César Flores y Abel Gilvonio
Imagen: El búho
10/03/2021
Hace 10 años que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó sus “Principios Rectores en materia de Empresas y Derechos Humanos” y esto abrió la discusión en numerosos países sobre la necesidad de contar con Planes Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos. De hecho, actualmente Perú está debatiendo su propio plan bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), la sociedad civil y los gremios empresariales.

Uno de los elementos trascendentales sobre estos planes de empresas y derechos humanos es si deben tener un carácter voluntario o uno obligatorio, en cuyo caso será necesaria una ley. Veamos el recorrido por el que ha pasado Alemania, para darnos una idea del camino que podría seguir el Perú a partir de las lecciones extraídas.

En diciembre del 2016 el gobierno alemán publicó su Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos (2016-2020), con el cual buscaba aplicar los principios rectores de Nacionales Unidas. El núcleo de este plan es la aplicación del principio de debida diligencia que es “el proceso permanente mediante el cual una empresa detecta y resuelve las consecuencias que pueda tener para los derechos humanos en el contexto de todas sus operaciones y productos y en toda su red de proveedores y socios comerciales”. En el caso de Alemania, su principal preocupación está ubicada alrededor de la responsabilidad de sus empresas a lo largo de su cadena de suministro, especialmente, en sus proveedores de insumos desde otros países. Han sido frecuentes las preocupaciones por el trabajo infantil en maquilas de ropa, vulneraciones al medio ambiente de empresas mineras que proveen insumos a la industria automotriz, malas condiciones laborales y trabas a la sindicalización de proveedores de productos agrícolas, entre otros.

El Plan Nacional sobre Economía y Derechos Humanos de Alemania se diseñó para que sea aplicado de manera voluntaria, sin embargo, las empresas alemanas se someterían a un proceso de monitoreo en el que se examinaría en qué medida las empresas con más de 500 empleados cumplían con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. El resultado del proceso de monitoreo que fue publicado en octubre de 2020 fue determinante para pasar a un esquema obligatorio (ley) y dejar el carácter voluntario. Se observó que sólo el 13%al 17 % de las empresas cumplían con los requisitos del Plan de Economía y Derechos Humanos, y el 83% al 87 % no cumplían estos requisitos. Este pobre resultado quedó lejos de la meta que se había fijado el gobierno alemán de contar con al menos un 50% de empresas cumplidoras.

Este cumplimiento muy bajo originó que recientemente, en febrero 2021, el gobierno alemán anuncie la “Ley de Debida Diligencia” ya que las medidas voluntarias no lograban su objetivo. Esta ley entrará en vigor en 2023 y en una primera fase se aplicará a empresas con más de 3.000 empleados, mientras que en una segunda fase a partir de 2024 a empresas con más de 1.000 personas. Un aspecto clave es que las obligaciones sobre debida diligencia en derechos humanos no sólo se revisarán para las operaciones de las empresas dentro de Alemania, sino también en los países en donde empiezan las cadenas de suministro. Para ello una instancia gubernamental realizará el monitoreo correspondiente y el incumplimiento puede originar multas, así como la exclusión de contratos públicos. Si bien no se prevé responsabilidad civil para las empresas, sirve como antecedente para los procesos judiciales en casos de violación en derechos humanos.

¿Cómo repercute esto en el Perú? Por un lado, da varias luces de por dónde puede ir el diseño de nuestro Plan sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Este viene siendo discutido en este momento y la postura de las centrales sindicales, las organizaciones de pueblos indígenas e instituciones de la sociedad civil es que una de las acciones estratégicas del segundo pilar del PNA relativo a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos -con sus respectivas metas e indicadores-debería tener como mandato en el mediano plazo aprobar una ley que genere obligaciones laborales y ambientales en toda la cadena de valor de las empresas trasnacionales que desarrollan actividades en el país.

Por otro lado, cada vez va a ser más evidente la necesidad de mejorar los estándares ambientales, sociales, laborales en los que operan las empresas peruanas si queremos mantener los mercados destinos de nuestras mercaderías en el extranjero, ya que la responsabilidad en derechos humanos repercute en toda la cadena de suministro. En el caso de Alemania, nuestros principales productos de exportación son el cobre en minerales y café en productos agrícolas. El indicador mensual de la Defensoría del Pueblo que registra 196 conflictos sociales en Perú (enero 2021), de los cuales el son 65% socio-ambientales y 45% relacionados a la minería, nos pone en alerta y exige cambios drásticos.

Desde el campo de las empresas, la pérdida o ganancia en competitividad internacional introducirá cada vez con mayor claridad el enfoque de derechos humanos. Ese es el escenario mundial que se viene en adelante, ya que una ley sobre debida diligencia como la alemana se irá reproduciendo en más países donde llegan nuestras exportaciones y en nuestra propia región.

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11/03/2021
Minera Antapaccay / Foto: Glencore
La compañía Minera Antapaccay pidió a las comunidades y autoridades del gobierno central a que se retome el diálogo para alcanzar consensos en pro del bien común de la provincia de Espinar, región Cusco.

Esto debido a la falta de consenso entre representantes de 11 comunidades de Espinar y representantes del Gobierno por la fecha de inicio de las visitas de campo, cuyo propósito era hacer monitoreos e identificar supuestos impactos ambientales, se interrumpió el dialogo y como consecuencia las comunidades han iniciado medidas de protesta.
Inminente paralización

Mediante un comunicado la minera precisó que “desde ayer, 08 de marzo, los principales accesos a nuestras instalaciones fueron bloqueadas afectando el normal desarrollo de las actividades de producción. Hemos sufrido, además, actos violentos y de sabotaje sobre un componente principal y ataques con piedras al personal que se acercó a la zona a revisarlo. Igualmente estamos siendo objeto de actos de coacción en la medida que nuestros trabajadores están siendo impedidos de movilizarse de forma regular y los manifestantes impiden que se les traslade alimentos, agua e insumos básicos al encontrarse ellos en un área operativa fuera del campamento”.

Subrayó que esta situación hace insostenible la continuidad de las operaciones, avizorándose una inminente paralización de sus actividades, lo que implica la suspensión de las operaciones, la suspensión de los contratos con nuestros proveedores locales y comunales y la suspensión de los proyectos sociales que venimos ejecutando.

“Cabe mencionar que nuestras actividades implican el desplazamiento de personal e insumos que en las condiciones actuales no podrán realizarse si las medidas de fuerza continúan”, manifestó.

Fuente: Gestión

Perú: Operaciones de Minera Antapaccay podrían paralizarse ante protestas

José Víctor Salcedo
josvicsajose.salcedo@glr.pe
10/03/2021
El Corredor Minero se ha convertido desde hace algunos años en el epicentro de las protestas contra la minería. Foto: difusión
De cal y arena. Chumbivilcas firmó convenio con Hudbay y Espinar retomó protestas por incumplimientos en la implementación del plan de reparaciones a afectados por minería.

Mientras que la provincia de Chumbivilcas logró cerrar la firma del Convenio Marco con la minera Hudbay, un grupo de comunidades de la provincia de Espinar decidió retomar acciones de protesta porque el diálogo no dio resultados.

Por un lado, Hudbay y Chumbivilcas suscribieron el lunes el convenio que implica un aporte voluntario de S/ 11 millones, más el financiamiento de obras por impuestos por S/ 42 millones. Con eso – por lo menos este año- se cierra el conflicto que había ocasionado la suspensión de las actividades de Hudbay en los últimos días de febrero pasado.

En detalle, el Convenio Marco considera los siguientes aportes: S/ 4.5 millones destinados a financiar proyectos y actividades en beneficio de la provincia, S/ 1.5 millones para la compra de equipos e implementos para fortalecer la lucha contra el coronavirus, y S/ 5 millones para la elaboración de perfiles y/o expedientes técnicos de proyectos para el cierre de brechas sociales en todos los distritos de Chumbivilcas.

Adicionalmente, la minera destinará un fondo revolvente de S/ 42 millones para ejecutar proyectos bajo la modalidad Obras por Impuestos, sin afectar el presupuesto de la provincia. “El compromiso de la empresa es el de destinar S/ 53 millones para el desarrollo y ejecución de proyectos prioritarios que mejoren la calidad de vida y las oportunidades de las familias chumbivilcanas”, dijo Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas.
Caso Espinar

La otra cara de la moneda es el reinicio de las protestas en Espinar. Las comunidades de la zona de influencia del proyecto Integración Coroccohuayco, expansión de la mina Antapaccay de Glencore, cuestionan la demora excesiva de la Comisión Multisectorial para implementar el plan de reparaciones por las afectaciones de la actividad minera. Por eso, el lunes procedieron a bloquear el Corredor Minero del Sur a la altura de la comunidad campesina Tintaya Marquiri. Decenas de vehículos quedaron varados.

La Comisión Multisectorial informó que ya se presentaron los resultados de la información analizada sobre los componentes agua, suelo, y aire, así como de la vigilancia sanitaria del periodo de 2012-2020. “Cabe señalar que la información presentada fue previamente distribuida a los interesados el 22 de febrero del presente”, informó en un comunicado.

Agregó que en aquella reunión se anunció la realización de trabajo de campo, previa planificación y preparación con los representantes de las comunidades para complementar el análisis sobre los impactos, riesgos y eventuales daños.

Se había propuesto iniciar la visita de campo a partir del 22 de marzo. El plazo propuesto era porque las entidades involucradas debían realizar coordinaciones técnicas para garantizar la obtención de información en un proceso planificado, integral y participativo.
Segundo en conflictos

Según el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, a fines de enero, la región imperial tenía 22 conflictos sociales: 15 activos y siete latentes. Ocupaba el segundo lugar en el ranking después de Loreto. El 64.8% corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera. La mayoría está en el Corredor Minero, que atraviesa las provincias de Espinar y Chumbivilcas.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/10/cusco-gobierno-desactiva-un-conflicto-pero-se-activa-otro-en-el-corredor-minero-lrsd/