Colombia

Por la vía jurídica, indígenas de la Sierra Nevada piden protección de sus derechos

La Corte Constitucional estudia una sentencia unificada con base en dos tutelas tramitadas por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las cuales pretenden evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta esperan que con una sentencia de la Corte Constitucional se les garanticen y protejan sus derechos tanto ancestrales, como culturales y ambientales.

El alto tribunal tomaría la decisión con base en la revisión de dos acciones de tutela presentadas con el fin de evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería que también afectan los recursos naturales de la región.

Precisamente, uno de los actos jurídicos fue contra la petrolera canadiense Azabache Energy, que realizaba trabajos de exploración petrolera en la cuenca del río Aracataca.

Las aspiraciones de las comunidades indígenas apuntan, además, a que la Corte obligue al gobierno a implementar el decreto 1500 de agosto de 2018, mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y que se obligue a adelantar procesos de consulta previa dentro de la línea negra.

Según Hermes Torres, secretario general de la Confederación Indígena Tayrona, la preocupación no solo de los indígenas, sino en general de los pobladores de la zona, pues en este momento hay más de 140 títulos mineros otorgados, de los cuales por lo menos el 80 por ciento se ha tramitado en los últimos 10 años. Para Torres, lo más preocupante es que están en proceso de adjudicación más de 200.

Edwar Álvarez, asesor jurídico de los pueblos indígenas en temas territoriales y ambientales, precisa que la Corte tomó la decisión de unificar las dos tutelas, lo que prevé que sacará una sentencia unificada sobre territorio ancestral, consulta previa en territorio ancestral y proyectos mineros en la zona.

Delimitación de territorio

“La sentencia de la Corte va a ser la primera unificada sobre delimitación del territorio de la línea negra para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra y lo que busca es hacer cumplir el decreto 1500 que el presidente Iván Duque no les quiere cumplir”, manifiesta Álvarez.

La Corte le otorgó un plazo de 5 días al gobierno y a los pueblos indígenas para dar respuesta a una serie de preguntas y una vez surtido este trámite, se debe pronunciar. Los indígenas esperan que la sentencia se conozca antes de finalizar el presente año.

Para los indígenas esta decisión sería un salvoconducto que les permitiría mitigar los riesgos y las amenazas de la minería, en términos culturales, sociales y ambientales, así como la exploración de hidrocarburos y represas en los ríos. “Estas actividades se suman a los efectos generados por el cambio climático y si se permite que se siga explotando la Sierra de esta forma, en una o dos décadas podría desaparecer”, dice Torres.

Lo más grave, asegura, es que esta situación no solo afectaría a la población indígena, sino a los más de 3 millones de habitantes que dependen de los servicios ambientales de la Sierra Nevada, por ejemplo, Valledupar que depende netamente del río Guatapurí, al igual que Santa Marta. La situación de desgaste de la Sierra también afecta a productores de arroz, palma de aceite y otra serie de cultivos que hay en la región.

La decisión de los indígenas de acudir a la vía jurídica es que no han sido escuchados por el gobierno; pues en 2017 cuando decidieron movilizarse se planteó una mesa de diálogo de alto nivel con la idea de constituir un instrumento jurídico que permitiera proteger la Sierra a todo nivel; sin embargo, no hubo una respuesta por parte del ejecutivo de ese momento; como tampoco la ha habido con el actual.

Torres precisa que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas, pero se ha desconfigurado porque se ha tomado para informar y socializar, pero no para tener en cuenta la opinión de las comunidades, por eso consideran importante avanzar en una política minera.

Otra alternativa en la que trabajan los pueblos indígenas es en la visibilización de sus temores y riesgos en diferentes escenarios tanto nacionales como en el exterior, al punto que Torres manifiesta que si sus peticiones no tienen efecto en la Corte, recurrirán a instancias internacionales.

De esta forma, estas comunidades esperan ser escuchadas con el fin de llegar a acuerdos en búsqueda de una protección no solo de los recursos naturales de la región, sino de su propia cultura.
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/por-la-via-juridica-indigenas-de-la-sierra-nevada-buscan-proteger-derechos/43966

Perú

IIMP: inversión minera requerirá respaldo político y buen manejo de conflictos sociales

24/08/2020 Bryan Quinde
mineria-general
A pesar de los altos precios de los metales, las inversiones mineras en el Perú cayeron 25% entre enero y junio de este año en parte por la suspensión de las actividades productivas durante la cuarentena, pero también porque el Gobierno no tiene un mensaje claro sobre la salida de la crisis que incluya la reactivación económica y la actividad minera, señala Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Geológicamente, tenemos una concentración alta de algunos metales como cobre y plata, tenemos un buen ecosistema, con mano de obra y firmas especializadas, pero el inversionista también requiere claridad y predictibilidad. Hay un ingrediente que está faltando, que es el respaldo político, y cada día que pasa se pierde la oportunidad de comunicar”, indicó.

Consideró que más allá de sacar adelante Tía María o algún otro proyecto en concreto, se requiere pensar en el largo plazo, difundiendo entre la población, congresistas y autoridades regionales y locales, la importancia de la inversión privada.

“Justamente como es un Gobierno que está por salir y no se puede reelegir, debería aprovechar en hacer un rol de estadista, de mirar no el corto plazo, sino dejar sentadas las bases para el largo plazo”, agregó Gobitz.

Conflictos sociales

Por su parte, Roberto Casanova-Regis, socio de Tax & Legal, experto en mining de KPMG, coincidió en que de nada sirve tener un buen precio de los metales si no se aprovecha la oportunidad y los proyectos siguen sin desarrollarse.

“En el Perú tenemos cerca de 15 proyectos mineros importantes, que todavía no entran en operación falta de temas como la licencia social, Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Estudios de Factibilidad, entre otros”, señaló.

Uno de los grandes problemas, que afronta la minería es que la viabilidad de los proyectos no está asociada solo al potencial minero y geológico, sino con tener una buena relación con las comunidades adyacentes”, precisó.

Consideró que, debido a las elecciones generales del 2021, muchos proyectos extractivos pueden servir como instrumentos de politización, pero en esos casos, la respuesta del Estado tiene que ser técnica, porque si no, nunca se podrán sacar adelante los proyectos.

“Es un tema crucial destrabar ahora los proyectos mineros. Si todos los ‘stakeholders’ no se sientan y resuelven los problemas para tener soluciones integrales, no se va a poder desarrollar nada”, advirtió Casanova-Regis.
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/iimp-inversion-minera-requerira-respaldo-politico-y-buen-manejo-de-conflictos-sociales/

Perú

Minem: No se impondrán proyectos de minas sin aceptación social

20/08/2020 Bryan Quinde
tia maria proyecto minero
Diversos sectores económicos en el país, públicos y privados, han coincidido en que uno de los principales motores para sacar de la recesión al país es el de la actividad minera, en particular la puesta en marcha de diversos proyectos hoy paralizados. No obstante, el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, indicó que el Gobierno no quiere imponer los proyectos minero energéticos, sino que promoverá que se desarrollen aquellos que logren tener la aceptación social.

“Y los que no tengan la aceptación social que se inicie el diálogo multiactor, con toda la paciencia, para poder absolver cualquier duda y preocupación que exista”, anotó.

Posteriormente, en particular dijo que el Ejecutivo no forzará la ejecución de los proyectos mineros Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) si estos no tienen aceptación social.

En la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el ministro indicó que se buscará iniciar un diálogo con la empresa y las comunidades de las zonas para que se generen los consensos correspondientes, sin imponer el avance de proyectos.

“Nuestro compromiso es no forzar los proyectos que no tengan aceptación social y trabajaremos para que eso se consiga”, declaró Incháustegui. “Sin consensos ni aceptación social, los proyectos van a ser difíciles (de avanzar) y el gobierno no tiene una actitud de querer imponer, sino de concertar”, añadió.

Tanto en Conga como en Tía María, Incháustegui sostuvo que “se tienen los permisos listos, pero se tiene que hacer una acción con la población y autoridades de la zona”.

Apuntó a que otro enfoque del gobierno será revisar la manera en que los proyectos mineros con aceptación social inicien en un plazo breve posible.

SIT Gas y el proyecto 7 regiones

Respecto al proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural (SIT Gas), el ministro indicó que se trata de “un proyecto que está avanzando”, apuntando a que se viene evaluando su cronograma y que para setiembre u octubre se tendrá el informe final que determine si este proyecto es viable o no.

Sobre el proyecto de masificación de gas natural que beneficiará a 7 regiones del país, Incháustegui recordó que para setiembre de 2020 se adjudicará el proyecto. “Va a ser una concesión autosostenible, de 32 años años y con una inversión de 200 millones de dólares”, explicó.
*foto referencial
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/minem-no-se-impondran-proyectos-de-minas-sin-aceptacion-social/

Colombia

Continúa enfrentamiento entre AngloGold y los habitantes de Jericó en Colombia

20/08/2020
Fernando Jaramillo, miembro de la Mesa Ambiental de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó, municipio de Antioquia, dijo que AngloGold Ashanti no les ha permitido el paso en el proyecto minero Quebradona para una visita en los predios.

Según Jaramillo, esto se trata de una vulneración a los derechos humanos para una Veeduría constituida legalmente. “Desde el 9 de agosto anunciamos una visita a los predios donde están las actividades para su proyecto de infraestructura de explotación minera en Jericó. Desde el anuncio, la empresa se ha negado solicitando postergaciones”.

Debido a la renuencia de la minera, los miembros de la Veeduría creen que existen irregularidades por parte de la empresa.

La Veeduría está compuesta por cerca de 80 personas que en su mayoría son campesinos de la región. De hecho, para la visita nuevamente programada para este 21 de agosto, explicaron que 30 de ellos estarán allí; y temen porque se habla de que podrían encontrarse con una barrera de la Fuerza Pública.

Por su parte, AngloGold explicó que “Minera de Cobre Quebradona en coordinación con la Personería municipal, propuso a la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila, como fecha alterna a la inicial, el lunes 24 de agosto para efectuar la visita. En caso de que ninguna de las dos opciones funcione, la minera manifestó la disponibilidad para coordinar conjuntamente una nueva fecha posterior al 25 del presente mes”.

La empresa minera se apoya en que la Ley 850 de 2003, que reglamenta el funcionamiento de las veedurías ciudadanas dice que uno de los principios fundamentales para su funcionamiento es la coordinación entre las partes. “Adicionalmente, la actual emergencia sanitaria por covid-19 requiere por parte de la compañía de protocolos que permitan garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad ante cualquier visita”.
Fuente: La República

Continúa enfrentamiento entre AngloGold y los habitantes de Jericó en Colombia

Bolivia

Minera San Cristóbal de Bolivia vuelve a suspender producción

24/08/2020
Foto: Minera San Cristóbal
Por segunda vez, la minera San Cristóbal suspende actividades por un brote de COVID-19 en su campamento. La minera es la más grande de Bolivia y se ubica en el departamento de Potosí, cerca de la frontera con Chile.

“La Minera San Cristóbal determinó priorizar la vida y rediseñar el sistema de trabajo para reiniciar las operaciones en condiciones seguras sin poner en riesgo a ninguno de los más de 1.400 trabajadores, empresas contratistas y habitantes del municipio de Colcha K (en Potosi)”, señala un comunicado de la empresa de la japonesa Sumitomo.

La suspensión de actividades afecta la producción y exportación de minerales concentrados de zinc, plomo y plata.

La empresa dijo que realizó 8.093 controles médicos a los trabajadores y personal de empresas contratistas, lo que permitió identificar 168 casos sospechosos, de los cuales 41 han sido confirmados. De esos 41 casos confirmados, uno terminó en fallecimiento y 27 estaban aún activos este 24 de agosto.

Bolivia exportó en 2019 minerales en bruto y refinados por un valor de casi 4.400 millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad correspondió a la producción de San Cristóbal.

Minera San Cristóbal de Bolivia vuelve a suspender producción

Mexico

FRANCISCO QUIROGA; UN VENDEDOR DEL TERRITORIO MEXICANO

El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva
Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de
Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente
ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario
encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con
empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada
minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando
que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia,
mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.
No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de
forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del
mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió
a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que,
desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos
nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.
Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de
mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual
demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la
4T.
Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la
República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos
considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo:
hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.
Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México,
que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta
de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.
De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora
provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las
excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica
Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el
sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.

Qué le parece si lo invitamos a alguna mina, por ejemplo esta: https://www.proceso.com.mx/644770/guerreros-
unidos-toma-la-presidencia-de-teloloapan-retiene-al-alcalde-y-bloquea-minera-de-penoles, para que sienta en carne

propia, las verdaderas “buenas prácticas” de sus todopoderosas empresas mineras, responsables
de la generación de violencia a partir del patrocinio de grupos armados en varios rincones de México.
Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a
apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y
racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra
los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos
dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y
culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son
palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los
trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues
llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una
burla.

¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector
se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego,
Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y
desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad
usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas
a nivel mundial?
En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite
que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de
pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: “oro y plata para pocos, miseria
para todos”.
Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual
que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el
empleado de una compañía minera.
No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda
sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de
que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden
demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las
empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y
reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de
una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la
destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni
siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios
quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados
utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.
La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México
y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de
entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza
que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o
repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que
cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia
y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una
verdadera tomada de pelo a la nación.
Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las
comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son
ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales- quienes responden con
hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de
cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de
conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa
que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su
suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.

25 de agosto del 2020
¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE

LOS DERECHOS COLECTIVOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Perú

ORGANIZAN CONFERENCIA Y TWITAZO SOBRE PROYECTO MINERO QUE AMENAZA EL AGUA DE LIMA

24/08/2020
¿Sabías que el agua de Lima está en peligro por un proyecto minero? Desde hace más de un año, un colectivo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la preservación de las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Lima y el Callao, advirtió que se había autorizado la construcción del proyecto minero denominado Ariana en medio del sistema de lagunas que abastecen buena parte del sistema de agua potable de nuestra ciudad.

Por eso este colectivo, integrado por instituciones como CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal-IDL, y diversos especialistas han lanzado la campaña Día Cero Perú, donde se informa sobre las implicancias ambientales, sociales y legales de este caso. Asimismo el colectivo presentó una demanda el año pasado al Sexto Juzgado Constitucional de Lima, que viene evaluando la suspensión del proyecto por ser una amenaza a las fuentes de agua que nos abastecen. La decisión la tiene el Poder Judicial y este 27 de agosto se verá en una audiencia si suspende o no este proyecto minero.

Entérate más de este caso en la conferencia en vivo de este miércoles 26 de agosto a las 5:30 pm y donde expondrán Maritza Quispe, abogada del IDL; Dionel Martinez, géografo de CooperAcción; la ex congresista y socióloga Marisa Glave y Christian Astudillo, dirigente del Comité de Medio Ambiente de Marcapomacocha. La conferencia se transmitirá en vivo por el portal Wayka Perú ( https://www.facebook.com/waykaperu/ )

Asimismo puedes sumarte al twitazo denominado #SalvemosElAguaDeLima que se realizará todo el día miércoles desde las 9:00 am. Puedes compartir nuestros mensajes y gráficas desde la página de la campaña ( https://www.facebook.com/diaceroperu/ )

Participa de la conferencia AQUÍ ► https://bit.ly/3j7aN8w

Chile

SE DESNUDAN LAS RESPONSABILIDADES AMBIENTALES DE CODELCO….

Y, SURGE LA PREGUNTA: ¿PORQUÉ EL CDE DEMANDA A CODELCO AL PONER EN PELIGRO EL SALAR DE PEDERNALES Y NO POR SU BRUTAL ATENTADO A LA VIDA COMO LO ES EN CHAÑARAL?
 
(Consejo de Defensa del Estado (CDE) demanda por extracción sin control de agua y fiscalía formaliza tres ex funcionarios por sus responsabilidades tras derrame de concentrado de cobre, ambas causas de la División Salvador de Codelco Chile).
 
Hace unas semanas nos sorprende la noticia que el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogió por parte del Consejo de Defensa del Estado, demanda en contra la Empresa Estatal, Codelco Chile, por daño ambiental al ecosistema del Salar de Pedernales durante 36 años. En dicha demanda se estipula que, se debió prever que su extracciones de agua afectarían el componente hídrico y la vegetación de la zona.
 
Cabe hacer presente que, la División Salvador de Codelco Chile es dueña del 89% de agua, pero que no consideró la capacidad de regeneración del recurso hídrico, ni la biodiversidad asociada, el daño a los componentes abióticos y bióticos, flora y fauna de características únicas, como por ejemplo las vegas antiplánicas y animales en peligro de extinción como el guanaco, puma, gato colo-colo y la vicuña; lo que generaría consecuencias de gran magnitud y relevancia, más aún, por el carácter de sitio prioritario de conservación de biodiversidad con el que cuenta el Salar de Pedernales desde el año 2002.
 
La otra situación, muy diferente pero igual de desastrosa para el medio ambiente, tiene relación con el derrame de concentrado, ocurrido en septiembre de 2015, escurrimiento de una tubería cerca de Llanta hacia el río Salado y desde allí al sector costero de Caleta Palitos, cercano a Chañaral, contaminando así, con insospechadas consecuencias, toda vez que, los componentes del concentrado contienen una serie de elementos corrosivos reactivos y tóxicos. Esta situación también afecta la biodiversidad, la calidad de agua inter y submareal, como asimismo, los sedimentos y los suelos y, lo que es peor, la contaminación de la cadena alimenticia de los habitantes de toda la zona, ha sido noticia también, dado a que la Fiscalía de Diego de Almagro formaliza a tres ex funcionarios de la Divosión Salvador. Sin perjuicio de lo anterior, las otras divisiones de Codelco acumulan cada día denuncias y demandas que generan impacto social y catastróficas consecuencias ambientales.
 
No es la primera vez que Codelco comete delitos ambientales, sean ellos de derrames diversos y, ni que decir de su responsabilidad legal en la contaminación de Chañaral en que se usó su bahía natural como un verdadero y masivo tranque compuesto por 350 millones de toneladas de relave, sin que hasta la fecha exista de un reconocimiento o algún plan serio de mitigación o algún indicio o intención de hacerse cargo de la responsabilidad dictaminada en la Corte de Apelaciones del año 1988, sino que por el contrario, no hay ni un mínimo de responsabilidad social y se autoproclama a nivel internacional como modelo en gestión ambiental. Ciertamente, en términos de justicia, lo que pasa en la cabecera de la cuenca hidrográfica del río Salado no es igual al lugar del vertimiento de sus tóxicos minerales y químicos. La pelota la tiene el Consejo de Defensa del Estado.
Manuel F. Cortés Alfaro
Pdte. CHADENATUR
Asesor Comunal Red Nac. Ecoclubes
88778663
Criminalización de la protesta, Honduras

Fallo de Corte de Apelaciones confirma a Honduras la deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo

COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”

Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.

En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:

Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
El estado empleo a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.

Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.

Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha. Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.

También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:

La liberación inmediata de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro que se encuentran bajo medidas injustas de prisión preventiva: Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo
El cese a la persecución política y criminalización de: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos y otros implicados judicialmente en la defensa del Río Guapinol.
Con base en la decisión del Cabildo Abierto que declaro a Tocoa como un Municipio Libre de Minería, en noviembre del 2019; y con base en la ilegalidad de las concesiones mineras ASP y ASP2, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente las instituciones multilaterales defensoras de derechos humanos, a demandar el cese a la criminalización de defensores y defensoras de derechos en honduras.

Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.

#Guapinolresiste #libertadparaGuapinol #AmasrepresionMaslucha
MAS INFO:

Legal Defense: Honduran Courts Rule to Sustain Political Persecution in Guapinol Case
Comunicado Público – El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión públic nacional e internacional
La pandemia de la Covid-19 y el aumento de las industrias extractivas en los países de Centroamérica

Chile

Denuncian conflicto de intereses de consejero del CDE en el Acuerdo CDE-Barrick en demanda por daño ambiental

Fuente: OLCA.CL
En una demostración más de las irregularidades que envuelven al Proyecto Pascua Lama de Barrick Gold, el pasado 6 de marzo la Contraloría resolvió una denuncia por grave conflicto de interés que interpusiera la Asamblea por el Agua del Guasco Alto en 2017. Se trata de la doble militancia de Rodrigo Quintana, uno de los consejeros del Consejo del Estado (CDE), quien oficia como abogado de la propia Barrick Gold.

Quintana fue nombrado en el cargo por Ricardos Lagos en 2006 y, al momento en que denunciamos el hecho ante la Contraloría (2017), defendía a Barrick ante un recurso de protección por contaminación de aguas.

Se trata de una situación gravísima, repudiable y preocupante, ya que cualquier cargo que implique defender los bienes del Estado es totalmente incompatible con ser abogado de una de las empresas trasnacionales que más ha dañado el patrimonio natural nacional.

Así mismo, el propio CDE se había comprometido a evitar esto ante la Contraloría, indicando que: “en caso de existir cualquier conflicto de intereses, el funcionario en cuestión debe inhabilitarse y abstenerse de conocer y participar en cualquier debate y decisión que pueda adoptarse en relación con el asunto de que se trate”, lo cual fue ratificado por la Contraloría cuando, en su Dictamen, establece que: “ las labores de representación que desempeñó el aludido consejero en favor de la indicada Compañía Minera Nevada SpA (Barrick Gold) no resultan conciliables con la posición que el mismo tiene dentro de la Administración, toda vez que el ejercicio de aquellas se encontraba relacionado con el ámbito de las labores propias del Consejo de Defensa del Estado”.

Y justamente esto último fue lo que sucedió en enero pasado, cuando Barrick fue inculpada de daño ambiental irreparable a 13,8 hectáreas de llaretas y 2,16 hectáreas de vegas altoandinas y el Consejo de Defensa del Estado decidió interponer una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Ante el llamado a conciliación, el CDE negoció con la empresa y llegó a un acuerdo, que fue aprobado el 26 de mayo pasado por el Tribunal y en cuya decisión participó plenamente el consejero Quintana, como consta en el acta del 21 de enero (adjunta). Cabe hacer notar que como comunidad estuvimos en contra de conciliar y no respaldamos el acuerdo por considerarlo totalmente insuficiente, engañoso y un enorme agravio para el Valle del Huasco, toda vez que la serie de deficiencias del plan de restauración propuesto por Barrick no dan certeza alguna de que se reparará el daño causado.

Todo el proceso de conciliación y acuerdo fue una medida absolutamente favorable a la empresa y, más aún, resulta escandaloso que Quintana haya participado de la aprobación de este acuerdo, lo que a nuestro entender es un vicio que, por sí solo, exige su anulación.

Vale la pena mencionar que como comunidad no fuimos notificados de manera formal del dictamen de Contraloría y que nos enteramos por la prensa (https://lavozdelosquesobran.cl/el-silencioso-plan-para-revivir-pascua-lama-y-minera-dominga-en-plena-crisis-economica/?fbclid=IwAR2DUXH1NR_r_a8ciOCcTF8AnDcPv_4l3zCkLAkqRPeJMNsZvYgmpTO0Fvo). Con el fin de aclarar el motivo de esta omisión, interpusimos una nueva denuncia. El atraso en la notificación implicó que no pudimos denunciar el hecho antes de que el Tribunal Ambiental aprobará el acuerdo el pasado 26 de mayo. Con todo, el proceso de impugnación del acuerdo aún no está cerrado y existe un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta que fue acogido y que busca dejarlo sin efecto. Los alegatos tendrán lugar durante la próxima semana y no perdemos las esperanzas de que la Contraloría pueda actuar de oficio ya que ahora se sabe que Quintana fue parte de la toma de decisiones.

No es primera vez que Quintana (PS) se ve envuelto en este tipo de polémicas. Un reportaje de El Mostrador de 2017 (ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/07/abogado-del-cde-que-debe-defender-el-interes-fiscal-es-tambien-jefe-de-area-de-oficina-de-lobby-de-enrique-correa/) da cuenta de un historial que habla por sí solo: “Desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado” y que justamente durante años tomó los casos de Pascua Lama. También es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción (una de las principales agencias de lobby más influyentes del país, encabezada por Enrique Correa).

Llamamos a la Contraloría a no dejar pasar más estos graves conflictos de interés que se presentan en el Consejo de Defensa del Estado, particularmente este que estamos denunciando. Queremos un país libre de corrupción. ¡YA BASTA!

#CierreDefinitivodePascuaLama

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO