02/11/2020
Se trata de dos megaproyectos que se enfrentan a la oposición de la Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó. Ambas iniciativas suman una inversión total de US$877 millones y están a la espera de ser zanjados por el Comité de Ministros que preside la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
El 1 de septiembre de 2020, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama resolvió dar luz verde a un megaproyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga. Se trata del proyecto denominado “Producción de Sales Maricunga”, cuya explotación contempla un innovador sistema de reinyección de salmuera y contempla una inversión de US$350 millones.
La iniciativa de SIMCO -propiedad del Grupo Errázuriz y la taiwanesa Simbalik Group- está en medio de un conflicto con la Comunidad Indígena Colla de Copiapó, la que insiste en que la autoridad realice una consulta indígena en los términos que plantea el Convenio 169 de la OIT.
Hoy el futuro del proyecto está en manos del Comité de Ministros, que preside la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Esto, luego de que el pasado 19 de octubre la comunidad colla presentara una reclamación, acusando que durante la tramitación ambiental del proyecto ocurrieron “vicios sustantivos que deben ser remediados con la nulidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”.
“Es imposible que el proyecto adopte las medidas de mitigación, reparación o compensación adecuadas, si no se reconoció el impacto que producirá la utilización de rutas usadas por las comunidades indígenas en todo el proceso de evaluación. Además dichas medidas deben ser adoptadas teniendo en cuenta la opinión de mis representadas a través del Proceso de Consulta Indígena correspondiente, tal como señala nuestro ordenamiento jurídico”, señaló la reclamación de la comunidad indígena.
El proyecto “Producción de Sales Maricunga” significa el ingreso de un nuevo actor al mercado del litio en Chile, cuyos grandes actores son Albemarle Corporation y SQM, propiedad de la china Tianqi y Julio Ponce Lerou. Tal es el interés del Grupo Errázuriz por el proyecto, que el 29 de septiembre, un mes después de conseguir la RCA, Francisco Javier Errázuriz Ovalle -hijo homónimo del exsenador y excandidato a la Presidencia- dialogó por medio de una videoconferencia con el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Bücher, a fin de abordar la iniciativa. La cita, que se gestó a través de la plataforma de Ley de Lobby, se extendió por una hora y Errázuriz asistió acompañado por cuatro ejecutivos de SIMCO.
En paralelo, SIMCO también presentó una reclamación al Comité de Ministros. En su escrito que cuenta con 86 páginas la empresa solicitó una serie de ajustes a la resolución que aprobó la iniciativa, pues -a su juicio- las condiciones impuestas por la autoridad “son erradas y deben ser corregidas a fin de no afectar la viabilidad del proyecto”.
El Plan de Alerta Biótico de la RCA señala que el titular del proyecto está obligado a detener la extracción de salmuera en caso de registrarse una disminución superior al 5% de la cobertura vegetal del Salar de Maricunga. La exigencia es rechazada por la empresa y propone realizar un estudio y por medio de imágenes satelitales analizar las disminuciones de la cobertura vegetal en los últimos cinco años.
Además, en su reclamación SIMCO solicitó que “la reducción de caudal se establezca en un 20% del caudal neto de forma preventiva, hasta que se definan las causas de la disminución de la cobertura vegetacional, por medio del Informe Biótico – Hídrico Sobre Causas y orígenes de la Pérdida Vegetacional en un plazo de 3 meses”.
“Incluir vegas salinas y no salinas dentro del umbral del 5% resulta en extremo restrictivo para la operación del proyecto, pues un cambio en los niveles de salinidad sería reversible y se podría producir de forma natural, implicando que potenciales reducciones de caudal por periodos que podrían alcanzar varios meses o años de duración, podrían darse por motivos ajenos al proyecto”, consignó la reclamación de SIMCO. En este caso la empresa es representada por Sebastián Abogabir, socio de Guerrero & Olivos, y cuentan también con la asesoría comunicacional de Vía Central, cuyos directores son Gonzalo Gómez y María Irene Chadwick, exdirectora de Programación de la Presidencia.
Grupo Errázuriz explicó a La Tercera PM que “SIMCO ha ido cumpliendo paso a paso con las etapas del proceso de evaluación ambiental, confiados en que es un proyecto sustentable y necesario -tecnología de reinyección de salmuera- para impulsar la industria del litio con transferencia tecnológica chilena, abriendo nuevas posibilidades para nuevos actores”.
Más problemas
Al igual que Grupo Errázuriz, Minera Salar Blanco -joint venture entre la australiana Lithium Power International y el empresario chileno Martín Borda- también enfrenta dificultades para sacar adelante su proyecto de litio en el Salar de Maricunga. Si bien obtuvo una RCA favorable, actualmente el proyecto que considera una inversión de US$527 millones, también está pendiente de ser zanjado por el Comité de Ministros, luego de que la Comunidad Indígena Colla de la Comuna de Copiapó -la misma que batalla contra SIMCO- presentara una reclamación solicitando la revocación de su permiso ambiental.
En efecto, el 17 de marzo de 2020 el abogado Mauricio Daza -en representación de la comunidad indígena- presentó una reclamación alegando que durante la tramitación ambiental del proyecto de Minera Salar Blanco ocurrieron vicios que no fueron subsanados en la RCA y que generaran graves perjuicios al medio ambiente.
“El proyecto no reconoce la afectación a las áreas protegidas aledañas. En este proceso de evaluación hay una evidente falta de información en torno al comportamiento hídrico que provocará la intervención del salar, por lo que resulta mayormente preocupante que el Servicio de Evaluación Ambiental no descarte la afectación a los humedales aledaños y los parques protegidos por ley, a pesar de que no contaba con la información necesaria para arribar a esa conclusión”, consignó la reclamación de la comunidad colla de Copiapó. En el escrito, también alegó haber sido excluida del proceso de consulta indígena.
El pasado 3 de julio, Minera Salar Blanco refutó las alegaciones, asegurando que “los vicios de ilegalidad denunciados por los solicitantes son inexistentes”. Además, señaló que “los solicitantes no indican de qué forma los supuestos vicios que denuncian les generaría un perjuicio que los legitime para requerir la invalidación”.
“En forma previa al ingreso del Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que puede apreciarse en el Capítulo de Acciones Previas y en los informes de caracterización presentados por el titular. En dicho capítulo es posible apreciar que el contacto con las Comunidades Indígenas Colla se inicia desde el mes de octubre de 2017”, acotó en su respuesta a la reclamación.
Fuente: Pulso
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