Perú

CERRO VERDE Y LA COSTUMBRE DE LAS GRANDES EMPRESAS DE NO QUERER PAGAR O DILATAR SUS DEUDAS

José De Echave
16/05/2024
La noticia está en todos los medios: “El Perú venció a minera Cerro Verde en litigio”; “CIADI falló a favor del Perú en arbitraje con Cerro Verde”. Casos como este llevan a reflexionar sobre el comportamiento de las empresas en relación con sus deudas tributarias y todos los mecanismos a los que recurren para no pagar lo que deberían de pagar o dilatarlas.

Vamos por partes: ¿cuál es el origen de la disputa arbitral de Cerro Verde con nuestra autoridad tributaria? Si bien la disputa se hizo pública el año 2018, lo cierto es que el reclamo de la SUNAT corresponde al concepto de regalías no pagadas por Cerro Verde en el período 2006 y 2011.

¿Qué argumentaba Cerro Verde para no pagar sus obligaciones? La empresa señalaba que contaba con un contrato de estabilidad tributaria y, por lo tanto, no le correspondía pagar regalías y el impuesto especial a la minería. Cabe señalar que, antes de esta resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), la empresa había perdido en todas las instancias nacionales e incluso, entre el 2008 y 2019, el Tribunal Fiscal rechazó sus reclamos y la solicitud de no pagar multas e intereses.

¿Cuál fue la posición de la SUNAT? Que el contrato de estabilidad solo involucraba a la planta de lixiviación y no a una nueva planta concentradora que fue construida entre 2004 y 2006. Luego del pronunciamiento del Tribunal Fiscal, la SUNAT, con el respaldo de los fallos administrativos favorables, comenzó a exigir los pagos pendientes. Es en estas circunstancias que la empresa se vio obligada a hacer los pagos, pero bajo la modalidad de protesto, mecanismo que le permite seguir litigando la deuda y, en caso tengan un fallo favorable, pueden recuperar el monto pagado.

Pero en paralelo a todas estas acciones, la empresa minera, a través de su socio mayoritario, Freeport McMoran Inc., anunció el 16 de marzo de 2020 el inicio de un arbitraje contra el Estado peruano, bajo el amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Luego de varios años de litigio ̶ lo que ha representado un costo importante para el Estado peruano ̶ finalmente se ha conocido el fallo que le da la razón a la posición de nuestras autoridades tributarias peruanas. ¿Lecciones? Casos como el de Cerro Verde muestran las diferentes estrategias empresariales que buscan postergar sus obligaciones tributarias, todos los mecanismos que utilizan, incluso los internacionales, y el hecho de que sigue existiendo una larga lista de grandes deudores tributarios que optan por mantener largos litigios en la SUNAT, en el Poder Judicial y hasta en instancias internacionales.

El Grupo de Justicia Fiscal ha propuesto algunas pistas para acabar con los largos litigios tributarios: identificar la ruta crítica en la cadena de reclamos e impugnaciones en las sedes administrativas y judiciales; fortalecer la capacidad de la SUNAT y el Tribunal Fiscal; y definir responsabilidades en los representantes legales de las grandes empresas de los grandes deudores que buscan dilatar los proceso.

Saquemos lecciones de casos como el de Cerro Verde.

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Chile

El simulador del estómago humano que cuantifica la toxicidad de suelos mineros

09/05/2024
Por: Agenda País
Investigadores desarrollan tecnología nacional que mide metales pesados en suelos mineros, cuantificando su efecto nocivo en las personas.

¿Por qué simular un estómago humano para cuantificar la toxicidad de un suelo minero o de un suelo contaminado? Se trata del mejor escenario para ponderar la cantidad de metales pesados existentes (plomo, arsénico y otros) en un suelo contaminado, los que tienen clara incidencia en la calidad de vida de la población, ya que la ingesta oral accidental facilita la generación de enfermedades como el cáncer.

Así lo explica la ingeniera civil química Carolina Parodi Dávila, directora de Transferencia Tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y líder del proyecto Mabiomet. Para la profesional se trata de un aspecto de constante interés en el país, considerando el perfil minero de Chile, el aumento de la generación de este tipo de residuos, el desarrollo de variados conflictos socioambientales relacionados a la temática y la vigencia de un marco regulatorio a la actividad.

Indica que “todo este cuadro hace que la industria minera sea más responsable hacia las poblaciones y el medioambiente, con el desafío de implementar en sus faenas nuevos sistemas de monitoreo remoto con dispositivos de bajo costo, en línea y tiempo real”. Cabe considerar que, de acuerdo a investigaciones académicas, se estima que al año 2026 deberán gestionarse en el país unas 915.000.000 toneladas de material de relaves.

Mabiomet es un dispositivo tecnológico móvil y automatizado, que permite conocer el riesgo real en las personas al ingerir accidentalmente metales pesados y metaloides del suelo, cuantificando la variable ambiental llamada “bioaccesibilidad”.

Por eso, opera simulando un estómago humano en funcionamiento, considerando su misma lógica, con elementos fabricados que representan a los biofluidos (jugos gástricos, bilis y jugo duodenal), respetando el tiempo de digestión humana, incluso las temperaturas presentes en el cuerpo.

Las muestras pasan por procesos de análisis de alto estándar, con resultados certificados y respondiendo a las normativas internacionales ISO 17.924 e ISO 18.400, específicas de ensayos de bioaccesibilidad en Europa y sistema de toma de muestras representativas, respectivamente.

Patente y licenciamiento
“La idea es que a través de un solo equipo en un laboratorio móvil se puedan identificar y cuantificar estos metales y metaloides presentes en sitios y residuos mineros cercanos a la población humana. Se trata de una tecnología chilena que optimiza tiempos -quince días para un primer sector- y procesos, promoviendo así acciones más específicas en la gestión ambiental estratégica de la industria minera, apoyando una conversión hacia la minería verde”, detalla Carolina Parodi Dávila, magíster en Medio Ambiente.

Si bien estos datos pueden ser obtenidos por las empresas locales del rubro, los estudios se debían realizar en laboratorios de Europa o Canadá, por ejemplo, lo que significaba el envío de muestras contaminadas al extranjero y tiempos prolongados, con un alto costo operacional y un proceso engorroso, complicado -además- por nuevas disposiciones ambientales internacionales.

Ahora se encuentra en etapa de aplicación real, con foco en la industria minera nacional y con potencial de expansión internacional. Adicionalmente, el equipo cuenta con patente de invención nacional, tanto para el dispositivo mismo como para el procedimiento de muestreo y procesamiento de cuantificación del extracto, de manera de cuantificar la bioaccesibilidad de metales pesados en relaves mineros.

Actualmente se trabaja con diversos proyectos mineros, obteniendo excelentes resultados. Con apoyo de la Dirección de Transferencia Tecnológica y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL), el equipo de inventoras UTEM espera licenciar la tecnología para asegurar su explotación nacional e internacional.
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-innovacion/2024/05/09/el-simulador-del-estomago-humano-que-cuantifica-la-toxicidad-de-suelos-mineros/

Perú

OTRO PAQUETAZO AMBIENTAL: GOBIERNO DEBILITA AÚN MÁS LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MINERA

29/04/2024
El día 25 de abril se informó de la aprobación de una serie de cambios a la normativa ambiental minera. Estas modificaciones aceleran aún más la certificación ambiental y debilitan la necesaria rigurosidad de los procesos de aprobación de las autorizaciones que requiere el sector minero.

Según se informó en prensa, el Ejecutivo ha decidido aprobar la Resolución Ministerial N° 091-2024-MINAM para modificar el reglamento de la Ley N° 27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma fue pre publicada en marzo y, vencido el plazo para recibir opiniones, fue aprobada.

Varios de los cambios tienen que ver con la “aceleración” de los procesos. Se define que existe un plazo máximo de 5 días para que, una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa, el órgano responsable de revisarlo determine si los documentos presentados cumplen con los requisitos necesarios para continuar con el proceso.

Pero según ha anunciado el MINAM, se vienen más cambios.

Este mes, el Minam emitió la Resolución Ministerial (RM) Nº 126-2024-MINAM, a fin de modificar la Ley 30230 (el “paquetazo antiambiental” del 2013) en lo vinculado a la “solicitud de opiniones para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental”. La propuesta plantea cambios para “agilizar” los plazos de los permisos para dar luz verde a los proyectos. La norma ha sido prepublicada para recibir comentarios, y el plazo para ello venció el 26 de abril, con lo que se puede esperar su próxima aprobación.

La norma también busca una aprobación automática de títulos habilitantes relacionados al Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM: autorizaciones de uso de agua, vertimiento, reúso, tratamiento y disposición de aguas residuales, desbosque, extracción de materiales acarreo y derecho de uso de área acuática, estudio de riesgo y plan de contingencia.

Otra norma en cuestión es la RM 125-2024-MINEM/DM, que busca permitir que los titulares de una mina puedan elevar hasta en 10% su producción autorizada diaria sin pagar un derecho de vigencia adicional. Actualmente, el límite es de 5%.

Por otro lado, la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM pretende crear un nuevo instrumento para la gestión de Planes Ambientales Detallados (PAD), con el objetivo de que las empresas tengan una herramienta más flexible para gestionar sus planes ambientales.

Cabe indicar que desde hace más de 10 años, una y otra vez se han dado normas y modificaciones para “acelerar” los trámites relacionados a las autorizaciones ambientales de los sectores extractivos, con el argumento de que eso permitirá atraer más inversiones. “Pero luego de todos estos paquetazos nunca se ha podido demostrar con cifras concretas que estas normas hayan hecho crecer la inversión. Los hechos muestran que los flujos de inversión están más asociados a los cambios en las cotizaciones de los minerales que a la normativa ambiental”, opinó Paul E. Maquet, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción. “Lo que esta flexibilización hace, en el fondo, es debilitar la autoridad ambiental, pues se quiere siempre acelerar los procesos sin aumentar el presupuesto para una mayor plana técnica y científica por parte de las autoridades ambientales, lo que redunda en permisos aprobados a la apurada, sin la rigurosidad que se requiere para garantizar que los proyectos extractivos no afecten negativamente el ambiente y los derechos de las comunidades”, añadió.

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Colombia

Grupos armados y los vínculos con la minería ilegal en Colombia, Brasil y Perú

Historia de Rodrigo Pedroso

El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y la creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, pero principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. En Colombia, los nuevos focos están en los ríos Putumayo, Cotuhé y Puré-Puré.

Imágenes aéreas tomadas en la frontera con Brasil, en el río Puré, en el departamento del Amazonas. Las dragas mineras avanzan deforestando y contaminando ríos.
© Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro
El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y su creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El oro ilegal circula entre los países sin mayor control y se está registrando una mayor presencia de grandes grupos vinculados al narcotráfico en el negocio de la extracción ilícita del metal. (Le recomendamos: Los vínculos de las comercializadoras de oro y la minería ilegal en la Amazonia colombiana)
Para esta investigación, un equipo de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, habló con fuentes relacionadas con el tema en estos países —agentes de policía, investigadores, fiscales, autoridades de los gobiernos nacionales, investigadores académicos y miembros de la sociedad civil que trabajan en estas áreas—, y todos concluyeron que el crimen organizado está cruzando las fronteras en cooperación —y a veces, incluso, dominando con violencia— con actores locales para incrementar y diversificar su negocio ilegal. (Conozca la investigación completa en el especial “Las rutas del oro sucio”)

Los nuevos focos de minería ilegal en la Amazonia se concentran en los ríos Nanay (Perú), Juruá (Brasil) y, a ambos lados de la frontera, el Putumayo (Perú-Colombia), Cotuhé (Perú-Colombia), Madre de Dios (Perú-Bolivia) y Puré-Purué (Colombia-Brasil). Una parte de ese oro va, según las cifras oficiales de producción, hacia las capitales de estos países con el fin de ser incorporado en la cadena formal y ser exportado, pero otra parte, como revelan las incautaciones, cruza ilegalmente por las fronteras.

“Si en un lugar hay una vigilancia intensa, con operaciones (los mineros) migran a otras regiones (de la Amazonia). Y los que blanquean ese oro intentan llevarlo hacia donde es más fácil legalizarlo”, explica Humberto Freire, director del Departamento de Amazonia y Medio Ambiente de la Policía Federal brasileña, que trabaja desde 2023 vigilando las actividades ilegales y promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades policiales de los países amazónicos.

Y eso se revela en los datos. A raíz del avance de la minería ilegal en la Amazonia, las exportaciones de oro de alta pureza se han incrementado en los países andinos amazónicos. Como parte de la serie “Las rutas del oro sucio”, los socios de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico —entre esos El Espectador— identificaron que las cifras de producción declaradas por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son menores a los volúmenes de oro que finalmente se exportan. La investigación revela que en la última década se exportaron por lo menos 3.089 toneladas métricas de oro de origen desconocido, lo que indica que se trata de un negocio altamente lucrativo.

No se sabe cuánto de ese total se extrae con exactitud de la Amazonia, pero los expertos afirman que la mayor parte de esta extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral. La débil aplicación de la ley y el elevado precio del oro en el mercado internacional —que ha subido un 56 % en los últimos cinco años— aumentan la rentabilidad del negocio ilegal en la Amazonia.

La manera con que se opera el negocio también han cambiado. Las técnicas para extraer oro ilegal en la Amazonia han dejado de ser en gran parte artesanales y ahora se usan herramientas más sofisticadas. Los mineros, financiados por los dueños de las dragas de extracción, usan la comunicación por internet, nuevas generaciones de motores y equipos mecánicos con más potencia para remover el lecho de los ríos, aumentando la productividad de las operaciones.

“Montar la minería ilegal es un negocio que requiere muchos recursos hoy en día. Las dragas (más grandes) pueden costar hasta US$1,5 millones, así como la logística para abastecer a los mineros de alimentos y pistas de aterrizaje en algunos lugares. Hay grupos vinculados al narcotráfico que cogen el dinero ganado en ese negocio y lo reinvierten en la minería ilegal, porque el beneficio aumenta al cabo de un tiempo y es más fácil blanquear el dinero vendiendo el oro”, explica el investigador Rodrigo Chagas, del Fórum de Brasileiro de Segurança Pública.

Tal movimiento también puede llegar a convertirse en transnacional con el tiempo. Un informe 2023 de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) señala que al menos 32 distritos de cinco regiones amazónicas están afectados por la actividad.

Las cuencas de los ríos Putumayo y Cotuhé, en la frontera de Perú y Colombia, conforman una amplia zona de producción y tráfico de drogas y minería ilegal, en la que diferentes grupos se disputan el control de estas actividades.

En las regiones fronterizas de Colombia con Brasil y Perú, tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, se han instalado grupos disidentes, como Comandos de la Frontera o frente Carolina Ramírez (conocidos como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR), que se disputan territorios con el Clan del Golfo. También se han identificado que, del lado peruano de la frontera con el río Putumayo, operan grupos armados de origen colombiano dedicados a la producción y el tráfico de drogas y a la minería ilegal.

Y justamente por la alta rentabilidad del negocio, la minería ilegal se ha tornado una actividad estratégica para los grupos armados colombianos, complementando las actividades del narcotráfico. Uno de los documentos a los que accedió OjoPúblico menciona que en varias regiones de Colombia la minería ilícita es más lucrativa que el narcotráfico, representando más del 50% del total de sus ingresos.

Minería y grupos de crimen organizado de Colombia en la Amazonia brasileña
En 2021, un grupo disidente de las FARC llamado Comisión Miller Perdono realizaba extorsiones a cambio de proteger a mineros en el lado brasileño del río Purué, en la frontera con Colombia.

La minería en esta región de Brasil se ha disparado desde 2019, aprovechando el desmantelamiento de las inspecciones y las fuerzas de represión de los delitos ambientales en la Amazonia llevado a cabo por el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Un grupo de mineros brasileños con grandes inversionistas por detrás partieron de otras partes de la Amazonía con dirección al lado brasileño del río Purué con el fin de extraer oro. Ante la ausencia de fiscalización, el flujo de grandes dragas creció, atrayendo la atención de la disidencia de las FARC, que ya actuaba en el lado colombiano. Los colombianos bajaron el río cobrando extorsión a cambio de seguridad para operar y navegar por la zona, según la Policía Federal.

Los mineros brasileños solicitaron a las fuerzas de seguridad del país que sacaran a los colombianos del Purué. Un operativo del Ejército de Brasil junto con la Policía Federal logró expulsar a los disidentes de las FARC, que ejercieron control del territorio por algunos meses del 2021. El Ejército no ha confirmado públicamente la operación y la Policía Federal emitió un breve comunicado al respecto.

La toma del río Purué por parte de grupos criminales procedentes de Colombia también expuso la falta de control estatal en la zona, que corresponde a la cuenca hidrográfica Caquetá (Colombia)-Japurá (Brasil), una importante ruta del narcotráfico producido en Colombia para las mayores facciones criminales del Brasil como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

El lecho del río Purué –en Brasil y Colombia– sigue siendo destruido por la minería ilegal, pero ahora bajo el dominio de grupos de mineros de Brasil, mientras que en Colombia siguen bajo la supervisión de grupos armados colombianos.

La porosidad de las fronteras, combinada con la internacionalización de los grupos criminales que invierten en la minería ilegal, ha dado lugar a algunas respuestas institucionales conjuntas. En abril comenzará a funcionar en Manaos, en la Amazonia brasileña, el Centro Internacional de Cooperación Policial, fruto del memorando firmado entre ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

El centro trabajará con las autoridades policiales de los países de la OTCA, los que intercambiarán información sobre la dinámica criminal en la Amazonia.

También, por primera vez, la Policía Federal brasileña está creando un inventario del oro en la Amazonia. La iniciativa pretende catalogar el “ADN” del oro de diferentes regiones, lo que ayudaría a demostrar el origen de la circulación de oro dentro y fuera de esta región.

*Este reportaje hace parte de la serie “Las Rutas del Oro Sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador hizo parte.
https://www.msn.com/es-co/noticias/other/grupos-armados-y-los-v%C3%ADnculos-con-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-colombia-brasil-y-per%C3%BA/ar-BB1lI0jP

Bolivia

Identifican nueve zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, la minería es la principal causa


22/04/2024
En el Día Internacional de la Madre Tierra, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) llamó a reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y alertó que existen nueve “zonas de sacrificio ambiental” en Bolivia, que fueron identificadas en el Estado Socioambiental 2023, elaborado por Marco Octavio Ribera.Identifican nueve zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, la minería es la principal causaEfectos de la contaminación minera en el río Pilcomayo. Foto: La Nube

“Las Zonas de Sacrificio Ambiental (ZSA) son un signo de los siglos 20 y 21 y comienzan a aparecer en diversas regiones del planeta como resultado del crecimiento industrial, el extractivismo minero o la intensificación del uso del suelo. En Bolivia se identifican al momento nueve zonas de sacrificio ambiental, algunas con una data secular de contaminación acumulada y una extraordinaria carga de contaminación minera acumulada”, señala el documento del Estado Socioambiental 2023.

El informe explica que “las zonas de sacrificio ambiental se caracterizan por la devastación a gran escala de ecosistemas y biodiversidad con daños ecológicos irreversibles; pérdida total de funciones y servicios ecosistémicos, y de medios de vida de poblaciones locales, lo cual implica perdida de seguridad alimentaria”.

Las áreas consideradas de sacrificio ambiental son:

1) La cuenca del río Pilcomayo, por efecto de la minería

2) Cuenca del lago Poopó, por acción de la minería

3) Las bahías de Cohana y el lago Menor (lago Titicaca), por los residuos urbanos

4) La cuenca de los ríos Mapiri y Kaka, por la explotación de oro

5) Cuenca Laguna Suches y Área de Manejo Integrado de Apolobamba, por la extracción del oro

6) Cuenca de Lata del río Tuichi y Virgen del Rosario, por explotación de oro

7) Sector sudoeste del TIPNIS, en el polígono 7, por las plantaciones de coca

8) Megaminería San Cristóbal, por el método open pit (a tajo abierto)

9) Región agroindustrial Noreste y Norte de Santa Cruz

Llamado a la reflexión

Mediante una nota de prensa, LIDEMA “llama a reflexionar sobre las vulneraciones a los derechos socioambientales y la destrucción y contaminación de los ecosistemas”. En ese marco urge “a construir una nueva visión de país, que asuma la imperiosa necesidad de valorar, rescatar y conservar el patrimonio natural y cultural nacional”.

El año 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia impulsó el cambio del Día Mundial del Medio Ambiente, por el Día Internacional de la Madre Tierra. Desde entonces, cada 22 de abril, las Naciones Unidas conmemoran este día que busca promover un enfoque holístico con la naturaleza y superar la persistente visión antropocéntrica que la especie humana tiene ante todo lo que la rodea.

Sin embargo, este avance conceptual, repetidamente planteado en las políticas y planes de desarrollo nacional, “ha sucumbido ante una visión de crecimiento de corto plazo, poniendo en un riesgo cada vez mayor las posibilidades de adoptar un modo de producción armónico con la Madre Tierra”, indica LIDEMA.

De acuerdo a la presidenta de esa entidad, Magdalena Medrano, “la destrucción de los ecosistemas y la vulneración de los derechos socioambientales de quienes defienden la Naturaleza, pero también de todas las personas que habitamos Bolivia, tienden a empeorar aceleradamente, debido, principalmente a las actividades extractivistas (soya, ganadería, minería, hidrocarburos y otras), pero también por la omisión o aquiescencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como por la indiferencia de la mayor parte de la población boliviana.”

Medrano agrega que en 2023, a través de 582 casos registrados por el Observatorio del Acuerdo de Escazú – Bolivia, se han identificado 7.070 vulneraciones a los 5 derechos que se hace seguimiento: Derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales, el derecho de las presentes y futuras generaciones a gozar de un ambiente sano y el derecho de un entorno propicio para quienes defienden el ambiente.

En ese marco, llama a los órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la urgencia de construir una nueva visión de país, que considere el largo plazo, los límites biofísicos de la Naturaleza y a las sociedades como parte de ella.

Identifican nueve zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, la minería es la principal causa

Chile

Asociaciones indígenas reclaman por calificación ambiental favorable de proyecto Collahuasi


Conflicto Relacionado: Collahuasi- Pica

25/04/2024
Crédito: Minera Collahuasi
Siete asociaciones indígenas de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, en Chile, ingresaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por la calificación ambiental favorable del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” de la minera del mismo nombre.

La causa, admitida a trámite, se presentó en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a que las asociaciones estiman que el organismo realizó una evaluación deficiente al no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable (MPS) sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el área de influencia.

Por lo anterior, los reclamantes solicitan que se anule la aprobación del proyecto o que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de apertura de un proceso de consulta indígena por la afectación a los grupos humanos pertenecientes a dichos pueblos. Respecto a esta última solicitud se argumenta que el proyecto no habría descartado debidamente los impactos ambientales significativos sobre estos grupos humanos, de manera que existiría una susceptibilidad de afectación que hace procedente la realización de una consulta indígena.

Proyecto
El objetivo del proyecto es asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi por un período estimado de 20 años, para lo cual se va a mejorar la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados de 170 ktpd (miles de toneladas por día) a 210 ktpd, mediante la extensión de los permisos medioambientales.

También, considera una fuente complementaria de abastecimiento hídrico para lo cual se contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar.

Asociaciones indígenas reclaman por calificación ambiental favorable de proyecto Collahuasi

Chile

Ampliación de Pelambres con tubería de cobre a metros de casas tiene en vilo a comunidad rural

Michael Lieberherr, Mongabay Latam 28/04/2024
Ampliación de Pelambres con tubería de cobre a metros de casas tiene en vilo a comunidad ruralPupío y el camino de tierra que marca el paso de la tubería. / Foto: Revista Pasto Seco
Derrames de petróleo y metales pesados son algunos de los daños causados por la mina Pelambres. Ante tal historial, vecinos de Pupío se oponen al proyecto que contempla tuberías a 100 metros de sus casas, mientras la empresa minera demanda a los vecinos por oponerse a la construcción de un camino.
La segunda semana de octubre de 2023, una familia completa fue demandada por la empresa Minera Los Pelambres. ¿La razón? Ni esta, ni ninguno de los habitantes de su comunidad, Pupío, aceptaron la ampliación de un camino que le permitirá a la minera instalar dos nuevas tuberías: una que llevará 1200 litros por segundo de agua industrial y otra que transportará concentrado de cobre proveniente de la extracción que la empresa hace en la cordillera de Los Andes, al norte del país, en la región de Coquimbo.

Ambas tuberías pasarán a menos de 100 metros de la casa de la familia Silva, y el temor de que una filtración afecte su vivienda fue la razón que la llevó a oponerse al proyecto.

Si bien ya existe una tubería en esa zona, actualmente sólo transporta 400 litros por segundo de agua industrial. En 2023 se aprobó el nuevo proyecto de Adaptación Operacional presentado por la empresa, con la que aquella tubería pasará a llevar tres veces la cantidad actual y, además, se sumará otra tubería con concentrado de cobre.

La comunidad de Pupío nunca pensó enfrentarse judicialmente a una empresa tan grande como Minera los Pelambres, una de las 15 mayores productoras de cobre en el mundo.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las acciones de la minera? Te lo explicamos en tres claves.

Las demandas
La minera argumentó que en algunas de las instancias de diálogo con los dueños de predios en Pupío, “no fue posible acordar las indemnizaciones por las servidumbres de paso”, es decir, por la construcción del camino que se requiere para instalar las tuberías.

Por eso, dice la empresa, “se solicitó a un tercero imparcial determinar cuál es el precio justo a pagar por las servidumbres, lo que se realiza a través de un peritaje independiente y experto en los diferentes casos que actualmente se tramitan”.

Sin embargo, en Pupío acusan que tal diálogo no ha existido y que sólo se han enterado de los avances de la demanda a través de las notificaciones oficiales emitidas por el tribunal de Illapel. En total son 27 los habitantes de Pupío los que están demandados en un juicio civil por no aceptar la ampliación de la servidumbre de paso para la minera.

“Dentro de los demandados hay dos adultos mayores, uno de 88 años y el otro de 89 años. Personas de campo que jamás han pisado un tribunal de justicia. Para ellos esto ha sido terrible. Hay noches que ni siquiera pueden dormir por la preocupación. También, dentro de los demandados hay dos personas con capacidades diferentes, uno de ellos vive conectado a un respirador”, explica Oscar Montalva, otro de los habitantes de Pupío que fue demandado por la empresa minera.

Las tuberías y los planes
Los 27 demandados en Pupío por oponerse a la ampliación de la servidumbre de paso no son los únicos que se enfrentan judicialmente a la empresa. En la provincia de Choapa, ubicada al sur de la Región de Coquimbo, también existen demandados e impactos por la minera que opera allí desde 1997.

El concentrado de cobre que la empresa extrae en la zona cordillerana de Choapa, cerca del límite con Argentina, es trasladado a través de tuberías por toda la provincia hasta llegar a la costa donde es cargado en barcos para su traslado y posterior comercialización.

Los excedentes del proceso minero son trasladados por otras tuberías hacia los dos tranques de relaves más grandes de la región de Coquimbo: Los Quillayes y El Mauro.

Además, la minera cuenta con diferentes obras industriales para facilitar ese traslado, como una bomba booster, que reimpulsa el concentrado de cobre desde la zona de menos altitud de la provincia, el sector rural de Choapa Viejo, hacia la costa.

En 2015, el concentrado fue derramado desde este sistema hacia los terrenos agrícolas y el río Choapa que históricamente abastecía a las familias del sector. Esto ha hecho que las cerca de 200 familias que habitan la localidad, a menos de 15 kilómetros de Pupío, se abastezcan del agua embotellada que les entrega la minera.

En julio de 2023, un grupo de vecinos de Choapa Viejo bloqueó el acceso a la bomba booster para exigirle a la empresa soluciones para poder acceder nuevamente al agua potable. Como consecuencia de esa manifestación, cinco habitantes de Choapa Viejo fueron demandados por la empresa por indemnización de perjuicios por un monto total de $942.977.528 pesos chilenos, equivalentes a más de 1 millón de dólares.

Aún con estos antecedentes, el 20 de octubre del 2023, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime, y por recomendación de la Secretaría Regional del Ministerio de Medio Ambiente en Coquimbo, el nuevo proyecto de Minera Los Pelambres, “Adaptación Operacional”, que contempla la inversión de 1000 millones de dólares.

Su objetivo es desarrollar un nuevo trazado para las tuberías que transportan el concentrado de cobre desde la cordillera al mar, atravesando toda la provincia de Choapa.

También se establece un aumento de la vida útil del proyecto minero, hasta que el tranque de relave El Mauro complete su capacidad máxima de almacenamiento autorizado: 1700 millones de toneladas.

Por último, se considera la construcción de una desalinizadora para emplear agua de mar en los procesos industriales y dejar de utilizar agua dulce, aunque la empresa todavía no aclara qué hará con el derecho a 829 litros por segundo que mantienen hasta hoy.

Los graves impactos ambientales
La larga lista de daños ambientales que tiene la minera mantiene en vilo a los habitantes de la provincia de Choapa. Temen que el proyecto “Adaptación Operacional” traiga consigo derrames, como el ocurrido en 2022 cuando la rotura de la tubería que trasladaba el concentrado de cobre provocó un derrame que contaminó los predios agrícolas cercanos.

“¿Quién podría vivir tranquilo sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir un desastre como los que ya le han ocurrido a Minera los Pelambres en el valle del Choapa con proyectos de menor envergadura?”, cuestiona Oscar Montalva. La preocupación de los vecinos quedó demostrada en las más de 200 observaciones ciudadanas al proyecto Adaptación Operacional que fueron ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental.

El derrame del 2022 no ha sido el único sufrido por los vecinos de Minera Los Pelambres. En agosto del 2008, el río Cuncumén recibió aguas infiltradas desde el tranque de relaves Los Quillayes y material proveniente de una piscina de emergencia alcanzó el estero Camisas.

Sólo un mes más tarde, en noviembre, la empresa derramó más de 10 000 litros de petróleo, y en diciembre aguas procesadas escurrieron desde el vertedero de seguridad del tranque de relaves El Mauro hasta el estero Pupío.

Por todos esos daños, la empresa fue sancionada por la antigua autoridad ambiental con la mayor multa efectuada contra la minera hasta ese momento: 82,5 millones de pesos (unos 140 000 dólares al cambio de esa fecha), y que corresponden al 0,02% de las utilidades obtenidas por Minera Los Pelambres en 2009. En agosto de ese año, 13 000 litros de concentrado de cobre cayeron directamente al río Choapa.

En noviembre de 2021, una de las piscinas de emergencia filtró agua industrial en una zona agrícola a pocos metros de la ribera del río Camisas, ubicado en la comuna de Salamanca. Por si fuera poco, informes científicos dan cuenta de que Minera Los Pelambres también removió glaciares rocosos en la zona cordillerana de la provincia de Choapa, entre los años 1997 y 2006.

Para defenderse, algunas de las personas demandadas en Choapa han financiado un abogado particular y otros han solicitado el apoyo de la municipalidad para que los respalde con un abogado. En la mayoría de los casos —aseguran— ni con la venta de todos sus bienes lograrán pagar a la empresa en caso de perder la demanda.

Lee el reportaje completo aquí. https://es.mongabay.com/2024/03/chile-proyecto-minero-cobre-avanza-personas-demandadas-amplio-prontuario-ambiental/

https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/04/28/ampliacion-de-pelambres-con-tuberia-de-cobre-a-metros-de-casas-tiene-en-vilo-a-comunidad-rural.html

Chile

Otra de Pelambres: Minera es multada por robo de agua e investigan posible delito ambiental

María del Mar Parra 29/04/2024
Imagen referencial. / Foto: Agencia UNO.
En la zona más afectada por la sequía en el país, la minera de la familia Luksic deberá pagar una multa de $662 millones por extracción ilegal de agua, mientras que el Ministerio Público investigará el posible delito ambiental, que con la nueva legislación puede ser sancionado incluso con cárcel.
Coquimbo está al borde del colapso por la crisis hídrica, y el Estado ha debido llegar a acuerdos con los grandes usuarios de agua como regantes y mineras, para redistribuir el recurso y evitar cortes de servicio en los hogares de la región.

En dicho contexto, desde la Dirección General de Aguas (DGA) encontraron extracciones no autorizadas de aguas subterráneas y superficiales por parte de la minera Los Pelambres ligada a la familia Luksic. Además, identificaron que la empresa no estaba cumpliendo con el acuerdo de distribución establecido con la Junta de Vigilancia del río Choapa.

Durante los últimos días de abril, la DGA estableció una multa de $430 millones contra la empresa minera por el robo de agua, y otra de $228 millones por no cumplir con la redistribución del recurso. Además, el organismo ordenó a la minera detener de forma inmediata la extracción no autorizada y acatar los acuerdos de la Junta de Vigilancia.

Pero más allá de la multa, los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público ya que, según la directora regional de la DGA, Cinthya Álvarez, se identifica por primera vez en la región un posible delito ambiental de acuerdo a la nueva legislación.

La directora se refiere a la nueva Ley contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, aprobada en el país en 2023, y donde algunos hechos relacionados al daño ambiental se agregan como delitos en el código penal, por lo que pueden ser sancionados incluso con penas de cárcel.

Tras la inspección de la DGA en terreno, se constató que en 4 bocatomas de agua superficial y en 8 pozos de agua subterránea se extrajo más recurso del permitido, mientras que en las bocatomas tampoco se respetó el prorrateo al que se deben someter los usuarios de la Junta de Vigilancia del río Choapa por la extrema sequía.

Cabe destacar que la minera presentó un recurso de reclamación contra el decreto de redistribución de las aguas de la Junta de Vigilancia del río Choapa, dictado de conformidad al artículo del Código de Aguas sobre severa sequía. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2023.

Las faltas constatadas ocurrieron cuando la región estaba bajo decreto de escasez hídrica, en la cuenca del río Choapa que se encontraba agotada, y en el sector hidrogeológico de Choapa Alto que está declarado como zona de prohibición. Estos hechos constituyeron agravantes para ponderar las multas.

Cabe recordar que la mina Los Pelambres ha protagonizado eventos como derrames de petróleo, aguas industriales o concentrado de cobre, por lo cual ha sido sancionada en múltiples ocasiones.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/04/29/otra-de-pelambres-minera-es-multada-por-robo-de-agua-e-investigan-posible-delito-ambiental.html

Internacional

Anglo American se opondrá a la apelación en el caso de envenenamiento por plomo en Zambia

Kevin Hinostroza 22/04/2024

Anglo Zambia
La empresa afirmó solo haber tenido una participación minoritaria en el operador de la mina desde 1925 hasta 1974.

Anglo niega responsabilidad por el envenenamiento por plomo relacionado con la mina Broken Hill.
Anglo American Plc dijo que se opondrá a cualquier demanda judicial por las acusaciones de que una mina de Zambia en la que la compañía tenía una participación envenenó con plomo a decenas de miles de personas después de que se permitió a los demandantes apelar un fallo anterior.

El 19 de abril, el Tribunal Superior de Johannesburgo concedió a los demandantes de la ciudad zambiana de Kabwe el derecho a apelar la desestimación de su solicitud en diciembre, dijo el lunes la minera que cotiza en Londres en un comunicado. Anglo “ha declarado desde el principio que esta afirmación es totalmente errónea”, afirmó.

La decisión de la semana pasada “no socava” la sentencia anterior y simplemente reconoce que una apelación a otro tribunal “es una opción viable a seguir por los demandantes en el proceso legal sudafricano”, dijo la compañía.

Planta de Selección de Mineral en mina San Rafael, en Puno.
También puedes leer: Anglo American y Minsur fueron las que más invirtieron en infraestructura minera en febrero

Envenenamiento por plomo
Anglo niega responsabilidad por el envenenamiento por plomo relacionado con la mina Broken Hill. La empresa afirmó solo haber tenido una participación minoritaria en el operador de esa mina desde 1925 hasta 1974, cuando fue nacionalizada. El envenenamiento por plomo puede causar problemas de salud que van desde dificultades de aprendizaje hasta infertilidad, daño cerebral y, en algunos casos, la muerte.

Los argumentos de la compañía “indican una impactante indiferencia ante el tremendo y continuo daño causado a generaciones de comunidades Kabwe por sus operaciones”, dijeron los bufetes de abogados de los demandantes, Mbuyisa Moleele y Leigh Day, en una declaración conjunta el lunes, describiendo el nuevo fallo. como un “paso crucial hacia el logro de la justicia”.

La demanda grupal, presentada en Sudáfrica porque Anglo tenía su sede en Johannesburgo cuando poseía la participación en Broken Hill, ha sido presentada por 12 personas de Kabwe. Los bufetes de abogados de esos demandantes han dicho que podrían representar a más de 140.000 personas.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/anglo-american-opondra-apelacion-envenenamiento-plomo-zambia/

Bolivia, Litio

YLB denuncia contratos de litio irregulares del Grupo Garafulic entre 2013 y 2019

Kevin Hinostroza 23/04/2024

Garafulic Uyuni
La auditoría se realizó en las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas en el complejo industrial del salar de Uyuni.

Una auditoría técnica determinó que los contratos ocasionaron un perjuicio económico de 425,2 millones de bolivianos .
El Grupo Garafulic tenía al menos ocho contratos directos por el proyecto del litio firmados por casi 186 millones de bolivianos (Bs) con el Gobierno de Evo Morales, entre los años 2013 y 2019.

De acuerdo con el procurador general del Estado, César Siles, “parte de los hechos en investigación se relacionan con ocho contratos sistemáticamente incumplidos”.

“Y ESE INCUMPLIMIENTO SE DEBE AL ROL DESAFORTUNADO, QUEBRANTAMIENTO DE LA NORMA ADMINISTRATIVA Y LOS PROPIOS CONTRATOS DE LA EMPRESA GERIMEX SRL, REPRESENTADA POR PAULA GARAFULIC RUIZ, QUIEN TAMBIÉN ESTÁ ENTRE LOS 12 SUJETOS INVESTIGADOS”, EXPLICÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA.

Según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, la denuncia penal fue presentada por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en contra de 10 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, e involucra a una compañía de la familia Garafulic.

“Llama la atención también que durante todo ese tiempo se había adjudicado todos los contratos de servicio a una sola empresa de nombre Gerimex SRL del grupo Garafulic”, reveló la autoridad este martes en contacto con Bolivisión.

Informe de auditoría
Dicha denuncia es resultado de una auditoría técnica interna a la construcción e implementación de las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio, en el complejo industrial del salar de Uyuni.

Según Molina, el informe identifica dos aspectos, uno es el daño económico “por una serie de contratos” con la empresa Gerimex SRL, que se adjudicó Bs 185.302.228,18 y el otro tiene que ver con un “lucro cesante” estimado de Bs 240 millones.

“Sumando en totalidad 425,2 millones de bolivianos que es el daño identificado por este informe de auditoría y que lógicamente incorpora a 10 exfuncionarios y también una empresa que fue la empresa contratista”, remarcó.
https://www.rumbominero.com/bolivia/ylb-contratos-litio-irregulares-grupo-garafulic-entre-2013-y-2019/