Chile

“NO HAY DUDAS, LO LOGRAMOS: PASCUA LAMA CLAUSURADO DEFINITIVAMENTE”


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Comunicado comunidad Valle del Huasco ante decisión de Barrick de aceptar el fallo y no recurrir a la Corte Suprema.
Pascua Lama No Va.jpg

1. Nos sentimos enormemente satisfechos por la decisión de Barrick Gold de no apelar a la Corte Suprema y lo consideramos un triunfo más de esta comunidad que se negó a morir. No podía ser de otra manera considerando lo contundente de las pruebas en su contra y ratifica que Pascua-Lama es un proyecto inviable que ya ha dejado muchísimo daño a su paso. Barrick no se quiso arriesgar a una tercera derrota segura.

2. Manifestamos nuestro total rechazo a la insistencia de la empresa de calificar este proyecto como importante y a “que está en curso un trabajo para reevaluar su potencial”. Declaramos con decisión que la comunidad del Valle no aceptará ninguna versión reformada. Deben irse lo más pronto posible y para siempre.

3. En ese sentido, nos preocupa enormemente que Barrick siga insistiendo en buscar “nuevas oportunidades en Chile”. Para nosotros, el cierre definitivo al proyecto Pascua Lama implica dar un portazo en la cara a cualquier megaproyecto que pretenda instalarse en las nacientes/cuencas/sistemas glaciares en todo nuestro país. Como comunidad, hemos tenido 20 años para comprender a cabalidad cuáles son las “oportunidades” que ofrece la megaminería a los territorios, particularmente Barrick: oportunidades para enfermarse, para perder la posibilidad del sustento basado en actividades económicas tradicionales, para contaminar aguas y destruir los ecosistemas glaciares y para destruir el tejido social de las comunidades, entre una larga lista.

4. Denunciamos que Barrick sigue faltándole el respeto a toda la comunidad de Atacama, y sobre todo a la Provincia del Huasco, cuando declara que ve un gran potencial en una región “que siempre fomento el desarrollo de proyectos mineros sustentables”. Aparte de ser una mentira aberrante (algo que esta empresa sabe hacer muy bien), pretende dejar a las comunidades de ignorantes: nosotros sabemos que la minería sustentable no existe y por eso nos oponemos a cualquier proyecto contaminante que apunte a crear acá una zona de sacrificio. ¿Qué más señales quieren? ¿No les basta con todos los proyectos que han sido rechazados por las comunidades? Algunos ejemplos son Castilla, Punta Alcalde, Agrosuper en Freirina, El Morro, Nueva Unión y ahora Pascua Lama. Queremos vivir bajo un modelo que respete la naturaleza y la vida humana como parte integral de ella, y ahí definitivamente no caben ni las mineras ni los megaproyectos de ningún tipo.

5. La declaración de Barrick de “ser una empresa muy diferente” y de tener un enfoque distinto es una serenata que ya hemos oído muchas veces y la experiencia siempre ha demostrado lo contrario. Barrick es una empresa criminal, cuestión que se reconfirmó en Chile. Exigimos que no se permitan más inversiones ni proyectos de esta trasnacional genocida y ecocida en nuestro país, puesto que está comprobado de sobra que terminarán de la misma manera, solo que con nuevos pueblos afectados. No al proyecto Alturas en el Valle del Elqui y no a Arroyo Blanco y El Encierro que están en exploración en nuestra comuna.

6. Nos llama la atención que Barrick cierre su comunicado diciendo que “ninguna de las infracciones ha causado un daño irreparable”. ¿A Barrick le parece reparable que tres generaciones de este Valle hayan vivido con una sentencia de muerte sobre sus cabezas durante 20 años? ¿Se puede reparar la destrucción del tejido social producto de su injerencia nefasta? ¿Son reparables los daños a los glaciares o la contaminación en los cauces de ríos por años con metales pesados? ¿O el deterioro de la salud por consumir esa agua durante muchos años? ¿O las hectáreas de flora nativa que tarda siglos en desarrollarse? Para estas empresas es muy fácil determinar qué es daño irreparable o no cuando toman decisiones sobre los hogares y la vida de personas que están ubicadas a miles de kilómetros de distancia de la comodidad de sus propias oficinas.

7. Reiteramos que como comunidad nos mantendremos muy atentos y alertas para fiscalizar que el cierre suceda como es debido y con la premura necesaria. Tras 20 años de haber convivido con esta empresa nefasta conocemos sobradamente sus malos manejos y artimañas y no queremos sorpresas en el momento en que tengan que pagar la multa y abandonar nuestro territorio.

8. Llamamos a la opinión pública a rechazar cualquier proyecto megaminero que quiera instalarse en su territorio, pues el caso Pascua Lama dejó claro que la megaminería no puede controlar sus efectos nocivos, menos cuando está sobre nacientes y ecosistemas glaciares. Por lo mismo, llamamos también urgentemente a la protección y desprivatización del agua y a la defensa decidida de todos los glaciares y sus ambientes. En este contexto de calentamiento global y daño generalizado al tejido natural que sustenta la vida, es urgente hacer cambios drásticos y tomar conciencia de que EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
Contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

Nicaragua

Pobladores de Santa Cruz la India, son forzados a vender su tierra para dar paso a proyecto minero de la empresa de capital británico Cóndor Gold

ACAFREMIN
21/09/2020
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold. Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa.

Cóndor Gold, opera en Nicaragua a través de su subsidiaria La India Gold SA, desde 2008. La empresa cuenta con 11 concesiones en el distrito de La India con una extensión de 313.26 Km², donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto/subterráneo. Sin embargo, la empresa no ha logrado obtener la licencia social por parte de residentes de la comunidad quienes han denunciado la destrucción ambiental, violación de espacios comunes, procesos viciados de consulta, irregularidades en el proceso de adjudicación de licencias, y la criminalización de pobladores que se oponen a la mina.

En el año 2015, miembros de la comunidad denunciaron que al menos 5 pozos de agua se habían secado debido a trabajos de exploración de la empresa que afectaron una vena de agua subterránea que abastece a la comunidad. En abril 2016, líderes de la comunidad organizados bajo el “Movimiento Comunal Santa Cruz de la India” determinaron que el 90% de los pobladores se oponen al proyecto minero. Tras una fuerte campaña de denuncia y movilizaciones contra el proyecto, siete miembros del movimiento fueron falsamente acusados de daño agravado al bloquear, en 2017, el acceso de trabajadores de la empresa a un lote público adquirido de manera ilegal por Cóndor Gold. El proceso legal, que fue finalmente abandonado por la empresa, se caracterizó por la falta de debido proceso y la complicidad de las instituciones del estado, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y los juzgados locales en la criminalización de los comunitarios a favor de los intereses de la empresa.

La insurrección de abril de 2018, que llevo a Nicaragua a un estado de crisis democrática y la suspensión tácita de los derechos constitucionales, ha tenido un impacto negativo en la capacidad de los opositores de la mina de exigir sus derechos, mientras se ha recrudecido la campaña de violencia en su contra. Según reportes del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, MONAFMI, desde el 2018 existe una ocupación policial de la comunidad mientras se ejecuta una campaña de acoso permanente contra líderes que se oponen al proyecto y sus familias. Los comunitarios han reportado que la policía ha realizado numerosas acciones de allanamiento sin orden judicial y detenciones ilegales, lo que ha forzado a algunos de los líderes a abandonar sus viviendas debido a las amenazas contra su seguridad.

A pesar del ambiente de represión, defensores ambientales de la comunidad Mina la India, acompañados por el Centro Humboldt presentaron una denuncia ante la Oficina del Asesor/Ombudsman de Cumplimiento, CAO, del IFC- Banco Mundial y pidieron una revisión de la inversión que dicha institución hace a la empresa para el desarrollo del proyecto. La queja argumenta que la comunidad no tuvo acceso a los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la empresa y aprobados por el Ministerio de Recursos Naturales, MARENA; que no hubo consulta con la comunidad y no existe información sobre los alcances de dicho proyecto, ni sus afectaciones ambientales y sociales. En enero del 2020, voceros del MONAFMI, anunciaron que la IFC-Banco Mundial había retirado la inversión del proyecto minero.

Seguido a este anuncio, pobladores de Mina la India denunciaron el inicio de otra campaña de acoso contra líderes que se oponen al proyecto minero por parte de funcionarios de la empresa minera acompañados por agentes de la Policía Nacional y grupos afines al gobierno, que visitan a los dueños de la tierra requerida por a la empresa para iniciar su proyecto y demandan la venta de su propiedad.

En enero de este año, miembros de la comunidad reportaron la expropiación de un terreno perteneciente al señor Julian Onel Salazar. La denuncia de este hecho ante órganos judiciales del estado no tuvo respuesta. Este mes de septiembre, el Sr. Andrés Vilches fue detenido de manera ilegal después de denunciar que los trabajadores de la empresa habían dañado la entrada de su casa con maquinaria pesada y la Sra. Juliana Urriata ha denunciado el acoso parte de representantes de la empresa y la policía al negarse a vender su propiedad.

Estas denuncias contantes de los miembros de la comunidad de Mina la India contradicen reportes de la empresa Cóndor Gold, emitidos en agosto de 2020, donde notifica haber realizado “importantes avances en la eliminación de riesgos del proyecto La India mediante la compra de terrenos en y alrededor del área permitida del sitio”; según la empresa, el 85% de la tierra dentro del sitio permitido de la mina ha sido adquirida. El reporte también menciona la adquisición de dos licencias (América y Mestiza) que le permitirían expandir el proyecto minero La India.

Lo que el reporte de la empresa convenientemente omite es que la adquisición de propiedades y nuevas licencias se hace bajo un ambiente de intimidación y suspensión de derechos de la población, el uso de amenazas, expropiaciones ilegales y el desplazamiento forzado de familias que habitan en la comunidad.

La expansión de proyectos mineros se ha acelerado en Nicaragua desde el año 2018 y se intensifica más bajo medidas sanitarias implementadas a partir de la pandemia COVID 19. Como ACAFREMIN hemos denunciado que ellos gobiernos de turno han utilizado las medidas sanitarias para aumentar la represión y criminalización contra defensores ambientales; esto ha intensificado los conflictos sociales, la falta de transparencia y el acceso a información y consulta ante procesos de concesión.

Por lo tanto, nos solidarizamos con los miembros de la comunidad Mina la India y el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, y demandamos a las autoridades nicaragüenses el cese a la criminalización de la organización comunitaria en pro de la defensa de los bienes naturales.

Además, demandamos:

Al Gobierno nicaragüense: Que restaure inmediatamente los derechos civiles de la población, incluyendo los derechos a la vida y la seguridad de la persona, a propiedad, y a no ser arbitrariamente privado de libertad, preso ni desterrado; y el respeto a las libertades de expresión, de asociación y protesta pacífica.
En virtud de que nicaragua es firmante del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, instamos a la comunidad internacional a velar por que el estado nicaragüense cumpla con su obligación de fortalecer la aplicación de derechos ambientales.
A la empresa minera Condor Gold: que retire inmediatamente sus inversiones de nicaragua por no contar con la licencia social para establecer su proyecto y por incurrir en ilegalidades administrativas en complicidad con autoridades nicaragüenses.

Chile

Chile confirma cierre del proyecto minero Pascua Lama por daños ambientales


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

18/09/ 2020
El Tribunal Ambiental de Chile confirmó ayer, jueves 17, la clausura “total y definitiva” del proyecto minero Pascua Lama, propiedad de la minera canadiense Barrick Gold a la que multó con 7.000 millones de pesos (USD9 millones) por los daños ambientales provocados durante la construcción del mencionado proyecto en la frontera entre Chile y Argentina.

El fallo también confirma la decisión que anunció en 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de cancelar este proyecto por no cumplir con la licencia ambiental que se le había otorgado, según informó la agencia de noticias AFP.

“La magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero Pascua Lama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medioambiente y la salud de la población”, indicó el fallo del tribunal.

Lee también: Minera Tres Valles de Chile retomará operaciones en octubre

El proyecto minero (a cielo abierto) tenía por objetivo explotar oro, cobre y otros minerales durante más de 20 años en la región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, con una inversión de unos USD 8,000 millones y que según su planificación original debía entrar en producción a fines del 2014. Tenía previsto producir unas 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de plata.

Pascua Lama estaba ubicado a unos 4.500 metros de altitud en una zona de glaciares en la Cordillera de Los Andes, en la frontera norte entre Chile y Argentina.

Según el ente regulador chileno, Pascua Lama violaba 33 normativas medioambientales y causó daños a especies de fauna y flora nativa por el monitoreo incompleto de glaciares y la descarga de aguas ácidas en un río cercano que abastecía a comunidades de la etnia diaguita.

Desde Greenpeace señalaron que la sentencia “confirma la destrucción del proyecto Pascua Lama denunciada por años por las comunidades y diferentes organizaciones ambientales y sociales del país, reclamo que ha sido ampliamente apoyado a lo largo de los años por la ciudadanía”.

Chile confirma cierre del proyecto minero Pascua Lama por daños ambientales


Fuente: Ámbito

Internacional

La empresa que paralizó la mina de Aznalcóllar suma conflictos en cuatro comunidades autónomas

Los informes de auditoría de la firma canadiense Emerita Resources desvelan que carece de capacidad para afrontar los proyectos que se ha adjudicado
MIGUEL ÁNGEL NOCEDA
Madrid – 20 SEP 2020

Un trabajador de la mina de Aznalcóllar, en un mirador de la corta de Los Frailes.JULIÁN ROJAS
Las sombras de la sospecha planean sobre Emerita Resources, la empresa de matriz canadiense que paralizó la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), al ser admitida a trámite la denuncia de cohecho que presentó contra los miembros de la mesa de contratación y cargos directivos de la Junta de Andalucía tras no lograr su concesión en 2015. La investigación del caso, reabierto por la Audiencia Provincial el pasado octubre tras haber sido cerrado dos veces, ha descubierto una operativa que pone en tela de juicio a la compañía, que también arrastra conflictos en las comunidades de Cantabria, Asturias y Extremadura, donde logró la adjudicación de explotaciones que luego no ha desarrollado. Los informes de auditoría revelan, además, que carece de capacidad para afrontar las inversiones a las que se había comprometido, según se ha desvelado durante el proceso judicial.

Emerita Resources es una empresa minera canadiense que cotiza en el mercado bursátil de Toronto para firmas mineras de pequeña dimensión dedicadas a la exploración y explotación de materias primas. La filial española tiene su sede en Sevilla y su cara visible es el geólogo Joaquín Merino, quien ganó notoriedad por la denuncia que presentó en 2015 contra la adjudicación por la Junta de Andalucía de la mina de Aznalcóllar al gigante minero Grupo México. La denuncia ha sido reabierta dos veces por la sala séptima de la Audiencia Provincial, que preside la juez Mercedes Alaya, tras prosperar los recursos presentados por Emerita. La juez, que cobró popularidad por instruir el caso de los ERE, consideró que quedaban asuntos por investigar y ordenó reabrir el caso en octubre.

Ante eso, la juez titular del juzgado número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, volvió a llamar a los imputados, que mantuvieron sus declaraciones anteriores. Entre ellos figura Vicente Fernández, quien era secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta cuando se realizó la adjudicación y que tuvo que dimitir de la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por esta circunstancia. Asimismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se remitió al informe realizado en las investigaciones anteriores, durante las cuales salió a la luz el modus operandi del grupo minero. Ahora, una vez terminada la instrucción, se está a la espera de que la juez Fernández dicte el auto que se presume definitivo.

Todo se remonta al concurso celebrado en 2015. En contra de lo que estimó la mesa de contratación a la que acusa de cohecho, Emerita considera que es “el único licitador cualificado restante en el concurso de Aznalcóllar y que, de acuerdo con la legislación española, debería adjudicársele el proyecto”. Su propuesta, sin embargo, fue rechazada porque no contaba con la solvencia económica ni técnica que se exigía en el concurso, según se apreció entonces. En las bases del citado concurso se establecían, entre otros requisitos, unos fondos propios de al menos el 30% del importe del proyecto (es decir, 196 millones de euros) y una cifra global de negocios en los últimos tres años superior al triple del importe del presupuesto del anteproyecto.

Exigencias que, según calificó la mesa, no cumplía Emerita España: en el ejercicio 2015 tuvo unas pérdidas de 402.889 euros, que se acumulaban a las de años anteriores, y su patrimonio neto era negativo en 1,7 millones. En años posteriores siguió obteniendo pérdidas que obligaron a la sociedad a realizar ajustes contables y saneamientos. La matriz también acumula pérdidas (casi 17 millones de dólares canadienses, unos 10,9 millones de euros, en el último trimestre) con un alto nivel de endeudamiento que hace necesario obtener financiación para continuar con su actividad, según sus informes de gestión.

Inversiones que no llegan
El proceso judicial ha permitido desvelar que los informes de auditoría de sus cuentas, realizados por la firma McGovern Hurley, incluyen una advertencia expresa que pone en duda la “capacidad de la empresa para continuar sus actividades” y llega a afirmar que, con los estados financieros de 31 de diciembre de 2019, “Emerita Resources Corp. y sus filiales no cumplen con el requisito exigido por la Bolsa de Valores de Toronto de disponer de recursos financieros suficientes para el desarrollo de su actividad”. Según estos, se pone en duda la propia viabilidad de la compañía. Y subraya que no tenía solvencia para llevar a cabo las millonarias inversiones anunciadas en diferentes explotaciones en España. Este periódico ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de la empresa.

A ello hay que añadir que Emerita, una empresa creada en 2009 y presente en España desde 2012, no contaba con experiencia en la explotación minera a la que se enfrentaba, según consideró la mesa de contratación. En el sector es conocido que, además de este episodio judicial que ha paralizado durante cinco años la actividad en Aznalcóllar, apenas ha desarrollado ningún trabajo de investigación o de extracción de minerales a las que se había comprometido en otras tres comunidades (Extremadura, Asturias y Cantabria), donde ganó adjudicaciones que posteriormente no ejecutó, dejando inactivas las comarcas mineras que se habían esperanzado con las inversiones prometidas.

En el caso de Cantabria, Emerita desembarcó en 2017 anunciando que reabriría la mina de zinc existente en el municipio de Reocín, cerca de Torrelavega, que explotó durante décadas Asturiana de Zinc. Los responsables del grupo canadiense, en una joint venture con la constructora Aldesa, anunciaron la creación de más de 2.000 empleos y una inversión superior a los 600 millones de euros. Tras ganar la adjudicación que sacó a concurso el Gobierno regional frente a otros seis candidatos y conseguir los oportunos permisos, aseguró que realizaría 145 sondeos mediante la inversión de los primeros 17 millones. Sin embargo, solo consumó seis que, al no dar los resultados esperados, frenaron los siguientes experimentos. El flagrante incumplimiento de los compromisos llevó a la Administración regional a denegar la prórroga de los permisos, que se habían concedido por un periodo de 13 meses, en febrero de este año. Tres años perdidos para la posible reanudación de la explotación minera, que había creado expectativas además en municipios vecinos (Alfoz de Lloredo y Udías) con explotaciones cerradas.

Llovía sobre mojado. En Asturias, en 2015, Emerita había dejado de ejecutar uno de los permisos de investigación otorgado por el Gobierno del Principado al no afrontar el pago de la fianza de algo más de 12.000 euros que exigía la legislación minera. Todavía es más significativo que desde 2017 hasta el pasado 31 de julio, la filial española de la empresa canadiense haya dejado de investigar los recursos mineros de oro y cobre existentes en 2.600 hectáreas de Pola de Allande, en el occidente asturiano, donde también han visto desvanecerse las expectativas.

En Extremadura, por su parte, fue el fondo Forbes & Manhattan el que solicitó el permiso para investigar yacimientos de oro en los municipios de Casas de Don Pedro y Talarrubias y luego se los cedió a Emerita que, sin embargo, no desarrolló ninguna actividad. El pasado enero la Junta de Extremadura resolvió cancelar su relación por el incumplimiento de plazos y condiciones tras varios requerimientos ocho años después de la concesión de los permisos mineros que había concedido.

Mismo patrón
En los tres casos los cánones de actuación siguen el mismo patrón. La empresa —respaldada por el citado fondo de inversión también canadiense Forbes & Manhattan, cuya existencia al igual que la Emerita fueron verificadas por las autoridades autonómicas antes de la concesión— presenta un proyecto en el que se compromete a investigar los recursos mineros. Sin embargo, una vez obtenidos los correspondientes permisos, entra en una situación de impasse, mientras especula en el mercado bursátil de empresas mineras junior existente en Toronto para multiplicar su valor. Fuentes relacionadas con el caso refieren, además, que en la página web de la empresa y en la información ofrecida a la Bolsa de Toronto la empresa afirma que continúa ostentando derechos mineros que ya le han sido caducados. Así, por ejemplo, continúa simulando, apoyándose en fotografías y presentaciones corporativas, que ostenta los permisos de investigación del mineral de zinc que el Gobierno de Cantabria le retiró en febrero de este año.

Este comportamiento, en el que se mantiene la cotización de sus acciones, puede significar la comisión de un presunto delito de fraude tipificado en el Código Penal, pues ofrece a los pequeños inversores la apariencia de ostentar derechos mineros que les fueron retirados por las Administraciones públicas ante la completa parálisis en que habían sumido a los territorios donde decían que estaban investigando el mineral.

En todo caso, la operativa es motivo de preocupación de las administraciones mineras, que subrayan que las resoluciones de las Administraciones autonómicas que han expulsado a Emerita de sus territorios no siempre está al alcance de todos los potenciales inversores, quienes pueden, en cambio, confiar en la apariencia de solvencia de esta clase de empresas. Puede dar fe de ello el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien el pasado 10 de febrero afirmó contundentemente: “Nosotros no sabemos de minería, son ellos [Emerita Resources] los que dijeron que había unas buenas perspectivas”.

https://elpais.com/economia/2020-09-20/la-empresa-que-paralizo-la-mina-de-aznalcollar-suma-conflictos-en-cuatro-comunidades-autonomas.html

Mexico

Piden intervención de AMLO para impedir autorización del proyecto minero Rufus 5

PEDRO ZAMORA BRISEÑO
16 septiembre, 2020
Zona verde en Canoas, Colima, donde buscan hacer un proyecto minero Zonas verdes en Caonas, donde se prevé el proyecto minero Rufus 5, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V.. Foto: Especial
COLIMA, Col. (apro).- Tras rechazar la incursión de proyectos mineros en su territorio, la asamblea ejidal y avecindados de la comunidad indígena de Canoas solicitaron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para impedir la autorización ambiental del proyecto minero Rufus 5, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V., de capital canadiense.

La secretaria del Comisariado Ejidal, Salud Valencia Ramos, y la comisaria municipal de Canoas, Lourdes Ochoa Figueroa, informaron en entrevista que ejidatarios y vecinos de la comunidad realizaron una asamblea en la que rechazaron por unanimidad el proyecto minero, cuya Manifestación de Impacto Ambiental actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según información difundida en la gaceta ecológica de la dependencia federal, mediante el proyecto Rufus 5 la empresa solicitante tiene el propósito de extraer 2 millones 68 mil 469 metros cúbicos de hierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones y un aprovechamiento gradual durante 16 años.

La explotación del yacimiento se realizaría en el predio El Agostadero, con afectaciones a una superficie de vegetación de 28.6 hectáreas, para la que se requiere la autorización de cambio de uso de suelo, y la compañía ofreció que al final del proceso extractivo se realizará la restauración progresiva del sitio, en proporción de 5 a 1, en el que se integrará una plantación de café.

Valencia y Ochoa informaron que, tras recibir la visita de representantes de la empresa minera con la propuesta de algunos beneficios a la comunidad y a sus habitantes, a cambio de la aceptación de la explotación minera, ejidatarios y vecinos se reunieron y se pronunciaron en contra del proyecto.

Señalaron que desde 2013 ha habido varios intentos de empresas mineras por extraer hierro de su territorio, por lo que desde entonces la comunidad se ha manifestado en resistencia.

A través de una carta, la mesa directiva del ejido y la comisaria municipal solicitaron el apoyo del presidente López Obrador ante el “conflicto minero muy fuerte” que enfrentan, pues de llevarse a cabo el proyecto “tendríamos una contaminación catastrófica e irreversible, ya que ese proyecto está en los afluentes del río El Cacao, que nos surte de agua potable a la comunidad y ejidos aledaños: desde Canoas, Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo, que viven de la agricultura, ganadería y cafeticultura”.

Los representantes de Canoas expusieron al jefe del Ejecutivo federal que llevan siete años luchando contra ese tipo de proyectos y que cuentan con actas protocolizadas donde el ejido, en su calidad de pueblo indígena, se declaró libre de minería, además de que existe un punto de acuerdo del Congreso local donde se plantea desalentar la explotación minera en esa zona.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho: que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo el proyecto minero Rufus 5 y cualquier otro proyecto minero en el ejido”, destaca el documento firmado por Raymundo Campos Muñoz, presidente del Ejido; Salud Valencia Ramos, secretaria, y Manuel Rodríguez Figueroa, tesorero, así como Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal.

Por otra parte, de acuerdo con el Acta 590, fechada el 30 de agosto pasado, la asamblea ejidal y vecinos de Canoas rechazaron por unanimidad cualquier proyecto minero, específicamente el Rufus 5, “ya sea que se desarrolle dentro de la demarcación del ejido de Canoas y cualquier zona avecindada con el mismo”.

Entre los argumentos del rechazo se expone que “la preocupación del ejido de Canoas es por la contaminación del agua y del medio ambiente, que dañaría a los ejidos de Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, El Ciruelo, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo”.

Perú

LA PRESIÓN CHINA EN LA MINERÍA PERUANA

José De Echave
18 de setiembre de 2020
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Diario Gestión
En tiempos de pandemia, la Embajada de China ha decidido hacer incidencia en el gobierno peruano para destrabar proyectos mineros que empresas de ese país tienen en nuestro país. Durante un reciente evento virtual, el embajador chino señaló que su país espera contar con el apoyo del gobierno peruano para sacar adelante proyectos, principalmente de cobre, como Río Blanco (Piura), Galeno (Cajamarca) y Chinalco (Junín), que suman en conjunto US$7,300 millones.

Por supuesto, no todos los proyectos están en la misma situación y tienen la misma viabilidad. A continuación haremos un breve repaso de cada uno de los proyectos mencionados:

En el caso del proyecto de Toromocho, de propiedad de la empresa Chinalco, estamos hablando de la ampliación de una operación que está en marcha desde el año 2013. Sin embargo, lo que se conoce es que la ampliación se encuentra detenida por la sencilla razón que la empresa ha tenido que hacer una modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que con la inversión prevista se pretende aumentar la capacidad de la planta concentradora en un 30%. Es por eso que se requiere ampliar el EIA y no seguir el camino de elaborar sólo un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), como aparentemente pretendía la empresa. Por lo tanto, por más presiones que haga la Embajada de China, la modificación del EIA tendrá que ser evaluada por el SENACE y deberá seguir todos los pasos que exige la normativa peruana, incluido el mecanismo de participación ciudadana.
Hay que precisar que en el caso de Río Blanco, de propiedad de las empresas Zijing (45%), Tongling Non-FerrousMetalsGroup (35%) y Xiamen C&D Ltd. (20%), por el momento el proyecto no cuenta ni siquiera con Estudio de Impacto Ambiental presentado. Como se sabe, en este caso desde un primer momento la población de la zona, sobre todo en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, han mostrado una férrea oposición al desarrollo del proyecto minero, por el impacto que puede ocasionar en el ecosistema de páramos andinos de la zona. El año 2007 se desarrolló una consulta ciudadana que puso en evidencia la oposición mayoritaria de la población. Todo indica que, pese al tiempo transcurrido, esta situación no ha cambiado. Por lo tanto, como dicen las propias empresas mineras (incluidas las empresas chinas), un proyecto que no tiene licencia social es difícil que se puede llevar adelante.
Finalmente, está el caso del proyecto El Galeno que se ubica en la región Cajamarca (entre las provincias de Celendín y Cajamarca) y que tiene como operador a LuminaCopper (60% de China MinmetalsCopperLtda y 40% de Jiangxi Copper). Por el momento, este proyecto se encuentra en etapa muy inicial de prefactibilidad, lo que significa que la empresa viene realizando exploración y otros estudios complementarios. Incluso hace no mucho tiempo la empresa avisó al Ministerio de Energía y Minas que necesitaba más tiempo para seguir explorando. Queda claro que en este caso, la empresa se está tomando su tiempo y también ha reconocido que la geografía del lugar es complicada y además tiene que resolver problemas relacionados con el agua.
El peso de China en la minería peruana

En la actualidad China representa el 50% del consumo mundial de concentrados de cobre y el Perú es uno de los principales proveedores de cobre de China. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en medio del incremento de la producción de cobre en el Perú, las exportaciones de ese metal a China han aumentado y hoy en día es de lejos el principal destino.

Pero además, China se ha consolidado desde hace más de una década como uno de los principales inversionistas en la minería peruana (ver gráfico siguiente). Un primer momento de llegada de inversiones chinas ocurrió en la década del 90, con la compra de las operaciones de Hierro en Marcona, y posteriormente se ha recibido una segunda ola de inversiones desde mediados de la primera década del presente siglo, con operaciones como las de Chinalco en Toromocho, la compra de Las Bambas por Minmetals, varios proyectos de exploración, entre otros.

Al parecer, en estos tiempos, los representantes del Estado chino y sus propias empresas pretenden consolidar esta presencia con los proyectos mencionados y otros más, buscando de esta manera asegurarse la provisión de cobre y otros metales en un contexto de fuerte incertidumbre por los impactos de la pandemia en la economía global y un futuro inmediato que está marcado por una gran incertidumbre.

Perú

POR UNA REACTIVACIÓN QUE IMPULSE LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA

Paul E. Maquet
17 de setiembre de 2020
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Desde abajo
Hace unos días, el principal gremio empresarial del país, la CONFIEP, presentó sus propuestas para la reactivación económica. El documento, denominado “Agenda Reactivación 2020”, recae en las mismas y consabidas recetas que la CONFIEP levanta ante cada crisis: flexibilizar el trabajo, “destrabar” proyectos, invertir en infraestructura mediante asociaciones público-privadas, agilizar los procesos administrativos y ambientales de la minería, desinflar la consulta previa, masificar el gas y asegurar la continuidad de los contratos petroleros… ¡Hasta proponen promover la compra de vehículos!

Sorprende que el gremio que representa a la gran empresa moderna en el Perú siga sosteniendo ideas tan anticuadas. Estas ideas ya las ha promovido la CONFIEP en las crisis o fluctuaciones económicas del 2008-2009 y del 2013-2014. En contraste con ese vetusto recetario, en el mundo se debate al más alto nivel sobre una reactivación que al mismo tiempo impulse la transformación ecológica.

Veamos.

A nivel global, destaca el pronunciamiento de la “alianza por una economía verde e inclusiva”, un espacio que reúne a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, formada por 51 Estados de alto desarrollo), a diversas instituciones del sistema de Naciones Unidas y a agencias de cooperación al desarrollo de varios países. Esta alianza ha propuesto “10 opciones prioritarias para una recuperación justa, verde y transformadora”. En el documento, se expresa claramente que los estímulos fiscales y los paquetes de ayuda deben servir para “acelerar la transición hacia una economía justa y verde – no para socavarla”.

También señalan que los planes de recuperación deben “reconocer las conexiones entre la salud humana y ambiental, e ir más allá de la mera respuesta ante la pandemia para construir resiliencia a riesgos como el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la creciente desigualdad”. Entre las propuestas, se señala que los gobiernos deben reafirmar sus esfuerzos de protección ambiental, procurar soluciones basadas en la naturaleza y promover esquemas de restauración ambiental que permitan crear puestos de trabajo.

Además, se hace énfasis en que los planes de recuperación deben ser transparentes, con participación de la sociedad civil y escuchando las voces de todos los sectores, entre ellos las mujeres así como también los pueblos indígenas. ¡Qué diferencia con la CONFIEP, que ha propuesto eliminar la consulta previa a los pueblos indígenas en los proyectos de exploración minera!

En Europa, ministros de 17 países firmaron una declaración para una recuperación “verde”. En el documento, los ministros señalan claramente lo siguiente: “Debemos resistir las tentaciones de soluciones a corto plazo en respuesta a la crisis actual”, que pudieran “tener efectos perjudiciales en nuestro clima, biodiversidad y medio ambiente, así como en la salud humana y nuestras economías”. En vez de flexibilizar sus compromisos, los ministros europeos plantean aumentar las ambición de las metas ambientales. Piden a la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la UE) un plan de recuperación “comprensivo” que permita al mismo tiempo estimular la economía y crear empleos acelerando la transición verde. Para ello ponen el acento en inversiones en movilidad sostenible, energía renovable, investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular.

Qué contraste con la propuesta del moderno empresariado peruano, que en vez de movilidad sustentable propone promover la venta de automóviles, y entre sus propuestas sobre electricidad no dedica ni una línea a las energías renovables, por el contrario, plantea masificar el gas lo que acentuaría nuestra dependencia de una matriz energética contaminante.

En EEUU, una propuesta muy concreta para un “estímulo verde para reconstruir la economía” ha sido elaborada por académicos de prestigiosas universidades y firmado por cerca de 2 mil investigadores, activistas y ciudadanos. El documento señala que “Estados Unidos enfrenta el peligro de un estímulo económico que restablezca, o incluso profundice, nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Este peligro proviene de propuestas explícitas para rescatar al sector de los combustibles fósiles (…) y también de políticas de estímulo genéricas que no tienen en cuenta el clima. De hecho, el gasto en infraestructura convencional, como la expansión de carreteras, asegurará más contaminación por carbono durante décadas. Podemos evitar estos problemas creando una recuperación que acelere la creación de una economía verde del siglo XXI”.

Qué diferencia con las propuestas del gran empresariado peruano sobre grandes proyectos de infraestructura y explotación petrolera, sin una línea sobre la crisis climática global.

En la propuesta norteamericana, se hace énfasis en la creación de empleos verdes en sectores como energías limpias, infraestructura verde, provisión local de alimentos, textiles sostenibles y diversificación económica.

En el barrio latinoamericano, destaca Costa Rica que acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Esta estrategia parte de la siguiente premisa: “Los sistemas productivos enfrentan un cuádruple reto frente a una contracción económica mundial exacerbada por el COVID-19: producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostienen empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático”. El objetivo es lograr que la bioeconomía se convierta en uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, promoviendo: la innovación, el valor agregado, la diversificación y la sofisticación de la economía; y aplicando los principios de la bioeconomía circular y la descarbonización de los procesos de producción y consumo.

Y si queremos dar una mirada a nivel local, vale la pena conocer lo que está haciendo Amsterdam, que ha aprobado un modelo innovador para la recuperación post-COVID: la llamada “economía de la dona”. ¿En qué consiste? Imaginemos una dona o rosquilla, o si prefiere usted un picarón: es una forma que tiene dos límites, uno interior y uno exterior, y en el medio una agradable masa. En el modelo adoptado por la ciudad holandesa, el límite interior está marcado por los mínimos sociales, definidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio: niveles básicos de alimentación, salud, vivienda, energía, entre otros derechos que todo modelo de desarrollo debería garantizar. El círculo exterior está definido por los límites de la naturaleza: el “techo ecológico” que la humanidad no puede cruzar sin dañar el clima, los suelos, los océanos, la capa de ozono, el agua dulce y la biodiversidad. En el espacio que está en medio, en la masa, es donde se debe permanecer para poder satisfacer las necesidades de todos y de la naturaleza.

El modelo sirve como una guía que permitirá identificar a las autoridades dónde no se están cumpliendo los mínimos sociales y por lo tanto dónde se deben realizar inversiones, pero al mismo tiempo permitirá identificar los límites naturales que condicionan qué tipo de inversiones pueden ser realizadas.

Como vemos, a nivel global y local, en los países más industrializados y en países de América Latina, con gobiernos de diversas tendencias políticas, se viene discutiendo cómo impulsar una reactivación que no signifique retroceder en lo ambiental sino que, por el contrario, permita avanzar en la transformación ecológica. Haría bien el empresariado peruano agremiado en la CONFIEP en actualizar un poquito sus propuestas. Ya estamos en el siglo XXI, y el viejo recetario de flexibilizar normas ambientales e impulsar megaproyectos extractivos no sirve para responder a los retos de hoy.

Chile

Desarrollan mapeo de conflictos socioambientales en Chile y analizan su impacto en la biodiversidad

Agencia Uno
Por Ladera Sur
15 de Septiembre, 2020
Científicos examinaron 1035 artículos periodísticos publicados entre 2004 y 2018, e identificaron 238 proyectos industriales, relacionados mayormente con minería y energía, que amenazan a los ecosistemas naturales y bienestar humano. El estudio, que reveló una disociación entre conservación biológica y políticas públicas, también generó un ranking con los 10 proyectos más conflictivos, siendo Pascua Lama el primero de la lista. Desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad nos cuentan los detalles a continuación.

Un verdadero mapeo y análisis de conflictos socioambientales a lo largo de Chile, que abarca 15 años de exploración, es el que realizó un equipo de ecólogos y estudiantes de postgrado de la Región de Coquimbo.

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Science and Policy, analizó 1035 artículos periodísticos, divulgados entre 2004 y 2018, que abordaron esta temática. Utilizando como frase clave “conflicto ambiental”, los investigadores identificaron 238 proyectos industriales que aparecieron en artículos de prensa y que documentaban los conflictos surgidos entre éstos y las comunidades circundantes. Estos relatos, generalmente, involucraban zonas y población afectada por la contaminación generada por los proyectos -mayormente del área minera y energética-, o bien, abordaban la alarma ocasionada por iniciativas en vías de aprobación o ejecución.

©Cortesía Fundación Terram

La investigación, realizada por científicas y científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, Universidad Católica del Norte (Coquimbo), Universidad de La Serena, y Núcleo Milenio ESMOI, buscó entender si estos proyectos constituían no sólo una amenaza al bienestar humano, sino también a la biodiversidad de nuestro país.

“En este trabajo, realizado con nuestro equipo de biología de la conservación, también quisimos ver si esas percepciones tenían una relación con las Áreas de Alto Valor para la Conservación en Chile (AAVC), es decir, áreas protegidas o lugares reconocidos por su alta biodiversidad. Y ahí estuvo la sorpresa. Vimos que uno de cada tres proyectos estaba dentro de éstas. Por otro lado, nos percatamos que la mayoría de los conflictos medioambientales se referían a zonas de sacrificios, donde las personas son directamente afectadas”, explica Francisco Squeo, investigador del IEB.

Termoeléctricas en Ventanas ©Claudia Pool
En ese contexto, el documento señala que los impactos directos e indirectos de las actividades industriales sobre la biodiversidad, afectan los sistemas naturales, generando destrucción de hábitat, el arribo de especies invasoras, enfermedades, contaminación y mayor liberación de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cambio climático.

De acuerdo a ello, el trabajo también advierte la existencia de una disociación entre la actividad económica y los esfuerzos de conservación del país, lo que según los autores es un desafío fundamental a resolver.

Puntos críticos y top 10

Los proyectos pesquisados a través de la prensa -en curso, paralizados o considerados a futuro-, también fueron clasificados por sector productivo – 14 en total- y origen del financiamiento, nacional, internacional o mixto. Además, se estableció un ranking para definir las zonas de Chile con mayor presencia de proyectos en Áreas de Alto Valor para la Conservación. Asimismo, se determinó cuáles iniciativas productivas específicas eran las más mencionadas y divulgadas por los medios.

Salmonera (referencial) ©Gonzalo Zúñiga
Las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Los Lagos concentraron el mayor número de proyectos dentro de las Áreas de Alto Valor para la Conservación, seguido por las regiones del Bío Bío y la Araucanía. En tanto, se estableció que el polémico proyecto minero Pascua Lama -situado en Atacama y clausurado el año 2018 por la Superintendencia de Medioambiente-, era el número uno de lista, con un total de 68 artículos que lo mencionaban. Enseguida, se ubicó el proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, con un total de 65 apariciones.

Debajo de éste, se identificó a Hidroaysén, con 48 publicaciones, y luego los siguientes: Minera Los Pelambres (Coquimbo), Parque Industrial Quintero – Puchuncaví (Valparaíso), Mina Invierno (Magallanes), Planta de Cerdos Freirina (Atacama), Alto Maipo (RM), Planta Celulosa Valdivia (Los Ríos), y la Planta de tratamiento de residuos industriales de Til Til (RM).

Conflictos socioambientales por región – Gentileza IEB

“Tanto Pascua Lama como Hidroaysén son proyectos que se ubican en lugares más bien remotos. Sin embargo, éstos son percibidos por la comunidad como problemas ambientales serios. En el caso de Dominga, que es el único proyecto marino -terrestre, vemos que éste sí afecta directamente a la población que habita el territorio. Por otro lado, cuando cruzamos la información, también observamos que la presencia en medios de comunicación también es mayor cuando las iniciativas si se sitúan donde hay más cantidad de población, como es el caso de la Región Metropolitana y la de Valparaíso”, comenta el investigador del IEB.

Barrick Gold, con su proyecto minero Pascua Lama, ya tiene un historial en la destrucción de glaciares. ©www.elciudadano.com

¿Cuáles son las principales contribuciones que esperan lograr con esta investigación? Francisco Squeo señala que, pese a los esfuerzos y creación de estrategias y políticas medioambientales, como país aún no estamos cumpliendo con los estándares internacionales de conservación y que, en muchos casos, la compensación para ello es crear áreas de sacrificio, un tema altamente conflictivo. Es por ello que para el ecólogo, una de las alternativas es darle prioridad a las Áreas de Alto Valor para la Conservación que estén cercanas a zonas de conflictos socioambientales. “Pero para esto, es necesario que se puedan resolver esos conflictos”.

Los impactos en la biodiversidad

El estudio señala que la mayor cantidad de proyectos generadores de conflictos se ubicaron en la región de Antofagasta, con un total de 42, seguida por Valparaíso, con 36 proyectos. Ambas regiones estuvieron dominadas por conflictos de la industria energética y minera. Las regiones que siguieron con el mayor número, fueron Bío Bío y Los Lagos (9,5% cada una), la Metropolitana (9,2%) y Coquimbo (8,5%).

Del resto de los sectores productivos, se destacaron la pesca y la acuicultura, los puertos, las instalaciones de fabricación y las de saneamiento ambiental. También, se estableció que el 46% de los proyectos eran propiedad de empresas de capital chileno y que de éstos, el 77% era de origen privado.

En ese contexto, Squeo también destaca los conflictos medioambientales que afectan principalmente a población indígena del sur de Chile, asociados mayormente al sector forestal, y la instalación de plantas de celulosa.

Tala para plantación forestal ©Matías Barceló

Respecto al impacto de las actividades extractivas sobre la biodiversidad, el estudio explica que todas éstas generan algún tipo de residuo que no siempre recibe un tratamiento adecuado, siendo esta “basura”, una amenaza transversal tanto en ecosistemas terrestres como marinos. El sector energético, que incluye centrales térmicas e hidroeléctricas, afecta los ciclos migratorios de especies acuáticas y ocasiona la muerte de muchos organismos, debido a cambios de temperatura del agua u otros factores. Estas instalaciones también promueven la liberación de sustancias tóxicas al agua y la atmósfera, y facilitan el desarrollo de lluvias ácidas.

En tanto, la minería elimina especies de flora, degrada los suelos, y contamina aguas y glaciares con metales pesados y otras sustancias tóxicas, que también afectan la salud humana. El ruido de perforaciones y tronaduras también tiene efectos negativos, ya que puede ahuyentar a los animales y degradar hábitats.

Con todos estos antecedentes, los autores del estudio enfatizan en que la reducción de la deuda ambiental también requiere de la voluntad política para implementar soluciones adecuadas, a partir del análisis de los sistemas socioecológicos, y una eficaz gobernanza ambiental que incluya una mayor vigilancia, fiscalización y participación ciudadana. Todo esto, considerando la demanda ciudadana por el bienestar, el acceso equitativo a la naturaleza y sus servicios, y los valores intrínsecos de la biodiversidad.

Desarrollan mapeo de conflictos socioambientales en Chile y analizan su impacto en la biodiversidad

Mexico

México rescatará cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

15/09/2020
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la dependencia encargada de hacer el rescate de los 65 mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, en México. Tras recuperar los cuerpos, la empresa de electricidad podrá extraer el carbón de la mina para su autoabastecimiento, anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El acuerdo con los familiares de los 65 trabajadores atrapados desde 2006 también establece que la STPS y el Servicio Geológico Nacional entregarán a la CFE toda la documentación y los estudios técnicos relacionados con la mina Pasta de Conchos, para que la Comisión inicie de inmediato con los trabajos de ingeniería de detalle correspondientes.

Lee también: CATL invertirá en Neo Lithium y ayudará a desarrollar mina en Argentina

“Tras la reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los participantes determinaron iniciar de inmediato el rescate de los cuerpos, a través de la CFE”, señaló la STPS.

Asimismo, a partir de hoy inicia el proceso de reparación integral, tanto individual como colectiva, que incluye el pago de indemnizaciones, la ejecución de obras públicas, el homenaje a las víctimas mediante la construcción de un memorial, así como el diálogo para concretar un Acuerdo de Solución Amistosa en apego a lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“En homenaje a las víctimas se construirá un memorial en una parte del predio de la mina de Pasta de Conchos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, espacio que será inviolable”, señaló la STPS.

Como parte de los acuerdos, el presidente López Obrador asistirá a Nueva Rosita, Coahuila, el próximo 23 de octubre de 2020 para supervisar los avances del cumplimiento de las medidas adoptadas para el rescate de los 65 cuerpos de mineros en Pasta de Conchos.
Fuente: El Financiero

México rescatará cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

Chile

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares

16/09/2020
Legisladores de oposición buscan que la iniciativa se ponga en votación la primera semana de octubre.

Pese a que lleva varios meses detenido el proyecto de ley con el que se busca definir la protección de los glaciares que hay en el país, sigue existiendo movimiento alrededor de la moción. La comisión de Minería del Senado dio inicio a las reuniones de los asesores de cada uno de los congresistas, con el objetivo de llegar a acuerdos que destraben la situación.

Dichos encuentros se dieron por una solicitud del senador Alejandro GarcíaHuidobro (UDI), buscando aunar criterios, luego del nulo avance que existió cuando se intentó tramitar el proyecto. En la instancia, si bien participan asesores de cada uno de los senadores de la comisión de Minería, también se sumó el exsubsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal, quien trabaja con GarcíaHuidobro. También se suma el presidente de la comisión de glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile, Jaime Illanes.

Los demás senadores son representados por el abogado Matías Ortiz en el caso de Guido Girardi (PPD); Leonardo Contreras, con el senador Rafael Prohens (RN); Alejandro Sánchez, por el senador Álvaro Elizalde (PS); y Rodrigo Vega, con la senadora Yasna Provoste (DC). Mientras que por el Ejecutivo, está el jefe del Departamento de Asuntos Legislativos de Minería, Felipe Curia. La idea del Gobierno es que se logre una normativa que proteja a estos depósitos, pero que sea compatible con la actividad económica, especialmente la minería, industria que se vería afectada de prosperar un proyecto como el original.

Por otra parte, senadores de oposición buscan medidas más restrictivas, estando en disputa la protección de la zona periglaciar, que incluye a las cercanías de los depósitos, pero que incluso puede extenderse por varios kilómetros. Según trascendió, el principal eje en discusión de las primeras sesiones ha estado sobre los objetos de protección, enfocados en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost. Sin embargo, no ha habido consensos.

Según cuentan fuentes conocedoras, en un inicio hubo acercamientos respecto a que se iba a detallar tanto la protección de glaciares, permafrost y ambiente periglaciar como objeto de protección independiente, pero durante las últimas sesiones hubo un retroceso, luego de que se cuestionó si se pueden fijar esos tres objetos de manera genérica, sin tener estrategia de protección específica para cada uno.

“Esta es una prioridad absoluta, porque estamos entrando en una etapa de colapso hídrico desde Copiapó al sur, y el escenario que viene por el cambio climático es malísimo. Los glaciares hoy no están protegidos y el Gobierno busca mantener una lógica de intervención de glaciares”, sostiene el senador Girardi, uno de los impulsores de la iniciativa, quien confirmó que enviarán una carta al presidente de la comisión para que el proyecto sea votado durante la primera semana de octubre.
Fuente: El Mercurio

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares