Argentina, Bolivia, Chile, Litio

Bolivia, Chile y Argentina exigen proteger el agua

02/04/2024

Participantes en el encuentro internacional realizado en Uyuni. Foto: Sumando Voces
El encuentro internacional de pueblos indígenas de Bolivia, Chile y Argentina emitió un pronunciamiento en el que rechazan toda acción que permite que la explotación del litio afecte al agua y otras fuentes de vida de las comunidades indígenas originarias de los tres países. Además, demandan que se cumpla la consulta previa, libre e informada antes de que las empresas inicien cualquier proyecto.

“Rechazamos todas las formas de sometimiento a nuestros pueblos y todas las acciones y decisiones que se han tomado hasta ahora, que han permitido que la explotación del litio y otros minerales, vulneren nuestros derechos al agua, humedales, biodiversidad y nuestros territorios”, refiere el punto tres del pronunciamiento.

En la actualidad, en Bolivia, se firmaron cinco convenios con distintas empresas extranjeras, entre ellas chinas y rusas, para hacer estudios de extracción directa de litio. Cuatro fueron suscritos en 2023 y uno en 2024, pero ninguno de ellos fue publicado por el Gobierno, razón por la cual, la oposición critica el “secretismo” con el que se manejan estos proyectos. En diciembre de 2023, en Uyuni (Potosí), se inauguró la primera planta industrial de carbonato de litio, con la cual esperan producir 15.000 toneladas en 2024 y 100.000 en 2025.

ENCUENTRO

Las autoridades originarias, líderes y lideresas que viven en salares andinos de esos tres países se reunieron en Uyuni (Potosí), donde abordaron la temática de la hidrología de los salares y la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios.

Por Argentina, participaron representantes de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Salta y Jujuy, además de comunidades afectadas de Catamarca; por Chile asistieron líderes de la comunidad Quechua de Ollagüe y representantes de la nación Colla; mientras que por Bolivia estuvieron presentes autoridades originarias de los ayllus de Nor y Sud Lípez.

Durante las dos jornadas y en tres mesas de trabajo, los participantes expusieron sus experiencias de lucha por la defensa de los derechos de los pueblos originarios e indígenas, expusieron los daños que sufren las comunidades por la explotación de empresas mineras que están mermando el agua dulce y, por ende, generando una degradación profunda de los ecosistemas en cada uno de los territorios donde se explota litio.

“Los daños de la explotación del litio en Chile y Argentina son enormes contra la biodiversidad”, refiere el boletín de prensa. Y, en esa misma línea, los líderes del Consejo de Gobierno de la Nación de Lípez, de Bolivia, explicaron su indignación por la falta de cumplimiento de la consulta previa, tanto para el emplazamiento del complejo industrial evaporítico (de litio) en Lliphi, como por los impactos de la perforación de 11 pozos para el funcionamiento de la fábrica.

Expresaron preocupación por la vigencia y aplicación del Decreto Supremo 2311: “Perímetro de salares y lagunas saladas”, que delimita las áreas reservadas para el Estado, más allá de la costra salina de los salares, afectando a los bofedales y áreas de pastoreo de las comunidades.

En ese sentido, indicaron que es necesario que el Comité de seguimiento a la implementación de la Convención Ramsar, verifique in situ las lagunas, los salares y bofedales que han sido declarados sitios Ramsar (humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar). Esa instancia debe evaluar la situación de los ecosistemas en todos los territorios, “ya que los tres Estados informan solamente de avances normativos y no de los riesgos a los que están expuestos”.

Asimismo, cuatro líderes de la Nación Chichas, la Nación Qhara, de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Campesinos de Áreas Protegidas (Contiocap – Tariquía) explicaron los serios impactos que viven las comunidades indígenas y campesinas, producto de la contaminación minera e hidrocarburífera en Bolivia.

Es por ello que, en el punto segundo del pronunciamiento, reivindicaron su firme exigencia de que se cumpla la “consulta previa, libre e informada, en ámbito a las formas de vivencia de cada territorio en consentimiento al derecho internacional, OIT convenio 169 y demás normativas vigentes, que garantiza la vida de los pueblos ancestrales de Latinoamérica”.

También exigieron a los gobernantes respeto a la tierra y territorio, recursos naturales, el derecho a la vida, al medio ambiente sano y a la libre determinación de los pueblos aborígenes, indígenas originarios, pueblos organizados en defensa de la vida, ya que “el agua es un derecho vital y no así un recurso natural explotable”.

Finalmente, en los dos puntos finales se declararon en emergencia y asamblea permanente en vigilia ante toda forma de vulneración de sus derechos, exigiendo que se garanticen los derechos y la integridad de los defensores ambientales. (Brújula Digital/Sumando Voces)

Bolivia, Chile y Argentina exigen proteger el agua

Argentina

En las calles se respira lucha: por el agua, los cerros y la vida

Darío Aranda 31/03/2024
La lucha socioambiental se expresa cotidianamente en los territorios. Tres casos muestran la resistencia en las calles: Paraná, Esquel y Andalgalá se movilizan contra el agronegocio, la megaminería y en defensa del agua, los cerros y la salud de la población.
Por Darío Aranda
Paraná, Esquel y Andalgalá. Tres lugares muy diferentes pero un punto en común: sus poblaciones están desde hace años en las calles, exigiendo el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano, al agua, la salud y a una democracia participativa. Con prácticas y decisiones que recuerdan a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (que todos los jueves dicen presente en las históricas rondas), en Entre Ríos, Chubut y Catamarca saben que su mayor fortaleza es nunca dejar las calles.

Por otro modelo agropecuario
La Casa de Gobierno de Entre Ríos es un prolijo edificio histórico, conocida como «Casa Gris», en el centro de Paraná. Todos los martes por la tarde-noche, aunque llueva o haga 40 grados, se reúnen vecinos y vecinas nucleados en la Coordinadora Basta es Basta, espacio nacido para defender la salud población y en denuncia del modelo agropecuario transgénico, en base a agrotóxicos. No es casual que, desde lejos, se dejen ver dos banderas: «Paren de fumigar» y «Basta de cáncer».

Hay presencia desde niños y adolescentes hasta abuelos y abuelas. Clima familiar. Al llegar, una mujer se acerca y entrega un pequeño frasco con una vela encendida, para marchar. Este martes de verano son unas cuarenta personas. Alguna vez pueden ser menos, otras veces son muchos más. Entregan folletos a los transeúntes y se canta con alegría. Lo importante, como el efecto de la «gota en la piedra», es decir presente y aportar a difundir los perjuicios en la salud y en el ambiente del agronegocio. Marchan desde enero de 2018 y ya llevan más de 324 martes de rondas.

«Cuando comenzamos con la ronda dijimos que la mantendríamos hasta que cambie el modelo productivo. Porque este modelo, que atraviesa a todos los gobiernos, nos enferma, nos envenena, nos mata», afirmó Daniela Verzeñassi, de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista de Paraná.

Recordó que en Entre Ríos –gobernada desde diciembre por Rogelio Frigerio–, salieron a pelear, entre otros motivos, para que dejen de fumigar a los niños de las escuelas rurales. Obtuvieron fallos judiciales favorables (que fijaba protección de 1000 metros sin fumigaciones) pero el gobernador Gustavo Bordet firmó un decreto –en sintonía con los pedidos de los empresarios del agro– y habilitó que se pulverice en cercanía de los alumnos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo de 2023, se excusó de tratar el tema.

No es no
En el otro extremo del país, el sábado 23 de marzo hubo celebración. Se cumplieron 21 años de una gesta histórica: el pueblo de Esquel votó en 2003 y el 81 por ciento dijo «no» a la megaminería. Se transformó en un faro que iluminó luchas. Cada día 4 de mes, vecinos y vecinas esquelenses se congregan en la plaza General San Martín. La convocatoria varía. Hubo momentos en que fueron miles y otros donde solo son un puñado.

Allí mismo, en el local de la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, alguna vez explicaron: es como la llama del calefón o del termotanque. Se suele estar en «piloto», parece apenas encendida, pero alcanza con que pase algo –una amenaza de avance extractivo– para que esa pequeña llama crezca, explote, lo ilumine todo y haga retroceder al poder. Es lo que sucedió en diciembre de 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni intentó avanzar por sorpresa con una ley minera y estalló la provincia. Siete días de movilización hasta que el Gobierno retrocedió y tuvo que volver a dejar vigente la Ley 5001, que prohíbe la megaminería en la provincia ahora gobernada por Ignacio Torres.

«Para el extractivismo no hubo ni hay grietas en los diferentes gobiernos», afirma Daniela Pazos. Y precisa que desde la asunción del gobierno actual «de ultraderecha» se atacó, mediante el mega DNU y el proyecto de ley ómnibus, normativas emblemáticas de la lucha socio ambiental como son la Ley de Bosques, de Glaciares y de tierras para extranjeros. «Seguimos resistiendo al extractivismo, lo que implica seguir en las calles no solo contra la megaminería, sino también contra el oleoducto de Vaca Muerta, la explotación petrolera en el mar argentino y los incendios forestales», afirmó.

Cristina Agüero, también de la Asamblea de Esquel, destacó un nombre propio: Eduardo Elsztain, millonario dueño del Grupo IRSA y la empresa de agronegocio Cresud. «Tiene una estrecha relación que el Presidente y es socio de la minera Yamana Gold en el proyecto llamado ‘Cordón Esquel’, en nuestro cerro Calfu Mahuiza. Sepan, tanto empresas como políticos que el pueblo de Chubut tiene una firme determinación en la defensa del territorio, de los bienes comunes y seguiremos resistiendo», advirtió.

En defensa del agua
Las leyes mineras de Argentina se sancionaron durante el menemismo. Y el primer megaproyecto se instaló en Catamarca, de la mano de Minera Alumbrera. Las promesas de ese momento aún están frescas en la memoria colectiva: trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente. Nada de ese sucedió. Como grafica la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Alumbrera –yacimiento ya cerrado– es el caso testigo de las mentiras de la megaminería en Argentina.

La Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad, es testigo –desde hace más de catorce años– de la caminata los sábados por la tarde. Ya van 739 sábados que se manifiestan. «Caminamos todos los sábados en defensa de nuestra vida, en defensa del agua, del cerro y en contra de la megaminería contaminante. Siempre pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestro pueblo y tan solo pedimos agua limpia», resalta Eduardo Villagra, tenaz asambleísta, que suele tomar el micrófono cada sábado y arengar a los vecinos y vecinas.

El pueblo de Andalgalá, y de toda Catamarca, enfrenta a un nuevo proyecto, MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera, de la multinacional suiza Glencore), con la gravedad de que está ubicado en las nacientes de las fuentes de agua de la ciudad, lo que pone en riesgo a toda la población.

Villagra recordó que más de un centenar de vecinos están criminalizados «por un Poder Judicial corrupto que siempre resulta funcional a las mega corporaciones y al Gobierno» y denunció la falacia de la «audiencia pública» que a mediados de marzo realizó el gobierno de Raúl Jalil, donde no se permitió la participación real de la población e incluso se invadió la ciudad de policías con el único fin de intimidar a la población. «Lo decimos desde hace años y lo diremos siempre: el proyecto MARA es ilegal e inviable, y viola leyes nacionales y acuerdos internacionales. Vamos a seguir defendiendo nuestro cerro», afirmó Villagra.

La plaza de la memoria
Otro caso emblemático de persistencia en la lucha es la «carpa de la resistencia», en Jáchal (San Juan), donde desde hace nueve años denuncian la impunidad de la minera Barrick Gold, que en septiembre de 2015 produjo el mayor derrame minero de la historia. Más de un millón de litros de agua con cianuro llegaron hasta los ríos de la zona. Y luego se confirmaron otros tres derrames. No hubo condenas y ahora las asambleas de San Juan denuncian y rechazan al proyecto de cobre y oro Josemaría (de la multinacional canadiense Lundin Mining Corp), que cuenta con el apoyo irrestricto del gobernador Marcelo Orrego.

La Asamblea Jáchal No Se Toca, junto a otras organizaciones de San Juan y de Buenos Aires, organizó el 23 de marzo pasado el «Festival Puentes de Agua», donde se congregaron asambleas de una decena de provincias para exigir condena para Barrick Gold y el rechazo a nuevos proyectos mineros.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 31 de marzo de 2024 en el diario Página12.

Perú

POSICIONAMIENTO DE COOPERACCIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA MINERÍA Y LA ABIERTAMENTE ILEGAL

15/03/2024
Debemos tomar conciencia en el país que hoy en día la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza los conflictos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal. Una propuesta de gobernanza debe incorporar en el análisis y las alternativas a este estrato de la minería.

Los hechos de violencia ocurridos en los últimos años en La Libertad, Arequipa, Ica y Apurímac, vinculados a este tipo de minería y también los que ocurren en diferentes partes de la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento de expansión de esta actividad que hay que caracterizar bien por los impactos que se vienen generando y la violencia que la acompaña.

¿Cuáles son los factores que explican esta nueva etapa de expansión?

Un primer factor tiene que ver con la subida de las cotizaciones de los minerales que ha hecho cada vez más rentable y atractiva este tipo de minería, como ocurrió en el pasado súper ciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro se han mantenido en un nivel muy alto, incluso mucho antes de la pandemia y luego el cobre ha tenido una subida que, en determinados períodos, ha batido todos los récords previos.

Otro factor que explica la expansión es la propia pandemia y los diversos impactos que generó. Como se sabe, la pandemia significó un fuerte golpe a la economía del país, lo que se tradujo en una pérdida masiva del empleo y el fenómeno de los retornantes: un sector importante que vivía en zonas urbanas, que se quedó de un día para otro sin empleo y que tomaron la decisión de volver a sus comunidades, generando una mayor presión para buscar otras opciones de subsistencia.

Pero la pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano y todos sus estamentos se tuvo que movilizar, con enormes dificultades para enfrentar la grave situación, descuidando otras funciones. Ese vacío ha sido aprovechado por un conjunto de actividades ilegales que encontraron condiciones propicias para su expansión: tala, narcotráfico y minería. Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado, la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil hectáreas el año 2020) y desde su inicio ya son 17 defensores ambientales, sobre todo líderes indígenas, que han sido asesinados principalmente por las mafias que controlan estas actividades.

Algunas de las actuales características de este tipo de minería

Este estrato de minería no solo tiene una dimensión distinta a la que mostraba tiempo atrás, sino que también presenta nuevas características que se han ido definiendo en los últimos años. Vamos a detallar algunas de las principales:

En la actualidad la minería informal o la abiertamente ilegal, ya no solo es aurífera o no metálica, crecientemente ha comenzado a incorporar otros metales, como es el caso del cobre. Si bien, en otros períodos ha habido explotación en pequeña escala y artesanal de cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una actividad bastante atractiva.

Hasta hace un tiempo, la pequeña minería, la informal y la abiertamente ilegal, casi no coincidían ni compartían territorios con la gran minería. Donde había gran minería, por lo general no había minería informal, salvo algunas excepciones. Ahora sí se encuentran y esa convivencia se está convirtiendo en una abierta disputa por el control de las concesiones. Lo que viene ocurriendo en varias provincias de Apurímac y Cusco y en otras regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, etc., con enfrentamientos, violencia extrema, hasta quema de campamentos, asesinatos, es un ejemplo de este nuevo escenario de disputa entre la minería formal y la informal.

También hay poblaciones que se están convirtiendo a la minería informal. Comunidades que optan por desarrollar extracción minera, ya sea como actividad complementaria y en algunos casos como principal fuente de ingresos. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia comunidad, impulsada en algunos casos por los ya mencionados retornantes que buscan nuevas alternativas para generar ingresos, así como por la presión de actores externos que buscan incorporar nuevos territorios a la minería informal.

Hay que reconocer que en las últimas décadas se ha forjado toda una especialidad en este tipo de minería que se mueve con promotores por el país. Estos promotores capacitan, asesoran, prestan servicios, facilitan el acceso a insumos y canales de comercialización; enganchan con créditos a los nuevos grupos de mineros y, al mismo tiempo, cuando encuentran resistencias invaden territorios e imponen condiciones con violencia.

Es un sector que ha acumulado mucho poder económico e influencia. Los grupos que controlan esta actividad se han beneficiado desde hace un buen tiempo de los ciclos de precios altos, lo que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Ese poder económico también se traduce en influencia política y social; penetración en esferas del Estado subnacional y nacional; por ejemplo, en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales, el Congreso de la República y hasta algunos ministros o vice ministros han sido sindicados en varios gobiernos por su cercanía a este sector, logrando ampliar los plazos de formalización con el apoyo de poderes del Estado.

Es un sector que hoy en día es consciente de su poderío; que sabe que ha crecido y se ha consolidado en varios territorios y que además percibe que no hay voluntad política desde los diferentes poderes del Estado para enfrentarlo. Es más, en cada campaña electoral varios partidos políticos terminan aproximándose a las organizaciones de mineros informales e incluso firman actas y compromisos.

Cada vez se tiene mayores evidencias que el sector genera sus propios mecanismos de seguridad y cuando se abren disputas, informes de investigación apuntan a señalar que optan por contratar grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a otros grupos de mineros, etc. Aparentemente, eso es lo que habría pasado en Caravelí en junio de 2022 y en Pataz en diciembre de 2023.

Los escenarios de riesgo

Si hasta el momento la tendencia es de expansión y descontrol en varias zonas del país, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no solo en los territorios ganados, sino que termine incorporando otros, como hoy en día se intenta en el Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en Loreto y en otras zonas.

¿Estamos marchando hacia un escenario similar al de Bolivia, donde los denominados cooperativistas se han convertido en una base social en disputa que termina imponiendo condiciones a los gobernantes y actúa con mucha violencia? Por lo que se aprecia en algunos territorios en el Perú, no habría que descartar esta posibilidad, aunque cada país presenta sus propias características.

¿Qué hacer? Lo primero que hay que reconocer es que a estas alturas no hay soluciones sencillas. El que afirme lo contrario no tiene idea del problema o subestima la situación. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución integral pero que podrían ser primeros pasos para hacer frente a la emergencia:

en primer lugar, se debería reconocer e identificar a las poblaciones que están luchando por proteger sus territorios y que se resisten al avance de la minería. Poblaciones como los awajun, wampis y otros pueblos amazónicos están dando una dura batalla para detener la minería ilegal, defendiendo los ríos y sus bosques; las rondas campesinas en zonas de la sierra, etc. No pueden hacerlo solos y es deber del Estado peruano respaldarlos.

Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro y el riesgo que termine convertido en una gran sabana es inminente. Salvar la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9 países de la cuenca amazónica y enfrentar al mismo tiempo de manera conjunta actividades ilegales como la minería. La lucha frente al calentamiento global y la deforestación abre una gran posibilidad que no está siendo aprovechada, de contar con aliados estratégicos y recursos que pueden potenciar cualquier estrategia a nivel nacional para enfrentar una actividad como la minería ilegal. Para ello se necesita mucha voluntad política e iniciativa de nuestras autoridades.

Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los espacios que ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal. Por lo tanto, otro paso clave es neutralizar los avances de esta actividad para luego comenzar a recuperar los territorios ya impactados.

Finalmente, se debe cortar con la especulación que se da en torno a las concesiones mineras: empresas titulares de concesiones que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera informal. Todo indica que el caso de Caravelí es un ejemplo de esta práctica.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Argentina, Litio

Ordenaron detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

La Corte sentenció que la provincia “deberá abstenerse de otorgar nuevos permisos” hasta que se cumpla la realización del estudio de impacto ambiental.
Por EconoSus
14/03/2024, 12:13 pm

La Corte de Justicia de Catamarca respaldó la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños, ordenando la suspensión de la actividad minera en el área del Salar del Hombre Muerto hasta que se lleve a cabo un exhaustivo estudio de impacto ambiental.

En su fallo, la Corte también ha instruido al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente a que se abstengan de conceder nuevos permisos o autorizaciones, así como de emitir declaraciones de impacto ambiental relacionadas con obras o actividades en la zona que comprende el Río Los Patos, el Salar del Hombre Muerto y el Departamento Antofagasta de las Sierras.

Esta acción legal, iniciada en 2021 por Román Elías Guitian en nombre de la Comunidad Originaria Atacameños, busca la revocación de decretos y resoluciones ministeriales que habilitaron los proyectos mineros de Ampliación de Proyecto Fénix y Sal de Vida, llevados a cabo por las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente. Además, solicita la suspensión de cualquier otro proyecto de extracción de litio en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, que comparten las provincias de Salta y Catamarca, hasta que se haya realizado una evaluación ambiental exhaustiva y se haya establecido la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla. Este proceso debe llevarse a cabo con la participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, así como con el pleno derecho de consulta y participación de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano en todas las etapas del proceso.

Desdoblamiento del Estado
En la decisión mayoritaria liderada por Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, los jueces destacaron que «se ha constatado un daño ambiental en el río Trapiche, resultado de las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para la construcción de una represa destinada a captar agua del río Trapiche y emplearla en su producción. Esto ha ocasionado una alteración en el curso del río y en el ecosistema de la zona debido a la falta de flujo de agua, provocada directamente por la actividad minera y que está siendo objeto de un proceso de restauración, según lo informado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera».

Asimismo, señalaron que «se observa la existencia de seis proyectos mineros para la extracción de litio, situados en la Cuenca del Río de Los Patos – Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas y Candelas Oeste. Todos estos proyectos mineros, en diversas etapas de desarrollo, impactan en la misma área, sin que se hayan tomado medidas para llevar a cabo un estudio integral y acumulativo de su impacto ambiental, tal como lo requiere la normativa ambiental como mínimo indispensable para comprender la situación real y los posibles riesgos o daños».

En este contexto, los magistrados advirtieron sobre el desdoblamiento de las funciones de los organismos estatales: «Es de suma relevancia señalar el detalle y la identificación de múltiples permisos de explotación de aguas subterráneas en la Cuenca Río Los Patos del Salar del Hombre Muerto del Dpto. Antofagasta de la Sierra, otorgados mediante decretos del Poder Ejecutivo y disposiciones para los proyectos mineros. Esto implica una división de competencias dentro del Estado Provincial, donde por un lado se emiten las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para los proyectos mineros, bajo la jurisdicción del Ministerio de Minería, y por otro lado, en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (Secretaría de Recursos Hídricos), se tramitan y conceden las autorizaciones para el uso del agua. Esta modalidad socava el análisis integral y acumulativo necesario para evaluar adecuadamente las repercusiones ambientales», concluyeron los jueces en su sentencia.

Ordenaron detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

Perú

REALIZARON PLANTÓN CONTRA EL PROYECTO ARIANA QUE PONE EN RIESGO EL AGUA EN LIMA

21/03/2024
Un grupo de activistas y ciudadanos de la campaña Día Cero Perú realizó un plantón en los exteriores del ministerio de Energía y Minas, ubicado en San Borja, para llamar la atención sobre los riesgos que representa el proyecto minero Ariana sobre las fuentes del agua potable de Lima y Callao.

La actividad, que se realizó al medio día, fue un acto simbólico que constó de una intervención artística por parte de un grupo de jóvenes activistas, que buscaron mostrar cuáles serían los efectos de que la ciudad se quedara sin agua por culpa de un proyecto minero.

Asimismo, los activistas expresaron que no se debe permitir que el Estado, a través del MINEM y otras entidades, apele a las instancias judiciales para que este proyecto minero continúe su construcción, cuando se sabe de los inmensos riesgos que implica.

Al respecto, José De Echave, directivo de CooperAcción, expresó que el proyecto minero Ariana se encuentro en medio de la infraestructura hídrica natural de las lagunas, así como la infraestructura que se ha construido en los últimos 30 años que brindan el servicio de agua que abastece a más de 11 millones de ciudadanos de Lima y Callao.

“No es una preocupación solo de los ambientalistas o solo de CooperAcción, sino también de la propia empresa Sedapal, sobre los riesgos de las fuentes de agua. El Perú es un país que tiene una situación de estrés hídrico, es uno de los países que tiene una de las capacidades más bajas de represamiento de agua. Un proyecto sobre la zona que abastece el agua para Lima va a tener un impacto importante”, comentó De Echave.

Finalmente dijo que en el Perú se debe revisar y discutir en qué zonas se puede y en qué zonas no se puede desarrollar la minería. El caso Ariana es un ejemplo de donde no debe haber minería,

Por su parte, Bruno Delgado, vocero del Frente nacional en defensa del agua y la vida, comentó que el gobierno de Dina Boluarte ha aprobado un Decreto legislativo 1620, que su artículo 10A, habla de concesionar las fuentes, sistemas y proceso, para entregar a los privados la administración de los servicios de agua en Lima y en todo el país.

“Eso es inadmisible, eso en todo el mundo no ha funcionado. Eso se ha demostrado no hace mucho en el caso de Tumbes, donde se privatizó el servicio de agua. Por eso convocamos a la marcha este viernes 22 de marzo desde las 9 de la mañana en el Campo de marte”, apuntó Delgado.

Cabe recordar que, tras casi cuatro años de espera, el 6to juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una sentencia en abril de 2023 en el caso del proyecto minero Ariana. La sentencia declaró fundada en parte la demanda presentada por un grupo de ciudadanos de Lima, a la que se sumó Sedapal, y ordenó suspender el polémico proyecto minero hasta que se realicen estudios hídricos complementarios. Sin embargo, el Gobierno apeló la sentencia, insistiendo en que debe continuar su construcción.

Asimismo, cabe señalar que la demanda se había presentado contra el Ministerio de Energía y Minas, y más en concreto contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), contra la Dirección General de Minería (DGM), y finalmente contra la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Ecuador

Organismo de derechos humanos denuncia «criminalización» de protesta antiminera en Ecuador

22/03/2024
La Cedhu condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador denunció este viernes 22 de marzo de 2024 la «criminalización» de la protesta que llevan adelante indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros de compañías canadienses en yacimientos ubicados en varias zonas andinas del país.

La Cedhu, una de las ONG humanitarias más representativas de Ecuador, condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios.

El organismo humanitario se refirió al caso del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el sector conocido como Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra andina del país.

En esa zona el Estado ecuatoriano ha entregado una concesión a la empresa Curimining, formada por una alianza entre las compañías Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas con sede en Canadá.

Según la Cedhu, un tribunal penal de Bolívar condenó el pasado jueves a seis defensores del agua opuestos al proyecto minero en Las Naves a tres años de prisión y a pagar 4 600 dólares (diez salarios básicos) de multa tras ser denunciados por una supuesta asociación ilícita por la firma Curimining.

«Estos hechos ratifican como el uso abusivo del derecho penal es utilizado por las empresas mineras para criminalizar la labor de defensores del agua, naturaleza y derechos humanos, y como se ha convertido en una actuación sistemática por parte del Estado ecuatoriano», añadió la Cedhu en su comunicado.
https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/organismo-derechos-humanos-denuncia-criminalizacion-protesta-antiminera-CX7055598

Chile, Litio

UCN y UFRO inician proyectos colaborativos de investigación aplicada sobre litio

25/03/2024
lithIum ufro

Gracias a un concurso asociativo desarrollado entre ambas casas de estudios, investigadores e investigadoras impulsarán dos iniciativas que buscan complementar sus conocimientos para aportar a la industria del mineral no metálico de gran potencial para el país.

“Lithium I+D” es el nombre del nuevo concurso de investigación aplicada impulsado por la Universidad Católica del Norte en conjunto con la Universidad de La Frontera, en el marco de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

La iniciativa busca complementar las habilidades y conocimientos provenientes de ambas casas de estudios, brindando fondos para impulsar proyectos de envergadura en investigación, que generen nuevo valor en torno al litio.

“Apostar por proyectos relacionados al litio, es apostar al futuro. Actualmente su valor es estratégico, sobre todo en Chile, que es donde tenemos una de las mayores reservas”, afirma el Rector de la Universidad de La Frontera, Eduardo Hebel Weiss, enfatizando que “en este sentido tiene importancia geopolítica a nivel regional y mundial. En este campo es que las universidades de Chile debemos estar atentos y alertas a las oportunidades de investigación que se presenten, porque es la manera como contribuiremos al desarrollo de esta industria, propiciando la creación de nuevas riquezas para el país”.

Por su parte, el rector de la Universidad Católica del Norte, Rodrigo Alda Varas, considera que “los tiempos que estamos viviendo son de trabajo colaborativo y complementario. Desde esa perspectiva, la tarea que estamos desarrollando con la Universidad de La Frontera es extremadamente relevante, es un socio estratégico de alto nivel con el cual estamos vinculando a nuestros investigadores/as para llevar a cabo iniciativas conjuntas en el ámbito de las tecnologías asociadas a su cadena de valor. Juntos estamos buscando ideas y proyectos que puedan ser escalados para postular a fondos nacionales e internacionales que incrementen la contribución a la industria del litio”.

PROYECTOS PRIMERA VERSIÓN

El concurso de Lithium I+D se lanzó durante el año 2023 con un amplio interés de académicos y académicas. Para lograr generar proyectos asociativos, se coordinaron instancias de conexión que permitieron que los profesionales conocieran sus intereses y líneas de investigación; para posteriormente, postular sus propuestas conjuntas. El resultado del proceso fue la adjudicación de dos proyectos que serán puestos en marcha durante el 2024.

Uno de ellos, es el estudio “Producción de materiales anódicos desde biomasa microbiana proveniente de la biolixiviación de cátodos de baterías de ion litio, para el almacenamiento de energía”, liderado desde la UCN por Andrea Jara de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas y por Dra. María Eugenia González de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la UFRO; tiene como objetivo evaluar el material que se obtiene desde la biolixiviación (extracción de metales a través de organismos vivos) de cátodos de baterías de ion litio, para utilizarlo como materia prima para la producción de un biocarbón que podría ser utilizado como material en sistemas de almacenamiento de energía.

Asimismo, el segundo proyecto apunta a utilizar materiales reciclables para crear un almacenador de energía basado en ion litio de estado sólido. Mediante estos productos residuales e industriales, se busca desarrollar un dispositivo que sea un complemento a las soluciones ya actuales. Estará en directa sintonía con la legislación nacional en materia de responsabilidad extendida de producto (REP). Esta investigación estará dirigida por Jonathan Cisterna de la Facultad de Ciencias UCN junto al Dr. Andrés Ramírez de la Facultad de Ingeniería y Ciencia UFRO.

Respecto a los proyectos iniciados, la directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UCN, Bárbara Torres, explica que “esta primera versión de Lithium I+D partirá con dos importantes estudios que buscan generar nuevo conocimiento en torno a esta industria y, además, lo harán proponiendo nuevas formas de revalorizar materiales provenientes de las baterías de litio y utilizando productos reciclables para desarrollar nuevos dispositivos. Esto es doblemente importante, ya que promovemos iniciativas de alto impacto que no se vinculan con la extracción, sino con la creación de productos de valor agregado, y que además tienen un componente sustentable”.

En tanto, el director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de La Frontera, Franklin Valdebenito Godoy valoró estos acuerdos. “Esta alianza es demostración de una línea estratégica de colaboración en torno a la investigación aplicada, complementando las capacidades de ambas instituciones sobre un tema fundamental e indispensable para el desarrollo del país, como es el litio”.

escrito porEscrito por: Ignacio Moraga R. y Pamela Carrasco S.
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica UCN y UFRO
https://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/7293-ucn-y-ufro-inician-proyectos-colaborativos-de-investigacion-aplicada-sobre-litio

Chile, Litio

La batalla del litio: Tianqi se saca los guantes

25 marzo, 2024

El Mostrador Semanal Iván Weissman

TIANQI SE SACÓ LOS GUANTES

“Queremos saber qué hay detrás… no confiamos y no creemos”. La frase la dijo Frank Ha, CEO de Tianqi en una entrevista en La Tercera, y se refiere al acuerdo entre Codelco y SQM que deja a la minera estatal chilena en control del salar de Atacama y las mayores y mejores reservas de litio del mundo.

El gigante chino de litio está molesto y tiene dos grandes frustraciones en Chile. La primera es por SQM y Codelco, que los tienen excluidos de los detalles del acuerdo que negocian, a pesar de que son los segundos mayores accionistas en SQM, con alrededor del 23%. Y es por eso que citaron a la junta extraordinaria de accionistas de la semana pasada, donde dejaron claro su enojo.
La otra frustración es por la negativa de los reguladores chilenos a eliminar las restricciones a su participación en SQM y a las inversiones que puede hacer en Chile, que fueron parte del acuerdo con Corfo en 2018. Esas restricciones vencen este año y la empresa está buscando que se levanten, pero con pocos resultados hasta el momento.
El comunicado de Tianqi, luego de la junta extraordinaria de accionistas y las declaraciones del CEO de este fin de semana, dejan claro que los chinos ahora pasarán a la ofensiva. Durante mucho rato trataron de ir por la buena, pero recibieron puros portazos, dice un exfuncionario de Corfo que fue parte del equipo que negoció con Tianqi en 2018.

En el comunicado, Tianqi dice que las negociaciones han sido poco transparentes,que hay aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados, y que la operación afecta transversalmente a SQM y no solo a su filial SQM Salar.
Y apunta directamente a la administración de SQM.Agrega que la información entregada por la administración designada por el grupo controlador “resultó, en nuestra opinión, aún escasa e insuficiente” e impide, a cualquier accionista distinto a los controladores, incluida Tianqi, poder evaluar de manera responsable los efectos patrimoniales, comerciales y de gobernanza que el acuerdo anunciado implicaría para la compañía.
La firma china también salió a apoyar a AFP Provida, que en la junta del jueves rechazó la decisión de la CMF y afirma que el acuerdo debe ser aprobado por los accionistas. Advierte que la operación afecta directamente el interés de los minoritarios y al mercado de capital chileno. Se da por descontado que el resto de las AFP se sumarán.

Ni la empresa china ni las AFP se oponen al acuerdo.Reconocen que podría ser beneficioso, pero plantean su preocupación sobre la enajenación de activos estratégicos sin consulta a los accionistas minoritarios, y se argumenta que esta decisión establecería un precedente delicado.
En el mundo legal interpretan la nueva ofensiva de Tianqi como un mensaje de que van a usar todas las herramientas que tienen para complicar el acuerdo y que redoblarán su apuesta para que les permitan un puesto en el directorio, que es uno de sus objetivos prioritarios. “No creo que Tianqi quiera ser un inversionista financiero”, dice un empresario minero con inversiones en litio.

Si Tianqi y las AFP deciden ir por la vía legal, pondrían el acuerdo Codelco/SQM en jaquey justo cuando Máximo Pacheco –presidente de Codelco– y La Moneda quieren que esto se haga rápido. Un director de SQM explica que, si esto se judicializa, no se puede cerrar el acuerdo con juicios pendientes.
El factor geopolítico. La ofensiva más mediática de Tianqi pone en el debate el rol de las empresas chinas en Chile. Ya controlan parte del sector energético y son actores con ambiciones en minería, obras públicas, infraestructura y salmones.
https://www.elmostrador.cl/el-semanal/2024/03/25/la-batalla-del-litio-tianqi-se-saca-los-guantes/

Perú

PRESENTAN PROPUESTA DE GOBERNANZA PARA LA MINERÍA

26/03/2024
Imagen: Andina

Para la transformación de conflictos y para garantizar mejores condiciones ambientales y socioeconómicas con participación de la población local en zonas con presencia minera.

En un contexto marcado por los conflictos y en medio de una nueva arremetida para la flexibilización de las regulaciones ambientales y el “destrabe” de proyectos mineros, CooperAcción presenta una mirada diferente: la urgente necesidad de discutir un nuevo marco para la gobernanza de la minería en el Perú que no repita los errores que se siguen arrastrando desde hace más de tres décadas.

El documento, titulado “La construcción de una propuesta de gobernanza para las zonas con presencia minera” (CooperAcción, 2024) busca condensar análisis y propuestas surgidas del diálogo con las poblaciones impactadas por proyectos mineros a lo largo de más de 26 años de experiencia institucional. Este documento incluye propuestas en torno a las estrategias para la transformación de conflictos que superen el agotado esquema de las “mesas de diálogo”, así como el fortalecimiento ―y no el debilitamiento al que conducen las actuales políticas― de la institucionalidad ambiental. Así mismo, se plantea la necesidad de una reforma tributaria que permita mejorar el aporte económico de este sector. El documento también aborda los retos en términos de consulta y participación, así como la creciente expansión de la minería informal e ilegal.

“El marco legal e institucional que se puso en marcha hace aproximadamente 30 años en el Perú, fue muy efectivo para atraer inversiones, sin embargo, ha sido deficiente para responder de manera adecuada a los conflictos que esas inversiones comenzaron a producir”, explica José De Echave, investigador de CooperAcción. “Las respuestas han sido y siguen siendo improvisadas, intermitentes, sin ningún tipo de capacidad institucional y menos aún sin el entendimiento que los conflictos son luces de alarma que nos están diciendo que algo no está funcionando bien y se necesita implementar cambios urgentes”, señala.

La propuesta que CooperAcción hace pública busca generar un amplio debate nacional que incluya a todos los actores interesados, desde las organizaciones sociales, instituciones académicas y del Estado, organismos no gubernamentales del país y de la cooperación internacional y el propio sector empresarial. Es ese debate abierto y democrático, y no la imposición de proyectos ni la aprobación de normas de espaldas a la ciudadanía, lo que permitirá la construcción de una gobernanza con legitimidad social para las próximas décadas.

“Cuando se piensa en una propuesta de gobernanza para los territorios con presencia minera, no se busca consolidar el actual esquema de extracción exacerbada con algunos ajustes y cambios cosméticos. Una propuesta de gobernanza para estos territorios sólo tiene sentido en un proceso de transiciones y de transformación social y ecológica”, enfatiza De Echave.

Puedes descargar la propuesta en el siguiente enlace:

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2024/03/Gobernanza-en-las-zonas-mineras-CooperAccion-2024.pdf

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile, Litio

Chile informa que 26 salares podrán ser explotados por privados para producir litio

28/03/2024
Santiago (AFP) – Chile informó el martes que 26 salares ubicados en el norte del país podrán ser explotados completamente por privados para extraer litio, con el objetivo de duplicar en una década la actual producción de este metal.

Operaciones de extracción de litio de la chilena Sociedad Química Minera (SQM) el 12 de septiembre de 2022 en el desierto de Atacama (norte de Chile) © Martin BERNETTI / AFP/Archivos
Segundo productor mundial de litio, un metal ligero clave en la elaboración de baterías para autos y equipos electrónicos, Chile definió la forma de explotación y protección de la extensa red de salares con las que cuenta el país, que tiene una de las mayores reservas conocidas de litio.

Por su importancia estratégica y cantidad de producción, el Estado chileno tendrá la participación mayoritaria (50%+1) de la explotación del Salar de Atacama y en el salar de Maricunga, según informaron en rueda de prensa conjunta el ministro de Hacienda, Mario Marcel; de Minería, Aurora Willians, y de Economía, Nicolás Grau.

Del Salar de Atacama, Chile extrae hoy todo el litio que exporta, mediante la explotación por concesiones de la empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle.

En otros cinco salares, Pedernales, Grande, Los Infieles, La Isla y Aguilar, se podrán desarrollar proyectos implementando alianzas público-privadas con la flexibilidad que requiera cada iniciativa.

Hay otro grupo de 26 salares en que se hará un «llamado a manifestar interés» a inversionistas nacionales y extranjeros para desarrollar uno o más proyectos para explotar yacimientos de litio.

Treinta y ocho salares quedarán protegidos y no serán explotados.

«¿Qué significa esto económicamente para el desarrollo de esta industria? En un plazo de aquí a fines de esta década, la producción de litio de Chile puede aumentar hasta un 70%, y en una década se puede producir un aumento del 100%», explicó Marcel.

El proceso internacional se iniciará en abril y se extenderá por 60 días. Los resultados se darán a conocer en julio próximo.

El año pasado, las exportaciones de carbonato de litio representaron el 5,3% del total de los envíos chilenos, una baja frente al 8,4% en que lo hicieron el año previo.

Chile tiene un 41% de las reservas mundiales de litio, seguido de Australia (25,4%), Argentina (9,8%) y China (6,7%), según el Banco Central chileno.

La demanda del litio creció con fuerza en los últimos años en momentos en que el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global.

El precio de este metal ligero se redujo el año pasado, producto de la desaceleración de la demanda desde China, su principal comprador mundial.
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20240328-chile-informa-que-26-salares-podr%C3%A1n-ser-explotados-por-privados-para-producir-litio