quien también era minero y dueño de la mina Las cuatro esquinas. Clark fue el fundador de la agrupación de calipso La Nueva Onda y grupos armados lo acribillaron luego de que denunció la invasión de su mina, cuyo desalojo logró con ayuda de la Guardia Nacional.

Rosalba Mara Valdez, una exconcejala de El Callao, también fue asesinada por grupos armados en diciembre de 2019 en la entidad callaoense. Valdez fue presidenta de la Cámara Municipal de El Callao y candidata a la Alcaldía en 2008 y también había sido sacada de su casa a la fuerza por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en una oportunidad. Había denunciado la incursión de grupos irregulares en las minas de El Perú, Nacupay y Los Caballos.

En este pueblo minero se han documentado hasta 10 asesinatos en menos de 48 horas.

Si bien la violencia armada al sur del estado Bolívar es mayor, los enfrentamientos y homicidios se han diseminado hacia municipios urbanos como Caroní, donde han muerto 15 personas en año y medio, sin ignorar el subregistro.

En este grupo está el líder de la banda Zacarías, conocida por tener el control de los sectores mineros El Perú, Nuevo México y Finlandia en El Callao. El hombre fue asesinado junto a otros tres miembros de la banda.

En el municipio Caroní también murió este año un efectivo de la Policía del estado Bolívar (PEB) y su cuñado, que estaba vinculado a una banda delictiva que opera también en El Callao, de acuerdo con el parte oficial.

Víctimas de “El sistema”

Los mineros y comerciantes informales son los más perjudicados por el conflicto. Codehciu documentó el asesinato de 39 mineros y 2 comerciantes entre 2019 y lo que va de este año, en su mayoría a manos de grupos criminales o bandas delictivas vinculadas indirectamente con el pranato minero.

17 de estos mineros fueron asesinados por sujetos que no pertenecen a agrupaciones criminales, a menudo otros mineros. Los asesinatos fueron perpetrados tanto con armas de fuego como con armas blancas, como machetes.

El oro es el elemento que desencadena los frecuentes enfrentamientos entre bandas delictivas, disputas entre mineros, asesinato de denunciantes y activistas; así como la desaparición de mineros, comerciantes y quien guarde relación con la compra, venta o extracción de este mineral o el contrabando de combustible. De estas consecuencias no han escapado cultores ni dirigentes políticos en el periodo de estudio.

Comunidades indígenas y no indígenas que quedan en medio del conflicto minero intentan sobrevivir a la zozobra, toda vez que familiares de desaparecidos emprenden la búsqueda por cuenta propia o se resignan a la pérdida. Codehciu documentó la desaparición de 66 personas entre 2012 y 2020 en su más reciente informe.

Entre 2019 y lo que va de 2020 al menos 63 miembros de bandas delictivas relacionados al pranato minero también perdieron la vida en enfrentamientos con el Ejército, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dgcim. 66% de los miembros de grupos criminales murió en enfrentamientos con el Ejército.

De acuerdo con los partes oficiales, todos estaban vinculados al robo, extorsión, homicidios y cobros de vacuna, como se le conoce al porcentaje del oro extraído que debe pagarse al grupo criminal que domina la zona. Sin embargo, estas ejecuciones extrajudiciales también son una violación a los derechos humanos, por lo que la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra.

El conflicto armado sigue cobrando vidas mientras las víctimas colaterales como mineros y comerciantes informales se enfrentan al epicentro de la violencia para sobrevivir a la emergencia humanitaria.
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/6059-137-personas-han-muerto-en-municipios-mineros-al-sur-de-bolivar-entre-2019-y-2020

Perú

EL GABINETE CATERIANO Y LA MINERÍA

Luis Gárate – Cooperaccion
17/07/2020
Imagen: Gestión
El gobierno de Martín Vizcarra ha cambiado su gabinete y ha nombrado como Presidente del Consejo de Ministro a Pedro Cateriano, un político de trayectoria y experiencia que ya ocupó antes ese puesto y que tiene una abierta posición favorable a la actividad minera.

Estos cambios en el gobierno que preside Martín Vizcarra tienen varias lecturas. Una es que el gabinete necesitaba refrescarse debido al desgaste propio de atender la crisis que ha traído la pandemia del COVID19y a un Estado que se ha visto desbordado en su capacidad de atender a la población. Por otro lado, el nuevo jefe del gabinete ha mostrado actitudes firmes y ha sido confrontacional con sus adversarios políticos.Lo fue con la alianza fujiaprista que dominó el anterior Congreso.

Pero con esa misma firmeza y vehemencia, Cateriano también es un férreo defensor de las inversiones privadas y el libre mercado. Se ha expresado innumerables veces en ese sentido. Lo hizo por ejemplo, cuando ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, sobre todo cuando se reactivó el conflicto social en el Valle de Tambo en Islay, Arequipa, cuando se intentaba sacar adelante el proyecto minero Tía María. En ese momento declaró que:»El Perú es un país minero. La minería del pasado con tecnología antigua ya no es la que se aplica hoy. Hay que persuadir a la población. También hay que hacer comprender a los empresarios que la riqueza debe ser compartida. La inversión genera riqueza. La única manera de salir de la pobreza es generando riqueza».[1]

En ese momento también tuvo expresiones muy duras en contra de los agricultores que salieron a protestar por la reactivación de Tía María. Pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público que actúen para que los detenidos en Islay no salgan libres: “Exhorto al presidente del Poder Judicial y la Fiscalía para que apliquen la Constitución y la ley”, dijo en una conferencia de prensa en abril de 2015.[2]

Cateriano participó en ese momento en una mesa de diálogo que se formó con autoridades regionales y locales. Insistióen que el diálogo era importante paraabsolver las dudas técnicas que tenía la población para que este proyecto se pueda implementar y de esa manera llevar bienestar para la región. Sin embargo, luego de eso, no se terminaron de responder las dudas técnicas de la población y la empresa tuvo que optar por una nueva pausa. Como se sabe, hasta ahora, el proyecto sigue detenido.

En sus primeras declaraciones, Cateriano ha reiterado que su principal misión seráenfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica. Ha señalado que una de sus principales acciones será “destrabar” las inversiones mineras, reiterando -como lo dijo años atrás- que el Perú es un país minero y requiere de estas inversiones.

En ese mismo sentido cabe mencionar que entre los cambios del gabinete se ha nombrado a Rafael Belaúnde, nieto del ex Presidente de la República, Fernando Belaunde Terry. El flamante ministro es un personaje vinculado al sector minero, habiendo sido parte de la empresa minera Argento y de otra empresa denominada Remediadora Ambiental SAC.

Queda claro que con el ingreso de Cateriano y ministros, como Belaúnde, el gobierno busca acelerar el proceso de reactivación económica. Pero como se puede advertir, claramente los nuevos ministros envían señales de estar más cerca de los gremios e intereses empresariales que de los sectores sociales más vulnerables y las comunidades.

Si bien es cierto que amplios sectores de la sociedad coinciden en que se debe reactivar la economía, esto debe hacerse tomando las precauciones del caso. El sector minero ha sido uno de los que más descuido ha mostrado en la aplicación de protocolos sanitarios entre sus trabajadores: ya son casi 3 mil trabajadores mineros contagiados a la fecha. Por otro lado, conflictos sociales como Tía María, siguen latentes y la población se encuentra expectante. Estaremos atentos a la actuación del nuevo gabinete.

[1]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/05/pedro-cateriano-sobre-tia-maria-el-peru-es-un-pais-minero/jorgepaucar/

[2]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/15/tia-maria-y-la-mano-dura-de-pedro-cateriano/jorgepaucar/

Mexico

Andrea Becerril, 15/07/2020
Interior de la mina y, colgada de vigas de madera, una camilla de rescate. Foto Leopoldo Ramos / Archivo
El rescate de los cuerpos de 63 mineros en Pasta de Conchos, que recién anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tardará entre cuatro y ocho años, y costará 75 millones de dólares, hecho que provocó el descontento y la indignación de un grupo de viudas, quienes denunciaron que la dependencia se ha tardado más de un año en poner en marcha la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador y ha optado por el plan más caro y más largo, en lugar de escuchar a expertos y rescatistas nacionales.
Al ser entrevistadas después de que se reunieron con el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, pidieron que López Obrador las escuche, porque llevan ya 14 años en lucha para lograr que saquen de la mina los restos de sus esposos y no es humano que les pidan esperar otros ocho años.

Muchas a lo mejor ya no estaremos vivas, comentó Elizabeth Castillo, quien junto con Claudia Escobar asistió el pasado día 7 a una reunión con la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en la que les dio a conocer ese plan de rescate, muy parecido a los que Grupo México planteó al inicio del siniestro, en 2006, que consiste en abrir una nueva rampa, en lugar de entrar por el mismo túnel donde se dio la explosión hace 14 años.

Gómez Urrutia consideró que la STPS debe precisar muy bien los términos en que planea el rescate de los cuerpos, tener una visión humana y transparente, reducir costos y recortar tiempos, además de apoyarse mucho en los técnicos y expertos mexicanos, que son los que conocen la mina, y en los extranjeros que participan en el proyecto.

Agregó que entiende la decisión del Presidente de dejar el rescate en manos de la autoridad laboral, sin la participación de la empresa y del sindicato, para no politizar el tema, pero es necesario no crear mayor desesperación en los deudos de una de las tragedias más dolorosas en la minería, en una región como la carbonífera de Coahuila, donde el desempleo y la pobreza crecen.

El ingeniero Fernando Acosta, quien fue jefe de las cuadrillas de rescate por parte del sindicato, resaltó que es posible entrar por el túnel ya abierto, como lo hicieron en febrero de 2006 después de la explosión. Añadió que habrían rescatado los cuerpos si el gobierno de Vicente Fox, junto con el empresario Germán Larrea, no hubieran decidido cinco días después suspender la búsqueda y cerrar el yacimiento.

Explicó que en otras ocasiones, junto con las viudas, bajaron de nuevo e intentaron años después un rescate independiente, ya en el sexenio de Felipe Calderón, y bajaron hasta 250 metros, pero fueron desalojados por el Ejército. Sin embargo, tomaron más de 196 fotografías del interior del túnel, que compartieron con los técnicos chinos, estadunidenses, alemanes y australianos que mandó el año pasado la STPS.

A su juicio, quien debe tomar la decisión de cómo debe darse el rescate son estos técnicos extranjeros, con los documentos y evidencias que les entregaron, y no el Servicio Geológico Nacional, conformado por especialistas que trabajan para las empresas, entre ellas Grupo México. Recordó que a este mismo organismo se le encargó en 2006 un estudio sobre la factibilidad del rescate y nunca entregó los resultados.

Desde entonces, Larrea insistía en que el rescate costaría más de 50 millones de dólares y que había que hacer una rampa fuera de la mina, muy similar a la propuesta de la STPS. Es una rampa, dijo, que entra y baja entre los mantos del carbón, y luego se hacen túneles que dan vuelta hasta encontrar los socavones viejos, para intentar llegar por ahí a los 63 cuerpos.

Elizabeth Castillo y Claudia Escobar resaltaron que en el encuentro con la titular de la STPS les molestó también que estuviera presente la abogada Cristina Auerbach, una defensora de derechos humanos ligada a Grupo México, que llegó a Pasta de Conchos luego de la tragedia y se dedicó a dividir a las viudas y familiares.

Lamentaron que la autoridad laboral no haya dejado participar al ingeniero Acosta ni tampoco al sindicato, pero sí a Auerbach, fundadora del grupo Familia Pasta de Conchos.

Tomasita Martínez y Griselda Farías Gonzalez, otras de las viudas entrevistadas, relataron que la abogada las demandó por exhibir un cheque con una fuerte suma que le extendió la empresa de Larrea. Dijo que nos iba a meter a la cárcel, fue un juicio de varios meses, pero salimos absueltas”, recalcó Claudia Escobar.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/15/el-rescate-en-pasta-de-conchos-tardara-entre-4-y-8-anos-stps-2837.html

Chile

Codelco registra 3215 casos de Covid-19 y nueve muertes

14/07/2020
Foto: Codelco
La estatal chilena Codelco ha registrado un total de 3215 infecciones por Covid-19 y nueve muertes debido a la pandemia, informó el presidente de la firma el lunes.

El presidente de la junta, Juan Benavides, detalló que 2 473 trabajadores ya se habían recuperado, mientras que 37 permanecen hospitalizados, dijo la plana ejecutiva de Codelco frente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados este lunes.

“Es muchísimo más seguro el entorno de trabajo y las condiciones dentro de las faenas que fuera de ellas. Eso da cuenta de la realidad que hemos podido medir. Y no sólo nosotros, sino que otros actores de la industria, donde entre un 70% u 80% de los casos son contagios fuera de las faenas”, afirmó la plana ejecutiva.

“El Plan Calama” y “El Plan Teniente” se aplicaron en las divisiones más complejas. Se definió a dos gerentes de operaciones para liderar la iniciativa: René Galleguillos y Claudio Sougarret, respectivamente.

Según Codelco, en Chuquicamata el 7% de los contagios fueron dentro de las faenas, el 68% se dio en un ámbito no laboral y el resto está en revisión; mientras que en El Teniente el 5% de los contagios fue en las faenas, el 70% en un área no laboral y el resto está bajo análisis.

Los mineros de cobre de Chile han mantenido en gran medida la producción a pesar de los crecientes números de casos en el país sudamericano, aunque ha aumentado la presión para que las empresas fortalezcan las medidas de seguridad, incluso potencialmente a costa de la producción.

Los sindicatos de Codelco, que tiene una fuerza laboral de aproximadamente 60 000, incluidos los trabajadores por contrato, dijeron la semana pasada que casi 3 000 trabajadores habían sido infectados.

Algunos sindicatos y grupos sociales han pedido a Codelco y a otros mineros que detengan las operaciones alrededor del centro minero de Calama, una ciudad desértica rodeada de algunos de los depósitos de cobre más grandes de Chile.

El ministro de minería de Chile dijo a Reuters este mes que el gobierno dará prioridad a la salud de los trabajadores en su sector minero vital, incluso si afecta la producción.
Fuente: Reuters y Diario Financiero

Codelco registra 3215 casos de Covid-19 y nueve muertes

Chile

Se acoge desistimiento de reclamaciones en contra de proyecto Quebrada Blanca Fase 2

Las causas habían sido acogida a trámite en diciembre del año pasado y enero de este año.

15/07/2020
El Primer Tribunal Ambiental acogió el desistimiento de la reclamación judicial que habían presentado la Asociación indígena Aymara de Caleta Chanavaya y Héctor Mery Ramos en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por el proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2.

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Esto, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa minera Teck Quebrada Blanca, como tercero coadyuvante, aceptaran el desistimiento de los reclamantes, ante lo cual el tribunal procedió al archivo de los antecedentes.

Con esta actuación se pone término a la controversia jurídica relativa al proyecto minero, la cual data desde el año 2018, época en que se calificó favorablemente el proyecto por parte de la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá (RCA 74/18).

Reclamaciones
La primera reclamación presentada por Héctor Mery fue acogida a trámite el 26 de diciembre pasado y tenía como objetivo que el tribunal dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto Quebrada Blanca Fase 2, que fuera aprobada por el SEA.

Luego, el 02 de enero de este año se había acogido a trámite la reclamación de la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya en contra de la misma RCA reclamada anteriormente.

Desistimiento
El desistimiento es un acto voluntario al que pueden recurrir los reclamantes para renunciar a la acción interpuesta antes que el tribunal haya dictado una resolución definitiva.

Este trámite está contemplado en el artículo 47 de la Ley 20.600, en relación con los artículos 148 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde se estipula que en cualquier estado del juicio el demandante podrá desistirse de la reclamación.
https://www.mch.cl/2020/07/15/se-acoge-desistimiento-de-reclamaciones-en-contra-de-proyecto-quebrada-blanca-fase-2/

Chile

Minera Lumina Copper comenzó aplicación de test rápidos y exámenes PCR a trabajadores

Las medidas reforzarán el protocolo interno de prevención y control del coronavirus de Caserones.

13/07/2020
Con el objetivo de reforzar las medidas ante posibles casos de Covid-19 en su operación y entorno, SCM Minera Lumina Copper Chile comenzó la aplicación de test rápidos a todo el personal de Caserones y sus empresas colaboradoras.

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Su implementación ha comenzado este mes y se espera alcanzar en agosto el 100% de su cobertura, de acuerdo al Protocolo Interno de Prevención y Control del coronavirus de la compañía. Esta iniciativa se verá reforzada con la realización de exámenes PCR a la totalidad de los trabajadores que tomen parte en la mantención mayor de su operación, a efectuarse entre el 21 de julio y 2 de agosto, y que busca asegurar su continuidad operacional.

La toma de test rápidos como también los exámenes PCR se efectúan en el lugar de origen de las personas, antes de subir a los buses que los trasladan desde otras regiones a faena y, en el caso de los locales, en su comuna.

A esto se suma el control que mantiene Caserones en el by pass de la localidad de Los Loros, donde se chequea la temperatura de cada trabajador, junto con la sanitización del vehículo en que se dirige a faena, iniciativa que también favorece a quienes transitan por este sector de Tierra Amarilla.

SCM Minera Lumina Copper Chile reitera su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, trabajadoras y el entorno, por lo que reitera la importancia de cumplir las indicaciones sanitarias para prevenir el contagio de Covid-19; como el mantener la distancia social, el uso de mascarilla, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
https://www.mch.cl/2020/07/13/minera-lumina-copper-comenzo-aplicacion-de-test-rapidos-y-examenes-pcr-a-trabajadores/

Perú

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS


14/07/2020
La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la propia Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentra en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En su informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcciónen el marcode este informe del observatorio.

Conflictividad en tiempos de pandemia

La conflictividad social estuvo activa a pesar de la cuarentena. Uno de los casos más resaltantes ocurre en Arequipa, donde la empresa Southern ha reactivado su campaña para retomar el proyecto minero Tía María ante la situación de crisis del país. Ello motivó a la población del Valle de Tambo a organizar 2 cacerolazos en rechazo al proyecto.

En la misma línea, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del Corredor Minero del Sur denunciaron una excesiva presencia de camiones trasladando mineral para la empresa minera MMG- Las Bambas, en Apurímac, exponiendo a los trabajadores y comunidades a posibles contagios.

También se alerta sobre la fuerte presión que mineros informales y abiertamente ilegales vienen ejerciendo en varias zonas del país, alentados por las altas cotizaciones del oro.

Este y otros puntos son los que recoge el informe del Observatorio de Conflictos Mineros correspondiente al primer semestre de este año, el cual será presentado el próximo miércoles 15 de julio desde las 5:30 pm en una transmisión oficial del portal Wayka.pe. En la mesa participarán la Congresista Rocío Silva Santistevan, el representante de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, al ex Viceministro de Minas Miguel Inchaústegui y el abogado de FEDEPAZ David Velazco.

Inscríbete y recibe en exclusiva el informe aquí: https://forms.gle/i9ZLgvJMU9MPoWoq6

Mexico

Afectación al ambiente, DH e inseguridad impactan a minería

Alejandro Alegría, 11/07/2020
Mina a cielo abierto en Mexicali, Baja California. Foto Francisco Olvera/ archivo
Ciudad de México. Graves afectaciones al medio ambiente, inseguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades son algunos de los problemas que aún persisten en la industria minera del país, aseguraron especialistas en esos temas.

Datos de la la Cámara Minera de México (CAMIMEX) señalan que ese sector industrial es importante para el país porque representa el 4.2 por ciento del producto interno bruto nacional, además de generar 770 mil empleos directos y paga 42 mil millones de impuestos.

Sin embargo, más allá del beneficio económico que representa esa actividad, Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR) señaló que actualmente el modelo de aprovechamiento actual es la minería a cielo abierto, el cual causa una grave afectación a la biodiversidad, porque desplazan miles de hectáreas con valor biológico muy alto.

Durante su participación en el foro “La reactivación de la minería antes la nueva normalidad”, el especialista comentó que las empresas mineras dicen que están cumpliendo con la ley al implementar programas de reforestación, pero estos planes tienen poca eficiencia en el entorno pues solo logran sobrevivir entre un 20 por ciento de los árboles de especies exóticas que colocan. “Es una cosa dramática que hay que atender de alguna manera”, apuntó.

Consideró que es necesario generar una estrategia para evitar este costo ambiental que se esta pagando y también modificar de la normatividad y legislación porque no garantiza que las empresa puedan cumplir, pero implica que no tenga afectación la biodiversidad.

Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental, consideró que la minería no son grandes comunicadores, pues no informan adecuadamente sobre los beneficios que ofrece esa actividad.

Sobre los derechos humanos de las personas que habitan las comunidades donde se realizan las actividades de minería, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) destacó que existe temor de que puedan violentarse.

Explicó que se ha documentado que en el diálogo con pueblos indígenas no se les da trato adecuado, se les minimiza y no se entiende que ellos tienen una visión de la tierra, que es diferente a la de los empresarios.

Destacó que es recurrente que la información que se presenta a las comunidades no es clara, ni suficiente, no es verídica, por lo que crean desconfianza, pues a los habitantes de esas localidades les preocupa su calidad de vida, los recursos naturales que tienen y que puedan perder cuerpos de agua o sean contaminados por la actividad minera.

Los gobernadores de Sonora y Guerrero, Claudia Pavlovich y Héctor Astudillo, respectivamente, así como líderes sindicales se pronunciaron por que el Fondo Minero realmente llegue beneficiar a las comunidades donde se extraen los minerales y no se dirijan los recursos a otras lugares y áreas.

De acuerdo con Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la CAMIMEX, las empresas del sector han aportado al fondo más de 18 mil 900 millones de pesos.

En temas de seguridad, Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de División de Gendarmería, señalo que la delincuencia organizada ha creado redes de comercio ilegal, que son paralelas al suministro de comercio legalmente establecido, modelo que se replicado en el sector minero.

Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado Policía Federal, señaló que existen delitos conexos que en el sector minero que están asciendo que el crimen organizado encuentre un nicho de impunidad.

Comentó que esos delitos con la trata de personas, la extorsión en las actividades satélite como el transporte de materiales, por lo que es necesario abatir esos actos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/11/afectacion-al-ambiente-dh-e-inseguridad-impactan-a-mineria-1154.html

Perú

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

13/07/2020
Imagen referencial / Foto: Cosapi

Se aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y su respectiva actualización, mediante las resoluciones directorales 055-2010-MEM-AAM y 300-2014-MEM-DGAAM, anunció el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

Ahora, Doe Run Peru S.R.L. en Liquidación (DRP) tiene la obligación de constituir garantías suficientes para realizar el cierre de mina respectivo, indicó el Minem.

El 10 de marzo pasado, la Dirección General de Minería (DGM) dispuso la paralización de actividades del CMLO, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47° del Decreto Supremo N° 033-2005-EM, que ordena la paralización de actividades cuando se incumple la constitución de las garantías del plan de cierre de minas.

En junio, DRP presentó ante la DGM las garantías requeridas para el cumplimiento del plan de cierre, correspondiente al año 2020, por un total de USD 12′740,915.36, y el 8 de julio pasado, mediante Resolución Directoral Nº 0443-2020/MINEM-DGM, la DGM dispuso el levantamiento de la paralización de las actividades mineras en el CMLO, precisando que DRP debe garantizar un ambiente laboral con condiciones favorables para el desarrollo de las actividades mineras en el CMLO, en cumplimiento de las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, su certificación ambiental y de los protocolos sanitarios establecidos por el Minem y el Ministerio de Salud, así como de las demás normas conexas.

“Cabe aclarar que, el levantamiento de la paralización dispuesta por la DGM debe efectuarse sin perjuicio de las disposiciones legales emitidas por los organismos competentes en relación a la emergencia sanitaria”, señaló el Minem.
Fuente: Gestión

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

Perú

Sector minero de Perú registra casi 3.000 casos de coronavirus

14/07/2020

La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó el jueves pasado que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3.000 trabajadores, con dos fallecidos.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados“, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”.

Perú registró hasta el pasado miércoles 312.911 casos de coronavirus, la segunda mayor cifra de contagios en América Latina, detrás de Brasil, según datos oficiales. Los fallecidos suman 11.133 en todo el país.

La minería es vital para la economía de Perú porque es responsable del 60% de las exportaciones totales del país.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/sector-minero-de-peru-registra-casi-3-000-casos-de-coronavirus/