El párroco de Alto de El Carmen, Nelson Barrientos, está recorriendo el valle del Huasco, con el objetivo de que el Tribunal Ambiental no apruebe el proyecto de Pascua Lama. Al amanecer el viernes 7 de agosto, el párroco del Alto del Carmen, Nelson Barrientos, inició la caminata “100 km de Oración por la Vida del Valle del Huasco”.

Alto del Carmen es una comuna de 75 mil habitantes que se ubicada en la Provincia de Huasco, a 184 km de Copiapó en la Región de Atacama. Y Pascua Lama es un proyecto a cargo de la empresa minera Barrick Gold, con sede en Toronto, Canadá, que involucra a Chile y Argentina y que consiste en explotar una mina a cielo abierto de la que se extraerá principalmente oro, plata, cobre y otros minerales. Se sitúa precisamente en la comuna de Alto del Carmen.

La motivación del cura es pedir por la salud y la vida de este valle, particularmente cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta está pronto a entregar el fallo sobre la continuidad del proyecto Pascua Lama, emplazado en la precordillera.

Según expresó el mismo sacerdote por redes sociales: “Quiero tener presente a los Jueces del Tribunal Ambiental que tienen que fallar a favor o en contra de este Valle, de la vida de este valle. A ellos haré oración, por ellos. Y también haré oración por los senadores y diputados que tienen que votar y proteger los glaciares de nuestro país. Sin glaciares no tenemos ríos en ninguna parte de Chile, sin ellos no hay vida, no hay agua”, dijo.

En estos 20 años de defensa del Valle del Huasco, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Presbiteriana han jugado un rol fundamental en el cuidado del agua y han empleado acciones conjuntas para salvaguardar la Creación y defender la Vida, como se aprecia concretamente en el mural que adorna la Iglesia de Alto del Carmen desde 2005 y en los murales bajo la Iglesia Presbiteriana de Chigüinto, que destacan la belleza del Valle del Huasco y la amenaza que plantea la megaminería.

Nelson Barrientos, quien forma parte también de la «Red Iglesias y Minería», inició su caminata desde Alto del Carmen y ha pasado por varias localidades del Valle de San Félix. El punto de llegada es el portón del proyecto Pascua Lama, pasado el cual está prohibido seguir subiendo a la cordillera a consecuencia del Tratado Binacional Minero, que cede y da total soberanía a las trasnacionales que trabajan en la franja fronteriza.

Las comunidades cristianas hacen un llamado a unirse al párroco Barrientos con oraciones y seguir los hechos en redes sociales. La caminata del sacerdote queda registrada día a día a día en la FanPage de la parroquia en Facebook que puede verse aquí. https://www.facebook.com/parroquia.altodelcarmen.5

Por su parte la «Asamblea por el Agua del Guasco Alto», ha indicado que está en peligro el agua y la agricultura de toda la región. «Barrick es un mal vecino —dice el comunicado— que ha actuado de mala fe y con dolo desde el principio. Poco le ha importado enfermarnos, contaminarnos y destruir todos nuestros ecosistemas. Con su corrupción, secuestro de la soberanía nacional y daños ambientales cuantiosos sobre elementos de la biósfera esenciales para los más de 75.000 habitantes de este Valle y para toda la vida del planeta, Pascua Lama es un ejemplo de lo que NO SE PUEDE REPETIR NUNCA MÁS en ningún territorio, particularmente en el actual contexto de cambio climático y escasez hídrica», indicó el comunicado de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto.

Fuentes: KairosNews, redes sociales, Instagram: @100kmsporlavida
https://iglesiasymineria.org/2020/08/10/parroco-chileno-defiende-la-vida-del-valle-del-huasco-con-caminata-espiritual/

4/8/2020
La Coipa Fase 7 – Kinross

El estudio se centra en proyectos impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation, a través de su filial chilena Minera Mantos de Oro. Identifica derechos afectados, formula recomendaciones a la empresa y los estados de Chile y Canadá.

El 28 de julio recién pasado el Observatorio Ciudadano dio a conocer el informe “Evaluación de impacto en derechos humanos de proyectos mineros canadienses en territorio colla en Chile: El Caso de Kinross y la comunidad Pai-Ote“, realizado por los abogados José Aylwin y Felipe Guerra, coordinadores del Programa Globalización y Derechos Humanos y del Área Jurídica de la organización, respectivamente.

Dicho estudio identifica y hace evaluación de los diversos impactos que tienen los proyectos mineros desarrollados por empresas canadienses en el territorio de ocupación tradicional del Pueblo Colla, esto en la Región de Atacama en el norte de Chile, en particular sobre los derechos humanos de este pueblo y sus miembros.

Para la investigación, sus autores utilizaron la metodología Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos (EIDH, Oxfam y Federación Internacional de Derechos – FIDH, 2011), basada en el aporte y trabajo con la comunidad afectada, y tomando como referencia para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos, tomando como marco de referencia los derechos humanos y los Principios Rectores (PR) de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 2011).

Esta metodología, además, permite la elaboración de recomendaciones que pueden servir como base e insumo para promover diálogos horizontales entre las comunidades y los agentes públicos y privados implicados en los proyectos de inversión, los cuales, generalmente, se desarrollan en contextos de asimetría de información.

Kinrros y la comunidad de Pai-ote

Al menos seis proyectos mineros se encuentran actualmente en desarrollo en el territorio Colla, tres en fase de explotación y tres en fase de exploración, optando los investigadores por el análisis en profundidad de los proyectos La Coipa y La Coipa Fase 7 y su impacto en los derechos humanos de la comunidad Colla de Pai-Ote, puesto que estos conforman una unidad productiva. Proyectos que son impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation de Canadá, a través de su filial chilena Compañía Minera Mantos de Oro.

“La decisión de abocarnos al estudio en profundidad de este proyecto minero en particular, surgió a requerimiento de la propia comunidad, que durante décadas ha debido convivir con esta iniciativa y soportar las graves consecuencias socioambientales que ha tenido para sus territorios de uso y ocupación tradicional”, aclara Felipe Guerra.

Derechos vulnerados

Entre algunas de las conclusiones a las que arriban los autores del informe tras analizar la información del caso, es que al Estado de Chile le cabe una responsabilidad central en la vulneración de los derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote, así como de las demás comunidades collas que hacen uso del territorio hoy impactado por los proyectos mineros La Coipa y La Coipa Fase 7 de Kinross.

Lo anterior, porque no ha cumplido con su obligación de proteger a esta comunidad frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, siendo el Deber del Estado de Proteger uno de los pilares de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (Pilar 1.1 PR).

En efecto, el Estado otorgó a terceros ajenos a las comunidades collas las concesiones mineras que dieron origen a los proyectos que hemos analizado en este informe. Lo mismo ha sucedido con los derechos de agua para sus faenas, otorgándoles preferencia sobre las comunidades, en este caso la Comunidad Colla de Pai-Ote, desconociendo así el derecho de propiedad sobre las tierras y recursos que tradicionalmente han ocupado o que son fundamentales para la conservación de otros recursos que tradicionalmente ocupan, como son las vegas y bofedales, conforme al derecho nacional e internacional aplicable.

Por otro lado, este otorgamiento por parte del Estado fue realizado sin respetar el derecho de consulta, ni de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, así también su derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, al evaluar bajo la modalidad de simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a ambos proyectos, lo que no garantizó que la Comunidad fuese debidamente consultada previo a la aprobación ambiental. Tampoco cumplió con su obligación de asegurar que esta comunidad pudiese participar de los beneficios que reportan las actividades mineras de la empresa, así como ser compensadas por los daños que les han sido provocados como consecuencia de ellas.

Otro incumplimiento grave, probablemente el que más señalan los autores, es que los órganos del Estado si bien documentaron en los noventa las tierras de ocupación tradicional de las comunidades collas, incluyendo la Comunidad Colla de Pai-Ote sobre las cuales se asientan los proyectos mineros La Coipa y la Coipa Fase 7, no desarrollaron la acción necesaria para su reconocimiento y titulación. Ello a diferencia de otras comunidades collas cuyas tierras de ocupación tradicional, sí han sido reconocidas por el Estado.

Asimismo, resulta grave que no se evaluaran los impactos sinérgicos que tienen las extracciones de aguas realizadas por diversas empresas sobre los acuíferos que alimentan los sistemas de vegas y bofedales que hacen parte del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, los que son utilizados desde tiempos inmemoriales por diversas comunidades collas.

Por todo lo anterior, “este informe viene a corroborar que la gran minería en Chile se sigue desarrollando con grave vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, en particular aquellos como la tierra, el agua, la consulta y el consentimiento que han sido reconocidos por instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT que Chile ha ratificado”, agrega José Aylwin.

“También viene a demostrar que, además de la responsabilidad que tiene el Estado de Chile al no proteger los derechos de estos pueblos en el contexto de proyectos mineros como la Coipa y La Copia y La Coipa Fase 7 en territorio de la Comunidad Colla Pai Ote, tanto las empresas, como Kinross en este caso, y el Estado de Canadá, incumplen estándares de derechos humanos al desarrollar y/o apoyar esos proyectos con evidente afectación de los derechos de estos pueblos”, concluyó.

Fuente: El Desconcierto

Publican informe sobre impactos de minería canadiense en territorio ancestral colla