Por Carlos Ruiz López,
militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

En la Sierra de Manantlán los empresarios mineros, con la complicidad del Estado mexicano, han logrado despojar a las comunidades locales de su territorio y marginarlas de la vida económica, social y política. En un café del centro de la ciudad de Colima tuvimos un encuentro con Martín Corona*, habitante de la comunidad de Ayotitlán, ubicada en lo alto de la sierra, quien nos confesó que “no han podido parar a la minera porque detectan a quien se moviliza y lo desaparecen”.

La última denuncia contra el consorcio minero fue realizada el pasado 23 de julio, cuando la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) expuso cómo el consorcio, junto con la policía municipal y el comisario del ejido, hostigaron a la última familia que habita la ranchería El Mameycito con el fin de desalojarla del predio, ya que les informaron que las tierras se habían rentado para ser depósito de los desechos de la mina Peña Colorada.

Martín comentó que el consorcio sigue explotando los yacimientos minerales sin regresar nada a las comunidades, además, ponen en riesgo la existencia de algunas especies de plantas y animales y, principalmente, del agua: “cuestión que nos afecta mucho ya que hemos durado hasta quince días sin agua, no podemos sembrar hortalizas”.

El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada SA de CV, del que forma parte la empresa ítalo-argentina Ternium y la india ArcelorMittal, ha explotado las entrañas de la sierra por más de 45 años en los límites entre Colima y Jalisco, a pesar del sinnúmero de denuncias por contaminación, invasión de terrenos, vínculos con el crimen organizado y acusaciones de represión hacia miembros de las comunidades opositoras, defensores de derechos humanos y ecologistas.

Darcy Tetreault, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó un estudio para el Colegio de la Frontera Sur en 2013, en el cual menciona que las actividades mineras en Manantlán “evidencian un proceso de acumulación por desposesión en tanto privan a la población local de los recursos naturales y paisajes culturales que sustentan sus medios de vida, bienestar social y cosmovisión indígena”. Además, explica que el tipo de relaciones generadas por el consorcio en cuestión reflejan un proceso de “reciprocidad negativa”, pues se orientan a extraer los minerales a cambio de nada o muy poco para la población local.

“Hemos luchado contra la minera desde sus inicios pero no se ha podido pararla porque detectan a alguien que se moviliza y lo desaparecen, como sucedió con Celedonio Monroy, quien luchó por los derechos de los pueblos indígenas en su defensa de la tierra”, narró Martín Corona.

En julio de 2013, el líder nahua Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de Mayores, logró escapar cuando un comando armado entró a su casa, en el rancho La Guayaba, del ejido de Ayotitlán. Sin embargo, la madrugada del 22 de agosto del mismo año, cinco camionetas de enmascarados lo capturaron y lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco achacándole el delito de portación ilegal de arma de fuego. Este modus operandi es el mismo del caso de su compañero Celedonio Monroy, desaparecido desde 2012, quien se oponía también a la tala clandestina y a la minería ilegal. Macilla insiste en que su detención “es un asunto relacionado con las minas”.

La mina a cielo abierto Peña Colorada produce por sí sola el 33% del hierro del país arrojando 300 mil millones de toneladas anuales de residuos sólidos, con todo el impacto social y ambiental que esto significa. En septiembre del año anterior, Paolo Rocca, el hombre más rico de Argentina y accionista de este consorcio minero, se reunió con el presidente López Obrador y días después, el 18 de octubre, la Semarnat autorizó a la mina utilizar 155 hectáreas de bosque como depósito de desechos, lo que generó una serie de movilizaciones tanto en la Sierra de Manantlán como en la ciudad de Colima, ya que las comunidades indígenas nunca fueron consultadas.

Tras un sorbo de café, Martín nos explicó su forma de organización tradicional, el Consejo de Mayores, reconstituido en 1997 con el impulso del levantamiento neozapatista, y cómo a partir de este consejo, asociado con otros grupos ambientalistas, estudiantiles, académicos y de defensores de los Derechos Humanos, han dado la pelea para evitar que Peña Colorada siga destruyendo el territorio.

Para el investigador Darcy Tereault, la forma de organización y el actuar del movimiento generado en Ayotitlán corresponde al “ecologismo de los pobres”, ya que sus demandas “no sólo van enfocadas a la distribución de los costos y beneficios de la minera, sino también con la autonomía y la autodeterminación de las comunidades.”

La Sierra de Manantlán no sólo es asediada por la minería legal e ilegal, también los talamontes con arma en mano tienen interés en los recursos madereros de estos cerros. Según la revista Proceso, desde 2008 se ha agudizado el robo de hierro en la zona, con el fin de exportarlo a China utilizando el puerto de Manzanillo. Los habitantes han reportado haber visto gente armada realizando trabajos de exploración y talando árboles de especies preciosas como el tampicirán y la rosamorada, ambas protegidas por las leyes mexicanas de conservación.

Según testimonios de los mismos pobladores, en ambas actividades económicas se han incorporado organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Aunque no sucedió en la zona, está el precedente de que, en 2010, la Procuraduría General de la República capturó a cuatro integrantes del cártel “La Familia Michoacana” acusados de exportar un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal por la cantidad de 42 millones de pesos.

Al finalizar nuestro encuentro y con el corazón en la mano, Martín nos confió que lo único que quieren lograr con su lucha es justicia: “queremos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sus bienes materiales, su territorio. Queremos proteger el territorio, los animales y plantas que están en peligro de extinción y, sobre todo, el agua, pues carecemos de ella”.

*El nombre ha sido modificado a petición del entrevistado por motivos de seguridad.

Referencias:

https://socialistarevolucionaria.org/queremos-proteger-el-territorio-entrevista-con-un-comunero-de-ayotitlan/

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455745076003

https://www.proceso.com.mx/636945/minera-pena-colorada-pide-autorizacion-a-semarnat-para-construir-planta-de-filtrado-en-minatitlan

El ejido Ayotitlán intenta desalojar a poblado indígena para rentar tierras a la minera Peña Colorada, denuncian

https://www.tyt.com.mx/nota/piden-reactivacion-del-fondo-minero-para-colima

https://www.proceso.com.mx/616658/minera-colima

Autoriza Semarnat a Peña Colorada depósito de desechos

https://www.proceso.com.mx/352497/mineras-siembran-el-terror-en-la-sierra-de-manantlan

http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/Empresas3.asp?Clave=126

https://vanguardia.com.mx/chinacomprabaalafamiliahierrorobado-568489.html

http://socialistarevolucionaria.org/no-hemos-podido-parar-a-pena-colorada-porque-detectan-a-quien-se-moviliza-y-lo-desaparecen/?fbclid=IwAR0ZBEHyCUqjSedErQgLh_skiaGHS-TiKDhWuNI9ycBaigkGJjWKzlSVyVk

UNA HERIDA ABIERTA Y EL INCUMPLIMIENTO GUBERNAMENTAL CONTINÚA

10/08/2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de
México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial
de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado
y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en
la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los
habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con
metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y
Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además
de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes
habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús,
Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua
para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales
pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente
a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después
avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la
cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron
al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando
responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio
Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los
días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el
hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan
José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su
imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de
la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la
construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el
derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta

potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció
entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares,
tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la
cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de
Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital
quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la
Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de
los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones
de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de
dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus
utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no
logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes
de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber
metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera.
Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades
sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos
tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte,
aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños
y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones
pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población
afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través
de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el
convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la
población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta,
demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y
sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de
los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en
Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal
manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de
trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia,
y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser
tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de
Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este
personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en
sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes
relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos
gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador
escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de

la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador,
nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación
calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la
vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre
sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el
Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada
le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno1

. Si acaso existe la 4T
se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a
la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la
posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes
han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas,
trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo
resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA