Mexico

Crece conflicto en yacimiento de oro en Guerrero

Sergio Ocampo Arista, corresponsal
05/06/2021
Los Filos, mina de la empresa canadiense Equinox Gold ubicada en Eduardo Neri, Guerrero. Foto Sergio Ocampo/Archivo

Eduardo Neri, Gro. Comuneros del poblado de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, ubicado en el centro de Guerrero, mantienen un bloqueo a los accesos a la mina de oro Tajo de Guadalupe, de la empresa canadiense Equinox Gold, desde el 24 de mayo, debido al incumplimiento del contrato firmado hace dos años, denunció Jaime Bello Carreto, presidente de los bienes comunales de Xochipala.

Advirtió que de no llegar a un convenio con la minera terminarán el acuerdo que se firmó por tres años. “Estamos dispuestos a que se cancele el convenio, hasta que haya un buen arreglo; la empresa se lleva todo el oro y nos va a dejar los terrenos inservibles y contaminados”.

En conferencia de prensa en los accesos a la mina, expuso que los comuneros denunciaron que alquilaron 50 hectáreas para la explotación de oro y cien más pa-ra exploración; sin embargo, “ya las están explotando” y, de manera ilegal, también utilizan otras 15 hectáreas para tirar el cascajo.

Bello Carreto dijo que la firma canadiense es omisa pues “mantiene una actitud racista y se niega a que la gente de Xochipala se haga cargo de la renta de maquinaria, y en general del trabajo que realice que es para beneficio de nuestra comunidad”.

Explicó que surgió un nuevo conflicto en “un terreno de 15 hectáreas donde tiran cascajo; incluso el Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en Iguala, mantiene una actitud silenciosa, en favor de la minera. Hay daños al medio ambiente en las 50 hectáreas arrendadas para la explotación”.

También en las cien hectáreas acordadas para la exploración “la empresa Equinox Gold la está explotando, y ya ocasionó daños irreversibles, por eso decimos que engañan a los 155 comuneros de Xochipala”.

Lamentó que a pesar de que ya se interpuso la demanda ante el TUA no hay respuesta, “incluso tenemos los planos del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, pero ellos pretenden desconocerlos”.

Acusó que la minera sólo contrató a 10 de 15 trabajadores (que además ya fueron despedidos) “los demás son foráneos. La compañía a fuerza quiere que levantemos el paro para iniciar las negociaciones, y ponernos a dialogar, pero no nos vamos a retirar”.

Por su parte, Eli Sobrevilla, comisario municipal de Xochipala, destacó que la firma “está sacando más de 80 por ciento del mineral (oro), y ni siquiera les hemos pedido dinero, sólo empleos porque así se estipuló en el convenio.

Puntualizó que el pago que hace la minera por cada hectárea en exploración es de 4 mil pesos, mientras por cada hectárea explotada son 136 mil pesos; consideró que “eso es una migaja”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/05/estados/crece-conflicto-en-yacimiento-de-oro-en-guerrero/

Colombia

Bloquean nuevamente la línea ferroviaria de la minera de carbón Cerrejón en Colombia

Cerrejón produjo 12,4 millones de toneladas de carbón en 2020, casi un 52% menos que en 2019, y sus exportaciones cayeron a su nivel más bajo en los últimos 18 años en medio de las restricciones del coronavirus y la caída de la demanda mundial de carbón.
Cerrejón, propiedad conjunta de BHP Group, Anglo American Plc y Glencore Plc, enfrenta repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas a la mina y su sindicato. Esta vez, un grupo de 226 extrabajadores tomaron las acciones de protesta.
04/06/2021
Bogotá. Extrabajadores de la mina colombiana de carbón Cerrejón bloquearon nuevamente la línea ferroviaria que utiliza la compañía, informó este jueves la minera, en la última protesta reciente que afecta sus operaciones.

Cerrejón, propiedad conjunta de BHP Group, Anglo American Plc y Glencore Plc, enfrenta repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas a la mina y su sindicato más grande, que realizó una huelga de 91 días el año pasado. A finales de mayo la empresa declaró la fuerza mayor y detuvo sus operaciones debido a dos bloqueos que impidieron la llegada de suministros como la gasolina.

Un bloqueo fue realizado por extrabajadores molestos ante los recientes recortes en empleos y el otro por una comunidad Wayuu que se queja repetidamente con la compañía por razones ambientales.

Las conversaciones con los exempleados que bloquean la línea ferroviaria de la compañía y la comunidad de Media Luna, que estaba afectando una carretera fuera del puerto de Cerrejón, terminaron en acuerdos para levantar las protestas a finales de la semana pasada, tras lo cual Cerrejón anunció el sábado que reiniciaría gradualmente las operaciones.

Pero el grupo de 226 extrabajadores, que dejó la empresa en febrero, retomó el bloqueo de la línea férrea, dijo Cerrejón. «La empresa solicita a las autoridades su intervención inmediata frente a los bloqueos ilegales y las acciones de hecho que ponen en peligro la estabilidad laboral de más de 9.000 familias», dijo la empresa en un comunicado.

Cerrejón aseguró que si bien está dispuesta a dialogar nuevamente, «estas conversaciones nunca pueden realizarse bajo la presión de vías de hecho, como lo son los bloqueos ilegales».

Los antiguos trabajadores recibieron beneficios más generosos que los exigidos por la ley cuando fueron despedidos, pero no los aceptaron, explicó Cerrejón, al tiempo que les informó que no es posible volver a contratarlos.

Cerrejón produjo 12,4 millones de toneladas de carbón en 2020, casi un 52% menos que en 2019, y sus exportaciones cayeron a su nivel más bajo en los últimos 18 años en medio de las restricciones del coronavirus y la caída de la demanda mundial de carbón.
Autor:Reuters
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bloquean-nuevamente-la-linea-ferroviaria-de-la-minera-de-carbon-cerrejon-en

Perú

Situación es tensa en Accomarca por conflicto con empresa minera

Escrito por Jornada
04/06/2021
En el distrito de Accomarca – Vilcashuamán.
Frank Tacuri
prensa@jornada.com.pe
Desde hace varios meses los pobladores de la comunidad campesina de Accomarca en Vilcashuamán vienen solicitando a las instancias competentes el cierre definitivo del centro minero de Pichus cucho.
Aseguran que las actividades de extracción minera están afectando los recursos naturales de la zona, situación que en cualquier momento podría generar un nuevo enfrentamiento, toda vez que aún no se ha instalado una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo.

En un reciente trabajo de fiscalización, la comisión permanente de energía y minas e hidrocarburos del Consejo Regional, evidenció la existencia de un conflicto socio ambiental entre los miembros de la asociación minera y los comuneros del distrito de Accomarca, quienes mostraron su rechazo a estas actividades.

En esta acción de control también se constató que el personal obrero y socios de dicha empresa vienen laborando sin contar con los equipos de protección personal (EPP) infringiendo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual modo, se advirtió que incumplen con los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la Covid en el trabajo, en la cual se indica el lavado de manos, control de temperatura, llenado de la ficha de sintomatología, entre otros.

Es preciso señalar que, la ubicación de las bocaminas están muy próximas a las cuencas hídricas cerca del río Pampas y ojos de agua del valle, situación que genera una contaminación directa.

Asimismo, se comprobó que no cuentan con medidas de control ambiental; en los nuevos echaderos de desmonte y a las canchas de acumulación de mineral, por la cual se advierte riesgo de contaminación a los campos de cultivo, comunidades aledañas, etc.

Bajo ese contexto, se aguarda que la empresa pueda regularizar estas observaciones y sobre todo retirarse del lugar.

DATO: Los pobladores refieren que el centro minero pone en riesgo la salud, seguridad, daño al medio ambiente y que genera mucho conflicto social entre comuneros, puesto que cerca de 30 personas laboran en dicha empresa.
https://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/item/3110-situacion-es-tensa-en-accomarca-por-conflicto-con-empresa-minera

Chile

Comunicado de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

04/06/2021
Inaceptable, retrógrada y violadora de derechos es una ley que legalice la intervención del área cercana a glaciares y el permafrost
(de http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108677)
“La ley que avanza permite y legaliza la intervención del ambiente periglaciar y permafrost, elementos centrales en la mantención de los glaciares”
El miércoles 2 de junio 2021 la Comisión de Minería y Energía del Senado despachó el sexto intento de proyecto de ley de glaciares a la Comisión de Medio Ambiente. Estuvo en esta comisión desde junio de 2018 luego que los comités parlamentarios negociaran con el ejecutivo para que ésta fuese la primera comisión en revisarlo.

A través de innumerables denuncias públicas que hemos hecho, buscamos concientizar sobre la importancia que tienen los glaciares y sus ambientes para el sustento hídrico de gran parte de la población del país y hemos querido develar cómo se ejerce el poder extractivista en el Senado a partir del actuar de los parlamentarios que legislan favoreciendo los intereses económicos, en vez de proteger el Bien Común.

Esta reciente tramitación estuvo fuertemente influenciada por el lobby minero con sus distintos representantes: el Consejo Minero, COCHILCO, SONAMI, Federaciones de trabajadores de CODELCO y glaciólogos mineros, tal como ha sido en los últimos seis años en otras tramitaciones infructuosas del mismo tema. Y tal como ha ocurrido con proyectos de ley anteriores a este sobre glaciares, la presión minera se materializó. La historia se repite una y otra vez: negocian a espaldas del pueblo.

La fórmula que usaron esta vez para acomodar la ley para las mineras fue la Mesa Técnica promovida y encabezada por el senador Girardi (PPD), quien decidió ceder la protección original del proyecto en relación con el entorno de los glaciares (ambiente periglacial) y el permafrost. De esta mesa sale entonces la propuesta del artículo sexto y séptimo por medio de los cuales se legaliza la intervención de estos elementos. Esto incluso contradice el mismo texto de la ley, ya que expresa que tanto el entorno como el permafrost son fundamentales para el equilibrio y permanencia de los glaciares. Esto fue apoyado por la senadora Isabel Allende (PS), Alejandro García Huidobro (UDI) y Rafael Prohens (RN). Lo decimos claramente, la Comisión de Minería se encargó de estructurar un proyecto de ley a la medida de la megaminería, la principal industria que destruye glaciares y el ambiente periglacial.

El proyecto será recibido por la Comisión de Medio Ambiente compuesta por dos integrantes de la Comisión de Minería, la senadora Allende y el senador Prorhens, además del senador Alfonso De Urresti (PS), José Miguel Durana (UDI) y Ximena Órdenes (Independiente ex PPD). Lamentablemente esta conformación no nos garantiza que se revierta este atentado a la Naturaleza y comunidades que velarán por la total protección de los glaciares y sus entornos y otras crioformas, ni tampoco del Buen Vivir de los Pueblos.

Constatamos cómo la historia se repite una y otra vez: negocian de espaldas del pueblo y continúan sobreponiendo el interés privado por sobre el de la mayoría. Esta vez quieren avanzar con una pantalla de ley de glaciares pero que al igual como lo pretendía Bachelet, es un dispositivo que permite la viabilidad de la minería en el ambienta periglaciar y permafrost.

Una ley que desproteja estos ambientes es totalmente perjudicial y un contrasentido a lo que efectivamente necesita el país. Lo que necesitamos es una ley de protección real y para todos los glaciares, su entorno y otras crioformas como el permafrost que se haga cargo de resguardar uno de los Bienes Comunes más importantes que hoy tenemos y que juega un rol fundamental como base y fuente de abastecimientos permanente de agua para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad. No podemos aceptar leyes en la medida de lo posible porque destruyen la vida. Como país albergamos a la mayor superficie glacial de Sudamérica por lo que tenemos una responsabilidad que supera nuestras fronteras.

Los glaciares son tan importantes como su fragilidad y los intereses económicos no pueden estar por sobre el elemento esencial para la vida como es el agua, del cual dependemos todos para seguir viviendo.

Alertamos de la eventual trasgresión de los distintos tratados de Derechos Humanos que se verían gravemente afectados de prosperar esta propuesta de legalización de aquellos elementos que entregan el sustento a los glaciares. Entre ellos: la Convención Marco de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyotto, Convenio sobre Diversidad Biológica, Convenio 169 de la OIT en materia de los pueblos originarios y la Declaración de Río, Acuerdo de París entre otros. Además, se estaría violando el principio de progresividad comprometido por Chile en convenios internacionales. El Estado debe tener como finalidad el incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud del nivel de protección ambiental, buscando alcanzar su plena efectividad en justo equilibrio con la protección y promoción del resto de los Derechos Humanos.

Como Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares hacemos un llamado a los movimientos sociales, organizaciones medio ambientales y a todos los pueblos a informarse sobre el esencial rol que cumplen los glaciares, y a estar atentos y activos frente al proceso legislativo e interpelar a las senadoras y los senadores para a no permitir que la minería siga el ecocidio ambiental contra nuestros frágiles ecosistemas de montaña de los cuales dependemos. A pesar de ser una instancia que no nos representa, no abandonaremos el seguimiento a este proyecto de ley en el Congreso, y paralelamente pondremos todas nuestras energías para impulsar la anhelada protección de estos Bienes Comunes en el espacio de la Convención Constitucional, por lo que instamos a los constituyentes a pronunciarse por este tema crucial del cual depende nuestro presente y futuro.

¡CON LA FUERZA DE UN GLACIAR!

COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

Contactos:
María Jesús Martínez +56963970135
Constanza San Juan Constituyente Distrito 4 +56962413008
Stefanía Vega+ 56 9 8441009

Correo: defendiendo.glaciares@gmail.com / Facebook: Glaciares Libres
Twitter: @GlaciaresLibres / Instagram: @defendiendoglaciares
Youtube: Glaciares Libres / Defendiendo Glaciares
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108677

Perú

Amazonas: prorrogan intervención de FFAA en apoyo a Policía en lucha contra minería ilegal

Acciones se ejecutan en distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui
ANDINA/Difusión
02/06/2021
El Gobierno prorrógo la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal en el distrito de El Cenepa, en Amazonas. ANDINA/Difusión

El Gobierno prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, ubicado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Así lo dispone la Resolución Suprema N° 096-2021-IN, publicada hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que precisa que la medida estará vigente por 30 días calendario, hasta el 1 de julio próximo.


La norma sostiene que el objetivo es asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de El Cenepa.

En los considerandos de la norma se precisa que la medida se adopta a solicitud de la Policía Nacional que pide se amplíe la intervención de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa.

Sostiene, asismismo, que las actividades de minería ilegal han hecho del distrito El Cenepa una zona de interés para diversos actores, generando un conflicto social y económico latente. «Si bien debido a la intervención de las Fuerzas del Orden, las actividades de extracción de mineral han cesado, no se descarta el reingreso de mineros ilegales ante la ausencia de estas, o que por el contrario, ante su permanencia, se planifiquen acciones de protesta y atentados contra la integridad del personal policial, del Ejército del Perú, del Ministerio Público y otras autoridades que se encuentren comprometidas en la lucha contra la minería y sus delitos conexos, siendo previsible que la capacidad de convocatoria y agresividad con la que puedan actuar, sobrepase la capacidad operativa de la institución policial», subraya.

Labores de apoyo

Remarca que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.


Afirma que la actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población.

Remarca, asimismo, que la intervención de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional; y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE.

Subraya, además, que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

La Resolución Suprema lleva la firma del presidente de la República, Francisco Sagasti; y es refrendada por los ministros de Defensa, Nuria Esparch; y del Interior, José Elice.
https://andina.pe/agencia/noticia-amazonas-prorrogan-intervencion-ffaa-apoyo-a-policia-lucha-contra-mineria-ilegal-847596.aspx

Argentina

HENSEL: EL EMPLEADO DEL MES

03/06/2021
El Secretario de minería, Alberto Hensel, anunció más beneficios para el sector minero preocupado por emular, por ejemplo, el modelo chileno…
El secretario de Minería, Alberto Hensel, aseguró hoy que el Gobierno nacional trabaja en “un esquema de progresividad” de las retenciones a las exportaciones mineras y en generar un sistema de devolución de IVA de construcción mediante créditos que se haría efectiva cuatro veces al año.

El funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo analizó hoy las condiciones necesarias que requiere la industria minera para su desarrollo en el país, y las medidas que está adoptando y analizando al respecto el Gobierno nacional, al participar del 1° Encuentro Nacional de Proveedores Mineros.

Además, Hensel aseguró que la actividad debe contar con “una institucionalidad adecuada que determine reglas de juego” para estimular las grandes inversiones a largo plazo que requiere el sector.

En este sentido, el funcionario dijo que la función de la secretaría es generar condiciones para que haya inversiones y apuntó a trabajar sobre “los 4 obstáculos que las frenan actualmente” como son el acceso al mercado de cambios, la estabilidad fiscal, la devolución del IVA y las retenciones.

Respecto al primer punto, ponderó el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que generó el Régimen de Promoción de grandes inversiones para el incremento de las exportaciones, facilitando el acceso al Mercado

Único Libre de Cambios, lo que generó “una señal importante para el sector de la inversión”.

Sobre el ítem de estabilidad fiscal indicó que “todavía no se logró definir con exactitud cuándo se está frente a una vulneración y cómo debe ser el proceso de devolución o compensación”, pero vaticinó que “que en 60 días se podrá tener un panorama más claro en el trabajo con el Ministerio de Economía, universidades y la Procuración del Tesoro”.

En cuanto a las retenciones dijo estar trabajando sobre un esquema de “progresividad” que garantice “la cara interna de retorno de los proyectos y a su vez el margen operativo pertinente, para de allí en más, empezar a ver cómo puede funcionar un esquema de retenciones”.

“Hablar de progresividad me parece un enorme desafío que es por el cual hemos venido luchando por muchos años porque en los esquemas tributarios de nuestros competidores a nivel regional son progresivos aplicando sobre márgenes operativos”, dijo el funcionario respecto al esquema vigente en Chile y Perú.
Fuente: Télam

Hensel: el empleado del mes

Argentina

CUANDO LA MENTIRA ES “SU” VERDAD

03/06/2021
Al mejor estilo de los gobernantes divorciados de su pueblo, Mariano Arcioni afirma ahora que la oposición a la megaminería conforma un sector de “egoístas e hipócritas que no se preocupan por el trabajo” . Arcioni está proyectando en los demás aquello que lo caracteriza.
Tenemos muy clara la operación político-mediática en la que se achacan al oponente las propias miserias; operación de doble sentido en la que a la vez que se pretende descalificar al otrx también se pretende blindar la inoperancia y las intenciones propias.
Por Asamblea Noalamina Esquel
La situación Chubut
Mariano Arcioni fue el Vicegobernador de Mario Das Neves desde 2015 y asume la gobernación tras su muerte en 2017. Es electo Gobernador en 2019 con el 39% de los votos con la firma de paritarias muy favorables a los trabajadores (que luego no cumple) y un discurso de campaña antiminero contrario al proyecto de zonificación que impulsa para la meseta prácticamente desde que asumió. Esta síntesis demuestra que Arcioni tiene muy claro qué es lo que el pueblo quiere. Demuestra también que lo que el pueblo quiere no forma parte de su plan de gobierno.

Los paros y movilizaciones que se han sucedido así como las denuncias por violencia institucional y vulneración de derechos y algunas acciones judiciales han logrado poner un freno a la decisión legislativa de aprobar el proyecto de Mariano Arcioni, no así sus intenciones que son las del sector minero.

En este momento, el gobierno de Mariano Arcioni enfrenta un amparo judicial presentado por comunidades originarias de la meseta chubutense por no respetar el Convenio 169 de la OIT, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada por APDH, la férrea oposición ciudadana a la megaminería que se traduce en multitudinarias movilizaciones, los justos y permanentes reclamos de trabajadores activos y pasivos por sus salarios atrasados y, seguramente, la confrontación interna en el partido político con el que compitió para llegar al poder y del que hoy dice ser parte.

Seis años de desgobierno propio (2015-2021) que se suman a las tropelías cometidas por el dasnevismo y demostradas en la justicia y a los ¿10? ¿20? ¿30? años anteriores sin políticas provinciales para la generación de empleo, trabajo genuino o apoyo a producciones verdaderamente sostenibles. Décadas de desprecio a las y los pobladores del Chubut profundo negándoles el agua que está bajo sus pies y el derecho básico a los servicios públicos. Décadas desmantelando la estructura estatal de la mano del sector minero y utilizándola para negocios privados.

Hablemos en serio de “egoístas e hipócritas que no se preocupan por el trabajo”…

Minería, economía y trabajo

Las exportaciones de un bien no renovable están atadas a las fluctuaciones del mercado, al mayor o menor precio internacional. Lo sabemos en Chubut porque es lo que sucede con el petróleo. Al igual que la explotación del petróleo, la megaminería consume otros bienes no renovables que tienen un valor inconmensurable, como el agua. A diferencia de la explotación de petróleo convencional, las explotaciones megamineras tienen una vida útil corta.

Dice Margarita Moscheni, investigadora de Conicet, al analizar el caso San Juan: “Lejos de afianzar una estructura comercial exportable que dinamice la industria local y nacional, las inversiones megamineras le imprimen vulnerabilidad comercial en la canasta exportable. La concentración de las exportaciones en un solo producto (en San Juan 70% de las ventas externas corresponden al envío de oro) aporta fragilidad, ya que depende de las fluctuaciones en el mercado internacional de un solo producto (el oro), y del comportamiento de una sola empresa (Barrick Gold). Evidencia un delicado modelo de base exportable que permitió un rápido crecimiento económico (el mismo capaz de poner en jaque a la economía provincial en una crisis), y un proceso de desarrollo sustentable débil y enclenque para el territorio.”

Y agrega, en el mismo trabajo de investigación:

1- “… en el total provincial [la minería] es una de las de menor participación en la estructura laboral. Todas las empresas vinculadas a la rama de minas y canteras (incluidas las no metalíferas) absorben 3.302 sanjuaninos, lo que equivale sólo a 3.8% del empleo local en el primer trimestre de 2016, y menos de 2% de la PEA provincial. Una cifra realmente pequeña para una actividad económica que se aparecía como la gran fuente generadora de empleo.”

2- “En 2017 el intendente de Iglesias (Departamento en el que se encuentra Veladero) afirmó que de 5 mil personas que alcanzan la población económicamente activa, 3 mil están desempleadas, es decir, 60%. En Calingasta (Casposo) el desempleo asciende a 35%, mientras que en Jáchal (Gualcamayo) a 20%.”

3- “También se transformaron las relaciones laborales, creció la tercerización del empleo. Su búsqueda es delegada en consultoras y empresas de servicios eventuales, tales como Manpower, Orico y BTZ Minera. En minas como Bajo La Alumbrera, Veladero y Gualcamayo se registra un alto nivel de tercerización laboral, lo cual ha implicado la proliferación de los llamados ‘contratos a prueba’ y la exención de responsabilidad de las empresas mineras frente a eventuales despidos”

4- “La década 2005-2015 da cuenta que los indicadores de empleo, exportación y regalías no arrojan cifras económicas de incidencia positiva en el territorio, por el contrario se abrió un proceso de conflictos socioambientales originados en daños irreversibles.” que en Chubut ya existen desde hace décadas.

Las conclusiones del trabajo son demoledoras, afirma que “no es una actividad que dinamice la economía provincial. El crecimiento económico es un discurso que se utiliza sólo para legitimar la actividad. Los datos de empleo, exportación y regalía demuestran que no es suficiente como para garantizar el bienestar de la población a largo plazo.”

Que el gobernador Mariano Arcioni sea “un ferviente defensor del proyecto” de zonificación, tal como ha declarado, pone en evidencia -una vez más- a qué intereses sirve. No son los del pueblo indudablemente.

La forma de reproducción del capital extractivo está vinculada a la acumulación por despojo. La crisis financiera -y de diseño- que tiene Chubut genera un contexto en el que pretenden justificarse algunos negociados como si fueran un manotazo de ahogado hasta para programar más y nuevos beneficios que tiene el sector minero tal como lo anuncia el Secretario de Minería Hensel: créditos, menos retenciones y devolución del IVA.

Sigamos hablando de egoístas e hipócritas…

Bibliografía: Moscheni, Margarita, La minería y el desarrollo insostenible. El estudio de caso en San Juan, Argentina

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362019000100113&lang=pt#B5

Cuando la mentira es “su” verdad

Chile

Formalizan por delito de prevaricación a funcionarios de la Dirección General de Aguas por favorecer a minera chileno-japonesa

Cristian Miranda 04/06/2021
Formalizan por delito de prevaricación a funcionarios de la Dirección General de Aguas por favorecer a minera chileno-japonesa
La compleja causa –que lleva más de un año con diversas diligencias– avanzó cuando la Fiscalía Local de Copiapó comunicó a dos imputados que están siendo investigados por este delito. El tribunal fijó 6 meses para el cierre del trabajo de recolección de antecedentes. Los imputados son Luis Ulloa, jefe de la División Legal de la Dirección General de Aguas (DGA), y la directora regional de la División, Macarena Fernández Leiva.

La Fiscalía de Atacama formalizó a Luis Ulloa, jefe de la División Legal de la Dirección General de Aguas (DGA), y a la directora regional de la división, Macarena Fernández Leiva, en una compleja causa de delitos de carácter penal administrativo que indaga en Copiapó y que tuvo su origen en el año 2017, cuando comenzaron distintas solicitudes de parte de la sociedad chileno-japonesa, Minera Atacama Kozan, por obtener las autorizaciones ambientales que permitieran iniciar su proyecto de ampliación de su vida útil y que contemplaba relaves filtrados.

En concreto, frente a las solicitudes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama solicitó pronunciamientos a la Dirección General de Aguas (DGA) y al jefe regional de Fiscalización y Medio Ambiente. En uno de estos informes, emanado en el año 2018, el director (s) de la DGA informaba que dicho proyecto generaría efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos renovables, en particular el agua, por lo que su vía de ingreso debía ser un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como pretendía la empresa (revise el oficio acá).

Según la investigación, que terminó con la formalización, en mayo del año 2018 se designó a contrata a uno de los imputados –Ulloa–, quien comenzó a desempeñarse como asesor legal de la DGA, mientras que, en junio del mismo año, sin mediar proceso de reclutamiento y selección, fue designada en el cargo de directora regional de la Dirección General de Aguas la segunda imputada en esta investigación –Fernández–. De la misma manera, en julio de ese año, el hasta entonces gerente general de Atacama Kozan, Francisco Sánchez, fue designado intendente de la Región de Atacama, cargo en el que se desempeñó desde julio de ese año hasta su renuncia en febrero de 2019.

Ya instalados en sus puestos, se desvinculó a Rodrigo Sáez, funcionario que suscribió los oficios de la DGA que se oponían a la DIA del proyecto minero, por lo que se elaboró un nuevo oficio dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental completamente distinto al anterior.

Meses después, Ulloa envió un correo a Fernández, remitiendo el proyecto de oficio con sus observaciones y señalando que el Servicio (DGA) expresaba su conformidad con el DIA, con lo que incorporó autorizaciones sectoriales al proyecto minero, modificando la opinión técnica que indicaba que era necesario un Estudio de Impacto Ambiental.

Fernández, posteriormente, suscribió un nuevo oficio, en que informaba en lo particular que este Servicio “se pronuncia conforme en la Declaración de Impacto Ambiental y se pronuncia conforme sobre los permisos ambientales sectoriales”. Esto lo hizo sin tener autorización de la Unidad de Conservación y Mantenimiento de la DGA.

Debido a esto, la Fiscalía de Atacama argumentó que los hechos descritos configuran el tipo penal de prevaricación administrativa previsto y sancionado en el artículo 228 del Código Penal. Sin embargo, los formalizados quedaron sin medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación, la que durará 6 meses.

La diligencia que terminó con la formalización de Ulloa y Fernández está enmarcada en una investigación por prevaricación administrativa y, eventualmente, tráfico de influencias, relacionada con el proyecto de continuidad operacional de la faena minera Atacama Kozan, una compañía formada por la empresa japonesa Nittetsu Mining Co. y el grupo Errázuriz. La investigación apunta a develar la actuación de la DGA en este caso y el giro dado por el ente público respecto a la tramitación ambiental del proyecto.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/06/04/formalizan-a-imputados-por-delito-de-prevaricacion-al-interior-de-la-dga-por-favorecer-a-minera-chileno-japonesa/

Bolivia

Nepotismo: el presidente del Mutún vulneró la CPE y normas

Cívicos acusan a Choque y ministro de Minería de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
Nepotismo: el presidente del Mutún vulneró la CPE y normasExtracción de mineral de hierro en el yacimiento del Mutún en Puerto Suárez, Santa Cruz. Foto:Archivo / Página Siete
03/06/2021 Manuel Filomeno / La Paz

El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Gustavo Choque, vulneró la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) y el Código Penal al posesionar a su yerno, Luis Enrique Loredo, como jefe de comercialización de la ESM, señala la denuncia presentada ayer a la Fiscalía por el Comité Pro Santa Cruz.

La denuncia también incluye al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, como presunto coautor de los delitos y a Loredo en calidad de cómplice.

Según el memorial, Choque vulneró estas normas que impiden la contratación de personas con las cuales se tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad.

“La CPE, en su artículo 236, habla de los servidores públicos, estableciendo prohibiciones terminantes: ‘Nombrar en la función pública a personas con las cuales se tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad’. Siendo autoridad de alta jerarquía, como son los ministros, viceministros, directores generales y otros, no pueden nombrar a sus familiares en cargos públicos de administración del Estado”, señala la denuncia.

Por otra parte, el documento también hace referencia a lo dispuesto por la Ley 2027, que en su artículo 11, numeral II, señala que “los funcionarios de carrera no podrán ejercer funciones en la misma entidad, cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme al cómputo establecido por el Código de Familia”.

Código Penal

Asimismo, el Código Penal establece las sanciones a quienes incurran en esta práctica. “El funcionario público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años y multa de treinta a quinientos días”, complementa.

“Los bolivianos están cansados de tener algunas autoridades que aprovechan su cargo para administrar las instituciones como si fueran de su propiedad particular y contratan a familiares o amigos para ejercer cargos jerárquicos. Lamentablemente esa práctica se ha convertido en algo normal, pese a que va contra la ética, la moral y las leyes”, agrega el documento.

Delitos

Choque, así como Villavicencio y Loredo son acusados por los delitos de nombramientos ilegales (en el caso de los dos primeros), incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. “Ramiro Villavicencio y Gustavo Choque habrían cometido los delitos de ‘nombramientos ilegales’, puesto que habría permitido (conociendo el hecho) el nombramiento, para el cargo público de jefe de comercialización de la ESM a una persona que no reúne las condiciones legales para su desempeño, como es el caso Luis Enrique Loredo (yerno de Choque), pues tanto la CPE como el Estatuto del Funcionario Público establecen la prohibición y el impedimento que eran de su conocimiento”, se precisa.

Asimismo, el documento sostiene que tanto el ministro como Choque habrían cometido el delito de “incumplimiento de deberes” y “uso indebido de influencias”, toda vez que aprovechando de las funciones que ejerce y usando indebidamente de las influencias derivadas del cargo y de conducta antieconómica.

Página Siete intentó comunicarse con el presidente de la ESM, Gustavo Choque, sin embargo, luego de llamarlo en repetidas oportunidades hasta el cierre de esta edición, la autoridad no contestó el teléfono.

En el Ministerio de Minería tampoco hubo un pronunciamiento sobre este caso y la denuncia contra Villavicencio.

Admiten que Loredo fue funcionario

Consulta El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Gustavo Choque, admitió el martes que Luis Enrique Loredo Medina trabajó en la estatal. Según la denuncia, Loredo es su yerno. El titular de la Empresa del Mutún, en contacto con Página Siete, explicó que Loredo Medina desempeñó funciones, pero que ya no trabaja en la empresa pública, aunque evitó responder si es su pariente. “Él ha estado trabajando pero ya está fuera, no es que está en servicio”, precisó Choque. Sin embargo, evitó responder si el funcionario es su yerno, cuando se le preguntó sobre la relación de parentesco con esta persona. “Vamos a responder después de conversar con mis superiores, un día de compás de espera”, manifestó.
Pruebas El abogado del Comité Pro Santa Cruz, Jorge Valda, presentó junto con la denuncia la partida de nacimiento de la hija de Choque y un certificado de matrimonio de la hija de Choque con Loredo a la Fiscalía.
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/3/nepotismo-el-presidente-del-mutun-vulnero-la-cpe-normas-296983.html

Chile

Proyecto de protección de glaciares pasa a la Comisión de Medio Ambiente del Senado

De acuerdo al texto aprobado, se prohíbe realizar minería o cualquier tipo de actividad industrial en glaciares (blancos o rocosos), salvo aquellas destinadas a la investigación científica, turismo o deportivas sustentables.
03/06/2021
Minería Chilena
En condiciones de ser visto por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, quedó el proyecto de protección de glaciares. Esto luego que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta terminara de revisar el detalle de la propuesta en primer trámite.

Durante diversas sesiones, los legisladores de esta instancia revisaron la moción del senador Guido Girardi, de la cual son co-autoras las legisladoras Isabel Allende y Ximena Órdenes, la que experimentó numerosos cambios.

Así el texto contempla conceptos básicos como glaciar, ambiente periglaciar y permafrost, el nivel de protección que se pretende entregar a cada uno, qué actividades económicas, deportivas y de investigación se permitirá desarrollar en dichas extensión de territorio y bajo qué condiciones.

Considerando el volumen y diversidad de materias que abarca el proyecto, luego que sea analizado por la Comisión de Medio Ambiente, será el turno de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, que deberá pronunciarse sobre las normas de su competencia y el informe financiero asociado. Al término de ese proceso, la norma será votada en Sala.
Lo aprobado

De acuerdo a lo despachado en la Comisión de Minería y Energía, el texto – en lo sustancial- queda en las siguientes condiciones:

Se consagra una prohibición absoluta de realizar minería o cualquier otro tipo de actividad industrial en glaciares de cualquier tipo (blancos o rocosos), salvo aquellas actividades destinadas a la investigación científica, turismo o deportivas sustentables.
Para el ambiente periglaciar -que es el área que se encuentra en el entorno del glaciar y permite su conservación- se someten todas las faenas mineras, actuales y futuras, incluso con efecto retroactivo, a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental reforzado y calificado. Así existirán medidas especiales adicionales a las normas ambientales existentes .
Se contemplan sanciones penales para los ejecutivos de las empresas mineras y otras que no cumplan con las medidas de la ley. La idea es que las empresas se obliguen a adoptar sistemas de prevención que hoy no existen.

Punto rechazado

Un punto que generó controversia fue una indicación que prohibía a la minería intervenir en zonas de ambiente periglaciar en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Santiago, circunscritas, territorial o espacialmente, por los límites de la cuenca glacial.

Luego de diversas conversaciones, el texto fue rechazado por los senadores Isabel Allende, Alejandro García Huidobro y Rafael Prohens, mientras que los legisladores Yasna Provoste y Guido Girardi votaron a favor.

De esta forma, se aprobó que la protección del ambiente periglaciar se realice a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), realizando un análisis caso a caso del tipo de proyecto que se busca emplazar, sus impactos y la realización de un análisis del aporte hídrico del ambiente preglaciar. Aquello también tendrá un efecto retroactivo.

Finalmente, se suma al actual Inventario Público Glaciológico a cargo de la Dirección General de Aguas (DGA) que lleva el catastro de glaciares, el ambiente periglaciar y el permafrost.
https://www.mch.cl/2021/06/03/proyecto-de-proteccion-de-glaciares-pasa-a-la-comision-de-medio-ambiente-del-senado/