Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro.
SinEmbargo
03/11/2020
Por: Beatriz Olivera (@beoliverav)*
Las empresas mineras en México ostentan una serie de privilegios; fiscales en primera instancia, pues varios informes de la Auditoría Superior de la Federación reflejan que se han dado el lujo durante años de no cumplir a cabalidad con el pago de sus impuestos y derechos. Gozan también de privilegios ambientales, pues la ley minera en su artículo 19 les otorga preferencia sobre el uso de agua, la tierra y el gas asociado. Y también privilegios económicos, puesto que la ley minera en su artículo 6 señala que la exploración, explotación y beneficio de minerales serán preferentes a cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Gozan, además, de una enorme impunidad si llegan a ocasionar algún delito ambiental, como el grave derrame ocasionado por Grupo México en el Río Bacanuchi, en Sonora, en 2014.

A la lista de privilegios habrá que añadir uno más: el privilegio de contar con un cuerpo especial de seguridad que vigilará las instalaciones de las más grandes y jugosas compañías mineras, que en buena parte son extranjeras. El gobierno mexicano anunció la creación de la policía minera, hace apenas unas semanas y señaló que será un cuerpo de élite con elementos especializados quien proteja a las minas ante la delincuencia organizada.

Ante esto, surgen varias interrogantes ¿Por qué el gobierno mexicano usa recursos, de una institución de seguridad pública para proteger los intereses privados de las empresas mineras? ¿Es válido que miles de personas en el país vivan en constante riesgo ante la delincuencia por carecer de servicios efectivos de seguridad mientras la federación destina recursos a la protección de grandes empresas privadas?

Es necesario recordar que el sector minero está lejos de ser una actividad económica que impulse el desarrollo local y nacional. Pese a que México es uno de los principales productores de oro, plata y otros minerales a nivel mundial, los ingresos que el Estado Mexicano obtuvo de la minería de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.41% de la recaudación total por actividad económica para junio de 2020, y 0.52% en 2019. En términos de aportaciones específicas a impuestos, el ISR aportó a las finanzas públicas el 0.37% del total de los ingresos que recaudó el gobierno sobre este impuesto, mientras que en 2019 fue de 2.3%. En cuanto al IVA, tal como ha sucedido en otros años, resultó también en una erogación hecha por el gobierno, por devoluciones y estímulos que se dieron al sector: para junio de 2020 el IVA minero fue de -2.13%, mientras que para 2019 fue de -1.8%. En cuanto al PIB minero correspondiente a la exploración y extracción de minerales metálicos y no metálicos, este resulta inferior al 1% del PIB nacional.

Por su parte, la contribución de la minería al empleo es también mínima, las industrias extractivas aportan en su conjunto apenas el 0.62% de los empleos asegurados a nivel nacional, tal como lo establecen los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para agosto de este año. Las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, violentan derechos de las personas y comunidades, no contribuyen de manera sustantiva al desarrollo del país y ocasionan graves conflictos socioambientales. ¿Por qué entonces se continúa privilegiando esta actividad, ahora con un cuerpo especial de protección, si el desarrollo que aporta al país es ínfimo?

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

(1) Ver Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de 2019 y segundo trimestre de 2020, Anexos de finanzas públicas, disponibles en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

COMUNICADO
“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”
03 noviembre del 2020.
La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.

Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.

Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.

Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.

Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.

La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)