CooperAcción
18/03/2021
Imagen: Parthenon
El pasado viernes 12 de marzo se realizó el denominado Debate Ecológico entre candidatos y candidatas presidenciales. En este foro, organizado por una serie de colectivos y organismos no gubernamentales, entre los que figura CooperAccion, apenas participaron seis representantes de las agrupaciones que se encuentran en la contienda electoral: Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Julio Guzmán del Partido Morado, Rafael Santos de Patria Segura, Marco Arana del Frente Amplio y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Genera preocupación la ausencia de candidatos como Lescano y otros, aunque en realidad no sorprende, ya que la falta de interés en este tema también se refleja en sus planes de gobierno.
Uno de los temas que permitió develar el verdadero alineamiento de las agrupaciones políticas sobre la problemática ambiental -al margen de las poses y frases hechas que se utilizan en campaña electoral-, fue el denominado Acuerdo de Escazú. Candidatos como López Aliaga y Santos mostraron su verdadero rostro y repitieron la misma monserga de hace unos meses: la supuesta pérdida de soberanía dela Amazonía, entre otros argumentos que no se sostienen y que están a la base de su oposición a la ratificación del acuerdo. De hecho, varios personajes como Francisco Tudela, el ex marino Jorge Montoya, que acompaña en la fórmula presidencial a López Aliaga, lideraron en la denominada Coordinadora Republicana la oposición a la ratificación de Escazú.

Aprovechando todo lo que se dijo el pasado viernes, no está de más recordar que en esencia el Acuerdo de Escazú, como se le conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado el 4 de marzo de 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe y que tenían que ratificarlo. El acuerdo entra en vigor 22 de abril de este año.

Este acuerdo lo que busca es precisamente fortalecer tres derechos fundamentales: (1) el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán ejercer su derecho a estar informadas; (2) el derecho a la participación pública y; (3) el acceso a la justicia ambiental. Es lo que se conoce como derechos de acceso. Adicionalmente, el acuerdo da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: el 60% de fallecidos por conflictos socio ambientales en el mundo han ocurrido en América Latina. Al respecto, es importante recordar que en el último año han sido asesinados siete dirigentes indígenas defensores ambientales: Estela Casanto Mauricio, dirigente asháninka; Herasmo García y Yenes Ríos, líderes cacataibos de Ucayali; Arbildo Meléndez en Huánuco; Gonzalo Pío en Junín; Lorenzo Wampa en Amazonas; y Roberto Pacheco en Amazonas. Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados desde el año 2011 por proteger la tierra y los bosques en el Perú.

Cabe señalar que es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; el primer acuerdo ambiental regional de A.L. y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Como se sabe en el Perú se desató una feroz campaña en contra de la ratificación de Escazú, liderada por la Coordinadora Republicana de López Aliaga, Tudela, entre otros personajes. Aparte de calificarlo como un “acuerdo entreguista y que nos haría perder soberanía, también se dijo que Escazú es “un acuerdo ambientalista radical”, producto de “un globalismo endurecido de la izquierda radical”, que lo que busca es paralizar las inversiones. Es curioso que se hable de ambientalismo radical, precisamente cuando todo el planeta sigue batallando por alcanzar acuerdos globales para enfrentar la crisis ambiental y cuando al mismo tiempo todos los expertos mundiales en la ciencia del clima nos recuerdan y advierten que estamos perdiendo la batalla: Ahora bien, ¿Escazú es realmente un acuerdo entreguista y va a provocar la pérdida de la soberanía en más del 50% del territorio nacional, sobre todo en la Amazonía?

Lo primero que habría que subrayar es que el Acuerdo de Escazú no se refiere a la Amazonía en particular. No se entiende la obsesión de los opositores por vincular el acuerdo con una supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía, cuando el acuerdo trasciende a la Amazonía. Es más, ha sido firmado y ratificado por países que no son amazónicos.Además, en su artículo 3 se reconoce expresamente que la implementación del acuerdo se guía por “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales” y el “principio de igualdad soberana de los Estados”. Mariano Castro, vice ministro del MINAM, subraya que: “el Acuerdo no es un tratado que fija límites, sino que, por el contrario, establece criterios que los Estados y ciudadanos deben observar en materia de acceso a la información, participación y justicia en Asuntos Ambientales. Por tanto, es falso que el Acuerdo de Escazú contenga alguna disposición que conceda la soberanía sobre el 53% del territorio nacional”.

Los anuncios de paralización de inversiones también se desvanecen cuando la propia OCDE (no hay que olvidar que el Perú aspira a formar parte de este exclusivo grupo de países industrializados) ha recomendado que el Perú priorice “la ratificación del Acuerdo de Escazú”. ¿Acaso la OCDE también forma parte de ese “globalismo” que, según Tudela y El Montonero, “maniobra la izquierda Latinoamericana para imponer un ambientalismo radical”? Seguramente, para estos señores, hasta el Acuerdo de París sobre cambio climático responde a un “ambientalismo radical”.

Que quede claro que el Acuerdo de Escazú fue trabajado de manera conjunta, abierta y transparente en un largo proceso que involucró a 24 países de la región con gobiernos que respondían a diferentes orientaciones políticas y que, como viene ocurriendo en los procesos de construcción de acuerdos globales o regionales de carácter ambiental, buscan avanzar en compromisos que traten de garantizar la protección del planeta y el bienestar de las personas.

En pleno proceso electoral y a unas semanas de emitir nuestro voto, no deberíamos olvidar a los partidos políticos que votaron en contra de la no ratificación de Escazú en el Congreso de la República fueron: Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos y Frepap.

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Bnamericas 17/03/2021
Los conflictos sociales activos relacionados con la minería de Perú sumaron 64 en febrero, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.

La minería es responsable de dos tercios del total de 96 conflictos socioambientales activos en el mes, entre los que también se cuentan otros en los sectores de hidrocarburos, residuos y saneamiento, entre otros.

La conflictividad social en Perú ha afectado la producción en grandes minas de cobre como Las Bambas, ubicada en el denominado Corredor Minero del Sur, y grandes proyectos cupríferos como Tía María, el cual, pese a tener todos los permisos, no ha podido avanzar.

En febrero, Las Bambas tuvo que enfrentar un nuevo conflicto, ya que la comunidad campesina de Pumamarca solicitó renegociar el precio pagado por sus tierras en el contrato de compraventa del 7 de abril de 2011 y exigió que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco. Los pobladores ingresaron a los predios de la minera y comenzaron a levantar chozas y cercos.

El informe de la Defensoría alertó sobre la posibilidad de que estalle una nuevo conflicto para Las Bambas, situada en la Región Apurímac, donde los pobladores denuncian que la minera controlada por capitales chinos no ha estado cumpliendo los compromisos asumidos en el convenio marco suscrito por las partes en diciembre de 2017.

Adicionalmente, el denominado Frente de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Apurímac también tiene pedidos para Las Bambas y, según la Defensoría, podría generarse otro conflicto.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, entre los objetivos en lo que resta del gobierno interino de Francisco Sagasti está mejorar la gestión de la conflictividad social, implementar un fondo de adelanto social para disminuir brechas en lugares donde se asientan proyectos y consolidar los diálogos a través del mecanismo denominado Rimay, en busca de consensos que permitan el normal desarrollo de proyectos mineros.
Seguir leyendo en: https://www.bnamericas.com/es/noticias/conflictividad-social-sigue-afectando-a-la-mineria-de-peru

LR Sur
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11/03/2021
No hay paso por el Corredor Minero del Sur por protestas de Espinar. Foto: La República
Grupos de manifestantes tomaron Corredor Minero del Sur. Oficina defensorial exhortó brindar las condiciones para reuniones virtuales.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento para hacer un llamado a las organizaciones sociales y comunidades de Apurímac y Cusco que acatan medidas de fuerza en el Corredor Minero del Sur para continuar con el proceso de diálogo. A la fecha se registraron 12 conflictos sociales en fase de diálogo en este ámbito territorial.

Las autoridades informaron que estas citas se desarrollan a distancia mediante el uso de plataformas informáticas debido a las circunstancias actuales de pandemia. Sin embargo, los manifestantes exigieron que se den de forma presencial.

“Los temas de agenda de estos espacios deben seguir siendo tratados de manera amplia, constructiva y flexible con la activa participación de representantes de la sociedad, las empresas y el Estado, pero priorizando la salud y la vida de las personas”, dijo el pronunciamiento.

La Defensoría reiteró las recomendaciones formuladas al Gobierno en el informe de prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia por la COVID-19, donde se pidió que se garantice la conectividad a internet y el soporte técnico correspondiente para que las reuniones fluyan sin contratiempos. Asimismo, exhortó a los Gobiernos regionales y municipalidades que pongan a disposición su infraestructura y logística.

Agregó que la reanudación de reuniones presenciales deberá ser evaluada cuando las cifras de contagios desciendan en estas regiones, cuando se trate de una reunión impostergable o cuando no pueda ser desarrollada a distancia por alguna imposibilidad técnica.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/11/defensoria-pide-continuidad-en-dialogo-por-conflicto-en-cusco-y-apurimac-lrsd/

16/03/2021
Unidad Minera Las Bambas. / Foto: Facebook de Minera Las Bambas

Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc y plomo, pero los conflictos sociales y la burocracia le dificultan beneficiarse del ciclo de altos precios de los minerales.

El sector minero peruano cayó 13.16% en el 2020, en línea con la baja del PBI tras una larga cuarentena por la pandemia del Covid, pero el repunte de los precios este año podría ayudar a reactivar la economía de un país donde el 60% de los ingresos por exportaciones provienen de la minería.

Perú posee enormes reservas y tiene una cartera oficial por USD 57.742 millones de inversión en 48 proyectos, dos tercios de ellos de cobre.

Pero las demoras para obtener las concesiones y los conflictos que atrasan o impiden el inicio de la producción han hecho caer al país 20 lugares al puesto 34 en el ranking de competitividad global en minería del Instituto Fraser de Canadá.

“Es un mensaje claro de los inversionistas. Contar con un alto potencial geológico y de recursos no es suficiente, hace falta tener la seguridad de que esa inversión redituará ganancias”, comenta Miriam Loli, socia de la firma de auditoría Deloitte Perú.

“Ante la incertidumbre política y sobre todo de poder lograr la ‘licencia social’ [el apoyo de la comunidad al proyecto], (las transnacionales mineras) prefieren destinar sus inversiones hacia otras jurisdicciones”, agrega.

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, menciona que hay “dos grandes impedimentos: la conflictividad social y la ‘tramitocracia’”, aludiendo a una multiplicación por 20 en los últimos años de la permisología permisos y requisitos para una concesión.
Tía María y Las Bambas

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) reportó 196 conflictos sociales en enero, con 63% de los casos con al menos un hecho de violencia. Y 42% de los conflictos (83) corresponden a la actividad minera.

De la Flor afirma que la conflictividad “ha sido perturbadora de la inversión y se está convirtiendo en uno de los principales escollos” para la minería, por continuas protestas y reclamos de comunidades cercanas a las minas, que suelen ser pobres y carecen de servicios públicos básicos.

De la Flor acusa a “la incapacidad del Estado de transformar los recursos que se están generando”, USD 11,000 millones en la última década, según calcula, y que no se han traducido en “mejor calidad de vida por falta de ejecución y de calidad de gasto”.

Otra señal poco alentadora son los comentarios de algunos candidatos a la presidencia en las elecciones del 11 de abril, prometiendo archivar los proyectos cuestionados por las comunidades, como Tía María o Las Bambas, de cobre. Ambos suman USD 12,000 millones en inversión.

Loli subraya que “el apoyo dado por el sector minero a sus comunidades vecinas durante la pandemia es un buen ejemplo de cómo puede comportarse como un buen vecino”, y menciona también los casos de empresas -como la Southern- que donaron oxígeno medicinal, muy escaso y vital para atender a pacientes graves.

Pero advierte que “las empresas no pueden ser el reemplazo de rol del Estado”, y que “sin involucramiento claro y directo del gobierno, difícilmente se lograrán destrabar los proyectos paralizados por conflictividad”.
“Más permisología”

Con la reactivación económica mundial tras la pandemia se va a necesitar mucho cobre y otros minerales que produce Perú, como el litio, dice el geólogo Enrique Garay, del Instituto de Ingenieros de Minas.

Pero la caída de la inversión en exploración va a demorar la entrada en producción de los proyectos, dice Garay.

Mientras en el 2018 se invirtieron USD 610 millones en exploración, en el 2020 fueron solo USD 365 millones, pero no hace mucho tiempo eran USD 1,000 millones anuales.

La falta de interés en la exploración se debe a la burocracia, según este experto.

“Obtener un permiso de perforación en Perú demora entre 18 y 24 meses”, frente a “tres meses en Chile y dos semanas en Canadá”, dice Garay.

Menciona que la mina cuprífera Altamina a partir de 1998 tuvo que gestionar 250 permisos y que dos décadas después, Las Bambas ha tramitado 1,032.

“¿Qué pasó desde 1998? No pasó nada catastrófico, lo que aumentó fue la burocracia, la ‘permisología’. La burocracia frena el desarrollo minero”, agrega Garay.

La minería aportó a Perú el 16% de la inversión privada durante la última década (unos USD 59,000 millones), genera 1.8 millones de empleos directos e indirectos, y representa casi 60% de las exportaciones.

El economista Diego Maceda, del Instituto Peruano de Economía (IPE), asegura que si se pone en marcha toda la cartera de proyectos mineros para el año 2030, aumentaría en 25% el PBI peruano, se elevarían en 66% las exportaciones y se crearían 2.3 millones de empleos.
Fuente: Gestión

Conflictos sociales y burocracia frenan la actividad minera en Perú