Mexico

Acataré solución a litigio entre Grupo México y mineros: AMLO

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia | martes,
06/10/2020
mina Buenavista del Cobre, en Sonora. Foto Cristina Gómez Lima / ArchivoCiudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que su gobierno acatará la resolución judicial del conflicto entre el sindicato minero y el Grupo México, cuyo propietario, Germán Larrea, señaló, tuvo influencias en administraciones anteriores.

“Quiero recordar que este fue un diferendo, una disputa que se origina hace como 15 años, aproximadamente. Básicamente es una diferencia entre la dirección del sindicato y las empresas mineras; para ponerle nombre y apellido, diferencias, falta de entendimiento, entre Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia. En ese entonces tenía más agarraderas, más influencias, Germán Larrea. Los empresarios de la minería llegaron a tener hasta una subsecretaría, en la Secretaría del Trabajo”, dijo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, a pregunta expresa, destacó que el conflicto está aun en tribunales, en un proceso abierto.

«Todavía, al parecer, esa es la información que yo tengo, me lo acaban también de plantear en Sonora, todavía está sin resolverse en definitiva este asunto. Entonces, si hay un mandato judicial para que se actúe, lo vamos a hacer», dijo.

Explicó que al inicio de ese conflicto “le ganaron a Napoleón”, quién debió exiliarse en Canadá.»Esa es la historia».

Ante ello, el mandatario subrayó que así no deben solucionarse las diferencias sino a partir de lo que determine el Poder Judicial, cuyas resoluciones aun no son definitivas, anotó.

“Tenemos que esperar a que haya un laudo, que la autoridad dé su laudo. Vemos, pero todavía al parecer, esa es la información que yo tengo, todavía está sin resolverse en definitiva este asunto”, dijo el presidente, sobre diversos temas tratados en su reciente visita a Sonora y Chihuahua.

Recordó que desde tiempo de campaña electoral, un grupo de trabajadores se le acercaron para plantearle que era una injusticia el exilio en que vivía su dirigente. Por ese entonces, dijo, fui a Londres invitado por el líder del partido laborista, y ahí también le pidieron los obreros atendiera el caso del sindicato minero.

Con todos esos elementos, «dijimos, a ver, garanticemos que regrese Napoleón, no queremos que nadie se vaya al exilio, no se deben dirimir así las diferencias y menos el gobierno se inclina a una de las partes», debe haber imparcialidad.

Señaló, sin embargo, que las cosas se han ido arreglando, ha habido conciliación; confió en que logre un arreglo pleno, completo, que haya armonía y se resuelva el problema a los trabajadores.

«Entonces, si no hay entendimiento, conciliación, un acuerdo, lo que establezcan en este caso los jueces, el Poder Judicial, y nosotros nos vamos a ajustar a eso porque tenemos que actuar de esa manera», anotó.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/06/acatare-solucion-a-litigio-entre-grupo-mexico-y-mineros-amlo-8840.html

Argentina

Martín Maslo, un mismo discurso con distinto corolario

7/10/2020
Martín Maslo, uno de los vocales del Instituto del Diálogo Interreligioso y presidente de la Comunidad judía Bet El, ha sido convocado por la Secretaría de Minería para integrar la mesa facilitadora que elabora el Plan Estratégico de Minería en la Argentina. En una reciente entrevista, desde una mirada basada en aspectos principalmente económicos relaciona a la minería con desarrollo y disminución de la pobreza, como siempre lo hacen quienes promocionan la actividad. Sin embargo, haciendo referencia al cuidado del ambiente su postura resulta contradictoria, entre otras afirmaciones cita como fundamento a la Encíclica «Laudato Si», el documento del Papa Francisco que se ha convertido en una herramienta de lucha contra la sobreexplotación de los ecosistemas del planeta, el extractivismo en sus distintos formatos, y en especial el extractivismo minero.

Por: noalamina.org

La minería “moderna” trasnacional a gran escala, ha sido motivo de debate desde su implementación por el agotamiento de metales en veta y la disposición de las existencias actuales en forma de yacimientos difusos, donde el mineral se encuentra diseminado en el material rocoso. Los promotores y detractores de esta actividad han atravesado a las sociedades de todo el mundo, sin distinción de razas, ni religión.

Los pueblos originarios de América Latina han mostrado tempranamente su rechazo a la megaminería en sus territorios ya que su prioridad es la defensa de la vida en todas sus formas. Su actitud hacia el entorno se orienta a lograr vivir en equilibrio con la naturaleza, entendiendo que cualquier alteración del mismo trae como consecuencia enfermedad y/o muerte. Su cosmovisión, opuesta al antropocentrismo, lleva al respeto de todos los seres vivos que componen el universo.

El pueblo mapuche reconoce su territorio como base de su existencia y su cultura. Es denominado en su lengua originaria, Wallmapu, que significa tierra circundante. Y en su modo de vida consideran que “ …se debe reconocer el bienestar más allá de lo económico, que incluya el bienestar social, cultural, psicológico, espiritual, emocional y físico, todos los cuales dependen de un medio ambiente saludable. (…) el bienestar y desarrollo de la población no es separable del bienestar y sustento del medio ambiente”(…) “Este enfoque de integridad entre patrimonio natural y cultural, se corresponde con la cosmovisión indígena que hace convivir lo material con lo inmaterial, la realidad con la imaginería, lo posible con lo imposible”. (1)

(1) Conociendo la cultura mapuche – Consejo nacional de la cultura y las artes – Gobierno de Chile

La República Argentina es un territorio plurinacional formado por pueblos-naciones originarios, donde han llegado extranjeros provenientes de todos los rincones del mundo. Por lo tanto, confluyen diferentes etnias, culturas, religiones y formas de vivir la espiritualidad.

En este contexto, en el año 2002 se crea el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) cuya presentación expresa: “… es una Asociación Civil que tiene como misión promover el entendimiento de los hombres de fe, fomentar el diálogo y la convivencia pacífica. Nuclea a las tres grandes religiones monoteístas, pero está abierto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Inspirado en las enseñanzas y la conducta del Papa Francisco, procura impulsar en todos los ámbitos la cultura del encuentro. Quienes participamos del IDI tenemos la firme convicción de que los otros – los que no piensan igual que nosotros, los que tienen otras creencias o ideologías – nos complementan y enriquecen. El diálogo y la búsqueda permanente de consensos y grandes denominadores comunes son los caminos indispensables para alcanzar la paz y la justicia”.

https://www.dialogointerreligioso.org/idi.php

Si bien la presentación se aleja mucho de pensar en una unidad de todos los seres humanos que habitamos esta tierra, y se habla de nosotros y los otros, como ubicados en diferentes lugares o estratos, la frase parece respetar el pensamiento de todos los habitantes de nuestro país independientemente de la religión que se profesa.

Uno de los vocales de IDI y presidente de la Comunidad judía Bet El, Matín Maslo, ha sido convocado recientemente por la Secretaría de Minería. Así pasó a integrar la mesa facilitadora que elabora el Plan Estratégico de Minería en la Argentina y en una reciente publicación de la Agencia Télam manifiesta su posición respecto al “desarrollo” minero en el país.

https://www.grupolaprovincia.com/economia/plantean-centrar-el-debate-minero-no-solo-en-el-ambiente-sino-tambien-en-el-ser-humano-582462

El religioso consideró su participación en el Plan Estratégico impulsado por el gobierno nacional como «una gran oportunidad para expresar el trabajo que hace años se hace desde el Instituto de Diálogo Interreligioso bregando por la paz, la convivencia y el cuidado de la Casa Común». Sin embargo, su mirada está puesta particularmente en el aspecto económico, afirmando que una minería responsable «debe centrarse no sólo en el ambiente sino también en el ser humano», al entender que hay «proyectos mineros que pueden contribuir a no dar por aceptada la pobreza y el subdesarrollo» de muchas comunidades.

En el discurso de Maslo, aparecen las expresiones tan utilizadas por todos los que fomentan la minería como “motor de desarrollo económico”, “minería responsable” , “con controles”, “con cuidados”, “fuerte compromiso empresario”,…

Más allá de esas fórmulas, que suenan como expresiones de deseo más que como realidades de la historia de la minería metalífera actual y colonial de nuestros territorios, lo más llamativo e inentendible es su referencia como parte de su argumento a la Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, que conmina con toda claridad a “cuidar y sostener la Casa común”.

Dado que Maslo utiliza argumentos comunes a quienes rechazamos la megaminería, y dado que esgrime corolarios que distan mucho de la realidad y saca conclusiones erráticas, deseamos exponer algunos detalles que no se deben pasar por alto:

1- A quienes crean que la megaminería trae desarrollo, los invitamos a contactarse con los habitantes de territorios en los cuales se realizan explotaciones mineras. Vecinas y vecinos de Andalgalá (Catamarca), afectados por Mina Alumbrera con sus permanentes daños ambientales, sus escasos puestos de trabajo (6% de lo prometido), su angustia ante las filtraciones del dique de colas conteniendo numerosos tóxicos y su lucha a través de la Asamblea El Algarrobo para impedir la explotación del Proyecto Agua Rica, que está en las nacientes de sus fuentes de agua.

Se debería consultar también a los vecinos de Jáchal (San Juan), aunados en la Asamblea Jáchal No se toca para resistir y defender los glaciares, afectados por la Mina Veladero con sus frecuentes derrames que han contaminado el Río Jáchal. Son quienes sufren la pérdida de sus producciones agrícolas tradicionales por contaminación con metales pesados, impidiendo las exportaciones de productos como cebolla y originando pérdidas de numerosas fuentes de trabajo. Y se puede consultar además con los vecinos de las explotaciones Sierra Pintada, en Mendoza o Los Gigantes, en Córdoba; o los vecinos del Valle del Huasco, en Chile, de Tambo Grande, en Perú, y de muchas otras localidades grave e irreversiblemente dañadas por la megaminería.

2- En un pasaje, Maslo menciona “los daños que, sin los cuidados y las medidas necesarias, cualquier actividad de esta índole puede causar al medio ambiente». Invitamos a quien tenga dudas, a investigar cómo países del primer mundo expertos en minería como Canadá no han podido impedir enormes daños ambientales en sus propios territorios. Tanto por la producción de drenaje ácido de mina, imposible de detener, como por rupturas de diques de colas como el ocurrido en la Mina Mount Polley en la Columbia Británica en el año 2014, que contaminó matando toda forma de vida en el Lago Quesnel.

– Es importante recordar que el gobierno argentino, en busca de la supuesta sustentabilidad ambiental, adhirió a un Programa de Canadá aquí titulado “Hacia una Minería Sustentable” (HMS), un programa que en dicho país y después de 10 años de aplicación no pudo impedir el desastre ambiental mencionado.

3- Maslo asevera que “proyectos mineros pueden contribuir, bajo la égida de un plan nacional estratégico y un marco legislativo y normativo, al desarrollo y el sostenimiento de comunidades en muchas provincias». Sin embargo, en las provincias mineras como San Juan y Catamarca no ocurre así: mientras que a nivel país el promedio de personas pobres era de 25,7%, las provincias donde grandes empresas explotan yacimientos megamineros superan ese promedio, aún después de más de quince años de actividad. En San Juan el porcentaje alcanza el 27,2% y en Catamarca el 27,6%, según datos publicados por el INDEC en el año 2018.

4- Maslo se pregunta “¿Por qué la concepción educativa actual sobre esta actividad está centrada casi exclusivamente en los daños ambientales que la misma produce y escasamente se menciona la importancia de su contribución a la vida cotidiana?” La respuesta es que esos son los resultados que están a la vista para una sociedad que ha sido testigo de los desastres ocurridos en Mariana y Brumadinho (Brasil) que tanto daño, muerte y desolación ha causado.

5- El sr. Maslo afirma que «deben existir los controles y los mecanismos de denuncia que eviten a tiempo cualquier violación y abuso de los recursos y prever y frenar cualquier riesgo al ser humano principalmente». La realidad es que la Mina Veladero ha ocasionado más de 5 derrames, algunos de grandes dimensiones como el de septiembre de 2015, que la empresa intentó ocultar. La legislación vigente indica que se debe paralizar un emprendimiento luego de 3 derrames, pero Barrick gold, la empresa a cargo, pagó multas y sigue funcionando.

6- Invocar la Encíclica “Laudato Si” para promover un crecimiento del extractivismo minero carece de cualquier resto de coherencia. Dicho documento, escrito por la máxima autoridad de la Iglesia Católica no hace más que reafirmar que por encima de cualquier actividad humana debe garantizarse el cuidado de la “Casa común”, a fin de permitir la vida de quienes la habitamos.

“Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo.»

«Subraya el «principio precautorio” que permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse o modificarse.»

Como integrantes de este país plurinacional, pluricultural y de más cosmovisiones que sólo tres grandes religiones, lamentamos que personalidades ligadas a una religión -cualquiera de las tres de mayor difusión en nuestro país- se presten a estas maniobras de desinformación y engaño destinadas sólo a aumentar ganancias de compañías transnacionales -y de sus socios locales- a costa de la salud y el desarrollo real de comunidades argentinas, y a costa de los frágiles ecosistemas que pueblan el territorio.

Las culturas y las religiones son distintas, nuestro lugar se puede llamar Pachamama o «Casa Común», pero la forma de cuidarla es una sola. Es nuestro deber evitar actividades depredadoras como el extractivismo minero, buscando formas de vida con menor consumo y que hagan suficientes los metales que ya han sido extraídos a lo largo de la historia.

Nosotros estamos convencidos de que esos “son los caminos indispensables para la paz y la justicia”.

Martín Maslo, un mismo discurso con distinto corolario

Perú

SINCERANDO EL APORTE TRIBUTARIO DE LA MINERÍA

07/10/2020
Imagen: El peruano
Podríamos dividir la evolución de los ingresos fiscales de los últimos tiempos de la siguiente manera: un período de incremento importante entre los años 2003-2012, debido al alza del precio internacional de los minerales que exportamos (bonanza minera); una preocupante contracción desde 2014 hasta incluso 2017, cuando precisamente cae el precio de los metales; y una ligera recuperación durante 2018-2019, explicada por la entrada en producción de algunos proyectos mineros de cobre, sumado a la recuperación -aunque inestable- del precio de algunos metales.

En cifras reales, los ingresos tributarios netos del Gobierno Central se contrajeron en -8,6% en 2015; -4,4%, en 2016; y -1,3% en 2017. Durante 2018 y 2019, la recuperación fue de 13,8% y 3,5%, respectivamente (Sunat, 2020). El resultado positivo de este último año estuvo influenciado por la recuperación de una deuda tributaria que el grupo Odebrecht tenía con la Sunat por S/ 508,1 millones (MEF, 2020).

¿Qué pasó con el aporte de la minería? Como hemos señalado, durante el presente siglo, los años de mayor presión tributaria calzan muy bien con el período de la bonanza minera, llegando a alcanzar hasta un máximo de 16,5% durante 2012 (ver gráfico). Por su parte, el aporte del sector minero sumó a la presión tributaria hasta 3,2 puntos porcentuales adicionales el año 2007.

Terminado el período del alza sostenida del precio de los metales, la minería ha retomado su contribución marginal, con una participación incluso negativa durante 2016, reproduciendo así el comportamiento que la ha caracterizado en el largo plazo. Durante 2019, la presión tributaria se situó en 14,4% el porcentaje más bajo registrado durante la última década y el aporte de la minería ha sido de apenas el 0.4%.

Está claro que si la bonanza minera no ocurría, la presión tributaria no hubiese experimentado mayores cambios. Es decir, en la mayor presión tributaria registrada en el período del súper ciclo de precios de los minerales, no tuvo nada que ver la política tributaria que se manejó prácticamente en piloto automático: simplemente, cosechamos lo que la naturaleza y la economía mundial colocaron a nuestra disposición. Ni un atisbo de reforma tributaria; tampoco se quiso luchar contra la evasión y la elusión tributaria; menos aún nos atrevimos a aplicar el impuesto a las sobre ganancias mineras. Simplemente, puro piloto automático.

La correlación entre PBI y recaudación tributaria es muy estrecha. Ello implica que, en la actual coyuntura que vive el país y el mundo, sorprendidos por la pandemia COVID-19 cuyos efectos socioeconómicos son de magnitud, los ingresos fiscales se verán seriamente afectados. De hecho, durante el primer semestre de 2020, la economía peruana ha entrado en recesión, con una contracción del PBI en -17,4% y una recaudación neta [1] que se ha desplomado en -21,3%, en ambos casos en términos reales y con respecto a similar período de 2019.

Sin discusión, el inicio de la pandemia y su impacto en la economía del país abre una nueva etapa en la evolución de la tributación que habrá que observar con atención. Todo indica que en el actual contexto el aporte tributario de la minería seguirá siendo marginal y no permitirá robustecer la capacidad operativa del Estado peruano.

[1] Tributos internos más tributos aduaneros, se restan las devoluciones.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile

Visita inspectiva del Tribunal Ambiental pondrá los pies en Alto Maipo

Esta Inspección Personal que se realizará el próximo 16 de octubre se enmarca en las diligencias que el Segundo Tribunal Ambiental determinó en virtud del proceso judicial referente a tres Reclamaciones contra la aprobación de la Superintendencia de Medio Ambiental al Programa de Cumplimiento de Alto Maipo.
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((Foto Autor Marcos Contreras)
El año 2017 la “Red Metropolitana No Alto Maipo” junto a otras organizaciones de la comunidad realizaron innumerables denuncias contra el proyecto Alto Maipo ante la Superintendencia de Medio Ambiente tras constatar diversas irregularidades en el proceso de construcción y la inexistente fiscalización estatal al «emprendimiento» de Aes Gener.

Con las denuncias comunitarias la SMA inició un proceso sancionatorio en el que le formuló 14 cargos, de los cuales 9 consideró como grave. Uno de estos incumplimientos catalogados como grave fue a partir de la transgresión de lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental en el punto 7.3.5. Este apartado dice relación con el Monumento Natural El Morado y sus glaciares.

La SMA prefirió aprobar el Programa de Cumplimiento (PDC) de Alto Maipo en mayo del 2018, opción que el organismo fiscalizador les da a los titulares para «enmendar» sus irregularidades (o más bien blanquear), pero que implica el cierre del proceso de sanción. Por lo que, la Red Metropolitana No Alto Maipo, la concejala independiente de San José, Maite Birke, y la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo presentaron reclamaciones en el Tribunal Ambiental. Estas 3 reclamaciones, una por cada organización, buscan anular esta aprobación al Programa de Cumplimiento y reactivar el proceso de sanción. El objetivo de esto es lograr que Alto Maipo sea efectivamente sancionada y se le pueda revocar su permiso ambiental.

Para el vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo, Anthony Prior, «este es un hito jurídico muy relevante en el marco de nuestra causa por la protección de los glaciares y los recursos hídricos de toda la Región Metropolitana, pues Alto Maipo está poniendo en riesgo el abastecimiento hídrico de toda la región». Además remató con que «no es posible sostener hoy día que la empresa no haya dañado la zona de el glaciar El Morado con todos los antecedentes que hemos presentado al Tribunal, por lo que dudamos que Aes Gener pueda pasar la prueba de la blancura en esta primera fiscalización en terreno que consideramos central para lo que viene en la defensa del Cajón del Maipo».

Como organización, creemos que es muy relevante estar presentes en la inspección por lo que, señala Prior «en nuestra calidad de reclamantes, hemos decidido ejercer nuestro derecho a participar en la inspección personal del Tribunal Ambiental, para lo cual estamos gestionando la solicitud correspondiente».

«Es muy distinto administrar justicia desde un escritorio en la capital que hacerlo de una forma un poco más cercana a la realidad que se vive aquí en nuestro territorio. Nos parece una buena oportunidad para que las autoridades judiciales se puedan ilustrar de los daños y amenazas que hemos estado intentando impedir durante todo este tiempo. En ese sentido, estamos haciendo un llamado a nuestra comunidad a no desaprovechar la oportunidad de expresar nuestro descontento y exigencia de justicia ambiental» finalizó Prior.

La reclamación
La reclamación que como la Red Metropolitana No Alto Maipo presentó dice relación con la afectación de los glaciares que se encuentran dentro y fuera del Monumento Natural El Morado a causa de las obras de Alto Maipo con el túnel El Volcán, aspecto que no fue debidamente abordado por la SMA en el procedimiento de sanción.

Conflictos de interés en los alegatos de las reclamaciones
El pasado 25 de junio se realizaron los alegatos de estas reclamaciones. La SMA estuvo representada por el funcionario Benjamín Muhr y como tercero coadyuvante de ésta estuvo el abogado de la empresa, Mario Galindo. Muhr trabajó para la oficina de Galindo años atrás, y éste último es un reconocido abogado de las grandes empresas energéticas.

En dicha oportunidad, el propio Galindo afirmó que el túnel El Volcán ya se encontraba 1,5 km por debajo del Monumento Natural El Morado.

Tras los alegatos, el 31 de julio el tribunal adopta diversas medidas respecto al caso. En específico, la N°5 determina “Decretar la inspección personal del tribunal al área de emplazamiento del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”. Las medidas fueron adoptadas por los Ministros Cristian Delpiano Lira, Alejandro Ruíz Fabres y Daniella Ramírez Sfeir.

Finalmente, el recién pasado 5 de octubre, el Segundo Tribunal Ambiental anuncia que dicha diligencia probatoria se llevará a cabo el viernes 16 de octubre a las 10.00 horas y dispone como Ministro de fe de la diligencia al relator Ricardo Pérez Guzmán.

Red Metropolitana No Alto Maipo
Contacto: Anthony Prior +569 7927 1781
Abogado Álvaro Toro +569 9692 785

Litio, Perú

Perú tendrá listo proyecto de ley para explotar uranio y litio este año

06/10/2020
Perú anunció que espera tener en lo que resta del año un proyecto de ley sobre la regulación y explotación de uranio y litio para su prepublicación y discusión, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Miguel Incháustegui.

Con ello se abrirá la puerta a proyectos como el de la canadiense Plateau Energy Metals, que anunció en el 2018 que había encontrado 2.5 millones de toneladas de recursos de litio de alta ley y 124 millones de libras de uranio en la región de Puno.

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El ministro afirmó que para el último trimestre de este año se podría tener esa norma ya concluida y “allí comienza la prepublicación del proyecto”, afirmó.

Desde hace meses, Perú y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) vienen trabajando en la mejora de la norma para tener una ley adecuada para la exploración del uranio y litio.

Incháustegui agregó que hay firmas interesadas en la explotación del litio y uranio en Perú y que “estamos a la espera de que ellos (las empresas) presenten su proyecto y documentos para conseguir los permisos necesarios”.
Fuente: Gestión
Autor: mccopa

Perú tendrá listo proyecto de ley para explotar uranio y litio este año

Chile

Nuevo triunfo por la vida en el Valle del Huasco: Nueva Unión solicita retirar proyecto de 156 sondajes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama

“¡Proyectos sondajes La Fortuna NO VA! Se aleja la concreción del Proyecto Nueva Unión”
Ayer, 5 de octubre, el SEA Atacama dio por desistido el proyecto “Sondajes Minero La Fortuna”, de Nueva Unión SpA, tras la solicitud ingresada por la empresa el viernes pasado (ver: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=3b/cb/b6f796266c8ed58f0e12186eaac06a7e570b). Ante este hecho, como Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, declaramos:

1- Esta decisión de la empresa es un nuevo triunfo en pos de la vida del Valle del Huasco, particularmente de la comunidad organizada que defiende el río de cordillera a mar en la frontera verde que limita con el desierto más árido del mundo. La defensa de nuestros derechos y la exigencia de que cesen las ilegalidades y se cumpla la legislación ambiental han ido descartando, una a una, las iniciativas y estrategias impulsadas por Nueva Unión SpA para llevar a cabo su aspirado proyecto minero Nueva Unión (unión de ex proyectos El Morro y El Relincho), el cual pretendía ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental a mediados de 2019. La explotación de estos yacimientos constituye una nueva y grave amenaza para toda la Provincia del Huasco, sobre todo en la naciente de aguas y sobre el ecosistema glaciar.

2- El Proyecto Nueva Unión, sus sondajes y todas las intervenciones en esta zona andina son inviables y la muestra fiel de ello es que solo con las actividades de exploración y prospección la empresa ya ha perpetrado daños graves. Algunos ejemplos son los impactos sobre vegas altoandinas, lagunas, patrimonio paleontológico (sancionatorio contra El Morro, 2008) y, en el verano de 2019, la contaminación de las aguas en Huasco Alto que afectó a crianceros y animales.

3. Esta empresa ha intentando impulsar sondajes de manera engañosa e indebida desde un comienzo. En 2019, una investigación realizada por la comunidad revelo y logró paralizar más de 190 sondajes ilegales (en el Río Huasco, a la altura de Maitencillo, Freirina, y en la parte alta del Valle, Comuna de Alto del Carmen). Este hecho está siendo investigado por la Superintendencia del Medio Ambiente y sus conclusiones preliminares apuntan a graves ilegalidades, por lo que exigimos se apliquen las mayores sanciones posibles a esta empresa que, tal como sucedió con Barrick Gold, ya desde sus inicios demuestra un actuar criminal.

4. Acto seguido, Nueva Unión SpA intentó ingresar otros 156 sondajes, de los que ahora desiste, en las nacientes del Río El Tránsito, afluente del Río Huasco, solo con una Declaración de Impacto Ambiental, argumentando que no habría impactos negativos de importancia y con el fin de lograr una evaluación más expedita evitando la participación ciudadana y la consulta indígena.

5. Declaramos que como comunidad organizada conocemos nuestros derechos y sabemos que la ley está de nuestro lado. En abril de 2020 ya habíamos exigido participación ciudadana y que este proyecto ingresara por lo menos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de un Estudio de Impacto Ambiental (ver documento: https://seia.sea.gob.cl/archivos/2020/04/27/d11_Fortuna.PDF). Por lo tanto, a Nueva Unión SpA le quedó claro que seguir intentando evadir la ley era una pérdida segura en los tribunales, a los que recurriríamos con certeza. Nosotros siempre hemos tenido muy claro que es imposible explotar esas zonas sin ocasionar daños irreparables y sin afectar la salud de la naturaleza, de la que todos somos parte.

6. Sabemos que quizás vuelvan con nuevas ideas y nuevas trampas. Hacemos acuso de recibo de las proyecciones hechas por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) y publicadas en Las últimas noticias el 1 de octubre de 2020, que dan cuenta del Proyecto Nueva Unión Fase I y Nueva Unión Fase II y III. Conocemos de sobra la avaricia de estas empresas, pero también estamos seguros de que la vida sabe defenderse y nosotros no permitiremos, como lo hemos hecho hasta ahora, que sigan intentando destruir nuestro Valle. Finalmente tendrán que comprender que ¡no hay ni habrá licencia social para sus proyectos!

7. Desde la llegada del Proyecto Pascua Lama al Valle del Huasco, las comunidades que lo habitan comprendieron, y, con el tiempo, experimentaron en su propio cuerpo y territorio, que la megaminería responsable y sustentable no existe; que esta siempre traerá contaminación ambiental y social, destrucción y tristezas. Por eso, con la fuerza de siempre, pero renovada con el triunfo ante Pascua Lama del pasado 17 de septiembre, con más convicción que nunca decimos que EL VALLE DEL HUASCO SE NIEGA A MORIR y que lo queremos libre de MEGAMINERÍA DE CORDILLERA A MAR y de todo proyecto de inversión y extractivista que atente contra la vida y la naturaleza. Tenemos derecho a decidir nuestro futuro y, por lo tanto, queremos un Valle que se sustente en sus verdaderas riquezas, sus actividades productivas tradicionales y su patrimonio natural y cultural, y trabajamos para ello cuidando el frágil equilibrio ecológico que ha permitido la vida por milenios.

MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL VALLE DEL HUASCO
Contacto comunidad: Constanza San Juan +56 9 62413008 y Joan Valenzuela + 56 9 52125800/ movimientovalledelhuasco@gmail.com
Abogada comunidad: Alejandra Donoso/+56 9 8139 1831/ alejandra@defensoriaambiental.org
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Equipo de Comunicaciones
Mov. Socioambiental Valle del Huasco
movimientovalledelhuasco@gmail.com
movimientovalledelhuasco.blogspot.cl

Colombia

«ANLA no tomó decisión de fondo sobre la licencia ambiental de Minesa»

05/10/2020
Luego de conocer la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que se archiva el trámite administrativo que evaluaba la licencia ambiental para el proyecto Soto Norte, señalan que esta decisión no toca de fondo el poder que tendría Minesa sobre el páramo de Santurbán.

Este 2 de octubre la ANLA, mediante el auto No. 09674, fundamentado en los resultados del estudios realizados por 5 profesionales de la facultad de minas, de la universidad Nacional de Medellín y más de 30 expertos en diferentes disciplinas como, geología geoquímica, hidrogeología entre otras; evidenció el impacto ambiental qué generaría el proyecto minero Soto Norte, presentado por la multinacional Minesa, para la exportación subterránea de minerales en cercanías al Páramo de Santurbán.

«Como consecuencia del análisis realizado al estudio del impacto ambiental y, a la información allegada posteriormente por la empresa, el equipo técnico de la ANLA estableció que no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero por lo que éste debería ser archivado«, este es el argumento entregado por la Autoridad, en donde dan un alto momentáneo al trabajo de Minesa.

Dentro de las consideraciones entregadas por la Autoridad se encuentra la definición del área de influencia, aspectos técnicos del depósito de los residuos de la actividad minera, entre otras, como el plan de manejo de riesgo, la valoración económica y la hidrogeologia.

Esta acción se da a propósito de las más de «44. 190 intervenciones por parte de la ciudadanía» para obtener información de este trámite de licencia ambiental, según lo resalta en el comunicado la ANLA, pero, pese a ello diferentes sectores señalan que esta decisión «deja la puerta abierta a nuevas solicitudes» por parte de los licenciamientos de exportación que pueda solicitar la multinacional árabe.

Esto se traduce en qué aún no se debe dar por sentado que la licencia ambiental de Minesa haya sido negada en su totalidad y de manera definitiva. Mayerly López, vocera del Comité en la Defensa del Páramo de Santurbán indicó, que a pesar de que este es un logro, la ciudadanía debe entender que el riesgo continúa ya que «la ANLA archivó el proyecto, más no niega la licencia ambiental»

Aclarando que la empresa tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición para que la ANLA, reconsidere la decisión. Apelación que fue presentada este lunes por medio de un comunicado presentado por la sociedad minera de Santander, y respaldado por Mubadala Investment Group empresa inversora del gobierno de Abu Dhabi.

Instancia que fue argumentada, indicando que la solicitud de esta licencia ambiental estuvo respaldada en más de 5 años de estudios, y la colaboración durante los últimos ocho meses en responder a las 107 solicitudes de información por parte de la ANLA.

Argumento, que según la defensora ambiental, tuvo diferentes errores, indicando que, «Minesa presento tres veces la información incompleta … por eso hacemos un llamado a la ANLA para que con este tipo de licenciamientos sea un poco más rigurosa, primando el principio de precaución y más aún cuando se pone en riesgo el agua y ambiente de millones de colombianos y colombianas»

«El debate de fondo no ha terminado y nosotros no descansaremos hasta que todas nuestras cuencas abastecedoras sean zonas de exclusión de los proyectos de megaminería«  Mayerly López, vocera del Comité en la Defensa del Páramo de Santurbán

Una disputa por el agua que continúa este martes 6 de octubre en la plenaria del senado, con el debate de control político en donde organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos, presentarán argumentos jurídicos y técnicos que permitan dar cuenta de las razones por las que la ANLA «debió negar desde un principio la licencia ambiental a Minesa».

«ANLA no tomó decisión de fondo sobre la licencia ambiental de Minesa»

Perú

EL OEFA Y LAS EMPRESAS MINERAS Y PETROLERAS

José De Echave C.
Desde 2009 la fiscalización ambiental es responsabilidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), responsable de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental.

Esta función lo ha convertido en blanco permanente de cuestionamientos desde lo sectores empresariales, sobre todo mineros y de hidrocarburos. En 2014, en el marco de una campaña empresarial que buscaba flexibilizar los procedimientos ambientales para promover la inversión, el Gobierno aprobó la Ley Nº 30230 que, entre otras disposiciones, limitaba la facultad sancionadora del OEFA.

Adicionalmente cabe mencionar que algunas empresas mineras han recurrido a la vía judicial para solicitar la anulación del denominado “aporte por regulación”, una tasa que deben pagar todas las empresas de un sector a la entidad reguladora del mismo, y que constituye la principal fuente de recursos financieros para el OEFA. El Tribunal Constitucional, el 15 de agosto de 2019, desestimó el recurso presentado por empresas del sector, garantizando de esta manera que se mantenga el aporte por regulación.

Ahora, la empresa Pluspetrol ha desatado una nueva campaña contra el OEFA bajo el argumento que este organismo les viene aplicando multas arbitrarias y según su vocero, Aurelio Loreto de Mola, indirectamente les está expropiando la inversión: “nos está confiscando a través de sus multas arbitrarias”, ha dicho.

El OEFA ha respondido en un comunicado público, rechazando categóricamente las acusaciones de la empresa. Señalan que los argumentos planteados por Pluspetrol han sido evaluados y analizados en el marco de los procedimientos sancionadores tramitados ante el OEFA, que han concluido con pronunciamientos confirmados por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En relación al laudo arbitral que alude la empresa, el pronunciamiento del tribunal señala que Pluspetrol “asumió contractualmente una obligación de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes, toda vez que son vinculantes”.

El OEFA también ha hecho hincapié que se ha identificado una serie de incumplimientos derivados de las operaciones de Pluspetrol. Se le atribuye responsabilidad por un total de 242 infracciones: “Dichos procedimientos administrativos sancionadores se han desarrollado de conformidad con las facultades conferidas en la Ley 29325, lo que habilita a OEFA a imponer medidas correctivas que tienen por objeto revertir el daño causado y remediar los efectos nocivos ocasionados al ambiente; y en tal sentido, OEFA continuará utilizando las herramientas legales que sean necesarias para que Pluspetrol dé cumplimiento a lo ordenado, incluyendo la aplicación de multas coercitivas”.

Todo indica que este episodio generado por Pluspetrol forma parte de la ofensiva que cada cierto tiempo lanzan los sectores empresariales en contra de la institucionalidad ambiental. A todas luces el OEFA es un organismo que incomoda a las empresas, principalmente a las vinculadas a sectores extractivos.

06/10/2020

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Venezuela

91 personas han sido asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en Caroní entre enero y agosto

Laura Clisánchez @mlclisanchez
05/10/2020
La mayoría de las víctimas murieron en operativos de las FAES y el Cicpc de acuerdo con el monitoreo de medios de Codehciu.

176 personas han sido potencialmente ejecutadas por los cuerpos de seguridad oficiales en Bolívar entre enero y agosto de 2020 en cinco municipios de la entidad: Caroní, Sifontes, El Callao, Angostura del Orinoco y Piar.

Caroní es el municipio en el que estos asesinatos adquieren más visibilidad mediática. En agosto, sumaba 91 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las cifras corresponden al balance de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

En el municipio Sifontes, una de las zonas mineras más violentas del estado Bolívar y que se posicionó como el epicentro de las desapariciones forzadas vinculadas con el conflicto en el Arco Minero del Orinoco, hubo al menos 20 asesinatos en presuntos enfrentamientos y operativos de efectivos de seguridad. En Angostura del Orinoco, hubo 38 presuntos ajusticiamientos.

La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES | Fotos William Urdaneta | Archivo Correo del Caroní

68% de los asesinatos fueron perpetrados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las Fuerzas Armadas Especiales (FAES), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de la Policía del estado Bolívar (Siepeb) y la División de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb).

La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES, 14 por la Siepeb, siete por la FANB y cinco personas fueron asesinadas por la Diepeb.

De los 30 asesinatos ocurridos solo en agosto en la entidad, tres fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos. Cuatro personas murieron en medio de operativos conjuntos entre las FAES y la Siepeb y las FAES junto a la Policía Municipal de Caroní.

Una política estatal
Aunque la pena de muerte está prohibida en Venezuela y las leyes orgánicas de distintas fuerzas policiales y militares permite el uso de la fuerza letal solo para proteger la vida de un funcionario de seguridad o un tercero, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha documentado desde 2014 ajusticiamientos por parte de efectivos del Estado sin que haya un enfrentamiento.

De acuerdo con la Misión, el Cicpc, la PNB y las FAES fueron responsables del 59% de los asesinatos ocurridos entre 2014 y 2019.

Familiares y testigos de algunos hechos han asegurado a la prensa que los funcionarios limpian las evidencias, ejecutan a quienes consideran criminales en lugar de apresarlos y el asesinato queda impune mientras familiares de algunas de las víctimas exigen limpiar el nombre y la memoria de sus seres queridos.

La investigación determinó que existe una violación sistemática y deliberada de Derechos Humanos empleada como política de Estado, las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Misión ocurrieron en el contexto de operaciones policiales o militares destinadas a “combatir la delincuencia”.

Aunque la Misión solicitó al Gobierno nacional el avance de las investigaciones de los asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, no han recibido respuesta.

Codehciu reitera la importancia de continuar investigando y documentando estos hechos pues son insumos que pueden abrir paso a la construcción de un caso que permita enjuiciar a los autores de estos delitos en un tribunal internacional.
30 asesinatos ocurrieron en agosto, tres de ellos fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos

Uno de los casos más recientes y con impacto mediático fue el asesinato de los comerciantes Johandris Blanco y José Enrique González en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Una comisión de las FAES entró en la casa donde ambos hombres dormían y, de acuerdo con declaraciones de su familia, fueron golpeados, desnudados y puestos de rodillas antes de dispararles en el estómago y en el pecho.

La esposa de González aseguró que vio cómo las FAES limpiaron la evidencia e informaron que se trató de un enfrentamiento contra criminales.
http://www.correodelcaroni.com/sucesos/7096-91-personas-han-sido-asesinadas-por-cuerpos-de-seguridad-del-estado-en-caroni-entre-enero-y-agosto

Internacional

Pandemia y extractivismo: una contaminación colonizadora cruzada

Por Thomas Chiasson-Lebel, James Alejandro Artiga-Purcell y Alejandra Watanabe-Farro | 27/09/2020 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión (foto: Mina Las Bambas, Perú, autor: Ondando, Wikimedia)

¿Será que la historia se repite? La respuesta obviamente negativa a esta pregunta no debe hacernos perder de vista que siempre corremos el riesgo de repetir errores desastrosos del pasado si olvidemos que joyerías de vidrio pueden esconder un robo y una masacre.

Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas, tenían un afán de ciertos minerales que les hizo destrozar civilizaciones y culturas, esclavizar a la población indígena para explotarla, y erradicar militarmente a los que se resistían[ii]. Sin embargo, las enfermedades que trajeron los colonizadores resultaron ser más mortales que sus pulsiones extractivistas, pues sus barcos llevaban pandemias letales que se encargaron de la labor “necrófila” de eliminar pueblos indígenas, facilitando el establecimiento de poderes coloniales en el continente.

Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista.

La pandemia se presenta como la crisis perfecta para justificar el estado de excepción, es decir la suspensión de los frágiles espacios de contra poder que son también la poca democracia que existe en nuestros sistemas políticos. Con este, se aplica una terapia de shock extractivista, un cambio de las reglas en medio de la crisis para profundizar la penetración del extractivismo. La pandemia requiere del confinamiento de la población por razones sanitarias. Lo problemático es que sirve también a élites económicas y políticas que quieren contener las protestas y los deseos de movilización. La transformación del mandato “quédate en casa” en mandamiento anti-movilización es una manera de silenciar las oposiciones, y sirve para crear condiciones más favorables para expandir las actividades extractivas, debilitar o eliminar las pocas reglamentaciones ambientales existentes mientras las multinacionales y las empresas de este sector toman la oportunidad para limpiar su imagen corporativa.

El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la forma en que, desde el Norte hasta el Sur del continente, la crisis actual está siendo instrumentalizada para responder a las necesidades del sector extractivo, con un patrón común que designamos como la terapia de shock extractivista.

La terapia de shock extractivista

Mirando lo que está pasando con el sector extractivo de varios países (Canadá, Chile, Ecuador, Honduras), y escuchando lo que señalan las y los defensoras de las comunidades y territorios, notamos un patrón común[iii] de terapia de shock extractivista. Naomi Klein[iv] acuñó la expresión “terapia de shock” para describir una dinámica fundamental del capitalismo de las últimas décadas, inventada por Milton Friedman, mediante la cual se aprovechan de los momentos de crisis y trauma colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las grandes empresas que no se podrían imponer en tiempos normales. La terapia de shock extractivista es este mismo proceso aplicado para promover los intereses de las empresas extractivas. En la actualidad, esta articula varias dimensiones alrededor de una acción discursivo-ideológica por parte de las empresas hacia la cual confluyen actores estatales y partes de las élites económicas no vinculadas al sector. Este discurso presenta las empresas extractivas como salvadoras frente a las varias crisis, naturaliza su proximidad con el Estado, otorga la continuación de la extracción mientras se paran otros sectores económicos y favorece la profundización de sus actividades con menos escrutinio público. De esta manera, aprovecha la crisis para acertar contundentemente la centralidad del sector y descartar las oposiciones y alternativas legítimas promovidas por las poblaciones afectadas.

Su discurso

La terapia de shock extractivista se articula alrededor de un discurso en el cual las empresas se presentan como salvadoras, tanto frente a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Prometen generar riquezas y brindar las tecnologías que permitan curar a los enfermos, redistribuir las ganancias a las víctimas de la crisis, y ser la fuente de reactivación de las economías una vez terminada la pandemia. Expresiones tales como “minería verde” y “minería responsable” resurgen ahora en el discurso de las mineras mediante campañas que buscan limpiar la imagen de empresas ambiental y socialmente desastrosas, que ahora se presentan como promotoras de la “salud y [del] bienestar”[v], o más aún comprometidas con la “resiliencia comunitaria”[vi] frente a la pandemia.

Durante la crisis sanitaria, los Estados, principalmente en el Sur global, enfrentan problemas para conseguir los recursos necesarios para apoyar a la población y proveer lo necesario al personal de la salud. En este contexto, las empresas extractivas han desarrollado una imagen de “salvador”, multiplicando las donaciones de equipamiento médico y comida para establecerse como ayuda de primera línea y pulir su imagen corporativa frente a la sociedad. Por ejemplo, la empresa minera canadiense Barrick Gold, quién encabeza el controvertido proyecto Pascua Lama, entregó un hospital de campaña de un valor aproximado de US$ 13 millones al Estado chileno en el contexto de la pandemia[vii]. En Ecuador, mientras el Estado carecía de recursos médicos en sus hospitales para asegurar la protección de los trabajadores de la salud, ciertas empresas extractivas promocionaban donaciones de insumos médicos en sectores cercanos a sus actividades, y donaciones de alimentos a poblaciones vulneradas por la crisis[viii].

Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia, cuando el acceso rápido de poblaciones vulnerables a servicios y tratamientos puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. No obstante, un análisis crítico de aquellas “contribuciones”, generalmente agrupada bajo el lema de la responsabilidad social empresarial, devela las contradicciones e ineficiencias que conllevan, y las desigualdades sistémicas que profundizan. Esta filantropía empresarial encubre el hecho de que estas mismas empresas presionan a los Estados para minimizar sus aportes fiscales, aún en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Chile, las empresas mineras lograron que se liberen sus depósitos de garantía, originalmente destinados para cubrir los costos de sus planes de cierre de faena, recuperando así US$ 3 mil millones de dólares[ix]. Las empresas logran hacer contribuciones propias y específicas porque tienen plata, pero no quieren pagar impuestos al Estado porque prefieren a la ayuda desinteresada aquella por la cual controlan el momento y el objeto de las donaciones, y así, maximizan el impacto positivo sobre su imagen corporativa, especialmente en contextos en los cuales comunidades locales se oponen a su implementación en el territorio. Además, tales contribuciones revelan un desequilibrio de poder: multinacionales del “Norte global” logran conseguir acceso a insumos médicos esenciales que hacen falta a Estados del “Sur global”. De tal manera, empresas privadas compiten con los Estados por el rol de defensor del bien común.

Comparar esta situación con la de los colonizadores europeos que llegaron ofreciendo la fe cristiana para salvar el alma de los pueblos y naciones indígenas a cambio de su trabajo, de sus vidas, de sus territorios y de las riquezas que contenían, está lejos de ser absurdo. En ambos casos, la contraparte del despojo sirve para limpiar la imagen del despojador y tornarlo en salvador.

Este discurso al nivel de la salud se articula muy bien con el discurso económico, de aún mayor importancia para las operaciones de las empresas extractivas, las cuales supieron presentarse cómo la solución también frente a la crisis económica relacionada a la pandemia. En esta crisis, se argumenta, es necesario facilitar todas las iniciativas extractivas porque su contribución a la actividad productiva es esencial para relanzar la economía amputada por el cierre epidemiológico[x].

Este argumento ha sido adoptado enteramente por los gobiernos de los países tratados en este artículo, quienes asumieron el discurso presentando las empresas extractivas como salvadoras frente a la crisis económica. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, que se presentaba como el defensor del medio ambiente después de su primera elección en 2015, anunció que levantaba la obligación de evaluación de impacto ambiental para las perforaciones marítimas exploratorias frente a las costas de Terranova-Labrador[xi]. La justificación era clara: “la capacidad de Terranova y Labrador de recuperarse al salir de la pandemia de COVID-19 dependerá en grandes medidas de la capacidad del sector [petrolero]”[xii]. En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente agilizó, en medio de la pandemia, un portal virtual para minimizar los trámites y facilitar los proyectos extractivos.

Estas medidas materializan el discurso de las empresas extractivas adoptado por los gobiernos que presenta a la actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia. Además, como los gobiernos están acumulando deudas públicas para enfrentar la crisis, los ingresos provenientes del sector son presentados como fuente de divisas absolutamente esenciales para pagarlas. Sin embargo, la importancia relativa del sector, y lo que retorna localmente, difícilmente puede presentarse como solución. El sector extractivo tiende a emplear relativamente pocas personas, y en Latinoamérica, exporta sus productos brutos a otros países para su transformación, lo que conlleva pocos encadenamientos productivos locales. En Honduras, el sector extractivo no representa ni el 1% del PIB. Más preocupante que las pequeñas rentas mineras que se quedan en este país, son los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre otras actividades económicas y de sustento local como la agricultura.

Además del impacto ambiental negativo del sector y del rechazo por parte de muchas comunidades que no quieren de estas actividades en el territorio que ocupan, las empresas extractivas difícilmente representan una solución económica mágica. Más bien, los problemas económicos relacionados con la expansión del sector han sido la base para el desarrollo de toda una literatura que describe la maldición de la abundancia (Acosta 2009) o habla de enfermedad (The Economist 2017 [1977]) y de paradojas de los recursos (Karl 1997). Esta literatura advierte que el sector extractivo tiende a producir efectos económicos negativos que socavan sus beneficios.

En resumen, las grandes empresas extractivas han aprovechado la pandemia para pulir su imagen, y presentarse como salvadoras tanto al nivel sanitario como ecológico. Considerando que este discurso es muy dudoso, vale la pena reflexionar críticamente sobre su puesta en marcha.

La puesta en marcha del discurso y la cercanía Estado-empresas extractivas

El desarrollo de este discurso por parte de las empresas, y su adopción acrítica por parte de los gobiernos, esconde algo muy preocupante por la naturalización de la cercanía Estado-empresas extractivas que genera. Mientras que el discurso liberal sobre el Estado nos lo presenta como un actor neutral y un árbitro imparcial frente a varios grupos con intereses divergentes, la imagen que nos refleja el sector extractivo actualmente es de una cercanía exclusiva con el Estado que no siente la necesidad de avergonzarse ni de esconderse. Sus discursos se mezclan de tal manera que se confunde quién representa el bien común, y desaparece del discurso el hecho fundamental que las empresas extractivas velan, antes que nada, por los intereses privados de sus accionistas, mayormente ubicados en el Norte global. Se trata así de aislar el discurso de las comunidades que rechazan las incursiones de las empresas extractivas en el territorio que ocupan, y se revierte la dinámica como si fuesen ellos quienes defienden un interés particular-privado.

En los países presentados en este artículo, resulta muy difícil diferenciar el discurso de las empresas y el del gobierno con respeto al sector extractivo porque están alineados en casi todos sus puntos. En Chile, la empresa minera Barrick Gold afirmaba al periódico El Mercurio estar en contacto constante con el gobierno para avanzar en sus proyectos, prometiendo miles de millones para salvar la economía chilena de la pandemia[xiii]. En Honduras, la situación es tal, que desde 2018 el Estado decidió mantener en secreto las decisiones con respeto a los permisos ambientales, demostrando que para el Estado, más importante que defender su legitimidad frente al público es proteger sus relaciones con las empresas mineras.

Esta cercanía y el discurso del sector extractivo como salvador permite explicar por qué, en muchos países, mientras buena parte de la actividad económica fue parada por razones sanitarias, la producción en el sector extractivo no se detuvo, aunque queda por demostrar la necesidad de muchos de estos minerales en tiempos de pandemia. En Honduras, se ha pedido el reconocimiento de la actividad extractiva como actividad esencial para permitir que siga operando durante de pandemia, pedido que fue aceptado por el congreso. En Ecuador, las mineras fueron designadas como actividades estratégicas que tenían que seguir produciendo durante la crisis. Las que bajaron sus actividades lo hicieron sin que sea obligación estatal, sino por voluntad propia, y reanudaron rápidamente sus actividades[xiv]. Esto no paró a Lundin Gold-Aurelian Ecuador que opera Fruta del Norte de producir el primer lingote de oro durante la pandemia[xv]. Comunidades indígenas denunciaron que ciertas mineras que seguían con sus actividades trataban de traspasar el control comunitario establecido por comunidades que querían aislarse para protegerse de la enfermedad. En el valle del Huasco chileno, se sospecha que la persistencia de la actividad extractiva, que implicaba la circulación de trabajadores de otros sectores del país, contribuyó a la propagación del virus en la región[xvi]. Es decir, así como el colonialismo europeo trajo enfermedades, el extractivismo que sigue durante la pandemia también contribuyó a la propagación más reciente del virus[xvii]. El discurso de las empresas extractivas como salvadoras en tiempo de crisis, así como la distribución de material sanitario, es muy útil para producir un contra-discurso a la realidad tajante que los caminos del extractivismo contribuyen históricamente al contagio. Sirve también para difuminar la frontera entre el Estado y las empresas extractivas, y que estas últimas aparezcan como las defensoras del bien común al igual que los Estados.

Profundización del extractivismo

La combinación de una cercanía Estado-empresas extractivas con el discurso de este sector como salvador no sirvió sólo para que continúe la extracción durante la pandemia, sino que fue utilizado para expandir las actividades del sector, y profundizar la penetración del extractivismo en la política y el territorio en contra de la voluntad de los pueblos. Esta profundización, construyéndose sobre siglos de colonialidad del poder—es decir un poder que se apoya sobre y reproduce jerarquías raciales[xviii]—tiende a invadir zonas habitadas por pueblos racializados, expulsándolos o alterando su vida de manera indeseada, reproduciendo así las jerarquías raciales del continente.

En Canadá, el gobierno Federal anunció nuevos créditos para trabajos en el gasoducto Costal Gaz Link. Este proyecto había sido bloqueado por protestas de la nación Wet’suwet’en al inicio del 2020 apoyadas por varios otros pueblos y naciones indígenas y no indígenas que habían bloqueado el ferrocarril en todo el país en oposición a aquel proyecto. En Honduras, se transfirió la responsabilidad de aprobación y fiscalización de los proyectos desde el Instituto Hondureño de Geología y Minas hacía el Ministerio de Economía para facilitar sus avances. Esto significó la suspensión de muchos procesos de consulta a la población que estaban en camino, y la clara afirmación que la aprobación depende de criterios económicos y no geológicos, ambientales, y menos aún democráticos.

Estos avances cristalizan la idea de terapia de shock: la instrumentalización de la crisis para promover fines que difícilmente se podría alcanzar en otros contextos. Como lo decía el ministro del Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles: “ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, [es tiempo de] de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad”[xix]. En Chile, el ministro de Minería afirmaba que era tiempo de avanzar con todos los proyectos en carpeta, mientras justamente estos proyectos estaban frenados por cuestiones ambientales y resistencias comunitarias. De manera similar, el ministro de Minas de Ecuador afirmaba al inicio de la pandemia que iba a dar mayores facilidades a empresarios privados en ciertos campos petrolíferos para que avancen sus proyectos.

Todos los signos indican que la crisis está siendo instrumentalizada para profundizar el extractivismo, aprovechando el confinamiento y las restricciones de las libertades promulgadas en este tiempo para hacer reformas que benefician al sector y que van a permanecer vigentes después de la crisis. Las modificaciones legislativas y reglamentarias que levantan las limitaciones y controles de las actividades permitirán avances de proyectos que difícilmente se podrán deshacer después.

Las actividades extractivas se focalizan en recursos no renovables, lo que nos lleva a un punto sin retorno y cuyo impacto social y ambiental deja huellas indelebles. Los Estados, tanto del Norte como del Sur, han mostrado repetidamente su incapacidad en controlar las actividades de las empresas extractivas lo suficiente para evitar desastres. En Canadá, el derramamiento de Mount Polley en 2014, donde la ruptura de una represa de residuos mineros dejo escapar 4,5 millones metros cúbicos de agua contaminada, tuvo consecuencias ambientales difícilmente medibles. En 2018, un incidente similar en Brumadinho, Brasil, obtuvo la atención internacional con imágenes terribles del derrame que costó la vida de entre 130 y 250 personas, además de contaminar más de 300 km de ríos y modificar significativamente su ecosistema. Al inicio de la pandemia, la ruptura de un oleoducto en Ecuador contaminó un río afectando a aproximadamente 118 000 personas según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual subrayaba que el Estado y la empresa operadora de la tubería tomaron hasta 10 días para llevar agua potable a las comunidades afectadas[xx].

Estos eventos tienen consecuencias irreversibles, y la profundización del extractivismo con menos controles por parte del Estado anuncia la multiplicación de casos dramáticos como estos. De la misma manera que el colonialismo europeo en la región, las destrucciones resultantes del extractivismo son irreversibles, e inolvidables.

Resistencias y represión

En todos los países estudiados, hemos encontrado signos fuertes de resistencia por parte de las comunidades afectadas, de ambientalistas, y de organizaciones de varias tendencias políticas, así como indicios indudables del fortalecimiento de solidaridades internacionales respeto al tema. Como parte de la terapia de shock extractivista, la alianza entre empresas extractivas-Estado, combate estas resistencias mediante la consolidación de su discurso que presenta al sector como salvador frente a las crisis, la represión y persecución de opositores, y la desregulación permisiva que facilita la profundización de la colonización extractivista del territorio.

Pero las alternativas existen tanto para la salud como para la economía. Durante la pandemia, se han visto en el Ecuador campesinos indígenas que, pese a haber perdido su acceso a los mercados públicos por el confinamiento, decidieron dar productos en barrios pobres para proveer de alimentos a los más afectados. Otro ejemplo es la comunidad de Putaendo en Chile organizó marchas y eventos durante la pandemia para oponerse a los avances del proyecto minero Vizcachitas de la Andes Copper. Así como estos, podemos encontrar múltiples ejemplos en varias regiones del continente, donde comunidades indígenas, campesinas y rurales gestionaron el riesgo de la pandemia mediante respuestas comunitarias. Los movimientos socioambientales de defensa del territorio crean espacios para voces diversas que debaten sobre el bien común, y la coyuntura actual también ha abierto nuevos espacios y oportunidades de colaboración. Es decir: hay resistencias y hay propuestas alternativas que emergen desde los pueblos.

Al nivel regional, un grupo variado de intelectuales presentó el Nuevo Pacto Ecosocial del Sur, una invitación a que las organizaciones y comunidades sumen sus esfuerzos para producir una respuesta contra terapia de shock, basada en la justicia social, de género, étnica y ecológica[xxi]. Esta iniciativa resalta cómo la pandemia reveló la falsa y repetida consigna de que la economía de mercado es imparable. Durante la pandemia, no sólo se paró la actividad productiva en varios sectores, también muchas fábricas convirtieron su producción para responder a las necesidades del momento. Si ha sido posible parar y reorientar la economía en tiempo de pandemia, es posible hacerlo en cualquier momento.

En vez de entender este llamado al cambio como una difícil pero necesaria reorientación de nuestras relaciones con el medio ambiente y la economía, los gobiernos aliados a las empresas extractivas eligieron la vía fácil del discurso mágico del salvador extractivista. Y para sostenerlo tuvieron que recurrir, rápidamente, a la fuerza para callar los opositores. Las noticias de represión, y de protección policial y militar a las empresas, nos vienen de todos los rincones del continente.

Contra las “salidas fáciles” y las falsas promesas

Nos corresponde producir, debatir y difundir otras narrativas a la del discurso articulador de la terapia de shock extractivista, que ha sido producidas por aquellas empresas que se presentan como salvadoras. El extractivismo no va a excavar un túnel de escape frente a las crisis actuales. La pandemia y sus consecuencias no son agentes externos a nuestra realidad que vinieron interrumpir nuestra normalidad: en buena parte es el producto de aquella normalidad.

Más allá de los casos de corrupción, no es simple entender por qué hay un consenso de los gobiernos de diversos matices sobre la necesidad del extractivismo[xxii], ni cómo el sector logra tal penetración política. Un elemento de respuesta reside en la promesa de una “salida fácil” e indolora a la crisis multidimensional que enfrentan todas las sociedades de nuestro continente. El sector promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas nacionales para redistribuir una parte de sus riquezas. El sector es tan lucrativo que permite el pago de rentas que parecen importantes. Impulsar el sector evita una pelea contra los gobiernos del Norte global que apoyan ampliamente a las empresas extractivas, la mayoría ubicadas legalmente en sus territorios. La única pelea que genera el extractivismo es contra las comunidades locales, y se puede tornar en una confrontación de pueblo contra pueblo, contraponiendo los potenciales beneficios económicos del sector presentado como salvador frente a las crisis, al “inmovilismo” de los opositores. Sin embargo, el carácter multidimensional de las crisis (económica, ambiental, social y política) revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio ambiente. Ver lo ilusorio y lo peligroso de las promesas del sector extractivo presentado como salvador frente tanto a la crisis económica como pandémica es un paso importante. El próximo paso es que la organización y la movilización de las comunidades logre transformar a los sectores populares en una fuerza más poderosa que aquella acumulada por las élites y las empresas extractivas con sus discursos de que el extractivismo se ha mutado en una industria “virtuosa, inclusiva, y sustentable”[xxiii] que permite vencer pandemias.

A la hora de soñar con una nueva normalidad, que incluiría otra economía y un mayor cuidado del planeta, nos despierta la pesadilla de la realidad, donde domina la normalidad y donde lo nuevo toma la forma de una terapia de shock extractivista impuesta con el mayor grado de autoritarismo adquirido por los sistemas políticos del continente. La promesa que las rentas del sector podrán solucionar la crisis económica es falsa, y las empresas extractivas, siendo parte del problema, nunca van a ser parte de la solución. La destrucción causada por los afanes que guiaban la colonización europea no va a ser la salvación hoy, así como no lo fue para los pueblos indígenas hace 500 años.

Texto escrito para el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo, Universidad de California en Santa Cruz [i]

[i] En junio, el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo organizó un webminario que contó con la participación de Constanza San Juan, de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto de Chile, Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras, y Blanca Chancosode la CONAIE del Ecuador. Las tendencias identificadas en este artículo surgieron de esta conversación, y muchos de los ejemplos relatados inspirados de aquella. Agradecemos a Fernando Leiva, del grupo de investigación, por su apoyo en la conceptualización de este texto, sus comentarios y revisiones.

[ii] Los distintos poderes coloniales adoptaron diferentes estrategias de colonización. Sin embargo, su impacto sobre las poblaciones que ocupaban el territorio es complementario.

[iii] Organizaciones de Canadá, Estados Unidos y Gran Britania llegaron a conclusiones similares en una investigación basada en la revisión de casi 500 artículos de fuentes periodísticas: Voces desde el territorio disponible en: <https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf>

[iv] Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine. New York: Metropolitan Books.

[v] Ver el sitio web de Barrick Gold <https://www.barrick.com/English/about/covid-19/default.aspx>.

[vi] Ver el sitio web de Newmont: <https://www.newmont.com/operations-and-projects/health-and-safety/default.aspx>.

[vii] Ver el comunicado de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto sobre el tema : https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/

[viii] Ver las múltiples ocurrencias en los hilos tweeter de LundinGolg y Ecuacorriente, por ejemplo: <https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1277700961222393856?s=20>

y <https://twitter.com/CorrienteEcua/status/1283401420591554561?s=20>

[ix] “Ministerio de Minería anuncia que mineras ya pueden utilizar seguros de garantía para sus planes de cierre de faenas”, Portal minero, 06/07/2020: <https://www.portalminero.com/wp/ministerio-de-mineria-anuncia-que-mineras-ya-pueden-utilizar-seguros-de-garantia-para-sus-planes-de-cierre-de-faenas/>.

[x] Mccopa, “Minería salvará economía peruana de la recesión”. Minería Pan-Americana, 20/08/2020. <https://www.mineria-pa.com/noticias/mineria-salvara-economia-peruana-de-la-recesion/>.

[xi] Alexandre Shield, “Forages en mer exemptés d’une évaluation environnementale”,Le Devoir, 5/06/2020, <https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580160/forages-en-mer-exemptes-d-une-evaluation-environnementale>.

[xii] Ver el comunicado del gobierno canadiense: <https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020…nt-visant-a-ameliorer-le-processus-dexamen-du-forage-exploratoi.html>.

[xiii] Denunciado por la Asamblea por el Agua del Guasco Alto <https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/>

[xiv] <https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1242861473241747458?s=20>

[xv] <https://twitter.com/Ian_H_Lundin/status/1274799403451244557?s=20>

[xvi] Movimiento Socio-Ambiental del Huasco: «La gran minería primero nos mata por contaminación, ahora nos mata por Covid», 29/06/2020. <https://www.facebook.com/AsambleaGuascoAlto/posts/2664294710476714>.

[xvii] El Informe “Voces del territorio” (op. cit.) identificó casos claros en Brazil, Canadá y Panamá donde la contaminación de trabajadores en las minas afectó las comunidades adyacentes a las minas.

[xviii] Quijano, Aníbal. 2014. Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Decolonialidad del Poder. Editado por Danilo Assis Clímaco. Antologías. Buenos Aires: CLACSO.

[xix] Citado en Emiliano Terán Mantovani, “Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A. Latina”, ALAI, 27/07/2020. <https://www.alainet.org/es/articulo/208103?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina>.

[xx] Comunicado de la CONAIE “René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de covid 19”, 23/04/2020.<https://conaie.org/2020/04/23/gobierno-de-ecuador-reforzara-politicas-extractivistas-en-medio-de-covid-19/>.

[xxi] < https://pactoecosocialdelsur.com>

[xxii] Svampa, Maristella. 2013. “«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad 244: 30–46.

[xxiii] Carolina Pizarro, “El futuro de la minería al 2035” La Tercera,11/01/2015. <https://www.latercera.com/noticia/el-futuro-de-la-mineria-al-2035/>