El jueves pasado fueron sentenciados dirigentes del Valle de Tambo quienes participaron en el año 2015 en las luchas sociales realizadas en el sur peruano contra la minera Southern que buscaba expandir su radio de explotación en torno al proyecto Tía María. Esta es una demostración concreta de la criminalización de la protesta social y la persecución judicial a los que luchan.
12/01/2021
El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 exdirigentes de las protestas que se dieron en el año 2015 en el valle de Tambo, Perú, contra la extensión de la minera Southern en el proyecto llamado Tía María.
Los tres dirigentes condenados, que integraban el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT), son: Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, a quien se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, sentenciado a 12 años y 4 meses de prisión; y Pepe Julio Gutiérrez, sentenciado a 18 años de prisión.
En este proceso judicial estaban implicados otros 10 dirigentes entre ellos Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña, quienes fueron absueltos, además del abogado de los acusados Héctor Herrera Herrera.
Recordemos que en estos últimos 10 años en el Valle de Tambo se han realizado diversos paros por parte de los agricultores y pobladores contra la instalación del megaproyecto minero Tía María de propiedad de la multinacional Southern.
Los campesinos y los pobladores de este valle se oponen a este emprendimiento minero ya que contamina el agua y el suelo y de esa manera afecta su principal actividad productiva que es la agricultura. Para llevar adelante esta lucha los campesinos y el pueblo constituyeron el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT) que fue el espacio de centralización que sirvió para organizar las diversas iniciativas de los campesinos y de los pobladores.
Cabe mencionar que en el caso de los dirigentes sentenciados Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, ambos abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de “entorpecimiento de los servicios públicos y motín”, es decir, habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas y habrían integrado un “plan criminal” siendo por tanto parte de la “comisión del delito”. Este razonamiento judicial, sin embargo, no pudo ser probado.
Frente a estos casos, la Red Muqui sostiene que:
“El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona”.
Sobre el caso de “Pepe” Julio Gutiérrez, este ha sido condenado por el delito de extorsión. Como es de conocimiento público, este ex dirigente de Valle de Tambo, en el año 2015, a espaldas de la población, intentó obtener un beneficio económico personal de la empresa Southern, lo cual fue abiertamente rechazado por los pobladores del valle que en ese momento se encontraban en pie de lucha. Lamentablemente este acto fue utilizado para tratar de deslegitimar la justa protesta de los agricultores, a pesar que “Pepe” Julio fue apartado desde ese entonces de toda instancia de representación social.
Con esta sentencia lo que se estaría haciendo es crear un precedente jurídico para criminalizar la protesta social y a los dirigentes de estos procesos de lucha, además de ello, se buscaría también amedrentar a los diferentes sectores sociales como los campesinos y los trabajadores que hoy, como consecuencia de la profunda crisis económica que se vive en el país, empiezan a luchar y enfrentar con la movilización los planes de ajuste de los empresarios y los gobiernos como ocurrió hace poco con los trabajadores agrarios.
Es necesaria una campaña urgente de las centrales de trabajadores, campesinos, frentes de defensa y organismos de derechos humanos para rechazar esta injusta sentencia judicial, y solidarizarse con los dirigentes sociales Jesús Cornejo Reinoso y con Jaime de la Cruz, quienes hoy son sentenciados por representar en su momento los intereses y la voluntad del pueblo del valle de Tambo.
https://www.laizquierdadiario.com/Sentencian-en-Peru-a-dirigentes-ambientalistas-que-pelearon-contra-megaproyecto-minero
La Paz, 11/01/2021 (Prensa Latina)
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Pantallazo de la interrupción de la reunión
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(Fotografía: inspimundo)
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“En materia socioambiental, el principal problema y desafío para el sector dice relación con el complejo escenario de escasez hídrica que enfrenta el país, que ya se ha prolongado por once años, el cual se agudiza todavía más en las regiones del norte”, advierte la organización en su Balance Ambiental 2020.
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