Ana Leyva V.  – Cooperaccion
03/08/2020
Imagen: Tecnología minera
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) acaba de publicar en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica 13 artículos y una disposición complementaria transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 042-2017-EM). A continuación se describen los cambios más importantes y sus implicancias en la reducción de estándares ambientales.

Artículo 6: en esta modificación se hace un añadido a la redacción inicial del artículo. La parte que se mantiene vigente es de por sí bastante irregular y establece un beneficio arbitrario para los intereses de las empresas mineras. Señala que si en una zona existen proyectos del mismo titular minero o de titulares asociados o vinculados (por manejo financiero, dirección, control, capital, derechos de voto o cualquier mecanismo que le diera a uno influencia dominante sobre el otro), se consideran como uno a efectos de la presentación del instrumento de gestión ambiental (Ficha técnica Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental). Esto supone que el titular o los titulares de todos ellos pueden presentar un solo instrumento de gestión ambiental, y si uno de los proyectos ya tiene un estudio aprobado, los otros pueden presentar solo modificatorias a ese estudio y no uno nuevo como correspondería y se exige en cualquier parte del mundo. Esto hacía suponer que se aplicaba a proyectos contiguos o muy próximos.Respecto a ello esta nueva norma nos deja implícito (nos dan a entender) que los proyectos que se consideraran como si fueran uno, no tienen que estar juntos, que basta que se ubiquen en el mismo ámbito de una microcuenca, que sus yacimientos tengan características geológicas similares, o que entre ellos se generen impactos sinérgicos o acumulativos. Para entender mejor esta figura, hagamos una analogía. Es como si una persona que compra varios terrenos dispersos en San Isidro, se le exigiera solo una licencia de construcción para todos con el argumento de que se trata del mismo dueño y del mismo distrito. Esta “gran idea” que debilita el sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene como antecedente un pronunciamiento del Servicio Nacional de Evaluación de las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que aprueba los EIA detallados, para el caso del proyecto de explotación Coroccohuayco. Este proyecto inicialmente fue pensado como independiente del proyecto Antapaccay y la empresa titular estuvo inicialmente elaborando un nuevo EIA. SENACE le dijo que no tenía que hacerlo, que bastaba una modificatoria del EIA de Antapaccay porque ambos proyectos compartían componentes mineros y por ello se les podía considerar como una sola unidad productiva, a pesar de ocupar juntos 20,000 has. Como la osadía es premiada en el Perú, ahora solo basta que los proyectos de exploración tengan un solo dueño o socios para considerarlos como si fueran una solo unidad, relativizando su ubicación.
Artículo 21: antes de su modificación, este artículo establecía que si en las labores exploratorias se intersectaban aguas subterráneas, el titular debía registrar y comunicar el hecho por vía informática, dentro de las 48 horas, a la autoridad competente(MINEM),al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(INGEMMET). Para el caso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la obligación del titular era el aviso inmediato, bajo responsabilidad. Estas obligaciones se han relativizado. Ahora basta que el titular del proyecto dentro de las 48 horas comunique a la autoridad competente, y ella debe encargarse de correr traslado de la información recibida a las otras entidades. Uno se pregunta por qué el cambio, si era importante la comunicación directa para una pronta actuación. No lo sabemos.
Artículo 39: anteriormente, este artículo señalaba que el titular del proyecto de exploración podía ampliar el cronograma de sus actividades por seis meses, por única vez, comunicando por vía informática a la autoridad competente y a OEFA. Ahora puede ampliar su cronograma, más de una vez, siempre y cuando las modificaciones sumen seis meses.
Artículo 40: antes de su modificación, este artículo señalaba que todas las aprobaciones y modificaciones de estudios ambientales estaban sujetas al silencio administrativo negativo. Es decir, si no se daba el pronunciamiento explícito de la autoridad evaluadora, en el plazo establecido, se entendía que el estudio había sido desaprobado. La modificatoria ahora establece que para los casos de evaluación de fichas técnicas ambientales (FTA) se aplica el silencio administrativo positivo. Es decir, podemos considerar aprobada la FTA, sin necesidad de pronunciamiento de la autoridad competente. Cabe precisar que la FTA, es un instrumento de gestión ambiental para proyectos de exploración minera que, dada su ubicación y características, tienen impactos negativos no significativos[1]. Consideramos que la exploración minera es una actividad siempre riesgosa que puede afectar aguas subterráneas o que puede dejar desechos, y que, por lo tanto, requiere siempre que se evalúe con detenimiento las afectaciones que puede producir, lo cual conlleva un pronunciamiento explícito de la autoridad competente sobre los impactos o afectaciones que se pueden producir.
Artículo 44: Respecto a los requisitos para la presentación de un FTA, el artículo 44 señalaba que se debía acreditar la realización de un taller participativo. En la modificatoria se dice que cuando el proyecto se ubica en terrenos eriazos o de propiedad de la empresa, el taller se puede remplazar por otro mecanismo de participación ciudadana. Además, se añade que, si el taller participativo se suspende por caso fortuito o fuerza mayor, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) puede reprogramarlo o remplazarlo por otro mecanismo de participación ciudadana.
Artículo 56: antes de esta modificatoria, este artículo establecía la posibilidad de que, mediante una comunicación previa, de manera virtual se realice la reubicación de componentes principales o auxiliares proyectados, siempre y cuando esas reubicaciones no infringieran lo dispuesto en las categorías de clasificación anticipada y no modificara el área de uso y actividad minera previamente aprobada. La norma precisaba que esas reubicaciones no debían modificar el programa de monitoreo ambiental y que, si bien era posible la reducción del número o dimensión de los componentes, esto no incluía a los componentes relacionados al manejo ambiental. Además, precisaba que no se podía reubicar componentes en áreas que estuvieran a menos de 50 metros de una fuente de agua, o menos de los 100 metros de distancia de nevados, de tierras de protección y bosques primarios. El actual contenido del artículo 56 permite no solo reubicaciones sino también otro tipos de cambios, que incluyen el programa de monitoreo. Tiene dieciséis tipos de cambio realizables y la lista es abierta pues pueden incorporarse otros más si el MINEM, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM), lo cree conveniente. Uno de esos cambios es la posibilidad de variar la capacidad de almacenamiento e insumos químicos dentro de las instalaciones o la variación del número, longitud, azimut (ángulo) e[M1] inclinación de los sondajes dentro de las plataformas. Las reubicaciones sin modificación de estudio ambiental solo se prohíben en la propia fuente de agua, nevados, tierras de protección o bosques, no en sus áreas cercanas, como decía la anterior redacción de este artículo.
Artículo 58: este artículo anteriormente indicaba que, cuando se quiere presentar un nuevo estudio ambiental o su modificatoria en áreas donde se ejecutaron actividades de exploración, la nueva solicitud debe considerar también las actividades contempladas en el anterior estudio, salvo que el titular declarara haber cerrado total o parcialmente las plataformas o componentes aprobados. Además, señalaba que en proyectos de hasta 700 plataformas se debía exigir el cierre de por lo menos el 60% de las plataformas aprobadas previamente o su no ejecución. En esta última modificatoria se establece que en este último supuesto, es necesario que se hayan cerrado o no ejecutado las plataformas aprobadas, salvo que el titular esté en tránsito a la explotación, con un EIA detallado aprobado. Cuando ello ocurre, dicha condición no es exigible.
Artículo 60: anteriormente, este artículo exigía al titular rehabilitar las áreas afectadas por su actividad exploratoria, salvo aquellas a las que daría un uso futuro. En este caso, debía compensar esa área con la reforestación de otra con una especie nativa. Con la modificatoria, solo se le exige al titular que proponga una medida compensatoria, es decir, aquella que mejor le parezca. La modificatoria de este artículo también establece que, cuando se están cerrando las labores exploratorias, se pueden dejar en pie (además de componentes auxiliares, como las oficinas administrativas o caminos) las plataformas de exploración si la comunidad campesina, gobierno local, regional o nacional lo pide para usarlo con fines de interés público o cuando un tercero lo solicita. Es decir, la empresa puede ir dejando en el territorio plataformas, un componente principal que anteriormente era inaceptable o impensable dejar.
Artículo 68: este artículo establecía que el OEFA tenía la obligación de verificar el cumplimiento de las labores de cierre contenidas en los informes de cierre de proyectos presentados por los titulares. Con la modificatoria, la fiscalización priorizará los casos de proyectos que por sus características requieren de un plan de cierre de minas con garantías para su cumplimiento, por el nivel de sus impactos o aquellos que se encuentran en zonas de conflicto socio ambiental. Es decir, ya no lo tiene que hacer en todos los casos.
Finalmente, es importante señalar que en este periodo de pandemia se vienen haciendo una serie cambios en el sistema de gestión ambiental para facilitar la reactivación. Se ha establecido la posibilidad de líneas de base para estudios ambientales sin trabajo de campo, participación ciudadana y fiscalización ambiental principalmente virtuales, la suspensión de entrega de informes de monitoreo y otros.

Creemos que este debilitamiento del sistema de gestión ambiental y principalmente del sistema de evaluación del impacto ambiental apuesta por una promoción de la inversión y reactivación económica a cualquier costo. Este comportamiento irresponsable de las autoridades reguladoras nos pasará factura en unos años y hará que los daños, que pueden terminar siendo cuantiosos, tengan que ser asumidos por el Estado y todos los peruanos, como ha ocurrido siempre. Además, pone en evidencia, la enorme influencia que tiene el sector minero, en el MINEM y MINAM, ya que uno aprueba las normas sectoriales ambientales y el otro le da su visto bueno.

2/7/2020 | Actualidad, Rafael Salgado Olivera, Últimas Noticias

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado
En Espinar el conflicto entre la minera Glencore y las comunidades se torna más violento, con heridos, muertos y desaparecidos, debido a nuevos incumplimientos por parte de la empresa al Convenio Marco, a saber la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia. A pesar de ello, en su último discurso presidencial Martín Vizcarra solo repitió el mismo viejo discurso sobre el rol de la minería en el desarrollo del país e incluso anunció el proyecto Ampliación Coroccohuayco, de la misma empresa. No sé ustedes, pero yo estoy cansado de escuchar siempre lo mismo.

El presidente parece ser vocero de un sector minero que, aprovechando la pandemia, nos vuelve a hablar de crisis económica y de la necesidad y rol fundamental de la minería para afrontarla. Nada dicen de las consecuencias de 30 años de neoliberalismo, años en los que en paralelo al crecimiento macroeconómico -PBI, creció sostenidamente la desigualdad. El efecto combinado de todos esos factores -neoliberalismo, desigualdad y la pandemia- lo tenemos frente a nosotros: somos el tercer país en la región latinoamericana (según la Universidad de Johns Hopkins al 30 de julio) –séptimo en el mundo– con más casos de COVID-19.

De poco o nada sirvió ser de los primeros en aplicar medidas de confinamiento y distanciamiento social. Esas medidas, nunca fueron acatadas por el sector minero, que siguió trabajando durante toda la cuarentena. Si bien es cierto, disminuyó la intensidad de sus actividades, también es cierto que presionó desde el inicio para reactivarlas en su totalidad, logrando incluso ser considerada dentro del conjunto de actividades excluidas de acatar el aislamiento obligatorio.

En el protocolo sanitario para actividades mineras solo se hace mención a una declaración jurada que los trabajadores y contratistas mineros deben presentar, en la que indican que no tienen síntomas de COVID-19. El resultado son los casi 3000 trabajadores mineros contagiados con el virus, como lo indicó antes de su salida la exministra de Energía y Minas Susana Vilca. ¿Realmente al sector minero y al Gobierno le importa la protección adecuada de los trabajadores y poblaciones aledañas?

Por eso me cansa e indigna que hoy los gremios empresariales de este sector se presenten como «la solución», y ejerzan presión para “destrabar” toda la cartera de proyectos mineros, que suman un total de 48. Incluso el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, sostiene que así se generan “más ingresos fiscales para que el Estado pueda utilizarlos en mitigar los problemas sociales y económicos que nos dejará el COVID-19”. ¿En serio? ¡¿Mitigar?!

¿Qué van a mitigar?
Un sector como el minero, y junto a él todo el sector extractivo, tienen como resultado de sus actividades, regiones con altos índices de contaminación. El registro que lleva el MINEM da cuenta de aproximadamente 8500 pasivos ambientales mineros. Si este sector no puede ni mitigar la contaminación que genera ¿cómo va a poder mitigar [aliviar] otros problemas?

En los últimos años hemos visto incrementar los conflictos socioambientales. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, el sector minería e hidrocarburos representan 80% de los conflictos en Perú. En el mes de junio se registraron 128 conflictos sociosambientales activos y latentes, de los cuales la minería y los hidrocarburos representaron 64% y 17%, respectivamente. Esto es gravísimo, más aun, cuando la conflictividad en la minería ha dejado un rastro de 282 muertos entre 2006 y 2019, según la Defensoría.

Los estados de emergencia como medidas excepcionales, también decretados en los últimos años y sin pandemia, parecen haberse convertido en la norma para asegurar la implementación de megaproyectos mineros y energéticos, principalmente en el sur peruano. Ahí está el caso de Espinar que tuvo durante muchos meses un estado de emergencia que solo profundizó el conflicto. Por eso es sumamente preocupante que se haya decretado el fin de la cuarentena, pero no el estado de emergencia nacional. No perdamos de vista ese hecho, el conflicto de Espinar nos muestra que es usado para implementar los proyectos extractivos de acuerdo a intereses.

Tampoco se realizan regularmente las consultas previas a las poblaciones indígenas. Es más desde el Gobierno nacional se propone la ‘genial’ idea de hacerlas por internet. No puede ser más que una burla. Sobre todo en un país con muy bajos índices de conexión a internet; situación que se agrava en las zonas rurales, justamente en donde se encuentran los territorios de las poblaciones indígenas y los yacimientos mineros. Entonces, ¡¿qué van a mitigar?!

Frente a toda esta situación es más indignante aun que el sector agrícola, específicamente el que agrupa a más de dos millones de familias agricultoras, no tenga más apoyo por parte del Gobierno. El mismo Estado peruano reconoce la importancia de este sector, pues produce más del 70% de alimentos que se consumen en el país; contribuye con el 83% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo el plan de reactivación agrícola está orientado al mediano y gran empresario agroindustrial.

Y así tienen el atrevimiento de decir que gracias a la minería podremos mitigar los problemas económicos y sociales del País.

*Ingeniero químico, laboró en áreas de influencia minera y es especialista en desarrollo y medioambiente

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado

…. A PESAR DE SUSPENSIÓN DE PROTESTA DESDE LAS 00 HORAS
Muqui 27/07/2020    https://muqui.org/
El día de hoy debía realizarse la reunión de los dirigentes sociales de Espinar, representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, del Comité de Lucha provincial, los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Espinar, con la Comisión de Alto Nivel del gobierno liderada por el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti, e integrada por viceministros de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Salud, Justicia y Derechos Humanos e Interior; sin embargo, los viceministros no llegaron a la reunión, y tampoco la representación de la empresa minera.

Los dirigentes sociales iban a presentar los 6 puntos de la agenda de lucha del Comité: reformulación del Convenio Marco para que la población de Espinar tenga beneficios directos; la problemática de los afectados por metales tóxicos; las afectaciones del corredor minero por donde transitan los camiones de las empresas mineras; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; el cambio de jueces y fiscales en los juicios que se sigan desarrollando desde el 2013 contra ex dirigentes sociales de la provincia tras las protestas del 2012; y la agenda de derechos humanos respecto a las torturas que han sufrido los jóvenes y mujeres.

Desarrollo de la reunión
La reunión inició a las 12 y 20pm con las palabras del obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, designado como mediador y facilitador del diálogo, que estuvo presente en la reunión junto al comandante Albino de la PNP, informando que el gobierno había emitido un comunicado minutos antes del inicio de la reunión señalando que los viceministros que arribaron a Cusco a las 8 y 30 am, no asistirían a Espinar porque habían tomado «conocimiento que diversas organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Espinar desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social».

Comunicado emitido minutos antes, a las 12 y 13pm por la PCM:

Sin embargo, los alcaldes distritales de Espinar mostraron la extrañeza del comunicado porque la provincia de Espinar se encontraba sin protestas y sin bloqueo de carreteras.

El alcalde del distrito de Coporaque señaló: «el Comité de lucha con dirigentes de todas las organizaciones de Espinar y los alcaldes estamos presentes, y los viceministros nos hacen venir por las puras; desde lejos venimos y dejamos nuestras responsabilidades».

Los dirigentes sociales del Comité de Lucha de Espinar expresaron que era una falta de respeto que los representantes del gobierno no hayan llegado a la reunión, cuando desde la 00 horas, Espinar se encontraba en paz social y tranquilidad para el desarrollo de la reunión tal como había solicitado el gobierno, a pesar de las torturas que recibieron varios jóvenes en las protestas desarrolladas el miércoles 22 de julio.

El dirigente del Comité de Lucha saludó, además, la presencia del comandante de la policía: Albino. «Hombre respetable; sin embargo, hay policías que nos han robado el celular y quitado el dni, a golpes nos han quitado, como a muchas señoritas que también golpearon». Como se recuerda, el 22 de julio, los espinarenses denunciaron al coronel Vargas como responsable del operativo policial que produjo 3 heridos de bala y tortura a los jóvenes que se trasladaban en un camión para apoyar las protestas. Tras las denuncias, el comandante Albino es quien ha asumido la responsabilidad a cargo de la policía en Espinar.

Los dirigentes señalaron que el comunicado emitido por el gobierno es «deshonesto. El cual el día de hoy responsabiliza a los dirigentes usando excusa para no llegar a la reunión. Eso es falta de respeto. Prefieren apoyar a la empresa minera Glencore Antapaccay».

El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, señaló: «La PCM invocó, sra Paola Bustamante ahí esta tu espacio y no estás. Donde están los ministros», preguntó.

Una dirigente señaló al congresista del Cusco presente, Alexander Hidalgo: «usted congresista ha visto que no somos violentos, sí somos contestarios. ¿A quien defiende el gobierno?». También estuvieron presentes en la reunión la gobernadora del gobierno regional de Cusco, Delia Condo, y la regidora provincial de Espinar, Yeny Huillca, representante alterna de la Municipalidad en el Comité de Gestión del Convenio Marco.

Protesta pacífica
Uno de los dirigentes del Comité de Lucha manifestó que el día de mañana, miércoles 28 de julio, realizarán un mitin pacífico en la plaza de Espinar con la bandera a media asta debido a la agresión que han recibido de parte del gobierno -policía- y la empresa minera.

Frente al desplante de la comisión enviada por el gobierno; los alcaldes, dirigentes sociales y representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, solicitan la presencia de los ministros de Estado en la Comisión de Alto Nivel.

Acta de la reunión desarrollada sin la presencia de los viceministros y la empresa minera:

Esta semana pudimos conversar con Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, y nos contó de manera breve sobre la situación actual del conflicto que se vive en Espinar , lo que ha venido siendo el comportamiento de la empresa minera durante estos años y el especial impacto que tiene en la vida de las mujeres de Espinar.
30/07/2020
Por: Beatriz Cortez /Red Muqui

En Espinar se sostiene un paro indefinido debido a la oposición de la empresa minera Glencore-Antapaccay frente a la decisión mayoritaria del Comité de gestión del Convenio Marco de Espinar de otorgar un bono solidario de S/.1000 soles a toda la población. Esta decisión se tomó debido a la crisis económica que se profundiza para la población a causa de la pandemia por COVID-19. Actualmente las demandas de los espinarenses también giran en torno a la reformulación del Convenio Marco[1].

Elsa nos cuenta con preocupación la injerencia que ha venido teniendo la empresa para debilitar la capacidad de organización y representación de las comunidades y población:

“Dentro del Convenio marco hay muchas cláusulas pero esto no se cumple, la empresa minera nos ha dividido usando a los politiqueros, cuando decidían a los candidatos estos ganaban cuando no los decidían estos perdían (…) esto ha hecho que nuestras luchas sean débiles, cada vez que nos levantábamos han fracasado estas luchas”

. Este problema de debilitamiento y fragmentación de las organizaciones sociales es uno de los principales problemas para que el Convenio Marco de Espinar no se constituya como una herramienta eficaz para lograr el bienestar de la población.

Elsa agrega: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud educación no tenemos, tenemos metales tóxicos en el agua”.

Lo que señala Elsa es uno de las principales causas del malestar acumulado por la población Espinar, que tras todos estos años en su mayoría se siguen encontrando en situación de pobreza y existen graves afectaciones a la salud humana y ambiental producto de la contaminación por metales tóxicos.

El álgido conflicto que se vive en Espinar no se puede comprender buscando responsabilidades en la población y sus medidas de lucha que son producto de años de acumulación de malestar frente abusos de la empresa minera[2]. Hay que mirar en retrospectiva cómo se ha venido ejecutando los términos del Convenio Marco su utilidad para alcanzar el bienestar de la población de Espinar y por tanto cual ha venido siendo el comportamiento empresarial desplegado en el territorio. En 2017 Derechos Humanos sin Fronteras presentó el “Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica” un análisis alternativo a lo que la propia empresa venía reportando públicamente a nivel internacional sobre su comportamiento financiero y en torno a los derechos humanos en los territorios donde opera[3]. Sobre esto, es llamativo que Glencore señale en sus reportes de sostenibilidad su adhesión voluntaria a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU[4], cuando en la práctica genera impactos acumulativos en el territorio que afectan los derechos humanos y que actualmente se encuentran en situaciones de impunidad.

Durante nuestra conversación con Elsa una de sus preocupaciones permanentes es el especial impacto que genera el proyecto minero en la vida de las mujeres: la contaminación del agua por metales tóxicos implica, la contaminación de sus hijos y del entorno ambiental sobre el cual ellas sostienen sus actividades económicas como la ganadería. Este es el caso de defensoras ambientales como Melchora Surco y Carmen Chambi que por años vienen denunciando esta situación y pidiendo justicia y reparación por los daños causados a su salud y las de sus familias.

También tenemos los casos de Vilma Kalla, que en 2018 señalaba lo siguiente: “Como madre a nosotras nos afecta más la minería más por nuestros hijos, qué es lo que pasa, yo soy de la comunidad de Alto Huarca, a nosotros la minera ha reubicado nuestra escuelita, ha reubicado a la población. Pero la construcción que ha hecho la mina está mal construida, las paredes están bajándose cuando las tocamos (…) No tenemos agua en la escuelita donde nos han reubicado, lamentablemente eso es lo que nos está pasando con la minería. Encontraron bastante anemia también. Como una madre nos causa mucha preocupación».[5] Todos estos años las mujeres en Espinar han vivido una situación muy dura producto de las violencias que operan sobre ellas producto del impacto en relaciones sociales y económicas generadas por la minería en el territorio. Ahora, en la actual escalada del conflicto se visibiliza el rol activo que tienen las mujeres comuneras en las medidas de protesta que se viene desplegando, sin duda son la primera línea de la lucha en Espinar y por tanto también las más expuestas a la represión policial-militar.[6]

El conflicto en Espinar como lucha local en contexto de grave crisis económica global, demuestra la relevancia de la protección de derechos económicos sociales culturales y ambientales (DESCA), las mujeres y los pueblos luchan por agua, alimentación, salud, trabajo, educación; y la crisis económica que genera el brote de COVID-19 los ha llevado a una situación económica mucho más crítica. Los DESCA son necesidades esenciales para sostener una vida buena, necesidades que en su mayoría son sostenidas por el trabajo de las mujeres. Es clave recuperar el rol de estados para regular adecuadamente el comportamiento empresarial y el reto de dar mayor contenido operativo a marcos normativos internacionales como Principios Rectores y la debida diligencia de las empresas. Los derechos humanos no pueden ser solo declarativos y un cálculo costo beneficio para mejorar la imagen empresarial frente a sus socios comerciales y consumidores. Mientras que en la práctica la doctrina económica de la “competitividad y productividad” [7], que reduce los derechos sociales a mero costos que se pueden recortar, y se sigue arrasando con el bienestar de los pueblos del Perú, es un reto que los derechos humanos deban y puedan ser la base para la construcción de sistemas políticos democráticos, plurales, justos y ecosostenibles donde la vida se ponga en el centro del interés público.

[1] El Convenio Marco es un proceso voluntario que permite el financiamiento anual de proyectos de inversión social, a través de las utilidades generadas por la empresa. El Convenio Marco de Espinar estipula que se utilizarán el 3% de las utilidades que genera el proyecto minero.

[2] En 2012 durante el conflicto que estalló en Espinar, producto del uso de fuerza ejercido por la PNP fallecieron 3 comuneros y se iniciaron procesos penales contra dirigentes de las organizaciones sociales que se levantaron en lucha.

[3] Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica. Abril 2017. https://multiwatch.ch/content/uploads/2007/01/Informe-Sombra-de-las-Operacines-de-Glencore-en-Latinoamerica.pdf

[4] Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Naciones Unidas se emitieron en 2011 y son un instrumento internacional que establece orientaciones programáticas para que las empresas cualquiera sea su rubro y tamaño, se encuentran comprometidas al respeto de los derechos humanos. Actualmente todos los años en Ginebra se viene discutiendo el contenido de un Tratado Vinculante en Empresas y Derechos Humanos.

[5] Vilma Kalla, comunera de Alto Huarca- Espinar. Entrevista realizada para documental “La vida no vale un cobre”. 2018.

[6] Al respecto diversas instituciones de derechos humanos del Sur Andino del país, el 24 de julio han emitido una “Carta abierta a las autoridades sobre la afectación a mujeres defensoras movilizadas en Espinar”. Link: https://derechosinfronteras.pe/carta-abierta-a-las-autoridades-sobre-la-afectacion-a-mujeres-defensoras-movilizadas-en-espinar/

[7] En diciembre de 2018 se aprobó el Decreto Supremo N° 345-2018 que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en julio de 2019 se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, políticas de alto nivel de carácter intersectorial que afinan las normas de la gestión económica para profundizar las reformas estructurales de carácter neoliberal instauradas en los noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

COOPERACCION 31/07/2020
Imagen: Rumbo minero
Mediante una carta dirigida a CooperAcción, trabajadores de los dos sindicatos de la empresa minera Antapaccay, que opera en la provincia cusqueña de Espinar, denuncian que se estarían vulnerando sus derechos en materia de salud frente a la pandemia y los derechos sindicales de sus agremiados.

Los representantes del Sindicato de trabajadores funcionarios de la compañía minera Antapaccay – SITRAMINA, y del Sindicato unificado de trabajadores de Antapaccay- SUT ANTAPACCAY, solicitaron la intermediación con las autoridades para ser atendidos.

Los dirigentes denunciaron que hay una preocupación por la salud mental de los trabajadores por el crecimiento continuo de casos de contagio del virus COVID-19, y la pasividad de la empresa al no realizar acciones inmediatas para preservar la salud de los trabajadores. Señalaron que la empresa no coordina las acciones concernientes a la prevención de la salud con el Comité de seguridad y salud en el trabajo. La empresa estaría decidiendo las acciones de manera unilateral.

En esa línea, los trabajadores afirmaron que el comando COVID y el Ministerio de salud de Espinar, clausuraron los centros “Servicios médicos señor de Coyllority” que tomó pruebas a 154 trabajadores, de los cuales dieron resultado 7 trabajadores como positivos y el “Centro médico Espinar”, que tomó pruebas a 145 trabajadores, teniendo a un trabajador como positivo. Las autoridades verificaron que estos centros no contaban con autorización, ni la certificación necesaria para realizar las pruebas. Por consiguiente, las 299 pruebas no serían válidas.

El 29 de abril en la ciudad de Arequipa también se realizaron pruebas rápidas en varios centros médicos particulares y se detectó a 5 casos de contagio. Luego un bus con más de 19 trabajadores que partió de Arequipa a la mina Antapaccay, tuvo que regresar por detectar infectados dentro del bus y entraron en cuarentena en esa ciudad, el resto fue enviado a su casa.

“Dentro de lo señalado, según el reporte de MINSA sobre infectados en los centros mineros del mes de mayo señala que en Antapaccay hay 8 infectados del virus COVID-19, y en el reporte de junio se señala 48 Trabajadores infectados,” denunciaron los dirigentes sindicales.

Otra medida de la empresa que señalan como atentatoria a la salud, fue el desalojo de los trabajadores de las viviendas personales asignadas que ocupaban por más de 18 años según el convenio colectivo. Según la empresa, esta acción fue con la finalidad de dar espacio a más trabajadores, principalmente a los de las empresas contratistas, para que permanezcan en la mina y de esa forma se evite contagios. Esto ha provocado mayor hacinamiento y posibilidad de contagios, pues no se garantiza la debida higiene de las habitaciones.

El sábado 25 de julio, los trabajadores que salieron de la mina de Antapaccay para sus domicilios se sacaron pruebas rápidas en Arequipa como en Lima, y presentaron varios casos con resultado positivo. Esto ha alarmado a los trabajadores, pues consideran que no hay seguridad de salubridad dentro de la mina.

Los trabajadores señalaron que la empresa no estaría respetando el trato directo y la negociación colectiva, tanto con SITRAMINA, como con el SUT ANTAPACCAY. Señalan que estarían intimidando a sus dirigentes y afiliados, sin abrir canales de diálogo para afrontar la crisis del COVID-19.

Finalmente, pidieron que intervenga el Ministerio de Salud, Comando COVID-19, Fiscalía y Sunafil, con el propósito de verificar y garantizar la salud de los trabajadores por estar expuestos al contagio; también pidieron que se realicen las pruebas moleculares a todos los trabajadores de la empresa Antapaccay y trabajadores de contratas; que se realice la desinfección o fumigación de las instalaciones; y que se restablezca las asignaciones de las viviendas personales.

Vea la carta aquí: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/07/CARTA-COOPERACCI%C3%93N-ANTAPACCAY.pdf