Por: Julieta Garagay y Sara Jerez
16/02/2021
En la región de Coquimbo hay 106 depósitos de relaves abandonados. La mayoría fueron construidos en la década de 1980; más de 30 de estos con el método “Aguas Arriba”, ya prohibido para esa fecha. Otros tienen dueños que siguen activos en la minería. El Estado no fiscaliza estos desechos, ni tampoco cuenta con una ley para aquellos catalogados como Pasivos Ambientales Mineros (PAM). Andacollo, Illapel y La Higuera —donde más se concentran residuos— sufren los efectos de la acumulación de relaves, como enfermedades neuronales, respiratorias y una contaminación ambiental irreversible.

Varios cerros arenosos de color café ceniza se amontonan dentro y fuera de Illapel. Para el ojo inexperto pueden parecer parte del paisaje natural, pero no. Son los depósitos mineros de parte de los 106 relaves abandonados que se acumulan en la región de Coquimbo, más de la mitad de los que existen en el país (176 en total). Con 18 depósitos, Illapel está dentro de las tres comunas con más desechos. La supera Andacollo con 36 y le sucede La Higuera, con 15.

Los riesgos de un relave abandonado van desde enfermedades respiratorias y neurológicas en la población que lo circunda hasta la contaminación del agua con metales pesados, altas concentraciones de mercurio en los suelos y zonas saturadas por material particulado, como el caso de Andacollo, que sobrepasa las medidas estándar de PM10 desde 2009.

Alondra Flores, ingeniera civil de la Universidad de Chile, explica: “Los depósitos de relaves de Andacollo y de zonas mineras donde hay muchos de estos abandonados no son como los de hoy, con un muro y lagunas, sino que son montones de tierra. Es decir, hicieron un montón, después abajo pusieron otro y así, como una torta con varios pisos.”

Para el Sernageomin, servicio estatal creado en 1980 y encargado de la supervisión de las faenas mineras, estos depósitos están fuera de su alcance: aunque se ha avanzado en un catastro que los identifica, el organismo no tiene facultades legales para fiscalizar, controlar y/o solicitar la remediación de estos desechos, ya que fueron abandonados en su mayoría en los años 80’s, cuando no se exigían planes de cierre. De acuerdo con la investigación realizada para este reportaje, al menos cinco empresarios responsables de estos residuos siguen operando en otras plantas mineras.

Hasta la década de los 70, los muros de los relaves se podían construir con el método “Aguas Arriba”. El Decreto Supremo N° 86 del Ministerio de Minería de 1970 prohibió este tipo de estructura, debido a la inestabilidad del muro que lo hacía fatal en un país sísmico como Chile. Pero 36 fueron construidos bajo este método después de la fecha de prohibición en la región de Coquimbo. Uno de ellos fue protagonista de un accidente en 1997.

Laureano Cortés tenía 16 años cuando ocurrió el desastre del depósito de relave Tunquén. Vivía en La Yesera, comunidad rodeada de residuos mineros que queda a 25 kilómetros de Illapel y que en 2011 empezó a ser desalojada por una minera. La faena se llamaba El Almendro, y figuran en el Sernageomin como dueños de los tres depósitos abandonados Juan Polo Osses y Juan Polo Dabed. Padre e hijo, el primero profesor —fundador del Liceo Luis Alberto Vera en Illapel— y empresario minero fallecido, el segundo empresario de 39 años. La misma edad de Laureano.

“Yo iba al colegio en Illapel, entonces los viernes subía a mi casa y el domingo bajaba a estudiar. El camino estaba separado, los relaves estaban al lado derecho e izquierdo, a no más de cuarenta, cincuenta metros” recuerda Cortés.

Dos temporales provocados por El Niño cayeron en la zona norte y centro del país después de cuatro años de sequía entre junio y agosto de 1997. El agua arrasó con todo: casas, puentes, animales, relaves. Las quebradas crecieron con fuerza. Laureano quedó aislado durante una semana con su familia en La Yesera, desde donde pudo observar que el relave más grande de la zona —en esa época aún activo— se derrumbaba sobre el estero Aucó.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

“Después de la lluvia quedaron colores grises en la tierra y en el agua. Como es mineral pesado, el relave se va al fondo de las quebradas. Así el agua queda limpia por encima, pero la borra queda abajo llena de contaminación” señala el ex poblador de La Yesera.

Hoy los depósitos de relave de la faena Tunquén siguen ahí, deformados con el recuerdo de un temporal que arrasó con gran parte de su estructura. El dueño fallecido nunca fue sancionado y al hijo lo protege el vacío legal que ata de manos al Sernageomin. El estero en verano, sumado a la mega sequía que afecta a la región, es apenas un hilo. Insectos y ranas crecen en medio de colores artificiales y el olor ácido del relave, que aprisiona por ambos costados el curso de agua que, un día de estos, puede volver a crecer.

Relave Tunquén. Foto: Google Earth
Depósitos olvidados

Un depósito de relave es catalogado como abandonado cuando la faena termina sus operaciones sin cumplir con la Ley 20.551. Esta normativa, promulgada en 2011, establece que cada faena debe contar con un Plan de Cierre. En 2004 el D.S. N°132 del Ministerio de Minería ya obligaba la ejecución de esta medida, pero sólo era válida para las plantas operativas.

De los 106 abandonados en la IV región, 60 se encuentran en la provincia del Elqui, 26 en Choapa y 20 en Limarí. El Catastro de Depósitos de Relaves del Sernageomin cuenta con varios nombres de los responsables, pero gran parte de ellos no están vigentes, algunos ya fallecieron o, por otro lado, no hay registros debido a la antigüedad de la faena. La mayoría corresponden a plantas que funcionaron desde 1980 hasta el 2000, cuando eran regulados por el D.S. N° 86 del Ministerio de Minería de 1970.

“Sernageomin no está encargado de la fiscalización y control de los depósitos de relaves abandonados principalmente porque no tienen dueño y sólo fiscaliza faenas operativas. Además, en caso de que la faena fuera abandonada antes de la entrada en vigencia de la ley de 2011, la persona jurídica no tiene por qué cumplir con medidas de cierre debido a que no es retroactiva” menciona Gullibert Novoa, geólogo y Coordinador de Relaves del Departamento de Evaluación de Proyectos del Sernageomin.

El abandono y la acumulación de estos desechos trae consigo riesgos humanos y ambientales. El doctor César Pastén, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile e investigador del AMTC, explica:

“El riesgo es proporcional al tamaño del depósito y al tipo de relave que se almacena. Estos pueden variar desde aquellos relacionados con la estabilidad química, que afectan al medio ambiente y a la salud de las personas por la contaminación; riesgos sociales, porque se convierten en sitios eriazos sin resguardo de las autoridades, y riesgos de estabilidad física, producto de la pérdida de estabilidad que pueden sufrir ante amenazas naturales como terremotos o eventos climáticos”.

La ley 20.551 indica que la empresa responsable debe cumplir con un conjunto de medidas para obtener la estabilidad física y química del lugar. Con esto se impide deformaciones, deslizamientos, infiltraciones de fluidos y la generación de polvo, entre otros. El director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) Lucio Cuenca, comenta:

“Muchos de estos proyectos se construyeron con una normativa de comienzos de los años 70, que lo único que establecía eran ciertas exigencias para resguardar que los depósitos no se vinieran abajo. Ni en la normativa anterior ni en la actual existen exigencias ambientales”.

Además, según la página web del Sernageomin, “un depósito con capacidad de generación de ácido, que deja de operar pero que reciba agua puede contaminar durante siglos.”

Otro riesgo es el estado de la infraestructura de los depósitos abandonados que depende del tipo de construcción de esta. En 2019, las “Bases para una política nacional de depósitos de relaves” del Ministerio de Minería señala que el método de construcción “Aguas Arriba” es el menos seguro en Chile. Este fue prohibido en 1970 debido al alto riesgo de desestabilización de los muros por oscilaciones sísmicas, ya que los depósitos tenían un muro que se levantaba sobre el material fino del relave, que en caso de un sismo corrían el peligro de licuar, es decir, perder su resistencia y fluir para finalmente colapsar.

La respuesta a una solicitud de Transparencia al Sernageomin confirma que en la IV región existen 36 depósitos de relaves abandonados que fueron construidos con este método, después de la entrada en vigencia del Decreto N° 86 que los prohíbe. El Coordinador de Relaves del Sernageomin desconoce el motivo de los permisos de estas construcciones.

En 2010, tras un reportaje de CNN Chile sobre el peligro de derrumbes que presentan los relaves abandonados, la Cámara de Diputados creó la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país. La información recopilada evidenció la cantidad creciente de depósitos abandonados, pero no abordó la situación de los “Aguas Arriba”.

Relaves activos y abandonados en Illapel. Foto: Google Earth.

La comisión identificó 14 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en Chile, definidos por Sernageomin como “aquella faena minera, abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida, la salud de las personas o el medio ambiente”. Dos de ellas pertenecen a la región de Coquimbo: Distrito Minero La Higuera y Ex Planta California, que pertenecen a La Higuera e Illapel, respectivamente.

La metodología de clasificación de PAM tuvo origen en los proyectos de cooperación internacionales del Sernageomin con Japón (JICA 2003-2007) y Alemania (BGR 2003 -2008). Estos fueron los primeros trabajos estatales para el desarrollo de un modelo de gestión de depósitos de relaves abandonados.

Aunque su clasificación se utiliza en estudios, reportes e investigaciones hasta del mismo Sernageomin, no existen normativas vigentes para estos en Chile, y el organismo no cuenta con un catastro oficial de ellos más que el realizado en la Comisión Investigadora. Incluso, según Gullibert Novoa: “Para Sernageomin no existe la clasificación de PAM, por lo cual no realiza controles o tratamientos”.
Las tres comunas más afectadas

Andacollo, Illapel y La Higuera son las comunas que más acumulan depósitos abandonados en la IV región. Gran parte de los desechos están dentro del radio urbano, algunos incluso junto a viviendas, colegios o cauces de agua, donde han formado parte del paisaje diario de los habitantes durante décadas. Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo, comenta:

“Andacollo ha vivido siempre con estos relaves, por lo tanto, es algo normal para ellos. De hecho, me cuentan que hace mucho tiempo los niños jugaban a la pelota en estos relaves, hacían pichangas de barrio”.

Daniel Moraga, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, dedicó ocho años a estudiar sobre los efectos de la minería en la salud de las personas. Con respecto a los relaves abandonados, señala:

“El peligro se asocia a que el agua o el subsuelo, es decir, las napas subterráneas, pueden estar contaminadas con los metales pesados del material que quedó en los relaves mineros. Un relave abandonado, además, sigue siendo un riesgo de salud porque una persona podría consumir alimentos regados con esa agua, o podría ir a ese lugar e inhalar el polvo en suspensión”.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

En 2010, un estudio de evaluación de sitios contaminados hecho por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile, detectó la presencia de mercurio en los 18 relaves que existen dentro del radio urbano de Andacollo. Los análisis arrojaron que existen algunos puntos con concentraciones superiores a los 10 mg/kg, y la muestra más alta midió 30,34 mg/kg.

Estos resultados fueron comparados con medidas internacionales (por ejemplo, en Canadá se permite un máximo de 7 mg/kg; en Australia, 15 mg/kg; en México, 23 mg/kg), ya que, debido a la ausencia de una medida nacional estandarizada, el estudio no pudo establecer fehacientemente el nivel de riesgo que las concentraciones significan para la salud de la población.

El mercurio, arsénico y plomo, presentes en los relaves, pueden provocar graves daños al sistema nervioso central, asociándose con enfermedades mentales, entre ellas, autismo. La Comisión Investigadora de 2010 también identificó sustancias químicas en aguas superficiales contaminadas por relaves como sulfatos, molibdeno, cobre, níquel, arsénico, manganeso, cadmio y mercurio. La exposición al polvo particulado puede producir, además de problemas respiratorios, problemas en la piel, mucosas, garganta y conjuntivas. Con respecto a un estudio que realizó Moraga entre 2008 y 2011 en Andacollo, el académico comenta:

“Se encontraron daños en dos sistemas (neurológico y neuropsicológico), pero fue más evidente el daño neuropsicológico, que tiene que ver con la parte cognitiva. Secundariamente nosotros encontramos que había una especie de parkinsonismo en Andacollo, ahí teorizamos que los altos niveles de mercurio podrían estar generando esto en las personas”.

En un intento por remediar el daño ambiental y mejorar la situación de relaves en Andacollo, el municipio ha tomado algunas medidas, aunque no se estiman suficientes. Alfaro declara que durante sus 12 años al mando sólo se han podido retirar dos relaves gracias a aportes de la Minera Teck Carmen, ya que el costo es demasiado para los fondos municipales, y aunque el Departamento de Medio Ambiente del municipio se mantiene informado a través del Sernageomin, no cuentan con mayor apoyo de otros organismos estatales.

“El retiro de relaves, por las condiciones que tiene, están en el orden de los millones de dólares, cifras que no son abordables desde un municipio porque los presupuestos municipales son más bajos. Sí o sí se requeriría el aporte de un tercero, en este caso de una empresa que pueda aportar con el retiro de traslado, pero no existe ningún programa de gobierno para retirar relaves, entonces por el momento dependemos de lo que diga la compañía minera” Señala Javiera Cuevas, jefa del Departamento de Medio Ambiente municipal.

En Illapel la situación no es muy distinta. Una investigación hecha por el CENMA en 2012 evidencia que la fuente primaria de contaminación son los relaves. En ese año, la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez ordenó la prohibición de la Planta Hernández, otra de las que figura en el listado del Sernageomin con dos relaves abandonados, debido a las altas concentraciones de mercurio de uno de estos.

Este relave, explica el documento, ha presentado derrumbes que han afectado la quebrada donde se ubica hasta alrededor de 200 metros hacia el río Illapel. Además, en el sitio encontraron indicios claros de una elevada concentración de mercurio, arsénico y cobre, y en menor medida plomo. Los primeros tres superarían por creces cualquier norma internacional.

Diversos expertos declararon en la Comisión Investigadora de 2010, entre ellos el Doctor Andrei Tchernitchin, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Señaló que elementos como el arsénico y su exposición crónica a niveles no muy altos producen cáncer pulmonar, cáncer a la vejiga y otros cánceres generando alta mortalidad en zonas contaminadas con este elemento.

Para la realización de este reportaje se contactó a los alcaldes de las tres comunas, pero el edil de La Higuera, Yerko Galleguillos, declinó dar su testimonio debido a que no estaba al tanto de la cantidad de relaves de su ciudad. Mientras que el alcalde de Illapel, Denis Cortés, no respondió a los llamados.

Pero Cortés sí declaró en la Comisión Investigadora de 2010: “en 2006 el Plan Regulador fue modificado y prohibió relaves dentro del límite urbano, sin embargos los que existen tienen entre 50 y 60 años y por el crecimiento de la población quedaron dentro de la zona urbana. (…) Terminar una faena minera en una comuna que basa su economía en la minería es perjudicial.”
Los dueños fantasmas

Seis empresarios y empresas mineras se reparten 17 de los 18 relaves abandonados de Illapel, 12 de estos con el método “Aguas Arriba”. Uno es Víctor Nazer, quien tiene cuatro relaves abandonados de la Planta California sin información de la fecha de autorización en el catastro de Sernageomin. La última fiscalización (07-oct-2020) expone que esta se encuentra funcionando, pero está catalogada como irregular operativa. Es decir, la faena está activa pero no tiene resoluciones o inicio de actividades que le permitan hacerlo.

En los últimos años Nazer ha sido un minero prolífico. En 2019 solicitó pertenencias en seis hectáreas y la inscripción y publicación de la manifestación minera La Protegida. En 2020 él y tres hermanos – Víctor Andrés, Sebastián y Daniela – constituyeron la sociedad por acciones Minera El Dorado SpA.

Pasivo ambiental de Nazer (California), Illapel. Foto: Julieta Garagay

Entre los logros de Víctor está que, en 2006, cuando fue consejero del Consejo General de SONAMI en Illapel, le entregaron el premio San Lorenzo, que galardona a las empresas y dirigentes que han aportado a la actividad regional en el rubro. ENAMI también le otorgó el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería en 2015 y 2016, por montos de $546 y $10.018 dólares.

Para conocer si el empresario ha realizado alguna acción en pos de la mitigación de los efectos de estos relaves nos comunicarnos con Víctor Nazer, pero el dueño de estos no brindó ninguna declaración sobre el tema.

Otra de las empresas de la zona es la Sucursal Luis Álvarez Sierra, que tiene cinco depósitos de la Faena Esperanza. En 1985 y 1987 fueron construidos dos de los relaves con el método “Aguas Arriba”. Los otros tres utilizan el mismo modo, pero el Sernageomin no tiene catastrada la fecha de su resolución aprobatoria.

Francisco y Washington, hijos de Luis Álvarez (fallecido en 1993), también son empresarios mineros y transportistas, pero, según afirma el segundo, ninguno de ellos participó de la sociedad responsable de los relaves. Washington Álvarez incluso asegura que solo son dos depósitos abandonados en vez de cinco, contrastando con la información que sostiene el Sernageomin.

“Yo tengo claro que lo nuestro son dos relaves: uno al final de la calle Argentina en Illapel, y otro en la quebrada Los Azules, que queda en el Fundo Plan de Hornos. Yo sé lo que mi padre tenía, así que no sé de dónde sacan el resto”.

La interpelación que Álvarez hace a los registros oficiales del Estado no queda allí. En 2017, según cuenta, instaló un trapiche de molienda de oro y solicitó autorización para un tranque de relaves que construiría allí mismo, pero no fue aprobado, por lo que el trapiche no fue puesto en funcionamiento. Sin embargo, la instalación, que nunca existió, aparece en los catastros como fiscalizado en las visitas que hace el Sernageomin.

Francisco Álvarez, en tanto, formó en 1999 la Minera y Comercial Curamávida Limitada junto a otras 21 personas, entre ellos Víctor Nazer y Gerardo Toro. Este último es otro dueño de relaves abandonados que figuró en el catastro del Sernageomin de 2019, pero en 2020 pasó a “inactivo”.

Entre 2015 y 2017, ENAMI les otorgó a Washington y Francisco el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería por valores que fluctuaron entre $695 y $51.109 dólares. En ese mismo periodo, los hermanos fueron parte del directorio de la Asociación Gremial Minera de Illapel: Washington fue electo secretario y Francisco tesorero.

Desde 2020 Washington Álvarez cumple ahí mismo el cargo de Vicepresidente. También fue nombrado Hijo Ilustre en el Aniversario 266 de Illapel, ya que “su pasión arraigada en el seno familiar lo llevan a postergar su desarrollo profesional en pos del rescate de la minería en nuestra zona.”. En cuanto a la posibilidad de remediar el impacto ambiental de los relaves de su padre, Washington afirma:

“No tengo la obligación. Igual nosotros enterramos el relave de Illapel para ocupar ese terreno como estacionamiento, entonces no hay nada más que hacer. En el sector donde está el otro ya no vive gente, así que no veo cuál es el daño que puede provocar, si es pura piedra molida que queda ahí. De todas formas, entre 2010 y 2011 intentamos replantar algunas especies forestales autóctonas, pero con la sequía se secó todo. Antiguamente nadie se preocupaba de estas cosas, ni el gobierno ni los civiles, porque si a uno no le exigen algo, no lo hace.”

18 dueños corresponden a 26 de los 36 depósitos de relaves abandonados en Andacollo, siete de ellos “Aguas Arriba”. Esteban Spasojevic es uno de ellos. El empresario tiene un depósito abandonado de la sociedad “Minera Estom Limitada”, constituida en 1996 junto a su hermano Tomislav. En 2013, según El Calameo (boletín oficial de minería de Elqui) constituyó siete concesiones mineras de explotación. Un listado de personas con patentes impagas en estas concesiones publicado en 2019 repite su nombre en 13 ocasiones.

Mientras tanto, en La Higuera son 9 empresarios que figuran como dueños de los 15 relaves abandonados, 4 de estos “Aguas Arriba”. CEMIN Holding Minero tiene dos relaves aprobados en 1986, pertenecientes a la Planta Chingoles. Fue fundada por Juan Rassmuss, empresario peruano multimillonario, en 1982. Entre 1990 y 2012 a partir de CEMIN, Rassmuss constituye sociedades mineras y de inversiones (Agrícola Batuco Limitada, Inversiones CEMIN SpA, Aguas del Solar S.A, Inmobiliaria Cemin Sociedad Anónima, entre otros) y derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas en la comuna de Lampa.

Juan Rassmuss falleció en marzo de 2016. Su hijo único Juan Enrique Rassmuss Raier, uno de los principales accionistas del grupo CAP y presidente del directorio de la Compañía Minera del Pacífico, asumió como presidente del holding (y de una decena de empresas familiares que operan en Chile, Perú, Argentina y Paraguay). En 2019 CEMIN recibió una multa histórica de 5.200 millones por mantener operaciones mineras sin autorización durante seis meses, extrayendo de manera ilícita 1,4 millones de toneladas brutas de material en la región de Valparaíso. No hubo respuesta desde CEMIN.

Relave abandonado en Andacollo (SUC. TOMAS WHITTLE). Foto: Google Earth

Un reportaje de 2020 del medio Mongabay expone que Olympic Peru Inc, empresa petrolera de Rassmuss en la región de Piura en Perú, derramó al menos 23.500 litros de crudo y tuvo 72 emergencias ambientales en 10 años. Además, Zeus ÖL SA, otra de sus empresas petroleras, firmó un contrato con el gobierno de Paraguay en 2016 para la exploración y extracción de hidrocarburos al interior del Parque Nacional Defensores del Chaco, área protegida y patrimonio natural, considerada una de las reservas más grandes de ese país y de las con mayor biodiversidad en Sudamérica.

En total son 53 empresarios y sociedades mineras que registran relaves abandonados en la Región de Coquimbo. No hay registro del resto de los responsables. A pesar de que la mayoría son antiguos, existen cuatro relaves abandonados después de promulgada la ley 20.551: Sociedad Tungsteno Llamuco SpA (constituida en 2015, tiene tres relaves en Salamanca), MARAY S.A (constituida en 2011, tiene un relave en Andacollo), Oscar Manuel Segovia Ortiz (un relave de 2015 en Punitaqui, en 2015 y 2017 fue beneficiado por el Programa de Fomento Minero del Ministerio de Minería) y Minera Alto de Punitaqui (un relave, Ovalle). En abril de 2020 esta última, que produce 12 mil toneladas de cobre fino por año, estuvo en conflicto con la contratista Kabba por la regularización de los sueldos impagos de 180 mineros despedidos en marzo.
El destino final de los relaves

En 2018 fue presentada la nueva Política Nacional de Relaves, la que propone al programa “Adopta un relave”, donde las empresas mineras que quieran empezar una faena pueden apadrinar un depósito abandonado como parte de las compensaciones ambientales. El plan piloto se llevó a cabo en la región de Atacama a fines de ese año, y no obtuvo resultados fructíferos. Cuenca observa en esto otra forma de obtener ganancias más que una medida de mitigación en sí:

“Hay una corriente dentro de la minería: empresas que se están especializando en desarrollar proyectos sobre los relaves antiguos, ya que como las tecnologías no eran tan eficientes, estos mantenían una cantidad importante de mineral de mejor calidad. En el fondo esto es otro proyecto, no una medida de mitigación, ya que es un proceso de extracción minera que necesita agua y otro lugar de depósito de relaves para disponer los desechos que queden. Los relaves no se desaparecen mágicamente”.

Algunas herramientas que pueden ser útiles para el manejo de contaminación por residuos mineros en Chile son el Recurso de Protección y la Demanda por Daño Ambiental que pueden realizarse siempre y cuando se conozca y exista registro del dueño de la faena. Pero para el primero el problema es el plazo de presentación, ya que por la antigüedad de la faena puede considerarse extemporáneos y por lo tanto el recurso no sería acogido.

En cuanto a la Demanda por Daño Ambiental (a partir de la Ley 19.300) el autor del daño solo tiene la obligación de reparar materialmente en el caso de haber actuado maliciosa o negligentemente. Ante este panorama las comunidades se quedan prácticamente sin posibilidades de actuar.

En el caso de los PAM, en 2009 el Ministerio de Minería creó la Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes, para identificar y controlar sitios contaminados incluyendo sitios asociados a la explotación de recursos naturales, es decir, extracción minera. Cuatro años más tarde se aprobó la Metodología para la Identificación y Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con Presencia de Contaminantes, aplicada por las Secretarías Regionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Tranque El Mauro, Los Vilos. Foto: Agencia Uno

Pero desde la creación de estas políticas hasta hoy, la gran mayoría de depósitos abandonados continúa en ese estado. Lucio Cuenca comenta:

“Lo que pasa es que no hay voluntad política y a veces esto requiere ciertos recursos del estado que normalmente están priorizados para otras cosas. Nadie actúa hasta que ocurra algo, estas preocupaciones afloran porque la naturaleza las hace evidentes. Se avanza en catastrar, monitorear, pero no se dan pasos para hacerse cargo de este problema”.

Juan Dabed, ex dueño de cuatro de los relaves abandonados en Illapel (que no aparecen en el catastro de Sernageomin en 2020, pero sí en 2019) y ex concejal de la comuna, señala que está de acuerdo con el retiro de los desechos, pero para ello necesita mayor apoyo estatal.

“El gobierno quiere que saquemos los relaves, ya, pero ¿Cuál es el terreno en que vamos a depositar? Eso tiene que definirlo el gobierno con el equipamiento, las instalaciones y todo lo que sea necesario para trasladar el relave. Lo segundo es que subsidien ese traslado porque nosotros tenemos claro que hay una obligación moral, pero no legal, entonces nosotros no nos vamos a meter la mano en el bolsillo en un cien por ciento si no nos corresponde”.

Dabed afirma que él, y gran parte del gremio minero de la comuna, tienen disponibilidad para retirar los desechos de sus instalaciones abandonadas, pero las negociaciones que tuvieron cuando él era concejal quedaron inconclusas.

Iván Aguilera, Educador Tradicional Diaguita, conoce la Provincia del Choapa como la palma de su mano. Él, junto a los pobladores de Illapel y de las comunidades aledañas, ha sido testigo del impacto que han tenido los relaves abandonados en la zona. Es por eso que sabe que el valle no soportará mayor intervención minera:

“Un relave es una contaminación a perpetuidad. Un valle que es invadido para depositar desechos mineros es liquidado, sobre todo con los metales involucrados en el procesamiento minero. Considerando la escasa extensión de 90 kilómetros del territorio de mar a cordillera hasta el límite con Argentina, cualquier relave que se ubique en la cuenca la va a poner en riesgo. Al final el principal legado que tenemos del empresariado es el empobrecimiento y las contaminaciones con el aval de los gobiernos de turno y de políticos transversales, o sea, aquí no se escapa nadie”.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/02/16/el-60-de-los-relaves-abandonados-de-chile-se-concentra-en-la-iv-region-vacio-legal-impide-fiscalizacion-del-sernageomin.html

Lucio Cuenca Berger
16/02/2021

La Empresa Minera Barrick Gold contrajo una deuda con el Estado de Chile por devolución anticipada de IVA, la que sería saldada una vez que el proyecto Pascua Lama entrara en operación. Ante la clausura total y definitiva decretada por el Primer Tribunal Ambiental, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), consultó al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el estado de la deuda, y el Servicio ha usado resquicios impresentables para no responder, cuestión que fue denunciada al Consejo para la Transparencia.

Si bien el Ministerio de Economía por la vía de una Resolución Exenta autoriza el procedimiento de “recuperación anticipada de IVA”, es la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos quienes deben ejecutar el procedimiento para reconocer el beneficio y saldar la deuda adquirida. Entre el 2010 y el 2017 el Ministerio de Economía entregó Resoluciones autorizando a Barrick “recuperación anticipada de IVA” en relación a un monto que la empresa declaraba que exportaría cuando comenzara la explotación. Estos montos y plazos fueron modificados a solicitud de la empresa en cuatro oportunidades, partiendo el 2010 por US$ 1.151 millones por exportaciones acreditables hasta el 30 de junio del 2015, y llegando al 2017 a US$ 3.538 millones fijando el plazo para acreditar exportaciones hasta el 31 de Diciembre del 2026.

Este beneficio a Pascua Lama le generó una deuda acumulada con el Estado de Chile, que alcanzaba los US$ 424 millones en Diciembre del 2019, los que actualmente según estimaciones de la prensa especializada, deben bordear los US$ 800 millones, dineros muy necesarios en el marco de la crisis socio sanitaria y ambiental que estamos atravesando. La deuda se pagaría luego de que el proyecto entrara en operación, lo que no ocurrió tras lograrse la clausura definitiva tras las sucesivas irregularidades e ilegalidades monitoreadas y denunciadas por la comunidad. La cobranza de esta deuda millonaria hoy pareciera estar en tierra de nadie, o al menos así da cuenta el modo de operar del Servicio de Impuestos Internos. Según el acuerdo actual, esta cantidad debe ser reembolsado si el proyecto no evidencia exportaciones por el monto autorizado.

El SII fue requerido por Lucio Cuenca, director de OLCA el 15 de octubre del 2020, y recién el 17 de diciembre, luego que ese Servicio solicitara prórroga para responder, lo hizo diciendo desde el área técnica que no disponía de la información y que por eso derivaba al Ministerio de Economía. Sin embargo, el 15 de enero, Economía respondió diciendo que las materias consultadas son de exclusiva competencia del Servicio de Impuestos Internos, el mismo organismo que en documento público se amparó en el artículo 13 de la Ley N° 20.285 que establece que los organismos públicos no se encuentran obligados a entregar información que no poseen.

El Ministerio de Economía fue muy claro en señalar que “cumplo con informar que esta Subsecretaría no cuenta con la información solicitada, toda vez que, el artículo 27 bis1, mencionado en su solicitud, se refiere a recuperación de IVA por adquisición de activo fijo, lo que no es competencia de esta Institución, sino que del Servicio de Impuestos Internos”.

En reciente reportaje de Ciper, se da cuenta de que existirían resoluciones de fines del 2019 del Director del SII Fernando Barraza, que otorgarían cuestionables facilidades a Barrick para eludir el reembolso que la minera debe hacer al Estado de Chile. Exigimos que el SII entregue toda la información solicitada.

Sin duda este tipo de temáticas debe entrar en el debate constituyente para frenar el servilismo absurdo que en nombre de la inversión extranjera pervierte el espíritu de las leyes, fragiliza la institucionalidad y desfalca al Estado.

El autor es Director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA y actual candidato a constituyente por el distrito 12.

Servicio de Impuestos Internos (SII) oculta información sobre negociaciones con Barrick Gold