Internacional, Litio

La guerra del litio se desata en Extremadura

La existencia de dos minas y la conveniencia de su explotación altera la convivencia en la comunidad, que ha apostado por una planta de baterías
Miguel Ángel Noceda
22/05/2021
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en Fitur 2021.ISABEL INFANTES / Europa Press

El litio, ese metal alcalino de color blanco plateado que en la tabla periódica de elementos se estudiaba de carrerilla en el grupo de los que tenían una valencia (hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio) y cuyo número atómico es tres, se ha convertido en objeto de deseo desde que la Comisión Europea lo declaró materia prima estratégica. Resulta que el hidróxido de litio es clave en la fabricación de baterías para automóviles eléctricos y Europa quiere reducir la dependencia de China y Latinoamérica y explotar yacimientos en su territorio.
Más información

Infinity Lithium presenta recurso contra la Junta de Extremadura por negar la explotación de una mina en Cáceres

Ahí entra en juego Extremadura, donde, de momento, existen dos yacimientos listos para su explotación y un proyecto para instalar una planta de baterías, anunciada por el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, por otra parte enfrascado en una pelea por atraer a la región a alguna firma automovilística. El pasado miércoles se encontró con la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la internacional feria de turismo Fitur de Madrid y tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones, además de turismo, sobre los proyectos vinculados al litio y a la industria automovilística que tanto persigue.

Las dos minas se encuentran en la provincia de Cáceres, una en el término municipal de la capital y la otra en la localidad de Cañaveral. Pero parecen correr distinta suerte. Mientras la última está ligada al proyecto de la citada fábrica de baterías, que la empresa Phi4Tech prevé construir en Badajoz, y está encauzada, con la oposición de los grupos ecologistas; la de la capital ha recibido el rechazo de la Junta de Extremadura, que sin embargo había aprobado los permisos iniciales para su desarrollo en 2016 después de convocar un concurso que se adjudicó la empresa Valoriza, filial del grupo Sacyr. Después este vendió el 75% a la firma australiana Infinity Lithium, con opción a la totalidad. Luego esta presentó el aval de la Comisión Europea como respaldo irrechazable; pero la ubicación ha sido determinante.

La existencia de esas explotaciones han llegado a alterar la convivencia ciudadana. La palabra litio, procedente del griego litos (piedra), ha entrado en la agenda político-social de la comunidad como una piedra arrojadiza que supera fronteras. Para algunos es una especie de oro blanco que abre muchas expectativas económicas y de empleo en una de las regiones con más paro de España. Otros, liderados por los ecologistas, ven más perjuicios sociales (por su impacto ambiental) que beneficios económicos.

El caso es que los partidos políticos están descolocados. No entienden por qué se crearon tantas suspicacias ante la posibilidad de llevar el litio de Extremadura a una planta de baterías en Cataluña (lo anunció la ministra Reyes Maroto en un encuentro con el grupo Volkswagen en Barcelona) y luego se rechazan las explotaciones mineras. Tampoco tienen claras las razones por las que se puede usar el litio de una mina en la planta de baterías en Badajoz y no de la otra.

La razón esgrimida por la Junta para no dar el permiso de investigación al proyecto San José Valdeflórez es que no cumple la normativa urbanística del Ayuntamiento de Cáceres, cuyo Plan General Municipal prohibiría la actividad solicitada en suelo no urbanizable. No obstante, Vara ha señalado que todo depende de que la corporación modifique el plan municipal. “Son los cacereños los que tienen la palabra”, dijo el político de Olivenza en clara referencia a que le ha tocado a él tomar la patata caliente que le pasó el alcalde, Luis Salaya, de su mismo partido. Es decir, Vara se la devuelve y deja abierta la puerta a su aprobación. Pero, todo indica que los tiros no van a ir por ahí. Salaya ha sido rotundo (“arreglen los destrozos y cierren al salir”), al tiempo que pedía la declaración de paisaje protegido.

Aunque el asunto tiene dividida a la población, se da la circunstancia de que los grupos políticos municipales comulgan juntos en el rechazo al proyecto de la sierra de la Mosca, un pulmón verde para asueto y disfrute de los cacereños. Primero fue la alcaldesa del PP, Elena Nevado, la que se opuso a los planes pese a que los promotores aseguran que su reacción inicial había sido positiva. Según esas fuentes, las presiones del partido que en la comunidad dirige José Antonio Monago fueron suficientes para dar calabazas, a las que se sumaron los socialistas, entonces en la oposición, en contra de la decisión de la Junta presidida por Vara. Solo Ciudadanos respaldó claramente el proyecto.

Para los australianos, el parón supone un revés en su cotización. Por eso, esta semana Tecnología Extremeña del Litio, la empresa creada por Infinity Lithium y Sacyr, elevó recurso de alzada y amenazó con presentar recurso contencioso-administrativo. A su juicio, la denegación no se basa en motivos jurídicos y pide se ciña a “criterios legales objetivos”. Según la empresa, dicha regulación hace referencia al uso extractivo del suelo, no siendo extensible a las actividades de investigación.
https://elpais.com/economia/2021-05-23/la-guerra-del-litio-se-desata-en-extremadura.html

Perú

40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver

21/05/2021
Redacción Wayka
Desde 1981, la provincia de Espinar del Cusco convive con la minería y sus consecuencias. Ese año, la empresa estatal ETAMINSA expropió 2.368 hectáreas de la comunidad de Anta Cama y comenzó sus operaciones extractivas en el proyecto minero Tintaya. Los reclamos de la población, sin embargo, perduran hasta la actualidad, cuarenta años después, por un Estado que no garantiza derechos básicos ni acceso a la salud especializada para los afectados por la contaminación minera, y una empresa que desata protestas en la provincia.

Las primeras protestas de la población de Espinar contra la actividad minera sucedieron durante la década de los ochenta, y no se agravaron hasta el 21 de mayo de 1990, cuando tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores de la minera. Durante el régimen de Alberto Fujimori, según los propios comuneros de la provincia de Espinar, la situación empeoró.

“Desde 1990 los problemas han iniciado juntos con el gobierno fujimorista. Nosotros teníamos antes nuestras empresas mineras estatales, pero Fujimori todo privatizó, nos ha traído un caos. Ha vendido, ha rematado, en un año 200 empresas mineras. Nos han invadido las grandes empresas transnacionales. Junto con ese remate empezaron nuestras protestas”, cuenta Elsa Merma, integrante de la Asociación de Mujeres Defensoras del territorio K’ana, en el foro “Conflictos y espacios de diálogo en Espinar: balance y desafíos”.

Como se recuerda, en 1993 el gobierno de Alberto Fujimori inició el proceso de privatización y en 1994 le adjudica el proyecto Tintaya a la multinacional estadounidense Magma Cooper Company por US$276,8 millones. En 1996, Magma es absorbida por el grupo australiano Broken Hill Property (BHP) para posteriormente fusionarse con la empresa Billiton PLC (Reino Unido). El proyecto Tintaya termina en manos de Xstrata Copper en 2006, luego de que esta sea vendida por Billiton PLC.

Desde el lado de la población de Espinar, sin embargo, no se ha percibido el progreso que supone la actividad minera. Hasta el 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 46% de personas de Espinar sigue siendo pobre, el 17% vive en pobreza extrema y solo el 37% alcanzó la condición de no pobre. A su vez, el Ministerio de Salud identificó a 1621 personas con presencia de metales tóxicos en la sangre, como arsénico, cadmio, mercurio y plomo.

La afectación por metales pesados fue confirmada recientemente en un informe elaborado por Amnistía Internacional y Derechos Humanos Sin Fronteras, en donde se concluyó que de 150 personas de Espinar analizadas, el 78% tuvo altos niveles de metales y sustancias tóxicas. La mayoría de ellos guarda arsénico en la sangre.

“La empresa minera nos ha traído contaminación a nuestro medio ambiente y nuestra salud. Los ministerios ya saben que tenemos metales pesados, pero hasta ahora no somos atendidos.
Ahora estamos en mesas de diálogo, cuántos años de mesas de diálogo pero en Espinar simplemente instalamos (mesas), después semanas pasan, meses pasan, se olvidan. Y otra vez tenemos que sacar pronunciamientos, tenemos que movilizarnos, organizar otro paro”, exclama la defensora ambiental de Espinar, Elsa Merma.

Por su lado, la bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, Karem Luque Ticona, enfatiza los años de ineficiencia del Estado frente a las poblaciones afectadas por metales pesados. “No se han implementado planes de atención integral efectivos en Espinar. No se ha entregado hasta ahora, seis años después, los resultados de causalidad de la contaminación por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Hasta ahora no se encuentra la causa de la contaminación, que era una de los principales pedidos de la población”.

Para José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente durante el gobierno de Ollanta Humala, los derechos ganados por la población de Espinar se deben a su capacidad de organización. “Los mejores momentos de lucha y diálogo en Espinar han sido cuando la población ha estado organizada, porque una población organizada está en mejores condiciones para defender sus derechos. Cuando las comunidades han tenido la capacidad de convocar aliados, y cuando la población pudo hacer visible lo que pasaba en sus territorios”, dijo de Echave en el foro transmitido por Wayka.

40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver

Internacional

Filipinas y por qué Canadá está en el centro de las atrocidades mineras mundiales

Por Samantha Ponting
(Publicado originalmente por Spring Magazine – traducido por A Planeta)
“Nací y viví más de la mitad de mi vida en Lepanto, donde se encuentra la mina Lepanto Consolidated”, dijo Chandu Claver, defensor de la tierra indígena, en una presentación grabada para los asistentes al lanzamiento virtual el 19 de abril de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas – capítulo de Toronto (ICHRP-Toronto).

Según Claver, la empresa minera filipina Lepanto Consolidated Mining Corporation ha trabajado estrechamente con la empresa canadiense Ivanhoe Mines Ltd. durante los últimos 20 años, y el impacto medioambiental de sus operaciones ha sido devastador.

“El río Abra está ahora muerto gracias a Ivanhoe y Lepanto”, dijo. Añadió que los residuos de la mina vertidos en el río han tenido un impacto perjudicial en los peces, y los metales pesados han envenenado las tierras agrícolas.

Pero Ivanhoe Mines no es la única empresa canadiense que opera en Filipinas. Aunque Claver dijo que a la sociedad civil le ha resultado difícil seguir la pista a la propiedad de las empresas mineras debido a la “práctica global de cambiar los nombres de las empresas y utilizar apoderados y fachadas”, se han identificado otros actores del sector.

TVI Pacific Inc, Besra Gold Inc. (antes Olympus Pacific Minerals), y ExGen Resources Inc. (antes Boxxer Gold Corp.) mantienen operaciones conocidas en el país, según Claver. Estas empresas forman parte de un sector minero mundial con sede predominantemente en Canadá y tristemente célebre por sus abusos incontrolados contra el medio ambiente y los derechos humanos.

Resistencia indígena a la minería

Claver, nativo de Igorot y antiguo cirujano, se organizó contra proyectos mineros perjudiciales en la región montañosa de la Cordillera, en el norte de Filipinas. Se trasladó a Canadá en 2007 como refugiado político después de que él y su familia fueran atacados violentamente en respuesta a su activismo. La emboscada se saldó con la muerte de su esposa y dejó a Claver y a su hija gravemente heridos. Es portavoz nacional de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera.

Claver conoce de primera mano los peligros a los que se enfrentan los defensores de la tierra en Filipinas que se resisten a los proyectos mineros y otros proyectos industriales que son destructivos para el medio ambiente y amenazan los medios de vida de las comunidades próximos.

Según Angela Asunción, miembro del ICHRP-Toronto, el 60% de las minas transnacionales de Filipinas se encuentran en tierras ancestrales. La resistencia indígena a la minería ha suscitado una respuesta violenta por parte de las fuerzas estatales. “Las respuestas del gobierno ante los movimientos de resistencia a la minería han llevado a ejecuciones extrajudiciales de líderes indígenas, a la clasificación de activistas como terroristas y al bombardeo de escuelas indígenas”, dijo Asunción.

Entre 2010 y 2016, al menos 73 indígenas fueron asesinados en Filipinas. Filipinas también es peligrosa para periodistas, sindicalistas, campesinos y ecologistas. Según un informe publicado por Global Witness, Filipinas tuvo el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente en el mundo en 2018. El mismo informe determinó que la minería es el sector más mortífero a nivel mundial para los defensores que protestan por la tierra .

Y las empresas mineras canadienses se benefician de esta impunidad. La Oficina de Minas y Geociencias de Filipinas estima que aproximadamente el 30 % de su masa terrestre, o 90.000 kilómetros cuadrados, tiene un alto potencial mineral. El Manila Times informa de que la oficina calcula que Filipinas posee unos 840.000 millones dólares en depósitos minerales.

Las empresas mineras han querido explotar estos depósitos minerales. Dado que el 75% de la industria minera mundial tiene su sede en Canadá, la actividad de las empresas mineras canadienses se ha dejado sentir en Filipinas.

Mientras que la extracción de recursos ha beneficiado a las élites, el pueblo filipino ha visto muy pocos beneficios económicos. De hecho, los índices de pobreza son más altos en las provincias con proyectos mineros a gran escala, según Asunción.

“Históricamente, la Ley de Minas de Filipinas de 1905, introducida en la época en que Filipinas era todavía una colonia de EE.UU., marca la pauta de la forma en que se realizaban las operaciones mineras”. La ley permitía la ocupación y comercialización de tierras públicas por parte de ciudadanos estadounidenses.

“Sólo recientemente se sustituyó la antigua ley de minería”, dijo Claver. Dijo que las operaciones mineras se rigen ahora por la Ley de Minas de 1995, que fue influenciada por las corporaciones mineras.

“La Ley de Minas de Filipinas se creó con la ayuda de muchas empresas mineras y funcionarios del gobierno”, dijo Claver. La ley “abre toda la industria minera de Filipinas al máximo nivel de control por parte de las empresas extranjeras inversoras”.

“El vientre de la bestia”

Hay algunas razones evidentes por las que muchas de las empresas mineras del mundo tienen su sede en Canadá. Sería un eufemismo decir que el clima político del país es favorable. Sydney Lang, de la Red de Solidaridad con la Injusticia Minera, describe con mayor precisión a Canadá -concretamente a Toronto- como “el vientre de la bestia”. Es el epicentro de la industria minera mundial, precisamente porque la violencia sistémica que asola la industria no solo no se controla, sino que se fomenta activamente mediante el apoyo económico.

Según Natural Resources Canada, en 2019, 621 empresas mineras y de exploración canadienses operaron en 96 países en el extranjero, con activos mineros valorados en 177.800 millones de dólares.

Lang dijo que Canadá tiene una larga historia de extracción de recursos tanto a nivel nacional como en el extranjero. Describe por qué Canadá es un semillero de empresas que abusan de los derechos humanos.

“La industria minera canadiense también se sostiene con el apoyo del gobierno a la exploración minera a través de inversiones y servicios financieros”, dijo Lang. “EDC [Desarrollo Económico de Canada] es una corporación de la corona que proporciona miles de millones de dólares cada año en préstamos comerciales a las empresas canadienses que operan en el sector energético internacional”.

También señaló el Plan de Pensiones de Canadá, un programa público de pensiones cuyos gestores de activos, según ella, invierten en cientos de empresas canadienses que operan en la extracción. Según Lang, “la mayoría de las empresas mineras cotizan en la Bolsa de Toronto, que tiene unos requisitos de cotización y divulgación bastante laxos”.

Canadá es terreno de juego de la desregulación para las empresas mineras con sede en este país. Como afirmaron tanto Lang como Asunción, las directrices de responsabilidad social corporativa dentro de la propia industria han fracasado a la hora de prevenir los daños.

Asunción define la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) como “el compromiso voluntario y autorregulado de una empresa de rendir cuentas sobre el impacto socioambiental de sus operaciones con respecto a las expectativas del público”.

Pero, según Lang, el lenguaje y las iniciativas de la RSE “bañan” las prácticas violentas del sector. La RSE (1) se convierte en una herramienta para conseguir apoyo para la industria, no para prevenir el daño. También ve que las empresas utilizan palabras de moda como “compromiso con la comunidad” y “gobierno ambiental, social y corporativo (GSE o ESG en inglés)”.

“Hay una desconexión entre lo que las empresas dicen a sus accionistas e inversores, a otros en la industria, y lo que realmente ocurre sobre el terreno”, dijo Lang.

A pesar de las ruidosas declaraciones de las empresas en apoyo de la responsabilidad social corporativa, la autorregulación del sector, tal y como existe ahora en Canadá, ha demostrado ser ineficaz a la hora de prevenir los daños contra las comunidades afectadas en Filipinas.

La respuesta del gobierno canadiense a la injusticia minera mundial

Asunción dijo que el gobierno canadiense ha utilizado la RSC para desviar la atención de las peticiones de reforma legal. “En su lugar, las políticas mineras canadienses han gestionado el conflicto proporcionando ayuda financiera a las iniciativas de RSC en los países en desarrollo”. Dijo que esto forma parte de una tendencia a trasladar la culpa a los débiles sistemas de gobernanza de las naciones en desarrollo sin reconocer el papel de Canadá en el establecimiento de estos sistemas.

“La caracterización de Filipinas como un estado de gobernanza débil son los restos de más de cuatro siglos de saqueo y pillaje con legados mixtos de influencia colonial”, dijo.

Pero es la ausencia de mecanismos de regulación de la industria en Canadá lo que, en parte, permite a las empresas mineras causar daños a nivel sistémico.

“El liderazgo de Canadá en la industria minera significa que las políticas gubernamentales sobre el tratamiento de los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el extranjero son fundamentales para regular el sector a nivel internacional”, dijo Asunción. “Hasta la fecha, no existe ninguna legislación canadiense que obligue a las empresas a rendir cuentas de sus operaciones en el extranjero”.

Durante décadas, los defensores de la industria han pedido una regulación legalmente vinculante y la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos y la devastación del medio ambiente. Pero se enfrentan a un grupo de presión muy poderoso y a un gobierno con muy poca voluntad de transformar la industria.

En 2010, se presentó en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley de miembros privados que, de ser aprobado, habría establecido directrices de responsabilidad social corporativa vinculantes para las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero. Claver destacó cómo los poderosos grupos de presión del sector pudieron influir en la votación.

“Los esfuerzos anteriores aquí en Canadá para hacer cumplir la responsabilidad social corporativa en el sector de la industria extractiva han fracasado”, explicó. “Lo más parecido a una reforma significativa de la legislación canadiense fue el proyecto de Ley C-300, que fue derrotada en el Parlamento por sólo 6 votos”.

“Todo se debe a un poderoso lobby de la industria. ¿Cómo si no se puede explicar el voto positivo en segunda lectura de 285 a favor, contra 3 en contra, a una tercera lectura de 134 a favor y 140 en contra?”

Señala que 26 diputados liberales y 4 del NDP no asistieron a la votación.

La votación supuso una importante derrota política para los defensores de los derechos humanos y una brillante victoria para los actores corporativos de la industria minera que se benefician de las ejecuciones extrajudiciales, la destrucción del medio ambiente y los desplazamientos.

Desde la infame votación, los defensores de los derechos humanos han seguido reclamando una normativa legalmente vinculante para el sector. La presión de la sociedad civil acabó produciendo un compromiso del gobierno de Justin Trudeau en 2018 para crear una oficina independiente que se encargaría de investigar y remediar los presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas canadienses de la confección, el petróleo y el gas, y la minería que operan en el extranjero.

El gobierno se comprometió a dotar a la oficina de plenos poderes de investigación -incluyendo la capacidad de solicitar documentos y llamar a testigos- para llevar a cabo este mandato. Sin embargo, esta promesa nunca se materializó.

La oficina creada, denominada Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), no era independiente. Por el contrario, dependía de Global Affairs Canada (Asuntos Globales). Y no se le otorgaron plenos poderes de investigación, lo que limitó su capacidad de realizar intervenciones significativas o recomendaciones políticas sobre cuestiones relacionadas con los abusos de los derechos humanos en el extranjero. El nombre de “defensor del pueblo” es en gran medida una cortina de humo. “No tiene nada que hacer”, dijo Lang.

El funcionamiento de la oficina se basa firmemente en la lógica de la responsabilidad social de las empresas, y se apoya en gran medida en los procesos de resolución de conflictos y mediación. La oficina promueve una conducta empresarial responsable y se relaciona con las partes interesadas a nivel consultivo.

Según su sitio web, “la Oficina del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE) cree que la mejor manera de hacer realidad los derechos humanos es mediante enfoques de colaboración, como el intercambio de información, la mediación y la investigación conjunta”. Este lenguaje es irrisorio teniendo en cuenta los desequilibrios de poder que existen entre las empresas mineras canadienses y las comunidades afectadas por sus prácticas violentas.

Para colmo de males, el gobierno nombró a la antigua lobista de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, Sheri Meyerhoffer, como defensora del pueblo.

El gobierno de Trudeau ha dejado claro en las reuniones con grupos de la sociedad civil, entre ellos Mining Watch Canada (Observatorio de la Minería), que la legislación vinculante está fuera de la mesa. La iniciativa de crear el CORE es una maniobra que defiende de boquilla los principios de los derechos humanos sin forzar el cambio en el sector. Como señala Lang, el gobierno canadiense tiene grandes inversiones en el sector minero, lo que explica su falta de acción significativa en esta cuestión.

Se parece mucho a la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa del Sector Extractivo del gobierno de Stephen Harper, que, según un sitio web del gobierno de Canadá, se encargaba de asesorar a “las empresas extractivas y otras partes interesadas en la aplicación de las normas y directrices de rendimiento de la RSC”. Además, la oficina ofrecía apoyo para la resolución de conflictos haciendo hincapié en el “diálogo”.

¿Qué se puede hacer?

Asunción formuló recomendaciones políticas claras que, si se promulgan, podrían reducir los daños causados por las empresas mineras. Animó a los ciudadanos de Canadá a pedir al gobierno canadiense “que dote al defensor del pueblo de la industria minera de un poder judicial que permita a las víctimas en el extranjero buscar soluciones en los estados de origen”.

Dijo que aunque ha habido movimientos en naciones europeas (como Francia) para aprobar una “legislación sobre derechos humanos y diligencia para materia de medio ambiente” que se aplicaría al sector, dijo que “el problema con esta legislación es que a menudo puede ser otro tipo de relaciones públicas y gestión de conflictos”.

“Por lo tanto, tiene que ser implementada en una legislación vinculante y promulgada en la ley para que realmente funcione; y también tienen que estar trabajando junto a los miembros de la comunidad local para garantizar que los mecanismos que estos procesos están proponiendo son realmente beneficiosos y específicos para las demandas locales, las prioridades y las necesidades de la comunidad donde la minería está operando”.

También señaló la necesidad de una legislación que se aplique a las instituciones públicas que proporcionan apoyo financiero a las empresas mineras, como la agencia canadiense de crédito a la exportación Export Development Canada (EDC), la junta de inversión del Plan de Pensiones de Canadá y la Bolsa de Toronto (TSX).

Según la ONG de responsabilidad corporativa Above Ground, el 40 % del apoyo de EDC en 2018 tuvo como destino empresas de petróleo y gas, minería, construcción e infraestructura. Y aproximadamente el 47 % de las empresas mineras del mundo cotizan en la Bolsa de Valores y en la Bolsa de Cambio de Toronto.

Estos cambios políticos son necesarios y podrían ayudar a reducir los daños en la industria. Sin embargo, la realidad es que la industria está firmemente arraigada en prácticas coloniales que violan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, un principio reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Las comunidades afectadas de todo el mundo han pedido que se detengan los proyectos de extracción de recursos, no sólo que se “ecologicen“. Esto incluye el llamamiento de los Lubicon Cree para poner fin a la ocupación de su territorio tradicional por parte de la industria del petróleo y el gas en el norte de Alberta, y el llamamiento de los defensores de la tierra Secwepemc y Tsleil-Waututh, entre otros, para detener el proyecto de ampliación del oleoducto Transmountain en Columbia Británica.

La complicidad del gobierno de Trudeau con las empresas mineras canadienses en el extranjero es paralela a su apoyo entusiasta a los proyectos de extracción de recursos en Canadá.

Según Lang, “tenemos que centrarnos en una profunda solidaridad con las comunidades impactadas y en desenredar esos tentáculos y sistemas que dan fuerza a la industria”.

Esto significa actuar en solidaridad con las comunidades afectadas en todo el mundo y con las Primeras Naciones de Canadá, que se han encontrado con la indiferencia, la coerción o la criminalización de los gobiernos federales y provinciales cuando han expresado su oposición a los proyectos de extracción de recursos en sus territorios.

Esta solidaridad debe basarse en la creación de relaciones significativas y puede adoptar muchas formas tangibles, como la desinversión colectiva en las industrias del petróleo y el gas y la minería (por ejemplo, la cartera de inversiones para 2020 del Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario incluía 4.000 millones de dólares en activos de los sectores de la minería y el petróleo y el gas); la recaudación de fondos para las comunidades afectadas; y la organización de acciones públicas que eduquen sobre la injusticia y ejerzan presión para el cambio.

Solidaridad Internacional

Samantha Ponting

Sam vive y organiza en Toronto, en el territorio de los Mississaugas de Credit, los Anishnabeg, los Chippewa, los Haudenosaunee y los Wendat. Le interesa el trabajo de solidaridad internacional.

1RSE o RSC: Responsabilidad Social Corporativa

Brasil

Gigante minero atropella a indígenas para explorar potasio en Amazonas

Por: Hyury Potter, Fábio Bispo / Diálogo Chino | 18/05/2021
Brasil: Gigante minero atropella a indígenas para explorar potasio en AmazonasCuenca del río Madeira / Marizilda Cruppe/Greenpeace
Potasio de Brasil firma un contrato multimillonario con China que incumple la decisión las autoridades y los pueblos indígenas.
La minera Potássio do Brasil, PDB, controlada por el gigante canadiense Forbes & Manhattan, firmó un contrato con la constructora china CITIC para construir un complejo de exploración de potasio en Autazes, a 110 km de Manaus (AM), en la Amazonía brasileña. Pero el contrato de $ 1,94 mil millones se firmó a fines de 2020 sin ninguna consulta con las partes involucradas.

Como parte de esta investigación conjunta, InfoAmazonia y Diálogo Chino encontraron el contrato entre una serie de documentos que Associated Press envió a la SEC, la agencia que controla los mercados financieros de Estados Unidos, donde la minera prevé recaudar 50 millones de dólares en una primera ronda de inversión.

Los planes de la minera para explorar potasio en Autazes, en el estado de Amazonas, ya habían sido permeados por conflictos locales. Por ello, una audiencia de conciliación en 2017 llevó a la empresa a firmar un convenio con el Ministerio Público de la Federación en el que se le impide realizar cualquier trámite «sin autorización judicial previa».

Niño limpiando pescado en una comunidad Mura, en Autazes. Foto: Maurício Torres/Mongabay
La decisión también suspendió las licencias ambientales hasta que se complete la consulta con el pueblo Mura, una población de 14.000 personas que ocupan 44 aldeas de la región, y se estableció que la empresa brinde apoyo financiero a los indígenas para que preparen su protocolo de consulta.

La consulta libre, previa e informada es un derecho garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene fuerza de ley constitucional. Este instrumento, sin embargo, ha estado amenazado desde fines de abril por un Proyecto de Decreto Legislativo que pide al país que se retire del tratado, con el argumento de que puede obstaculizar el crecimiento de Brasil.

Sin tener la capacidad de ejercer cualquier actividad sin autorización judicial, el PDB omitió tanto el contrato de mil millones de dólares con CITIC como la intención de buscar inversionistas en los Estados Unidos. “La Fiscalía Federal nunca fue comunicada”, dijo sorprendido el abogado Fernando Merloto Soave, quien se enteró de la negociación a través del contacto del informe.

El Proyecto Potássio Autazes, que prevé inversiones del orden de US $ 2,3 mil millones, pretende extraer un total de 770 millones de toneladas de potasio, mineral esencial en la producción de fertilizantes. El contrato revela que el mega proyecto incluye una mina de casi 1.000 metros de profundidad, una planta para la producción de insumos agrícolas y la infraestructura circundante, como una carretera y un puerto en la cuenca del río Madeira, a ocho kilómetros de la mina.

Proyecto del complejo de Autazes Potasio, que incluye la planta de procesamiento de mineral, el puerto en el río Madeira y la carretera de acceso. Crédito: Divulgação/Potássio do Brasil.
Un video de la empresa muestra que el sitio de perforación del suelo se encuentra a ocho kilómetros de la Tierra Indígena Jauary, reconocida por la Fundación Nacional Indígena, Funai, en 2012 y aún en proceso de demarcación.

La información del expediente muestra cinco requisitos mineros para el complejo Potássio Autazes. Cuatro de ellos tienen tramos que se superponen a la tierra del Jauary, como lo muestra Amazônia Minada, un proyecto de InfoAmazonia que mapea las solicitudes de minería al gobierno brasileño en áreas protegidas. Los registros en la Corte Federal informan que la empresa incluso solicitó que las áreas sobre el territorio sean removidas de la orden de minería, pero los datos en la Agencia Nacional de Minería (ANM) continúan indicando el traslapo ilegal. Cubren casi 45 mil hectáreas, un área mayor que Curitiba (PR).

Con un ojo en el Agro
El proyecto multimillonario serviría principalmente a la agroindustria brasileña que importa más del 90% del potasio para los cultivos. La exploración del complejo Autazes podría abastecer el 25% de la demanda brasileña de mineral.

La construcción del complejo en la cuenca del río Madeira es estratégica para los productores de soja de los estados de Mato Grosso y Rondônia, en la Amazonia Legal. Los transbordadores que hoy todavía están cargados de granos con destino a puertos de la región norte, desde donde se exportan a Europa y China, regresarían a los estados productores ya llenos de fertilizantes.

Pero la expectativa de atraer altas inversiones al proyecto dejó en un segundo plano la mitigación de las pérdidas socioambientales, como se muestra en un comunicado a la ANM, en el que el AP indica su intención de explorar el subsuelo en el Territorio Indígena Jauary, sin descartar interferencia en el sitio. Pero sostiene que, como la exploración sería subterránea, el ruido de la actividad sería “prácticamente nulo” y el impacto del agua, “puntual”.

Río Madeira, en Autazes, desde donde se enviaría el fertilizante a la producción de soja en los estados de Mato Grosso y Rondônia. Foto: Bruno Caporrino.
Un estudio realizado en 2018 por investigadores de Brasil y Estados Unidos muestra que el complejo Autazes presenta riesgos para el suelo, la estructura geológica, la vegetación, los acuíferos e incluso el drenaje superficial. La deforestación, según los investigadores, también dañaría el ciclo hidrológico, el hábitat de la vida silvestre y la biodiversidad.

“Dicen que traerán desarrollo, pero sabemos que no es así”, dice José Claudio Pereira Yuaka, presidente del Consejo Indígena Mura. “Sabemos muy poco sobre el proyecto, pero sabemos que pueden ingresar a los territorios indígenas bajo tierra. Esto es una amenaza para el pueblo Mura, es un ataque, es un riesgo”.

La silvinita, el mineral del que se extrae el potasio. Foto: Divulgação/Potássio do Brasil.
En la producción del fertilizante se descarta el cloruro de potasio, conocido como sal de mesa. Según la empresa, parte de estos residuos quedarían a la intemperie para ser disueltos por las lluvias, pero las comunidades locales temen que el proceso lleve a la salinización de los ríos.

Debido a los riesgos asociados con la obra, el acuerdo judicial determinó que la licencia ambiental no debe realizarse hasta que se concluya la consulta con el pueblo Mura. Para realizar todas las rondas de conversación y votaciones, la previsión es que la consulta dure un año. Este plazo tiene que ver con cómo decidieron ser escuchados, según explicó el antropólogo Bruno Caporrino, quien fue designado por la Corte Federal para coordinar la elaboración del protocolo de consulta, concluido en 2019.

“La metodología que eligieron fue de tres ámbitos de encuentro: local, regional y general. En algunas reuniones, solo los indios Mura pudieron participar. Así, se pudo garantizar que no hay interferencias externas ”, explica Caporrino.

La consulta comenzaría en 2020, pero se suspendió debido a la pandemia del Covid-19. La gravedad de la situación brasileña puede posponer el proceso, dice Fernando Soave, hasta el 2022. En febrero, la magistrada Jaiza Maria Fraxe, responsable de la acción en la Corte Federal, afirmó que “no es recomendable, plausible y mínimamente razonable promover cara -reuniones cara a cara en este momento ”.

Medias verdades para la SEC
En los documentos remitidos a la SEC, el AP entregó información inexacta al regulador, como la previsión a tres meses para la conclusión de la consulta con los indígenas para garantizar el inicio de la obra. Esto puede resultar en una multa para la empresa y conlleva un riesgo para los inversores potenciales. «No tienen seguridad alguna sobre este proyecto», comentó Soave.

La consulta con los pueblos indígenas ha sido uno de los puntos más sensibles del proceso. En abril del año pasado, la SEC exigió aclaraciones a la minera sobre las posibles repercusiones legales del dictamen.

“Brindar información actualizada y explicar con más detalle la forma en que se desarrollan las consultas”, pidieron en una carta dirigida a la sede de la empresa en Canadá.

El grupo respondió que había realizado “varias rondas de consultas”. Estas rondas, según consta en el expediente en el Tribunal Federal, son audiencias públicas impulsadas por la empresa en 2015, fuera de las aldeas, y que, por tanto, no pueden ser consideradas como la consulta previa que los Mura definieron en el protocolo en 2019.

La empresa también afirma que la agencia ha suspendido la concesión de licencias ambientales del proyecto «de forma voluntaria». Pero el abogado Fernando Soave recuerda que esto se debió a la audiencia de conciliación.

La relevancia de la consulta también se ha ido ignorando progresivamente. En marzo de 2020, la minera informó a la SEC que «la oposición de los indígenas puede requerir modificaciones o impedir el funcionamiento del proyecto en Autazes». Tres meses después, luego de la solicitud de explicaciones de la SEC, una nueva versión del mismo documento no contenía la opción de impedir el emprendimiento (en inglés, «precluir el desarrollo u operación «), indicando solo que la oposición de los indígenas «puede , en determinadas circunstancias, requerir modificación del proyecto”.

Documento enviado a la SEC en marzo de 2020, en el que se asegura que la operación indígena «impide».
En junio de 2020, una nueva versión del documento excluye el impedimento de la operación.
Para la Justicia Federal de Amazonas, en 2016, la empresa explicitó su intención de no considerar la consulta con el pueblo Mura como un impedimento: “Es importante resaltar que el Convenio 169 de la OIT en ningún momento estableció que la consulta con las comunidades indígenas pueblos implicaría un poder de veto a la concesión de licencias ambientales ”, afirma Potássio do Brasil.

Fernando Soave defiende que la decisión de los indígenas tiene poder de veto y puede bloquear la empresa. “La consulta es una autonomía del pueblo Mura. En la audiencia judicial, la empresa acordó que la decisión es vinculante ”, dice el fiscal.

El abogado también expresó su preocupación por la información entregada por la empresa a la SEC y el posible incumplimiento del acuerdo. «Esta información es preocupante, ya que puede representar tanto datos engañosos llevados a posibles inversores como un posible incumplimiento de los requisitos para la consulta», dice Soave.

Historia de violaciones
Potássio do Brasil impulsó participaciones en Autazes en 2009. La empresa minera obtuvo permiso para investigar el mineral a pesar de que un grupo de Funai ya había estado identificando la Tierra Indígena Jauary durante casi un año. «Empezaron todo mal, perforando pozos en tierras indígenas [sin autorización]», dice el fiscal.

Como se trata de un área indígena en proceso de demarcación, la empresa tendría que solicitar una licencia ambiental a nivel federal, entidad que protege legalmente a estos pueblos en Brasil. Pero Ipaam, la agencia ambiental estatal en Amazonas, otorgó una licencia preliminar.

En 2016, Ipaam justificó la licencia, garantizando que el proyecto «no está insertado ni contempla el uso de recursos naturales en tierras indígenas». Sin embargo, al mismo tiempo, la propia AP admitió el solapamiento.

“Se instalaron en 2010, con oficina en la ciudad de Autazes, e iniciaron estudios y perforaciones. No le preguntaron nada a nadie ”, recuerda José Claudio Pereira Yuaka. «Alrededor de 2015, nos enteramos de los desastres en la televisión de otros proyectos mineros y buscamos aprender más sobre esta mina».

Desde entonces, los canadienses han estado perforando Autazes en busca de potasio, que ya les ha costado $ 250 millones de reales (más de $47 millones de dólares) según la demanda. Hoy saben dónde encontrar el mineral y dicen que la exploración no impacta la región ocupada por el pueblo Mura porque ocurre bajo tierra.

Simulación en 3D de los pozos de perforación de la planta de potasio de Brasil y de la excavación de la mina subterránea de silvinita, según el vídeo de presentación del proyecto. Crédito: Divulgación/Potashio do Brasil.
Informan que la perforación tendrá de uno a tres metros y medio de ancho y hasta 900 metros de profundidad. Sin embargo, no está claro si esta exploración del subsuelo se llevará a cabo hacia el territorio indígena, donde la empresa ya identificó potasio.

En ese momento, los indígenas incluso amenazaron a incendiar equipos de la empresa para desmovilizar la perforación, y Funai pidió que se detuvieran los estudios «porque están afectando la Tierra Indígena Jauary».

Con tantos percances, el MPF decidió intervenir y, a los pocos meses de la apertura de una investigación en 2016, la empresa aceptó la audiencia de conciliación. Además de llevar las riendas del proceso con más fuerza, el MPF también pudo suspender la licencia ambiental previa.

Aun así, el AP rompió el acuerdo en al menos dos momentos: en 2017, la empresa tardó cuatro meses en justificar excavaciones que preocupaban a los indígenas; y en 2019, anticipó estudios para identificar la flora local para acelerar la concesión de licencias.

En 2017, la agencia minera emitió un informe técnico favorable a la minería subterránea en tierras indígenas, pero hizo reservas sobre cuestiones legales.

No existe una disposición legal para la exploración minera en tierras indígenas en Brasil, pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha estado presionando para legalizarla. Es en estos posibles cambios, por supuesto, en los que las empresas mineras confían cuando presentan solicitudes a la agencia minera, ANM.

Por tal motivo, la Procuraduría General de la República determina que la dependencia no acepta solicitudes de investigación minera en territorios indígenas, incluso si se encuentran en la fase de demarcación, como es el caso de las tierras Jauary.

Además, la Corte Federal eliminó en 2019 todos los requisitos en tierras indígenas de la Amazonía. Aun así, la minera canadiense continúa con 19 pedidos activos que se superponen con territorios indígenas en el estado, según datos de Amazônia Minada.

Además de los avances de la empresa, los indígenas deben resistir las presiones e incluso las amenazas que vienen de la ciudad de Autazes.

“A veces escuchamos quejas de personas que dicen que la región puede ser rica, pero los indígenas no tienen nada que hacer. He visto en el baño de un bar en la ciudad un graffiti que dice «Muerte al pueblo Mura». Solo queremos que se aplique la ley ”, dice Herton Mura, asesor de la Organización de Liderazgo Indígena Mura do Careiro da Várzea.

Cuestionado el 7 de mayo sobre la serie de abusos legales, el PDB no hizo comentarios. Tampoco tuvimos respuesta de la SEC sobre la información proporcionada por el AP, y de IPAAM sobre las licencias ambientales bloqueadas por los tribunales. CITIC no regresó hasta que se cerró el informe.

La ANM, por su parte, negó que existan requisitos mineros vigentes dentro de Tierras Indígenas en Amazonas, pero la nota enviada por la consultora se contradice en la siguiente frase: “El hecho de que aparezca un requisito en SIGMINE en un área indígena ha ningún efecto práctico”. La agencia reguladora ignoró una pregunta sobre el incumplimiento de un dictamen de la AGU de 2009 que impide las autorizaciones para la extracción de minerales en territorios indígenas ya identificados, como es el caso en el territorio de Jauary.

Este informe se ha realizado en colaboración con InfoAmazonia.

Este artículo, escrito por Hyury Potter y Fábio Bispo, fue publicado originalmente en Diálogo Chino y re-publicado bajo licencia creative commons por Bienes Comunes de El Desconcierto.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/05/18/brasil-gigante-minero-atropella-a-indigenas-para-explorar-potasio-en-amazonas.html

Argentina

«Caminamos porque no queremos morir por el virus y tampoco por la contaminación»

Dos hechos tan dolorosos como arrasadores las movilizaron en geografías distantes del país. En el norte, una niña wichi había sido violada y asesinada; en el sur, los incendios forestales se tragaron bosques enteros en pocos días. Las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir -un red que suma a mapuche, aymaras, wichi, ranqueles e integrantes de otros pueblos originarios- no se preguntaron qué hacer, se pusieron en acción. Salieron a caminar en marzo desde el Chaco y desde Chubut para denunciar con sus pasos el extractivismo y una idea «de progreso que es exterminio». Mañana llegan a la ciudad de Buenos Aires después de decenas de asambleas, habiendo tejido una red ambientalista que seguirá en acción contra esa palabra nueva que se llenó de sentido en el camino: terricidio.
Por Estefanía Santoro y Euge Murillo
21 de mayo de 2021
El paso por la costa sirvió a la vez de descanso para los pies de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.. Imagen: Jose Nico
Desde Mar del Plata

“Flores nativas, rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia abrazamos a la tierra. Sagrados nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicias para ellos no habrá paz.” Epunewen.

Vienen cargando la palabra Terricidio envuelta en un paso firme por tierra arrasada. Caminan para denunciar, ser oídas, escuchar, encontrarse y aunar fuerzas. Estas cronistas se encuentran con algunas de las caminantes del Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir en Mar del Plata, a solo 400 kilómetros del punto de llegada: la Ciudad de Buenos Aires. Ya las suelas están gastadas, la piel percudida por la transpiración acumulada, las estrategias del ritmo bien aprendidas: “Cuando arrancan no paran” dice Vik que acompaña al bloque sur de la caminata. Se queda un poco más atrás que sus hermanas -así se llaman entre ellas- que caminan por la pasarela unos metros más arriba del nivel del mar en donde es furor el Paddle Surf, un deporte marítimo que consiste en mantenerse de pie sobre una tabla con la ayuda de un remo de una sola pala. Las caminantes atraviesan la ciudad balnearia que está en fase 2 en la escala ya conocida de la Covid19. Algunas personas siguen su rutina matutina sin prestarles atención, otras aminoran el paso para ver de qué se trata. Con un té calentito en el termo que acompaña la voz baja, explican con paciencia por qué decidieron salir de diversos territorios e iniciar el pasado 14 de marzo una caminata plurinacional desde distintas provincias para encontrarse mañana 22 de mayo en la Plaza de los Dos Congresos a las 14 hs.

Se adentran en la arena, charlan, un sorbo, un poco de descanso, miran el horizonte y de vez en cuando se envuelven en una bandera que dice: “Basta de Terricidio. Mientras no tengamos justicia para ellos no habrá paz”

¿Cómo surgió la iniciativa de la caminata?

Las mujeres indígenas buscan concientizar a la población sobre la necesidad de un cambio de paradigma hacia el Buen Vivir, como ellas lo llaman, basado en la protección de los bienes comunes (aire, agua, tierra) que existen en el mundo que habitamos y terminar con el modelo extractivista que destruye y contamina todo a su paso: “Hubo dos hechos muy concretos a partir de los que dijimos algo tenemos que hacer, no tenemos más que nuestro cuerpo y por eso salimos a caminar. Uno de esos hechos sucedió este verano, en enero. Una niña wichí la violaron en manada, la asesinaron y dejaron su cuerpo tirado. Su madre, que no habla castellano, cuando desaparece, quiere hacer la denuncia. Se le cagan de la risa en la cara y no le toman la denuncia. La tía de esta niña pertenece al movimiento y nos contó por lo que estaban pasando. Cuando apareció el cuerpo de la niña, tampoco hicieron nada, no salieron a buscar culpables, ni siquiera figuró en los medios de comunicación. Esta situación no es excepcional, es parte de la realidad, el chineo justamente es algo que lo quieren hacer pasar como una práctica cultural pero es una aberración que sucede desde el colonialismo, que son violaciones en manada a niñas de parte de criollos. A esa situación se sumaron los incendios en la Comarca Andina y en Corcovado, Chubut donde el río Carrenleufú está amenazado por un proyecto de 18 represas, esto viene acompañado de otros proyectos de megaminería. Están empezando a quemar las tierras para seguir profundizando el modelo extractivista. El intendente de El Maitén dijo que quiere explorar la zona a ver si hay petróleo. Ya no podemos más porque estamos en pandemia encerrades pero las actividades extractivistas continuaron ¿cuál es la lógica? ¿Tenemos que estar encerrades para no morir por el virus pero sí podemos morir de contaminación? Desde ahí nos impulsa salir a caminar, encontrarnos con quienes ya no queremos ser parte de esta realidad. Esto debe interpelarnos a todos, porque todos estamos habitando este territorio que fue y está siendo masacrado”, explica Vik.

La caminata fue organizada por columnas que partieron desde distintas partes del país. La columna sur conformada por mujeres de la nación Mapuche partió desde la Puel Willimapu en Corcovado, Chubut, para continuar por los pueblos y ciudades de Esquel, El Maitén, El Bolsón, Epuyén, Furilofche, Dina Huapi, Villa La Angostura y Comallo. La parada en Mar del Plata fue la última antes de llegar a Buenos Aires del bloque sur. La columna norte partió desde Roque Sáenz Peña, en Chaco, son mujeres de la Nación Qom y Diaguita y continuaron la caminata hacia Resistencia, Paraná, Cayastá y Rosario.

Noel Romina Naporichi pertenece a la nación Qom, nacida y criada por sus abuelxs en Juan José Castelli, ciudad del noroeste de Chaco, hoy vive en Rosario donde emprendió el camino de “lucha, fuerza y recuperación territorial” de su comunidad, así es como lo denomina. Ella transita los diferentes territorios para visibilizar que las naciones indígenas «necesitan la atención que nunca se les dio». Forma parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen vivir, es profesora de peluquería y coordinadora de espacios juveniles en centros comunitarios y privados de Rosario, comprometida además con la lucha antipatriarcal y antiracista.

Noelia fue la encargada de alojar en su casa a un grupo de mujeres del bloque norte: “Hicimos un recorrido por Santa Fe, donde nos recibieron las hermanas del pueblo Mocoví y la comunidad Qom en barrio Las Lomas. Ahí estuvimos varios días, después fuimos a Paraná. Y finalmente llegamos a Cayastá a la comunidad de la hermana Marta González, del pueblo Mocoví.”

¿Qué es el Terricidio?

En su andar le hacen una apuesta corajuda al lenguaje, llenar de sentido la palabra Terricidio de manera colectiva, recogiendo como si fueran espigadoras las voces que emergen de cada lugar en donde se detienen a conversar de modo asambleario ¿Cómo nos atraviesa el Terricidio? Falta de agua, contaminación, incendios de bosques nativos, fumigaciones ilegales con agrotóxicos, montañas dinamitadas, son solo algunas de las formas en las que se materializa esta forma de exterminio a lo largo y ancho del país. No es casual que hayan elegido instalar una palabra, la lengua originaria les fue saqueada, de esa herida reconstruyen el lenguaje, primero el ancestral y después la traducción, una coreografía auditiva para ser oída pero también para convertirse en hacedoras de palabras que expliquen las heridas del mundo.


Julieta es integrante de la organización Ecos de Mar y explica: “En Mar del Plata, el Terricidio se manifiesta desde hace años con las fumigaciones. Todo el cordón frutihortícola de la ciudad es uno de los cordones más importantes del país y está siendo fumigado, ese veneno va a la mesa y al agua. El Grupo Aguas, que depende de la Universidad de Mar del Plata, realizó un estudio donde detectaron que el agua de las escuelas contiene gran cantidad de químicos. Esto es histórico en la ciudad porque desde hace años no respetan las ordenanzas que prohíben fumigar a menos de mil metros de distancia. Después tenemos otras cuestiones que tienen que ver con los intereses turísticos, con un montón de barrios privados que se están extendiendo sobre reservas forestales, como, por ejemplo, en el bosque. Constantemente los intereses privados se apropian de los espacios públicos, de las playas públicas y de las reservas que ya están siendo violadas totalmente. Pero lo que más nos alarma desde hace algunos años, es que empezaron a aparecer ballenas y delfines muertos y no entendíamos por qué. Conectándonos con distintas instituciones, nos explicaron que esas muertes están relacionadas con la exploración sísmica de hidrocarburos. Es un tipo de técnica para localizar pozos petroleros en el fondo marino, a través de bombardeos acústicos, estruendos muy fuertes como el sonido del despegue de un cohete espacial que le revientan los tímpanos a los animales o los dispersan, hacen que se pierdan y se terminan muriendo varados. Ese es un gran Terricidio. Hace cuatro años que lo pusieron en práctica, cuando otorgaron permisos de exploración sin consulta pública y es el paso previo a lo que se viene después. Estamos hablando de una superficie enorme de pozos que va a ocupar gran parte de la Provincia de Buenos Aires, desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Una vez que se instalen las petroleras, habrá pozos petroleros a poca distancia de la costa. Se sigue profundizando el modelo extractivista. Greenpeace junto con la Universidad de Tandil vienen investigando este proyecto y calculan que va a haber por lo menos un gran accidente petrolero grave que va a contaminar toda la costa. Nos hemos manifestado sobre este tema, pero es muy difícil que llegue la información a la gente porque hay un cerco mediático muy grande.”

La vía orgánica es un espacio cultural y comunitario de huerta que tiene una cuadra de extensión en la ciudad de Mar del Plata: “Se abastecen de alimentos agroecológicos personas que de manera espontánea se acercan, los jueves y sábados se realizan los trabajos comunitarios. Son entre 12 y 15 personas con sus familias”, explica Maria Laura Tiburcio, técnica agrónoma y parte del proyecto: “La agroecología es una de las resistencias y alternativas al sistema productivo imperante y por sobre todo una respuesta hacia una vida digna, la huerta orgánica e intensiva es una forma de producir alimentos sanos durante todo el año, libres de los agrotóxicos que ponen en riesgo nuestra salud” concluye.

Poner en palabra

¿Cuándo comenzamos a utilizar la palabra femicidio como obradora de sentido frente al ya extinto “crimen pasional”? ¿cómo es que queda anclada en el lenguaje una palabra? ¿Es casual la lucha por instalar palabras de sufijos que indican matar, eliminar, exterminar? Urge el caudal de sentido sobre la palabra, entenderlas y reconocerlas, como los caminos que se recorren varias veces para memorizar los lugares por los que se pasa y no tanto el punto de llegada. Algo parecido a lo que vienen haciendo las caminantes. Urge poner en palabras cómo se llevan a cabo estas múltiples formas de exterminio para encontrar estrategias de resistencia. El terricidio es la síntesis del genocidio, el ecocidio, el feminicidio y el espistemicidio que sufren las comunidades desde el momento en que los pueblos preexistentes al Estado Nación fueron saqueados, destruidos y colonizados.


El ecocidio es la destrucción de los territorios de manera irreversible, ocasionada por el desmonte, la tala indiscriminada, la megaminería contaminante y los incendios intencionales que dejan a las comunidades sin posibilidad de cosechar, sin agua y enferma sus cuerpos por los desechos que las empresas esparcen sin control.

El epistemicidio es la eliminación del conocimiento, de las formas de entender y concebir la vida de las comunidades indígenas. Es la colonización que destruyó su cultura, su idioma, sus ceremonias, su medicina. Es la opresión y la negación de la identidad indígena. La iglesia católica tuvo una gran responsabilidad en esto durante sus misiones cristianas.

Las mujeres indígenas definen el feminicidio como “el asesinato organizado y continuo de las empresas terricidas que atacan a las mujeres en las comunidades por motivos económicos”, es también la violencia patriarcal que sufren y es el Estado que no protege ni asiste a esas mujeres, es la institución policial que se les ríe en la cara cuando se acercan a una comisaría a realizar una denuncia y descreen de sus testimonios.

El genocidio indígena, que en este sur comenzó hace más de 200 años, continúa hasta nuestros días cuando las comunidades son negadas, olvidadas y despojadas de sus territorios y su ancestralidad. El exterminio de los pueblos se perpetúa, solo cambiaron los métodos, hoy mueren por hambre, por contaminación, por la violencia racista institucional y por la desidia de los gobiernos.

Los gobiernos, el Estado y las empresas extractivistas son los responsables de esta matanza, los terricidas que cegados por el poder y el dinero perpetúan la opresión hacia las comunidades.

¿Por qué caminan?

“Nosotras caminamos para sanar y en el trayecto surgen círculos de diálogos donde contamos las cosas que nos lastimaron durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y cuando podemos nombrarlas, decirlas, vamos sanando. En el camino también nos encontramos con otras hermanas que han pasado por sufrimientos peores o iguales y ver que ellas tuvieron la fortaleza de superarlos es otra forma de sanar. En el caminar plantamos una semilla que más adelante dará sus frutos y eso es parte de la sanidad porque sanamos junto con la pacha”, cuenta Karumanta Escalada, mientras sus pies dejan huella en la arena de la playa y el sol vuelve más brilloso la profundidad de su pelo negro, largo y lacio”, ella es una mujer de la nación quechua y Aba Guaraní, vive en General Pico, La Pampa. Pertenece a la comunidad Ajayhu Pawha y también integra el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

Inició la caminata a mediados de abril y se unió al bloque de mujeres que partieron del sur del país, su historia de vida se repite en muchas mujeres indígenas de los distintos territorios. Nació en Orán, Salta, cuenta que se crió en medio de dos comunidades: Aba Guaraní y Coya Quechua. Ya durante su adolescencia comenzó a transitar distintas provincias del Norte en búsqueda de trabajo, fue trabajadora de casas particulares y niñera, siempre en la informalidad, sin derechos y con sueldos muy bajos que apenas le permitían subsistir. A sus 25 años llegó a La Pampa y cuando quiso regresar a Salta su situación económica era tan precaria que no pudo pagarel viaje de vuelta. “Me costó mucho acostumbrarme a La Pampa porque el clima era muy frío para mí que venía del Norte y la gente era demasiado blanca, sufrí mucha discriminación. Hasta que una mujer me dio trabajo y me ayudó mucho. En ese momento yo tenía a mis dos hijos chiquitos, los crié sola y salí adelante.”


Hace 12 años Karumanta comenzó un proceso de recuperación y defensa de su identidad primero en la comunidad Pincen en Trenque Lauquen y luego la llevó adelante en su propio territorio, en General Pico. Comenzó a contactarse con vecinxs y conocidxs que les contaban la historia olvidada y negada de sus raíces. “De repente charlando con alguien me decía, ‘mi mamá, mi abuela era india’ y yo les contestaba: vos también lo sos. Hay una historia que me conmovió mucho, era una señora grande, me dijo que varios de sus tíos murieron porque les hicieron cruzar el río caminando, eran del pueblo Charrúa y ella no sabía. Era muy doloroso para ella saber que le habían pasado cosas graves a su familia, y así fue, se fue redescubriendo. Otra chica me decía ‘yo sé que yo soy Ranquel, pero no sé nada de mi historia, no sé la lengua’ y empecé a darles ánimo, las ayudé a recuperar su identidad. Así se fueron sumando 15 familias de distintos pueblos y comunidades y formamos la comunidad urbana Ajayhu Pawha que significa espíritu libre, porque no se busca que sea de una etnia específica, sino recuperar nuestra identidad. Fuimos la primera comunidad que hizo una ceremonia de la Pachamama en General Pico y muchos se asombraron porque es una ciudad muy blanca.”

Karumanta extendió la recuperación de su identidad a las escuelas, comenzaron a llegarle invitaciones de distintas instituciones educativas para dar talleres y contar lo que significa ser mapuche, su lengua, su cultura, su espiritualidad. Ella también cuenta cómo se manifiesta el Terricidio en su comunidad: “El gran problema que existe en La Pampa es la contaminación del agua con arsénico y agrotóxicos. Donde yo vivo está rodeado de campos que son fumigados, vemos cuando pasan aviones a muy pocos metros de nuestras casas tirando veneno, denunciamos, pero no pasa nada. Hay muchas personas enfermas de cáncer y esto es algo que pasa hace mucho, cuando llegué a La Pampa me llamó la atención que las personas tenían los dientes negros y tengo amigas de mi edad que en sus fotos no sonríen porque les da vergüenza mostrar sus dientes.”

Otras de las formas en las que se manifiesta el terricidio en la comunidad donde vive Karumanta es a través de prácticas que reproducen el machismo heredadas de la colonialidad: “Cuando llegué a La Pampa me di cuenta que los varones tenían el privilegio de sentarse en la punta de la mesa y que les sirvan primero la comida, eso en mi comunidad jamás existió, cada día trato de desarmar esas costumbres que no tienen nada que ver con las nuestras”, cuenta y concluye: “Nosotras estamos seguras que esta caminata es el principio de algo que nos va a dar herramientas, tal vez nosotras no vamos a ver los frutos de esta caminata pero si nuestras hijas y nietas. Ellas van a tener más herramientas que nosotras porque este caminar es una transformación, un conocimiento, las que vengan detrás de nosotras van a tener un camino más directo.”

Las asambleas

La dinámica asamblearia es una de las huellas que fue dejando el recorrido: una ronda en donde la voz baja toma protagonismo, el esfuerzo en la escucha es también una manifestación de otro modo de comunicación: “Podría subir la voz hermana” le dicen a una de las caminantes que se encuentra en la parte de la ronda en donde todavía llegan los últimos rayos de sol de la tarde. Ella mantiene el hilo de voz en una frecuencia baja, la sostiene el sonido del mar y del viento. Las personas comienzan a acercarse lentamente para oír mejor. Una mujer saca de su bolso un pan, lo deja al costado de una de las caminantes que agradece con un gesto y dice una frase que instala el silencio por un rato: “La tierra está agonizando y sin embargo nos sigue alimentando”. Luego la palabra comienza a circular “Quiero leerles algo que justo tenía en la mochila”, la mujer se ríe cuando dice la palabra “justo” y continúa: “Tiene que ver con esto de buscar otras palabras, de inventarlas, en nuestro grupo de amigos nos pasaba que no nos gustaba tanto la palabra “militancia” por su procedencia, entonces encontramos una nueva y quiero compartirla: viditancia es una palabra nueva propuesta por la Red JArilla de Plantas Saludables de la Patagonia como modo de enfatizar la actividad por el cuidado de la vida”. Los aplausos son tímidos pero emergen de la ronda, es ahí en el sentido del lenguaje donde late el corazón de la caminata.

“En todos los lugares en donde fuimos parando se armaron estas asambleas, las personas se van acercando, por ahí al principio somos poquitas y después va creciendo”, cuenta una de las hermanas. La forma en la que se organizan es a través de las personas que las reciben en las diferentes paradas, comida, lugar para hospedarse y acompañamiento en un tramo del recorrido. Luego se difunde el horario en el que va a suceder la asamblea y se convoca. Sobre el final se arma un grupo de wasap en donde quienes quieran pueden dejar su contacto, de este modo van tendiendo una red a su paso.

“En Mar del Plata, una de las principales luchas es por las costas públicas, vaya si no nos está afectando el terricidio” dice Sofia Romero, que tiene 23 años y estuvo en la última movilización masiva que hubo en la ciudad antes de que comenzara la temporada por la privatización de las playas.

“Las personas tienen que entender que el Terricidio nos afecta a todes, nos atraviesa, venimos acá a Mar del Plata y las personas nos cuentan que tienen que estar defendiendo las costas para que sea pública, todavía las personas no despertaron en ese sentido. La caminata viene a dar un sacudón para despertar, para que nos demos cuenta que se nos está muriendo el planeta a manos de un supuesto progreso que en realidad nos lleva a la destrucción y eso no lo estamos viendo”, dice Neli Curia, mujer mapuche de El Bolsón, ella se unió a la caminata en Jacobacci, Departamento Veinticinco de Mayo en Río Negro: “En algunas asambleas por las que pasamos acompañamos el pedido de visibilidad por la búsqueda de Tehuel, nuestra lucha por la visbilización es muy parecida a la que viven las diversidades porque sus muertes no repercuten y a nosotras nos pasa lo mismo, no tenemos repercusión en la prensa y es duro decirlo, pero las compañeras feministas blancas tampoco miran las muertes y violaciones de mujeres indígenas como está pasando hoy con los travesticidios o la desaparición de Tehuel.” El territorio que habita Neli es una de las zonas de la Comarca andina que hace un mes ardió en llamas, un incendio que, tal como aseguran lxs vecinxs que lo perdieron todo, fueron intencionales y esconde los intereses de grandes empresas. Hace tres años se unió al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, es artesana y alfarera, su economía quedó desbastada cuando comenzó la pandemia, al no poder vender sus productos en las ferias, subsiste con su huerta: “La caminata tiene la particularidad que trae nuestra espiritualidad a cuestas, nuestros ancestros nos estuvieron guiando, estuvimos protegidas y sanas. En todos los lugares donde estuvimos hicimos nuestras ceremonias. Nosotras creemos que la tierra nos acompaña porque sobre ella estamos, las personas de los distintos territorios que recorrimos nos acercaron sus hierbas medicinales, también nos han contado sobre las consecuencias del impacto turístico y las mineras sobre los territorios naturales y eso lo pudimos ver al caminar.”
https://www.pagina12.com.ar/342369-caminamos-porque-no-queremos-morir-por-el-virus-y-tampoco-po

Perú

Oscar Valdés: de represor de protestas en Conga a técnico del fujimorismo

20/05/2021
Redacción Wayka
A mediados del 2011, la región Cajamarca se levantó en protesta contra el proyecto minero Conga, a cargo de la empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont. Pese a que un estudio de impacto ambiental advirtió la destrucción de lagunas de cabeceras de cuenca, y la poca voluntad de la minera por preservar las fuentes de agua, el entonces premier Oscar Valdés intentó imponer el proyecto a sangre y fuego. La candidata Keiko Fujimori presenta actualmente a Valdés como parte de su equipo técnico.

Oscar Valdés Dancuart es un militar retirado que fue el primer ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y posteriormente su Presidente del Consejo de Ministros. Durante ese periodo de tiempo, entre julio y diciembre de 2011, Valdés se pronunció y actuó a favor del proyecto minero Conga, pese a los riesgos ambientales advertidos y la sangrienta represión policial contra las protestas en Cajamarca.
Foto: Pólemos.

Como ministro del Interior, Valdés estuvo a cargo de la respuesta de las fuerzas del orden contra las protestas por el proyecto Conga que se desataron en noviembre de 2011. El resultado de su gestión contra dicho conflicto socioambiental dejó más de 20 heridos y cinco ciudadanos fallecidos, entre ellos Eleuterio García Rojas (50), José Faustino Silva (35) y un menor de edad (17) de iniciales C.M.A. El 2011, año en que Valdés fue ministro del Interior, terminó con 22 civiles muertos y otros 291 heridos en un conflicto social, mientras que por el lado de las fuerzas del orden se hirieron a 18 policías.

Pese a que un equipo de expertos internacionales analizó el estudio de impacto ambiental del proyecto y recomendó no destruir cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales y que abastecen de agua a los agricultores de la región, el gobierno de Humala insistió en darle luz verde a Yanacocha. Y Valdés, ya como premier de Humala, emitió una serie de declaraciones en contra de los manifestantes de Cajamarca.
Captura de Twitter.

“Los podridos quieren que este país sea una chacra, los congelados un páramo y los incendiarios una gigantesca fogata (…) los incendiarios quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”, escribió Valdés en su cuenta de Twitter en pleno conflicto socioambiental. “Los congelados se han encerrado dentro de ellos. No miran sino a sus iguales y a sus dependientes, considerando que nadie más existe”.

Como se recuerda, durante el segundo periodo del aprista Alan García Pérez, un equipo del Ministerio de Energía y Minas conformado por un exfuncionario de Yanacocha, aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Pese al conflicto de interés identificado en el proceso de aprobación, el expresidente Humala y su premier Oscar Valdés defendieron la viabilidad del proyecto por encima de los reclamos y muertos en represión policial.

Tras varios meses de protestas y represión policial, finalmente el gobierno de Humala suspendió el proyecto Conga en noviembre del 2011. Y pese al saldo de civiles muertos y heridos que dejó el conflicto socioambiental en Cajamarca, Humala mantuvo a Valdés hasta julio del 2012.

Las declaraciones de Oscar Valdés, sin embargo, han sido polémicas más de un vez. En enero de 2012, aún como premier del gobierno de Ollanta Humala, Valdés se refirió así del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): «Si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización y cosas que sobredimensionaron, como la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas».

Durante las protestas del 19N contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, Valdés se pronunció a favor del gobierno, pese a que el Ministerio de Salud ya había confirmado la muerte de los ciudadanos Brian Pintado e Inti Sotelo. «Yo creo que (los congresistas golpistas) cometieron un grave error en no respaldar al señor Merino, ellos debieron mantenerse en sus trece», dijo Valdés en una entrevista para un portal digital.
https://wayka.pe/oscar-valdes-de-represor-de-protestas-en-conga-a-tecnico-del-fujimorismo/

Chile, Perú

LA CONSTITUCIÓN EN DEBATE: UNA MIRADA A LA EXPERIENCIA CONSTITUYENTE CHILENA

Paul E. Maquet y Luis Gárate 20/05/2021
Imagen: Reuters
Las recientes elecciones de los representantes a la Convención Constituyente en el vecino país de Chile son un claro ejemplo de vocación democrática y de lo que significa el llamado momento constituyente. Este proceso deja muchos aprendizajes para los debates actuales en nuestro país.

La Convención chilena es un equivalente a lo que en el Perú se ha denominado Asamblea Constituyente, y que a pesar de todo lo que ha dicho en diversos medios para denostar de ella, es una figura conocida en la región sudamericana, y que ya se realizó antes en el Perú.

Una Asamblea Constituyente no es un congreso o parlamento paralelo, puesto que no se dedica a legislar y fiscalizar al gobierno de turno. Su misión es única y exclusivamente la discusión de una carta constitucional, concebida como la cristalización de un nuevo pacto social en el país.

El caso peruano

En la experiencia peruana, las dos experiencias más recientes son la de 1979 y la de 1993. La Asamblea Constituyente de 1979 fue convocada por el dictador Francisco Morales Bermúdez en el marco de la transición a la democracia. En esta Asamblea participaron representantes de los partidos de la derecha, centroderecha y de la izquierda peruana de entonces. La Constitución aprobada por esa asamblea ha sido reconocida como una de las más avanzadas en su enfoque social por diversos especialistas.

En 1993, tras el golpe militar realizado por Alberto Fujimori, este convocó un llamado Congreso Constituyente Democrático que redactó una nueva carta constitucional que sería aprobada por un cuestionado referéndum en 1993. Ambas cartas constitucionales, la del 79 y el 93, expresaron distintos momentos de la historia peruana, y determinados equilibrios y correlaciones de fuerzas sociales, políticas y económicas que se vieron expresadas en el contenido de ambos documentos. La de 79 expresó un equilibrio entre fuerzas conservadoras, progresistas así como más radicales, que venían de la mano de un movimiento social en ascenso. Por el contrario, la del 93 más bien expresó la crisis de los partidos tradicionales, la crisis económica y social, y la ola neoliberal que se instalaba en Perú y en toda la región.

Los grupos de poder económico, grandes empresarios y voceros de la derecha política sostienen que la Constitución de 1993 ha sido la garantía que ha permitido el “exitoso” modelo promotor de la inversión privada, que modernizó al Estado y que ha permitido un tiempo de crecimiento y estabilidad macroeconómica. Sin embargo son cada vez más las voces que sostienen que el modelo instaurado con dicha Constitución ha priorizado en mayor medida los intereses empresariales, y no ha contribuido a darle al Estado una mirada de mediano y largo plazo. Asimismo se le critica que ha desprotegido los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los trabajadores, las mujeres, comunidades y pueblos indígenas, comunidad LGTBIQ, entre otros.

La experiencia constituyente de Chile

La constitución vigente en Chile data del año 1980, y fue aprobada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Expresa entonces el diseño de un Estado autoritario dirigido por los militares, que fue uno de los primeros en implementar el modelo neoliberal orientado por los asesores de la llamada “Escuela de Chicago”.

Dicha Constitución siguió vigente a pesar de que la dictadura perdió el plebiscito del año 1989 que permitió que regrese la democracia a este país. Durante todo el periodo post-dictadura, la constitución pinochetista siguió vigente, garantizando una suerte de blindaje de privilegios para sectores empresariales así como militares.

Con los sucesivos gobiernos de la Concertación y luego de la derecha, en esencia en Chile no cambiaron las reglas de juego. Hubo algunas reformas, pero en esencia se mantuvieron los pilares de un modelo en el que se han privatizado casi todos los sectores, inclusive el servicio de agua potable. Frente a ello, los gremios laborales y las organizaciones sociales denunciaron que el modelo cada vez era más excluyente. Esto se confirma en los indicadores que muestran a Chile como uno de los países más desiguales de la región y el mundo.

Entrado el nuevo siglo, se han sucedido una serie de jornadas de protestas social, sobre todo de los sectores estudiantiles ante los altos costos de la educación, así como masivas movilizaciones contra el sistema privado de pensiones. Las más recientes se dieron entre el 2019 y el 2020, donde millones de chilenos demandaron nuevas reglas y una salida constituyente. Es a partir de ahí que el gobierno de Sebastián Piñera y las cámaras parlamentarias se vieron presionados a la convocatoria de una Convención Constituyente, que ha mostrado ser bastante innovadora en su contenido y forma.

Los temas en debate: participación indígena y la agenda ambiental

Junto con la paridad de género y la participación de independientes (no afiliados a ningún partido político), una de las grandes novedades del proceso constituyente chileno es la participación de los pueblos indígenas. Para ello, el Congreso, gracias a un acuerdo político entre los diversos partidos, pero sobre todo gracias a la presión social, aprobó una Ley que creaba escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. De esta manera, en las elecciones del domingo pasado se ha definido también la participación de 17 representantes de estos pueblos. Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos mapuche, aimara, quechua, diaguita, rapa nui, entre otros, tendrán voz y voto en la definición del pacto social.

En el caso peruano, aún es muy incipiente la discusión acerca de cómo podría ser la conformación de una eventual Asamblea Constituyente, si bien en la propuesta del candidato Pedro Castillo se habla de participación de organizaciones sociales. Actualmente en el Perú la participación política de los pueblos indígenas es muy limitada, y pese a diversos proyectos de Ley que han circulado en el Congreso de la República, no existe una cuota para los pueblos originarios en el poder legislativo. En ese sentido, es clave abrir la discusión sobre los mecanismos de participación a fin de que por fin, en el bicentenario de nuestra independencia, los pueblos indígenas puedan participar en el nuevo pacto social.

Otro elemento a considerar es la manera en que los temas ambientales y los recursos naturales serían abordados en una nueva Constitución. En el caso chileno, una de las promesas más importantes de la mayoría de representantes elegidos ha sido, por ejemplo, la recuperación del agua, que según la vigente Constitución de Pinochet es un bien de mercado.

En el caso peruano, una de las metas principales de los sectores políticos que promueven un cambio constitucional tiene que ver también con la recuperación de los recursos naturales, en particular los recursos mineros e hidrocarburíferos.

Sin embargo, se encuentra menos presente el tema ambiental. En un contexto de crisis climática global, que exige cambios profundos en nuestra relación con la Naturaleza, es importante incorporar en la discusión sobre el nuevo pacto social una clara mirada ecológica. Por ejemplo, constitucionalizando los derechos de la Naturaleza y los ecosistemas, siguiendo el ejemplo de otros países de la región, como Bolivia y Ecuador.

Salida constituyente en el Perú

Lo que podemos ver en el Perú a través de los casos judiciales más sonados en temas de corrupción, como Lava Jato y los Cuellos blancos, es que las reglas de juego actuales no están haciendo frente a una crisis que está relacionada estrechamente al modelo y su Constitución. La corrupción se ha generalizado en todos los niveles del Estado y existe cada vez una mayor desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes públicos.

En los últimos meses, en especial desde las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno de facto de Manuel Merino, se ha puesto en agenda la discusión constitucional en el Perú. Actualmente, Pedro Castillo tiene como una de sus banderas centrales la convocatoria a una Asamblea Constituyente, mientras que la candidata Keiko Fujimori, tiene como una de sus prioridades la cerrada defensa de la Constitución del 93.

Como muestra el ejemplo de Chile, la discusión no se puede agotar en los candados puestos por la Constitución vigente, sino que se trata de poner sobre la mesa la discusión sobre el pacto social entre los peruanos para resolver la profundidad de nuestros problemas actuales. La experiencia chilena nos da varias luces sobre cómo podemos innovar y abrir importantes temas que hagan que nuestro país encuentre una senda más democrática y donde se reconozca y exprese de mejor manera las voces de la diversidad de actores de nuestra sociedad.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile

SMA formula cargos a Puerto Caldera S.A. y Serviport Ltda

Se trata de infracciones graves por fraccionamiento de proyecto e incumplimiento de medidas provisionales pre-procedimentales dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente en febrero recién pasado.

19/05/2021
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos graves contra “Puerto Caldera S.A.” y “Servicios Portuarios del Pacífico Limitada (Serviport)”, titulares de los proyectos “Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre en Muelle Punta Caleta de Puerto Caldera S.A.” y “Acopio en Cancha de Mineral de Hierro Proveniente de Terceros” por fraccionar un único proyecto que contempla, a lo menos, el acopio, transporte y embarque de hierro, y el acopio y embarque de concentrado de cobre, eludiendo así el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y evitando la correcta evaluación ambiental.

Al respecto, el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, señaló que “es importante recordar que en diciembre de 2020 y en visita oficial a la Región de Atacama -comuna de Caldera-, nos reunimos con los vecinos de los proyectos que fueron sancionados, y les manifestamos que haríamos una investigación acuciosa de los hechos denunciados por ellos. En este sentido, hemos trabajado responsablemente como Superintendencia y tras analizar todos los antecedentes expuestos, pudimos determinar que estos hechos constituyen infracciones, y, por lo tanto, es nuestra obligación actuar con todas las herramientas que la ley dispone para enfrentar hechos como éstos”.

El cargo por Fraccionamiento del Proyecto se produce al haber separado las actividades de acopio y embarque de concentrado de cobre; acopio, transporte y embarque de hierro, por parte de Puerto Caldera S.A. y SERVIPORT, sociedades relacionadas, generándose emisiones atmosféricas. Por lo tanto, se trata de hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones conforme al artículo 35, letra b) de la LOSMA, en cuanto a ejecución de proyectos y desarrollo de actividades para las cuales la normativa exige Resolución de Calificación Ambiental.

La segunda infracción formulada, corresponde al Incumplimiento de la Medida Provisional Pre-Procedimental decretada por la SMA en febrero de 2021, con la finalidad que el titular realizara una serie de acciones para disminuir y atenuar el riesgo ambiental detectado en relación a las emisiones atmosféricas no controladas generadas por el desarrollo del proyecto “Acopio en Cancha de Mineral de Hierro Proveniente de Terceros”. Estos hechos, actos u omisiones constituyen infracciones conforme al artículo 35, letra l) de la LOSMA, por no cumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 48 de la misma Ley.

Ambos cargos fueron clasificados como Graves, por lo que las empresas podrían ser objeto de una Multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTA), Revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o Clausura del Proyecto.

Desde la SMA destacaron que este procedimiento sancionatorio incorpora un importante número de denunciantes y ONG´s, que informaron a la SMA respecto a incumplimientos en que habría incurrido el titular, sobre distintas materias, entre las que destacan contaminación con Material Particulado (MP) 2,5 y 10, aumento de frecuencias de camiones por caminos no pavimentados, erosión de pilas en las canchas de acopio y la ejecución de un proyecto sin contar con una RCA, entre otros aspectos.
https://www.mch.cl/2021/05/19/sma-formula-cargos-a-puerto-caldera-s-a-y-serviport-ltda/

Panamá

Panamá incorpora nuevas concesiones mineras entre Coclé y Colón

20/05/2021
Al régimen de concesiones mineras, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá incorporó dos zonas que eran áreas de reserva, en su premura por generar nuevas fuentes de ingresos para el país. La decisión ha despertado las alertas de los ambientalistas.

Las dos nuevas concesiones mineras que han encendido las alarmas de los ecologistas son: una zona de 24,954.82 hectáreas, ubicada en el corregimiento de Coclé del Norte y San José del General, distrito de Donoso, provincia de Colón y en los corregimientos de El Harino, Piedras Gordas y Llano Grande, distrito de La Pintada.

Mientras que la otra corresponde a 644.9 hectáreas, ubicadas en San José del General, distrito de Omar Torrijos y Donoso, provincias de Coclé y Colón.

Las concesiones mineras quedaron establecidas en dos resoluciones, la No.89 de 12 del mayo de 2021 y la No. 90 del 12 de mayo de 2021, ambas emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias y publicadas en la Gaceta Oficial Digital.

El abogado ambientalista Harley Mitchell señaló que de estas concesiones se sabe muy poco y que si bien es cierto “los recursos minerales son del Estado, por lo tanto, todos estos temas de minería deberían ser ampliamente públicos y consultados con la ciudadanía”.

Y esto “no solamente para satisfacer a los ecologistas sino para poder conocer en qué aspectos realmente esta economía puede compararse con lo mucho que destruye”, recalcó Mitchell.

En su opinión antes de haber aprobado la concesión minera se debieron hacer las consultas con las comunidades que se podrían ver impactadas, porque “se está estableciendo una infraestructura de alto nivel y ejecutando una política pública inconfesa”.

Fuente: La Estrella de Panamá

Panamá incorpora nuevas concesiones mineras entre Coclé y Colón


https://www.laestrella.com.pa/economia/210518/incorporan-nuevas-concesiones-mineras-cocle-colon-ambientalistas-alerta

Perú

TRIBULACIONES DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA

José De Echave C.

Imagen: TVSur
¿La recaudación tributaria de un país se puede caer por eventos extraordinarios? Sin duda que sí. Se puede caer, por ejemplo, por el inicio de una pandemia que golpee a todo el planeta, como viene ocurriendo; por una recesión económica que tenga diferentes orígenes o, también, por algún fenómeno natural o no tan natural.

Pero la recaudación también se puede caer por malas decisiones de políticas. En el siguiente gráfico podemos apreciar las dos últimas caídas drásticas de la presión tributaria en el Perú, donde se mezclaron diferentes factores que jugaron en contra. Por ejemplo, el año 2017 la presión tributaria tocó fondo y fue el resultado de varios factores: el primero se inició el 2013/2014 y tuvo que ver con el fin del súper ciclo de precios de las materias primas pero que continuó agudizándose por las pésimas decisiones que tomaron, por ejemplo, los ministros de Economía, Alonso Segura (al final del gobierno de Humala) y Alfredo Thorne (al inicio del gobierno de Kuczynski)[1]. Al primero se le ocurrió la pésima idea de reducir las tasas del impuesto a la renta, sobre todo a las personas jurídicas (2014) y el segundo creó un nuevo régimen Mype tributario, lleno de deducciones, entre otras acciones, que terminaron por ahondar la caída de la recaudación. El resultado de ambas gestiones fue una presión tributaria que llegó el año 2017 a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Por lo tanto, está claro que la presión tributaria puede caerse por malas decisiones que tomen nuestras autoridades.

La segunda caída drástica de la presión tributaria se ha producido el año pasado, en medio de la llegada y la expansión de la pandemia y su feroz impacto en la actividad económica del país. El golpe externo y las decisiones que se tuvieron que tomar (confinamiento, lo que en términos concretos significó recesar la economía), provocaron la caída de la presión tributaria, aunque no se batió el lamentable récord del año 2017, luego de las torpezas de Segura y Thorne.

Ahora bien, podemos invertir la pregunta inicial. ¿La recaudación se puede recuperar, casi automáticamente, por algún evento extraordinario? La respuesta también es sí y esa recuperación casi automática, durará lo que dure el impacto de ese evento extraordinario y después se irá esfumando si no se hace la tarea. Pasó en el momento del súper ciclo de precios de las materias primas (2003-2012) y es probable que vuelva a ocurrir en el contexto actual de precios internacionales extraordinarios del cobre, etc., sobre todo si volvemos a cometer los mismos errores.

Sin embargo, hasta acá estamos hablando sólo de piloto automático y dependencia de que los vientos soplen a nuestro favor. ¿Cuál es la tarea? Lo ideal es que la recaudación se sostenga por una política tributaria sólida y progresiva que permita generar condiciones para recaudar lo que cualquier país necesita para funcionar adecuadamente, aprovechando al máximo coyunturas favorables y haciendo control de daños en momentos adversos.

Esta es la tarea que no hemos hecho hasta ahora. Somos, desde hace tiempo, uno de los países con la más baja presión tributaria de América Latina (7 puntos por debajo del promedio regional) y el único de la Alianza del Pacífico que, en la etapa del post súper ciclo no implementó una sola reforma tributaria de carácter estructural (todos los demás países sí hicieron la tarea).

Sería un error aplicar nuevamente la política de piloto automático en un contexto en el que los precios de nuestros principales productos de exportación (minerales) están al alza. Se necesita hacer la tarea en materia tributaria. ¿Algunas pistas? Reforma tributaria estructural, apostando por una política progresiva donde predominen los impuestos directos sobre los indirectos; se luche de manera frontal contra la evasión y la elusión tributaria; se revisen y evalúen los beneficios tributarios y regímenes especiales; se cobren las deudas tributarias; se fortalezca la autoridad tributaria y se simplifiquen los registros.

En el caso de la minería y tomando en cuenta el actual contexto, es el momento de colocar un impuesto a las sobre ganancias y al mismo tiempo revisar la actual regalía (que se aplica a la utilidad operativa) y reemplazarla por una que se aplique sobre el valor de las ventas. Este tipo de regalía permitiría una mayor transparencia y trazabilidad del pago (dificulta la elusión fiscal); permite un mayor aporte durante los primeros años de operación, es menos volátil y responde de mejor manera al concepto de la regalía, es decir como contraprestación al Estado por la extracción de bienes naturales que nos pertenecen y que no son renovables.

Estas son algunas de las tareas urgentes en materia tributaria que se deben poner en marcha en el próximo quinquenio.

[1]Para el quinquenio 2016-2021 se había propuesto alcanzar una presión tributaria de 17% (línea roja).

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe