Colombia

Colombia bloquea solicitud de Prodeco sobre devolución de títulos de carbón

24/06/2021
Cortesía de Grupo Prodeco.
Colombia ha rechazado la solicitud de la minera Glencore, con sede en Suiza, de renunciar a los tres principales títulos mineros asociados con su unidad Prodeco, dijo a Argus el regulador Agencia Nacional de Minería (ANM).

La ANM declaró “inviable” la solicitud de devolución de las licencias 044-89, 285-95 y 109-90 de Prodeco, alegando que no tiene certeza sobre si las licencias cumplen con la conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos.

“Con el fin de salvaguardar los intereses de la nación y proteger el patrimonio neto del estado, se consideró oportuno denegar la solicitud de renuncia de los títulos mineros antes mencionados”, dijo la ANM a Argus .

Los tres títulos representaron 8.8 millones de toneladas, 3.7 millones de toneladas y 1.5 millones de toneladas de la producción de Prodeco en 2019, muestran los datos de ANM, más del 99 % de su producción ese año.

Prodeco ha apelado contra el fallo y espera una decisión final el 20 de julio, dijo a Argus.

Prodeco también apeló contra una decisión anterior de la ANM de rechazar la devolución de sus títulos más pequeños DKP-141 y HKT-08031. El regulador tenía hasta el 18 de junio para considerar la apelación, pero aún no ha publicado una decisión.

Prodeco dijo a Argus que el gobierno no había aceptado la solicitud inicial de la empresa de detener las actividades mineras durante cuatro años, ni de devolver sus títulos mineros, pero que debe continuar con el costoso mantenimiento de las minas y el equipo. La unidad ha estado en cuidado y mantenimiento desde marzo de 2020, cuando las operaciones se suspendieron por primera vez durante el primer cierre de Covid-19 en Colombia.

Prodeco dijo a Argus que su decisión de detener la minería de carbón en Colombia no cambió cuando se le preguntó si consideraría reanudar las operaciones para aprovechar los firmes precios marítimos.
Punto muerto

La última decisión de la ANM significa que la saga de Prodeco permanece en un punto muerto, dijeron las fuentes, ya que el fallo no obliga a la firma a reanudar sus operaciones.

Una fuente gubernamental de la unidad de minería y planificación dijo que resolver una disputa sobre el programa de obras e inversiones y establecer un programa para el cierre de la mina podría ayudar a romper el estancamiento.

Pero también existe el riesgo de más litigios, ya que el analista de JcF Energy and Mining, Jaime Correal, dijo que Glencore podría presentar una demanda contra Colombia por negarse a permitir la renuncia a los títulos.

“Glencore invirtió más de USD 3 mil millones en Colombia y la compañía de una forma u otra buscará un retorno por esa inversión. Dado el largo historial de demandas de Glencore contra Colombia, estoy seguro de que la minera probablemente demandará a la nación”, añadió Correal.

Glencore se negó a comentar.
Fuente: Argus Media

Colombia bloquea solicitud de Prodeco sobre devolución de títulos de carbón

Perú

POR UN BICENTENARIO CON EMPRESAS QUE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

Imagen: CooperAcción  –  23/06/2021
El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.

En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.

En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.

Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO

Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP

Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay

Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Delen

Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Argentina, Litio

Todos miran al litio

22/06/2021
Escrito por: Diego Castro Romero
El gobierno avanza con la explotación del mineral en el noroeste argentino en un marco mundial de transición energética. Especialistas y comunidades locales advierten sobre los peligros del desarrollo minero. ¿Soberanía energética o reprimarización y crisis ecológica?
Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy.

El nuevo milenio se tiñe de blanco. Ya sea por un sincero deseo de orientarse hacia una economía ambientalmente sustentable o por las ventajas comparativas que subyacen en la explotación de un recurso abundante para países como Argentina, Chile o Bolivia: estados y empresas transnacionales se han lanzado a la conquista del litio.

En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de proyectos de ley para promover la transición hacia una economía verde. Una consigna que acompaña al actual presidente desde la campaña y que tiene en la extracción de litio el primer eslabón en una cadena de valor que contempla la producción de baterías para la fabricación de autos eléctricos.

El triángulo andino

Argentina integra, junto a Bolivia y Chile, el denominado “triángulo del litio”: una región que concentra más de la mitad de las reservas del mundo. Según estudios de la Secretaria de Minería, nuestro país ocupa el tercer lugar, por detrás de Chile y Australia. Esto ha convertido a las provincias del noroeste argentino en un atractivo destino para las empresas mineras. En la actualidad, existen dos proyectos en operación: uno en el Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy, bajo explotación de Orocobre y Toyota Tsusho (con un 8,5% de participación de la empresa público-privada jujeña JEMSE), y otro en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, un desarrollo de la firma estadounidense Livent Corp. Además, hay otros dieciocho emprendimientos avanzados y cuarenta en etapas preliminares.

El litio es uno de los recursos de mayor crecimiento en los últimos años, insumo esencial para la fabricación de las baterías que usan celulares y computadoras portátiles, pero también utilizado en la industria metalúrgica, farmacéutica y del vidrio. Es clave en la transición energética que buscan promover los países comprometidos con el Acuerdo de París de la ONU, en el que la movilidad eléctrica aparece como el objetivo a alcanzar, ya que reduciría la emisión de gases de efecto invernadero y resolvería los problemas asociados al empleo de combustibles fósiles, cuya escasez solo aumentará.

Por eso, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha impulsado estudios para evaluar las condiciones de inserción del país en el nuevo paradigma mundial de electromovilidad. Fernando Porta, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), lideró el equipo de investigación para determinar las posibilidades de producción de baterías y automóviles eléctricos: “Es necesario un cambio en la matriz productiva. Nosotros tenemos una oferta energética insuficiente y al mismo tiempo basada en una matriz de producción que es bastante costosa”. Una vez instaladas estas fábricas, podrían aplicarse incentivos a la demanda, como beneficios fiscales específicos para quien acceda a un vehículo eléctrico.

La construcción de baterías y la consecuente fabricación de automóviles impulsados eléctricamente es el fin de la cadena. En el principio está la extracción de litio, el cual debe ser purificado para su utilización. En la actualidad, Argentina solo produce el mineral en grado técnico, como carbonato y cloruro de litio. A pesar de que, de acuerdo a informes de la Secretaria de Minería, para el año 2019 estas exportaciones representaron 189 millones de dólares, el monto es despreciable en comparación con los valores que se obtienen en instancias posteriores de procesamiento. Las estimaciones realizadas por Livent muestran que la renta obtenida por el carbonato y el cloruro de litio constituye solo el 5,74 % del total, mientras que productos derivados como el hidróxido de litio, cuyo refinamiento se efectúa en las filiales de Estados Unidos, China o Gran Bretaña; reditúan más del 55 %.
La fosa de evaporación marca el inicio del proceso de producción del litio.

¿Están dadas las condiciones para agregar valor a la cadena productiva en Argentina? Para Porta, el obstáculo es institucional antes que técnico: “Argentina tiene un sistema científico tecnológico robusto. Lamentablemente nuestra legislación no ha protegido al litio como a otros minerales en términos de darle su carácter estratégico y, por lo tanto, el Estado nacional y los provinciales no tienen disposición sobre las reservas. Estas han sido concesionadas bajo el imperio de la Ley Minera, que es lo suficientemente laxa como para permitir que quienes han obtenido los derechos de concesión no estén obligados a desarrollar ningún tipo de eslabonamiento hacia adelante”.

En este contexto, el gobierno se reúne con empresas para expandir los actuales emprendimientos mineros, así como elaborar conjuntamente proyectos que apunten a agregar valor a la producción de litio. Recientemente, en un seminario organizado por el Wilson Center, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos potenciales inversores se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de concretar operaciones similares a futuro y Alberto Carlocchia, presidente de la cámara que agrupa a los empresarios mineros (CAEM), aseguró que no hay condiciones para expandir la inversión, ya que “los costos laborales aún son altos”.

Según Porta, “las mineras no son empresas que tengan un alto nivel de ocupación, por lo que este no es un factor importante en su estructura de costos. La Ley de Minería vigente les asegura ganancias extraordinarias bajo distintos mecanismos: una muy baja imposición, estabilidad fiscal por 30 años y escaso control sobre sus números, puesto que sabemos de sus operaciones lo que ellas mismas declaran”. Para el economista, este es un problema general del capitalismo argentino, caracterizado por “baja productividad, baja inversión por años y por una estructura que maximiza las rentas del corto plazo y las oportunidades financieras”.

Por otro lado, algunos especialistas desconfían de los anuncios del gobierno. El investigador de CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Bruno Fornillo, afirma que no hay una estrategia integral que apunte en una dirección distinta a la que desarrollaron gestiones anteriores: “Por un lado, la política litífera la está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin un contacto fuerte con áreas como Ciencia. A su vez, el instituto creado por la Ley de Movilidad Eléctrica no se relaciona ni se financia con las rentas litíferas. Lo más patente respecto al impulso actual es la expansión de la frontera extractiva”.
El Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es explotado por la firma estadounidense Livent Corp.


El mes pasado, un memorándum de entendimiento celebrado con la firma china Ganfeng Lithium incluyó la voluntad de que esta empresa fabrique baterías en el país, aunque no establece plazos ni montos concretos. “Hace años que los gobiernos provinciales dicen que hay compañías con intenciones de fabricar baterías en Argentina -recuerda Fornillo-, pero incluso si eso llegara a suceder, esas empresas no nos compartirían la tecnología de punta, y perderíamos la oportunidad de utilizar el mercado local para un crecimiento y un desarrollo endógeno. Una empresa como INVAP o YTEC debería tener la tecnología; no una extranjera que venga a llevarse el litio casi regalado y nos venda productos manufacturados acá, en lugar de importarlos”; afirma quien también es Doctor en Geopolítica por la Universidad de Paris VIII. La observación es aún más pertinente si se considera que esta semana el gobierno de Salta anunció una inversión de 580 millones de dólares por parte de la empresa china para la ampliación de las operaciones de extracción.

Minería del agua

No obstante, y como es habitual en las discusiones sobre explotación minera, el factor económico es solo uno entre los principales a considerar. Como señala Fornillo, la del litio es, en particular, una minería del agua: “Las técnicas actuales extraen una cantidad de agua potable que, en un par de décadas, convierte a esa zona en inhabitable. Una zona que de por sí es árida y endorreica, con cuencas cerradas”. El procedimiento consiste en extraer la salmuera que se encuentra bajo tierra y depositarla en enormes piletones a cielo abierto para que, una vez que se evapore el agua, las sales resultantes sean sometidas a un proceso de purificación para lograr el grado técnico necesario. Esta última instancia, a su vez, demanda grandes cantidades de agua dulce. Según estimaciones de las mismas empresas, para obtener una tonelada de carbonato de litio se necesitan alrededor de 30.000 litros de agua dulce, que se adicionan a los 600.000 evaporados de la salmuera inicial. Las 40.000 toneladas que se extraen anualmente (entre los dos proyectos en operación, según Secretaria de Minería) requieren así de más de 25.000.000.000 de litros de agua.

Si bien existen grupos de investigación que han desarrollado métodos alternativos para la extracción, estos no han podido implementarse en gran escala, y su utilización implica un costo mayor, que las empresas no están obligadas a asumir. El método de separación electroquímica que han desarrollado científicos del CONICET a través de YTEC, la empresa de base tecnológica de YPF, por ejemplo, permitiría obtener litio sin necesidad de evaporar el agua de la salmuera, obteniendo, adicionalmente, agua salubre del proceso. Para Fornillo, la ausencia de presiones legales a las empresas se combina con la falta de visión estratégica del Estado: “No existe vínculo entre el área extractiva y el área de crecimiento tecnológico. Nosotros hemos conformado el Foro de Especialistas de Litio en la Argentina, donde nos reunimos alrededor de 200 investigadores que trabajamos en esto hace por lo menos 10 años. Tratamos de ver de qué manera podríamos aportar en la creación de valor tecnológico y demás, a partir de investigaciones que hoy están atomizadas, descoordinadas. Y hay iniciativas individuales de sectores productivos interesados: Fabricaciones Militares; INVAP; IEASA; YTEC está interesada en hacer celdas; Astillero Río Santiago podría producir barcos movidos eléctricamente. Pero no hay una política estratégica conjunta, orientada y con un financiamiento acorde”.

El impacto ambiental y la falta de acuerdos con los pobladores locales conducen a distintas medidas de resistencia. “Se los considera como un sujeto a ser removido o a quien se le ofrece una serie de dádivas menores. Además, las comunidades originarias, los pueblos atacameños de la Puna habitan los salares hace miles de años y en verdad son los dueños naturales de esa zona”, dice Fornillo. Se trata de un fenómeno que atraviesa a la mayoría de las explotaciones de recursos minerales en el país, como sucede con el cobre en Andalgalá.

¿De quién es?

En 2015, Chile conformó una Comisión Nacional del Litio para establecer una normativa en la que los distintos actores tuvieran participación. No solo se acordaron mayores ganancias para las comunidades locales (alrededor de 25 millones de dólares anuales), sino que las empresas son obligadas a tributar el 40 % de sus ganancias, y parte de ese monto es utilizado para financiar investigaciones tendientes a desarrollar la cadena de valor.

El litio es central en el mapa geopolítico actual y futuro, y otros países ya lo han entendido así. En Bolivia el control de todos los yacimientos es estatal, en Chile es un recurso estratégico, también en Brasil, en México se han revocado las concesiones privadas y se piensa en armar una empresa estatal. Existen voluntades de coordinar esfuerzos a nivel regional, pero la discrepancia entre los distintos modelos dificulta los planes de articulación.

En este sentido, una parte de la coalición de gobierno se ha manifestado a favor de avanzar en una ley que asegure la participación del Estado argentino en la industria litífera. El proyecto elaborado por los diputados Marcelo Koenig y Carlos Heller propone declarar al litio como recurso estratégico y conformar una Comisión Nacional que integre al sistema científico en el desarrollo de la cadena de valor. Una iniciativa resistida por los gobiernos provinciales nucleados en la Mesa del Litio, que buscan mantener las rentas locales aseguradas por la minería.

También lo han entendido los principales actores de la economía mundial. Elon Musk, dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla (cuyas ganancias aumentaron 700 % durante la pandemia), llegó a bromear con el golpe de estado en Bolivia y “atribuírselo” en función de una liberalización de la explotación de los yacimientos nacionalizados por aquel gobierno. Un gesto risueño de los que el empresario acostumbra hacer en Twitter (como aquel que le costó millones en pérdidas a la criptomoneda Bitcoin), pero que señala con claridad en qué medida los grandes capitales miran hacia las reservas minerales del sur mundial.
http://anccom.sociales.uba.ar/2021/06/22/todos-miran-al-litio/

Perú

AURÍMAC: COMUNIDAD DE HUANCUIRE CONTINÚA PROTESTAS CONTRA MMG LAS BAMBAS


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Foto: Comuneros de Huancuire
22/06/2021 www.conflictosmineros.org.pe
El actual contexto electoral no ha impedido que la comunidad campesina de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, Apurímac, continúe protestando por más de 14 días en contra de la empresa minera MMG Las Bambas. Las y los comuneros han llegado a protestar hasta la zona conocida como Charcas Ccocha donde se encuentra el campamento minero.

La comunidad nuevamente ha iniciado protestas para exigir que, tanto la empresa minera en mención como las instituciones del Estado, empiecen a trabajar en el resarcimiento ambiental.

Antecedentes

El 26 de mayo, las y los comuneros de Huancuire en sus actividades cotidianas de agricultura reconocieron que los puquios, que son alimentados por la cuenca de Chalcobamba, contenían aguas turbias.

‘No solo fueron nuestros manantiales y puquios, sino también las truchas que criamos en nuestras piscigranjas aparecieron muertas. Esa agua también la consumen nuestros animales, y también nosotros, por eso tenemos miedo que estemos contaminados con metales pesados en nuestros cuerpos’ declaró para el Observatorio de Conflictos Mineros el vicepresidente de la comunidad de Huancuire, Isidro Pusaclla.

La acción inmediata de la comunidad fue informar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cuyos funcionarios llegaron hasta la zona el 01 de junio para tomar las muestras respectivas. Sin embargo, hasta la fecha la comunidad no ha recibido resultados.

‘No confiamos en OEFA, porque el año pasado, descubrimos que la empresa minera había arrojado sus residuos a una de las lagunas que nos abastece de agua en tiempos de sequía. Denunciamos, vinieron a sacar pruebas, y hasta la fecha no nos dan los resultados’ sentenció Isidro Pusaclla.

Debido a esta situación, de permanente contaminación y de nula respuesta de mitigación, la comunidad decide iniciar un paro indefinido el 09 de junio, que se viene desarrollando hasta la fecha.

Asimismo, a través de las redes sociales, la comunidad también ha denunciado que la empresa MMG Las Bambas viene desarrollando actividades de explotación en 132 hectáreas de terreno cedidos irregularmente, sobre los cuales pesa una medida judicial de nulidad y una medida cautelar. Sin embargo, la empresa sigue operando sobre el terreno referido.

Comunero Herido

Como se recuerda, según denunciaron los comuneros, el 11 de junio último, la camioneta de placa V7V897, de propiedad del Policlínico Santísimo Sagrado Corazón de Jesús S.A.C., quien le brinda servicios a la empresa minera, atropelló al comunero Juan Huilllca Ochoa, quien después fue retenido en el campamento minero por los miembros de la PNP y funcionarios de la empresa minera.

La comunidad ha denunciado que las truchas que crían mueren constantemente. Foto: Comuneros de Huancuire

Después de más de dos horas, el comunero fue retirado del campamento a bordo del patrullero policial. Gracias a los medios de comunicación locales, se pudo evidenciar que efectivamente se encontraba herido, y junto a su esposa e hija acudieron hasta el centro de salud de Challhuahuacho.

Actualmente, Huillca se encuentra en la clínica Max Salud en Cusco, y según nos relata Isidro Pusaclla, ha recibido dos intervenciones quirúrgicas.

Cabe señalar que la comunidad se ha pronunciado en diferentes oportunidades afirmando que no están en contra de la actividad minera, y que están dispuesto a iniciar un proceso de diálogo, pero sí exigen que la MMG Las Bambas cumpla mínimamente con los acuerdos que ha pactado con las comunidades a lo largo del corredor minero del sur.

‘Dicen que no queremos diálogo, pero eso es mentira, no hemos tenido una comunicación oficial de parte de la empresa. Nosotros estamos protestando pacíficamente, pero no vamos a bajar la guardia, el agua es un derecho, y la empresa y el gobierno tienen que garantizar la salud de nuestra comunidad’ concluye Pusaclla.
www.conflictosmineros.org.pe

Litio, Mexico

Ven innecesaria consulta para nacionalizar litio

Mundo Minero 18/06/2021
Cortesía
La consulta para la nacionalización del litio, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es necesaria, pues al ser un mineral, ya es propiedad de México, señalaron expertos.

“No es necesario hacer una consulta para nacionalizar el litio, el artículo 27 constitucional señala de manera clara que todos los yacimientos minerales que están en territorio mexicano son propiedad de la Nación entonces no sería necesario nacionalizar el litio.

“Tal vez a lo que se refiere es a reservarse los derechos de la exploración y explotación del litio eso sería diferente. Sería un retroceso y sería una señal negativa hacia los inversionistas”, dijo Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

De acuerdo con la Constitución, corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos.

También son propiedad del País los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

El presidente de la AIMMGM recordó que México se reservó los derechos de exploración y explotación del uranio, lo que ha imposibilitado que se generen inversiones para que se investigue el potencial del uranio en el País.

Por su parte, Alberto Vázquez, especialista en derecho minero, consideró que no se puede nacionalizar un mineral que, aunque pertenezca a la Nación, ya fue concesionado a privados para su exploración o explotación.

Ambos coincidieron que se desconoce la cantidad y calidad de litio que hay en el País.
Fuente: Reforma

Ven innecesaria consulta para nacionalizar litio

Perú

El incentivo perverso del proceso de formalización minera

José Caro y Daniel Huamán
“El problema de la minería informal debe ser abordado pronto, pues de no hacerlo, somos nosotros y las futuras generaciones de peruanos quienes asumiremos el costo de los daños ambientales generados en la actualidad por los mineros informales”, advierten los profesores de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico
«¿Realmente fue una buena decisión crear y tolerar un proceso de formalización tan nocivo para tener resultados tan decepcionantes?», cuestionan los expertos. (Foto: GEC)
21/06/2021
¿Se imagina usted ser minero, no pagar impuestos, no pagar por el mineral que extrae, no ser sancionado por los daños al ambiente, y, por último, no ser perseguido penalmente por ello? Esta situación que parece surreal es la que nuestro sistema jurídico ha promovido con la creación del proceso de formalización minera, el cual –sin desearlo– incentiva a precisamente a lo contrario: ser informal y recibir por ello todos los beneficios de la formalidad.

Los orígenes del problema se remontan al año 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala decidió afrontar el problema de la minería ilegal. Para ello creó un sistema transitorio de formalización minera. En virtud de dicho sistema el minero informal podía alcanzar la legalidad si cumplía los siete requisitos exigidos.

Asimismo, para incentivar a que los mineros informales se acogieran a este sistema emitió el Decreto Legislativo 1102, el cual impide la sanción penal del minero ilegal que se acoja al proceso de formalización minera. Hasta la actualidad, al amparo del Decreto Legislativo 1351, dicho beneficio sigue vigente.

La legitimidad constitucional de esta exención de pena es muy discutible, pues tolerar –aunque fuere transitoriamente– la minería ilegal implica aceptar la afectación del derecho fundamental a un ambiente sano y saludable, acción que es mucho más visible en nuestra Amazonía.

Para disminuir la crítica que podría residir en el proceso de formalización el legislador intentó ponerle un límite a su duración, de forma tal que sólo tuviera una vigencia transitoria de dos años. En la práctica, esta buena intención de colocar un límite temporal ha sido sucesivamente dejada de lado, pues el proceso que inició el 2012 aún hoy se encuentra en vigor. Esto es, han pasado casi 10 años desde que el proceso de formalización minera inició y aún este no tiene un fin.

Lo que uno debería analizar es si quizá esta política tuvo algún efecto positivo al permitir que muchos mineros dejaran la informalidad y ahora se encuentren en la legalidad. Sin embargo, los resultados en cifras son bastante decepcionantes, pues según la data del Ministerio de Energía y Minas, hasta el año pasado sólo el 3% de los mineros que se incorporaron al proceso de formalización habían alcanzado la legalidad.

Entonces, nos preguntamos, ¿realmente fue una buena decisión crear y tolerar un proceso de formalización tan nocivo para tener resultados tan decepcionantes?

La respuesta es evidentemente negativa, por lo que –tal como se encuentra en el documento La insostenibilidad técnico-jurídica del proceso de formalización minera. Enfoque penal, nuestro aporte al proyecto Agenda Bicentenario del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico– corresponde una reforma inmediata de la normativa vigente, la que debe enfatizar dos puntos.

En primer lugar, poner un límite temporal inamovible al proceso de formalización minera, al cabo del cual el Estado debería poder ejercer el ius puniendi en contra del minero ilegal. En segundo lugar, a efectos de crear un verdadero incentivo en el minero en proceso de formalización, la exención de pena no debe darse por la incorporación al proceso de formalización minera, sino por la culminación de dicho proceso.

El problema de la minería informal debe ser abordado pronto, pues de no hacerlo, somos nosotros y las futuras generaciones de peruanos quienes asumiremos el costo de los daños ambientales generados en la actualidad por los mineros informales.
https://elcomercio.pe/economia/peru/el-incentivo-perverso-del-proceso-de-formalizacion-minera-por-jose-caro-y-daniel-huaman-opinion-noticia/

Bolivia

Bolivia reactiva el proyecto de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún

21/06/2021
Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún se divide en tres etapas. / Cortesía MMM.
El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y titular del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, anunciaron – el 18 de junio- la reactivación del proyecto de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún, en un acto desarrollado en el municipio de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz.

“Hoy venimos a reactivar nuestro proyecto Siderúrgico del Mutún porque el camino estratégico que está trazando el gobierno nacional para el desarrollo económico es la industrialización de nuestros recursos naturales y El Mutún es uno de nuestros principales recursos naturales que vamos a industrializar decididamente en nuestro gobierno“, señaló el Presidente.

Arce aseguró que se tiene garantizada la inversión para este proyecto y que se exigirá el cumplimiento del cronograma. Cabe destacar que este proyecto sufrió 15 meses de retraso.

Durante la gestión 2014, la Empresa Siderúrgica del Mutún estructuró un Plan Siderúrgico Nacional, consensuado con Instituciones Estatales relacionadas con la Minería. En consecuencia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia apoyó su implementación, comprometiendo gestiones de Crédito Externo para el financiamiento de la Primera Etapa del Plan Siderúrgico Nacional.

De acuerdo al Plan Siderúrgico Nacional, se tiene planificado desarrollar la Siderurgia en el país en tres etapas:

Primera Etapa (Actual) con la producción de 194.000 toneladas año de barras de construcción.
Segunda Etapa, en la que se tiene prevista una producción de 450.000 toneladas año de barras de construcción.
Tercera Etapa, con una producción de 1.000.000 toneladas año, de barras de construcción, aceros planos y especiales

En febrero del presente año, se suscribió un Acta de Entendimiento entre las Empresas Sinosteel, Cisdi y la Siderúrgica del Mutún, para el reencauzamiento del Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún.

Actualmente, ya se iniciaron actividades preliminares para el inicio de obras y ya se dispone de un cronograma de trabajo en el cual se prevé la conclusión de la construcción a mediados del año 2023 y el inicio de operación a finales del año 2023.

Este proyecto también tendrá impacto social a través de la generación de empleos. En la etapa de construcción con 1.500 empleos directos y 3.000 empleos indirectos, sumando un total de 4.500 empleos. En la etapa de operación con 600 empleos directos y 1.200 empleos indirectos, sumando un total de 1.800 empleos.

Bolivia reactiva el proyecto de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún

Panamá, Sin categoría

Continúan las protestas contra la minería y corrupción en Panamá

20/06/2021 Observatorio Socioambiental, Panamá

Se mantienen las protestas de calles contra el extractivismo minero en Panamá. La semana del 14 de junio del presente año, se dio la concurrencia de organizaciones civiles y ciudadanía en los distintos bastiones de lucha a nivel nacional contra la rampante imposición de convertir a la República de Panamá en un estado libre asociado a la explotación minera transnacional por parte del Gobierno de Laurentino Cortizo.

Ante la corrupción del gobierno que sumerge al país, sin dejar riqueza, la población de la Provincia de Veraguas despertó con la aprobación de la reactivación de la Minera Remance en el Distrito de San Francisco, a través de la Resolución N° 10 del pasado 12 de enero de 2021 y publicada en Gaceta N° 29220 del 17 de febrero de 2021. La cual el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) deja sin efecto la Resolución N° 79 del 26 de junio de 2018, con la cual se decidió cancelar por vencimiento la concesión de exploración otorgada a la empresa Greenfield Resources, Inc. mediante el contrato N° 12 del 27 de junio de 2012.

Este acto a tambor batiente, carente de transparencia y participación ciudadana, pone en marcha los trámites para que la empresa Greenfield Resources, Inc. en una zona de 2,400 hectáreas ubicada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, distrito de San Francisco pueda operar y extraer minerales metálicos (oro y otros).

La Mina de Remance, es conocida por los daños irreparables que dejó en la década de los 90, la generación de riqueza fue otorga de manera desigual entre el estado y la empresa extranjera, dejando contaminación ambiental por doquier y a la condena de la exclusión social a miles de familias campesinas de la región.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila
Audiovisuales: Pedro Galardini
Radio Temblor

Perú

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: DE UN USO INTENSIVO DE COMBUSTIBLE A UN USO INTENSIVO DE MINERALES [1]

Vanessa Schaeffer 18/06/2021
Imagen: Agora RSC
Durante los últimos años las principales economías del mundo[2] se han comprometido a lograr ser carbono neutral para el año 2050[3]. La carrera por alcanzar las cero emisiones netas (en inglés, Net-Zero) es urgente para que la temperatura de nuestro planeta no aumente en más de 1.5°[4] y evitemos así (para ponerlo en simple) el riesgo del colapso de los ecosistemas que dan sustento y hacen posible nuestra vida.

Para alcanzar esta meta, necesitamos dar un impulso sin precedentes a la producción de energías de bajas emisiones en todo el mundo, esto es, dar paso a una transición energética global agresiva que logre dejar atrás la quema de carbón y de combustibles fósiles. Energía solar y eólica, vehículos eléctricos y sistemas de transporte electrificados, son esenciales para dar el paso definitivo hacia sistemas de energía limpia. En la base de estas tecnologías está un aspecto clave que países industrializados e inversionistas ya tienen en la mira: la transición energética global necesitará de muchos minerales, muchos más de los que extraemos ahora.

De un uso intensivo de combustible a un uso intensivo de minerales

Para alcanzar las metas climáticas del acuerdo de París, nuestros sistemas de energía pasarán de un “uso intensivo de combustibles a un uso intensivo de minerales”[5], señala Tim Gould, Jefe de la División de Suministro de Energía e Inversiones, de la Agencia Internacional de Energía (AIE)

Esto sucede, entre otras razones, porque las tecnologías de energía limpia (por la manera en la que estas producen y almacenan energía) requieren de considerablemente más materiales y minerales que nuestros actuales sistemas de energía basados en combustibles fósiles[6]. Estas tecnologías crecen rápidamente en el mundo, con lo que aumenta también su parte sobre la demanda global de minerales. Así, con las transiciones, el sector energético se va transformando en uno de los principales sectores en la demanda de minerales. En un escenario (ideal) en el que las principales economías del mundo cumplen con sus compromisos climáticos y cambian hacia sistemas de energía limpia, esta tendencia se multiplicaría con importantes consecuencias sobre la demanda de minerales a nivel global.


En su último reporte sobre minerales y transición energética[7], la Agencia Internacional de Energía calcula la demanda futura de minerales de acuerdo a dos escenarios proyectados: uno en el que los países cumplen con sus compromisos climáticos y alcanzan ser carbono neutral a tiempo, en el 2050, denominado escenario de Desarrollo Sostenible (SDS, por sus siglas en inglés); y otro en el que las medidas y planes que tenemos en la actualidad guían el sector energético, muy lejos de alcanzar las metas climáticas trazadas, denominado Escenario de Políticas Declaradas (STEPS).

Ambos escenarios coinciden: para el año 2040 la demanda total de minerales para el desarrollo de energías limpias aumenta considerablemente, esta se duplica, en el escenario STEPS y hasta cuadruplica en el escenario en el que cumplimos las metas de París (SDS).


En ambos escenarios, los vehículos eléctricos y las baterías son responsables por casi la mitad del crecimiento de la demanda de minerales para tecnologías limpias de las siguientes décadas[8]: su demanda crece de diez (STEPS) a treinta veces (SDS) hasta el 2040. Si bien el crecimiento de la demanda es mayor para aquellos minerales vinculados a la producción de baterías y almacenamiento de energía (como el litio, cobalto, níquel, manganeso), no obstante los minerales para la producción de energía (energía solar, eólica) y redes de interconexión (como el cobre o el molibdeno) también incrementan su demanda. En el caso del cobre[9], metal base e indispensable por su excepcional capacidad térmica y de conducción eléctrica (clave para las redes de tendido eléctrico) su demanda para energías limpias crece de 24% (actual) a 30% en el 2040 (STEPS) y 45% (SDS). En el caso del litio[10], esencial para baterías, en un escenario SDS su demanda para energías limpias aumenta a más del 90%.


Grandes transiciones, grandes desafíos

Transitar hacia sistemas de energía limpia durante los próximos diez años es urgente e indispensable. Para evitar el colapso de los ecosistemas que sostienen nuestra vida y la de las generaciones futuras, tenemos que dejar atrás la quema de combustibles fósiles.

Sin duda, la transición significará una mayor extracción y procesamiento de minerales. Aunque los escenarios evaluados están sujetos a un gran rango de incertidumbre (dependiente de variables tan impredecibles como las políticas que adopten los países, las decisiones de inversión, el nuevo desarrollo tecnológico, etc.), la tendencia es clara: alcanzar las metas del Acuerdo de París tendrá un efecto crítico sobre la demanda de minerales en mundo. Con ello, aumentará la presión sobre los territorios de los países productores en un contexto en el que todavía no se han superado grandes desafíos pendientes como los graves impactos ambientales y sociales que estas operaciones tienen a nivel local. Esto sucede no solo en los Andes del Perú (como segundo productor de concentrado de cobre mundial) sino también en otros países de extracción: a la fecha el 70% de los proyectos mineros de las 6 empresas mineras más grandes del mundo operan en regiones con estrés hídrico[11]. Estos proyectos operan muchas veces además en territorios indígenas, megadiversos, impactando gravemente en ecosistemas claves para la vida de la población local.

¿Cómo superar estos desafíos? La extracción minera de ahora (y con ello empresas y estados detrás) tiene que cambiar de enfoque. Sus impactos son evidentes y las estrategias basadas únicamente en Responsabilidad Social Corporativa, compromisos voluntarios y marketing corporativo son insuficientes. Mayores y mejores estándares, que protejan el agua, el aire y el territorio y su gente, son indispensables, así como mecanismos que aseguren su cumplimiento.

Al mismo tiempo, los desafíos ambientales no se pueden abordar únicamente con una transición tecnológica: es necesario también evaluarlos desde una perspectiva de suficiencia y preguntarnos ¿hasta qué punto debe y puede crecer la producción de energía, sin causar nuevos desequilibrios a los ecosistemas? Como ya muchos han apuntado, nada puede crecer infinitamente en un mundo físico con recursos finitos.

Estados, empresas y sobre todo, territorios locales deben prepararse construyendo gobernanza para las transiciones. El suministro de minerales, la transición energética y en buena cuenta, el futuro de nuestros ecosistemas y la vida como la conocemos, dependen de ello.

[1]Hund K, La Porta D, Fabregas T, Laing T, Drexhage J. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. World Bank. 2020. pg.11.

[2]Que en conjunto significan el 68% del PBI y el 60% de las emisiones de globales. Black, R., Cullen, K., Fay, B., Hale, T., Lang, J., Mahmood, S., Smith, S.M. (2021). Taking Stock: A global assessment of net zero targets, Energy & Climate Intelligence Unit and Oxford Net Zero.

[3]En simple, ser carbono-neutral/emisiones netas cero/Net-Zero significa que con nuestras actividades (como empresa, país o comunidad global) en balance, no estamos añadiendo más emisiones a la atmósfera. Para lograrlo, en la práctica continuaremos emitiendo pero estas nuevas emisiones deberán ser absorbidas en una cantidad equivalente.

[4]Un aumento de hasta 2° en la temperatura global es considerado el máximo que la Tierra puede soportar sin riesgo de impactos catastróficos en la producción de alimentos, el nivel del mar, la escasez de agua y la pérdida de fauna y flora. Por su importancia, casi todos los países han suscrito el Acuerdo de París, tratado internacional que busca mantener el nivel de temperatura global hasta máximo 1.5°C por encima de niveles pre- industriales.

[5]Tim Gould Head of Supply Division, World Energy Outlook · ‎International Energy Agency. Junio 2021. Presentación del Reporte The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=FfpuT1cvYiM&t=1124s

[6]World Bank 2020.Pg.11.

[7]The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. World Energy Outlook Special Report. Agencia Internacional de la Energía AIE. 2021.

[8]AIE 2021. Pg.50

[9]AIE 2021. Pg.136

[10]AIE 2021. Pg.141

[11]World Bank. 2020. Pg.13.

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Mexico

El Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) “20 de Junio”

BOLETIN DE PRENSA
¡Cumplimos 6 años de lucha por la defensa de la tierra y los ríos!
Acacoyagua, Chiapas 21 de junio del 2021.
A lo largo de estos años, además de los campamentos que suspendieron la minería en Acacoyagua, hemos realizado reuniones informativas, acciones legales, marchas y mitines con las que hemos logrado suspender la minería en nuestro municipio. Este año recibimos el Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”, un reconocimiento hecho por 25 organizaciones nacionales e internacionales. Este premio nos motiva a mirar nuestra lucha por tiempo largo hasta que los mineros dejen de amenazar nuestra tierra.

A 6 años de lucha nos comprometemos a seguir protegiendo nuestros ejidos y bienes comunales estableciendo actas de ¡No a la Minería! y exigiendo a cada ayuntamiento que llegue el “Acta de Cabildo de Municipio Libre de Minería”. Las familias que conformamos el FPDS trabajaremos para proteger nuestros ríos, para sembrar sin contaminar, queremos alimentos sanos y medicina de la tierra. Tenemos el reto de que nuestros jóvenes se integren a la lucha, participen en ella y no sean los próximos comisariados que se dejen engañar por la minería o el gobierno. Nosotros y nosotras ahora planeamos nuestro futuro para que no nos lo impongan.

Las y los habitantes de Acacoyahua, Chiapas fuimos engañados con las mentiras del “desarrollo y progreso”, palabras que usan todas las empresas mineras en México, Guatemala, Honduras hasta Chile y en todo el mundo, solo para saquear nuestras tierras y explotar los ríos y el agua de nuestras tierras. Con estas promensas y las mentiras de empleo, despensas, contrucción de caminos y dinero explotaron 49,000 toneladas de Ilmenita en la región, desecharon toda el agua en los ríos, nos llenaron de cancér, de enfermedades en la piel y mataron a las piguas y a las mojarras. En 2016 la empresa El Puntal S.A. de C.V. quería instalar otro proyecto minero llamado: “Casas Viejas”, entregando despensas y prometiendo pagar a $3 Dolares la tonelada de Ilmenita compraron a los ejidatarios de Los Cacaos y Magnolia. Les dijeron que les darían hasta $250, 000.00 una vez que iniciara la fase de explotación, sin embargo sacaban y sacaban carros de volteo con material hasta que les pusimos un hasta aquí.

En 2017 organizamos dos campamentos llamados: “José Luciano” y “Profe. Alberto Montaño” para suspender la actividad de “Casas Viejas” y decir ¡No! a los otros proyectos mineros programados para nuestro municipio, por ejemplo los de Hector Silva Camacho. Este señor y el gobierno de Chiapas, representado por la subsecretaria del Estado, la Delegación de la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua y el Distrito VII nos quisieron engañar convocando a “mesas de trabajo” donde iniciaron una campaña de división entre ejidatarios y de medios locales de comunicación que pretendieron desprestigiar nuestra lucha: ¡ignorantes! nos decían, ¡mal informados!, ¡antidesarrollo!, ¡manipulados! Cuando vieron la fuerza de nuestra palabra: ¡No a la Minería! nos enviaron elementos policiacos para amedrentarnos, creando una campaña de hostigamiento y criminalización en nuestra contra. Nunca pensaron que somos muchas comunidades de Acacoyagua y muchos los pueblos que nos acompañan en esta lucha para ganarla.

Gracias a estos años de lucha nos hemos encontrado con personas, pueblos, universidades, organizaciones que también defienden el territorio. Los campamentos, las visitas a los ejidos, los foros se han logrado por el esfuerzo de muchas personas de Acacoyagua: el huevo, la pintura, las copias, la carne para la comida. Cada pigua y cada mojarra que brotan del ríos son fruto de la lucha y el esfuerzo de hombres y mujeres valientes.

Atentamente
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS