Perú

Melgar: comuneros de Cupi advierten protesta contra Fiscalía

Pachamama Radio
20/04/2021
Foto: Referencial/Difusión
El representante de la sociedad civil del distrito de Cupi (Melgar), Pedro Palaco, cuestionó al Ministerio Público por la notificación que le hicieron llegar exhortándolo a abstenerse de cometer delitos contra los medios de transporte y servicios públicos, refiriéndose a los volquetes de una minera que fueron retenidos el pasado 29 de marzo y liberados al día siguiente.

Señaló que el pasado 29 de marzo, los comuneros del sector Corani, retuvieron un aproximado de nueve volquetes con minerales de la empresa minera Ciemsa Las Águilas que circulaban por el sector en horas de la madrugada, ante la polvareda que originan, además de dañar los cultivos y puentes.

“El 30 de marzo al mediodía los volquetes ya fueron liberados, lo único que pedimos es que busquen otra ruta alterna para circular y desde ese día ya no pasan por la zona, aquí lo extraño es la celeridad con la que me notificaron, cuando en otros procesos la fiscalía demora mucho”, dijo.

A través de Pachamama radio cuestionó a la fiscal Yolanda Frisancho, a quien acusó de parcializarse a favor de la minera, y anunció que el próximo 24 de abril, los comuneros de Corani se reunirán para tomar acuerdos y movilizarse contra la fiscalía.
https://www.pachamamaradio.org/melgar-comuneros-de-corani-cupi-advierten-protesta-contra-fiscalia/

Chile

Minería Submarina: Revelan el estado de proyectos de exploración en fondos marinos

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se dio a conocer la existencia de 33 proyectos en esta etapa, los cuales mantiene la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con la misma cantidad de contratistas.
21/04/2021
MINERÍA CHILENA

Tras una ponencia introductoria sobre la institucionalidad que concierne al desarrollo de una Minería Submarina, el jefe del Departamento de Asuntos Oceánicos de la División de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Salvador Vega, reveló en el webinar “Perspectivas de la Minería Submarina”, la existencia de una serie de proyectos de exploración, junto con el estado de las iniciativas de explotación en el fondo marino, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Del Mar (Convemar).

Minería registra 100 proyectos con aprobación ambiental por más de US$25 mil millones al primer trimestre
“Es importante destacar que hoy en día la minería submarina, la explotación minera en la zona no existe aún. Lo que hoy en día existe son 33 contratos que tiene la autoridad de los Fondos Marinos con 33 contratistas que son proyectos de exploración, que son proyectos que se establecen a 15 años, en donde se entrega el derecho a exploración de un área súper específica, donde los contratistas tienen el derecho a explorar los minerales que existen”, destacó el representante del organismo gubernamental.

Condiciones
Por otra parte, el expositor del evento organizado por la Cámara Minera de Chile, explicó que para que haya explotación, en la propia Convemar tienen que existir ciertas condiciones:

Establecer un código minero: “A través del cual se van a desarrollar los proyectos de explotación, porque ya tenemos hoy en día un código o reglamento que regula la exploración”.
Construir la empresa: “Aquí, la Convemar establece que la explotación minera tiene que desarrollarse por la empresa, que sería el brazo económico de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, o sea, una empresa que pueda explotar los fondos marinos, o por empresas de los Estados miembros, que se asocien con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos”.
Implementar los Planes Regionales de Gestión Ambiental
En el mismo contexto, comentó que “el código minero, la normativa para la explotación minera aún está en un proceso de negociación. Este código es un documento bastante complejo, tiene alrededor de ocho capítulos”

¿Qué ha pasado en esta materia en 2020?
A la vez, Salvador Vega, señaló lo que ha pasado el año 2020. “Este año que ha sido bastante raro, los procesos internacionales se han visto no detenidos, no hemos podido avanzar en conversaciones presenciales con ningún organismo internacional”, indicó.

Añadió que “solamente este año tuvimos Asamblea del Consejo y la autoridad, se realizó de manera no presencial y solamente en modalidad de silencio en la toma de decisiones, por ejemplo, administrativas, como decisiones de presupuesto, elección de los miembros del Consejo. Se decidió aplazar un año la membresía de la Comisión Jurídica”.

Asimismo, afirmó que “en 2020 se comunicó en un estudio de Rusia sobre el tema, en donde se hace alusión a que Chile podría ser uno de los países afectados con respecto al tema. Nosotros también hemos ido trabajando con Cochilco, algunos estudios nacionales respecto a cómo sería el impacto de esta minería submarina en la zona en nuestro mercado del cobre (…), hemos ido trabajando porque justamente nuestro interés es la no afectación de nuestro interés minero y la no afectación en los sistemas marinos”.

Institucionalidad
En el mismo escenario, y al partir su presentación, Vega ahondó en materia de institucionalidad en relación al tema. Recordó que los principios internacionales que refieren al uso de los recursos naturales del Mar se establecieron en 1970, por Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Del Mar.

Manifestó que “no puede ser entendida la exploración y explotación de la zona (el suelo de fondos marinos) sin asumir que esto es patrimonio de la humanidad… ¿qué quiere decir esto? Que cualquier beneficio que se logre a partir de la explotación de la zona tiene que ser repartido a toda la humanidad y eso es clave para los procesos posteriores, también ahí tiene que definirse cómo se hace esa distribución de beneficios”.

Para ser más específico, precisó que “en esta zona (el suelo de fondos marinos) no está permitido la apropiación del espacio de la zona para ningún Estado. Se establece como principio que cuando se van a entregar derechos de explotación o exploración, no se está entregando la apropiación del espacio, sino que se están entregando aquellos derechos de exploración y explotación“.

Sostuvo que “Chile se hizo parte de la Convemar en 1993(…) y que nosotros (Chile), la minería submarina en la zona, no puede tener estándares menores a los que hoy día estamos estableciendo en estándares de tierra”.
https://www.mch.cl/2021/04/21/mineria-submarina-revelan-el-estado-de-proyectos-de-exploracion-en-fondos-marinos/

Argentina

¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOLOGÍA
POLÍTICA DEL SUR
CITCA -CONICET -UNCA
¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

“Las revueltas son el lenguaje de aquellos a quienes nadie escucha» (Martin Luther King)
En estos momentos, lxs catamarqueñxs de todo signo y condición, nos hayamos conmovidxs por los
acontecimientos de público conocimiento del pasado sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá.

Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los
humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá,
inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la
violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando,
en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos
ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa.

Ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del
poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en
cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y
procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz históricopolítica de su emergencia).
Frente a ello, nos parece necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas,
para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender
lo que ha pasado y lo que nos está pasando.

Justamente, la tarea y la función social de la ciencia es la de contribuir a la producción y validación
de conocimientos, profundizando los mecanismos de reflexividad social, a partir de una sistemática
y metódica inspección exhaustiva de las creencias de sentido común y las concepciones
naturalizadas de y sobre la vida social que -muchas veces desde el poder-se impone como “verdad”.

La ciencia moderna nació así. Bajo los cielos del Iluminismo, luchando contra el dogmatismo
religioso medieval, la filosofía moderna procuró hacer de la verdad una cuestión de masas, y del
buen gobierno, una tarea del entendimiento colectivo y la voluntad popular. Esas ideas incubaron
acontecimientos políticos a través de los cuales las sociedades humanas, en distintos momentos,
buscaron vías de escape a formas consolidadas de opresión y privación, hacia alternativas
superadoras; digamos, liberadoras. Es la historia de las rebeliones populares y las revoluciones
políticas modernas.

Creemos que eso es lo que subyace a los acontecimientos recientes en Andalgalá. El velo ideológico
que desde las cumbres del poder social (estatal, corporativo, mediático y sus agencialidades
satélites) se elaboró rápidamente sobre los mismos, condenando, hipócritamente, la violencia,
ocluye, en realidad, la naturaleza política del conflicto y prepara las armas de una escalada represiva.
Con una lógica de “sentido común” se llama a “preservar la paz”, a “respetar las instituciones”, la
“propiedad privada”; se presenta a los hechos como actos delictivos; de determinados sujetos
individuales e individualizables, cuyas conductas no merecen otro registro y otro trato que las
disposiciones del código penal.

La verdad, esa interpretación y vía de tratamiento de los hechos, no sólo es insostenible desde un
elemental análisis crítico, sino que, además, es políticamente inconducente para abrir paso a las
reparaciones y la resolución democrática de las contradicciones que emergieron y se expresaron en
la quema de las oficinas de una empresa minera.
Siguiendo la fundacional regla durkheimiana del procedimiento científico -que nos conmina a
“desechar sistemáticamente todas las prenociones”-, es necesario prevenirnos de no incurrir en la
grosera confusión entre un acontecimiento político y meros hechos delictivos. Los estallidos sociales
son eminentemente políticos. Los ojos del poder, tienden a invisibilizar las causas estructurales que
engendran la violencia; su reflejo es darles un tratamiento meramente judicial, vía la represión y la
penalización. Los ojos de la ciencia no pueden incurrir en esa trampa ideológica. Confundir la
expresión política de un conflicto territorial estructural con burdos actos de vandalismo constituye
un ominoso error epistémico y político.

Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold (por lo
demás, una empresa que tiene un abultado prontuario de violaciones a los derechos humanos y
ambientales, no sólo en el caso del Proyecto Agua Rica donde, por lo menos, se halla infringiendo la
Ley Nacional 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares, y
haciendo caso omiso de la Ordenanza Municipal 029/16 y la resolución de la Corte Suprema de la
Nación ante la Acción de Amparo presentada por vecinxs de Andalgalá, sino también en diferentes
países donde tiene operaciones), no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de
más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene
sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y
adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura.

Como acontecimiento político, el del sábado, es un acto eminentemente colectivo, social; no se
trata de hechos individualizables. Aunque lo hayan materializado algunos sujetos, esos sujetos
expresaron una fuerza social colectiva. Años de indignación y bronca contenidas cargaron las piedras
que rompieron esos vidrios. Es una falta a la verdad y a la justicia, acusar a quienes se atrevieron a
hacerlo. Porque ellxs -sean quienes sean- no son lxs gestores de la violencia. No son lxs que
“desataron” la violencia; apenas reaccionaron ante una violencia sistemática que en los últimos
tiempos se hizo asfixiante; insoportable. La reacción ante una opresión que se torna insoportable,
eso es precisamente, científicamente, un acto de rebelión popular.

Desde un análisis franco y objetivo de los hechos, no podemos ingenuamente “condenar la
violencia”. Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social. ¿Puede haber paz
en una sociedad edificada sobre la guerra (y la sociedad moderna es cabalmente una sociedad
emergente de una larga guerra de conquista)? Si la condena a la violencia se hace honesta y

seriamente, es preciso que se interpele sobre los orígenes de la violencia. Si se la quiere erradicar
como forma de lo político, es necesario poner una mirada en las profundas fallas estructurales de
nuestro “sistema de gobierno y de administración de justicia”. La única paz duradera y deseable es
aquella que nace de la justicia y de un orden plenamente democrático.
Si de verdad queremos condenar la violencia, y no hacerlo desde el lugar hipócrita y cínico del
“respeto a las instituciones” (liberales, coloniales, bajo cuya sujeción nos hallamos) debemos
admitir, como nodo radical de los problemas que subyacen a la misma, los profundos déficits
democráticos y de justicia que agobian a nuestra sociedad local concreta y al modelo societal
hegemónico y global, en general.

Antes que la paz, en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad
privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo
primero que violenta la voluntad popular y el gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los
’90, fácticamente, una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo
de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos.
El marco normativo que rige la minería transnacional en el país ha creado un muro de privilegios
para un tipo de explotaciones completamente controlada y dominada por el capital extranjero. La
anatomía macroeconómica de ese tipo de minería es absolutamente contraria a cualquier vía de
desarrollo endógeno de nuestras sociedades. La historia económica de América Latina así nos lo
enseña: constituida, desde su invasión y conquista colonial, como la “zona de mina” del emergente
sistema económico mundial, la minería ha sido y es un vector clave del colonialismo y la colonialidad;
factor de profundización no solo del saqueo económico y ecológico, sino de la dependencia, cultural,
tecnológica y política.

Como sector emblemáticamente oligopólico, concentrado y transnacional, este tipo de minería no
puede dar lugar a ninguna expectativa razonable de “desarrollo”; mucho menos si lo queremos
sustentable, inclusivo, democrático. Su “cadena de valor” es la que nos tiene atados como meros
proveedores pasivos de materias primas para el abastecimiento subordinado de la industria
mundial. A la hora de analizar científicamente los impactos de la minería en nuestra región, bien
vale recordar una conclusión de un prestigioso geógrafo inglés: “Tanto el siglo XIX como el XX han
estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una
clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio
natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y
crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, 2007).

El pueblo de Andalgalá está de pie y se viene manifestando desde hace años, con ejemplar
perseverancia en ya 587 caminatas semanales, contra ese perverso “destino minero”. Si hay algo
que está claro en este mar de confusiones y de contaminación ideológica, es que la minería
transnacional no tiene licencia social en Andalgalá, así como probablemente también, en muchos
otros pueblos, localidades, departamentos y franjas sociales de la provincia. No ha habido, en
general, un proceso serio de información veraz y consulta democrática a la población sobre si estaría
dispuesta a aceptar y asumir los impactos y consecuencias de este modelo.

Desde una perspectiva histórica y científicamente informada, comprometida políticamente con los
intereses mayoritarios de nuestro pueblo, no podemos dejar de denunciar la violencia primera que
significa este tipo de explotaciones. En el caso de los acontecimientos de Andalgalá, perseguir a
quienes días pasados provocaron destrozos parciales a las oficinas de Yamana Gold, es un acto de
injusticia política y de ceguera epistémica. Ningún formalismo hipócrita puede ocultar y desconocer
que, en pleno siglo XXI, la minería transnacional sigue siendo la herida colonial más sangrienta y
lacerante de América Latina; la vena abierta por donde se desangran nuestras posibilidades de
convivencia autónoma, en paz, justicia y democracia.

12 de abril de 2021, Catamarca (Argentina).
Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA.
Horacio Machado Aráoz (Investigador Adjunto Conicet – CITCA, Cátedra de Sociología II, Fac. de
Humanidades, UNCA), Claudia Inés Sosa (Docente Investigadora, Cátedra de Investigación de las
Cs. Sociales, Fac. de Humanidades, UNCA), Mariela Analía Pistarelli (Docente Investigadora,
Cátedras de Sociología, Fac. de Humanidades, UNCA), María Belén Verón Ponce (Docente
Investigadora, Coordinadora de la Especialización en Políticas de Género y Violencia, Fac. de
Humanidades, UNCA), Ana Belén Castro (Docente Investigadora, Cátedras de Ética y Deontología
Profesional y de Planificación, Fac. de Humanidades, UNCA), Gustavo Mario Pisani (Becario
Doctoral Conicet, Docente de la Cátedra de Antropología, Territorio y Sociedad, Escuela de
Arqueología, UNCA), Noelia del Valle Cisterna (Becaria Doctoral Conicet, Docente de la cátedra de
Ciencia Política, Fac. de Humanidades, UNCA), Estela Romina Cruz (Becaria Doctoral ConicetCITCA, Docente de la Cátedra de , Fac. de Humanidades, UNCA), Ornella Castro (Docente
Investigadora, Cátedra de Zootecnia General, Fac. de Cs. Agrarias, UNCA), Aimée Martínez Vega
(Becaria Doctoral Conicet- CITCA) Leonardo Javier Rossi (Becario Doctoral Conicet -CITCA),
Federico Vega Castillo (Estudiante y Ayudante alumno en Trabajo Social II Fac. De Humanidades,
UNCA ), María Zalazar (Estudiante Fac. de Humanidades, UNCA).
https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/04/Vandalismo-o-estallido-social-.pdf

Bolivia

DENUNCIAN MAS DE 50 IRREGULARIDADES EN PROCESO DE CONSULTA MINERA EN CHALLAPATA


Conflicto Relacionado: Challapata-Achachucani

19/04/2021
En una conferencia pública las comunidades de Acallapu y Tolapujro Cepeda de la marca Challapata, los Siete Ayllus, la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N°2 Tacagua, acompañados por el Alcalde Municipal de Challapata, El Defensor del Pueblo, La Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, organizaciones civiles, el colectivo CASA y autoridades del consejo municipal de Challapata, denunciaron que existen más de 50 irregularidades articuladas en 22 puntos en el proceso de consulta para actividades mineras que serán entregadas a la AJAM y ante diversas instancias del gobierno Nacional y Departamental, por tanto rechazan la solicitud de contrato minero en Challapata por ser una región agrícola, ganadera y lechera que defienden el agua y más aún hoy que la Represa de Tacagua cumple 60 años de funcionamiento.

Entre las irregularidades destacan que la consulta no se ha realizado de buena fe, ha sido violentada, totalmente parcializada por la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) hacia el operador minero no respeta la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT ni la misma ley minera.

“Para la consulta previa No se ha tomado en cuenta a nuestra institución que es la asociación de Regantes, hemos mandado memoriales, notas, pronunciamientos sin respuesta de la AJAM vulnerando nuestro derecho a la petición. La empresa minera ha presentado un plan de trabajo incompleto, que no toma en cuenta la afectación a los derechos colectivos, por ejemplo su plan para explotar 20 cuadriculas mineras es el mismo que para explotar 1 cuadricula minera, esto no sido observado por la AJAM igual les han aprobado. Las fechas de las reuniones de consulta han sido impuestas sin respetar nuestros usos y costumbres. El Director de la AJAM Oruro según la ley debería dirigir las consultas, no se ha hecho presente a las consultas. La consulta debería hacerse en 3 reuniones según la ley minera, apenas se ha hecho una reunión. La consulta debería durar 4 meses pero hemos pasado un año desde febrero de 2020. La AJAM ha convocado y notificado para dos reuniones y sin justificación no han asistido, faltando el respeto a las comunidades que hemos estado en el día y la hora indicados y con más de 50 observaciones la AJAM nacional convoca a la fase de mediación, demostrando parcialización”

La ley minera en el artículo 93 dice que hay zonas de exclusión, no puede haber minería cerca a represas, nosotros tenemos la represa de Tacagua frente al cerro que quieren explotar, no se está respetando la ley. Hoy nuestra represa de Tacagua que es la segunda más grande de toda Bolivia con 1200 usuarios, hoy cumple 60 años, gracias a la represa hay producción, hay movimiento económico y es un aporte grande a la seguridad y soberanía alimentaria del país, son 28 años de resistencia a la minería y ratificamos nuestra posición No vamos a permitir minería somos Agroganaderos, lecheros No mineros. Expresó Eleuterio Calani Presidente de la Asociación de Regantes de Tacagua

Las autoridades originarias en acto público entregaron las irregularidades al Defensor del

Pueblo en Oruro Dr. José León también quien expresó molestia ante las irregularidades presentadas, comprometió investigar, y acompañar la denuncia. Y también extregaron estas denuncias al Alcalde de Challapata Sr. Martin Feliciano quien ratificó el Rechazo a la Mineria en Challapata y el compromiso por seguir defendiendo e impulsado la vocación productiva en el municipio. Posteriormente en una amplia comisión, por tratarse de acciones que estarían vulnerando a los derechos humanos de las Naciones y Pueblos Indígena Originaria y Campesinas (NPIOCs), los afectados junto a la autoridad defensorial, se dirigieron a las instalaciones de la AJAM Oruro, para presentar a esta instancia la denuncia, por cuanto la operación minera de esta Empresa afectará las actividades agro ganaderas del sector con gravísimas consecuencias sociales y medioambientales en la región.

El Delegado Defensorial señaló que la Defensoría del Pueblo, exigirá un informe técnico jurídico a la instancia denunciada (AJAM ORURO) para que responda a los más de 20 puntos que contiene la denuncia, “con su resultado se tomarán las acciones que corresponda en cumplimiento a la normativa de protección de los derechos humanos de las NPIOCs y Medio Ambiente de toda una Región” señaló León.

El Alcalde de Challapata Sr. Martin Feliciano entregó una nota a la AJAM sumándose a la denuncia de las irregularidades en el proceso y a la vez expresando la posición de todo el municipio de Challapata NO van a permitir minería.

Los siete ayllus, las 1200 familias regantes, las mujeres defensoras de la Madre Tierra, las 44 comunidades y las autoridades del Municpio de Challapata, se encuentran en estado de Emergencia y anunciaron posibles movilizaciones en caso de seguir este proceso.

Seguimiento y acompañamiento Colectivo CASA www.colectivocasa.org.bo

Publicadas por OIEDC

Internacional

Minera del Grupo Luksic señalada como un peligro para zona lacustre y uno de los ríos más amenazados en Estados Unidos en 2021

16/04/2021
El Kawishiwi fue incluido como uno de los diez ríos más amenazados actualmente en Estados Unidos en la lista que publicó este martes la organización American Rivers. El río es parte del área de espacios naturales Boundary Waters, que incluye más de 1000 lagos y 2000 kilómetros de ríos y arroyos en el norte de Minnesota, amenazada por el proyecto minero de cobre Twin Metals de la empresa chilena Antofagasta Minerals.

American Rivers sostiene en su informe Los Ríos Mas Amenazados en Estados Unidos en 2021: «Cada uno de los diez ríos en esta lista está en un punto de inflexión, enfrentando una decisión urgente en los próximos meses. Las amenazas a estos ríos son amenazas a la salud humana, la seguridad y la supervivencia cultural. Esto es particularmente cierto para gente indígena, afro-americana y latina, que son impactadas desproporcionadamente por el cambio climático y la degradación ambiental – pero que al mismo tiempo son excluídas a menudo de posiciones que toman las decisiones. Estas mismas comunidades están encabezando los esfuerzos para proteger sus ríos y apuntalar sus derechos».

El documento afirma que «Boundary Waters y el río Kawishiwi se ven amenazados por la propuesta de una enorme mina de cobre con sulfuro en las orillas del río Kawishiwi Sur y del lago Birch, por donde fluye el río. Existe una sólida evidencia científica que demuestra que la minería de cobre con sulfuro en la cuenca perjudicaría el río y el espacio natural. Los hidrólogos dicen que la contaminación de la minería en esta área es inevitable. La minería de roca es la industria más tóxica de los Estados Unidos, según la Agencia de Protección Ambiental. La contaminación de las minas de cobre por sulfuros daña el agua, las especies acuáticas y terrestres, los bosques y los suelos, y supone un grave riesgo para la salud humana».

El informe hace notar además que Boundary Waters atrae anualmente a más de 155,000 visitantes que pernoctan en este espacio natural y contribuyen a impulsar la economía recreativa, que mantiene 17,000 puestos de trabajo en la región y genera más de $913 millones en ventas al año.

Por otra parte, en un artículo titulado Véalos ahora antes de que desaparezcan para siempre, Piper McDaniel destacó que, según los defensores del medio ambiente, la mina de cobre que Twin Metals se ha propuesto abrir allí causará un daño irreparable a la salud general de los cursos de agua de la zona. Señaló además que «la mina amenaza con poner en peligro la vida silvestre y también comprometerá la robusta industria turística que depende de los espacios naturales de Boundary Waters para sobrevivir».

La administración Trump dio el visto bueno en 2019 para que la mina funcione en Boundary Waters.

Según McDaniel, los cuestionamientos a la mina llevaron a una revisión legal estatal de la normativa minera.
Una coalición de grupos ecologistas presentó una demanda contra los reguladores en 2020 alegando que la revisión medioambiental de las minas propuestas no cumplía los requisitos legales. La demanda se detuvo en 2021 a la espera de que la Administración Biden revise la decisión de conceder los permisos de explotación minera.

OLCA
Foto: Nate Ptacek – American Rivers
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108534

Colombia

A Cajamarca le preocupa la minería, no solo por el agua


Conflicto Relacionado: La Colosa

19/04/2021
Karen de la Hoz Pertuz, magíster en Ingeniería – Recursos Minerales y autora del estudio “Conflictos por el agua en el marco de medios de vida sostenible”, explicó que la investigación inició cuando ya había pasado la consulta popular de marzo de 2017, en la que el 97 % de la población le dijo NO al proyecto minero La Colosa.

A raíz de ello, la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti suspendió el proceso que pretendía extraer unos 24 millones de onzas de oro, usando entre 631 y 946 millones de metros cúbicos de agua, según estimaciones de la ONG Pax Christi.

“La gente señaló que el proyecto de exploración minera sí los impactó pero no tanto porque hubiera afectado el agua, sino porque aumentó el costo de vida; consideraban que la empresa no tuvo en cuenta la economía local y usaba proveedores externos”, señala la investigadora.

Otro de los puntos que generó conflictos fue la disponibilidad de la mano de obra. La investigadora señala que Cajamarca es considerada como una despensa agrícola y que la multinacional contrató mano de obra local con salarios “normales” para el sector minero, que incluían garantías en seguridad social y riesgos laborales, algo que en el sector agrícola no siempre está garantizado. “La gente estaba acostumbrada a trabajar por un jornal de 30.000 pesos. Pero cuando llega la minera y la gente ve los beneficios que ofrece, sí se hizo más difícil conseguir mano de obra agrícola”, agregó.

La investigación encontró además que en Cajamarca sí existen conflictos previos asociados con la disponibilidad del agua, pues en la zona existen fuentes hídricas importantes que abastecen a Ibagué y al sur del Tolima, que es la zona donde se concentra la producción arrocera.

Voces de descontento

“Con la comunidad identificamos cuáles eran los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más importantes para ellos. Más del 80 % de los participantes en el estudio, que viven en las veredas impactadas por el proyecto y en el casco urbano de Cajamarca, reconocieron que hubo más un conflicto socioeconómico que por el agua”, destaca la magíster.

En el estudio entrevistó a campesinos, comerciantes, empresarios y funcionarios de la zona, la mayoría de los cuales manifestó que el proyecto minero no afectó la calidad y cantidad de agua en sus territorios, cosa que –a su juicio– sí ocurrió con las obras del Túnel de la Línea.

Así mismo tomó como referencia los ODS de la ONU y el marco de medios de vida sostenible planteado por el Departamento para el Desarrollo Internacional Británico (DFID), y esa fue una de las primeras sorpresas: aunque el debate minero se desarrolló en torno al agua, la comunidad se mostró más preocupada por asuntos socioeconómicos como salud, educación y trabajo decente.

“Entonces llega la multinacional minera y lo que pasa es que se suma un actor más a la cuenca para competir por el recurso. Y esas cosas no se supieron contar. Las comunidades tuvieron mucha desinformación sobre la actividad minera y no se socializó bien el proyecto”, aclaró la investigadora.

Más del 50 % de los ciudadanos que participaron en el estudio señalaron que estarían de acuerdo con un proyecto minero siempre y cuando les ofrezca garantías como buen pago por sus terrenos (en el caso de los habitantes de las veredas impactadas), planes de protección de fuentes hídricas e inversión social en su territorio.

La investigadora De la Hoz manifestó que su investigación puso en evidencia que no solo los conflictos por el agua son decisivos a la hora de dar un debate minero. Por eso considera que este tipo de estudios deberían replicarse en otras zonas como Jericó (Antioquia), donde el conflicto entre agua y minería se mantiene vigente.

A Cajamarca le preocupa la minería, no solo por el agua

Internacional

Indígenas tahltan rechazan exploración minera en zona culturalmente sensible

Por Rufo Valencia |
amlat@rcinet.ca
19/04/2021
Una empresa minera con permisos provinciales para llevar a cabo exploraciones en territorio del pueblo indígena Tahltan, en el noroeste de Columbia Británica, está pisando terrenos sagrados, dijo un líder electo de esa Primera Nación.

La minera Doubleview Gold Corp., con sede en Vancouver, está desarrollando reclamos en el área de Sheslay, al norte de Telegraph Creek, que ocupa un lugar importante en las historias orales de los indígenas tahltanes, dijo Chad Norman Day, presidente del Gobierno Central de Tahltan.

Es imposible que los tahltan apoyen la explotación minera en esa área, dijo.

«La zona de Sheslay era un poblado importante en la época anterior al contacto y aún hoy tenemos muchos ancianos que nacieron en la zona de Sheslay. Muchos de nuestros antepasados están enterrados allí», dijo Day en una entrevista.

«Columbia Británica, Doubleview, todos deberíamos ahorrarnos mucho tiempo, energía y conflictos sacando a la minera Doubleview de allí», dijo.

Doubleview tiene 10 propiedades mineras que cubren unos 63 kilómetros cuadrados en los que «se está planificando un agresivo programa de exploración para 2021», dijo la empresa en su sitio en internet en febrero.

La empresa dijo que esperaba brindar a sus accionistas una evaluación más completa del valor de los depósitos mineros después de verificar los resultados del análisis de muestras metalúrgicas.

La minera obtuvo sus permisos en 2012

El Gobierno Central de Tahltan acusó a la minera Doubleview de no haber actuado de forma coherente con los protocolos de Tahltan para el sector minero y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los tahltan hicieron «muchos intentos razonables de trabajar con Doubleview de forma respetuosa», dijo el gobierno central de los indígenas en un comunicado en marzo.

Sin embargo, la empresa tiene un «historial de falta de respeto… que incluye el haber emprendido, sin éxito, acciones legales contra los líderes y ancianos tahltan en 2015», dijo.

Telegraph Creek, pueblo indígena en Columbia Británica, en 2018. Solo hay una carretera para acceder a la remota comunidad del norte. La Nación Tahltan emitió un aviso pidiendo a la gente que evitara los viajes innecesarios a la zona. (Foto: CBC / Centro de Operaciones de Emergencia de Tahltan)

Por su lado, la empresa Doubleview «lamenta la mala relación que hemos establecido» con los tahltan, dijo su director Andrew Rees en un correo electrónico cuando se le preguntó sobre el conflicto. La minera presentó una carta de disculpa después de la declaración pública hecha por los indígenas afectados por las acciones de la empresa.

«Doubleview quiere ser un administrador responsable de las áreas en las que vivimos y operamos, y continúa buscando una relación positiva, colaborativa, productiva y mutuamente beneficiosa con el Gobierno Central Tahltan», dijo la compañía.

El Ministerio de Minas de la provincia de Columbia Británica dijo que a Doubleview se le concedió por primera vez un permiso plurianual en 2012 en un proceso que incluía la consulta con la Nación Tahltan.

Chad Norman Day, presidente del Gobierno Central de Tahltan, respondió señalando que las leyes y los precedentes legales relativos a los derechos y títulos indígenas han cambiado desde entonces.

Columbia Británica en proceso de adecuación de la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas

El gobierno de la provincia de Columbia Británica se encuentra en las primeras fases de adaptación de su legislación a la declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, después de haberla adoptado por vía legislativa.

Esa Declaración fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Ese documento exige a los gobiernos que obtengan el consentimiento libre, previo e informado antes de tomar medidas que afecten a los pueblos indígenas y sus territorios, lo que incluye decisiones sobre propuestas mineras y los permisos de exploración y explotación de recursos naturales.

La adopción legal de la declaración de la ONU significa que la industria y el gobierno de Columbia Británica deben empezar a crear «procesos que busquen un auténtico consentimiento de los gobiernos, las comunidades y los pueblos indígenas», dijo Day.

«Hay una gran diferencia entre mantener una conversación y llamarla ‘consulta’ en lugar de tener un verdadero proceso de consulta que tenga como objetivo obtener el consentimiento de los pueblos indígenas».

Chad Norman Day, presidente del Gobierno Central de Tahltan.

La Nación Tahltan mantiene «excelentes relaciones» con la mayoría de las empresas mineras y de exploración de minerales que operan en su territorio, señaló Day.

Hay tres minas activas en tierras tahltan: Red Chris, Silvertip y Brucejack, y la nación tiene acuerdos de beneficios e impactos con cada una de las empresas.

«Cuando se tienen títulos y derechos tahltan sobre el 11% del territorio de la provincia y se tiene jurisdicción sobre una zona del tamaño de Portugal, no es necesario apoyar proyectos que afecten zonas realmente sensibles desde el punto de vista cultural», dijo Day.

La Primera Nación Tahltan tiene acuerdos de comunicación con más de dos docenas de empresas mineras y de exploración de minerales que le permite verificar su trabajo cuando los indígenas lo consideran necesario, dijo Day, añadiendo que Doubleview se había negado a firmar un acuerdo de ese tipo.

La minera en cuestión dijo que envió una respuesta por escrito sobre un acuerdo de comunicación y compromiso y que está a la espera de la respuesta de la organización indígena.

«Reconocemos que nos ha llevado mucho más tiempo de lo que hubiéramos querido y atribuimos el retraso a la falta de comunicación interna y a la falta de recursos de expertos», decía el comunicado de Doubleview.

«Nuestra máxima prioridad en este momento es volver a la mesa… y hacerlo de una manera respetuosa y colaborativa para que podamos seguir entendiendo las preocupaciones actuales de la Nación Tahltan, lo que nos permitirá desarrollar en colaboración las medidas de mitigación adecuadas».

Sin embargo, para la Primera Nación Tahltan, la empresa minera ha «elegido un camino de conflicto», por lo que se opondrán a cualquier otro permiso.
Fuente: CBC / RCI / Adaptación RV
https://www.rcinet.ca/es/2021/04/19/indigenas-tahltan-rechazan-exploracion-minera-en-zona-culturalmente-sensible/

Litio, Mexico

La fiebre del litio en México: Morena mira a Bolivia en su propuesta para nacionalizar el recurso natural

La iniciativa privada sigue de cerca el proyecto en el Senado y confía en que el Gobierno de López Obrador respete las concesiones otorgadas para explotar los yacimientos
El salar de Uyuni, en Bolivia, es uno de los mayores yacimientos de litio en el planeta.picture alliance / picture alliance via Getty
Almudena Barragán
18/04/2021
Hace menos de tres años México recibía una noticia insólita: en medio de la Sierra Madre Occidental, en Sonora, casi en la frontera con Estados Unidos, una empresa encontraba el yacimiento de litio más grande del mundo. Este metal con el que se fabrican baterías para la mayoría de equipos electrónicos, desde un auto hasta un celular, también se utiliza para producir cerámica, medicamentos antidepresivos y es un insumo básico de la industria nuclear. La concesión minera en el pueblo de Bacadéhuachi (979 habitantes), en manos de la empresa inglesa Bacanora Lithium y la china Gangfeng, despertó el interés de los inversores y las promesas de futuro de los políticos. Mientras el litio se encumbra como “el nuevo petróleo”, las partes buscan sacar beneficio de un potencial negocio de miles de millones de dólares. El yacimiento de Sonora tiene reservas probables de 243 millones de toneladas de minerales, según la empresa. Todavía la distancia entre la realidad y las ambiciones es amplia.

En medio de la fiebre del litio, Morena, el partido en el poder, ha presentado una iniciativa en el Senado inspirada en el modelo boliviano de nacionalización para que los beneficios se queden en México. El senador Alejandro Armenta, impulsor del proyecto de ley, considera que la explotación podría ser muy ventajosa para el país ahora que los precios se han recuperado 88% en lo que va de año y rozan los 12.000 dólares la tonelada. “Lo que hoy vale el litio en México es 4,5 veces el valor de la deuda externa soberana, que asciende a 11 billones de pesos. Ahí está una respuesta para darle solución al desastre económico que tenemos en nuestro país”, dijo en declaraciones a la agencia EFE.

Aunque todavía no hay muchos detalles, la propuesta va en línea con el discurso de soberanía energética y nacionalismo que defiende el Gobierno del presidente López Obrador, reacio a la participación de empresas privadas y extranjeras en el sector. Los funcionarios del partido en el Gobierno a favor de la nacionalización del litio planean seguir los pasos de Bolivia en 2008, dos años después de la llegada de Evo Morales al poder. Armenta entregó al presidente boliviano Luis Arce una copia de la iniciativa sobre el litio, durante una visita del mandatario al Senado. También ha anunciado la creación de una Cámara Mexicana del Litio para el segundo semestre de 2021.

El país andino creó una empresa paraestatal (Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB) que pese a los esfuerzos y los avances técnicos no ha conseguido producir a escala industrial litio de calidad para exportar al nivel que sus vecinos Argentina y Chile. “El método desarrollado en Bolivia no es lo suficientemente bueno para lograr una calidad aceptable en el mercado y han tenido que buscar socios extranjeros para la producción de hidróxido de litio, cosa que no estaba contemplada al inicio de la nacionalización”, explica Martín Obaya, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. A este problema se suma el agujero que ha dejado el financiamiento del proyecto. La empresa del Estado debe al Banco Central de Bolivia más de 5.000 millones de pesos bolivianos (unos 700 millones de dólares).

La firma Bacanora Lithium, en declaraciones a este periódico, afirma que sigue de cerca la iniciativa en el Senado y confía en que López Obrador respete la concesión otorgada, en este caso durante 50 años. “Este es un proyecto ambicioso que ha requerido de 800 millones de pesos (40 millones de dólares) de inversión en los últimos tres años y posiblemente de 2.000 millones más en los próximos 10 años”, señala un vocero de la compañía.

Sierra Madre Occidental, Sonora. Agosto de 2019Teresa de Miguel

La concesión a Bacanora y Gangfeng tiene el tamaño de unos 100.000 campos de fútbol y la empresa planea quedarse en México los próximos tres siglos: “Sonora es un proyecto que durará 300 años, con costos operativos bajos, en el que produciremos litio de alta calidad para la industria de las baterías para vehículos eléctricos”, explicaba a EL PAÍS Peter Secker, CEO de Bacanora Lithium. La idea de nacionalizar el litio en México revive la historia de la expropiación petrolera que realizó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, un hito que cada año se celebra como una fiesta nacional. Armenta declaró que no se busca expropiar a las compañías sino más bien, “regular, adaptar y actualizar” los contratos que existen. Los especialistas consultados concuerdan en que México no cuenta ni con la tecnología ni el conocimiento suficientes para hacerse cargo de una industria propia. Las alianzas público-privadas o los impuestos sobre la producción podrían ser una opción de modelo mixto.

La Secretaría de Economía señala que todavía no existe producción de litio en México y que por el momento su principal función en este tema es la de “facilitar la gestión y acompañar a los proyectos mineros para que puedan aprovechar con oportunidad las inversiones”. La industria del litio aún es incipiente y se basa en tecnologías muy especializadas que solo dominan un reducido grupo de empresas. Bacanora en la extracción y Gangfeng en la elaboración de carbonato de litio estiman que arrancarán sus operaciones en 2023. La compañía calcula para el primer año una producción estimada de 17.500 toneladas que ya está comprometida con la empresa japonesa Hanwa.

México un país rico en recursos naturales ha visto cómo las empresas privadas y extranjeras se benefician del extractivismo con una Ley Minera muy ventajosa para sus intereses. A pesar de la escasa incidencia de la minería en las arcas del Estado –menos del 1% del PIB– es un sector concentrado en pocas manos y con una influencia política considerable. Gangfeng planea crear una planta de reciclaje de baterías en suelo mexicano que suministre minerales a Tesla Motors, dueña de la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo, en Nevada, a 1.400 kilómetros de Sonora. “Debemos de tener toda la cadena productiva en nuestro país, que nos lleve del mineral de litio a las pilas de cadmio-litio o alguna otra que use el ion de litio como base para producir electricidad”, ha señalado la Secretaría de Economía.

Los legisladores inmersos en un exceso de optimismo por la nacionalización tendrán que valorar todas las alternativas más allá del discurso político para que la fiebre del litio en México no se convierta en un negocio lleno de problemas.
https://elpais.com/mexico/2021-04-18/la-fiebre-del-litio-en-mexico-morena-mira-a-bolivia-en-su-propuesta-para-nacionalizar-el-recurso-natural.html

Argentina

GOBIERNO PROVINCIAL DE CATAMARCA Y MINERA YAMANA GOLD

DECLARAN LA GUERRA AL PUEBLO ANDALGALÁ EN ARGENTINA
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con
el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura
lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua
Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado
diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en
contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado
todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado
la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal
29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los
habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y
Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os
de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte
del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a
las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y
judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con
sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las
comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al
gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la
desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre
determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFE

Perú

LOS RESULTADOS ELECTORALES EN LAS REGIONES CON PRESENCIA MINERA

19/04/2021
Imagen: Pulso regional
Las elecciones presidenciales y congresales del pasado 11 de abril, han terminado de configurar un nuevo mapa político a nivel nacional que muestra algunos rasgos particulares y a la vez algunas constantes en las diferentes regiones del país. Tomando en cuenta la importancia de la actividad minera en el Perú, siempre es importante revisar los resultados que se han dado en las diferentes zonas con marcada presencia minera.

Por supuesto, un primer tema que hay que precisar es cómo se define una región como un territorio de influencia minera: un criterio utilizado hace referencia al peso o al aporte de la minería a la economía de la región. Así, es más o menos común denominar una región como “minera”, cuando esta actividad representa el 6% o más de la actividad económica de la región. Si aplicamos este criterio,las siguientes regiones pueden ser consideradas como como territorios con una clara influencia minera: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.Demás está decir que en la mayoría de estas regiones se ubican los principales proyectos mineros (gran minería o minería a gran escala), tanto en etapa de producción como en proceso de construcción. En regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, está implantada la denominada minería informal o abiertamente ilegal.

Viendo el mapa de resultados electorales en las denominadas regiones con presencia minera relevante, la primera conclusión es que en trece de ellas[1] ha ganado la organización política Perú Libre. Las únicas regiones en las que no gana la organización de Pedro Castillo es en La Libertad (gana Alianza para el Progreso) e Ica (Fuerza Popular).

A nivel de provincias donde se ubican las principales operaciones mineras o los proyectos que actualmente se encuentran en fase de construcción (como Minas Justa y Quellaveco), tenemos que casi en la totalidad ganó Perú Libre, salvo el caso de Nasca (Ica), provincia en la que ganó Fuerza Popular y en donde aparte de Minas Justa se encuentra la operación de Shougangen el distrito de Marcona.

Si queremos seguir ahondando en el análisis y nos fijamos en los resultados electorales en las provincias en las que se ubican proyectos que han sido fuertemente cuestionados y en donde se han desarrollado fuertes conflictos de rechazo a la minería, se sigue el mismo patrón: en la provincia de Islay (Arequipa) donde se ubica el proyecto Tía María, ganó de lejos Perú Libre; en la provincia de Chucuito (Puno), donde se ubica el proyecto Santa Ana (epicentro del denominado conflicto del Aymarazo), también ganó Perú Libre. Lo mismo ocurrió en Ayabaca y Huancabamba (Piura), donde se ubica el controvertido proyecto Río Blanco y en la provincia de Cajamarca y Celendín (Cajamarca), donde se ubica el proyecto Conga, también gana Perú Libre. La única excepción es la provincia de Piura y el distrito de Tambogrande, donde gana Fuerza Popular.

Estos resultados no son ninguna novedad. Los hechos demuestran que este tipo de votación que cuestiona la manera como se implanta la minería y las reglas de juego vigentes, ha sido una constante en los últimos procesos electorales: ocurrió en el 2006 y 2011 y también en el 2016, pese a que las dos candidaturas (Kuczynski y Fujimori),que pasaron a la segunda vuelta, expresaban la continuidad del modelo.

¿Qué lecciones podemos sacar de este nuevo dato de la realidad que el país envía? Que nos quedan varias tareas pendientes: el reto sigue siendo cómo construir gobernabilidad democrática; cómo se construyen los necesarios equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales que están haciendo falta desde hace bastante tiempo y cómo se logra finalmente que los grandes poderes económicos no rebasen la capacidad que debe tener una sociedad de controlar y regular, por ejemplo esas inversiones, en función del bien común. Las regiones con presencia minera nos envían nuevamente un mensaje que apunta a la necesidad de implementar cambios sustantivos.

Reconocer nuestras diversas racionalidades y realidades forma parte esencial del ejercicio democrático. El resultado electoral en las zonas con presencia minera debería servir para avanzar, no para estancarnos y menos aún para correr el riesgo de retroceder. Habrá que ver cómo se desarrolla el debate en torno a la minería en la segunda vuelta.

[1] Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua, Tacna.

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