Argentina

Villa Allende: el camino a San Fernando cerrado y un conflicto que espera salida

El municipio solicitó a Vialidad Provincial que se expida sobre si esa vía es pública o privada, pero aún no obtuvo respuesta. Por eso acudió al gobernador. Vecinos y ambientalistas denuncian el cierre con tranqueras por parte de la empresa minera que amplió su área de trabajo en esa zona de Sierras Chicas.
El camino, cerrado con tranqueras (Gentileza Miguel Lobos)
BENITA CUELLAR
28/07/2020
El municipio de Villa Allende solicitó al Gobierno de la Provincia, mediante una carta que lleva la firma del intendente Eduardo Romero, que interceda ante la Dirección Provincial de Vialidad para que resuelva con urgencia si el camino S522, que une históricamente esta ciudad con el paraje San Fernando, es público o es privado.

La petición surge a raíz del continuo reclamo que vienen realizando vecinos y ambientalistas del sector sobre la posibilidad de que la minera El Gran Ombú, con actividad en el sector, cierre ese camino que pasa por la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende y tiene conexión con el cerro Pan de Azúcar.

Además, la Municipalidad aclara que la insistencia de esta solicitud de información tiene sustento en las decisiones de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, mediante resolución 127 de 2015, y de la Secretaría de Minería, por resolución 31 del mismo año, que aprobaron la explotación minera por parte de esa empresa en una superficie de 110 hectáreas.

El secretario de Gobierno municipal, Nicolás García, afirmó a La Voz: “El pedido se hizo junto al Concejo Deliberante ya que Vialidad no respondió nuestras notas. La explotación está autorizada desde el año 2015. La minera ya está concluyendo la primera etapa y tiene permiso para explotar la segunda y la tercera”.

Pero para iniciar estos trabajos mineros, antes Vialidad debe resolver el tema del camino a San Fernando con una traza alternativa de “by pass” en ese sector.

“Entendemos lo de la cuarentena pero queremos que se expida urgente. Nosotros defendemos la postura de los vecinos de preservar el camino como público”, añadió García.

El camino, cerrado con tranqueras (Gentileza Miguel Lobos)
Patrimonio municipal

La zona, atravesada por el camino S522, tiene una gran riqueza natural, ya que allí se encuentra la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende creada en 2002 y protegida por ley.

Además conserva antiguos asentamientos de comechingones que forman parte del patrimonio histórico y cultural, empadronados por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

En el lugar viven alrededor de 10 familias, en campos colindantes a las hectáreas que compró la minera. También es usado por cuerpos de seguridad y rescate, deportistas y visitantes.

Desde 2010, vecinos y diversas organizaciones ambientalistas vienen denunciando que la empresa fue colocando carteles de propiedad privada en distintas instancias. Y desde fines de 2019 los volvió a colocar prohibiendo el paso.

El 25 de julio de 2020 los propietarios cerraron el camino con tranqueras.

Por eso, el Consejo Municipal Ambiental de Villa Allende reforzó la acción preventiva judicial, presentada en junio pasado contra Vialidad y la empresa por daños en el Juzgado de 44° Nominación Civil y Comercial, con una nueva denuncia adjuntando un registro fotográfico.

Además solicitó que se retire la cartelería actual y se coloque una nueva aclarando que el camino es público.

“Desde 2012 la cantera pone en duda si es público o no por la compra de campos de ambos lados”, indicó Joaquín Deón, geográfo e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas.

Asimismo señaló que se reunieron con la Secretaria Legal y Técnica del organismo, Mariana Fatum. «Nos planteó que se necesitan juntar las pruebas y que consideran la posibilidad del cierre de camino”, aclara Deón.

En tanto, este jueves 30, el Consejo Ambiental se reunirá junto a técnicos y abogados para definir estrategias para que los más de 70 bienes naturales y culturales se conviertan en patrimonio municipal, proyecto que ya fue presentado ante el Concejo Deliberante municipal.

Las respuestas

El Gran Ombú se instaló fuera de la reserva en 1987. Y en 2011 y 2019 compró nuevos campos para ampliar el trabajo minero ya dentro de la reserva. Para hacerlo debe atravesar el camino de San Fernando. Y este es el punto del conflicto.

El gerente institucional de El Gran Ombú, Pablo Serrano, señaló a La Voz: “Nuestro mayor compromiso es que no vamos a cerrar el camino. Sobre todo, garantizamos la seguridad de los vecinos”.

A su vez, aclaró: “Mantuvimos la actividad tal cual lo hicimos en una primera instancia dentro del yacimiento. No desarrollamos ninguna actividad en el camino que tenga que ver con la apertura de nuevas picadas”.

El gerente de la minera pidió llevar tranquilidad a la comunidad “hasta tanto se expida Vialidad para saber cuáles son las condiciones y de qué manera vamos a trabajar, y una vez que esto suceda convocaremos a una mesa de diálogo entre las partes”.

Por su parte, las autoridades de Vialidad informaron a este medio que están trabajando en el tema ajustándose a todas las normativas.

Además, aclararon que el trabajo que llevan a cabo es minucioso y no tienen plazos para una resolución.
https://www.lavoz.com.ar/regionales/villa-allende-camino-a-san-fernando-cerrado-y-un-conflicto-que-espera-salida

Perú

ESPINAR Y EL BONO UNIVERSAL

PRONUNCIAMIENTO
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Alvaro Franco- Ojo Público
La crisis económica originada por el COVID ha afectado la economía de todos los peruanos, y probablemente no salgamos de esta situación en el corto plazo. Además, esta pandemia ha terminado por reflejar de la forma más cruda posible las profundas desigualdades y brechas que existen en el país, y también un Estado débil y poco eficaz para poder atender todos estos problemas, un Estado que se ha visto sobrepasado por la situación.

Pero hay sectores de la población que soportan con mayor rigor y dureza la crisis generada por la pandemia, como es el caso de las poblaciones rurales y las comunidades indígenas del país. El caso de la provincia de Espinar no es una excepción al caso. Lo paradójico de Espinar es que, los casi 40 años de actividad minera en esta provincia no se ven reflejados en una sustantiva reducción de la pobreza, reducción de brechas o ampliación de cobertura de servicios públicos básicos; particularmente, de las comunidades que habitan en el entorno de la mina y que han tenido que soportar todos los impactos que ha generado la minería al ambiente y a la salud de sus integrantes.

Por ello, resulta comprensible que en este escenario actual de crisis económica, que amenaza directamente la subsistencia de miles de espinarenses, se haya decidido optar por aprobar un bono extraordinario de solidaridad de S/1.000, tomando parte de los fondos del fideicomiso que se creó entre la empresa minera y la provincia de Espinar en el 2003. En esa medida, consideramos que la entrega de un bono solidario con fondos del convenio marco podría constituir un apoyo importante para paliar la situación actual de todos los espinarenses y dinamizar la economía de la provincia.

Sin embargo, somos conscientes que el otorgamiento de este bono no termina de resolver los problemas de fondo de la provincia de Espinar. Ello conlleva que el Estado deba asumir una mayor responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar el acceso a bienes básicos, particularmente en este contexto de crisis sanitaria.

Además, otra cuestión que también requiere ser puesta sobre la mesa a partir de esta última crisis ocurrida en Espinar, es que se requiere una profunda reestructuración del Convenio Marco, el Comité de Gestión y en general la forma cómo se han venido manejando. No existe mayor información sobre los usos que se le ha venido dando a este fondo social, ni sus impactos en términos de desarrollo o mejoramiento de vida de la población. La falta de transparencia ha generado un total desprestigio de este convenio, y que, cabe recordar, no fue un regalo de la empresa sino consecuencia de las luchas sociales de los y las espinarenses para que los ingresos generados por la minería pudieran reflejarse en una mejora de sus condiciones de vida.

En consecuencia, esperamos que prime la sensatez y se pueda llegar a un diálogo y acuerdo consensuado que privilegie los intereses de la población en esta situación de emergencia, sin dejar de lado las medidas de mediano y largo plazo que permitan sentar las condiciones para alcanzar una convivencia pacífica y una vida digna para la población de Espinar.

Chile, Litio

Juez ambiental chileno urge por estudio de agua en “frágil” Salar de Atacama

Por Mineriaenlinea 27/07/2020
Un juez ambiental de Chile reiteró el llamado para completar un estudio sobre agua respaldado por el Estado para resolver las dudas acerca de la sostenibilidad en la extracción de recursos que afectan al Salar de Atacama, una de las mayores reservas mundiales de litio.

El agua fresca y salina, donde se encuentra el metal ligero, ha sido por mucho tiempo un punto de conflicto para las mineras en el salar, que está en el desierto más árido del mundo.

Mauricio Oviedo, presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta, una región que alberga toda la extracción de litio del país y buena parte de la producción de cobre, calificó el salar como “muy frágil”.

“El Estado de Chile (…) sería deseable que tuviese un modelo hidrológico que nos permitiera saber con mayor certeza el comportamiento del salar”, dijo en una entrevista con Reuters.

“Parece hasta de sentido común que finalmente si queremos hacer una minería sustentable en el salar, que efectivamente tengamos todos los elementos sobre la mesa”, agregó.

La corte solicitó un estudio por primera vez en diciembre, cuando cuestionó un plan de mitigación de 25 millones de dólares entregado por el productor chileno de litio SQM, diciendo que se había basado en ciencia cuestionable.

El tribunal no puede exigir un estudio del agua, pero la agencia de fomento Corfo, que supervisa las pertenencias en el salar contrató un modelo hidrológico, que se ha retrasado repetidamente desde 2018.

La medida contra SQM reavivó preocupaciones sobre la capacidad de la firma para subir la producción y satisfacer la creciente demanda de la industria de autos eléctricos. Atacama, hogar de SQM y su principal competidor Albemarle, suministra una cuarta parte del litio del mundo.

El regulador ambiental pidió a SQM un “plan de cumplimiento” tras determinar que bombeó salmuera en exceso. La compañía y el regulador apelaron la decisión de descartar el programa ante la Corte Suprema, cuyo fallo está pendiente.

Pero mientras los tribunales reflexionan sobre el destino de SQM, la incertidumbre continúa en el Salar.

“El estado del salar hoy día es el que se constata en el fallo, de alta fragilidad, de mucha incerteza del punto de vista científico”, destacó.

Para Oviedo el fallo sobre SQM genera un “precedente” y los reguladores deberían tenerlo en cuenta, así como las otras empresas que buscan desarrollar proyectos en el área.

La situación llevó a Albemarle, el mayor productor mundial de litio, a proponer en diciembre su propia red para estudiar el agua en el salar.

Los fabricantes de automóviles alemanes Volkswagen y Daimler se unieron este año a la búsqueda de una minería de litio más sostenible en Chile, una señal de las crecientes preocupaciones de la cadena de suministro antes del auge esperado de los vehículos eléctricos.

Reuters

Juez ambiental chileno urge por estudio de agua en “frágil” Salar de Atacama

Mexico

Culpa exdirector de JAPAC al alcalde de conflicto con Minera Adularia

Felipe Vargas se deslindó del problema ecológico y la molestia social derivado de la presencia de la compañía al poniente de Comonfort
Periodico Correo 27/07/2020
Daniel Moreno
Comonfort.- El exdirector de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort (JAPAC) culpó al alcalde José Carlos Nieto Juárez, del problema ecológico y el conflicto social derivado de la presencia de Minera Adularia.

Felipe Vargas Vázquez, el exdirector emitió un mensaje vía redes sociales donde se deslindó del problema asegurando que con el apoyo de medios de comunicación ‘chayoteros’ es decir, aquellos que venden espacio publicitario al gobierno de Comonfort, se creó una mala imagen en su contra.

Justamente luego del conflicto que se registró por la inconformidad de habitantes de comunidades al poniente de Comonfort por la presencia y contaminación de Minera Adularia, el alcalde José Carlos Nieto Juárez reconoció que no tuvo toda la información necesaria y algunos funcionarios le ocultaron información.

Días después Felipe Vargas fue despedido y para hablar del asunto la síndico municipal, Denisse Zarate dijo que al director se le removió por no haber presentado informes de las actividades de JAPAC en tiempo y forma como lo marca la ley.

Luego de esto Vargas Vázquez dijo que se le despidió injustificadamente y nada tuvo que ver con el caso de la minera, incluso sostuvo que la responsabilidad de haber intervenido la lleva primero el alcalde y luego Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil y al último el sistema operador de agua potable.

Vargas Vázquez manifestó que si la Contraloría realiza una investigación él está tranquilo y aseguró que pase lo que pase, saldrá bien librado.

En mayo, pobladores de comunidades al poniente de Comonfort se quejaron de que la Minera Adularia explotaba los acuíferos y contaminaba al medio ambiente por lo que solicitaron que la empresa cerrara. Posteriormente se realizaron análisis y encontraron que efectivamente contaminaba.
https://periodicocorreo.com.mx/culpa-exdirector-de-japac-al-alcalde-de-conflicto-con-minera-adularia/

Perú

Conflicto en Espinar: comunidades se enfrentan a Glencore por fondo minero

LARGA HISTORIA. No es la primera vez que la población de Espinar acata un paro indefinido contra la minera Glencore.
Foto: Álvaro Franco/OjoPúblico

26 Julio, 2020
Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.
Ralph Zapata: @ralphzapata
Alba Rivas Medina @arivme  arivasm22@gmail.com

En los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.

La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines.

Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021.

Seguir leyendo: https://ojo-publico.com/1979/espinar-comunidades-enfrentan-glencore-por-fondo-minero

Perú

Cusco: Pobladores de Espinar se enfrentan a la Policía durante protesta contra empresa minera

Más de mil manifestantes bloquean las vías de ingreso a la provincia. Además, otro numeroso grupo intentó ingresar a las instalaciones de la empresa minera Antapaccay, donde se registró los actos de violencia. Varios pastizales fueron quemados.
22/07/ 2020
Pobladores cumplieron con primer día de paro en Espinar. | Fuente: RPP Noticias
Vicegobernadora de Cusco, Delia Condo, asume temporalmente cargo tras positivo de Benavente a la COVID-19
Comuneros de la provincia de Espinar, región Cusco, protestaron y bloquearon con piedras el acceso a la localidad, como parte de las manifestaciones en contra la empresa minera de la zona, a quien piden el pago de un bono de mil soles para más de 50 mil familias.

La manifestación fue liderada por más de mil pobladores, quienes realizaron piquetes de protestas en el Puente Coporaque, Puente Huañumayo, Aeródromo, Puente Amistad y otros accesos que quedaron bloqueados.

Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando un grupo de pobladores llegó hasta el sector Tintaya Marquiri, excampamento minero de la empresa Antapaccay, donde actualmente funcionan las oficinas de la empresa.

Los pobladores lograron ingresar a la propiedad privada, lo que generó un enfrentamiento con la Policía, que se vio obligada a usar bombas lacrimógenas para dispersarlos. En medio de los enfrentamientos se quemaron varias extensiones de pastizales y la planta de bombeo de agua potable de la empresa minera fue incendiada.

El dirigente Fredy Llaique, en diálogo con RPP Noticias, manifestó que hoy estaba planificada una nueva reunión entre los miembros de la presidencia del Consejo de Ministros y los integrantes del Convenio Marco de Espinar, para conocer alcances de este bono, pero ellos no fueron invitados.

“No nos han invitado y cualquier tipo de acuerdo que se lleve el día de hoy nosotros lo vamos a desconocer. El pueblo va a desconocer todo esto. Es lamentable también el actuar del alcalde. Esperemos que esto no pase a la tercera fase. Ahora estamos en la segunda fase de lucha. La Tercera fase es el cierre de la mina. Esperamos que el estado pueda intermediar en esto, pero siempre hablando con el pueblo”, expresó.

Los pobladores permanecen, de manera pacífica, en algunos puntos de las manifestaciones, pero anunciaron que de no ser escuchados seguirán con sus medidas de lucha en las próximas horas.

Minera responde

A través de un Comunicado la empresa minera Antapaccay rechazó los actos violentos en su campamento y pidió más respeto para los trabajadores que se encuentran laborando en el lugar y enfatizó que seguirán apoyando a las familias más humildes de la provincia de Espinar.

Sin embargo, lamentó que producto del incendio de la casa de bombeo ubicada en la zona de Camaccmayo, los poblados de Tintaya-Marquiri se hayan quedado sin agua, por tiempo indefinido.

La Policía se mantiene alerta a las protestas y bloqueos de vías en la zona.

¿Por qué se genera la protesta?

La protesta se desató y se convirtió en un “paro indefinido” porque ni los pobladores ni la empresa llegan a un acuerdo, luego que la Municipalidad de Espinar firmara un convenio con la empresa Minera Antapaccay para entregar el 3% de sus utilidades mensuales.

La municipalidad se comprometió a utilizar este dinero en proyectos de desarrollo para la comunidad, pero la población planteó que mejor ese dinero sea entregado a cada familia que quedó desempleada y sin recursos durante la emergencia por el nuevo coronavirus.

La empresa minera no aceptó, y ofreció internet gratis para todos y apoyos económicos a microempresarios, pero los comuneros no aceptan

Varios pastizales fueron quemados. Además se incendió la planta de bombeo de agua de la empresa. | Fuente: RPP Noticias

Los pobladores exigen que se les pague mil soles a cada familia. | Fuente: RPP Noticias
https://rpp.pe/peru/cusco/cusco-pobladores-de-espinar-se-enfrentan-a-la-policia-durante-protesta-contra-empresa-minera-noticia-1282018

Colombia

“Proyecto minero sí afectará agua de Bucaramanga”: Alcaldía

23/07/2020
Según un estudio de la Alcaldía de Bucaramanga, es falso que exista desconexión en el agua que llega a la ciudad y la que se utilizará en la ejecución del proyecto, lo cual sí traerá consecuencias para el abastecimiento del líquido.
Marco Valencia / VANGUARDIA
Para la Alcaldía de Bucaramanga, la ejecución del proyecto minero en Soto Norte sí traerá afectaciones en el Páramo de Santurbán y el agua de la ciudad. Así lo sustentan en el primer informe de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Explotación de Minerales Auroargentiferos Soto Norte.

En el estudio participaron la Administración Municipal, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, y el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y la Alcaldía de California.

Lea acá el informe de impacto ambiental del proyecto. https://www.vanguardia.com/sites/default/files/multimedia/especiales/INFORME_MINESA.pdf

De acuerdo con Carlos Sotomonte, asesor de temas ambientales de la Alcaldía de Bucaramanga, el informe es un análisis de los elementos y riesgos insubsanables que tiene el proyecto.

“Dentro de los hallazgos que arrojó el informe denota que Bucaramanga no está desconectado hídricamente del proyecto Soto Norte. Minesa ha venido diciendo que hay un basamento cristalino; es decir, una roca que no permite la filtración del agua, que la zona del proyecto está aislada y no afecta las aguas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Eso es un cuentazo”, aseguró Sotomonte.

Según el funcionario, en un análisis isotópico, realizado por el geólogo Luis Eduardo Toro, se ratificó que sí existen conexiones entre las aguas impactadas por el proyecto y las que van al río Suratá, que abastece al amb, el cual se verá gravemente afectado por la minería.

Desabastecimiento de agua

Pero estos impactos le pasarán factura al agua de la capital santandereana. De acuerdo con el informe presentado por el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, en el futuro habría un desabastecimiento hídrico para la región.

Y es que, según el Estudio Nacional de Aguas de 2018, Bucaramanga se encuentra en un estado crítico de desabastecimiento hídrico; es decir, que la cantidad de agua que aportan los ríos están al límite que demanda los ciudadanos y actividades productivas.

Entonces, como indican los expertos en el informe, al existir una conexión en las aguas impactadas en el proyecto con las que se surte la ciudad, sí se afectaría el líquido para los más de 1’200.000 habitantes.

Otra de las afectaciones que traería el proyecto minero, según reveló el informe, es a la flora y fauna que está en el Páramo de Santurbán.

Este lugar cuenta con más de 450 tipos de especies de flora y 290 de fauna, en su gran mayoría endémicas, por lo cual es imposible que se desarrollen en otro ecosistema.

Según el primer informe de observaciones al EIA para el Proyecto de Explotación de Minerales Auroargentiferos Soto Norte, su ejecución impactaría a 60 tipos de especies de flora y fauna. “Estamos hablando de una afectación a la biodiversidad”, dice Sotomonte.

Pero sumado a lo anterior, para el asesor ambiental, ni lo económico compensaría todo el daño que tendría la minería en Soto Norte.

“Tampoco nos vamos a volver ricos. No hemos intentado hacer un análisis de que, si nos dan más dinero, porque nada responde al impacto ambiental. El informe dice que entre 10 y 15 mil millones de pesos le llegarían anualmente a Santander en regalías; digamos que fueran 20 mil millones, dividido en los dos millones de habitantes serían 10.000 pesos al año, aproximadamente. Ni siquiera así es significativo para la economía regional. Pero si se hace el proyecto y nos quedamos sin agua, tendríamos que ejecutar un nuevo proyecto, que costaría 200 millones de dólares, y de dónde lo sacaremos”, puntualiza Sotomonte.

Minesa por el momento no hará ningún pronunciamiento, pues se encuentra revisando el documento.

Por su parte, Erwing Rodriguez-Salah, accionante de la Sentencia T3-61 y ambientalista, asegura que en el ‘conflicto ambiental-minero’ que se ha suscitado alrededor de Santurbán se ha demostrado que los proyectos megamineros que, aunque queden ubicados por fuera de la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, quedan ubicados por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano son inviables e indefendibles desde todo punto de vista empezando por el legal.

“Así como tuvimos que pedir la protección de nuestros derechos vulnerados en el proceso de la delimitación de Santurbán de la Resolución 2090 (2014), acudiremos a los estrados judiciales, si se llegan a otorgar licencias para la explotación minera por encima de las bocatomas de nuestro acueducto”, puntualizó Rodríguez-Salah.

Cátedra del agua
Basado en el informe anteriormente expuesto y con el objetivo de construir acciones de socialización con la comunidad se diseñó la Cátedra del agua.
A través de este documento, de manera pedagógica y técnica, se pretenden explicar los hallazgos que sustentan por qué no se debe ejecutar este megaproyecto en Soto Norte.
“Con el documento queremos abrir ese gran debate de discusión donde explicamos por qué rechazamos de manera enérgica y categórica el proyecto minero”, reiteró Cárdenas.
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Publicado porLuisa Fernanda Ruiz Villamizar
https://www.vanguardia.com/economia/local/proyecto-minero-si-afectara-agua-de-bucaramanga-alcaldia-EA2662789

Perú

¿OTRO PROBLEMA MÁS PARA ESPINAR?

Leonidas Wiener R.
23/07/2020
Foto: Captura de pantalla de videoreportaje de Vidal Merma
Desde hace más de una semana se vive una situación de emergencia social en la provincia de Espinar, Cusco, que se suma a otros múltiples episodios conflictivos en la zona relacionados con la empresa minera Antapaccay, perteneciente a la multinacional suiza Glencore. En esta ocasión, las acciones de protesta se han originado por la negativa de la empresa a cumplir con el acuerdo del Comité de Gestión del Convenio Marco, que consiste en la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia[1].

En este contexto actual de violencia y enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en Espinar, el Poder Ejecutivo emitió el 22 de julio la Resolución Ministerial 174-2020-PCM que conforma el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario”.

Para contextualizar este punto, las 13 comunidades originarias mencionadas son parte de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente busca expandirse en el proyecto Coroccohuayco. 10 comunidades pertenecen a la zona de influencia Tintaya – Antapaccay, y 3 corresponden a Coroccohuayco. Como una forma de viabilizar la ejecución de este último proyecto, el Gobierno anunció en noviembre del año pasado que se iba a implementar un proceso de consulta. Las reuniones preparatorias se iniciaron en enero de este año, siendo suspendidas por la pandemia.

Sin embargo, en este proceso las 13 comunidades no han caminado juntas: se formó un bloque de 11 comunidades, que se autodenomina “Asamblea Multicomunal por la consulta previa en Espinar”; las otras 2 restantes, Pacopata y Huini Coroccohuayco, decidieron seguir un proceso paralelo porque sus demandas se orientaban a que se ponga en consulta los contenidos de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Ampliación Coroccohuayco. Es importante mencionar que estas 2 comunidades, junto con la comunidad madre Huano Huano, representan la zona de influencia social directa de Ampliación Coroccohuayco, y la ejecución de este proyecto minero integrado generaría el reasentamiento de estas 3 comunidades.

Por tales razones, los avances en el proceso de implementación de la consulta para Coroccohuayco no han sido los mismos para todas estas 13 comunidades: con las 11 se avanzó en la aprobación del plan de trabajo, pero no ha sido así en el caso de Pacopata y Huini Coroccohuayco.

Con estos antecedentes, el 16 de julio de este año se realizó una reunión en la ciudad del Cusco entre representantes de la PCM, MINEM y MINCUL con la Asamblea Multicomunal. El motivo de dicha reunión era reanudar las actividades de la consulta previa suspendidas por la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión no fueron las 11 comunidades. La gran ausente fue la comunidad Alto Huarca, que emitió un comunicado el 21 de julio desmintiendo que sus representantes hayan acudido a la reunión del 16 en Cusco y que tampoco avalaban los comunicados emitidos por la Asamblea Multicomunal tras dicha reunión con el Gobierno.

¿Por qué alto Huarco sacó un comunicado de esta naturaleza? El 13 de julio la Asamblea Multicomunal había comunicado su decisión de suspender su participación en el Comité de Gestión del Convenio Marco, en un momento en el cual se venían teniendo negociaciones con la empresa para la entrega del bono solidario. Luego el 16 tuvieron la reunión en Cusco, y esto fue interpretado por diversos sectores de la población de Espinar como una traición a la causa principal de lucha relacionada con la entrega de este bono solidario. El comunicado de Alto Huarca parece que va en esa línea de deslinde, y plantea las brechas que existen al interior de la Asamblea Multicomunal por la posición que ha tomado la dirigencia y los asesores de este grupo de comunidades en torno a su participación en el Comité de Gestión del Convenio Marco y los esfuerzos que han venido realizando otros sectores de la población de Espinar para la entrega del bono solidario.

En esa medida, ¿este Grupo de Trabajo aprobado por el Gobierno puede contribuir a destrabar la situación de conflicto social en Espinar? No, porque como señala el objeto de la norma que la aprueba, esta se orienta a “Desarrollar acciones orientadas a evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario”. La norma no precisa qué tipos de daños se van a evaluar en el ámbito de estas comunidades, ¿a los generados por la antigua mina Tintaya, por su sucesora Antapaccay?, o si estos están relacionados con la contaminación provocada por años de minería o las afectaciones a la salud de cientos de personas afectadas con metales pesados en su organismo ¿Por qué ahora se decide formar la comisión respecto a impactos que siempre se han denunciado y nunca atendido?

Para cumplir esas metas, la norma señala que el Grupo de Trabajo se compone de representantes de diversos sectores (MINAM, MINEM, MINSA, OEFA, etc.) y también del GORE Cusco y la Municipalidad Provincial de Espinar. Sin embargo, de los 14 miembros de este Grupo de Trabajo, solo se ha considerado a 2 representantes de las 13 comunidades en cuestión, lo cual representa una desproporción absoluta por el sentido y la finalidad de este Grupo de Trabajo. Además, si el Gobierno sabía de antemano que este grupo de 13 comunidades no formaban un solo bloque único, como se ha descrito líneas arriba, ¿no se pudo prever que destinar solo 2 representantes para las 13 comunidades iba a generar problemas de representación y conflictos entre las mismas comunidades?

Como se indicó al inicio de este artículo, lo que viene ocurriendo en Espinar es el último capítulo de años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas que tuvieron el control de la mina que no se han comportado con responsabilidad para respetar los derechos humanos de las comunidades y de la población de Espinar en general. Lamentablemente, medidas como la creación de este Grupo de Trabajo pareciera no permitirán modificar esta situación compleja y tensa en la provincia en el corto plazo.

[1] Como se recordará, existe un Convenio que fue suscrito en el 2003 para destinar 3% de utilidades de la empresa para financiar proyectos de inversión social para la provincia. En 2012 hubo una escalada muy violenta que derivó en muerte de 4 personas, y tuvo como uno de sus principales motivos el pedido para aumentar el porcentaje destinado por la empresa para alimentar este fondo social.
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Chile

Andes Copper en Putaendo: Años de ilegalidad premiados por las instituciones

El conflicto entre la minera canadiense Andes Copper y la comunidad de Putaendo se inicia tras años de operaciones ilegales. En octubre de 2008 su proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” fue calificado como desfavorable por la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, iniciando una historia de ilegalidad y lobby agresivo a manos de consultoras como Imaginacción y Azerta, caracterizado por la invisibilización de la comunidad de Putaendo en su derecho de incidir en las decisiones sobre su territorio.

Por Loreto Contreras Orellana / Investigadora asociada – OLCA

Corría la segunda semana de iniciada la primavera de 2016 y la comunidad de Putaendo entraba en alerta. El 28 de marzo de dicho año, uno de los directores de la compañía minera Los Andes Copper, Eduardo Covarrubias Noé, había expuesto en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso para presentar dos proyectos en la provincia de San Felipe.

Desde la compañía tenían planificado instalar en la comuna de Putaendo una central hidroeléctrica de paso, de aproximadamente 28 megawatts, que se ubicaría en el río Rocín y cuya energía sería vendida al Sistema Interconectado Central; y una mina de cobre y molibdeno que ya estaba en fase exploratoria.

Sin embargo, el conflicto entre la minera canadiense y la comunidad de Putaendo se inicia antes, tras años de operaciones ilegales. El 20 de febrero de 2008, la empresa había ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El proyecto fue rechazado en octubre del mismo año luego de que la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, resolviera calificar desfavorablemente el proyecto.

En julio de 2016 con la amenaza de la instalación de estos nuevos proyectos y las sospechas de habitantes de Putaendo, se empezaron a evidenciar las consecuencias de las acciones de la empresa, las que se ejecutaban sin el permiso ambiental necesario. El informe sobre el monitoreo de aguas del embalse Chacrillas, encargado al laboratorio Hidrolab, arrojaba la presencia de altas concentraciones, fuera de la norma, de metales pesados como aluminio, cobre, fierro y manganeso en las aguas.

Cabe señalar que, en agosto de 2015 las organizaciones locales y la Junta de Vigilancia del Río ingresaron la primera denuncia formal a la institucionalidad ambiental, acción que se repitió en noviembre de dicho año. A su vez, en abril del año siguiente– entre la presentación de los proyectos por Covarrubias y la publicación del informe de Hidrolab, se presentó otra denuncia, así como en julio y octubre. Además, el 16 de marzo de 2016 se inició un sumario sanitario contra Andes Copper “por severas deficiencias en el suministro de agua potable y alcantarillado, funcionamiento de un casino sin los permisos respectivos y manejo inadecuado de residuos peligrosos”.

La entonces seremi de Salud, María Graciela Astudillo, indicó que “la determinación se tomó luego de una fiscalización de un equipo de la oficina provincial de Aconcagua y previa petición de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo”. Seis meses después la Coordinadora Putaendo Resiste realizaba una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) debido a las faenas ilegales de la empresa que no contaban con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Luego, en noviembre, la Dirección General de Aguas (DGA) sancionaba a la Minera Vizcachitas por la “extracción de aguas superficiales” de la Quebrada Cortadera pese a no contar con derechos sobre las mismas.

Sin embargo, recién el 17 de abril del 2017 la SMA formula cargos contra Los Andes Copper por falta gravísima ante la realización de trabajos de exploración y prospecciones. Con eso se inicia un proceso de sanción que se suspende cuando, de forma expedita, se aprueba un Programa de Cumplimiento en diciembre de ese año. ésto permitió que la empresa presentara medidas para modificar o regularizar su funcionamiento, que hasta esa fecha, y durante más de diez años, había construido al menos 89 plataformas de sondaje de manera irregular al no contar con una RCA[1].

El agresivo lobby de Los Andes Copper por Vizcachitas

Desde el 16 de junio de 2015 al 19 de junio de 2020 se han realizaron 80 audiencias, registradas en InfoLobby y catastradas en el informe El Agresivo Lobby de Minera Andes Copper por proyecto Vizcachitas en Putaendo, Región de Valparaíso realizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), donde se detallan las audiencias entre directivos de la Minera Vizcachitas, sus asesores lobistas y distintas autoridades de gobierno de carácter nacional, regional, provincial, municipal y parlamentario. Llama la atención también los niveles jerárquicos dentro del gobierno a los que apuntan: ministros, subsecretarios de distintas carteras ministeriales, directores de servicios a nivel nacional y regional, intendente y gobernador. Se incluyen, también, alcaldes, senadores y diputados de la Región de Valparaíso.

Además se puede correlacionar los periodos en que la empresa enfrenta procesos de sanción ante la SMA y la tramitación de sus proyectos en el SEIA – una DIA de “regularización” y otra DIA con la ampliación de sondajes-, y la intensidad de reuniones con autoridades políticas del gobierno y altos directivos de los Servicios Públicos involucrados en la evaluación.

En mayo de 2018 la Minera Vizcachitas Holding ingresa la DIA “Regularización de plataformas de sondajes mineros, sector Las Tejas” con el fin de modificar el proyecto original de prospección minera desarrollado entre 2005 y 2007, y a la vez regularizar – de manera retroactiva- las faenas de sondajes realizadas entre 2015 a 2017, que se llevaron a cabo de forma ilegal ya que no fueron sometidos a evaluación ambiental. Un mes después el municipio de Putaendo denuncia a la empresa por construcción ilegal de campamento minero ante el Juzgado de Policía Local.

Paralelamente en las sombras de la institucionalidad, de acuerdo al mencionado informe del OLCA, desde mayo a julio de 2018, los gestores y lobistas sostienen 16 reuniones. Durante este breve periodo en la historia de abusos Los Andes Copper son recibidos por Javier Puiggros Vogel militante de Evópoli y quien fue seremi de Economía, el actual gobernador de la Provincia de San Felipe, Claudio Rodríguez Cataldo; también con los diputados por el Distrito Nº6 Luis Pardo Sáinz y Pablo Kast Sommerhoff, y en dos ocasiones se reúnen con Leopoldo Valenzuela Berton, seremi de Minería. Asimismo con Juan Ladrón De Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Corfo, Mario Méndez Allendes, jefe de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud, Humberto Lepe Tarragó, seremi de Agricultura, el ministro de Minería Baldo Prokurica, María Victoria Gazmuri Munita, seremi de Medio Ambiente, Pablo Mira Gazmuri quien fue director regional de la Conaf en Valparaíso, María Violeta Silva Cajas, seremi de Trabajo y Previsión Social, Valentina Stagno Gray, seremi de la Mujer y la Equidad de Género; también con el Director Ejecutivo del SEA Hernán Brücher, y finalmente con el CORE Percy Marín Vera.

Llama la atención que en varias reuniones aparezca personal de destacadas consultoras de Lobby como Imaginacción del ex Ministro y dirigente político Enrique Correa, también la presencia de María Cristina Bitar de Azerta, dueños de dos de las empresas de gestión de intereses más “destacadas” de la plaza en la actualidad. Una mención especial merece la oficina de abogados Moreno, Sáez & Avilés Abogados, donde uno de los socios del estudio jurídico, Sebastián Avilés Bezanilla está a cargo de la actual asesoría legal a Vizcachitas. Se trata de un abogado con trayectoria en otros estudios especializados en minería y que también ejerció en altos cargos dentro del SEA y de la SMA. Una situación similar se da con la asociada de esa oficina, la abogada Magdalena Prieto Pradenas.

En marzo de 2014 El Mostrador publicó el reportaje Tironi, Correa y los otros: la mano de los consultores en el freno a la agitación social, radiografía del mundo del lobby y sus nuevas narrativas tras sus derrotadas gestiones en Aysén y Freirina. El creador de la franja del NO, tras dejar la dirección de Comunicaciones del Gobierno de Aylwin crea en 1994 a Tironi y Asociados, y entre sus clientes destacan Endesa; Minera Los Pelambres del grupo Luksic; Arauco de Angelini, y Codelco. Gestión Social, que es su otra firma fundada en 2004 y presidida por él, ha asesorado a HidroAysén, Colbún, Esval y Essbio.

Según las indagaciones del periodista Nicolás Sepúlveda, en una segunda posición de mercado, a partir de los comentarios de miembros del mundo del lobby, está Enrique Correa con Imaginacción Consultores que ha trabajado con el proyecto de termoeléctrica Castilla, del brasilero Eike Batista, la termoeléctrica Octopus, de Australis Power, y la central de paso Alto Maipo de AES Gener, entre otros. “Si bien las asesorías de Correa se centran en el lobby y en el respaldo comunicacional, también tiene una pata en los llamados “asuntos públicos”, que se relacionan con los conflictos territoriales que enfrentan los proyectos. Ahí uno de los nombres que resalta es el de Juan Carvajal, ex director de la misma Secom en el primer Gobierno de Bachelet, quien figura como consultor asociado” precisa Sepúlveda en su investigación en 2014.

Uno de los directivos de una consultora, que pidió resguardo de su identidad, señaló que “Al final, la intervención en las comunidades es puro hacer política. Es política pura y dura. Se trata de convencer, de ganar discusiones y de intervenir la realidad. Por eso ya no sirven tanto las niñitas rubias de la Universidad Católica que llegan en tacos a los poblados. Ahora se requiere de gente que tenga calle, y que sepa meter las patas en el barro. Porque, en definitiva, los vecinos de las comunidades son un actor que se disputan las empresas interesadas en aprobar un proyecto, y los grupos de activistas que se oponen, muchas veces por razones ideológicas, a estas iniciativas” contaba por ese entonces el directivo, además de mencionar que lo que pagan las grandes empresas a las consultoras por su asesoría depende de la experiencia que estas luzcan, y de los contactos que puedan desplegar en el aparato público. Por eso destacan Tironi y Correa, que trabajan con ex funcionarios del Estado y personas con experiencia política.

Camaleónicos en lo público/privado

María Cristina Bitar Maluk

El 13 de abril de 2020, en plena crisis social y sanitaria a causa de la Covid-19, se realiza la audiencia entre la lobista María Cristina Bitar Maluk de Azerta y el gestor de Vizcachitas Holding, Sebastián Avilés Bezanilla con Oscar Cristi Marfil, Director General de Aguas, evidenciando que al igual que las actividades extractivas, las gestiones pro minería tampoco han cesado durante este periodo especial. El motivo de la reunión: Status Proyecto Vizcachitas.

Según precisa la descripción de Cristina Bitar en el sitio web de Azerta, consultora de la que es socia, es economista de la Universidad de Dartmouth, MBA de la Universidad de Chile y Tulane University. Además directora de AFP Provida, columnista del diario La Segunda, consejera de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo; fundadora y consejera de Comunidad Mujer y desde 2008 forma parte del grupo de Young Global Leaders del World Economic Forum.

También ocupó el cargo directora ejecutiva de Hill & Knowlton Captiva, agencia que fundó con Pablo Zalaquett, posteriormente formalizado por el Caso Penta. De 2004 a 2008 fue miembro del Círculo de Marketing de Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) y en 2005 se desempeñó como jefa de campaña del candidato presidencial Joaquín Lavín (UDI), primo de su esposo Juan Pablo Solís de Ovando Lavín. Tras la derrota ante Ricardo Lagos lideró la campaña senatorial del miembro supernumerario del Opus Dei en 2009 que no logró ocupar el escaño por VI circunscripción.

Entre 2007 y 2009 presidió el movimiento político Independientes en Red, fue directora del departamento APEC de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1994 y 1996, bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y asesora del ministro de Hacienda entre 1992 y 1994 durante el gobierno de Aylwin. También ha sido directora de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio – AmCham Chile, de TECHO y Econssa Chile. Por último la descripción señala que integró el Comité Asesor Bicentenario nombrada por el ex Presidente Ricardo Lagos.

Pero Cristina Bitar Maluk, sobrina del ex ministro Sergio Bitar (PPD), no sólo ha destacado por su “exitosa y nutrida” influencia en asuntos públicos y privados. En enero de 2015 reconoció haber recibido dinero para campaña senatorial de Joaquín Lavín, acusando desconocimiento de su procedencia, apuntando a Ernesto Silva Bafalluy – ya fallecido-como el encargado del financiamiento.

“Nunca hasta ahora había visto ese cheque o al menos no tengo recuerdo de haberlo visto. Desde el comando deben haber avisado que estaba listo el cheque por la plata que me debía (…) No recuerdo qué gastos me fueron reembolsados”, precisó. Bitar Maluk agregó que si bien no conocía a María Carolina de la Cerda –emisora del cheque-, “sí conocí a su hermana, con quien compartí en instancias sociales por ser la señora de Pablo Wagner” (ex subsecretario del primer Gobierno de Sebastián Piñera), a quien conoció durante el periodo de campaña presidencial de Lavín”.

En una investigación del periodista Nicolás Sepúlveda publicada en agosto de 2016 en Ciper, se devela que Asesorías e Inversiones Lima, propiedad de Cristina Bitar, fue la cuarta sociedad en recibir los pagos más altos de la Sociedad Química y Minera de Chile: $185 millones. En abril de 2015, tres meses después de que la gestora declarara ante el fiscal Carlos Gajardo Pinto, SQM hizo una rectificación tributaria que sacó a la luz sus millonarios aportes a personas de todo el espectro político, en la que también figuraba la sociedad de Bitar Maluk. En enero de 2016 la Fiscalía, a través de Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), solicitó a Cristina Bitar la entrega voluntaria de la documentación contable de la sociedad entre 2009 y 2014. En febrero los detectives fueron hasta su domicilio en Vitacura para solicitarle los documentos, ya que ella era la representante legal de la sociedad, no hubo respuesta así como tampoco la primera vez en 2015 cuando la PDI llegó a su casa para citarla a declarar. Tampoco hizo llegar la información contable al Departamento de Delitos Tributarios que realizó la investigación en el SII, y en abril de 2015 simplemente no llegó a declarar ante la citación de la Fiscalía. Así es como Bitar Maluk eludió a la justicia, y posteriormente en la querella del SII, por facilitación de boletas o facturas falsas a SQM, se excluyó a la sociedad Inversiones y Asesorías Lima ya que no se logró acreditar satisfactoriamente la efectiva prestación de los servicios porque no aportó antecedente alguno.

El 28 de abril de 2018 Carlos Gajardo publicó en su twitter: “Cada día puede ser peor. Para la @FiscaliadeChile condenar por soborno en el Caso Penta era “intransable”. Así lo declaraba el Fiscal Regional Manuel Guerra en @CNNChile. Nada ha cambiado desde entonces. Que triste ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora”. ésto tras conocer el acuerdo entre los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y el Ministerio Público para evitar ir a prisión por evasión de impuesto y financiamiento ilegal de campañas políticas, principalmente de la UDI, donde la Fiscalía se comprometió a renunciar al cargo por cohecho y pidió la SII calcular la multa que deberán pagar por la evasión de impuestos.

Además se hace necesario mencionar que tras la paralización del proyecto Pascua Lama en 2013, dictado por Corte de Apelaciones de Copiapó tras acoger un recurso de protección interpuesto por comunidades locales, fue Azerta quien reemplazó a Extend, de María de la Luz, María del Pilar y Ana María Velasco, hijas de Belisario Velasco el ex ministro del Interior de Bachelet y subsecretario de la misma cartera tanto de Frei Ruiz Tagle como de Patricio Aylwin. La orden de compra del contrato por la asesoría comunicacional estratégica detallaba los servicios entre 2013 y 2014, incluía una extensión hasta 2015, y tuvo un costo de 428 millones de pesos aproximadamente, por servicios de media trainings, estudio de percepción de empresas responsables del medioambiente y seguimiento legislativo año 2013.

A principios de julio de este año las comunidades del Valle del Huasco exigieron la prohibición para que la Compañía Minera Nevada SpA, a la que pertenece Pascua Lama, no realice otro cambio de turno en la localidad de Chollay o en cualquier otro lugar de la Comuna de Alto del Carmen, debido al rol propagador de la covid-19 que ha tenido la minería.

Actualmente Azerta además de asesorar a Vizcachitas Holding tiene entre a sus clientes a la Asociación AFP Chile, Coca Cola Chile, Facebook, MasterCard, Turner, Chilevisión, CNN Chile, Ultranav, Ultramar, Tata Consultancy Services, Codelco, Transelec, Tianqi Lithium, Compañía General de Electricidad (CGE), Metrogas, Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor), Cencosud, Masisa, Aguas Antofagasta, Eletrans, Pfizer, Copsa, Alto Maipo, entre varios otros.

Flavio Candia Gallardo

Tras la renuncia de Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior en mayo de 2015, cuestionado por la entrega de boletas por $4 millones a la empresa Asesorías y Negocios SpA de Giorgio Martelli, entre otros, Candia, miembro de su “círculo de hierro” también abandona el Estado dejando de ser el encargado de la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio del Interior.

Antes de integrarse al equipo de Imaginacción en marzo de 2018, apareció como investigador de Flacso y junto a Peñailillo, cuya amistad se remonta a su periodo universitario, publicaron Descentralización : impactos y desafíos en la competitividad nacional y regional.

En su descripción corporativa en el sitio web de la consultora de Enrique Correa, mencionan que es “Ingeniero Civil Industrial con un grado de MBA. Se ha desempeñado como gerente para Latinoamérica en empresas internacionales ligadas al sector farmacéutico y agroindustrial. Además, trabajó en área de conflictos para el Ministerio del Interior”.

Actualmente es parte del equipo de Imaginacción que representa a la Compañía Minera Vizcachitas Holding con un registro de 13 audiencias, principalmente en el periodo que la empresa ingresa la DIA para Regularización plataformas de sondajes mineros, sector Las Tejas que se realizaron fuera de la legalidad.

Natalio Dorfman Liberman

Es abogado y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, ex asesor de la Secretaría General de la Presidencia cuando José Antonio Viera Gallo (PS) era ministro. Dorfman era uno de los gestores y lobistas más activos de Imaginacción por más de 10 años, hasta que en diciembre de 2019 deja la consultora. La descripción que había en el sitio web detallaba que Dorfman asesoraba “a empresas del sector transporte, telecomunicaciones, televisivo, energético, minero, eléctrico, portuario, alimenticio y de servicios”.

En InfoLobby existe registro de 97 audiencias, 23 relacionadas con Vizcachitas Holding. Desde hace un año y cuatro meses figura como socio director de Dorfman&Gattas, cuya reseña de la consultora menciona que: “Promovemos un estilo de trabajo sobrio, donde contamos con un equipo altamente profesional e integrado por una primera línea de consultores seniors de gran capacidad analítica, vasta experiencia en la industria y un profundo conocimiento del aparato público y también del mundo de la empresa”.

En la descripción de Dorfman del sitio web señalan que “Cuenta con una extensa experiencia en materia de regulación administrativa. Ha sido abogado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, Jefe de la Unidad Legal de la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana y asesor de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En esta última trabajó en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley, especialmente en áreas de trabajo y previsión social, obras públicas, transportes, telecomunicaciones, relaciones exteriores y político electoral”.

En este sentido, cabe dejar registro que otras lobistas de Imaginacción han tenido un rol permanente en las audiencias de Vizcachitas Holding. Con 19 reuniones a cuestas como lobista y 1 como gestora encontramos a Natalia Labbé Tetzner, así como con 11 audiencias a María Soledad Carlini Catalán. En representación de la empresa suelen participar Antony John Amberg con 22 audiencias como gestor y Eduardo Covarrubias Noé con 32.

Vínculos de Los Andes Copper con paraísos fiscales

En 2016 la filtración de más de 11 millones de registros secretos del bufete Mossack Fonseca, conocida como Panama Papers, reveló cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a Chile. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que participó Ciper, destacan las pertenecientes a Agustín Edwards, Alfredo Ovalle (ex presidente de la CPC), Hernán Büchi, Iván Zamorano y los controladores de Ripley y el BCI. También aparece el entonces presidente de Chile Transparente Gonzalo Delaveau Sweet, quien tras el escándalo renunció a su cargo, y que además es director de la minera Los Andes Copper.

Mossack Fonseca figuraba como agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamas vinculadas a Los Andes Copper en las que Delaveau fue directamente relacionado por su rol de director o secretario. Algunas de ellas: Turnbrook Corporation,; DK Corporation, Heatlhey International Inc., Turnbrook Mining Ltd., que en 2014 adquirió los derechos de agua no consuntivos sobre una sección del río Rocín con el fin de construir una central hidroeléctrica de paso; y Vizcachitas Ltd.

Al ser cuestionado por Ciper, Delaveau y Covarrubias Noé -también director de la minera-contestaron que no eran los beneficiarios de esas sociedades, sino que solo participaban en calidad de directores de algunas de ellas. Es más, Delaveau señaló que solo era director en Turnbrook Mining, y que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”.

Pero en 2010 se anunció el inicio de la adquisición accionaria de Los Andes Copper por parte de Turnbrook Corporation (Turnbrook Mining Ltd.), con domicilio en Bahamas, que luego llegaría a poseer el 52% de la empresa. Además en 2013, Los Andes Copper declaró tener propiedad exclusiva cinco filiales: Vizcachitas Ltd registrada en Mareva House, 4 George Street, Nassau, Bahamas, que en 1998 pasó a constituir la sociedad Compañía Minera Vizcachitas Holding, Sociedad Legal Minera San José Uno de lo Vicuña; El Tártaro y Piguchen de Putaendo en Chile; además de Gemma Properties Group Limited en las Islas Vírgenes Británicas.

Acciones más allá del lobby

En agosto de 2019 se reunieron los directores de la Compañía Minera Vizcachitas Manuel Matta y Eduardo Covarrubias Noé; el director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, José Tomás Letelier; y el gerente de Relacionamiento Comunitario, Alejandro Cassi con organizaciones de Putaendo, donde se abordó la DIA, que a esa fecha se encontraba en trámite en el SEA, y también se expusieron los repetidos compromisos de sustentabilidad por parte de la empresa y que son inviables debido a la afectación ambiental e impactos propios de la minería.

Pero lo que llamó la atención de las organizaciones socioambientales que se oponen al Gestión Social proyecto, fue la participación del seremi de Minería, Leopoldo Valenzuela Berton en una actividad organizada por la minera, evidenciando la falta de probidad del funcionario público. Valenzuela Berton ha recibido en audiencias de lobby en 3 oportunidades a los lobistas y gestores de la Minera Vizcachitas en mayo, junio y noviembre de 2018.

Otro hecho que alertó a la comunidad fue que a través de la cuenta de twitter del Ministerio de Minería se enteraron que el 15 de noviembre de 2018 el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas visitó Putaendo, específicamente el campamento Las Tejas. El ex Alcalde Guillermo Reyes señaló que fue una falta de consideración hacia Putaendo y acusó sesgo por parte de Terrazas al excluir de su itinerario a las autoridades comunales.

La coordinadora Putaendo Resiste lamentó que el subsecretario omitiera las sanciones que Los Andes Copper han recibido por parte de la SMA y la DGA, ésto a pocos días de que el Juzgado de Policía Local multara a Vizcachitas Holding y ordenara la demolición del campamento minero, posteriormente fue confirmado por la Corte de Apelaciones. Además desde la coordinadora recalcaron que el hecho evidenciaba una vez más que las instituciones del Estado está al servicio del empresariado.

últimos hechos

Pese a las movilizaciones y denuncias para el retiro del proyecto, las más de 2000 solicitudes de participación ciudadana al SEA y la petición de suspensión de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso ante la pandemia, que fue convocada con 1 día hábil de anticipación; el 20 de abril se aprueba unánimemente en modalidad online el proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”. La Comisión de Evaluación Ambiental está conformada por el Intendente Regional de Valparaíso Jorge Martínez Durán y los seremis, entre ellos Leopoldo Valenzuela Berton.

Además, el 8 de julio las organizaciones opositoras al proyecto minero Vizcachitas denunciaron una extraña representación legal no solicitada por las comunidades. “Desmentimos tajantemente la información que está circulando por algunas redes sociales sobre la representación de abogados del estudio jurídico Barros Silva Varela & Vigil a compañeros de Putaendo Resiste”, señala en una declaración esta organización.

En la publicación explicitan que “Putaendo Resiste sólo reconoce a álvaro Toro y Javiera Tapia como sus legítimos representantes, en quienes depositamos nuestra confianza por su intachable trayectoria. Además consideran que se trataría de maniobras para dividir a las comunidades que se oponen al proyecto minero de la empresa canadiense Los Andes Copper.

[1] Resolución Exenta Nº11 / ROL D-012-2017, emitida en Santiago el 28 de agosto de 2017. En virtud del art. 35, letra b de la Ley 20.417.

Putaendo contra la gran minería: un caso demostrativo del funcionamiento del SEIA en tiempos de pandemia

https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/17/andes-copper-en-putaendo-anos-de-ilegalidad-premiados-por-las-instituciones/

Criminalización de la protesta, Internacional

DEBEMOS DEFENDER A LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE.

MARIE-AMÉLIE BRUN, 23/07/2020

Los defensores del medio ambiente y los activistas enfrentan riesgos cada vez mayores para sus medios de vida y sus vidas en todo el mundo, incluso en Europa.
Marie-Amélie Brun informa sobre un grupo de trabajo de la ONU que está desarrollando un mecanismo para protegerlos.

Los defensores del medio ambiente están en la primera línea de la protección del medio ambiente. Desempeñan un papel importante en la sensibilización, haciendo campaña contra las prácticas destructivas y destacando el verdadero estado del medio ambiente y los crímenes cometidos contra la naturaleza.

Las estadísticas muestran que los casos de acoso, intimidación, arresto, encarcelamiento y, lo peor de todo, asesinatos están en aumento . Solo en 2019, más de 300 defensores del medio ambiente y los derechos en todo el mundo fueron asesinados por su trabajo.

Se pueden encontrar muchos ejemplos en la Justicia Ambiental ( EJAtlas ), la base de datos de conflictos ambientales más grande del mundo, en la cual EEB es una organización asociada.

Los defensores del medio ambiente no solo están en peligro en tierras lejanas. También están cada vez más en riesgo aquí en Europa. A fines de 2019, META informó sobre el brutal asesinato de dos guardabosques rumanos que provocó indignación y llevó a miles de manifestantes a tomar las calles de la capital rumana de Bucarest.

«Me preocupa que, en toda Europa, los activistas ambientales pacíficos hayan sido bloqueados para asistir a las cumbres ambientales, sometidos a arrestos domiciliarios y medidas de vigilancia, ataques físicos violentos y legislación que efectivamente impide su capacidad para llevar a cabo su trabajo», Dunja Mijatović, el Consejo de la comisaria de Derechos Humanos de Europa, Dunja Mijatović, escribió sus preocupaciones sobre la situación europea . “Con demasiada frecuencia, los responsables políticos simplemente los ignoran. Esto debe detenerse.

El ex relator especial de la ONU para los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, explica que » los defensores del medio ambiente son asesinados en cantidades sorprendentes » y agrega que » por cada 1 asesinado, hay entre 20 y 100 más hostigados , arrestados ilegal y legalmente y demandados por difamación , entre otras intimidaciones » .

Promesa de proteger
La Convención de Aarhus es un acuerdo internacional que otorga derechos ambientales a las personas. Este año, el Grupo de Trabajo de las Partes en la Convención de Aarhus discutirá el desarrollo de un mecanismo de respuesta rápida para prevenir y prohibir el acoso.

La protección de los defensores del medio ambiente ya está prevista en la Convención, específicamente en el artículo 3 (8). La convención obliga a los estados a proteger a quienes ejercen sus derechos ambientales de cualquier hostigamiento, penalización o persecución.

Esto también incluye la obligación de proteger a los activistas ambientales contra los actores no estatales. Dado el aumento de la violencia y el acoso contra los defensores del medio ambiente, las Partes de Aarhus ahora están pensando en establecer un mecanismo de respuesta rápida que proteja a los defensores del medio ambiente.

La próxima reunión del Grupo de Trabajo de las Partes en la Convención de Aarhus analizará las opciones para un mecanismo de respuesta y se espera que se llegue a un acuerdo para establecer uno durante la Reunión de las Partes (MOP) el 17- 22 de octubre de 2021.

Francesca Carlsson, Oficial Legal de EEB, dijo:

“Todos somos defensores ambientales potenciales y, ciertamente, se nos otorgan derechos en virtud de la Convención de Aarhus para proteger nuestro bien común y nuestro planeta. La violencia que enfrentan los defensores del medio ambiente es increíble y es crucial que desarrollemos un mecanismo que pueda activarse rápidamente para proteger a los defensores del medio ambiente de cualquier daño potencial cuando corren el riesgo de ser acosados ​​o perseguidos. La EEB hace un llamado a las Partes de Aarhus para proteger a nuestros protectores «.

We must defend the environmental defenders