NOTA DE PRENSA
En el proceso constitucional de amparo interpuesto por la Comunidad Nativa Awajun de Supayacu
Poder Judicial ratifica en segunda y última instancia que se vulneró el derecho
a la consulta previa y ordena la suspensión de la fase de exploración del
proyecto minero “Yagku Entsa”

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente No. 32645-2013), en segunda
y última instancia, resolvió confirmar la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo por
vulneración al derecho a la consulta previa de la Comunidad Indígena Awajun de Supayacu
(ubicada en la provincia de San Ignacio, Región Cajamarca).

En efecto, como es de conocimiento público, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2018,
el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en primera instancia, ya había declaró fundada la
demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse
afectado su derecho a la consulta previa cuando se autorizó las actividades de exploración del
proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

La Cuarta Sala Civil Superior de Lima señaló que se había acreditado que encontrándose la
Comunidad Indígena Awajún de Supayacu dentro del área de influencia del referido proyecto
minero, existía y existe la obligación por parte del Estado Peruano, de realizar, mediante el MINEN,
un proceso de consulta previa, libre e informada. Por lo cual, al no haberse realizado la misma, se
vulneró el derecho a la Consulta de dicha Comunidad.

Por ello, resolvió que “… se suspende los efectos de la Resolución DirectoralNo. 229-2013-
MEM/DGM, de fecha 6 de noviembre de 2013, emitido por el Director General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas. La suspensión de la fase de exploración del proyecto “Yagku Entsa se
dará en la etapa en que se encuentre, hasta que la demandada tome las medidas necesarias para
determinar la viabilidad de la continuación del proyecto previa consulta de la actora y otros pueblos
indígenas que podrían ser afectados, con costos del proceso …”

Al respecto, desde FEDEPAZ, que patrocinamos en este proceso a la Comunidad Indígena Awajún
de Supayacu, expresamos nuestra satisfacción por la expedición de esta histórica sentencia que
ratifica desde el Poder Judicial, el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada de la
que gozan los pueblos indígenas en nuestro país porque el órgano jurisdiccional no sólo le dice al
estado Peruano que debe de cumplir su obligación con la comunidad indígena demandante sino,
también, con otros pueblos que se encuentren en el área de influencia de dicho proyecto minero.Igualmente, FEDEPAZ exige al Estado Peruano que respondiendo a la razón de ser y espíritu del Convenio 169 de la OIT y de la Ley de Consulta Previa, cumpla con implementar una real Consulta Previa, Libre e Informada, sobre la base de que la misma constituye un diálogo intercultural
respetándose las particularidades de cada pueblo durante dicho diálogo y se abstenga de anunciar
despropósitos como “la consulta preva virtual” que en modo alguno cumplen con los estándares
internacionales de respeto a ese derecho fundamental de los pueblos indígenas en el Perú y en el
mundo.

Finalmente, FEDEPAZ considera, también, que ésta constituye una sentencia histórica, porque se
trata del primer proceso judicial con sentencia expedida en última instancia, en la que se declara
fundada una demanda de amparo por violación a la consulta previa en actividades de minería
metálica, constituyendo por ello un importante precedente en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas del Perú, especialmente en materia del derecho a consulta previa, libre e
informada protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Lima, 22 de julio de 2020
Área de Prensa
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PERU
22/07/2020
Imagen: OCM
La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la propia ex Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentran en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En su 26o informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción en el marco de este informe del observatorio.

Conflictividad en tiempos de pandemia

La conflictividad social estuvo activa a pesar de la cuarentena. Uno de los casos más resaltantes ocurre en Arequipa, donde la empresa Southern ha reactivado su campaña para retomar el proyecto minero Tía María ante la situación de crisis del país. Ello motivó a la población del Valle de Tambo a organizar 2 cacerolazos en rechazo al proyecto.

En la misma línea, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del Corredor Minero del Sur denunciaron una excesiva presencia de camiones trasladando mineral para la empresa minera MMG- Las Bambas, en Apurímac, exponiendo a los trabajadores y comunidades a posibles contagios.

También se alerta sobre la fuerte presión que mineros informales y abiertamente ilegales vienen ejerciendo en varias zonas del país, alentados por las altas cotizaciones del oro.

Este y otros puntos son los que recoge el Informe del Observatorio de Conflictos Mineros, correspondiente al primer semestre de este año.

Puedes descargarlo en este enlace: https://bit.ly/2E08moX

http://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2020/07/Informe-de-Conflictos-Mineros-26.pdf

21/07/2020
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Imagen: Espinar noticias
Cerca de 200 manifestantes de la provincia cusqueña de Espinar, bloquearon ayer el Corredor Minero del Sur como parte de su demanda expresada hace varias semanas a la minera Antapaccay, para que acceda a un bono solidario para afrontar los efectos de la pandemia.

Hace 7 días, organizaciones sociales y comunidades campesinas iniciaron un paro indefinido exigiendo que la empresa minera Antapaccay (de Glencore) entregue un bono de 1000 soles para cada elector de Espinar, monto con el cual podrán afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Cabe recordar que ese monto saldría del Convenio marco firmado entre el gobierno provincial y la minera para obras para la zona.

Imagen: Espinar noticias

Por la tarde de ayer y en medio de las protestas, fueron incendiados un camión minero y una camioneta pertenecientes a dos unidades de contratistas de la empresa MMG Las Bambas. Esto ocurrió a la altura de la comunidad campesinas de Anansaya Qollana.

Como parte de la medida de fuerza, los manifestantes bloquearon el Corredor Minero del Sur usando piedras y palos, provocando que varios camiones mineros queden varados. La Policía se movilizó a la zona y dispersó a los protestantes a mediante perdigones y bombas lacrimógenas. El enfrentamiento dejó herida a una mujer de 35 años de edad.

Cabe recordar que el conflicto se inició debido a que la minera se negó a desembolsar el monto, aduciendo que el bono no cumple con los propósitos del convenio. A cambio, ofrecieron financiamiento de proyectos y la entrega de ayuda a las familias más afectadas por el virus; pero la idea fue rechazada por las organizaciones sociales. (Fuente: Espinar Noticias y La República)

Reuters 21/07/2020
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa junto al logo de MMG Ltd después de una conferencia de prensa, en Melbourne, Australia
LIMA, 21 jul (Reuters) – Un convoy de vehículos de la minera Las Bambas, una de las mayores productoras de cobre de Perú, fue atacado y dos de sus unidades fueron quemadas por manifestantes en una protesta en los Andes del país, dijo la compañía de la china MMG Ltd.
Las Bambas afirmó en un comunicado que el convoy se trasladaba la tarde del lunes por un corredor minero cerca a la cuidad de Espinar en la región del Cusco, cuando los vehículos fueron apedreados, interceptados y dos de ellos incendiados.

Los manifestantes «exigen de manera violenta un beneficio económico que no está vinculado a Minera Las Bambas, y que ha causado disturbios en la zona», manifestó Las Bambas, en su comunicado difundido la noche del lunes.

Comunidades cercanas a Espinar iniciaron la semana pasada una protesta contra la minera de cobre Antapaccay, controlada por Glencore, y en la víspera bloquearon tramos de un corredor minero en el sur este del país, según reportes de la entidad no gubernamental Observatorios de Conflictos Mineros.

Representantes de la empresa minera en Perú no fueron ubicados de inmediato para hacer comentarios del tema.

«Rociaron gasolina a los vehículos y procedieron a incendiarlos. Los conductores de ambas unidades, quienes fueron amenazados por los manifestantes, sufrieron daños personales y actualmente se encuentran en un lugar seguro, siendo atendidos para verificar su estado de salud», dijo Las Bambas.

La Defensoría del Pueblo informó en un reciente reporte sobre conflictos sociales que organizaciones sociales de Espinar iban a comenzar el 15 de julio una protesta exigiendo un bono solidario de 1.000 soles (285 dólares) a la minera Antapaccay.

Las Bambas de MMG Ltd, propiedad de China Minmetals Corp [CHMIN.UL], produce unas 400.000 toneladas de cobre al año, o cerca del 2% de la extracción global del metal. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
(Reporte de Marco Aquino)
https://es-us.noticias.yahoo.com/manifestantes-per%C3%BA-queman-veh%C3%ADculos-minera-130336268.html

Queda al voto solicitud de quiebre del Juicio Oral
Defensa legal de Agricultores del Valle del Tambo, solicita quiebre del
Juicio Oral por no garantizarse el debido proceso judicial en Audiencia
Virtual
Para el 9 del presente mes, se programó el reinicio del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del
Tambo, que participaron de la protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal
(año 2015), el mismo que se había iniciado el 3 de marzo de este año e interrumpido por la
declaratoria de estado de emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente
en este proceso penal, hizo pública su sorpresa y preocupación por la precipitada reprogramación
de reinicio de este juicio oral. Ello, al considerar que no se habían superado los riesgos de un
probable incumplimiento de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso
judicial, en atención a la complejidad procesal que representa este caso.

Al iniciarse la Audiencia, la Presidencia del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de
Arequipa, a cargo del Juicio Oral, formuló una serie de apreciaciones en el sentido de señalar si en
las condiciones en el que se reiniciaría este Juicio Oral se podría llevar a cabo un buen proceso y
llegar a “… buen Puerto …”. Trasladando sus reflexiones a los abogados de las partes para que
expresen su opinión sobre ello.

Al respecto, la representante del Ministerio Público y el abogado de la Procuraduría Pública del
Ministerio del Interior expresaron que en su opinión si se podía llevar a cabo un correcto juicio oral
hasta dictarse la sentencia.

Los abogados defensores de algunos de los acusados expresaron su preocupación por las
dificultades que genera la comunicación virtual y solicitaron la suspensión del proceso judicial.
A su turno, David Velazco Rondón, en representación de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo
y la Paz – FEDEPAZ y abogado de 5 de los agricultores que vienen siendo Juzgados injustamente;
señaló que, en efecto, se evidenciaban graves problemas procesales que se generan en una
audiencia judicial virtual o por video conferencia. Debido a que no hay una relación directa entre los
magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco
con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal.

Agregó que no cabía duda alguna que las audiencias, por más esfuerzo de ampliarlas que se pueda
hacer, limitaba seriamente la observación del público en general, por lo cual no se verificaba el
necesario cumplimiento de la publicidad del juicio oral que es otra exigencia de carácter fundamental
(el control público en la administración de justicia) para calificarlo como que está dotado del debido
proceso judicial.
Precisó que tampoco las partes podrían realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción
debido a que por más que se trate de una video conferencia en “tiempo real”, las partes no
necesariamente tienen la misma posibilidad de cuestionar, refutar, etc., argumentaciones de otras de las partes o formular oportunamente objeciones a las preguntas impertinentes que se pudieran
formular a los testigos, peritos, acusados, etc..
A continuación expresó que si bien el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también,
una manifestación del debido proceso judicial, éste no se puede desarrollar en un juicio oral sin que
estén presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresión del debido proceso judicial.

En ese sentido, solicitó al Primer Juzgado Penal Colegiado Superprovincial de Arequipa (Expediente
2545-2015) el quiebre del Juicio Oral hasta que la emergencia nacional sanitaria por el Covid-19 sea
superada y permita la realización de un Juicio Oral con la presencia física de las partes, que garantice
el respeto al debido proceso judicial.

Al respecto, dicha solicitud de quiebre del Juicio Oral quedó al voto (decisión) de los magistrados del
antes referido órgano jurisdiccional, decisión que dará a conocer el 17 del próximo mes, fecha en la
que se ha programado una nueva sesión del Juicio Oral de manera virtual.

Lima, 20 de julio de 2020
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Según lo informado, el accidente provocó que 37.000 m3 de relaves cayeran al río, afectando a la vecina localidad de Expansión.
NEGOCIOS E INDUSTRIA
17/07/2020
Una compleja situación se vive en el río Mantaro, de Perú, luego que el pasado 10 de julio colapsara una fosa de relaves de la Mina Cobriza, en el distrito de San Pedro de Coris, Departamento de Huancavelica

Según lo informado por los medios peruanos El Comercio y Cuarto Poder, el accidente provocó que 37.000 m3 de relaves cayeran al río, afectando a la vecina localidad de Expansión.

Las autoridades indicaron que se esperan los estudios de laboratorio para conocer la magnitud de la contaminación.

Más información en el siguiente link de El Comercio: https://elcomercio.pe/videos/pais/rio-mantaro-es-contaminado-con-miles-de-litros-de-relave-nnav-amtv-video-noticia/