Mexico

Debe realizar el sector privado una minería de cero accidentes, sin desastres ambientales ni conflictos sociales: Quiroga

Por Mineriaenlinea Última actualización 27/08/2020
México.- El sector privado tiene que hacer una minería ambientalmente sostenible y socialmente incluyente, de cero accidentes fatales, sin desastres ambientales ni generar conflictos sociales. La carga fiscal es un factor negativo desde el punto de vista de las inversiones, porque es relativamente alta, pero el gobierno está satisfecho con ella y que los inversionistas vengan a México sabiendo que pagarán más impuestos, pero con todas las ventajas que tiene por otros factores de competitividad.

Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, informó lo anterior y dio a conocer que las concesiones mineras activas representan sólo cuatro millones de hectáreas, o sea, poco más de dos por ciento del territorio nacional y después de realizar una revisión, las concesiones totales disminuyeron de 25 mil a 21 mil, que representaron una reducción de 21 millones a 16 millones de hectáreas,

Por otra parte, anunció que la presente administración acabó con el rezago de 21 mil trámites pendientes en la industria minera, porque abren la oportunidad a la corrupción y se han denunciado intentos de intimidación para solucionar algunos expedientes, pero se recuperó el carácter de la autoridad para no someterse a ningún intento de extorsión.

Al rendir un amplio informe de la situación de la industria minera a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, indicó que el Gobierno Federal pide al sector privado que su participación en ese sector implica el cumplimiento de sus obligaciones, como pagar sus impuestos en tiempo en forma.

Aceptó que en la industria minera la carga fiscal es relativamente alta, pero México no quiere competir con precio, con costo, sino producir con valor y que los inversionistas vengan por otros factores, como el blindaje social, el costo y la disponibilidad de financiamientos. Expuso que el país está rankeado competitivamente en el entorno que ofrece a la atracción a la inversión.

Destacó que la minería tiene que hacer un desarrollo incluyente con las comunidades, con un deslinde de prácticas extractivistas que pudieron existir hace 400 o 20 años, sino que es preciso impulsar una transparencia, consulta e incorporación de las comunidades en los proyectos del sector.

El funcionario explicó que las autoridades trabajan en las concesiones omisas, que presentan retrasos en sus pagos o están ociosas, que no tienen proyectos productivos detrás de ellas y no tienen información disponible o bases de datos inconsistentes.

“Las concesiones activas representan cuatro millones de hectáreas, aquellas que tienen algún tipo de operación minera, eso es un poco más de 2 por ciento del territorio nacional y las obras dentro de las concesiones representan un poco más de 200 mil hectáreas, es decir 0.1 por ciento del territorio nacional”, expuso.

Quiroga Fernández explicó que normalmente una concesión minera fluctúa entre mil 500 y dos mil hectáreas y las obras de las empresas ocupan entre 10 y 20 hectáreas, que representan menos de 1 por ciento de cada concesión.

Enfatizó que la industria minera está altamente regulada, por más de 500 leyes, normas y permisos de los tres órdenes de gobierno, que se traducen en mil 77 trámites que deben cumplirse para que las empresas puedan operar.

Dio a conocer que las autoridades trabajan en la seguridad y salud laboral, para evitar fatalidades y cada vez que se produce un accidente el sector minero e investigan las causas raíz para evitar ocurran más fatalidades

Planteó que las autoridades federales dan seguimiento a la conciliación de conflictos entre concesionarios, sindicatos, ejidos y otros actores, para que se llegue a acuerdos dentro de la ley.

“En el tema laboral. Estamos trabajando con los grandes sindicatos, con los trabajadores, para que sean un factor de competitividad e innovación y no haya interrupciones a la continuidad operativa”, indicó.

El subsecretario de Minería aseveró que los salarios en todo el sector son 39 por ciento superiores a promedio de la economía formal, en tanto que los pagados en el sub sector minería metálica son 74 por ciento mayores.

Mostró fotos de remediaciones ambientales en minas de México y el mundo e informó que el compromiso de las empresas es dejar los sitios ocupados en mejores condiciones en que las anteriores a su presencia. Agregó que el uso del agua es a circuito cerrado con líquido tratado y no potable.

Mencionó que se da apoyo a los pequeños productores que cumplan con todas sus obligaciones fiscales y patronales, con el Fideicomiso de Fomento Minero.

Debe realizar el sector privado una minería de cero accidentes, sin desastres ambientales ni conflictos sociales: Quiroga

Chile, Litio

Acuerdo de SQM con Camar tensiona a comunidades: Peine y Consejo de Pueblos Atacameños no negociarán con la firma

Vanessa Azócar
La Tercera La Tercera
El viernes por la tarde, el Consejo de Pueblos Atacameños convocó a una reunión extraordinaria. El punto crítico de la tabla era el convenio extrajudicial firmado por la comunidad de Camar con SQM Salar por un monto total de $1.700 millones que La Tercera PM dio a conocer ese mismo día.

A través del acuerdo extrajudicial con SQM, Camar desistió del proceso judicial que junto a las comunidades indígenas inició contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona. En febrero de 2019, Camar, la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), habían presentado una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en enero de 2019 por un costo de US $25 millones.

A la reunión convocada el viernes por el Consejo de Pueblos Atacameños, llegaron 17 comunidades aledañas al Salar de Atacama. Solo faltó Camar, cuya decisión fue ampliamente cuestionada por el avenimiento a la empresa que, a juicio de las agrupaciones, contradice un acuerdo expreso de no tener acercamientos con la firma.

“Debemos afirmar nuestros principios de unidad frente a la división, la lealtad a la desidia y no caer en el juego que tiene la empresa SQM, quien está realizando sus estrategias, ya que son los únicos que se sienten amenazados con el proceso sancionador”, dice el comunicado interno emitido ese días por las comunidades.

En la cita, las comunidades reafirmaron que la decisión de Camar no incidirá en el proceso judicial contra la empresa. Un compromiso que la comunidad de Peine reafirmó al asegurar que no tendrá acercamiento ni llegará a acuerdos con SMQ.

Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños añade que la intención de las comunidades, de hecho, es continuar además un proceso contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hemos respetado lo que la comunidad de Camar ha realizado, obviamente, que ese acuerdo tiene que ver con procesos que se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y que son afectaciones que la empresa ha hecho a lo largo de la historia con la comunidad. Esto, obviamente, no va a impedir en ningún caso que la Comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños continúen en el proceso sancionatorio contra SQM y también la demanda internacional que hay contra el Estado por la firma del contrato entre Corfo y esta misma empresa”, asegura el dirigente.

Cubillos dice que las comunidades están decididas a llevar el caso a la CIDH para lo cual son asistidos por el abogado Jaime Madariaga. “Por la pandemia, lamentablemente, no pudimos participar en las instancias. Unas eran aquí, las otras eran en Washington y Colombia. No se pudo, pero estamos pidiendo audiencia con la CIDH para presentarles el caso”, explica.

“Peine no negociará”

Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad de Peine, dice que el acuerdo entre Camar y SQM distancia entre sí a las comunidades.

“Sentimos afectadas las relaciones entre los comuneros. Obviamente que el desconocimiento del acuerdo entre Camar con SQM y el desestimiento nos afecta porque todos formamos el Consejo de Pueblos Atacameños. Teníamos una decisión de no negociar con SQM”, afirma la dirigenta.

Barrera reafirma que Peine no se acercará a SQM. “Nosotros como directorio de Peine seguimos el mandato de la asamblea y no vamos a negociar. Vamos a continuar con la defensa del territorio. Ni siquiera sentarnos a conversar. Pretendemos que el proceso sancionatorio siga adelante porque el daño en el Salar es evidente”, insiste.

Toconao: “Las comunidades de Lickanantay no se venden”

Las comunidades de Toconao y Talabre aseguran, a su vez, que no existen acercamientos a la empresa posteriores al acuerdo adoptado en conjunto con el resto de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños.

Así lo recalca Cristian Varela, representante de la comunidad de Toconao. “Las comunidades de Lickanantay no se venden y no han negociado en ningún momento el tema medio ambiental, tampoco sus derechos de agua. Los acuerdos anteriores a los que han llegado algunas comunidades están dentro del marco de la reparación por la intervención y el daño histórico que han producido estas empresas extractivistas al interior del Salar de Atacama”, asegura.

Varela añade que “seguiremos adelante con el proceso sancionatorio. Hay un claro compromiso de las comunidades de Lickanantay del borde sur, y en especial de Toconao, con el medio ambiente y con los valores de identidad de nuestros ancestros”.

Talabre: “No nos bajamos del proceso sancionatorio”

En la misma se pronuncia Eliza Soza, presidenta de la comunidad de Talabre, quien reafirma que no se bajarán del proceso sancionatorio contra la empresa y sostiene que el acercamiento de la firma a la comunidad es previo y no tiene relación al proceso judicial reciente.

“Hace muchos años, SQM viene trabajando con la comunidad en agricultura, ganadería y pequeños proyectos. Hay un relacionamiento con la comunidad anterior y esto siempre ha estado en conocimiento de la Comunidad de Pueblos Atacameños. Eso no significa que perdamos nuestra autonomía y nuestro derecho a reclamar por nuestro territorio a la empresa. Eso es intransable. En ningún momento vamos a dejar de reclamar a la empresa por nuestra afectación al medio ambiente. No nos bajamos del proceso sancionatorio y la empresa está al tanto de eso”, asegura.

Chile, Litio

El gobierno y SQM contra las comunidades atacameñas: el juicio por incumplimientos ambientales que podría dejar a la empresa controlada por Ponce Lerou sin derechos de explotación en Salar de Atacama.

FRANCISCA VALENCIA
12/08/2020
Fuente: Chile Sustentable
La Corte Suprema fijó alegatos para el 13 de agosto, en la causa que involucra a las comunidades indígenas atacameñas contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y SQM Salar S.A, por las infracciones e incumplimientos ambientales realizados por la empresa desde 2013. La sentencia del máximo tribunal podría obligar a la SMA a retomar el proceso sancionatorio en cumplimiento de la orden dada por el Tribunal Ambiental de Antofagasta (TAA), sanciones que podrían imposibilitar, eventualmente, la continuidad de la empresa.

El litigio se remonta a 2016, cuando la SMA formuló cargos contra la empresa -presidida por aquel entonces por Julio Ponce Lerou- tras detectar 6 infracciones cometidas desde 2013, algunas de ellas leves, otras graves y una de carácter gravísima, relacionadas principalmente con la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado (de la salmuera se extraen cloruro de potasio y carbonato de litio). Las infracciones habrían contribuido al desbalance hídrico del Salar de Atacama, asunto sobre el cual existen incertezas científicas que ameritaron la aplicación del principio precautorio por parte del TAA, y la prosecución del proceso sancionatorio.

Tras esto, SQM presentó cuatro programas de cumplimiento (PdC), siendo el último de ellos aprobado por la SMA en enero de 2019. Conforme al cual SQM debía ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto de algunas de las acciones que propuso, y suspendiendo el proceso sancionatorio. Los PdC son una salida alternativa que concede la SMA de manera legal a un infractor, que debe reconocer sus infracciones y proponer la forma en que estos efectos se eliminen o contengan y reduzcan; todo siempre, con el fin de evitar sanciones por parte de la SMA.

SQM propuso en su último plan reponer salmuera, monitoreos en línea y una serie de mitigaciones que involucran US$ 25 millones. La compañía arriesga multas que van desde los US$ 22 millones hasta la pérdida de su licencia para operar la explotación del salar, sanción que solicitan algunas comunidades del norte afectadas por la minera.

El salar de Atacama es de suma importancia para la empresa minera del litio. Según sus últimos estados financieros, en el primer semestre de este año SQM Salar facturó US$210 millones, más del 53% de los ingresos totales de la empresa a marzo de este año, según informa La Segunda.

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió las reclamaciones de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Indígena Atacameña de Cámar, en contra de la aprobación del cuarto PdC por parte de la SMA, ordenando su revocación.

Para revocar la medida del SMA, el Tribunal Ambiental de Antofagasta tuvo en consideración la especial condición de fragilidad que presentaba el Salar de Atacama, desde un punto de vista ecosistémico, y el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico, que los resultados de los informes de SQM tampoco pudieron comprobar de manera certera.


Con esta decisión la SMA quedaba obligada a retomar el proceso administrativo sancionatorio contra la empresa, la cual no solo tiene la obligación de volver al cumplimiento ambiental, sino que conjuntamente con ello, debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas.

Sin embargo, la pugna no terminó con esta sentencia, ya que a finales de enero de este año la SMA junto a SQM Salar (en calidad de tercero coadyuvante), recurrieron en contra de la decisión tomada por el TAA, buscando revertir la sentencia en la Corte Suprema.

La tercera sala de la Corte Suprema, que ve el caso, está presidida por el Ministro Sergio Muñoz., quien es recordado, entre otras, por la sentencia de paralización de la central termoeléctrica Castilla. En la sala también efectuarán como juezas las ministras María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla y Pedro Pierry.

Un abogado conocedor del caso, que prefirió mantener en resguardo su identidad, en conversación con El Ciudadano, analiza los distintos escenarios del caso y explica el tipo de juicio que se está llevando: “En lo que se llama casación en el fondo, no se ven los hechos de la causa, no se ven los hechos de contaminación y daño, por ejemplo. Aquí se analiza solamente el derecho. Es decir, en este caso, la SMA estimó que el TAA no cumplió con la ley al revocar la resolución que aprobaba el programa de cumplimiento, y recurrió en contra de la sentencia para que la Corte Suprema la invalide por haberse pronunciado con infracción de ley, lo que habría influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, y para que la reemplace por otra. Uno de los criterios de casación por ejemplo es la aplicación de la regla de la sana crítica, las reglas de las pruebas… Si se cumplió con la ley al ponderar las pruebas.”

Pese a que el proceso se encuentra abierto en la Corte Suprema, el 7 de julio de este año, el TAA, haciendo valer su autoridad, ordenó el cumplimiento de la sentencia para la SMA, en un plazo de 30 días.

Esto después de haber solicitado información respecto al acatamiento de su sentencia, y verificando que a esa fecha todavía no se había dictado un acto administrativo que aplique sanciones contra SQM por los incumplimientos ambientales. En su resolución, el TAA “ordena a la Superintendencia del Medio Ambiente para que en un plazo de 30 días proceda a emitir el acto administrativo correspondiente, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines disciplinarios que correspondan”.

Con todo la futura decisión de la Corte Suprema podría poner fin a este proceso, planteando dos posibles panoramas para la minera. El primero es que se confirme la sentencia del TAA, y que la SMA tenga que continuar con el proceso sancionatorio en cotra de SQM, lo que involucra multas y hasta una eventual revocación del permiso que les permite operar, junto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le fue otorgada el 2006.

De ocurrir este caso podría aplicarse la cláusula 23 del convenio Corfo-SQM, un experto en la industria del litio señala que: “El convenio Corfo-SQM que se estableció hasta el 2030, le aumentó la cuota de extracción de litio a SQM y aumentó también la recaudación del Fisco. Pero, el convenio también dice que si SQM es condenado por infracción grave, por sentencia ejecutoriada, la empresa lo puede perder todo, las propiedades mineras, todo. Siempre que el Consejo de Defensa del Estado así lo exija, SQM tendría que devolverlo todo a la Corfo, sin derecho a indemnización alguna. Está en juego su licencia para operar y su existencia como empresa en sí.”

El abogado cercano al pleito continúa explicando: “de darse este caso la Superintendencia debe aplicar una pena, una sanción. Esa sanción puede ser apelada por SQM, o por las comunidades indígenas si consideran que es muy baja la pena. Podría darse un juicio que llegue a la Corte Suprema, sobre la entidad de las penas. Pero se requiere sentencia ejecutoriada firme para poder hacer operar la cláusula del convenio Corfo-SQM.”

Si se aplica la pena, finalmente, y se condena por infracción grave a la empresa extractora de litio, se abriría un nuevo proceso de negociación que debería involucrar a todas las partes afectadas: Estado, comunidades indígenas de la zona y SQM. “Para mí, por lo menos, ese es el escenario de negociación adecuado. Las comunidades van a estar en una mucho mejor posición para negociar, después del juicio que durante el juicio. Sobre todo si se logra que se condene a SQM”, expone el abogado.

El segundo panorama es que se revoque la sentencia del tribunal ambiental, pudiendo SQM continuar con el PdC aprobado en diciembre pasado por la SMA. Todo pareciera indicar que la minera pone sus esperanzas en este resultado, continuando, ahora bajo las “órdenes” de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, con “medidas provisionales” para la mitigación del daño, las mismas que fueron planteadas en su PdC.

Así desde hace un tiempo, SQM ha ejecutado medidas de reparación voluntarias por las infracciones, en el marco de lo planteado en su PdC. “¿Por qué? Porque si la Corte Suprema revoca la sentencia del TAA se consolidaría el PdC planteado por la empresa. Todo lo que ha hecho SQM hasta ahora, en el marco del programa de cumplimiento, va a ser validado. Entonces esa es la apuesta de SQM. Por eso han seguido cumpliendo con el PdC, incluyendo el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de cuatro acciones”, explica el abogado.

La empresa que hoy se encuentra en mitad de un proceso que podría ser definitorio para su continuidad, todavía estaba ingresando en junio de este año un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para modificar la RCA de 2006 que involucra “compensar la pérdida de vitalidad de ejemplares de algarrobo localizados en el área del pozo Cámar 2”, una de las infracciones corroboradas por la empresa.


“Hay muchas zonas grises, la causa va desde lo administrativo, desde lo regulatorio a lo judicial, desde un tribunal ambiental a la Corte Suprema, etc. Entonces hay espacio donde se puede ser creativo, aunque no mucho. Pero la Superintendencia está haciendo eso con su reacción frente a la implementación de la sentencia del Tribunal Ambiental”, explica el abogado.

“La industria extractiva del litio en Chile tiene procesos tecnológicos de los años 50 y 60. No ha evolucionado mucho. Y la gracia que tienen estos juicios es que precisamente pueden establecer la necesidad de que SQM cambie de modelo de explotación, completamente, por uno que sea más sustentable desde el punto de vista hidrogeológico del Salar de Atacama. Eso sería un logro, por supuesto”, analiza el experto respecto a la necesidad de modernización de la industria del litio en Chile.

Por ahora, solo queda esperar los alegatos del caso en la Corte Suprema mañana, 13 de agosto, si no se suspenden nuevamente, como sucedió el 30 de julio y 6 de agosto de este año. “Pero tampoco se descarta que una o más comunidades lleguen a un acuerdo económico con SQM y opten por no presentar a sus abogados para los alegatos”, concluye cauteloso el abogado frente a las distintas posibilidades. Por ahora solo resta esperar.

Chile

Pascua Lama: Corte de Apelaciones rechaza recurso de hecho que buscaba dejar sin efecto engañoso Acuerdo entre CDE y Barrick y manda a la comunidad a pagar costas.


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

“NO vamos a pagar a Barrick. Que nos lleven a juicio. A nosotros no nos van a callar, y tenemos dignidad”

INSÓLITO: Una de las empresas más grandes del mundo daña el medioambiente, afecta la salud de los habitantes de un Valle y ahora, avalada por un fallo inaudito, quiere obligar a una pequeña comunidad a pagarle las costas de un juicio.

En enero de 2020, Barrick Gold llegó a un Acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para restaurar el daño provocado a vegas altoandinas y llaretas, ambos ecosistemas frágiles que tardan siglos en desarrollarse, y que son prácticamente imposibles de recuperar. Estos daños se dieron en el marco del Proyecto Pascua Lama, ubicado en la cordillera del Valle del Huasco, Región de Atacama, y constituyen una de las aristas del proceso por el Cierre Definitivo en que Barrick ya está sancionada y cuyo fallo deberíamos conocer este mes.

Las comunidades rechazan de plano este Acuerdo pues, además de liberar a la empresa de otro frente de judicialización, es insuficiente, vulnera el principio de indemnidad al no asegurar la restauración del daño y es engañoso porque Barrick compromete medidas que aparentan ser “nuevas” pero que ya eran parte de su obligación de protección (por cierto, incumplidas).

Además, y en una de las situaciones más graves que pone totalmente en entredicho la legitimidad del Acuerdo, en él participó como consejero del CDE un personaje cuyo nombre ya está saliendo de manera escandalosa en varios casos de conflictos de interés y corrupción: Rodrigo Quintana, quien, durante su rol como consejero, fuera abogado de Barrick en 2016-2017 y que, por lo mismo, según la Contraloría, estaba impedido de participar en cualquier caso que involucrara a dicha empresa.

Las comunidades del Valle intentaron detener este Acuerdo engañoso e ilícito con diversos recursos, pero, como es de esperar de una justicia que no solo no es ciega, sino que se mueve al ritmo de los intereses de los poderosos, el fallo del 25 de agosto de 2020 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó cualquier acción contra el Acuerdo y, más aún, en un intento de castigar e incluso de amedrentar a una comunidad movilizada en contra de Barrick, obliga a las comunidades a pagar los gastos del juicio, tanto al CDE como a Barrick Gold.

Parece mentira, pero no lo es. Una pequeña comunidad, en su mayoría de agricultores y agricultoras, que defiende su agua y su tierra, ahora tendría que hacer beneficios para pagarle a la gigante multinacional que vino deliberadamente a destruir su ecosistema, que está sancionada por ello (por lo tanto, ya es criminal) y que no ha hecho sino corromper y ensuciar todos los espacios donde ha intervenido, partiendo por las instituciones del Estado a todo nivel y terminando en el sitio donde instaló su nefasto proyecto. Esto viene a ratificar, una vez más, para quién trabaja el Estado y el poder judicial en Chile.

Las comunidades del Valle declaramos con decisión que NO vamos a pagar a Barrick. Que nos lleven a juicio. A nosotros no nos van a callar y tenemos dignidad. Seguiremos luchando por el agua, los glaciares, por un medioambiente limpio, por una conciencia limpia y por la vida.

Ver denuncia anterior de Asamblea respecto del consejero Quintana: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108095&fbclid=IwAR12rLydHHoLlA23ruuyt7Jixd3PMjTBundWjaUb51Xutv0D3X4tqNtXe8c

Ver denuncias por conflicto de interés de Quintana y Candelaria: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2019/03/07/minera-candelaria-la-red-de-lobby-para-obtener-la-aprobacion-ambiental-hasta-2030.shtml y https://www.biobiochile.cl/noticias/se-dijo-en-la-radio/2019/03/07/caso-minera-candelaria-en-el-consejo-de-defensa-del-estado-hace-rato-que-se-tolera-todo.shtml

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
Constanza San Juan S/ +56 9 62413008 guascoaltocomunicaciones@gmail.com
Abogados Comunidades: Sergio Millamán; cel: +56948710831/sergiomillaman@gmail.com

Chile

Putaendo: Corte de Apelaciones acogió recurso que exige participación ciudadana en proyecto de minera Vizcachitas

Por: El Desconcierto 27/08/2020
Bofedal en estero Chilo /

El fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso permitirá a la comunidad putaendina tener Participación Ciudadana. Desde la Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste emplazaron al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio de Medio Ambiente a aceptar la decisión de la Corte de Apelaciones y no recurrir a la Corte Suprema.

En un fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acogió favorablemente el Recurso de Protección presentado por la comunidad putaendina, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental Regional (SEA), que en marzo de este año negó la Participación Ciudadana solicitada formalmente por más de 2.000 personas y que luego, en un proceso express y en plena pandemia, dieran la aprobación a que la Cía. Minera Vizcachitas Holding pudiera iniciar una nueva campaña de 350 sondajes mineros en el Sector de Las Tejas.

De esta forma, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó “sin efecto la Resolución Exenta Nº 76 de 17 de marzo de 2020, del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso, que rechaza las solicitudes de efectuar un proceso de participación ciudadana, en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, retrotrayéndose el proceso de Declaración de Impacto Ambiental al momento previo a su calificación, debiendo someterse el proyecto, previamente, al procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.”

Tras el fallo, desde la Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste señalaron que la resolución de la Cuarta Sala “aplica sensatez y el sentido común en contraposición a la interpretación caprichosa que hace él SEA respecto de no otorgar la Participación Ciudadana a las comunidades que la solicitan”.

“Emplazamos al Director Ejecutivo del SEA Hernán Brücher Valenzuela y al Ministerio de Medio Ambiente, a que acepten la decisión de la Corte de Apelaciones y no apelen a la Corte Suprema, ya que esto incurre en un inmenso gasto de recursos y energías que finalmente pagamos con nuestros impuestos. Demandamos que las autoridades obren en beneficio de las comunidades y no de mezquinos intereses económicos privados”.

En este sentido, desde la organización hicieron un llamado al SEA Regional a que cumpla la determinación de la Corte, para que anulen la Resolución de Calificación Ambiental otorgada al proyecto minero y que se abra un proceso de Participación Ciudadana, “donde la comunidad de Putaendo sea escuchada y se atiendan todas y cada una de sus observaciones”.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/27/putaendo-corte-de-apelaciones-acogio-recurso-que-exige-participacion-ciudadana/

Guatemala

Informe sobre minería en Guatemala denuncia tácticas de mineras contra países

Entrada de la mina El Tambor, en Guatemala. EFE/Saul Martínez/ARCHIVO
Publicado por: Julio César Rivas 24/08/2020 Toronto (Canadá)

Compañías mineras están abusando de las herramientas de arbitraje internacional para presentar demandas millonarias contra países en desarrollo, especialmente de Latinoamérica, cuando sus operaciones son rechazadas por comunidades locales según un informe dado a conocer hoy y que analiza el caso de KCA contra Guatemala.

La empresa minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada (Estados Unidos), demanda más de 400 millones de dólares (350 millones de indemnización más intereses más costes) a Guatemala por la suspensión de su proyecto El Tambor.

Consulta previa a las comunidades
En 2016, la Corte Suprema de Guatemala y en 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenaron la suspensión de las operaciones del proyecto, también conocido como Progreso VII Derivada, en el municipio de San Pedro Ayampuc, porque las comunidades locales no fueron consultadas para la concesión de la licencia minera.

En respuesta, en diciembre de 2018 KCA hizo uso de la cláusula de protección de inversiones del tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana para solicitar el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Grupo del Banco Mundial.

Informe sobre los argumentos de las mineras

Vista de la mina El Tambor en Guatemala. EFE/Saúl Martínez/ARCHIVO

Pero según el informe “La injusticia minera a través del arbitraje internacional: contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) sobre su proyecto de oro en Guatemala”, KCA está utilizando el Ciadi en Washington para presionar al Gobierno guatemalteco a que autorice la operación de El Tambor o a pagar una gigantesca indemnización.

El informe del Institute for Policy Studies (IPS) de Washington y elaborado por el periodista guatemalteco Luis Solano junto a las investigadoras Ellen Moore y Jennifer Moore indica que KCA ha ignorado la oposición de las comunidades, ha incumplido la normativa guatemalteca y ha omitido detalles clave del caso, como el uso de violencia para abrir la mina.

Extracción de recursos naturales
Jennifer Moore declaró a Efe que la solicitud de arbitraje ante Ciadi por parte de empresas mineras y de extracción de recursos naturales “está convirtiéndose en una industria en sí misma, en las que firmas de abogados ganan enormes cantidades de dinero”.

“Es más fácil para las corporaciones estas demandas que poner en marcha las operaciones y hay terceros que proporcionan la financiación para las demandas”, añadió Moore quien añadió que en las últimas décadas, el sector privado ha presentado 38 demandas de arbitraje similares contra países latinoamericanos.

Moore y Solano calificaron el caso de El Tambor y la demanda de KCA contra Guatemala como “emblemático” de las tácticas del sector.
Oposición al proyecto y corrupción
Solano dijo a Efe que “este caso es muy importante porque se trata de un movimiento genuino, comunitario, de resistencia surgido hace casi una década. Ha sido una batalla legal y de resistencia pacífica a un proyecto que lo consideran ilegal, que producirá ganancias millonarias a costa de destrucción de recursos naturales y violencia con costos inconmensurables y que contó con el respaldo de los gobiernos de turno”.

A pesar de las sentencias en Guatemala contra KCA por no haber consultado a las comunidades, la notificación del arbitraje presentada por la empresa ante Ciadi señala que recibió la licencia social para operar la mina tras haber “consultado con las comunidades y no habiendo recibido ninguna objeción de su plan minero”.

KCA también achaca las protestas a “organizaciones no gubernamentales que incitaron a la población local a bloquear el acceso a los sitios mineros”.

Agua y salud
Pero según los autores del informe, desde que se iniciaron los trabajos de construcción en febrero de 2012, pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo bloquearon el sitio minero “preocupados por su agua y su salud”.

“Poco después de iniciar el plantón, los miembros de la comunidad empezaron a enfrentarse a la represión violenta y a las amenazas por la policía y la seguridad privada de la empresa”, señala el informe que califica de “falsa” la afirmación de KCA de que no recibió objeciones a su plan.
KCA ha señalado ante el Ciadi que la licencia para operar la mina fue “expedida legalmente” por las autoridades guatemaltecas.

Sin embargo, el informe dice que KCA obtuvo la licencia de forma sospechosa durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2011) “a pesar de una moratoria sobre nuevos permisos mineros”.
“Aún no se ha aclarado exactamente cómo obtuvo KCA su licencia de explotación, pero las circunstancias hacen saltar la alarma sobre la voluntad del Gobierno de ceder a los intereses de la industria y de KCA”, señala el informe.

Los autores enumeran las autoridades y gobiernos guatemaltecos que prestaron su apoyo al proyecto de KCA a pesar de que no obtuvo el permiso de construcción municipal, y las dudosas conexiones de altos funcionarios con empresas mineras como KCA.

“KCA también gozó de importantes relaciones con la élite guatemalteca. El proyecto minero de KCA probablemente pudo beneficiarse del acceso de estos individuos a los funcionarios gubernamentales y su influencia en los procesos administrativos, jurídicos y reglamentarios”,dijo el informe.

Finalmente, el informe afirma que “la mina de oro de KCA entró en operación como resultado de la represión violenta llevada a cabo por fuerzas de seguridad privada dirigida por militares en retiro y por fuertes contingentes de agentes antimotines de la PNC (Policía Nacional Civil) bajo un gobierno corrupto”. EFEverde

https://www.efeverde.com/noticias/mineria-guatemala-informe-tacticas-mineras-kca/

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Chile, Internacional

Científicos y profesionales chilenos solicitan a Canciller moratoria sobre minería de fondos marinos en aguas internacionales

La solicitud es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.
25/08/2020
MINERÍA CHILENA
Un grupo de destacadas personalidades chilenas ligadas de distinto modo a la actividad minera, presentaron este martes a la Cancillería, una solicitud de moratoria ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería -en aguas internacionales- ocasionará a nuestro país.

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos revisa probable impacto de la minería submarina
La misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.

“Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales”, plantean.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Señor Ministro,

Los abajo firmantes, científicos y profesionales chilenos ligados de distinto modo a la actividad minera nacional, venimos en dirigirnos respetuosamente a Ud. para -mediante su intermedio- lograr que Chile asuma una política definida hacia la minería submarina en aguas internacionales.

Esta posición política no es otra que demandar ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) una moratoria para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería ocasionará a nuestro país.

La minería submarina internacional está a las puertas de iniciarse una vez que la AIFM apruebe el Código Minero para explotar los recursos mineros ubicados en la Zona, considerados Patrimonio Común de la Humanidad por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales por la alta inseguridad que aún persiste en cuanto a:

1.- Un impacto socioeconómico negativo en los países productores terrestres de minerales (DLPS);

2.- Un impacto negativo en la biodiversidad submarina de la Zona;

3.- La destrucción del hábitat profundo con consecuencias globales;

4.- La falta de conocimiento suficiente para diseñar planes de manejo ambiental a escala local y regional de estas minas;

5.- La imposibilidad de definir límites de riesgo ambiental de las funciones fundamentales de los océanos profundos en la escala global;

6.- La incapacidad administrativa y técnica de la AIFM como único ente regulador del patrimonio común de la humanidad en la Zona.

Chile, en el Decreto Supremo N° 1393, promulgatorio de la Convención, definió una posición política sobre su implementación el 18 de noviembre de 1997. Esta declaración hace referencia a la Parte XI y su Acuerdo Complementario, en relación a la contaminación, el rol de la AIFM y la aprensión sobre el impacto socioeconómico potencial en ese entonces (artículo 151 de la CONVEMAR). Hoy esto es una realidad.

Advertimos serias debilidades estructurales en la AIFM como ente regulador y comprobamos con el Estudio de Impacto de la Extracción de Nódulos Polimetálicos en la Zona sobre los efectos en los países en desarrollo productores terrestres, entre los que se encuentra Chile como productor de cobre, estudio elaborado por iniciativa del Consejo de la AIFM por la “Institución de Investigación Científica de Recursos Minerales de toda Rusia”, que advierte y demuestra las graves repercusiones económicas y sociales para el país por la explotación de nódulos de menor ley de concentración de finos que sulfuros y costras de mejor ley de fino, donde el impacto sería mayor y catastrófico para el nosotros.

Dada la precariedad del borrador del Reglamento para la Explotación de Recursos Minerales en la Zona (Código de Minería Submarina) a la fecha, y el reconocido deterioro del medio ambiente actual, estimamos oportuno solicitar por su intermedio la aprobación de una moratoria temporal en esta materia, la cual ya ha sido propuesta por el Parlamento Europeo y numerosas otras organizaciones científicas.

Chile, como país minero y oceánico, goza de suficiente autoridad y respeto en los medios mineros mundiales para impulsar una moratoria sobre el particular y generar alianzas con países con las mismas visiones (“like minded”), entre ellos Sudáfrica, Congo, Indonesia, Myanmar, Camerún, Brasil, México, Perú, Papúa Nueva Guinea, Marruecos, Zambia, Ghana y Guatemala, y otros.
https://www.mch.cl/2020/08/25/cientificos-y-profesionales-chilenos-solicitan-a-canciller-moratoria-sobre-mineria-de-fondos-marinos-en-aguas-internacionales/

Latinoamerica, Perú

LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Luis Gárate, COOPERACCION
25/08/2020
Imagen: DX
Más allá de lo sanitario, son varios los temas que han entrado en disputa en plena pandemia del COVID-19 y el plano de los acuerdos internacionales no ha sido la excepción. Es el caso del Acuerdo de Escazú, que ha despertado airadas reacciones de rechazo de algunos sectores de la sociedad peruana.

El nombre completo de este compromiso internacional es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este ya había sido firmado por el gobierno peruano en el año 2018, y debe ser discutido y eventualmente ratificado en estos días por el Congreso de la República, que tendría hasta el 26 de setiembre para hacerlo. Sin embargo, pareciera que el gobierno se ha replegado en el momento de dar el debate y esclarecimiento del mismo, pues el canciller Mario López señaló que se debe seguir analizando y debatiendo antes de la ratificación.

A mediados de julio los principales gremios empresariales: Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, entre otros, se opusieron mediante un comunicado al acuerdo señalando que “puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales”. En esa misma línea se han pronunciado sectores políticos conservadores, como la Asociación de Generales y almirantes en retiro de las FFAA y la llamada Coordinadora Republicana.

A esto se ha sumado un reciente comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala que no debería ratificarse el acuerdo pues argumentan que ya existirían normas vigentes que garantizarían la trasparencia en temas ambientales. Asimismo repiten el argumento de que se vulneraría la soberanía nacional, que se crea la figura de los “defensores ambientales” y que se ahuyentaría a las inversiones privadas.[1]

El Acuerdo deberá ser ratificado por 11 países para entrar en vigencia. El Perú sería el décimo en firmarlo. Recordemos que el acuerdo busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.[2]

En su informe de julio de 2020 en el que analiza el impacto del COVID-19 en América Latina, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el Acuerdo de Escazú es “un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza.”

Cabe recordar también que la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, promovió la firma de este acuerdo y salió en defensa del mismo en su momento. Señaló que este servía para proteger a los defensores ambientales, dándoles derecho a la participación, y que con más transparencia se podría prevenir los conflictos sociales. Asimismo señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó suscribirlo y avanzar en esta línea.[3]

La ex titular del Minam explicó que este instrumento fue firmado por el Perú en el 2018 luego de un largo proceso de discusiones, y tuvo la opinión favorable de los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, del Ambiente y de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la actual ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, aseguró recientemente que el Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía del Perú y servirá para prevenir los conflictos sociales.

“En su momento ya emitimos nuestra opinión como Ejecutivo, y ahora está en manos del Congreso tomar la decisión. Nuestra obligación es presentarle toda la información a ellos y a la ciudadanía, por eso estamos participando en todas las comisiones sobre el tema”, dijo en entrevista con Radio Nacional.[4]

De esta manera nos queda más claro que algunos sectores están jugando a la desinformación y la posverdad respecto el acuerdo. Nos cabe la pregunta del por qué estos sectores se oponen a un instrumento de política internacional que promueve más transparencia, participación y protección de los defensores ambientales, si parece estar claro que el Estado peruano en sus diferentes niveles lo respalda. Además cuenta con opiniones favorables de la más alta instancia de las Naciones Unidas, de la OCDE, y correspondería la ratificación al congreso, como un estado que asume de manera responsable sus compromisos internacionales, tras habar firmado el acuerdo en primera instancia.

En tiempos en que la vida y la salud deben ser lo primero, la firma de este acuerdo aparece como importante para proteger los derechos humanos y ambientales. El gobierno peruano no debe dejarse presionar por algunos grupos de interés que claramente no desean que se genere mayor transparencia, participación y justicia para las personas que defienden el ambiente.

Puede ver el documento completo del Acuerdo de Escazú aquí:
https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf

[1] Comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú del 21 de agosto de 2020

[2] https://larepublica.pe/economia/2020/07/20/acuerdo-de-escazu-citaran-a-ministra-del-ambiente-y-de-relaciones-exteriores-al-congreso-ambiente-fabiola-munoz/

[3] https://andina.pe/agencia/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-fortalece-posicion-del-peru-805348.aspx

[4] https://elperuano.pe/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-no-afecta-soberania-nacional-101269.aspx

Chile

Hallan restos arqueológicos y momias durante construcción de Quebrada Blanca Fase 2

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.
24/08/2020
(Reuters) Cuatro fosas mortuorias en perfecto estado de conservación con momias ataviadas de vivos colores fueron encontradas durante las obras para la ampliación de la mina Quebrada Blanca, en el norte de país, informó el viernes la canadiense Teck.

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.

“En el marco de los trabajos de construcción del Proyecto Quebrada Blanca Fase 2, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, fueron encontrados restos humanos momificados, con sus ropas completas -incluidos turbantes y sandalias- de vivos colores y avanzada técnica de confección”, dijo la firma en un comunicado.

La empresa dijo que aún deben hacerse pruebas para determinar la antigüedad del hallazgo.

“Producto de las condiciones salinas del suelo, la falta de lluvia y baja humedad relativa, los restos humanos se aprecian momificados, con sus ropas completas (…), así como una serie de elementos que dan cuenta de su forma de vida”, detalló.

En el descubrimiento se identificaron espacios de cocina, de habitación y múltiples instrumentos, adornos, cestería, anzuelos, esteras y elementos de caza, entre muchos otros, destacó Teck.

La empresa dijo que seguirá estudiando los hallazgos y mantendrá el monitoreo arqueológico durante lo que resta de las obras del proyecto, que busca extender la vida útil de la mina por casi 30 años.
https://www.mch.cl/2020/08/24/hallan-restos-arqueologicos-y-momias-durante-construccion-de-quebrada-blanca-fase-2/

Chile, Litio

Mayor competencia reduciría peso de Chile en mercado del litio

Nuevas estimaciones de Cochilco apuntan a que los autos eléctricos impulsará fuertemente su demanda, pero la pandemia seguiría impactando los precios.
26/08/2020
(El Mercurio) El boom de los autos eléctricos sigue siendo el motor del impulso de la demanda mundial del litio, que continuará al alza en la próxima década, según las últimas proyecciones realizadas de Cochilco.

Si en 2016 la demanda destinada a estos autos era un 18% del total, en 2019 creció al 32%, mientras que mirando a 2030, las perspectivas apuntan a que sea responsable de hasta el 80% del consumo global de litio, lo que implica 1,4 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

La tendencia se explica por la intensidad de uso del mineral la baterías de estos vehículos, cada vez más utilizados, ante los esfuerzos por encontrar fuentes de transporte menos contaminantes que sustituyan el uso de combustibles fósiles.

El resto de la demanda viene de usos más maduros, como lo son equipos electrónicos, los que presentan una proyección de crecimiento menos variable.

Pero existen también algunos más volátiles, tales como las baterías de ión-litio para bicicletas eléctricas o e-bikes, o los sistemas de almacenamiento energético.

Con todo, y a nivel agregado, se espera que la demanda de litio pase de 317 mil toneladas en este ejercicio, a 839 mil toneladas en 2025 y a 1 millón 793 mil toneladas en 2030.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://digital.elmercurio.com/2020/08/26/B/EC3RAHHL#zoom=page-width
https://www.mch.cl/2020/08/26/mayor-competencia-reduciria-peso-de-chile-en-mercado-del-litio/