Chile

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares

16/09/2020
Legisladores de oposición buscan que la iniciativa se ponga en votación la primera semana de octubre.

Pese a que lleva varios meses detenido el proyecto de ley con el que se busca definir la protección de los glaciares que hay en el país, sigue existiendo movimiento alrededor de la moción. La comisión de Minería del Senado dio inicio a las reuniones de los asesores de cada uno de los congresistas, con el objetivo de llegar a acuerdos que destraben la situación.

Dichos encuentros se dieron por una solicitud del senador Alejandro GarcíaHuidobro (UDI), buscando aunar criterios, luego del nulo avance que existió cuando se intentó tramitar el proyecto. En la instancia, si bien participan asesores de cada uno de los senadores de la comisión de Minería, también se sumó el exsubsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal, quien trabaja con GarcíaHuidobro. También se suma el presidente de la comisión de glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile, Jaime Illanes.

Los demás senadores son representados por el abogado Matías Ortiz en el caso de Guido Girardi (PPD); Leonardo Contreras, con el senador Rafael Prohens (RN); Alejandro Sánchez, por el senador Álvaro Elizalde (PS); y Rodrigo Vega, con la senadora Yasna Provoste (DC). Mientras que por el Ejecutivo, está el jefe del Departamento de Asuntos Legislativos de Minería, Felipe Curia. La idea del Gobierno es que se logre una normativa que proteja a estos depósitos, pero que sea compatible con la actividad económica, especialmente la minería, industria que se vería afectada de prosperar un proyecto como el original.

Por otra parte, senadores de oposición buscan medidas más restrictivas, estando en disputa la protección de la zona periglaciar, que incluye a las cercanías de los depósitos, pero que incluso puede extenderse por varios kilómetros. Según trascendió, el principal eje en discusión de las primeras sesiones ha estado sobre los objetos de protección, enfocados en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost. Sin embargo, no ha habido consensos.

Según cuentan fuentes conocedoras, en un inicio hubo acercamientos respecto a que se iba a detallar tanto la protección de glaciares, permafrost y ambiente periglaciar como objeto de protección independiente, pero durante las últimas sesiones hubo un retroceso, luego de que se cuestionó si se pueden fijar esos tres objetos de manera genérica, sin tener estrategia de protección específica para cada uno.

“Esta es una prioridad absoluta, porque estamos entrando en una etapa de colapso hídrico desde Copiapó al sur, y el escenario que viene por el cambio climático es malísimo. Los glaciares hoy no están protegidos y el Gobierno busca mantener una lógica de intervención de glaciares”, sostiene el senador Girardi, uno de los impulsores de la iniciativa, quien confirmó que enviarán una carta al presidente de la comisión para que el proyecto sea votado durante la primera semana de octubre.
Fuente: El Mercurio

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares

Perú

EMPRESAS MINERAS CHINAS EN PERÚ ENFRENTAN PROTESTAS POR RIESGOS DE COVID19

Existe la preocupación de que las minas de empresas chinas en Perú sean “vehículos de contagio” para el COVID-19.
Foto: Getty Images
Este artículo apareció en la edición impresa del South China Morning Post como: Empresa minera china en Perú “oculta cifras de infección”.
Autor: Eduardo Baptista
Traductora: Laura del Aguila
16 de setiembre de 2020
Sindicatos y organizaciones no gubernamentales acusan a empresas chinas de ocultar el “número real” de casos.
El Perú se encuentra entre los países más afectados, con más de 650 000 contagios confirmados.

En los últimos seis meses, Luís López ha intentado que Chinalco, el mayor productor de aluminio de China y propietario de la mina de cobre de Toromocho, en el centro de Perú, revele lo que sería el número “real” de mineros infectados con el COVID-19. El líder sindical afirma que luego lo despidieron.

Según López, de 39 años, Chinalco aún no ha revelado cuántos mineros dieron positivo al COVID-19 en julio y agosto, lo que según él pone en riesgo a miles de trabajadores en la mina situada a cuatro horas en carro de la capital, Lima.

Sus demandas son respaldadas por organizaciones no gubernamentales de Perú y otros países de Sudamérica quienes reclaman que las minas dirigidas por empresas chinas no revelan las cifras de infección y no siguen las directrices locales para combatir la enfermedad.

El Perú, con una población de 33 millones de habitantes, ha experimentado un repunte en el número de infecciones de COVID-19 y se encuentra ahora entre los países más afectados del mundo, con más de 650 000 casos y 29 000 muertes.

Los funcionarios contactados en la sede de Chinalco en Pekín se negaron a comentar las acusaciones y dos correos electrónicos enviados al equipo de comunicaciones de la filial de Perú no recibieron respuesta.

La explotación minera de cobre, zinc, oro y otros minerales constituye más del 9% de la economía peruana de 227 000 millones de dólares, pero representa un 60% del valor de las exportaciones, según el Ministerio de Energía y Minas de Perú.

El Banco Mundial prevé que la economía peruana se contraerá en un 12% este año debido al COVID-19, el país con mayor caída en Sudamérica. El gobierno se encuentra luchando contra la pandemia al mismo tiempo que busca la reactivación de las actividades económicas.

El decreto presidencial publicado en marzo ordenó la paralización de actividades comerciales en el país por dos semanas, con el fin de contener la propagación del COVID-19. Sin embargo, a finales de junio, el Gobierno anunció que permitiría que empresas en riesgo de quebrar debido a la pandemia apliquen la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores.

China donó suministros médicos a más de 20 países de América Latina para ayudar a combatir la COVID-19, según reporta un artículo publicado en julio en el periódico estatal People’s Daily. El mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció que Pekín ofrecería un préstamo de mil millones de dólares a la región para acceder a las vacunas que se están desarrollando en China.

No obstante, ha aumentado el número de quejas sobre la falta de protección contra infecciones en las minas chinas en el Perú, principalmente de trabajadores y ONGs. La industria minera en el Perú generó más de 208 000 empleos directos en el 2019, pero generó 1.3 millones de puestos de trabajo en el sector de servicios para la industria, según cifras del Gobierno.

Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, una ONG que monitorea las empresas mineras chinas en el Perú, explica que la preocupación es que las minas se han convertido en “vehículos de contagio”.

Cuadros señaló que otras empresas mineras extranjeras en el Perú han enfrentado brotes de COVID-19, siendo el mayor en una mina de la multinacional británica Glencore. Sin embargo, indicó que las empresas chinas han sido menos transparentes.

“No sabemos cuántos trabajadores han sido infectados con COVID-19 en las minas chinas, es un misterio”, comentó. Agregó que estas empresas necesitan comprender la importancia de establecer relaciones con las partes interesadas locales.

Desde abril, los residentes de varios pueblos han bloqueado las carreteras que conducen a la mina de cobre de Las Bambas, en el sur del Perú. Esta mina es gestionada por la empresa australiana MMG y su principal accionista es la empresa estatal China Minmetals Corporation. La población local teme que los mineros que viajan a las instalaciones en los autobuses puedan infectar a las comunidades locales en el camino, explicó Cuadros.

Las quejas sobre las actividades de las mineras chinas no se limitan al Perú. En mayo, 73 ONGs de toda Sudamérica firmaron una carta de protesta dirigida a Pekín, alegando que seis empresas estatales chinas que operan en Perú, Ecuador y Argentina habían violado los derechos laborales y provocado daños al medio ambiente. Cuadros indicó que no recibieron respuesta.

“Siempre hemos tenido dificultades para contactar a los representantes oficiales de China, no suelen contestar los correos, mucho menos en épocas de pandemia”, afirmó.

Shougang Hierro Perú, una unidad de la siderúrgica china Shougang Group, fue nombrada en la carta, junto con Chinalco y MMG. Según la carta de la ONG, Shougang, que dirige la mina de hierro Marcona en la costa sur de Perú, no proporcionó equipo de protección a los trabajadores.

Dos correos electrónicos enviados a la sede de Shougang en Pekín no fueron contestados y se hicieron tres llamadas telefónicas a las oficinas de la empresa en Perú que tampoco fueron contestadas. Dos correos enviados a la sede de MMG en Melbourne y a las oficinas en Perú no recibieron respuesta. Un funcionario de la sucursal en Hong Kong se negó a hacer comentarios.

El exlíder sindical López declaró que, según Chinalco, 71 trabajadores de la mina Toromocho que dieron positivo al COVID-19 habían sido evacuados en junio, el último mes en que se comunicó el número de infecciones. “Pero esto no tiene en cuenta a los mineros que se contratan a corto plazo”, explicó en una entrevista.

López indicó que la mina tenía alrededor de 1.400 trabajadores a tiempo completo y 2.000 con contratos a corto plazo y que al incluir estos últimos, el número total de casos de COVID-19 en la mina estaría en los cientos.

Cuadros, de la ONG CooperAcción, que lleva más de dos décadas rastreando la inversión extranjera en el Perú, comentó que su equipo trata de negociar con los inversores extranjeros para resolver disputas con las comunidades locales y que ahora está en conversaciones con MMG y el Gobierno sobre el bloqueo de Las Bambas por parte de los locales debido al COVID-19.

Mencionó que en el pasado han presentado demandas contra mineras extranjeras por conflictos laborales y contaminación, pero siempre como último recurso, ya que el proceso era muy largo y costoso y a menudo requería presentar una demanda ante tribunales extranjeros. “Con China es más difícil, no nos escuchan,” indicó Cuadros.

Guo Jie, profesora adjunta de relaciones internacionales de la Universidad de Pekín, dijo que las empresas chinas luchan por adaptarse a la cultura sindical en América Latina.

“En China, las empresas nombran al jefe del sindicato de trabajadores, y por lo general éstos sólo se encargan de organizar actividades lúdicas, así que cuando (estas empresas) salen del país, no han tenido experiencia tratando con sindicatos conflictivos”, explicó.

Guo ha realizado una investigación de campo en el Perú y ha entrevistado a empleados chinos en empresas como Shougang.

“Las empresas chinas en América Latina también se quejan de cómo los trabajadores son perezosos y parecen estar en constante oposición a los intereses de la empresa”, mencionó. “En la cultura china este tipo de mentalidad conflictiva es inadmisible”.

López indicó que entre marzo y julio todos los intentos de organizar reuniones entre el sindicato y el director general de la filial peruana de Chinalco, Luan Shuwei, habían fracasado. Comenta que nunca recibió respuesta.

Según Cuadros, las empresas mineras chinas han debido estudiar los países en los que invirtieron. “Saben menos sobre la cultura y tienen más dinero, pero no aprenden de sus errores.”

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Bolivia

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES EXIGEN AL GOBIERNO DE BOLIVIA ACCIONES URGENTES PARA PROTEGER AL LAGO POOPÓ

Colectivo CASA <observatorioextractivas@lists.riseup.net>
16/09/2020

El segundo lago más grande de Bolivia, declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru, está en grave riesgo por el inicio de obras de un proyecto en Perú que desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, su principal tributario.

Durante el mes de agosto, organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la grave degradación del lago Poopó lanzaron la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación crítica del ecosistema y para llamar la atención de autoridades, opinión pública y comunidad internacional hacia la adopción de medidas urgentes para su recuperación.

El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia y, junto con el lago Uru Uru, fue declarado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la conservación de humedales.

La conservación de los lagos Poopó y Uru Uru se encuentra en riesgo grave debido a la aprobación e inicio de obras del proyecto Vilavilani fase II en Perú, el cual consiste en el trasvase de aguas de la cuenca alta del río Mauri hacia la cuenca del Pacífico. El proyecto desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, el tributario principal del Poopó, amenazando la estabilidad y el balance hídrico de ambos lagos.

Las obras de trasvase de aguas provocarán sin lugar a dudas un desastre ecológico permanente al reducir significativamente los caudales que alimentan la cuenca y a los humedales, provocando a su vez la disminución del espejo de agua y los consiguientes impactos negativos en las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estas fuentes de agua para su subsistencia.

En el marco de la campaña, organizaciones y comunidades exigieron al gobierno acceder a los mecanismos otorgados por la Convención Ramsar y abrir las puertas a una Misión Ramsar de Asesoramiento, la cual permitirá la visita de expertos y expertas para la elaboración de un diagnóstico sobre la salud de los lagos, deteriorada por actividades humanas, y contar con recomendaciones técnicas especializadas para la recuperación de los ecosistemas.

Las organizaciones que promovieron y participaron de la campaña son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), la Delegación Departamental Defensorial de Oruro, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Agua Sustentable, Wasi Pacha y Juventud Ecologista en Acción.

Colombia

Denuncian que autoridades impiden protesta contra la minería en Jericó

La mesa Ambiental aseguró que la alcaldía desmontó unas banderas que estaban en la fachada de las casas contra la multinacional AngloGold Ashati.
Alcalde de Jericó impide la protesta contra la minería: Denuncian que autoridades impiden protesta contra la minería en Jericó
Mesa Ambietal Jericó

Caracol Radio Medellín 13/09/2020
Fernando Jaramillo, integrante de La Mesa Ambiental del municipio de Jericó contra la minería en ese territorio, denunció que la policía y la alcaldía les están impidiendo el derecho a la protesta pacífica.

El líder ambiental aseguró que con previa autorización de los propietarios de las viviendas de la localidad instalaron unas banderas pequeñas en las fachadas que representa la resistencia contra la multinacional minera AngloGold Ashanti que pretende adelantar extracción de oro en el territorio, pero que cerca de la medianoche de este sábado y aprovechando la soledad de las calles la policía por orden de la alcaldía las desmontó.

“Es un atrevimiento y un abuso al derecho de protesta que tenemos los ciudadanos a la libre expresión, esas banderas son la expresión de amor por Jericó por su historia, es un sentido de pertenencia, no es una actividad de publicidad comercial”, aseguró el ambientalista.

De otro lado el alcalde de esta población, David Toro Cadavid, explicó a Caracol Radio que se debe a solo un problema de comunicación y que no se gestionó con la administración la ubicación de estos letreros ya que este tipo de actividad está regulada y debe tener permiso.

“Nosotros no impedimos la protesta como tal, solo pedimos que se haga por el conducto regular la solicitud y el permiso. Nosotros tenemos un estatuto ambiental del medio ambiente y en el estatuto claramente está que se debe pedir permiso y esas banderas estaban siendo instaladas a media noche y sin autorización, por lo menos de la administración”, recalcó el mandatario.

Integrantes del colectivo ambiental convocaron a la comunidad a instalar la bandera del municipio a partir de este domingo en rechazo a la orden dada por el alcalde y contra la multinacional minera, también están convocando a un plantón en la alcaldía el próximo martes 15 de septiembre.

Es de recordar que precisamente la próxima semana se espera la llegada de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad que analizará la situación y es la encargada de entregar o negar la licencia a la multinacional minera.
https://caracol.com.co/emisora/2020/09/13/medellin/1600011681_361539.html

Honduras

Informe sobre Guapinol basta para que Honduras actúe contra empresa de Lenir Pérez

14/09/2020
Por: Redacción CRITERIO.HN
redacción@criterio.hn
El Progreso, Yoro.- El informe internacional «Guapinol Resiste» en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo este lunes a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.

Joaquín Mejía, experto en derechos humanos

En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.

A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.

La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el pasado sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.

“Este es un informe sumamente importante, ya que es realizado por una delegación internacional experta en el tema, que visitaron el país, que nadie les contó el cuento, estuvieron in situ y desde sus capacidades académicas elaboraron este informe con una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a varios sectores, principalmente al Gobierno de Honduras y a otras instituciones”, explica el Dr. Mejía Rivera.

El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violó, tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.

Nota relacionada Informe internacional «Guapinol Resiste» verifica violaciones a derechos humanos
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.

“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.

Agrega que la gente se ha dado cuenta, no solamente la gente en Honduras sino a nivel internacional, de que el caso de Guapinol es el reflejo de la justicia selectiva que criminaliza y utiliza de manera selectiva el derecho penal, la parte operativa del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero por otro lado una justicia que actúa de manera tardía con empresas vinculadas a este poder político.

“Por eso es la reacción de solidaridad de diferentes sectores. Incluso de representantes en el Congreso y Senado de EE. UU. Porque en ese caso específico es la justicia selectiva y estamos viendo en bandeja de plata la criminalización. Recordemos que a través de ataques pudieron provocar la muerte de Berta Cáceres, Blanca Kawas, Margarita Murillo, entre otros”, concluyó el defensor de derechos humanos.

El informe Guapinol Resiste fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.

Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.

Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.

Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

Guapinol Resiste

Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.

Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.

Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
https://criterio.hn/informe-sobre-guapinol-basta-para-que-honduras-actue-contra-empresa-de-lenir-perez/

Mexico

AMPARO PONE EN PAUSA PROYECTO MINERO EN PUEBLA

05/09/2020
Un amparo de una comunidad del estado de Puebla ha puesto «en pausa» un proyecto de la minera Almaden Minerals, luego de que acusaran que se extraerían cinco millones de litros diarios de una población marcada por la sequía.

En México, las comunidades continúan en controversia con las mineras canadienses y piden la cancelación de proyectos de explotación minera. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en junio que su Gobierno no cancelaría las concesiones existentes, el proyecto Ixtaca oro-plata de la Almaden Minerals fue suspendido desde octubre de 2019 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con una investigación de Animal Político, Almaden Minerals generará ganancias de alrededor de 6.200 millones de pesos (284 millones de dólares, aproximadamente) por la extracción de oro y plata de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, Puebla, uno de los municipios con más altos índices de pobreza y sequía del estado.

Asimismo, señala que la empresa realizó un informe sobre la factibilidad del proyecto, en el que notificó a sus accionistas que en un tiempo récord, de un año y medio, se recuperará la inversión inicial de 174 millones de dólares (3.480 millones de pesos).

Para convencer sobre las bondades del proyecto, Almaden Minerals promete generar 600 empleos para la comunidad de Ixtacamaxtitlán, donde según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ocho de cada 10 personas son pobres. Esto, además de una aportación de 2.600 millones de pesos (119 millones de dólares) en pago de impuestos.

La controversia en la comunidad

En las comunidades donde se realizará el depósito minero los habitantes están divididos, entre quienes rechazan el proyecto por considerarlo una amenaza ambiental y aquellos que lo apoyan por las oportunidades de desarrollo que ofrece.

Los opositores a la mina acusan que detrás de la promesa de 600 empleos se esconde el gasto de cinco millones de litros de agua al día en una comunidad marcada por las sequías.

El fallo de la Semarnat dejó «en pausa» el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental y la aprobación del proyecto de Almaden Minerals, luego de recibir un amparo por parte de las organizaciones civiles.

La comunidad tilda a la dependencia de «muy tibia», pues los opositores dicen que hay elementos para cancelar de forma definitiva la mina. Académicos, ambientalistas y organizaciones denuncian que «es imposible» que el proyecto se nutra solo de lluvia, como promete la empresa.

Ante ello, acusan que la minera extraerá el agua de los mantos subterráneos de los ríos cercanos a la mina, lo cual pondría en riesgo el abasto de miles de ciudadanos. En cambio, quienes están a favor, expresan que a consecuencia del fallo de la Semarnat cerca de 70 personas se quedaron sin empleo y 540 trabajos fueron «congelados».

En este sentido, Carmen Martínez, Eli Herrera, Norma Herrera, y Roberto Martínez, habitantes de Santa María Zotoltepec y exempleados de Minera Gorrión, la subsidiara mexicana de la empresa canadiense Almaden Minerals, dicen que «la minera es la única que nos dio una oportunidad».

Durante una entrevista con el portal de noticias, los cuatro aseguraron que pueden aportar su perspectiva dado que que trabajaron en la minera y conocen muy bien cada detalle del proyecto minero de Ixtacamaxtitlán.

Carmen Martínez resaltó que la «transparencia» de la minera con las comunidades ha sido «total». En este punto, destacó que desde 2012 la empresa ha realizado nueve grandes reuniones comunitarias a las que han asistido más de 4.000 personas.

La minera y las organizaciones civiles

Minera Gorrión destacó que se han celebrado 45 sesiones de «diálogos transversales», en donde miembros de las comunidades fueron invitados a pláticas con especialistas en minería.

De forma adicional, la empresa acompañó a 500 personas de las comunidades a 25 viajes por diferentes minas de la república, «para que pudieran comprobar por sí mismo cómo funciona una operación minera».

Como parte de su compromiso social, Minera Gorrión presume haber entregado 130 becas para estudiantes, rehabilitado la clínica de Santa María y donado material para construir el piso de la iglesia de Zacatepec.

A pesar de ello, la oposición al proyecto se intensificó desde febrero de 2019, cuando la minera presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para obtener el permiso del Gobierno y arrancar el proyecto. Pero para los cuatro exempleados de la minera, la división en la comunidad la trajeron dos organizaciones civiles: Fundar y Poder.

Por su parte, Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals, también ha usado el mismo argumento de Carmen Martínez, que «los activistas con financiación extranjera» son quienes torpedean su proyecto con amparos que lo tienen «congelado».

Julieta Lamberti es la directora de Poder, una de las organizaciones civiles que junto a otras como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), el Consejo Tiyat Tali, y la propia Fundar, además de académicos y ambientalistas de la UNAM y de la UAM, se han posicionado en contra de la mina en Ixtacamaxtitlán.

De acuerdo con el medio mexicano, Lamberti declaró que la oposición al proyecto se fundamenta en los análisis sobre impacto ambiental que ha realizado la propia organización, tales como el estudio Industria Extractiva en Puebla: Panorama del Sector Minero.

Al respecto, también refiere investigaciones de otros académicos e investigadores, como el trabajo de Alonso Gutiérrez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien analizó la Manifestación de Impacto Ambiental de la minera y denunció que en ésta existen «múltiples errores y contradicciones» que hacen «imposible» garantizar que una mina que requiere de 5 millones de litros de agua diarios pueda abastecerse solo con la lluvia.

Sobre los pobladores que están a favor del proyecto minero, Lamberti dice que ese es el «modus operandi» de ese tipo de empresas.

«Es su estrategia: llegan con un grupo de la población a los que les ofrecen empleos mal pagados en tareas de vigilancia, mantenimiento, limpieza, y en cosas así, y se los llevan a su terreno para dividir a comunidades enteras, confrontarlas, y generar un conflicto social», explica.

La controversia «en pausa»

El conflicto continúa su paso en Ixtacamaxtitlán, pero el punto más álgido tuvo lugar en junio de 2019, cuando se realizó una reunión pública en el auditorio de Santa María Zotoltepec a la que asistieron Semarnat, la minera y más de 1.400 ciudadanos.

La reunión también contó con la presencia una Misión Civil de Observación, integrada por diversas organizaciones civiles, la cual documentó una serie de anomalías por parte de la minera, tales como la asistencia de personas ajenas a la comunidad.

Otro de los factores que hacen inviable el proyecto es que no se ha consultado a las comunidades indígenas que habitan en el cuadrante de Ixtacamaxtitlán. Pero la minera respondió que no es necesario realizar una consulta.

A pesar de todos estos factores, hasta el momento la Semarnat no ha emitido un fallo concluyente respecto a la cancelación o aprobación del proyecto de la minera Almaden Minerals. No obstante, López Obrador aclaró en junio que no se darían nuevas concesiones en vista de que el 40% del territorio mexicano está concesionado.
Fuente: Sputnik

Amparo pone en pausa proyecto minero en Puebla

Chile

Unos 600 trabajadores podrían estar contagiados tras brote en empresa

Desde la Seremía de Salud, informaron que empresa ya había dejado de funcionar por otro foco.
10/09/2020
(El Diario de Atacama) Luego del brote y contagio de 72 trabajadores mineros de una empresa contratista y subcontratista, que presta servicios a Candelaria, desde la Seremía de Salud explicaron que hubo incumplimiento del protocolo 594, que dice relación a la obligación de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los más de 600 trabajadores que podrían haberse contagiado en el lugar, por lo que la empresa debe cumplir los puntos encomendados por la autoridad sanitaria para volver a su funcionamiento.

Condiciones sanitarias
Durante la jornada del martes, fue el mismo seremi de Salud de Atacama, Bastián Hermosilla, quien confirmó que todo esto comenzó cuando detectaron una cantidad de casos positivos el fin de semana, quienes estaban asociados a esa empresa.

“Desde la vigilancia activa de los casos, como nuestro equipo revisa detalle a detalle, los antecedentes de los casos nuevos, pudiendo identificar factores comunes a los casos nuevos, determinando que existe una cantidad personas asociadas a un espacio de trabajo”, sostuvo.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario]https://www.diarioatacama.cl/impresa/2020/09/10/full/cuerpo-principal/5/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=6

Perú

CRIMEN EN MADRE DE DIOS

14/09/2020
Imagen: Madrededios.com
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – Alerta informativa
En medio de la pandemia y la crisis política que vive el país, los defensores de nuestra Amazonía siguen siendo asesinados por mafias que buscan imponer sus actividades ilícitas.

En esta ocasión la víctima ha sido Roberto Carlos Pacheco Villanueva (34), que junto con su padre Demetrio (vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata), desde hace un tiempo se enfrentaban a las mafias de mineros ilegales que permanentemente trataban de invadir los bosques de una concesión de 800 hectáreas que administraban. El terrible crimen se produjo el pasado 11 de septiembre.

La familia Pacheco había sido amenazada durante años e incluso habían presentado hasta siete denuncias contra mineros invasores. Como ha señalado el portal Ojo Público, la muerte de Roberto Carlos Pacheco es el cuarto asesinato de un líder ambiental desde que se declaró el Estado de Emergencia el 16 de marzo en el país: “en abril asesinaron a Arbildo Meléndez Grández (Huánuco), en mayo a Gonzalo Pío Flores (Junín) y en julio a Lorenzo Wampagkit (Amazonas)”.

Esta terrible noticia es una clara muestra que en Madre de Dios, la minería y la tala ilegal siguen imperando y no dan tregua, pese a las operaciones de incautación y de desmantelamiento de operaciones mineras. Según el Ministerio Público, desde el inicio del estado de emergencia sanitaria se han realizado más de 70 operativos en contra la minería ilegal en Madre de Dios. Sin embargo, los mineros ilegales se siguen desplazando a otras zonas, incluyendo territorios indígenas y concesiones forestales, como las de la familia Pacheco, para realizar sus actividades debido al fuerte control que hay en zonas como La Pampa.

Al parecer el aumento del precio internacional del oro viene siendo uno de los factores que presionan el incremento de esta actividad en zonas como Madre de Dios. Por otro lado, se confirma que esta región sigue siendo una de las zonas con mayores índices de criminalidad en el país en donde las mafias de mineros y taladores ilegales, la han convertido tierra de nadie.

Internacional

Dimite la cúpula de Rio Tinto tras la destrucción de un sitio aborigen

El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, y dos altos ejecutivos renunciaron a sus cargos el viernes, cediendo a las crecientes críticas de sus accionistas.
11/09/2020
(Reuters) – El director ejecutivo y dos altos ejecutivos de Rio Tinto renunciaron a sus cargos el viernes, cediendo a las crecientes críticas de sus accionistas por la destrucción de dos importantes emplazamientos aborígenes y la inadecuada respuesta inicial de la multinacional minera.

Las tres salidas son ejemplos de alto perfil de la creciente fuerza de los inversores para hacer responsables a las empresas y a sus consejos de administración de las acciones que no se ajustan a las obligaciones internacionales de derechos humanos y a los estándares sociales.

Se producen asimismo en un momento en que Australia está revisando su pasado colonial y su trato a los aborígenes, que tienen una vida más corta que otros ciudadanos y tienen una presencia desproporcionada en las prisiones.

El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, que ha dirigido Rio Tinto desde 2016, dejará el cargo el 31 de marzo del próximo año, indicó la empresa.

El jefe del área de mineral de hierro, Chris Salisbury, y Simone Niven, jefa de relaciones corporativas, la unidad responsable de tratar con las comunidades indígenas, también se irán.

La medida apaciguó a algunos activistas e inversores que dijeron que Rio Tinto se había quedado corta en un examen anterior que hizo el consejo de administración sobre la destrucción de unos refugios en rocas que atestiguaban 46.000 años de presencia humana en el desfiladero de Juukan, en Australia Occidental, en contra de la voluntad de sus propietarios tradicionales. Tras el análisis inicial que hizo la empresa se recortaron las primas a corto plazo para algunos ejecutivos.

Jacques se disculpó el mes pasado en una investigación del Senado australiano por la destrucción de dichos refugios, que se produjo pese a la oposición de los propietarios tradicionales aborígenes, los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, e indicó que no había duda de que la empresa podría haber adoptado mejores decisiones.

Las explosiones en las cuevas, que permitieron a Rio acceder a mineral de hierro de alta calidad por valor de 135 millones de dólares, provocaron la condena internacional y han dañado la reputación de Rio en lo relacionado a las relaciones con grupos indígenas en todo el mundo.

https://www.mch.cl/2020/09/11/dimite-la-cupula-de-rio-tinto-tras-la-destruccion-de-un-sitio-aborigen/

Internacional

NASA lanzó inédita convocatoria que promueve la minería privada en la Luna

La agencia estadounidense pagará a empresas que recolecten rocas y polvo del satélite. El proyecto va a “impulsar una nueva era de exploración y descubrimiento que beneficiará a toda la humanidad”, afirmó.

14/09/2020
MINERÍA CHILENA
La NASA publicó una convocatoria dirigida a empresas de todo el mundo para comprar muestras de rocas y polvo lunar, una inédita iniciativa que abre la puerta hacia la minería extraterrestre privada.

La agencia aeroespacial estadounidense busca adquirir muestras de entre 50 y 500 gramos de rocas y regolito (polvo fino y gris de la superficie lunar), y pagará a las compañías que puedan otorgárselo.

“Estamos dando un paso fundamental al publicar una solicitud para que las empresas comerciales presenten propuestas para la recopilación de recursos espaciales. Al considerar tales propuestas, exigiremos que todas las acciones se tomen de manera transparente”, aseguró el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

De esta manera, “estamos poniendo nuestras políticas en práctica para impulsar una nueva era de exploración y descubrimiento que beneficiará a toda la humanidad“, agregó Bridenstine.

El plan contempla que las empresas privadas recolecten una pequeña cantidad de material lunar y proporcionen imágenes y datos de la ubicación exacta. La recolección será comprada y de propiedad exclusiva de la NASA.

La empresa que se adjudique el proyecto recibirá un pago de 10 por ciento inicial, otro 10 por ciento en el lanzamiento y el 80 por ciento restante al finalizar con éxito el viaje y la recolección.

“El objetivo de la NASA es que la recuperación y la transferencia de propiedad se completen antes de 2024“, detalló Bridenstine a través del blog de la NASA.

La agencia tiene prevista para ese mismo año la ejecución del proyecto “Artemisa”, que quiere llevar por primera vez a una mujer a la Luna.
En éste participan las empresas SpaceX y Blue Origin, de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.
https://www.mch.cl/2020/09/14/nasa-lanzo-inedita-convocatoria-que-promueve-la-mineria-privada-en-la-luna/