03/06/2021
El presidente de México, AMLO) afirmó en marzo que su administración estaba analizando la posibilidad de asumir una mayor presencia en el litio, pero en las últimas semanas, ha surgido un mensaje más amigable con las empresas.
El partido oficialista de México abandonó sus planes de nacionalizar la producción de litio y ahora está promoviendo la bienvenida de inversores privados que ayuden a desarrollar el potencial del país en el metal empleado para fabricar baterías, dijo el legislador detrás de la propuesta.
México, un importante productor de cobre y plata, alberga grandes reservas potenciales de litio. La mayor parte se encuentra en depósitos de arcilla difíciles de explotar, que son costosos y técnicamente complicados de extraer.
Después de anunciar la posibilidad de establecer un monopolio estatal del litio a finales del año pasado, el senador Alejandro Armenta, presidente de la comisión de Hacienda de la cámara alta y aliado clave del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que en su lugar elaborará un proyecto de ley para promover un mercado regulado en el naciente sector.
“Estamos convencidos que necesitamos la inversión privada, somos aliados de los inversionistas nacionalistas y también de los inversionistas extranjeros que nos respetan”, dijo Armenta, en una entrevista con Reuters, atribuyendo su nueva postura a haber estudiado los marcos regulatorios en otros países.
El legislador sostuvo que un proyecto de ley sobre el litio favorable al mercado será presentado en septiembre con el inicio de un nuevo periodo legislativo, tras las elecciones intermedias del 6 de junio, que renovará la Cámara de Diputados.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), partidario de la rectoría del Estado en los mercados energéticos, afirmó en marzo que su administración estaba analizando la posibilidad de asumir una mayor presencia en el litio, pero no entró en detalles.
En las últimas semanas, ha surgido un mensaje más amigable con las empresas por parte de funcionarios y candidatos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras los enfrentamientos de López Obrador con las élites empresariales.
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, declaró a la radio local el mes pasado que el Gobierno estaba considerando una asociación público-privada para desarrollar el litio. Sugirió que el Estado podría tener una participación del 51%, un esquema que Armenta también apoya.
En el sector energético, las grandes petroleras privadas han preferido en su mayoría evitar alianzas con el gigante petrolero estatal Pemex si la empresa es la operadora de los proyectos conjuntos. No estaba claro si los inversores en litio reaccionarían de forma similar.
Atrapado entre la arcilla
El litio es producido a partir de salmueras, que se encuentran comúnmente en América del Sur, o de roca dura, generalmente en Australia, con tecnologías de extracción que se limitan en gran medida a estanques de evaporación salina y procesamiento tradicional de minerales.
Las salmueras salinas ricas en litio representan aproximadamente las tres cuartas partes de la producción mundial, y la minería de rocas representa el resto.
En contraste, los depósitos mexicanos encontrados hasta la fecha están en su mayoría atrapados en sedimentos arcillosos.
Esa distribución es la razón por la que Fernando Alanís, exdirector general de la minera de plata Peñoles, es poco optimista sobre el potencial de México para convertirse en un nuevo protagonista de la industria global.
“Desgraciadamente, el potencial que tiene México es nulo porque no existe un proceso comercial para poder procesar el litio de arcillas, y estoy hablando a nivel mundial”, se lamentó Alanís, quien en su papel de presidente de la Cámara Minera de México es normalmente un impulsor de la industria.
Se están desarrollando varios proyectos de arcilla de litio en otros lugares, incluido uno de Lithium Americas en Nevada. La empresa ha dicho que confía en poder extraer litio de la arcilla mediante un proceso que implica lixiviación ácida.
El principal prospector mexicano Bacanora Lithium, que posee cuatro concesiones en el norteño estado Sonora, ha asegurado estar cerca de iniciar la producción. En 2018, pronosticó una producción de 17.500 toneladas de carbonato de litio para 2020.
El objetivo ha sufrido retrasos y la estimación actual de la empresa es que la producción comenzará en 2023 y aumentará hasta 35.000 toneladas anuales. Si se logra, su único proyecto catapultaría a México a convertirse en uno de los mayores productores del mundo.
La producción mundial se situó en unas 82.000 toneladas el año pasado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Los retrasos de Bacanora no han frenado las apuestas sobre la empresa, que vio cómo sus acciones en Londres se dispararon un 30% a principios de mayo después de que la china Ganfeng Lithium, un importante fabricante de baterías y proveedor de Tesla, ofreciera adquirir el total de la compañía.
Bacanora se negó a comentar sobre cómo pretende procesar el depósito de litio a base de arcilla en Sonora o dar su opinión sobre la nueva propuesta legislativa de Armenta.
El Dato
Los productores de litio han estado buscando aumentar agresivamente la producción. El gigante mundial Albemarle espera duplicar la capacidad este año, y su rival SQM prevé elevar los volúmenes de carbonato de litio en más del 70% en 2021.
Fuente: Reuters
Emilia Aparicio 03/06/2021
Relatores de la ONU emplazan a los gobiernos de Chile y Suecia a dar una solución definitiva a los desechos tóxicos en Arica
En 1984, fueron enviadas desde Suecia 20 mil toneladas de residuos que contenían metales tóxicos al sector del Cerro Chuño, en Arica. A más de 35 años del crimen ambiental, los residuos siguen allí y es por eso que, a través de una carta, seis relatores especiales de las Naciones Unidas exigen de forma urgente una solución al Estado chileno y al Gobierno sueco, que incluye la repatriación de los tóxicos a Suecia.
Junto con ello, los expertos en derechos humanos y medioambiente de la ONU exigen medidas inmediatas para reparar y compensar a las víctimas: “Deben tomarse medidas urgentes para garantizar a los anteriores y actuales residentes de Arica reparaciones efectivas por el daño que han sufrido a lo largo de los años, entre las que se encuentran un cuidado y atención a la salud adecuados, su reubicación y el acceso a una vivienda adecuada en una zona que no esté contaminada y les asegure condiciones para una vida digna”.
El plazo para responder venció el pasado 28 de mayo, y aunque el Gobierno de Sebastián Piñera informó que la respuesta se estaba procesando, esta aún no es puesta a disposición del organismo internacional. Desde el Gobierno sueco, en tanto, junto con solidarizar con las víctimas e informar sobre los procesos judiciales en su país –donde se declararon prescritas las «negligencias»–, no se comprometen a lo solicitado: repatriar los tóxicos a su país. «El Gobierno discrepa respetuosamente de la afirmación de que Suecia esté bajo alguna obligación de reparar la situación en Arica», reza el documento oficial de dicha nación.
Desde hace más de 35 años que permanecen desechos mineros altamente tóxicos en Arica, a 650 metros del cerro Chuño, donde hay viviendas sociales. Fueron remitidos a Chile por una empresa sueca con la anuencia e indiferencia del Estado chileno. Pese a las permanentes y constantes acusaciones de violación de los derechos humanos y ambientales, los residuos siguen allí. Por esta razón y urgente situación es que seis relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron, el 23 de marzo de este año, una carta emplazando al Estado chileno y al Gobierno sueco a dar un solución definitiva a lo que consideran como un verdadero crimen ambiental.
El documento, enviado por los relatores Marcos A. Orellana, David R. Boyd, Tlaleng Mofokeng, Balakrishnan Rajagopal, Felipe González Morales, Olivier De Schutter y Pedro Arrojo Agudo, explica detalladamente los hechos ocurridos desde el arribo a Chile de los residuos tóxicos hasta la fecha, junto con siete puntos en los que se requiere, entre otras solicitudes, disponer de todas medidas que sean necesarias para repatriar los desechos a Suecia, a fin de remediar la transgresión a los derechos humanos, proteger los derechos a la vida y a la salud física y mental, el derecho a una vivienda adecuada, al agua potable y al saneamiento de las comunidades afectadas en Arica.
“Deben tomarse medidas urgentes para repatriar los desechos peligrosos a Suecia y/o asegurar la eliminación de los desechos peligrosos de manera ambientalmente racional. Deben tomarse medidas urgentes para garantizar a los anteriores y actuales residentes de Arica reparaciones efectivas por el daño que han sufrido a lo largo de los años, entre las que se encuentran un cuidado y atención a la salud adecuados, su reubicación y el acceso a una vivienda adecuada en una zona que no esté contaminada y les asegure condiciones para una vida digna”, indica la carta al Estado chileno.
Entre los requerimientos al Gobierno chileno, los relatores de la ONU solicitaron informar sobre «las medidas adoptadas para garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparación del daño a las personas afectadas por residuos tóxicos y en particular respecto de la personas migrantes y personas indígenas, habida cuenta de la situación de mayor vulnerabilidad en la que estas se encuentran, el acceso adecuado a la vivienda, al agua potable libre de contaminación».
Asimismo, solicitan que el Gobierno indique cuáles son «las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, incluida cualquier orientación proporcionada a las empresas comerciales sobre cómo respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. Sería particularmente útil conocer las medidas tomadas para garantizar que las entidades comerciales apliquen la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus operaciones, incluidas las operaciones en el extranjero y el grado en que la han aplicado. Facilítese también información sobre las medidas adoptadas para proporcionar a las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de entidades comerciales recursos efectivos».
Tras la carta de los relatores de la ONU, los gobiernos chileno y sueco tuvieron un plazo de respuesta de 60 días. Ante el vencimiento del plazo, el Gobierno de Sebastián Piñera pidió una ampliación ante la Misión Permanente de Chile de la ONU, fijándose como fecha tope el viernes 28 de mayo. Sin embargo, la respuesta gubernamental chilena todavía no está a disposición del organismo internacional.
El Gobierno sueco, por su parte, respondió el pasado 21 de mayo con una carta de 21 puntos, donde explicita los procesos judiciales que han ocurrido en Suecia respecto al caso y su compromiso con los derechos humanos, pero sin hacerse cargo de los residuos tóxicos que siguen en Arica.
El Estado Chileno no se ha hecho cargo
Entre 1984 y 1985, la empresa sueca Boliden Mineral AB envió 20 mil toneladas de desechos tóxicos, importados a Chile a través de la compañía minera chilena Promel Ltda.
En 1997 se demostró que los residuos tóxicos contienen altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales nocivos para la salud de las personas. Estos desechos fueron depositados a la intemperie en un lugar conocido como Sitio F en Arica, a 250 metros de un barrio de viviendas familiares, operación que fue permitida por la autoridad sanitaria de la época.
“La pila de residuos contiene aproximadamente 17 por ciento de arsénico; 4,5 por ciento de plomo, 3.000 ppm de mercurio y 0,05 por ciento de cadmio, combinado con algunos otros metales pesados y sustancias tóxicas”, detalla la carta.
Durante 14 años, la pila de desechos altamente peligrosos permaneció en la intemperie a metros de la comunidad y no se informó de los daños que podrían causar estos materiales tóxicos. La zona fue utilizada por algunas familias para ampliar sus terrenos y como patio de juegos de niños y niñas.
En 1998, el Estado de Chile trasladó la pila de desechos del Sitio F a un lugar conocido como Quebrada Encantada, también en las cercanías de Arica y aproximadamente a 650 metros del barrio de Cerro Chuño. El traslado se consideró como una reubicación temporal, hasta que se pudiera identificar una alternativa segura para el almacenamiento. Ese mismo año el Gobierno, en ese tiempo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, determinó que aproximadamente 5 mil personas habían sido expuestas a residuos peligrosos.
Ante esa situación, la Municipalidad de Arica interpuso una acción constitucional ante la Corte de Apelaciones de dicha ciudad para la protección de los derechos a la vida y al medio ambiente libre de contaminación de las pobladoras y los pobladores de Arica. El tribunal falló a favor del municipio y ordenó la restauración ambiental del Sitio F, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el aislamiento, empaque y reubicación de los desechos en celdas de seguridad adecuadas.
Sin embargo, según explicita la carta de la ONU, “a más de 20 años después, las medidas ordenadas por los tribunales chilenos aún no se han cumplido. No se ha realizado un EIA”.
Un año después del fallo de la Corte Suprema, las víctimas que estuvieron expuestas a los lodos tóxicos entablaron acciones legales por daños y perjuicios contra Promel Ltda. y contra la autoridad sanitaria. Sin embargo, no pudieron afrontar los costos de los informes periciales especializados para probar el daño material, y los tribunales chilenos se negaron a ordenar a las agencias gubernamentales que presentaran esta prueba pericial.
Posteriormente, los tribunales chilenos otorgaron 8 millones de pesos chilenos por daño moral a ciertas víctimas, pero no a todas, sin ofrecer una explicación clara sobre ello.
La carta detalla que, desde entonces, el Estado chileno ha reubicado a algunas de las personas residentes de la zona, pero muchas otras continúan viviendo allí.
En 2009, el Gobierno ordenó la reubicación de 1.880 familias chilenas de Cerro Chuño y las villas aledañas. Sin embargo, no todos pudieron ser trasladados. Se estima que, hasta fines de 2017, vivían en Cerro Chuño aproximadamente 1.600 personas, en casi 400 viviendas. Estas habían sido construidas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo en los años 80, en las cercanías del vertido de los residuos tóxicos, como viviendas sociales. La pobreza habría forzado a muchas familias a buscar vivienda en los asentamientos informales en Cerro Chuño.
Entre las consecuencias detalladas en la misiva presentada por los relatores, se describe que “algunas de las mujeres en edad reproductiva que jugaron en el vertido de desechos tóxicos cuando eran niñas no han podido concebir o experimentan altas tasas de aborto involuntario. Cuando logran nacer, sus hijos e hijas sufren defectos de nacimiento severos, tales como trastornos neurológicos, hidrocefalia y espina bífida. Se estima que unas 12.000 personas se han visto afectadas. Además, desde entonces, muchos han perdido la vida debido a sus afecciones médicas”.
Incumpliendo la legislación
Finalmente, en 2012, el Congreso de Chile aprobó la Ley 20.590 de Polimetales, para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la contaminación en Arica. En 2019, la Contraloría de Chile auditó la implementación de esta ley y concluyó que diversas autoridades administrativas chilenas, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, no habían cumplido con los programas y medidas contemplados por la misma.
“De acuerdo a la información recibida, a la fecha, los términos y objetivos de la Ley 20.590 no se han cumplido. La contaminación ambiental todavía está presente. El Estado chileno no ha puesto a disposición ni especialistas en toxicología, ni trabajadores de la salud para que brinden un tratamiento adecuado a quienes lo necesitan y no se realizan monitoreos sistemáticos de la condición médica de los actuales y anteriores residentes. El Gobierno chileno ha realizado muy pocas muestras biológicas en residentes para detectar la presencia de cromo, mercurio o cadmio en el cuerpo. La comunidad local necesita con urgencia financiación para instalaciones médicas y hospitalarias”, detalla la carta.
En relación con la Ley 20.590, el director ejecutivo de la ONG y estudio jurídico ambiental Fima, Ezio Costa Cordella, afirma que «hay distintos responsables, el principal recae tanto en la empresa chilena como en la sueca. Sin embargo, también hay una responsabilidad del Estado, sobre todo por la construcción de viviendas sobre el terreno que tiene desechos. Lo que llevó al dictamen de la Ley de Polimetales, pero no se ha completado su ejecución. A pesar de que existe la ley, sigue todavía el sector contaminado y las personas siguen teniendo problemas», detalló.
Respuesta de Suecia: no se hace cargo de la repatriación
A diferencia de los procesos legales ocurridos en Chile, en septiembre del 2013, 796 residentes de Arica demandaron a Boliden Mineral AB en Suecia, argumentando que la empresa nunca intentó procesar los desechos sino que simplemente se deshicieron de ellos. Pero la Corte sueca concluyó que las víctimas no pudieron establecer una relación entre los altos niveles de arsénico en sus cuerpos y los residuos exportados.
Luego, en marzo de 2019, la Corte de Apelaciones de Suecia determinó que, según la ley del país, la negligencia de la empresa Boliden estaba prescrita, y que las acciones debieron haber ocurrido en un periodo de diez años, por lo que el caso no sería efectivo.
No obstante, en febrero de 2019, los 2.700 residentes de Arica firmaron una carta solicitándole a la Embajada de Suecia una visita y una reunión con las víctimas del crimen medioambiental. En septiembre del mismo año, el embajador realizó la visita y los líderes de la comunidad reiteraron la demanda de repatriación de los desechos y una compensación para los procedimientos médicos para las víctimas.
Sin embargo, como lo detalla la carta emitida por Naciones Unidas, no se ha realizado ninguna acción posterior a la visita del embajador y las varias misivas enviadas por la comunidad a la embajada.
Adicionalmente el documento expresa: “Los estados deben asegurar el acceso a la justicia para aquellos derechos que han sido violados. Los estados y las empresas tienen la misma obligación de proveer soluciones efectivas y restitución a las víctimas de violaciones ocurridas como resultado de la exposición a químicos peligrosos”.
En la carta de respuesta, el Gobierno sueco «expresa gratitud a los firmantes del presente comunicado por sensibilizar sobre la situación actual en Arica, Chile y por poner en perspectiva el tema de los derechos humanos y de las empresas. El medioambiente, incluyendo la gestión de residuos, el acceso a la justicia y negocios y los derechos humanos son asuntos prioritarios para el Gobierno y en relación a esto se han tomado varias medidas en los últimos años. Como firmantes del presente documento, podemos asegurar que Suecia tiene la intención de permanecer activo en estos temas».
Pese a que el Gobierno sueco se centra en demostrar los avances que se han hecho en su propio país en relación con derechos humanos y sustentabilidad, así como en presentar los procesos judiciales que se han hecho del caso en el sistema judicial nórdico, al igual que en 2019, no demuestra una real voluntad de repatriar o hacerse responsable de los residuos tóxicos.
«Debe quedar claro desde el principio que el Gobierno discrepa respetuosamente de la afirmación de que Suecia esté bajo alguna obligación de reparar la situación en Arica. El Gobierno hace notar que la presente situación ha sido sometida a revisión por las cortes nacionales tanto en Suecia como en Chile. En este contexto, el Gobierno halla pertinente recordar el principio fundamental de que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo gubernamental. Sin embargo, más abajo, Gobierno resumirá su posición general sobre el asunto expuesto en el comunicado».
A continuación se pueden revisar los documentos emitidos:
Carta a Estado de Chile https://media.elmostrador.cl/2021/06/Carta-a-Estado-de-Chile.pdf
Carta ONU para Suecia https://media.elmostrador.cl/2021/06/Carta-ONU-para-Suecia.pdf
01/0672021
En diálogo con Radio 3 el director del CENPAT-CONICET, Rolando González, reiteró y destacó los planteos hechos por la mesa técnica conformada por la institución para abordar el proyecto de “Zonificación” con el que se pretende habilitar la megaminería en Chubut y sentenció que esas conclusiones “no han cambiado ni un milímetro”.
Rolando González, reiteró que la institución “en ningún momento” fue convocada o consultada por el Gobierno para elaborar el proyecto de “Zonificación” ni por Legislatura para el dictamen. Apuntó que es “hijo del apuro” y no aborda la cuestión del cambio climático, que por un lado reducirá la disponibilidad de agua y por el otro ocasiona las lluvias extraordinarias que hoy ya se viven. “Cualquier emprendimiento que en caso de mala praxis ponga en riesgo el agua requiere un poco más de análisis”, sentenció
Fuente: Radio3
En primer lugar se refirió a declaraciones de la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y subrayó que “hay que poner en contexto institucional las declaraciones. El CONICET está distribuido en todo el País y en algunos distritos los emprendimientos tienen licencia y se aporta en este sentido. En otros no hay licencia social y los proyectos son distintos y se aporta en ese sentido”.
Así, apuntó que el informe técnico elaborado meses atrás “no es de investigadores sueltos, sino que se ha expresado una mesa técnica que trabaja desde 2018 a pedido de las asambleas y la defensoría”.
“No es un conjunto de investigadores sueltos, nos hemos arremangado y hemos trabajado con compromiso. (Lo expuesto en dicho informe) no ha cambiado ni un milímetro, no es una posición, es un aporte técnico”, subrayó.
En este sentido, recordó que desde la mesa se buscó abordar el proyecto 128/20 desde varios aspectos y “se nutre de investigaciones que llevan décadas y de distintas disciplinas, recogiendo algo que ni se menciona en el proyecto, el cambio climático”.
En primer lugar se refirió a declaraciones de la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y subrayó que “hay que poner en contexto institucional las declaraciones. El CONICET está distribuido en todo el País y en algunos distritos los emprendimientos tienen licencia y se aporta en este sentido. En otros no hay licencia social y los proyectos son distintos y se aporta en ese sentido”.
Así, apuntó que el informe técnico elaborado meses atrás “no es de investigadores sueltos, sino que se ha expresado una mesa técnica que trabaja desde 2018 a pedido de las asambleas y la defensoría”.
“No es un conjunto de investigadores sueltos, nos hemos arremangado y hemos trabajado con compromiso. (Lo expuesto en dicho informe) no ha cambiado ni un milímetro, no es una posición, es un aporte técnico”, subrayó.
En este sentido, recordó que desde la mesa se buscó abordar el proyecto 128/20 desde varios aspectos y “se nutre de investigaciones que llevan décadas y de distintas disciplinas, recogiendo algo que ni se menciona en el proyecto, el cambio climático”.
Un estudio advierte sobre la falta de agua en Chubut para los próximos años
Sobre este punto, recordó que “hay investigaciones anteriores que ya aportaban datos y los modelados de las cuencas en la Patagonia nos llevan a un déficit de acá a los próximos años, esto ocurre ahora y se incrementará”.
“El cambio climático tiene impactos diferentes y para la Patagonia se ha verificado que es de déficit hídrico, hay problemas estructurales y tendremos una crisis de abastecimiento de agua”, advirtió, ante lo cual enfatizó que “cualquier emprendimiento que en caso de mala praxis pone en riesgo el agua requiere un poco más de análisis en torno al cambio climático y al déficit hídrico”.
En este contexto, subrayo que los efectos del cambio climático ya se evidencian con “las lluvias extraordinarias que estamos sufriendo y que generan todos estos problemas. Estos son otros de los efectos bien conocidos del cambio climático en nuestra región”.
Además, “estas lluvias ponen en contacto cuencas que a priori se ven desconectadas y aisladas. Entonces, si se ponen en contacto cuentas artificiales (como los diques de cola) con cuencas y cursos natrales de consumo humano, estamos ante una alerta”.
Esto “lo hacemos con humildad, porque lo vemos de antes de esta discusión sobre la 128/20, esto está basado en evidencia anterior al proyecto”, insistió.
Por otra parte, el investigador cuestionó que el proyecto para habitar la megaminería tampoco especifique cual será la fuente de abastecimiento de agua para los proyectos, “no sabemos con el proyecto de Ley cual será, no hace referencia al recurso hídrico, de donde y con que tecnología se va a sacar”.
En otro tramo de la comunicación, González reiteró que “en ningún momento” la institución fue consultada ni por el Gobierno para la redacción del proyecto ni por la Legislatura para sacar dictamen.
“Se rompió una tradición de que los Gobierno provinciales consultan a los organismo técnicos-científicos, porque ese es nuestro rol social”, lamentó.
En este aspecto, lamentó que el proyecto sea un “hijo del apuro”, apuntando que “la ciencia no es un oráculo que determina dónde está la verdad, es un saber más que se pone en la mesa, con unos tiempos y modalidades que no han sido compatibles con el 128/20”.
Con ello “no hablo de ciencia, sino de calidad democrática, porque uno hubiera esperado una ronda de consultas”. Lamentó asimismo en este escenario que también “se quiere instalar que este un tema solo de los geólogos mineros, pero es una mirada miope de cómo funciona la ciencia”, cerró.
Estas declaraciones, ratifican lo publicado en esta página el 4 de febrero pasado con el título Lapidario informe del CENPAT-CONICET sobre la zonificación minera en Chubut
02/06/2021
Mina Las Bambas en Perú. / Cortesía de MMG.
El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo apunta a renegociar acuerdos que congelan impuestos en el sector minero, plan que podría tener un fuerte impacto en firmas de cobre chinas en el Perú, que es el segundo mayor productor mundial del metal.
Castillo ha propuesto nuevas regalías sobre ventas de las mineras y modificar contratos de estabilidad tributaria alcanzados bajo gobiernos anteriores.
El candidato ha acusado a las grandes empresas transnacionales de “saquear” las riquezas del país y quiere dar vuelta a la tortilla y retener el 70% de las ganancias mineras en el país, y usar esos fondos para invertir en salud, educación y reducir la pobreza.
La minería concentra el 60% de las exportaciones del Perú.
Un análisis de Reuters de datos actualizados del Gobierno muestra que las chinas MMG Ltd y Aluminum Corp de Chinalco figuran entre las seis importantes mineras de cobre de Perú con convenios tributarios en la mira si el candidato gana las elecciones.
Las mineras chinas se han convertido en un actor clave en la industria, mientras que China es el más grande comprador de cobre peruano.
Perú ha suscrito desde la década de 1990 hasta 25 contratos de estabilidad tributaria, que brindan a los inversionistas la seguridad de que durante el período de recuperación de su inversión no se modifiquen las condiciones tributarias, una medida que le ha permitido ejecutar grandes proyectos.
Los planes de renegociar los contratos podrían poner más nerviosos a los mercados y aumentar la incertidumbre en los principales productores de cobre en la región. En el vecino Chile, el mayor productor de cobre en el mundo, la Cámara de Diputados ya aprobó un plan para elevar la regalía minera.
MMG Ltd, que opera en Perú la mina de cobre Las Bambas, firmó en el 2011 un contrato que le garantiza que no haya cambios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2030 de acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El acuerdo incentiva una inversión de USD 10.000 millones en Las Bambas, que entró en producción el 2016 y produce unas 350.000 toneladas anuales de cobre, según la compañía.
También futuros proyectos
Brokerage Jefferies dijo en una nota que MMG estaba altamente expuesta a Perú, dada la importancia de Las Bambas. “Por lo tanto, los aumentos de impuestos/regalías en Perú podrían ser un problema, dependiendo del resultado” de la próxima elección.
Aluminum Corp de Chinalco ha firmado un acuerdo similar para su mina peruana Toromocho que produce 200,000 toneladas de cobre anuales. Su contrato de estabilidad vence a fines del 2028.
Proyectos futuros
Los proyectos futuros también se verían afectados. Es el caso de la gigante Anglo American, que junto a la japonesa Mitsubishi como socia, desarrolla el proyecto de cobre Quellaveco con una inversión de USD 5.300 millones.
Quellaveco, que operará desde el 2022 con una producción promedio anual de 330.000 toneladas de cobre en los primeros años, ha firmado un contrato de estabilidad tributaria que vence el 31 de diciembre del 2037, dijo el Minem.
Representantes de Las Bambas, Chinalco y Quellevaco se excusaron o no estuvieron disponibles para hacer comentarios.
La incertidumbre por un triunfo de Castillo sobre la candidata Keiko Fujimori y por el debate en Chile sobre las regalías mineras está respaldando el aumento de los precios del cobre a niveles récord, mientras crece la demanda china y se expande el impulso hacia los vehículos eléctricos.
Otras compañías mineras en Perú podrían también verse envueltas en conversaciones con un posible gobierno de Castillo.
Lee también→ Minera peruana Poderosa planea inversiones de USD 608 millones hasta 2024
La canadiense Hudbay Minerals, que tiene la mina Constancia que produce unas 100.000 toneladas de cobre anuales, tiene un acuerdo tributario que expira a fines del 2031.
También la Minera Cerro Verde, controlada por Freeport McMoRan, que produce 450.000 toneladas anuales; y la Minera Antapaccay, de Glencore, que produce unas 200.000 toneladas. Sus respectivos contratos de estabilidad tributaria culminan a fines del 2028, según el Minem.
Perú tiene actualmente una cartera de inversiones mineras por USD 56.000 millones, la mayoría de cobre. Algunos de ellos se encuentran retrasados por la oposición de comunidades que temen contaminación de sus tierras o reclaman mayores beneficios por la explotación de los recursos.
Fuente: Reuters
Esto se da en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental al Salar de Punta Negra -una cuenca altoandina ubicada en Antofagasta- interpuesta en contra de la compañía minera.
02/06/2021 | Por A. González, Emol 12 Salar de Punta Negra.
Un inédito acuerdo tripartito entre el Estado, comunidades indígenas atacameñas y empresa minera Escondida se concretó en el marco de la conciliación por la demanda de reparación por daño ambiental que había sido interpuesta en contra de la compañía minera.
Con 19 medidas de gestión, compensación y reparación por un monto que podría alcanzar los $67 mil millones, el Primer Tribunal Ambiental, aprobó, ayer, el Acuerdo de Conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en el Salar de Punta Negra interpuesta en contra de la empresa privada.
El acuerdo se selló luego de un acucioso e inclusivo trabajo llevado a cabo por las partes y apoyado por el Primer Tribunal Ambiental, el que incluyó, la entrega de bases de conciliación y la actuación como amigable componedor por parte del órgano colegiado.
Entre los aspectos que más destacan está la «Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y sectores aledaños» y la elaboración y validación de un Plan de Manejo que deberá llevar adelante la minera para contribuir a la recuperación natural del acuífero del Salar de Punta Negra.
Este último punto se basa en el artículo 42 de la Ley 19.300 por lo que deberá ser autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, MMA, y podrá ser fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA. Contempla medidas que permitirán restaurar, compensar, y mantener los múltiples servicios ecosistémicos y la protección de microorganismos del salar, incluyendo los extremófilos, es decir, aquellos capaces de vivir en condiciones extremas. En tanto, la Mesa de Gobernanza Socioambiental tiene como fin facilitar el diseño, la co-construcción, ejecución y seguimiento de las medidas de manera participativa, coordinada y en igualdad de condiciones para la Subcuenca del Salar de Punta Negra y estará conformada por dos representantes de la Comunidad Atacameña de Peine; del Estado designados por el CDE en el ejercicio de sus competencias de coordinación; de Minera Escondida; y un representante del Consejo de Pueblos Atacameños.
Los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Óscar Clavería realizaron la revisión del acuerdo con el fin de procurar que éste cumpliese con el principio de indemnidad que le encarga la Ley 20.600 de tribunales ambientales y que tiene que ver con que se implementen medidas de reparación ambiental del daño causado. El monto total del acuerdo es de US$81.192.184, pudiendo superar los US$93 millones de ser necesario.
Mesa de Gobernanza Socioambiental Uno de los aspectos de mayor relevancia tiene relación con la participación de las partes en la Mesa de Gobernanza Socioambiental, la cual debe cumplir con los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y justicia social, así como llevar adelante las tareas de revisión y aprobación de todas las medidas en torno a la ejecución de acciones de transición como diagnósticos, investigaciones y estudios; y la revisión, aprobación y seguimiento del Plan de Manejo que será elaborado por una entidad independiente previo a someterla a la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente.
Entre las medidas de transición, previas al plan de manejo, que deberán ser aprobadas por la mesa están las de difusión y puesta en valor, además, de los diagnósticos y estudios de forénsica ambiental, catastro territorial, levantamiento de línea base físico-biótica, modelo hidrogeológico y ecosistémico, ecología de especies clave, de hábitat, etnográfico y de paisaje y potencial turístico.
También, las medidas de compensación como la conservación del humedal altoandino y las medidas de reparación como la continuidad de funcionalidad de los Sistemas Vega-Canal-Laguna del salar y la búsqueda de fuentes alternativas para el suministro de aguas para el Sistema de Irrigación Superficial y Subsuperficial, con la consiguiente liberación de aguas del acuífero del salar de Punta Negra; así como la transferencia de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos y superficiales de la subsubcuenca Salar de Punta Negra al Ministerio del Medio Ambiente para fines de Conservación.
Plan de Manejo
Respecto al plan de manejo, tendrá una vigencia indefinida con una revisión periódica cada cinco años y comprende todas las medidas que se ejecutarán desde la fase uno, incluida la instalación y funcionamiento de la mesa de gobernanza, y las que deben aprobarse posteriormente como el retiro de infraestructura industrial, la conservación de humedales altoandinos, las rutas de trashumancia, la protección de microorganismos, incluyendo extremófilos y la contribución a una aceleración en la recuperación natural del acuífero del Salar de Punta Negra, además de la transferencia de derechos de agua para fines de conservación.
El plan de manejo comprenderá un mecanismo de seguimiento ambiental, que tendrá por finalidad asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron objeto de este instrumento para la restauración del medio ambiente evolucionen según lo proyectado.
Demanda
En la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos. En primer lugar, por la disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo de sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.
El salar
El Salar de Punta Negra se ubica a 170 km. al sureste de Antofagasta y tiene una superficie de 250 km2. Se trata de una cuenca altoandina del tipo endorreica que se caracteriza por tener grandes variaciones morfológicas, climatológicas y geológicas, que albergan una delicada y única riqueza de biodiversidad, como también ha sido espacio de trashumancia de comunidades indígenas atacameñas. Está compuesto por vegas, canales y lagunas (VCL), donde se han registrado 47 especies de aves, 51 especies de plantas, 13 especies de mamíferos y 7 especies de reptiles, mientras que en los VCL se albergan micro crustáceos, nemátodos, insectos y algas. La fauna incluye, entre otros, distintas especies de flamencos, patos, aguiluchos, halcones, tórtolas, lechuzas, perdicitas, zorros, vicuñas, roedores de distintas especies, lagartijas e insectos.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/06/02/1022658/acuerdo-conciliacion-cde-comunidades-escondida.html
31/05/2021
En comunicación con Radio 3, el abogado Juan Salgado se refirió a la presentación que realizó ante la Justicia y la cual suspendió el tratamiento del proyecto de “Zonificación” y desmintió que se haya hecho en representación de ENDEPA.
“Es una mentira porque yo no presenté el recurso en nombre de ENDEPA, lo hice con 4 poderes que me dieron las comunidades de Chacay Oeste-Laguna Fría, Mallín de los Cual, Comunidad Lefimi y Los Pino”, precisó, recordando que la consulta previa “ya la habían reclamado” desde antes.
En este contexto, se refirió a notas recientes de un vecino de la Gan Gan que cuestionó la presentación judicial y apuntó contra ENDEPA. “He visto que hay un empleado de las mineras al que se le ha dado una inusitada repercusión, inusitada porque no son autoridades comunitarias y son minoría pero se les da notas -mientras que- a las autoridades jamás se les dio el espacio”, cuestionó.
Por ello “decir que es falso que la comunidad no ha dado autorización es mentira, porque está el poder de la comunidad y está por escrito ante el Juez”, sentenció.
Asimismo, negó que desde ENDEPA se haga “asistencialismo” o “colonialismo”, e informó que “es parte de la Iglesia Católica y trabaja con los fondos que tiene. La gente los conoce y saben cómo viven. Los conocen y les confían a ellos y no a los políticos de la Meseta, que tienen sus negocios con las mineras”, disparó.
En otro tramo, también apuntó al diputado Juan Pais que fue quien habló de “colonialismo” por parte de ENDEPA y disparó: “No tiene idea de qué se trata el Derecho Indígena. No puede hablar de colonialismo cuando pertenece a un Gobierno que incumple sistemáticamente los Derechos de las Comunidades Originarias”.
Puso por ejemplo recientes modificaciones hechas por decreto en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento y señaló que “el IAC es más bien un mercado persa para el reparto de beneficio de los amigos del poder”.
Por otra parte, recordó que la suspensión del proyecto de “Zonificación” que estableció la Justicia es “hasta que se resuelva el juicio de amparo -para que- se cumpla al menos con la consulta en la Legislatura (…) Se tiene que llamar a las comunidades y realizar el procedimiento”.
Para ello, también apuntó, se debe brindar toda la información porque el Gobierno “habla de informes sociales, ambientales y culturales pero no se los ve. Se menciona que existen pero no aparecen”.
“Lo primero que tiene que hacer en un procedimiento de consulta es dar esta información, es un deber del Estado. Las comunidades no son empresas privadas, son instituciones de pueblos que fueron incorporadas por la fuerza al Estado y hay que respetar sus Derechos”, insistió.
Ante este panorama, remarcó que el diputado Pais “habla como si estuviera todo bien en la Provincia pero no se cumplen nunca” los derechos de los Pueblos Originarios; lamentando que “evidentemente no tiene idea pero no es el único”.
País “representa a un Gobierno que no tiene una Ley cumplida de respeto a los Derechos de Pueblos Originarios, no los conoce y los viola a diario, no puede hablar, no tiene autoridad moral”, cerró.
Las declaraciones del abogado pueden escucharse aquí
CRIMEN AMBIENTAL: SENADORES UDI, RN, PS Y PPD DE LA COMISIÓN DE MINERÍA DEJAN SIN PROTECCIÓN ZONA QUE RODEA A LOS GLACIARES Y AL PERMAFROST
28 mayo 2021
“Se privilegió a la megaminería de alta montaña que históricamente ha destruido glaciares y sus entornos, hipotecando el derecho humano al agua y el equilibrio ecosistémico”
En la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado celebrada este miércoles 26 de mayo de 2021, se aprobaron los artículos (sexto y séptimo) que eran los de mayor controversia en la tramitación del sexto intento de proyecto de ley sobre “protección de glaciares”. Dichos artículos estaban referidos al ambiente periglacial (entorno próximo a los glaciares) y al permafrost (capa de suelo congelada por exposición permanente a temperaturas bajo cero), ambas áreas esenciales para lograr una efectiva protección de los glaciares, ya que como hemos reiterado majaderamente: si no se protege todo el ecosistema glaciar entonces los glaciares siguen en peligro. Sin embargo, senadores tanto de gobierno como de “oposición” votaron en contra de los glaciares y de las comunidades y territorios que viven gracias a ellos (70% de la población del país), y a favor de que estos dos elementos, centrales en el equilibrio ecosistémico, pudieran ser intervenidos vía Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), tal como ha venido sucediendo hasta ahora.
Lo aprobado por la Comisión va en desmedro de todos los criterios ambientales y vulnera el Derecho Humano al Agua, por eso como Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares denunciamos que si este proyecto se termina de aprobar de esta manera se agudizará el ecocidio ambiental en las altas cumbres de la cordillera, lo que repercutirá en todo el territorio. Con esta decisión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Chile se vuelve cómplice activo en la destrucción de ecosistemas de montaña que son patrimonio de la humanidad y de los cuales depende la vida humana y de otras especies por lo que esperamos sea rechazado en la votación general en sala. De aceptarse se estaría vulnerando lo emitido por la Corte Suprema el año 20161, donde claramente señala que no es aceptable la intervención de los glaciares y el ENTORNO por actividades económicas ingresadas y aprobadas por el Sistema de Evaluación Ambiental. Así mismo, se vulnera el Acuerdo de París al cual Chile adscribió frente al crudo escenario de cambio climático, entre otros más.
Esta decisión fue orquestada desde la Mesa Técnica2 conformada por representantes del Gobierno y los senadores de la Comisión (a excepción de la senadora Provoste) siendo un espacio ilegítimo y sin transparencia. Consideramos que los senadores Girardi (PPD y quien encabezó la “Mesa”), Allende (PS), Prohens (RN) y García Huidobro (UDI) deben responder al país por la grave decisión de establecer mecanismos por los cuales el entorno glaciar y el permafrost, que es una fuente relevante de abastecimiento hídrico en muchas zonas (sobre todo valles centrales y del norte del país) y que en 2015 el INDH reconoció su importancia cumpliendo “funciones análogas a los glaciares”, puedan verse intervenidos y dañados por la afectación de las mineras u otra actividad extractiva.
Dada la situación de emergencia climática y mega sequía que vivimos es relevante recordar que los glaciares son importantes fuentes de suministro de agua ya que alimentan los acuíferos y ríos sobre todo durante las estaciones secas. En este contexto, los glaciares son el principal reservorio de agua fresca que tenemos. La importancia de los glaciares es tan grande como su fragilidad. Los ecosistemas glaciares son afectados con el simple hecho de ejecutar actividades en sus cercanías, zona que quedó desprotegida. Como lo describe la Estrategia Nacional de Glaciares, estas actividades generan emisiones con material particulado (polvo en suspensión -black carbon-) que luego se deposita en ellos aumentando su temperatura y provocando que se derritan más rápido. Y en términos sinérgicos, intervenir la zona próxima a los glaciares con todo lo que implica una faena minera o la construcción de centrales hidroeléctricas, genera contaminación de diversos tipos, todo lo cual altera el equilibrio de todo el sistema glacial, que es altamente vulnerable.
Lo mismo con Anglo American, una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de CO2 que nos tienen al borde del colapso ecosistémico mundial, y que está gestionando un EIA para ampliar sus operaciones en Los Bronces Integrados, también hizo lobby feroz amenazando con que cualquier protección absoluta implicaría la detención de sus operaciones. En un informe4, que también hicieron llegar a la Comisión, usan expresiones ambiguas como que “conviven” o “interactúan” con glaciares hace años, sin embargo, la destrucción es evidente.
Como Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares sabemos que los glaciares se afectan por la destrucción de sus entornos y que el ingreso de proyecto al SEIA no sirven para resguardarlos. Tenemos clases magistrales tras Pascua Lama, Los Pelambres, Los Bronces, Andina, El Teniente y otros. Repudiamos lo sucedido en esta comisión y llamamos a los movimientos sociales y la ciudadanía a que rechacemos esta propuesta y que la demanda de una protección efectiva y total de los glaciares y sus ambientes esté acorde a la realidad y que no responda a las presiones de la industria que históricamente los ha destruido.
Todo parece demostrar que nuevamente no lograremos la ley que tanto necesitamos y que la única esperanza es por medio una Nueva Constitución, en este sentido hacemos un llamado a las, los y les constituyentes electos a tomar posición frente a este grave hecho y a lograr la preservación de los diversos componentes de la criósfera como valor esencial de la nueva carta Magna, ya que de esto depende el futuro del país. Estamos enfrentados a una situación que supone tomar decisiones pensando en las futuras generaciones y en la conservación de los ecosistemas de los cuales dependemos para vivir.
¡DESPROTEGER EL ENTORNO ES DESPROTEGER TAMBIÉN LOS GLACIARES!
COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES
CONTACTOS:
María Jesús Martínez +56963970135
Constanza San Juan Constituyente Distrito 4 +56962413008
Stefanía Vega+ 56 9 8441009
Julia Minners
28/05/2021
Imagen: CooperAcción
La fiebre del oro en la Amazonía viene causando graves impactos, tanto en términos sociales como ecológicos. La minería ilegal ya no se concentra únicamente en Madre de Dios, sin duda el caso más conocido y una verdadera tragedia ambiental, sino que viene creciendo también en otras regiones como Loreto y Amazonas.
Para conocer mejor sobre los impactos de esta actividad ilegal, realizamos una entrevista con el biólogo Juan Sánchez Babilonia, especialista del Centro de Rescate Amazónico (CREA). El CREA se ubica en Iquitos y se dedica a la conservación de especies. Sus ejes claves son el rescate, la rehabilitación y la subsecuente liberación de animales amazónicos. La especie de enfoque es el manatí amazónico, seguida por otros mamíferos acuáticos como nutrias y delfines de agua dulce. Aparte de eso, el CREA cuida también de otras especies de fauna silvestre como aves y monos. La educación ambiental comunitaria, antes de liberar a los animales cerca de una comunidad, y el ecoturismo con viajeros nacionales e internacionales, también están entre las actividades diarias del centro. Éstas son consideradas claves para frenar al tráfico ilegal de especies y apuntan a una interacción sostenible con la riqueza natural de la Amazonía.
La minería ilegal en la zona, que predominantemente es aurífera, trae consigo impactos ambientales críticos por la inserción de metales pesados como el mercurio a las aguas superficiales de ríos y lagos y también al agua subterránea. Por consiguiente, los organismos de los mamíferos acuáticos se ven afectados primero por niveles de alta toxicidad, y segundo por la persistente bioacumulación de metales pesados, es decir una creciente concentración de tóxicos presentes al subir la cadena alimentaria, por ejemplo de algas a crustáceos a peces. “El tiempo de vida va a disminuir, inclusive afecta algunas dinámicas poblacionales de algunas especies y por tanto a la estructura y la función del ecosistema”, afirma Sánchez. Es más, el monitoreo del número de la población de delfines puede ayudar a determinar el estado de los ecosistemas locales en la Amazonía y su respectiva degradación[1]. A nivel anatómico, los metales pesados afectan tanto al sistema nervioso central como a los riñones de ciertas especies amazónicas. Cabe destacar que la absorción de metales pesados por las plantas acuáticas, siendo fuente principal de alimento del manatí, impacta directamente a su organismo y por ende a las personas de comunidades locales que consumen carne de manatí. “Una zona donde hay minería ilegal no se podría considerar, por ejemplo, una zona de liberación de especies de fauna. Sería comprometer a los animales porque existiría esta actividad y tampoco se podría impulsar repoblamiento de estas especies en estas áreas”, nos explicó Sánchez.
Más allá de la contaminación, la alteración de los cauces de los ríos resulta en cambios de la vegetación acuática y perturbaciones de etapas tan fundamentales del ciclo de vida como el desove que se orientan en las épocas de creciente y vaciante de la Amazonía. Aparte de la confusión estacional, cambios en los cursos de los ríos por la minería ilegal o por la construcción de hidrovías o represas hidroeléctricas pueden poner en peligro a la fauna: el peligro proviene de la disminución del hábitat, en particular de los espacios de reproducción, alimentación y refugio[2]. Además, las aguas estancadas generadas por estas intervenciones humanas en la naturaleza conllevan enfermedades para los organismos. Asimismo, las rutas habituales de las especies migratorias como los manatíes se interrumpen al crear barreras artificiales, lo que puede tener consecuencias fatales para el conjunto del ecosistema amazónico.
El biólogo enumera otros impactos negativos de tipo social de la minería ilegal entre ellos el alcoholismo, la delincuencia, la focalización en el dinero, actos de violencia contra defensores del medioambiente y amenazas contra turistas.
Sánchez explica que la pandemia del Covid-19 ha tenido una influencia ambigua para la conservación. Por un lado los ecosistemas se pudieron recuperar, por ejemplo, “las poblaciones de algunas aves se han incrementado”. Por otro lado, el número de dragas de la minería ilegal en la Amazonía ha experimentado un aumento sin precedentes durante este estado de emergencia sanitaria.
Finalmente, para obtener una visión hacia el futuro le pregunté a Sánchez qué alternativas al extractivismo de la minería ilegal tuvieran potencial en la región. En su respuesta, el biólogo sostuvo que para lograr un desarrollo sostenible de la Amazonía se requerirían más centros de cría o rescate para atender a todos los animales. Sugiere que los centros podrían ser parcialmente financiados por fondos internacionales. El turismo responsable que incluye a las comunidades ofrece también un empleo alternativo y sostenible. Se considera además esencial introducir planes de manejo para el aprovechamiento de recursos naturales como el paiche y la tortuga taricaya y multiplicar los esfuerzos de educación ambiental.
Desde CooperAcción agradecemos al Centro de Rescate Amazónico, en especial a Juan Sánchez Babilonia por proporcionarnos su mirada de la situación de la minería ilegal en la Amazonía, y a Jim Ruiz Pezo por hacer posible la entrevista.
[1]Trujillo-González, F.; Mosquera-Guerra, F.; Franco, N. (2019): River dolphins: Species that indicate the state of health of the aquatic ecosystems of the Amazon and Orinoco regions. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales [online], 43:167, 199-211.
[2]Velásquez Zapata, G.Y. (2020): Problemas medioambientales de la minería aurífera ilegal
en Madre de Dios (Perú). Observatorio Medioambiental, 23, 229-241.
www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe
Los cacereños mantienen una lucha en calles, despachos y tribunales desde que en el año 2015 comenzasen los primeros sondeos de la mina de litio que se quiere abrir junto a su ciudad. El proyecto puede aportar riqueza económica, pero también conlleva un coste social, medioambiental y, sobre todo, sentimental.
Sergio Guinaldo
29/5/2021
Manifestación (anterior a la pandemia) en defensa de la Montaña de Cáceres. / Salvemos la Montaña
Aunque todavía no se ha excavado ni un solo metro, el interés por el litio que se esconde en las proximidades de la ciudad de Cáceres no deja de crecer. Barcelona, Valencia e incluso Badajoz ya planean utilizar este preciado recurso en sus futuras fábricas de baterías destinadas a los coches eléctricos. Sin embargo, los cacereños y cacereñas no quieren perjudicar a su montaña para apoyar la nueva movilidad verde.
Tampoco están por la labor sus dirigentes, ya que el Ayuntamiento de Cáceres se ha posicionado varias veces, de forma mayoritaria, en contra de la mina que quiere abrir la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL). El consistorio no ha consentido modificar su Plan General Municipal de Urbanismo —imprescindible para permitir la extracción del mineral— y acaba de exigir a la Junta de Extremadura que declare la Sierra de la Mosca, lugar donde se han realizado las prospecciones, como Paisaje Protegido, blindándola así ante los intereses mineros.
Se estima que en este municipio está el segundo mayor yacimiento de litio de Europa
El subsuelo de este territorio no es el único que alberga litio en la península ibérica, y el valioso metal ya se ha comenzado a extraer en otras zonas de Extremadura, Portugal y Galicia, pero el enclave que más interés suscita es el de Cáceres. Se estima que en este municipio está el segundo mayor yacimiento de litio de Europa. En concreto, unos 1,6 millones de toneladas de carbonato de litio, una cantidad con la que se podrían fabricar baterías para 10 millones de coches eléctricos, según los promotores del denominado proyecto San José Valdeflórez que promueve su explotación.
litio europa frame
Yacimientos detectados y en activo de litio, cobalto y grafito en Europa. / FRAME
“Mientras que en otras actividades de gran escala, como una cementera o una petroquímica, puedes elegir dónde ubicarla, en la industria minera el mineral está donde está, ya que es la naturaleza quien lo marca. En el caso de Cáceres, si te vas un poco más lejos de la ciudad ya no hay litio”, explica a SINC Roberto Martínez Orío, jefe del Área de Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Una ‘isla verde’ para la comarca
La zona prospectada es una ‘isla verde’ localizada al sureste de la ciudad histórica, un lugar de esparcimiento para sus vecinos. “La sierra de la Mosca es un enclave accidentado único en la penillanura trujillano-cacereña, con un valor ecológico y paisajístico enorme. Dehesa, ribera, fauna, flora… Aquí se da una representación del bosque mediterráneo”, explica a SINC Francisco Merino, licenciado en Ciencias Ambientales y CEO de la compañía de servicios ambientales INGEAMA.
Por este corredor los animales van de un lado a otro para comer, cazar, dormir o reproducirse; y su merma dañaría toda la cadena trófica de la zona
Francisco Merino (INGEAMA)
Según Merino, este terreno es un ecotono, un tecnicismo que designa una zona de transición entre dos hábitats: “Es un corredor ecológico entre dos figuras de protección ambiental, dos ZEPA (Zonas Especiales de Protección de Aves). Una es la de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, y la otra es la de la capital de Cáceres, la única incluida dentro de una ciudad debido a la presencia del cernícalo primilla (Falco naumanni). Por este corredor los animales van de un lado a otro para comer, cazar, dormir o reproducirse; y su merma dañaría toda la cadena trófica de la zona”.
valle valdeflores caceres
Imagen del Valle de Valdeflores. / Informe Preliminar ENP de la Sierra de la Mosca
Dentro de la sierra, concretamente en el Valle de Valdeflores, en la zona de La Montaña, ya saben lo que es la minería. Allí se desarrolló una importante actividad en la mina de San José hasta mediados de los años 80, donde se extraía principalmente estaño por galerías subterráneas.
Cuarenta años después, el pueblo cacereño teme que una nueva explotación a cielo abierto cambie para siempre su querida y cercana montaña. Según datos facilitados por la plataforma ciudadana Salvemos La Montaña de Cáceres, el hueco que se abriría (llamado corta) estaría solamente a 450 metros del Santuario Virgen de la Montaña, a unos 600 de la planta potabilizadora de agua del municipio y a 1.200 metros del Hospital Universitario.
Los opositores al proyecto también apuntan el perjuicio que supondría para el turismo, el daño medioambiental y el impacto visual y paisajístico de la mina, que está previsto que opere durante casi 20 años.
‘No’ a la mina
“Para nosotros, la montaña es un símbolo. Cuando bajan a la Virgen, todo el recorrido está lleno de gente de arriba abajo, y cuando llega a la parte antigua no se puede ni andar. Y para los no religiosos es un símbolo de tipo natural. Está dentro de los genes cacereños”, explica Santiago Márquez, uno de los portavoces de la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña.
Esta plataforma, creada en 2017, la componen cerca de 40 voluntarios, aunque han sido capaces de organizar manifestaciones multitudinarias o reunir hasta 35.000 firmas para apoyar sus alegaciones. No quieren correr el riesgo de sufrir un desastre como el de Aznalcóllar (Sevilla).
“Lo más importante es que está a 800 metros de Cáceres. No hay un ejemplo igual en todo el mundo. Esta mina abarcaría un terreno de 1.350 hectáreas y tendría una corta de entre 300 y 400 metros de profundidad, con un diámetro de entre 700 y 1.100 metros. Se colocarían una serie de balsas y escombreras sobre un terreno calizo, justo encima del único acuífero que tenemos aquí, El Calerizo. Se va a agotar y a contaminar”, considera Márquez.
Lo más importante es que la mina estaría a 800 metros de Cáceres. No hay un ejemplo igual en todo el mundo
Santiago Márquez (Plataforma Salvemos la Montaña)
Para excavar el enorme agujero, los técnicos de la mina emplearían 9.300 toneladas de dinamita de amonio, según cálculos de la plataforma ciudadana, quien considera que el polvo nocivo llegaría a la ciudad arrastrado por el viento o acabaría contaminando el agua.
“Las plantas químicas en las que se extraerá el litio de la roca van a quemar gasoil, emitiendo 105.000 toneladas de CO2, 206 toneladas de metano y 62 toneladas de óxido nitroso al año, según datos de su proyecto de explotación. Estos valores sobrepasan con creces los máximos admitidos, que son de 100.000, 100 y 10 toneladas respectivamente”, expone Márquez.
Oportunidad económica para Cáceres
Desde la empresa que impulsa el proyecto, TEL, formada en un 75 % por la multinacional australiana Infinity Lithium y en un 25 % por la española Sacyr, tienen una visión diferente.
Sus responsables han anunciado que la mina puede generar 528 puestos de trabajo directos y hasta un millar indirectos, vinculados al sector de la hostelería o de la limpieza, entre otros.
Además, la compañía también invertiría 60 millones de euros en diferentes proyectos para la ciudad, derivados de los beneficios de su actividad minera.
Se ha hablado de balsas de evaporación, de que la mina tendría dimensiones estratosféricas… lo único que hemos pedido es transparencia, que se hable con criterio y que se dé un debate riguroso
David Valls (Infinity Lithium España)
En abril de 2020, Infinity Lithium comunicó que habían llegado a un acuerdo con la Alianza Europea de Baterías, un proyecto recientemente creado por la Unión Europea para promover inversiones en otros proyectos similares al de Cáceres. También, desde hace pocos meses participan en Battchain, un consorcio de empresas españolas que persigue desarrollar toda la cadena de valor de las baterías en España.
“Siempre nos hemos querido sentar con ellos [con la plataforma ciudadana], pero nos han rechazado varias veces. Mucha de la información que vierten es inadecuada o no se corresponde con la realidad del proyecto”, declara a SINC David Valls, country manager de Infinity Lithium en España y director técnico del proyecto. “Se ha hablado de balsas de evaporación, de que la mina tendría dimensiones estratosféricas… lo único que hemos pedido es transparencia, que se hable con criterio y que se dé un debate riguroso”, reclama Valls.
Durante todo el tiempo que el proyecto lleva parado, sus técnicos han incorporado al plan las nuevas “mejores técnicas a nivel mundial”, según recalca el director técnico: “En primer lugar, el hueco minero [la corta] es sustancialmente más pequeño, en torno a un 15 o 20 % menos. Sobre el polvo en suspensión, vamos a emplear técnicas de dispersiones con agua y barreras vegetales. De forma adicional, ha quedado demostrado que el régimen de vientos sopla en dirección contraria a la ciudad, según la Agencia Española de Meteorología”.
“Sobre el agua –añade–, nuestro proyecto no tiene balsas de evaporación ni balsas de lodos. Una vez extraído el litio, se depositan los estériles en seco, en zonas un 40 % menos extensas. Sobre posibles temores por filtraciones, nuestro proyecto no se asienta sobre el acuífero de El Calerizo. Hay que descartar ese temor. Además, toda el agua que necesitamos se va a obtener de la depuradora de aguas residuales de Cáceres”.
“Por último, respecto al impacto visual o paisajístico que generaría, [la mina] estaría encajada dentro de un valle, por lo que no tendría contacto visual directo con la ciudad”, concluye, no sin antes remitir a la página web del proyecto, en la que se aclaran las posibles dudas.
Estancado en los despachos
En los últimos meses se han sucedido la aprobación y denegación de permisos de investigación para la explotación minera por parte de la administración, junto a recursos presentados por la empresa.
Mientras tanto, la riqueza económica y laboral que ofrece el proyecto no parece hacer cambiar de opinión a gran parte de la sociedad cacereña, empezando por su alcalde, Luis Salaya, quien explica a SINC el principal motivo por el que se oponen: “Se trata de una zona no muy alejada de la ciudad y muy querida. La explotación sería visible desde la ciudad monumental de Cáceres, que es el tercer conjunto monumental de Europa y está declarada Patrimonio de la Humanidad. Si esto estuviese 20 kilómetros más allá, no estaríamos discutiendo”.
Si la mina estuviese 20 kilómetros más allá, no estaríamos discutiendo
Luis Salaya (alcalde de Cáceres)
“La principal actividad económica de la ciudad es el turismo y vivimos de él –insiste–. Incluso la Unesco se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para que remitamos información sobre los daños que podría ocasionar al patrimonio”.
sierra mosca ganaderia
En la sierra se dan actividades agrícolas y ganaderas. / Informe Preliminar EPN de la Sierra de la Mosca
“Para una ciudad como Cáceres, con más de 90.000 habitantes, unos 100 o 200 puestos de trabajo no serían muchos. Solo en el sector del turismo, y sin contar los del sector agrícola y ganadero, se perderían más. Cualquier fotovoltaica de las que se instalan en el entorno de nuestra ciudad genera más puestos. Todo ello teniendo en cuenta que [las cifras] fueran ciertas. Ya sabemos cómo suelen funcionar las minas”, desliza Salaya.
Discrepancias sobre los impactos
La disparidad de cifras, no solo sobre los posibles puestos de trabajo, es otro de los puntos que centran el debate. Dependiendo de la fuente a la que se consulte varían los datos sobre los impactos y repercusiones que generará este proyecto en aspectos como el terreno ocupado, la profundidad de la corta, su ubicación, el tipo de escombrera…
En este contexto ayudan los informes de impacto ambiental que, mediante matrices de impacto, permiten cuantificar los efectos que genera una industria como esta.
Según la matriz de la compañía minera, solamente el apartado de ‘Edificaciones’ obtiene una calificación de ‘severa’. El resto de impactos vinculados al proyecto serían favorables
Según el ambientólogo Merino, en este caso solo se saldaría de forma positiva el factor socioeconómico, pero muchas otras obtendrían calificaciones negativas: los residuos y sus posibles fugas, el drenaje de agua del acuífero, toda la infraestructura industrial que habría que construir alrededor de la mina y su posterior restauración. Lo peor, a su juicio, sería destruir la conexión entre las dos ZEPA.
Lejos de sus conclusiones, la matriz de impactos elaborada por la compañía minera ofrece datos muy distintos. Solamente el apartado de ‘edificaciones’ obtiene una calificación de ‘severa’, mientras que otros, como ‘paisaje’, ‘medio biótico’ y ‘medio geológico’ obtienen la calificación de impacto ‘moderado’. El resto, incluso valoraciones positivas.
Una cicatriz para la sierra
En el caso de que finalmente se abra la mina, otra de las grandes cuestiones que inquietan a los cacereños es qué pasaría cuando finalice su explotación, proyectada para 19 años. “Si se va a hacer a cielo abierto, inevitablemente quedará una cicatriz, pero la legislación española es muy clara en esto: tienes que restaurar el territorio. Lo primero que te pide la Administración es el plan de impactos y te obliga a depositar los avales para restaurar la mina. No existe la posibilidad de marcharse y dejarlo abierto”, explica a SINC Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG).
La Administración pide un plan de impactos y te obliga a depositar los avales para restaurar la mina. No existe la posibilidad de marcharse y dejarlo abierto
Manuel Regueiro (ICOG)
Al contrario de lo que se podría pensar, restaurar una mina no significa “dejarla como estaba, porque si extraes un material luego no puedes rellenarlo con ese mismo material –apunta el experto–. Se restaura con embalses, con árboles, etc. Algunas minas restauradas ahora son teatros al aire libre, auditorios, embalses, restaurantes… El terreno no se destruye, sino que se deja apto para otro uso”.
Regueiro y otros expertos ponen el ejemplo de minas restauradas de forma exitosa, como la de As Pontes en Galicia, reconvertida en un lago; Emma en Puertollano, donde se ha recuperado el paisaje anterior; o las graveras de la rivera del Jarama al sur de Madrid. “Otro ejemplo más sorprendente son las Médulas de León, una explotación romana que ahora es Patrimonio de la Humanidad”, recuerda el geólogo.
restauracion minas san jose valdeflorez
Ejemplos de restauración expuestos por el proyecto minero. / San José Valdeflórez
En el caso de la mina de Cáceres, sus promotores prevén invertir 305 millones de euros para convertir la mina en instalaciones o un entorno por consensuar con “los agentes socio-económicos de la ciudad, para satisfacer las necesidades de Cáceres y los cacereños”. Como “casos de éxito” que podrían servir de ejemplo estaría un auditorio en Suecia, un lago en Canadá o un anfiteatro en Australia.
En cualquier caso, la restauración de la mina sería la última fase de una iniciativa industrial que, de momento, está lejos de empezar, si es que finalmente se lleva a cabo. En el caso de que no salga adelante el proyecto de San José Valdeflórez, otras cinco empresas internacionales aguardan su turno para llamar a las puertas de Cáceres.
Fuente: SINC
Derechos: Creative Commons
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Caceres-se-resiste-a-ceder-su-valioso-litio
27/05/Por: Juan Parrilla *¨
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 284 conflictos sociales por la megaminería. Reciente investigación detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados.
Protesta por líderes ambientales amenazados en Honduras.
Protesta por líderes ambientales amenazados en Honduras. / Fundación San Alonso Rodríguez
El 10 de abril pasado, un grupo de desconocidos encapuchados arrojó una bomba molotov que incendió las oficinas de la minera Agua Rica, en Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca. Fue mientras se realizaba una marcha de vecinos que desde hace más de una década se manifiestan todos los sábados a favor del medioambiente, siempre de manera pacífica. Pese a la falta de pruebas y a que todo indicaba que se trataba de “infiltrados”, una fiscal que trabajó para el sector minero ordenó la detención de 12 pobladores. La mayoría estuvo dos semanas en prisión.
El día de su liberación, a más de 5.000 kilómetros de allí, en Honduras, ocho personas cumplían entre 20 y 30 meses encarcelados. Permanecen detenidas luego de una serie de protestas contra un proyecto minero de Inversiones Los Pinares. Son parte de una causa en la que 32 pobladores, incluido un muerto, están siendo juzgados como parte de una asociación ilícita por los mismos tribunales que se crearon para investigar al crimen organizado.
Los dos casos muestran una de las caras más oscuras de la megaminería en América Latina. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social, la democracia se convierte en una ficción y la vida cambia para siempre.
El sector más peligroso
Según el último informe de la organización Global Witness, América Latina es la región con más defensores del medioambiente asesinados, con dos tercios de los casos en 2019. El triste ranking de ese año lo lideró Colombia, con 64 víctimas fatales. Cinco de los seis países que le siguen son de la zona: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). La minería fue el sector más peligroso, con 50 crímenes. (Le sugerimos: Colombia es el país más letal para líderes ambientales)
A la fecha, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 conflictos sociales por la megaminería. La mayoría, en México, Chile y Perú, seguidos por la Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de la frialdad de las cifras hay personas. Y detrás de ellas, una familia, una comunidad, una historia desconectada de los grandes centros urbanos y la vida democrática.
A pesar de la irrupción de capitales chinos y la importante presencia de empresas británicas, más de la mitad de los emprendimientos mineros en la región siguen siendo de compañías de Canadá. Mientras su primer ministro Justin Trudeau impulsa sanciones junto a los Estados Unidos para los países con leyes climáticas débiles, los encargados de negocios de sus embajadas hacen lobby a favor de mineras ligadas a procesos de violencia, corrupción y contaminación.
Líderes ambientales asesinados.
Líderes ambientales asesinados. / Periodistas por el Planeta
Violaciones y abusos
Tal el caso de la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi. El conflicto desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN. Son los únicos procesos en los que juzgados de ese país aceptaron acciones contra una empresa local por violaciones a los derechos humanos en el extranjero.
La primera de esas demandas es por el abuso sexual de 11 mujeres, el 17 de enero de 2007, por parte de policías, militares y personal de seguridad con ropa de la minera CGN, durante la expulsión de un centenar de familias de la comunidad de Lote Ocho.
Una de las víctimas, Rosa Elbira Coc Ich, contó que nueve hombres irrumpieron en su casa preguntando por su marido y la violaron. Hoy, no puede tener hijos, posiblemente por las lesiones que sufrió. Entre las víctimas también hay embarazadas que perdieron sus bebés.
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En el marco del juicio, las mineras tuvieron que entregar unos 20.000 documentos internos a las demandantes. “Allí consta que CGN pagó cientos de miles de dólares a los soldados y la policía para realizar los desalojos”, subraya el abogado canadiense Grahame Russell, director de Rights Action, una de las ONG que colaboran con las comunidades afectadas.
Otra demanda es por el crimen del docente Adolfo Ich, el 27 de septiembre de 2009, en medio de nuevas amenazas de desalojos. Su esposa y denunciante, Angélica Chub, recuerda que el jefe de seguridad del proyecto, el excoronel Mynor Padilla, había convocado a su marido a conversar, pero un grupo de empleados de la empresa lo empezó a golpear y lo arrastró hacia el interior del predio de la minera. “Una vez allí, un miembro de las fuerzas de seguridad de Fénix lo atacó con un machete. Entonces Mynor Padilla se acercó y le disparó en el cuello”, repasa la denuncia.
Esa jornada terminó con otros siete pobladores heridos de bala. Uno de ellos es Germán Chub Coc, quien quedó parapléjico. Es el tercer demandante en los tribunales de Ontario.
Estrategia de desgaste
La también canadiense Pan American Silver es otra de las empresas emblemas en la región, con presencia en cinco países. En México opera dos proyectos, entre ellos, La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de la compañía. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona.
Tras dos años de amenazas, el 13 de enero de 2017, personal de seguridad de Pan American Silver munido de armas largas obligó a 46 familias a desalojar los terrenos que su comunidad ocupaba desde hacía casi un siglo. Sus casas fueron destruidas y todos fueron reubicados en viviendas de lámina que les dieron en comodato, dentro de un complejo habitacional que funciona casi como un gueto, a 200 metros del ingreso a la mina, entre los ruidos de las máquinas y los respiradores, y con un perímetro alambrado e iluminado las 24 horas del día, lo que dificulta el descanso. (Le puede interesar: Colombianos ayudan a esclarecer el asesinato de una ambientalista)
Los vecinos denuncian que todo es parte de una estrategia de desgaste para forzarlos a abandonar la zona, que comenzó cuando la minera echó a los empleados que vivían en la comunidad. La tortura psicológica se completa con un duro reglamento confeccionado por la empresa. Los pobladores aseguran que ni siquiera pueden festejar un cumpleaños fuera de sus hogares y que no están permitidos los ruidos después de las 23 horas. Tampoco pueden criar animales para alimentarse y hasta tienen regulados los tipos de mascotas que pueden tener. Si rayan un mueble, se les aplica una multa de 300 pesos. Les llegaron a cortar el agua por más de un mes.
¿Feliz Navidad?
A pesar de ese y otros antecedentes, como la contaminación en torno a la mina Quiruvilca en Perú, Pan American Silver intenta avanzar en el sur de la Argentina, en Chubut, con el proyecto Navidad, en un proceso cargado de avasallamientos a las instituciones democráticas. Eso incluye represión y detenciones, una cámara oculta a un diputado provincial pidiendo dinero para hacer lobby, un audio de otra legisladora revelando que se pagaron coimas y la foto del celular de un tercer congresal que en plena sesión recibió un mensaje con instrucciones de un directivo de una minera para desvirtuar el contenido de una iniciativa popular.
El proyecto Navidad, sin embargo, tiene un obstáculo: en la provincia de Chubut está prohibida la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, tras una consulta popular en el pueblo de Esquel, en 2003. Fue la segunda consulta que se realizó en América Latina sobre megaminería y tomó como referencia la experiencia inédita en Tambogrande, en la provincia peruana de Piura, en junio de 2002.
En total, el OCMAL lleva contabilizadas 39 consultas populares en la región, pero concentradas en sólo seis países. Aunque no siempre los gobiernos han reconocido esas elecciones y algunas veces han usado artilugios legales para eludir sus resultados, muchas han conseguido modificar, retrasar y hasta frenar proyectos.
Otra forma de participación directa son las consultas previas, pero suelen ser una mera formalidad cuyos resultados no se tienen en cuenta. Una situación análoga ocurrió en Honduras, en torno a las concesiones ASP 1 y ASP 2 de Inversiones Los Pinares, uno de los casos que se narran al inicio de este artículo. El 29 de noviembre de 2019, hubo un cabildo abierto en el municipio de Tocoa, Colón, del que participaron unas 3.500 personas, según las actas oficiales, aunque los vecinos afirman que fueron muchos más. Pese a que los pobladores declararon a la comuna como libre de minería, la empresa informó que eso “no afecta en absoluto” sus operaciones.
“El agua parecía jugo de tamarindo”
El conflicto, como otros en la región, había empezado en el más absoluto secreto, cuando el Congreso impulsó, un año después de su creación, la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, para allanar el camino de la explotación de óxido de hierro.
“Nos topamos con un muro terrible en todos los niveles: municipio, gobierno central y empresa”, recuerda Juan Antonio López, vecino de Tocoa y referente de la oposición al proyecto minero.
El detonante del capítulo más sombrío del conflicto se empezó a escribir en abril de 2018, durante la construcción de los caminos hacia el proyecto. No es una novedad: es habitual que los primeros efectos de la presencia de las mineras en un lugar se perciban al abrirse las rutas de acceso, por el polvo de las explosiones. Un antecedente conocido es el del proyecto binacional Pascua Lama, entre Chile y la Argentina, donde la justicia chilena frenó las obras porque acreditó la presencia de una capa de polvo sobre dos glaciares.
En el caso hondureño, la polvareda se visibilizó en los ríos Guapinol y San Pedro, y en sus afluentes. “El agua parecía jugo de tamarindo”, recuerdan los vecinos. Eso movilizó a comunidades que hasta ese momento no habían protestado.
Los pobladores tomaron por dos semanas el edificio municipal. También cortaron la calle de acceso a la empresa y paralizaron la actividad. Pedían dialogar con el gobierno, pero las autoridades los llamaban a negociar con la empresa. Buscaban un acuerdo económico. “Nos llegaron a decir que el Estado no se responsabilizaba de lo que nos pudiera ocurrir”, recuerda López.
Criminalización de los defensores
Durante una de las tantas protestas, según el relato de los pobladores, desde un vehículo de la empresa salió un disparo que hirió a un manifestante. La reacción de los vecinos fue retener al jefe de seguridad de la mina, que fue entregado a la policía. Y la respuesta del Estado fue brutal: en septiembre de 2018, el Ministerio Público impulsó una acción penal contra 18 pobladores.
La criminalización estaba en marcha, pero la lección no había sido suficiente y en febrero de 2019 se imputó a otras 14 personas, 32 en total. Fueron acusadas de cometer seis delitos, incluido el de asociación ilícita. Ocho de ellos permanecen detenidos y otros cinco están en riesgo de ser apresados.
La estrategia no es casual. Una reciente investigación de Mongabay detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados, 58 de ellos —la mayoría— por conflictos vinculados a la megaminería.
Uno de los acusados en Honduras es Juan Antonio López. Es considerado por el Ministerio Público como el jefe del grupo, una especie de capo narco al mejor estilo Pablo Escobar, pero que, en lugar de hacer negocios ilegales, pide que una minera no se instale en una zona protegida por ley, en la que hay 34 fuentes de agua de las que dependen miles de personas.
La versión de las mineras:
– Sobre el conflicto en La Colorada, Pan American Silver aseguró en su Reporte de Sostenibilidad de 2019: “Como parte de una expansión en la Colorada en 2015, construimos nuevas instalaciones en el campamento y reubicamos trabajadores, como también grupos de familias que no eran trabajadores, pero vivían en nuestra propiedad en condiciones precarias de vivienda. Hemos estado trabajando proactivamente con la ACNUDH y las familias afectadas para solucionar los temas”.
– Sobre las demandas contra Hudbay, la empresa señaló en un comunicado publicado por BNamericas que “carecen de fundamento”. En otra nota de prensa posterior, luego de que los juicios fueran aceptados en tribunales canadienses, la compañía señaló: “Tras tener una oportunidad para contrainterrogar a los demandantes, confiamos en que sus denuncias no son ciertas y los casos se resolverán favorablemente sobre los méritos del juicio”.
– En enero de 2020, Inversiones Los Pinares publicó un comunicado sobre el conflicto en Tocoa, Colón, Honduras. Dijo: “Como indican las leyes hondureñas y es del conocimiento general, la declaratoria que se realizó en el cabildo abierto del 29 de noviembre de 2019 en Tocoa, Colón, no tiene ninguna validez ni efecto en nuestro proyecto minero, y por tanto no representa ningún tipo de alteración en nuestra operación. Nuestro proyecto sigue más firme que nunca, a pesar de la desinformación que ha pretendido divulgar un pequeño grupo de personas y organizaciones malintencionadas e interesadas en crear el caos, sembrar odio y evitar el desarrollo en la zona”.
*Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina. Licencia Creative Commons, con mención del/los autor/es y la fuente (PxP).
https://www.elespectador.com/ambiente/asesinatos-abusos-y-desalojos-forzados-el-lado-b-de-la-mineria-en-latinoamerica/
03/06/2021
Emilia Aparicio 03/06/2021
01/0672021
Esto se da en el marco de la demanda de reparación por daño ambiental al Salar de Punta Negra -una cuenca altoandina ubicada en Antofagasta- interpuesta en contra de la compañía minera.
31/05/2021
CRIMEN AMBIENTAL: SENADORES UDI, RN, PS Y PPD DE LA COMISIÓN DE MINERÍA DEJAN SIN PROTECCIÓN ZONA QUE RODEA A LOS GLACIARES Y AL PERMAFROST
Julia Minners
Los cacereños mantienen una lucha en calles, despachos y tribunales desde que en el año 2015 comenzasen los primeros sondeos de la mina de litio que se quiere abrir junto a su ciudad. El proyecto puede aportar riqueza económica, pero también conlleva un coste social, medioambiental y, sobre todo, sentimental.
27/05/Por: Juan Parrilla *¨