Chile

¿Qué ocurre con la fiscalización ambiental en Chile?

Análisis
Por: Francisco Contreras / Ingeniero Ambiental / 03.09.2020

Los organismos del Estado han ejecutado sus potestades de fiscalización de forma reactiva y muy tardía, por lo tanto, el origen y temporalidad de las acciones revisadas nos hablan definitivamente de una fiscalización inoportuna que evidencia la necesidad de cambios normativos y de cambios en la gestión en y entre los diferentes servicios públicos.

En julio pasado se inició un procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y una demanda por daño ambiental por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que sintetizan de manera dramática lo que ocurre con la fiscalización ambiental en el país.

A continuación, se presentan brevemente ambos casos.
Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo (MNT)

En el caso de MNT, las actividades de extracción de aguas subterráneas fueron aprobadas ambientalmente, el año 1997, a través de un EIA, por un periodo de 21 años.

En el EIA se comprometió un máximo umbral de descenso en el nivel del acuífero de 25 cm para evitar la afectación de la vegetación azonal en el sector de Tilopozo, y, se reduciría a menos de 21 años la actividad de extracción de aguas en caso de superarse dicho umbral.

Esta evaluación dio pie para que el año 2001 la DGA implementara una Plan de Alerta Temprana (PAT) en el área, el cual entregaba a la autoridad la facultad de suspensión del ejercicio de los derechos concedidos, o la reformulación de los planes de explotación del acuífero en el caso de que se sobrepasara el mismo umbral de 25 cm del EIA.

En este marco es que el Titular informaba descensos en los niveles en sus informes, pero nunca más allá del umbral de 25 cm.

Luego de 19 años de extracción de aguas, de 16 años desde la vigencia del PAT, y luego de la información entregada en otra evaluación ambiental en el área que mencionaba que la recuperación de acuífero sería por allá en el 2040 o incluso después del 2200, la DGA realizó en el año 2017 una revisión de los niveles reportados, verificando un descenso de hasta 66 cm en cuatro pozos de monitoreos de la red del PAT.

Esto, sin implementar las facultades correctoras que le entregaba el mismo PAT, la DGA informó a la SMA, en abril de 2018, el incumplimiento del umbral de 25 cm comprometido.

Con estos antecedentes y actividades de fiscalización propias, en Julio del 2020 la SMA formuló cargos por el incumplimiento del umbral de 25 cm desde el año 2005, “sin ejecutar la medida de reducir el periodo de explotación a menos de 21 años” provocando una afectación en la “superficie y vigorosidad” de la vegetación de Tilopozo.
Salar de Pedernales

Las actividades de extracción de agua en el Salar de Pedernales se remontan a la década del ´80.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 19.300 hasta aproximadamente el año 2010, el Titular presentó 37 evaluaciones de impacto ambiental en las cuales no consideraron las afectaciones de las extracciones de agua desde el salar, ya que se tomaban como derechos adquiridos.

A partir de la década pasada, la DGA comenzó solicitar antecedentes ambientales de las extracciones, ante lo cual el Titular justificaba la no afectación del recurso hídrico por una serie de modelos hidrogeológicos y comparaciones de los niveles históricos en el área.

Ya en el año 2013 la DGA declara zona de restricción de extracciones de agua los dos sectores hidrogeológicos del Salar de Pedernales, dado a que la demanda superaba un volumen de extracción sustentable.

Como en el caso de MNT, todo cambió en una evaluación ambiental. El Titular informó sobre un descenso constante de los niveles freáticos en un sector del Salar de Pedernales, lo que fue observado por la DGA en el marco del SEIA.

En forma paralela a la evaluación ambiental, la DGA y la SMA elaboraron de forma sectorial estudios para corroborar y analizar la afectación de la disminución declarada por el Titular. En estos estudios se concluyó que en el sector del Salar de Pedernales se ha registrado un descenso sostenido de los niveles del acuífero en 23 pozos a partir de 1983, y que este descenso ha afectado a las unidades vegetacionales azonales presentes en el área.

Estos estudios fueron la base para que en Julio del presente año el CDE presentara una demanda por daño ambiental en el sistema hídrico, ecosistemas acuáticos continentales, vegetación azonal y servicios ecosistémicos.
Fiscalización reactiva y tardía

Los casos descritos de forma muy resumida, muestran que organismos del Estado han ejecutado sus potestades de fiscalización de forma reactiva y muy tardía, por lo tanto, el origen y temporalidad de las acciones revisadas nos hablan definitivamente de una fiscalización inoportuna.

Reactiva, ya que en ambos casos los Titulares debieron declarar la disminución de los niveles del acuífero en un procedimiento de evaluación ambiental para que la DGA ejerciera sus facultades de fiscalización, y cuando detectó incumplimientos en el PAT, en el caso de MNT, no tomó las medidas que lo facultaba el instrumento de gestión (no suspendió el ejercicio de los DAA ni modificó el plan de explotación).

En cuanto a la SMA, esta sólo actuó en ambos casos ante los oficios de la DGA, no ejerciendo las facultades para iniciar por si sola una fiscalización en base a la información aportada por los seguimientos ambientales.

Consecuentemente, las actividades de fiscalización son tardías, ya que las afectaciones provocadas por las extracciones de aguas (disminución en los niveles y en la vegetación azonal) ya se manifestaban hace varias décadas.

En la materia, es ejemplificador el caso de MNT, en donde las extracciones sólo se autorizaron por 21 años (hasta finales del año 2019), pero el inicio del procedimiento sancionatorio comienza recién el año 2020.

¿Alguien podría decir cuántos otros sistemas se han afectado significativamente o dañado? Así como demostramos estar, se duda que alguien pudiera siquiera dar una estimación al respecto.

La reactividad y tardanza en la actuación de ambos organismos públicos ponen en relevancia la capacidad de su procesamiento y análisis de información dada la magnitud y a la complejidad de ésta.

Las razones pueden ser muchas: desde la falta de recursos humanos, financieros, un sistema fiscalización con un enfoque general en vez de uno por riesgos, hasta la falta de voluntad política para ejercer el rol fiscalizador.

Cualquiera sea la razón, los dos casos presentados hacen dudar de la eficacia y eficiencia fiscalización, evidenciando la necesidad de cambios normativos y de cambios en la gestión en y entre los diferentes servicios públicos, cambios que provoquen una sinergia positiva para una mejora significativa en el sistema de fiscalización ambiental del país.

Así mismo, de lo que no cabe duda es que la recuperación de los sistemas hídricos y bióticos tardará varias décadas o centenares de años en volver a la condición anterior a la explotación de los acuíferos, debido principalmente a la falta de una fiscalización ambiental oportuna.

Salar de Pedernales. Foto: Francisco Contreras
https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/03/analisis-que-ocurre-con-la-fiscalizacion-ambiental-en-chile/

Perú

Conflicto en Espinar: comunidades retoman las negociaciones por las demandas no resueltas

Este jueves, los líderes sociales de la provincia cusqueña dialogarán con representantes del gobierno central sobre la ampliación de Coroccohuayco y la consulta previa por el proyecto minero. Además, debatirán la propuesta que busca reformular el convenio marco y la necesidad de atención médica para las personas afectadas por metales pesados.

Por José Víctor Salcedo
CONTROVERSIA. Desde hace 35 años Espinar vive un largo conflicto debido a la presencia de la minería en la zona.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Aunque el pasado 7 de agosto los dirigentes de la provincia de Espinar, en Cusco, levantaron el paro que mantuvieron durante 23 días, no todas sus demandas han sido atendidas. Este jueves se reunirá la mesa técnica -integrada por autoridades, líderes sociales y representantes de la sociedad civil, la empresa minera y el Ejecutivo- para discutir la reformulación del convenio marco, la afectación de las personas con metales pesados y la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco, de la compañía suiza Glencore.

Estos tres temas integraban las demandas de los manifestantes que acataron el paro desde el 15 de julio hasta el 7 de agosto contra la minera. Sin embargo, el pedido más visible fue la entrega de S/ 1.000 para afrontar la pandemia, solicitud que ya ha sido atendida. Ahora el diálogo se centrará en resolver los otros conflictos pendientes, que surgieron con la actividad minera en Espinar.

En ese contexto, el pasado 18 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano la ordenanza municipal Nº 75-2018, que reconoce la “autodeterminación de las comunidades campesinas del pueblo K’ana como comunidades indígenas de la provincia”. Dicha norma fue aprobada el 29 de octubre del 2018 en el concejo municipal, y dispone “el respeto de los derechos colectivos, culturales, sociales, identidad y autodeterminación como comunidades originarias ancestrales con autonomía, libre determinación y reconocimiento de su territorio y sus recursos”.

EN ESPINAR EXISTEN 79 COMUNIDADES DESCENDIENTES DE LOS K’ANAS.

¿Por qué se publicó recién una ordenanza emitida hace dos años? El gerente municipal de Espinar, Werner Salcedo Álvarez, explicó a OjoPúblico que la misma debió publicarse en 2018, pero esto no se hizo por desdén de las anteriores autoridades. “Esta ordenanza no fue debidamente publicada y, con ello, no podíamos cumplir con los requisitos que exigía la ley para declarar a Espinar como pueblo indígena. Es en mérito a esto que hemos hecho dicha publicación”, dijo.

En la provincia de Espinar existen, según la mencionada ordenanza, 79 comunidades campesinas descendientes de los k’anas, un pueblo preinca que habitó el territorio de las actuales provincias de Espinar y Canas. “Todos ellos se autoproclaman indígenas porque tienen una existencia ancestral milenaria de la nación K’ana. Esto les da la potestad de decidir qué hacer en los territorios que habitan”, explicó Santos Cosme Cáceres Quispe, expresidente de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE).

Sin embargo, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo registra a 74 comunidades indígenas en toda la provincia de Espinar.

Espinar

TRADICIÓN. Las comunidades indígenas de Espinar defienden su territorio porque se dedican a la agricultura y a la ganadería.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, explicó a OjoPúblico, que dicha norma tiene un carácter declarativo y político, “pero no tiene efectos jurídicos vinculantes, porque ya el viceministerio de Interculturalidad había reconocido a las comunidades indígenas de Espinar”. Y así lo reitera también la ordenanza municipal.

Por su parte, el expresidente de FUCAE, quien fue uno de los impulsores de la ordenanza añadió que buscan “que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reconocidas con su resolución y su personería jurídica, se autoproclamen y se autodeclaren como tales en base a sus estatutos.

De Tintaya a Coroccohuayco

Salcedo Álvarez considera que, con la entrada en vigencia de la ordenanza, las comunidades tendrán más beneficios, no solo en lo histórico y cultural. “Por ejemplo, podremos tener dos consejeros regionales por provincias como Quispicanchi, La Convención, Anta, Paucartambo y Canchis”. Actualmente Espinar solo cuenta con un consejero regional.

Además, las comunidades podrán exigir la aplicación de la Ley de la Consulta Previa para cualquier nuevo proyecto extractivo que se quiera ejecutar en sus territorios. “Debería aplicarse para el proyecto Integración Coroccohuayco, pero tengo entendido que las normas no son retroactivas. Más allá de eso, esperemos que ahora podamos tener inversiones que cumplan todos los requisitos del rubro minero”, precisó Salcedo.

Por su parte, Cosme Cáceres dijo que solicitarán que cualquier obra, particular o estatal, sea consultada con los campesinos. “Todas las medidas administrativas, en cualquier procedimiento para una obra o un proyecto, deben ser consultadas. Los proyectos mineros también”, añadió.

LAS COMUNIDADES PODRÁN EXIGIR LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA.

En el caso del proyecto Integración Coroccohuayco, que lleva adelante Glencore, se debe resolver una acción de amparo, interpuesta por las comunidades, para que la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) -aprobada en 2019 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) del Ministerio del Ambiente- sea sometida a consulta. “Se debe consultar la MEIA y, en la consulta, debería ser desaprobada. Entonces [Glencore] tendrá que hacer un nuevo proyecto con su Estudio de Impacto Ambiental, y ya no una modificación”, explicó.

Las comunidades de Espinar cuestionan que Glencore realice una segunda ampliación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tintaya, que cerró sus operaciones en 2011. Un año después de esto, la minera pidió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la modificación del EIA para Antapaccay Expansión Tintaya, que desde ese año opera en la provincia y funcionará hasta el 2022.

En 2014, Glencore presentó al Ministerio del Ambiente una segunda modificación del EIA para incluir la zona de Coroccohuayco al proyecto minero y extraer cobre por 30 años más. “No debe hacerse de esa forma. Es un nuevo proyecto y deben pedir nuevos permisos y aplicar la consulta previa, amplia e integral en los dos distritos y en las 79 comunidades”, sostiene Cáceres Quispe.

Espinar

INFORMACIÓN. Las comunidades cercanas al proyecto minero Ampliación Coroccohuayco participan en un proceso de consulta previa.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

Consulta previa a medias

Este jueves 3 de septiembre habrá una reunión virtual en Espinar, como parte de la mesa de diálogo para superar el conflicto con la minera, donde se tratará el pedido de anulación del MEIA del proyecto Integración Coroccohuayco, la atención a las personas afectadas con metales pesados y la reformulación del convenio marco.

Desde noviembre del año pasado, el Minem implementa la consulta previa por el proyecto Integración Coroccohuayco en 10 comunidades identificadas como parte de los pueblos indígenas en Espinar y que, a su vez, se localizan en el área de influencia de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto. Hasta el momento han avanzando con tres de las siete etapas del proceso de consulta previa.

Se trata de las comunidades Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Huisa Collana, Huisa, Anta Ccollana y Suero y Cama. El 17 de agosto pasado, estas 10 comunidades y el Minem firmaron una tercera adenda al Plan de Consulta Previa y, con ello, reprogramaron las acciones de las etapas de consulta. Así, la etapa 4 -informativa- se realizará el 17 y 18 de setiembre, la etapa 5 -evaluación interna- se realizará del 19 al 25 de setiembre, y la etapa 6 -diálogo- será del 5 al 16 de octubre.

ESTE JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE HABRÁ UNA REUNIÓN VIRTUAL EN ESPINAR, COMO PARTE DE LA MESA DE DIÁLOGO.

Las comunidades Pacopata, Huini Ccorocohuayco y Alto Huarca -zonas de influencia directa del nuevo proyecto minero- no participan del actual proceso de consulta previa. El presidente de Pacopata, Felipe Kana Chuctaya, dijo a OjoPúblico que están en desacuerdo porque el Minem realiza una consulta de inicio de operaciones, que es la etapa final del proceso. “Son muchos pasos que no se han cumplido, como el EIA, los actos administrativos, las exploraciones y la concesión, inclusive. Una consulta previa tiene un pitazo inicial y otro final. Seguramente vamos a tener que sentarnos con el Minem para discutir este tema”, argumentó.

La autoridad de Pacopata agregó que, para las tres comunidades, “es importante que se discutan los impactos. No solo es consultar si quieres el proyecto o no. ¿En qué condiciones? Ese es el tema. No se quiere hablar de los impactos, pero sí se quiere consultar el inicio de operaciones. No estamos en contra, pero sí hay una preocupación de las comunidades por el Estudio de Impacto Ambiental, sobre cómo nos afectará el proyecto”.

Por ese motivo, anunciaron que enviarán un oficio al Minem para solicitar una mesa de diálogo donde puedan exponer estas preocupaciones.

Espinar
MIEDO. Las comunidades de Espinar reclaman por la contaminación ambiental, así como la afectación a su ganado y a la salud de las personas.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

Heridas de un largo conflicto

 

La protesta de julio contra la minera Antapaccay dejó heridos por balas, perdigones y bombas lacrimógenas. Uno de ellos es la señora Juana Apaza (35), quien cojea cuando camina. El 20 de julio, cuando protestaba en el corredor vial del sur, una bomba lacrimógena casi le destroza el tobillo del pie izquierdo. “Ese día vivimos como una película de acción. Muchas personas caían. No sé si estarán bien. Ese día hemos corrido por nuestras vidas”, recuerda la mujer que denunció el ataque en la comisaría de Espinar.

Juana Apaza es comerciante, madre soltera y tiene dos hijos. Cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. “Ahora cuando escucho gritos o bulla siento que se me vacía el corazón, me asusto”, dice. A su costado, Evarista Ccolqque cuenta la desgracia que vivió su hijo, el 22 de julio. El joven -Wilmer Ilachoque Ccolqque- recibió el disparo de un arma de fuego de la Policía, mientras protestaba en el sector de Tintaya-Marquiri.

El 17 de agosto, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, para responder sobre los hechos ocurridos el 22 de julio -el día más violento del paro en Espinar-. Allí Montoya negó las denuncias vinculadas a excesos policiales durante los enfrentamientos.

Espinar

EXCESOS. Los enfrentamientos en Espinar dejaron varios heridos de bala. La policía negó haber usado armas letales, pero los testimonios son contundentes.


Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Aseguró, por ejemplo, que los agentes no usaron armas de fuego, pese a que la médico cirujano del hospital de Espinar -Gloria Cárdenas- confirmó la existencia de, por lo menos, tres manifestantes heridos de bala. El ministro del Interior tampoco reconoció el hostigamiento policial contra la doctora Cárdenas y dijo que, hasta ese día, la mujer no había solicitado garantías ni había denunciado el hecho ante la policía.

También negó que se hubieran efectuado detenciones la noche del 22 de julio. “[Los policías] han actuado al amparo de la ley”, enfatizó. Sin embargo, Evarista Ccolqque cuestiona que la Policía niegue el uso de balas durante la represión. “Los policías se quieren negar, [dicen] que no es bala. A nosotros, la doctora en el hospital nos dijo que es bala. Por eso estamos acá [en Cusco] para hacer revisar a mi hijo”, dice.

La organización Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentaron varias denuncias por violación a los derechos de los ciudadanos de Espinar. “Efectivos policiales golpearon a un joven y le causaron múltiples lesiones en el cuero cabelludo, rostro, manos y hombro izquierdo. De igual forma, se registraron seis casos de personas heridas por perdigones en el cuerpo, pese a que, por la peligrosidad de estas municiones, desde el 2006, únicamente se autoriza el uso de perdigones de goma”, dijeron en un informe al que accedió OjoPúblico.

TRES DE LOS HERIDOS RECIBIERON IMPACTOS DE BALA POR LA ESPALDA.

El documento añade que tres de los heridos recibieron impactos por la espalda, lo que evidencia que los efectivos policiales violaron la prohibición de usar la fuerza contra personas que huyen. Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, precisó que hay evidencias documentales, testimoniales, partes médicos y videos que acreditan la vulneración de los derechos humanos durante las protestas en Espinar.

“Es preocupante que el ministro haya negado las violaciones. No son especulaciones, las denuncias están respaldadas en documentos oficiales y en grabaciones que no se pueden negar. Sería mucho más saludable que las instituciones del Estado hagan una revisión interna y busquen las fallas institucionales además de las responsabilidades individuales. Es la única forma de avanzar”, reflexionó Pérez.

Ambas organizaciones recomendaron al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y que el Ministerio del Interior implemente reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de las manifestaciones en el país. Añadieron que los policías deben contar con equipos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y recibir un entrenamiento adecuado; que respete los derechos fundamentales de las personas.

Chile, Internacional, Litio

Moody’s asigna perspectiva negativa para SQM y advierte sobre el futuro del litio

03/09/2020
El mercado de autos eléctricos se mantendría bajo presión en los próximos años a causa de la pandemia.

El desempeño de los precios del litio y los pagos de dividendos de SQM preocupa a Moody’s. La clasificadora de riesgo informó esta mañana que ante dichos factores de riesgo, ajustó su visión para la minera no metálica.

Si bien Moody’s mantuvo la nota de SQM en Baa1, modificó su perspectiva a Negativa para reflejar “la alta incertidumbre respecto a los ingresos de la compañía a causa del desempeño futuro del litio”.

Además, la agencia crediticia manifestó su preocupación por los “grandes pagos de dividendos de SQM”, lo cual contribuye en la generación negativa de flujo de efectivos de la compañía desde 2018.

“La estrecha línea de productos básicos de la compañía, su tamaño relativamente pequeño y su política de pago de dividendos altos entre 2015 y 2019 también se incorporan a la calificación”, dijo Moody’s.

En concreto, la clasificadora de riesgo destaca que la caída de los precios desde 2018 redujo el margen bruto del segmento hasta un 15% o US$37 millones en el primer semestre, desde un nivel de 42% o US$120 millones apuntado en el mismo periodo del año anterior.

Impactos de la pandemia

“Además, la menor demanda de Asia como resultado de la pandemia de coronavirus ha impedido a SQM expandir los volúmenes de ventas de litio en 2020. Desde mediados de 2018, los precios del litio han caído considerablemente, a alrededor de $ 7.000 / TM hoy, desde alrededor de $ 16.300 / TM en 2018, lo que refleja la creciente capacidad de producción de litio (de Australia en particular), que a su vez condujo a un exceso de oferta en 2019. La caída de los precios se incrementó por la debilidad en la demanda de baterías ante un menor crecimiento en la venta de autos eléctricos”, explica Moody’s.

En ese sentido, la clasificadora agrega que plantea la incertidumbre respecto a cómo se comportará el mercado de autos eléctricos en los próximos años, en particular porque el sector depende de los incentivos de los gobiernos principalmente en China.

“Esperamos que las métricas crediticias de SQM se debiliten en 2020 impulsadas por la debilidad en el segmento de litio. Esto podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos por yodo y sales. En general, esperamos que el EBITDA sea de alrededor de US$ 630-650 millones en 2020, similar a los US$ 646 millones en 2019, terminando el año 2020 con un ratio cercano a 3.0x deuda a EBITDA (…) Los niveles de Ebitda se podrían recuperar en 2021-2022, a medida que los proyectos de litio de la compañía aumenten y el apalancamiento baje hasta alrededor de 2.7x en 2021 y 2.1x en 2022″, agrega Moody’s.

Eso sí, la clasificadora de riesgo destaca que la la posición de bajo costo de SQM entre los productores de litio, es una ventaja competitiva clave que permitirá a la empresa seguir siendo rentable incluso en un entorno de bajos precios del litio.
Fuente: Pulso

Moody’s asigna perspectiva negativa para SQM y advierte sobre el futuro del litio

Ecuador

Los páramos saltan de alegría

CONCEJO CANTONAL DE CUENCA LE DICE «SÍ» A LA CONSULTA POPULAR
Ayer fue un día histórico para la Cuenca de los páramos y los ríos. En una sesión que duró alrededor de seis horas, el Concejo Cantonal aprobó el proyecto de Consulta Popular sobre la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.

La aprobación fue unánime, puesto que 15 de los 16 integrantes del Cuerpo Edilicio, con el alcalde, Pedro Palacios Ullauri, votaron a favor de la Consulta, y el único voto en blanco de la jornada, correspondiente al concejal Iván Abril, se sumó a la mayoría.
CONOZCA LAS CINCO PREGUNTAS DE LA CONSULTA
Ocupando la silla vacía estuvieron los voceros del Cabildo por el Agua de Cuenca, el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca y Yasunidos Guapondelig, Carlos Castro, Enrique Serrano y Kléver Calle, respectivamente, así como el representante de la Cámara de Minería del Azuay, Marcelo Guerra.

El Cuerpo Edilicio revisó y pulió el documento, que venía ya muy trabajado con los aportes de la Comisión de Ambiente, la Alcaldía y la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA). Fue una minga por la democracia y la protección de nuestros páramos.

En sus intervenciones, los participantes resaltaron el carácter histórico de la decisión, que se suma a un proceso que nació hace veinte años en las comunidades indígenas y campesinas de Victoria del Portete, Tarqui y Molleturo.

Cuenca puede estar segura de que tenemos un proyecto de Consulta Popular firmemente fundamentado en la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley de Participación, la Ley de Recursos Hídricos y la Ordenanza de Constitución de ETAPA, así como en la delimitación técnica de las zonas de recarga hídrica de los cinco ríos antes citados.

El próximo paso es la presentación del proyecto de Consulta en la Corte Constitucional, ya que, según el Art. 104 de la Constitución, a la Corte le corresponde emitir un dictamen de constitucionalidad. Se espera que el proyecto se presente en los próximos días.

Este último episodio de la defensa de los páramos de Cuenca, empezó el 22 de julio cuando el Cabildo por el Agua de Cuenca, al frente de 13 organizaciones sociales y campesinas, presentó el proyecto de Consulta Popular al Concejo Cantonal de Cuenca para su conocimiento y aprobación. Misión cumplida. Ahora toda nuestra atención debe ponerse sobre la Corte Constitucional.


MAPA DE LAS SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL CANTÓN CUENCA, SUS ZONAS DE RECARGA HÍDRICA (VERDE) Y LAS CONCESIONES MINERAS (PLOMO, AZUL Y ROJO).
CORREO: cabildoporelaguacuenca@gmail.com

Chile, Litio

Atacameños dan portazo a SQM: “No vamos a negociar, no se puede compensar el daño hecho en nuestras tierras”

Paula Huenchumil
Joaquín Riffo
26/08/202
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Fotografía: Nicolás de Camaret

Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa.

El Salar de Atacama, ubicado en la Región de Antofagasta y habitado ancestralmente por comunidades indígenas del pueblo atacameño, continúa siendo un territorio en disputa, principalmente por el interés que generan sus recursos por parte del sector empresarial, siendo SQM la protagonista.

Tal como señala el sitio web de una de las productoras mundiales de litio, hoy cuentan con “acceso exclusivo a las mayores y mejores reservas del mundo de caliche y salmuera. Se dispone de las más extensas reservas de yodo y nitrato, y también de las más altas concentraciones de litio y potasio de las que se tenga registro”.

Uno de sus actuales proyectos -que ha levantado la resistencia de las comunidades atacameñas- está ubicado a 60 kilómetros al sur poniente de Toconao, a 38 kilómetros al poniente de Peine y a 100 km. al sur poniente de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. «Se trata de una iniciativa dedicada a la producción de cloruro de potasio, sulfato de potasio, ácido bórico y salmuera rica en litio en las instalaciones que SQM posee en el Salar de Atacama, la cual contempla aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde del salar y aumentar el área de evaporación solar y acopio de sales de descarte en el núcleo”, según constata un fallo del Primer Tribunal Ambiental. de diciembre de 2019.

Dicho proyecto se vio envuelto en un procedimiento sancionatorio en noviembre de 2016, iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a SQM, luego que la entidad ambiental detectara seis infracciones en dicha operación de la minera no metálica, principalmente, relacionado a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Finalmente, en enero del 2019, la SMA decidió aprobar el Programa de Cumplimiento (PDC) presentado por SQM Salar S.A, avaluadas en un monto que asciende a $17.205.184.000 millones, equivalente a USD 25 millones.

Ante la decisión de la SMA, las comunidades de Peine, Camar y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), presentaron en febrero de 2019, ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, una reclamación contra la SMA por la aprobación del Programa de Cumplimiento presentado por SQM. Finalmente, el 26 de diciembre del mismo año, en un fallo unánime, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de las comunidades atacameñas por la aprobación de SQM para la extracción de litio en el salar.

Pese a la sentencia, en junio de 2020, el Primer Tribunal Ambiental ofició al órgano fiscalizador luego de una solicitud realizada por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. De ese modo, se acusó que la Superintendencia “no ha realizado la reapertura del procedimiento sancionatorio por las infracciones medioambientales cometidas por la empresa”. Además, la organización aseguró que la empresa mantiene su comportamiento.

Así, la SMA no sólo siguió con una actitud pasiva frente a la situación, además defendió el plan ambiental de la minera SQM, e incluso apeló a la Corte Suprema. Sin embargo, el caso tuvo un nuevo revés y el 11 de agosto la SMA presentó un documento desistiendo de los recursos de casación en la forma y fondo que había presentado en enero en Suprema contra la sentencia dictada por el Tribunal Ambiental. Es decir, la SMA realizará un nuevo estudio del plan de cumplimiento de SQM y las comunidades han señalado que presionarán para que se revoque el permiso ambiental y se cierren las operaciones de la empresa.

El modus operandi de SQM

“SQM siempre ha intentado buscar arreglos o negociaciones con las comunidades y entiendo que tienen algunas iniciativas. En ese sentido, nosotros como consejo no podemos intervenir, cada comunidad es autónoma de poder resolver los conflictos que tienen con esta empresa. Nosotros vamos a respetar y obviamente que no necesariamente compartimos la decisión y al menos nosotros como Consejo de Pueblos vamos a continuar con nuestro proceso y vamos a llegar hasta el final”, dice a INTERFERENCIA Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Al consultarle si SQM los ha intentado presionar, indica “por supuesto”. “Siempre están ofreciendo poder llegar a acuerdo, terminar en algún convenio o negociación, pero nosotros como Consejo de Pueblos Atacameños, mantenemos lo que han dicho nuestras bases, las asambleas, y es que no hay posibilidad de aquello”.

Respecto al proceso sancionatorio que está abierto, Cubillos sostiene que esperan que “de una vez por todas esta empresa pueda tener las sanciones correspondientes, debido a que ha cometido daños invaluables e importantes”.

“Ellos deberían presentar un plan de cumplimiento y nosotros vamos a exigir que haya Consulta Indígena, y también vamos a exigir que haya una revocación de la resolución de la calificación ambiental de la empresa”, añade el representante del Consejo de Pueblos Atacameños.

En la misma línea, Amanda Barrera, presidente de la comunidad atacameña de Peine, indicó a INTERFERENCIA que “no vamos a negociar con SQM, no hay manera que se pueda compensar en el daño hecho en nuestras tierras y nuestras aguas. Nuestra postura es clara, y creemos que nunca va a existir un compromiso real de la empresa por los daños que han causado”.

En esa línea, Barrera dijo que “SQM siempre trata de meterse a escondidas a las comunidades, de buscar otras instituciones dentro de las comunidades a quien ofrecer financiamientos a proyectos que son muy chicos, para ellos no es nada económicamente”.

El viernes 21 de agosto, La Tercera publicó $1.700 millones por la paz en el Salar de Atacama: SQM llega a acuerdo con comunidad indígena en proceso por uso de agua. Un artículo que ha sido criticado por algunas de las comunidades afectadas, por lo que informaron que durante esta jornada publicarán un comunicado desmintiendo al medio del empresario Álvaro Saieh.

Sobre la misma publicación de La Tercera, una fuente cercana al tema, indica que la noticia, menciona que “Toconao llegó a acuerdo con SQM, pero lo que no dicen es que fue en el marco de la transferencia de un campamento que fue construido por SQM en los años 90’ encima de un cementerio indígena, un sitio arqueólogo, se dice que llegó a acuerdo, pero no se dice que es en el marco de una devolución. Además, dicen que el acuerdo entre la comunidad de Peine y SQM es inminente y no hay ninguna relación”.

Además, comenta que las presiones de la empresa a las comunidades, son “parte de una cultura organizacional que hay en SQM, una sensación que son intocables, que pueden hacer lo que quieran, como si siguiéramos en los 80”.

Cabe recordar que durante 28 años, SQM estuvo liderada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, quien dejó la presidencia de Soquimich en 2015, tras el conocido caso del financiamiento irregular y las boletas ideológicamente falsas entregadas a la minera no metálica por parte de diversos personeros políticos.

En agosto, la Comunidad Indígena Atacameña de Camar y SQM Salar S.A. suscribieron un convenio extrajudicial que deja a la agrupación fuera del proceso judicial que las comunidades indígenas iniciaron en diciembre de 2019 contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona.

Ante las acusaciones sobre estos eventuales actos de cooptación desde SQM a las comunidades, desde la empresa señalaron a nuestro medio que “esto no corresponde a la realidad. Sí podemos asegurar que este tipo de acuerdos establecen un diálogo de respeto recíproco entre la empresa y las comunidades que esperamos que se consolide en el tiempo. Nuestro esfuerzo es lograr una operación que esté cada vez en mayor armonía con nuestro entorno y nuestros vecinos”.

Consultados por INTERFERENCIA respecto a las acusaciones que apuntan a que SQM está realizando el procedimiento sin realizar una consulta indígena “previa, libre e informada”, desde la empresa señalaron que “respecto de la Consulta Indígena, le corresponde al Estado determinar su procedencia, a través de sus órganos competentes. Entendemos que en el caso de los procesos de sanción no corresponde y así lo ha confirmado el Tribunal Ambiental. Nosotros acatamos las decisiones que tome la autoridad en este ámbito”.

“Sin perjuicio de lo anterior, SQM ha mantenido una constante comunicación con las comunidades vecinas, nos importa su opinión y entender sus preocupaciones. En este sentido, el convenio suscrito con Camar entrega a la comunidad incluso mejores herramientas y mecanismos que el mismo proceso de consulta indígena. Asimismo, como empresa, estamos disponibles para efectuar todas las mejoras que sean requeridas a nuestro Plan de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido por la SMA y el Primer Tribunal Ambiental”, aseguraron.

En relación a su acuerdo con Camar, la empresa afirmó que “el convenio suscrito entre la Comunidad de Camar y SQM incluye concesiones recíprocas, incluida instancias de diálogo, trabajo conjunto y resolución de conflictos, además de medidas concretas. Esto, permite desarrollar una nueva forma de relacionamiento que, desde el reconocimiento, el respeto mutuo, la buena fe entre las partes y en una relación de paridad, se hace cargo directamente de las preocupaciones y percepciones de la comunidad al establecer instancias permanentes de diálogo de igual a igual. Este acuerdo representa un estándar a considerar para futuros acuerdos con comunidades indígenas del Salar de Atacama”.

Rectificación: Este artículo ha sido modificado el miércoles 26 de agosto a las 13:32 hrs en su frase «Luego, en 2018, volvió a SQM contratado como asesor estratégico», respecto al rol del señor Julio Ponce Lerou en SQM. Según indicó la empresa a INTERFERENCIA, «esta asesoría no se concretó. No existe el retorno a la compañía que se menciona», por lo cual la frase fue retirada.

https://interferencia.cl/articulos/atacamenos-dan-portazo-sqm-no-vamos-negociar-no-se-puede-compensar-el-dano-hecho-en

Honduras

Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video

Damaris Torres
01/09/2020
La acción del ciudadano hondureño es considerada traición a la patria.
Guardia de compañía minera arrebata y rompe Bandera de Honduras, todo quedó registrado en video
En el marco del Día de la Bandera Nacional, un guardia de seguridad privada de minería, la rompió a cuchilladas, en la aldea El Mochito en Las Vegas, Santa Bárbara, Occidente de Honduras.

El hecho se suscitó el 1 de septiembre, fecha en que se marca el inicio de las celebraciones patrias en Honduras.

Según información del corresponsal de HRN, Eduardo Cano, todo comenzó debido a una toma de calle en el sector en mención, el guardia de seguridad reaccionó molestó por la acción que ejecutaban los protestantes.

Ante el calor de la discusión, uno de los guardias de la seguridad le arrebató la Bandera a uno de los manifestantes y la rompió.

La acción del ciudadano hondureño es considerada como traición a la patria. Hasta el momento se desconoce el motivo de la protesta de los habitantes del sector de Las Vegas.
https://www.radiohrn.hn/guardia-de-compania-minera-arrebata-y-rompe-bandera-de-honduras-todo-quedo-registrado-en-video

Colombia

Presentan demanda contra proyecto minero cerca del páramo de Santurbán

El Comité para la Defensa del páramo de Santurbán pide frenar proceso de licenciamiento ambiental.
Este es el túnel Emboque, de 150 metros de profundidad, por donde se ingresaría para extraer minerales en el proyecto minero.
Foto: Jaime Moreno
02/09/2020
El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente, la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ( CDMB) y la Sociedad Minera de Santander (Minesa).

Hernan Morantes, del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, aseguró que esta demanda de acción popular es para garantizar «la protección de los derechos colectivos al ambiente sano y al agua y en consecuencia se demanda al Gobierno Nacional y a la empresa Minesa».

Lo que pretenden con esta acción es que «cesen inmediatamente cualquier actividad de megaminería en el bosque alto andino del páramo de Santurbán y que no pueda realizar actividad minera ya que en etapa de exploración ya hay daños a los recursos hídricos», dice Morantes.

Actualmente la empresa Minesa espera que se curse el trámite de licencia ambiental en la Anla para poder iniciar con el proyecto con el que esperan extraer nueve millones de onzas de oro de zona aledaña al páramo de Santurbán.

Desde la multinacional minera indicaron que no conocen el texto de la demanda que fue instaurada este miércoles dos de septiembre ante el Tribunal de Santander y enfatizaron que, «en este momento el proyecto se encuentra en trámite de licencia, no hay actividades operativas aún cuando se inicie como lo evidencia el estudio no hay afectación al páramo», indicó un vocero de la entidad.
https://www.eltiempo.com/colombia/santander/paramo-de-santurban-ambientalistas-presentan-demanda-contra-a-explotacion-en-el-paramo-en-santander-535506

Chile, Internacional, Litio

Pérdidas de Tianqi llegan a US$ 100 millones

2/9/2020
Los efectos de la pandemia se reflejaron en los resultados de la firma.
La firma china Tianqi Lithium, uno de los principales accionistas de SQM, reportó una fuerte pérdida semestral, debido a los efectos de la pandemia en los precios de los productos básicos usados en las baterías de autos eléctricos.

La firma asiática, que tiene pendiente el pago de un crédito por US$ 3.500 millones, que permitió la compra de las acciones de la minera chilena, dio a conocer en una presentación a la Bolsa de Valores de Shenzhen que tuvo una pérdida neta de 696 millones de yuanes (US$ 101 millones) durante el primer semestre.

El resultado estuvo en el rango inferior de lo esperado e implica una pérdida de 196 millones de yuanes en el segundo trimestre, menor que los, aproximadamente, 500 millones de yuanes que Tianqi perdió en enero-marzo.

Desde la firma señalaron que los volúmenes y precios de venta de los productos químicos de litio, así como el precio de venta del concentrado de litio, “disminuyeron significativamente en comparación con el mismo período del año anterior”.

Esto se sumó a una baja del desempeño de SQM, que condujo a menores ingresos por inversiones, agregó la minera.
Fuente: El Mercurio

Pérdidas de Tianqi llegan a US$ 100 millones

Argentina

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

31/08/2020
La Secretaría de Minería de Nación busca acuerdos para armar un plan de desarrollo para el sector y desde CAEM celebran que se debata “cómo hacer una mejor minería y no cómo prohibirla”. En los encuentros realizados no participó el Ministerio de Ambiente.
Fuente: La opinión austral
La Secretaría de Minería realizó la segunda reunión de la llamada “mesa facilitadora” para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Es una convocatoria de unas 25 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, y también representantes de las provincias mineras y de otras áreas del Gobierno Nacional. De los actores invitados, sólo hubo una ausencia en ambos encuentros y fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Tampoco asistió en su lugar ningún representante de su Cartera.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) , Alberto Carlocchia, lo esencial de las reuniones que organizó la autoridad minera nacional “es que se está haciendo algo que no se hizo nunca; es un ámbito donde podemos discutir cómo hacer minería de una mejor manera y no cómo prohibirla”. En este punto hizo específica referencia a la oposición en Chubut: “… la gente que reclama que no quiere que la actividad se desarrolle en Chubut lo hace desde la comodidad, nadie se sienta a discutir cómo hacer algo de la mejor manera posible para que otra gente también esté cómoda”, señaló el directivo de la entidad empresaria a Santa Cruz Produce. Una chicana bien conocida por el pueblo chubutense que claramente ha decidido que apoya las propuestas verdaderamente sustentables y que la megaminería no encaja en esa categoría.

En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, indicó que la convocatoria de la Secretaría de Minería surge porque “el país necesita empezar indudablemente a trazar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato con la posibilidad concreta de captar inversiones para el sector, porque si bien hoy está congelada la inversión en minería producto de la pandemia, hay que prepararse para lo que se viene”. Llamativa afirmación toda vez que la minería fue declarada actividad esencial a pesar de los pueblos.

El dirigente gremial planteó temas como “…la comunicación, la capacitación, la mano de obra local, los proveedores locales, el equitativo reparto de rentas entre Nación y las provincias, y la necesidad de una convocatoria al Consejo Federal Minero (COFEMIN), que son los dueños de los proyectos”

La Secretaría de Minería buscó abarcar el arco empresario con la invitación a directivos de empresas mineras como Gustavo Burgwardt, de Burgwardt Minera; Nicolás Bareta de Yamana Gold y Marcelo Álvarez de Barrick -además de Carlocchia como presidente de CAEM-, y a los inversores Carlos Miguens de Patagonia Gold y también a un representante del Grupo Irsa, muchas otras compañías con importantes proyectos en marcha en el país no fueron incluidas en la convocatoria y, por el momento, tampoco se han informado sobre los avances en el proceso.
Las exportaciones mineras se redujeron entre 2012 y 2019 un 36% bajando de USD 5.000 a 3.200 millones.

Hensel señaló a los referentes conectados: “Esta invitación no debe ser el plan de un gobierno ni el de una secretaría, sino el aporte de todos los sectores involucrados…”. Y agregó: “Debemos lograr una visión consensuada y articulada aún en los disensos para que de esta manera podamos determinar el rol que la minería debiera tener o le asignaremos en el desarrollo económico y social de nuestro país”. Una visión totalmente sesgada que pone en evidencia el ninguneo de los pueblos a los que condenan a la contaminación y la miseria con estos proyectos.

De acuerdo con un documento de la Secretaría que comanda Hensel, la Cartera de proyectos mineros del país llega a los 329, con una inversión total de hasta USD 30.000 millones, creación de 100.000 puestos de trabajo y exportaciones por casi USD 11.000 millones anuales.

Sin embargo, el Gobierno Nacional reconoce que Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera. Entre 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción: Cerro Moro y Don Nicolás, ambas ubicadas en Santa Cruz. Y en la actualidad no existen proyectos a gran escala en construcción. En este período las exportaciones mineras bajaron de USD 5.000 millones a 3.200 millones, lo que representó una reducción de un 36%.

Presentaron el proyecto “Compañía Argentina de Minerales”

Por su parte, en una reunión virtual de la comisión de minería del Partido Justicialista, su presidente, José Luis Gioja, apoyó la idea de la creación de una empresa minera nacional, una iniciativa que dirigentes partidarios y funcionarios del gobierno están evaluando según informa Econo Journal. Hasta el momento, el diputado y ex gobernador de San Juan nunca se había pronunciado públicamente sobre este tema. Lo hizo en un seminario virtual de la comisión de minería del PJ, donde también se presentó la Compañía Argentina de Minerales S.A., uno de los proyectos que está en evaluación.

En concreto, Gioja señaló: “me suena muy bien cuando se habla de una empresa nacional minera porque así como la industria petrolera tiene una empresa estatal de bandera como es YPF, la minería, que va a tener la misma o más importancia que el sector petrolero, tendría que tener una empresa nacional”.

Compañía Argentina de Minerales

Favio Casarin presentó ayer en el seminario virtual el proyecto para la creación de la Compañía Argentina de Minerales Sociedad Anónima. Prevé una empresa con el 51% de las acciones en manos del estado (26% Estado Nacional y 25% provincias) y un 49% en manos privada. “Van a ser acciones muy atractivas en el mercado de capitales”, indicó. La parte privada podría estar determinada por topes y en distintas clases de acciones, explicó. Luego, remarcó que “esta empresa va a ser un actor más en el mundo minero y de ninguna manera va a suplantar a las empresas mineras provinciales. El proyecto va a respetar el derecho que tienen sobre los recursos”. “La idea es acelerar tiempos de los proyectos mineros, porque tenemos en algunos casos 10 años de postergación”, agregó. “La compañía no sería estatal, porque sería público – privada”, remarcó el geólogo Casarin.

El proyecto prevé “una parte del financiamiento por parte del Estado Nacional a partir de un aporte de capital surgido de un porcentaje a las retenciones de las exportaciones mineras”. Las provincias «podrían aportar capital o con proyectos o con otro tipo de acciones”.

Lo objetivos de la Compañía Argentina de Minerales son:

-Impulsar el desarrollo minero de manera federal y estratégica.

-Garantizar el derecho de las provincias como dueñas de los recursos y la seguridad jurídica del inversor.

-Crear una herramienta que promueva una sinergia entre el capital privado y el sector público nacional y provincial.

-Auspiciar contratos asociativos con las provincias y capitales privados para desarrollos mineros estratégicos.

-Dar comienzo a un proceso de inversión en investigación y desarrollo sobre aquellos minerales, o conjunto de ellos, que sirvan como insumo de alguna de las cadenas de valor para el desarrollo industrial.

-Garantizar un desarrollo sustentable de los proyectos, con participación de las comunidades y aceptación de la sociedad.

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

 

Colombia

Colombia: Polémica en Jericó involucra a la minera AngloGold Ashanti

31/08/2020
AngloGold Ashanti apuesta por la mina de cobre Quebradona en el municipio de Jericó, Antioquia, pero una serie de denuncias sobre algunos acuerdos que firmó la empresa con la administración del municipio ha generado polémica.

En varios documentos se detalla que en el segundo periodo de la alcaldía de David Alonso Toro (2012-2015) se hicieron convenios de cooperación y se ejecutó una adición presupuestal con recursos de la minera.

Se trata de una denuncia en la que se detallan hechos concretos sobre los aportes y convenios que realizó Toro, hoy, de nuevo, alcalde del municipio, con la minera. En los documentos se advierte, en primer lugar, que en la segunda administración del actual mandatario se dio una adición presupuestal con recursos de la compañía, que aún pide la licencia ambiental de Quebradona.

En el decreto 012 del 7 de enero de 2015 del municipio, se argumenta a grandes rasgos que “se necesita y requiere adecuar el presupuesto municipal, de acuerdo a las necesidades del municipio y para poder llevar a cabo su programa de gobierno”. Y que, por ello, además, “se hace necesario incorporar recursos de la entidad privada” (sin hacer mención a cual empresa se refiere).

Según el medio La República de Colombia, la adición no fue discutida ni informada al concejo municipal de la época. Además, hay documentos adicionales en los que se establece que en esa segunda administración (2012-2015) se firmaron convenios de cooperación con AngloGold.

Estos acuerdos se hicieron año tras y se concretó un total de 1.600 millones de pesos (USD 427.776) aportados por la minera (un monto que casi duplicó el presupuesto municipal).

Ante esta polémica, David Alonso Toro sostuvo: “Sí, claro, hubo convenios. Yo nunca los he negado. He dicho que lo hice consciente para favorecer a la comunidad en el tema de transporte escolar, mejoramiento de las vías rurales, mejoramiento en cultura y deporte. Y ayudaron en la construcción del centro de bienestar del adulto mayor. Esos recursos eran de inversión social para invertirlos en toda la comunidad. Siempre ha sido así”.

El Alcalde destacó que cualquier convenio que ha hecho “no ha sido para favorecer a la empresa”. Reiteró, incluso, que ha sido para favorecer a la comunidad.

La Procuraduría General de la Nación confirmó que ya se “empezó una investigación que sigue en curso, pero no se han dictado conclusiones”.

Cabe destacar que la Licencia ambiental de Quebradona se definirá antes de marzo de 2021. En este momento, AngloGold adelanta el trámite de licenciamiento ambiental de Quebradona ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Ya se sumaron terceros intervinientes al proceso, por lo que a partir de ahora vienen unas audiencias para continuar escuchando a todos los actores que están en el territorio.

A partir de este proceso, y tras surtir todos los diálogos y las mesas técnicas, se prevé que a más tardar en el primer trimestre de 2021 se defina la licencia ambiental, según se confirmó desde la Anla. Pues, es de resaltar que el Gobierno ha dicho que esa mina es estratégica para la reactivación del país.
Fuente: La República
https://www.mineria-pa.com/noticias/colombia-polemica-en-jerico-involucra-a-la-minera-anglogold-ashanti/